AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
(Aprobado en sesión de diez de octubre de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., once (11) de enero de dos mil diecinueve (2019).
Decídese sobre la admisión del escrito que sustenta el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de Operaciones de Renting S.A.S. frente a la sentencia de 15 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovió contra Inversiones Viena S.A. en liquidación y la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A.
1. Acorde con el libelo genitor, el demandante solicitó declarar la simulación absoluta de la escritura pública n.° 340 de 4 de marzo de 2014, de la notaria 35 de Bogotá, suscrita por las demandadas, correspondiente a la compraventa con condición suspensiva de los lotes 1 a 4 constitutivos de otro de mayor extensión denominado «Guaymaral», con el consecuente retorno del lote 4 al patrimonio de Inversiones Viena S.A. en liquidación, y la expedición de las órdenes respectivas a las autoridades registrales.
2. En esencia, la empresa accionante sustentó sus pretensiones en el siguiente marco fáctico:
2.1. El 14 de noviembre de 2013 prometió comprarle a Inversiones Viena S.A. en liquidación el lote 4 por $970.000.000, el cual se encontraba embargado por Colciencias en desarrollo de un proceso ejecutivo promovido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2.2. Ese convenio fue modificado por un «otrosí», en cuanto a la fecha para la celebración de la compraventa, lo cual no se surtió porque la promitente vendedora enajenó a Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., mediante escritura pública n.° 340 de 4 de marzo de 2014 de la Notaria 35 de Bogotá, entre otros, el bien prometido a la demandante y «el precio [allí] estipulado…no correspond[ía] a la realidad comercial; pues mientras [que en la promesa con la demandante] le fue vendido el metro cuadrado a razón de [$250.000] aproximadamente…en el contrato [demandado] fue…a razón de [$50.000]» (folio 50 del cuaderno 1).
2.3. Dijo que son indicios de la simulación, presentes en la venta atacada, el exiguo precio que se colige de las manifestaciones hechas por Inversiones Viena S.A. en liquidación ante el Tribunal Administrativo; el ocultamiento de la promesa celebrada con la demandante; la mención de haberse efectuado la entrega material del inmueble a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. cuando estaba embargado y secuestrado a órdenes del juicio ejecutivo; la tenencia en cabeza de la promotora; y la insolvencia de la enajenante demandada para esquivar el cumplimiento de la promesa estipulada.
3. Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. e Inversiones Viena S.A. en liquidación se opusieron a las pretensiones, a la mayoría de los hechos de la demanda y formularon las excepciones de fondo denominadas «inexistencia de la acción de simulación», «falta de legitimación en la causa por activa», «inexistencia de la acción de simulación», «el contrato de compraventa es real y cierto», «temeridad y mala fe del demandante», «inexistencia de acto simulado», «inexistencia de mala fe o ánimo fraudulento en la venta realizada», «ejercicio de la acción es prematura», «el actor no tiene la calidad de acreedor», «el contrato de compraventa no es simulado» y «mala fe del demandante» (folios 143 a 148 y 152 a 155 del cuaderno 1).
4. El Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el 13 de marzo de 2017, declaró fundadas las excepciones enfiladas a establecer que «el contrato de compraventa no es simulado» y negó las pretensiones de la demanda.
No encontró demostrados los elementos de la simulación absoluta y, en cuanto al precio exiguo, estimó justificado el valor pactado debido al apremio desatado por el cobro coercitivo. Dijo que la ausencia de entrega material del inmueble a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. solo atañe a un incumplimiento contractual entre las demandadas, del cual no emerge indicio para la simulación (folios 349 a 363 idem).
5.1. No existe discusión sobre la existencia del contrato de compraventa contenido en la escritura pública n.° 340 de 4 de marzo de 2014, de la notaria 35 de Bogotá.
5.2. Estimó que la negociación tuvo como «móvil» el pago de una obligación que debía cubrir Inversiones Viena S.A. en liquidación, a favor de Colciencias, y evitar el remate del inmueble por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego no es un indicio necesario de la simulación deprecada que se hubiera vendido por debajo del valor comercial, como bien lo ha predicado la Corte (SC, 15 feb. 2000, rad. n.° 5438).
