AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente


AC5608-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2014-01607-00

(Discutido y aprobado en Sala de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho).


Bogotá, D.C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019).


Decídese el impedimento expresado por el honorable magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, para integrar la Sala que decidirá el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Alberto Botero Castro contra la sentencia de 14 de mayo de 2013, dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acción popular que promoviera contra el Banco AV Villas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, trámite al que se vincularon la Personería Municipal de dicha ciudad y la Procuraduría General de la Nación -Regional Caldas-.


ANTECEDENTES


       Mediante auto del 6 de julio del año en curso1 el honorable magistrado Álvaro Fernando García Restrepo se declaró impedido para intervenir en este asunto, con fundamento en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, tras aducir que participó en el proceso al resolver el recurso de queja que formuló el actor popular frente al auto que negó la concesión de la casación propuesta contra el fallo que ahora es objeto de revisión.


CONSIDERACIONES


1.        Con el propósito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir los litigios en los que aquellos intervienen, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte del conocimiento de la controversia en caso de estructurarse las circunstancias que configuren las causales de recusación e impedimento.


Reiteradamente ha expuesto la Corte, en doctrina que mantiene vigencia, que las causales de impedimento «(…) ostentan naturaleza taxativa, restrictiva, limitativa y son de interpretación estricta sin extenderse a situaciones diversas a las tipificadas ni admitir analogía legis o iuris» (CSJ, AC 19 ene. 2012, rad. 00083; reiterado en AC2400-2017, rad. 2009-00055-01; AC2860-2018, 9 jul., rad. 2015-00162-01, entre otros).


2.        Como primera medida, en el presente caso se precisa que son aplicables las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, comoquiera que era la normatividad vigente para cuando fue interpuesto el recurso de revisión mencionado, esto es, el 22 de julio de 20142, de conformidad con los artículos 624 del Código General del Proceso (que modificó el artículo 40 de la ley 153 de 1887) y el numeral 5º del 625 ídem, los cuales en lo pertinente, prevén que: «los recursos interpuestos…, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


3. El numeral 2º del artículo 150 del estatuto procesal civil consagraba como causal de recusación y, por extensión, de impedimento para el funcionario judicial, el «[h]aber conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente».


Acerca de dicho motivo de alejamiento, la Sala ha indicado que aunque en principio procede en relación con actuaciones de las instancias del proceso, lo que no comprende los recursos extraordinarios de casación y revisión, aunque por excepción es dable su configuración cuando las razones esgrimidas en la revisión tienen identidad con el pronunciamiento emitido con ocasión del recurso de casación, en el que participara el funcionario que busca apartarse del asunto, lo cual salvaguarda los fines de las instituciones de los impedimentos y las recusaciones, huelga reiterarlo, los principios de imparcialidad e independencia necesarios para garantizar el debido proceso de los trámites judiciales.


Sobre el punto tiene dicho la Corte que:

Aunque, es cierto, la referida causal objetivamente tiene lugar cuando, en lo que concierne al caso, el magistrado ha conocido del proceso respectivo en «instancia anterior», característica de la que carecen los recursos de casación y revisión, precisamente por ser medios de impugnación extraordinarios, esto implica que, en principio, no habría lugar a aceptar el impedimento manifestado.


Mas, cabe resaltarse que como el instituto de los impedimentos asegura la vigencia de los principios de imparcialidad e independencia, necesarios para proteger el derecho fundamental a un debido proceso, en cuanto los asociados demandan de sus jueces una decisión imparcial, objetiva y autónoma, desprovista de circunstancias que puedan perturbar el ánimo de éstos o menguar la serenidad que debe acompañarlos al momento de formar su convicción, la causal de impedimento en cuestión no puede ser aplicada así literalmente, sino que debe ser examinada en función de tales valores. 


Desde luego que si con anterioridad el funcionario judicial, en instancia o en el trámite de un recurso extraordinario, ha conceptuado explícitamente o efectuado un pronunciamiento sobre cuestiones que también se involucran en el recurso de revisión, es natural que, dada su condición humana, se sienta inclinado por defender las tesis que sobre el particular expuso en esa ocasión. En este evento, como es apenas de verse, su neutralidad estaría en duda, lo cual por sí dejaría en entredicho el derecho de los justiciables a que sus diferencias se compongan de manera imparcial, objetiva y autónoma.


Por esto, si existe algún motivo que pueda contaminar la imparcialidad debida o que conlleve al recelo o desconfianza del usuario del servicio judicial, en la hipótesis de que el magistrado, llamado a conocer del recurso de revisión, haya comprometido en otra actuación judicial que no pueda calificársele como «instancia anterior», su criterio o decisión sobre asuntos que tengan relación con el anotado recurso, es claro que para garantizar la vigencia de los supraindicados valores, el impedimento excepcionalmente resultaría viable.