5.3. Frente a las relaciones de amistad o parentesco entre el personal de las demandadas, alegadas como indicio de la simulación, observó que no están respaldadas por elementos de convicción.
5.4. Arguyó que los pagos de la compraventa, por parte de Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. a Inversiones Viena S.A. en liquidación, se demuestran con los diversos cheques emitidos por esos conceptos y la certificación que obra en el proceso ejecutivo ante el Tribunal.
5.5. La venta de 4 de marzo de 2014, sujeta a la «condición» del levantamiento cautelar sobre el inmueble para proceder al registro, impide que la actuación realizada el 5 de julio de 2015 se catalogue como «sospechosa».
5.6. Dijo el fallador de segundo grado que la inexistencia de una promesa previa a la compraventa, tampoco se torna como indicante simulatorio, comoquiera que en el contexto del artículo 1857 del Código Civil no se exige este requisito para enajenar un inmueble, máxime porque las reglas de la experiencia enseñan que negociaciones de esta estirpe pueden darse con prescindencia del convenio precontractual.
5.7. Estableció que entre las empresas convocadas operó una «entrega formal» del predio negociado, como consecuencia de encontrarse sujeto a embargo y secuestro por el cobro judicial, sin que este hecho sea indicador de la simulación; adicionalmente, los testimonios rendidos por Edgar Idárraga Gómez, Guadalupe Garay Pinzón y Hernando Cediel Padilla, no irradian elementos de juicio para acceder a las pretensiones de la demanda.
6. Interpuesto el recurso de casación por la sociedad demandante en tiempo, se sustentó el 30 de mayo de 2018 (folios 21 a 41 del cuaderno Corte), el cual contiene dos (2) ataques que serán inadmitidos por no reunir los requisitos legales, como se explica a continuación.
CARGO PRIMERO
Fue soportado en la quinta causal de casación del artículo 336 del Código General del Proceso, por «[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados».
Esto porque el «Tribunal tomó la decisión de manera previa a la audiencia de sustentación y fallo» y por esa razón hizo caso omiso de «[oir] las alegaciones de las partes», lo que se subsume dentro de la causal sexta de nulidad prevista en el canon 133 idem.
En esencia, dijo que las fases para el trámite de un recurso de apelación contra un fallo comprende «(i) la interposición, (ii) la formulación de los reparos concretos por el apelante y (iii) la concesión del recurso» y ante el ad quem se desata «(iv) la admisión o inadmisión del recurso, (v) la fijación de audiencia, (vi) la sustentación oral y (vii) la sentencia», estadios procesales que los jueces no pueden omitir en todo o en parte.
Adujo que sustentación y fallo son dos «actividades inescindibles y complementarias», que se agotan en una sola audiencia y son «expresión del principio de oralidad, piedra angular del Código General del Proceso», al punto que «no puede ser válida una audiencia en la cual la segunda de estas actividades… se construye sin tener en cuenta, en absoluto, la primera».
Puso de presente que la Corte calificó la oralidad como «una deliberación» entre los sujetos procesales, de tal manera que si el funcionario judicial «no acude a la audiencia para escuchar las razones de las partes, sino para proferir una sentencia previamente deliberada», no hay «un verdadero ejercicio» de ella. Aunado a esto, «es causal de nulidad la omisión en celebrar la audiencia de sustentación».
Recordó que la intervención del magistrado ponente, inmediata a la rendición del alegato y demás argumentaciones de los litigantes fue del siguiente tenor: «[s]e hace saber a los apoderados aquí presentes, que este asunto fue objeto de un debate previo y existe unanimidad en la decisión que se va a adoptar» (minuto 00:39:10 del CD del folio 34 del cuaderno Tribunal), conducta de la cual encontró diáfano que, al margen de cualquier planteamiento de la recurrente en audiencia, la decisión «adversa» ya se había adoptado con solo el expediente allegado a la segunda instancia y así «se burló el principio de oralidad»; sostuvo que la intervención fue meramente «formal», sin incidencia sustancial en la sentencia y resulta fácil colegir que la alzada fue desatada «sin previamente escuchar su sustentación».
Al mismo tiempo razonó que hubo omisión de «una parte integral del trámite del recurso», cuál fue la oportunidad para sustentarlo, comoquiera que «los magistrados de la Sala de Decisión deliberaron previamente y decidieron antes de escuchar el recurso, y posterior a la sustentación, se limitaron a anunciar el fallo unánime y previamente deliberado».
Criticó la ausencia de ponderación de la sustentación rendida y que se antepusiera «una decisión previamente confeccionada», que se ve reflejada cuando argumentos fundantes del alegato en audiencia no fueron considerados en el fallo del ad quem, defecto que solo fue posible esgrimirlo al interponer la casación.
CONSIDERACIONES
1. Los cargos en casación por defectos de procedimiento (in procedendo), según el ordinal 2 del artículo 347 del Código General del Proceso, deben ser inadmitidos «[c]uando los errores… no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento».
[R]especto de las reglas relativas al numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil (nulidad), es menester destacar que la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley… sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, en concreto, al de la “especificidad según el cual las causas para ello sólo son las expresamente fijadas en la ley”…
Adicionalmente, es menester que se evidencie interés en el recurrente para obtener la invalidación que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios básicos que gobiernan la temática de las nulidades procesales es el de protección.
Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. Esa es una exigencia expresa del numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y corresponde al principio de convalidación que, con apoyo en los artículos 143, parte final de su inciso 4º, cuando expresa que se rechazará de plano la nulidad que, entre otros motivos, “se proponga después de saneada”… (AC, 18 dic. 2009, rad. n.° 2002-00007-01; reiterada AC2187, 3 ab. 2017, rad. n.° 2013-00001-01).
2.1. Rememórese que la disidencia se apoya en que, una vez concluyeron las intervenciones en la audiencia de sustentación y fallo, se dio lectura a la decisión de fondo, lo que descubre que la sustentación no fue considerada porque previamente existía una decisión.
2.2. Tal proceder, de ninguna manera, puede calificarse como atentatorio de los derechos de la opugnante, pues realmente muestra una labor previa de preparación de la audiencia por parte del juzgador de segundo grado, quien resolvió la apelación acorde con los puntos que fueron objeto de sustentación y sobre los cuales previamente había efectuado un estudio para emitir un fallo tempestivo.
Luego, al margen de que haya o no un vicio de procedimiento, aspecto que no puede calificarse en este momento, lo cierto es que la recurrente pudo participar en la audiencia para sustentar los motivos del reproche, lo hizo por el tiempo dispuesto en la ley, estuvieron presentes los magistrados encargados de fallar en segundo grado y a continuación emitieron públicamente una resolución de fondo, después de escuchar a las partes y evaluar el impacto de sus manifestaciones frente a la hipótesis decisional que previamente fue objeto de investigación por la sala de decisión.
Total que, una vez se resumieron los reparos concretos que se alzaron contra la sentencia del a quo, el Tribunal analizó los indicios de la simulación relativos a la ausencia de promesa de compraventa, la intervención de un tercero ajeno a la negociación, falta de justificación para la premura de la venta, precio exiguo cuando había ofertas alternas por mayor valor, movimientos de recursos reflejados en libros de contabilidad dejados de apreciar e inexistencia de utilidad para la vendedora. Materias que fueron desarrolladas en la sustentación bajo el común denominador de la preterición de pruebas, lo que devela que se escucharon los argumentos de disenso, sin que ellos dieran al traste con los colofones que se infirieron del estudio preliminar del expediente.
Recuérdese que la pifia in procedendo debe afectar a la parte, so pena que proceda su inadmisión por lo inane de su estudio, pues itérese que «[l]a trascendencia impone que el defecto menoscabe los derechos de los sujetos procesales, por atentar contra sus garantías o cercenarlas» (SC, 20 feb. 2018, rad. n.° 2010-00947-01).
Bajo esta óptica, el reproche no es admisible, por no guardar la técnica debida, al ser necesario que las censuras enarboladas guarden correspondencia con la causal escogida, explicable por la autonomía de los motivos de casación, toda vez que son «disímiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro se cometió, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto» (CSJ, AC6487 de 2016, rad. n.° 2009-00244-01, entre otros).