En esa dirección, la Sala recientemente sostuvo que «ocasiones habrá, dadas las especiales circunstancias que se presentan al desatar el recurso de revisión frente a una determinada sentencia de casación, que pueda aceptarse la exteriorización de impedimento para asumir el conocimiento de aquel por parte de los Honorables Magistrados que hayan participado en el proferimiento del fallo así impugnado» [AC, 27 oct. 2006, rad. 2003-00159]. Esto tendría lugar, según se consignó en el mismo antecedente, en el evento de que haya «conexidad entre los motivos que se expusieron en ese momento y los que se están aduciendo ahora», o como se indicó en el impedimento manifestado, cuando a los funcionarios «se los encara por la opinión que exhibieron en algún momento al conocer del asunto» (subraya fuera de texto. AC, 11 dic. 2006, rad. 2006-01638-00; reiterado entre otros en AC, 24 jun. 2009, rad. 2008-01847-00; AC, 15 jul. 2011, rad. 2011-00025-00; AC, 29 sep. 2011, rad. 2006-00492; AC, 24 sep. 2012, rad. 2010-00754-00; AC, 5 mar. 2013, rad. 2012-02952-00; y AC1436-2018, 12 abr. 2018, rad. 2017-03071-00, entre otros).


4.        En el sub lite, el señor magistrado Álvaro Fernando García Restrepo adujo como causa de impedimento haber desatado la queja interpuesta por el actor popular frente al auto que negó la concesión del remedio de casación incoado contra la sentencia que ahora se ataca mediante revisión.


Al respecto, cumple precisar que la providencia que expide la Corte al resolver el recurso de queja no se emite dentro del trámite de la segunda instancia, dado que ésta es una decisión que se adopta en sede extraordinaria como anticipo de la casación.  Por consiguiente, es dable concluir que como dicho pronunciamiento no constituye un trámite de instancia, no se impone al magistrado el deber de apartarse de conocer del medio de defensa excepcional. 


5.        Aunado a lo anterior, el impedimento expresado por el doctor García Restrepo tampoco puede ser admitido, toda vez que los motivos alegados por el reclamante en sede de revisión no tienen conexión alguna con los que fueron materia de examen y pronunciamiento en la queja.


En efecto, si bien es cierto que en esa oportunidad el censor puso de presente que al remedio lo antecedían dos circunstancias de nulidad que fueron alegadas infructuosamente en las instancias, la primera, relativa a la falta de jurisdicción, al estimar que la causa debió tramitarse ante la justicia contencioso administrativa, en razón de la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y la segunda, tuvo como fuente la sentencia de segunda instancia, debido a que se pretermitió la etapa de alegatos de conclusión, siendo este último el motivo de censura por vía extraordinaria, también lo es que en la providencia que proveyó sobre la queja el funcionario expresamente señaló que no se pronunciaba respecto de tales aspectos porque:


[E]l único propósito del recurso de queja en el escenario reseñado, y que le fija el marco de competencia funcional a la Corte, es el de valorar la procedibilidad del recurso de casación, y consecuencialmente, declararlo bien o mal denegado, si se propuso en la forma y términos legales, y si la parte que lo formuló se encuentra legitimada para ello.


(…) Por lo anterior, esta Sala carece de atribución para pronunciarse sobre la posible ocurrencia de una causal de nulidad procesal en el trámite surtido en las instancias, y por ello, en punto de la solicitud elevada por el quejoso en ese sentido, deberá negar un pronunciamiento al respecto.


De suerte que, el magistrado en esa ocasión no hizo manifestación alguna en torno a la causal de nulidad que se alega en sede de revisión, situación que no obsta el estudio sustancial que debe emprenderse, así como la decisión que está llamada dictar la Sala.


Por virtud de lo cual, las diferencias advertidas, son suficientes para estimar que quien solicita se le aparte del conocimiento del recurso de revisión no efectuó declaración alguna atañedera a los supuestos fácticos que fundan el mismo, debido a que los argumentos bajo los cuales desató la queja no tienen conexión con los que aquí se debaten, lo que significa que la decisión que adoptó en ese momento no tiene la virtualidad de restarle independencia e imparcialidad en la resolución de este medio extraordinario de impugnación.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


1.        No aceptar el impedimento manifestado por el honorable magistrado Álvaro Fernando García Restrepo para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por Alberto Botero Castro contra la sentencia de 14 de mayo de 2013, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acción popular que promovió contra el Banco AV Villas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2.        En consecuencia, en firme la presente decisión ingrese el expediente al Despacho, para proveer lo que corresponda.


Notifíquese y cúmplase,




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente




MARGARITA CABELLO BLANCO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE







1 Folio 539 del cuaderno de la Corte.

2 Folio 305, ídem.