3. Por las razones expuestas se rehusará la admisión del embiste inicial.
CARGO SEGUNDO
Con fundamento en la segunda causal del precepto 336 del Código General del Proceso, debido a la violación indirecta de la ley sustancial «por error de hecho manifiesto y transcendente en la apreciación… de una determinada prueba», se alegó el desconocimiento del:
a) Interrogatorio de parte rendido por Diego Alberto Chávez Alarcón, como representante legal de Inversiones Viena S.A en liquidación, según el cual la negociación del globo de mayor extensión es única pero se instrumentó en dos (2) escrituras públicas (una de ellas cuestionada en este proceso); por un precio total de $1.522.000.000, que se dio por recibido y dejado a disposición de un tercero llamado James Steven Leaver; no obstante, también afirmó que dichos rubros fueron pagados directamente por la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. al ejecutivo adelantado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y reconoció la existencia de un negocio oculto con la compradora, por el que se comprometió a devolver ciertos recursos a la demandante (folio 32 del cuaderno Corte).
b) Interrogatorio de parte rendido por Álvaro Ernesto Correa González, en su condición de representante legal de Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., quien aceptó la existencia de dos (2) negociaciones simultaneas para los lotes 1 a 4 y 5; «el grado de cercanía personal con…James Steven Leaver» por el conocimiento con su familia por cerca de 30 años y la manifestación que le hizo sobre la intención que tenía de vender unos «lotes…en Guaymaral»; la imprecisión relativa a la fecha del pago del precio, pues no fue de inmediato sino a plazos; y que le tomó «menos de un día preparar la minuta del contrato de compraventa» (folio 33 idem).
c) El interrogatorio de Álvaro Contreras Castillo, como representante legal de Operaciones Renting S.A.S., el que dio cuenta de la simulación porque el precio «no correspondía al valor real del lote», no se canceló en su totalidad, y tampoco hubo entrega del predio al comprador (folios 33 y 34 ibidem).
d) Los libros contables exhibidos por la demandada, que muestran entre 2011 y 2013 contaba con activos por $9.471.107.000, los cuales se redujeron a cero con posterioridad. Tampoco registran el pago del precio de la venta.
Expresó que, en los elementos fundantes del fallo relativos al «móvil de la simulación, las relaciones familiares o de parentesco, el precio exiguo, el registro sospechoso del negocio, la ausencia de una promesa de compraventa y, finalmente, la prueba testimonial», existe defecto «manifiesto y evidente» por existir «diferencias entre lo afirmado por el Tribunal y lo [aducido] por los representantes legales» en sus interrogatorios de parte, efecto que se hubiere evitado si la preterición denunciada no existiera (folios 35, 36 y 39 ejusdem).
Para la demostración del embate y su transcendencia mencionó (folios 35 y 41 del cuaderno Corte):
a) La compraventa de los lotes 1 a 5 por un precio vil de $9.471.107.000, en modo alguno logró el fin de salvaguardar los lotes y se llegó al mismo resultado de haberse practicado el remate; además, la vendedora «contaba con dinero en caja para pagar la deuda» a Colciencias.
b) En los interrogatorios de parte rendidos por los representantes legales de las demandadas, echados de lado por el Tribunal, el primer declarante confesó que «conocía a la familia Leaver desde hacía más de treinta años, y es precisamente por esta relación de amistad que se hace el negocio», y el segundo da cuenta de que el beneficiario de la transacción no fue su representada sino James Steven Leaver, «quien tiene el 1% de las acciones de la sociedad» vendedora.
c) El juzgador de segundo grado partió del error de considerar que se canceló $1.850.000.000 por la venta, cuando, por una parte, no se justificó la forma de pago por la compradora y, por otra, el precio real fue de $1.522.000.000 (que se pusieron a disposición directamente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), luego la enajenación de los lotes 1 a 4 fue por un precio menor que el «detectad[o] inicialmente en el Tribunal», según se colige del dicho del representante legal de Viena S.A. en liquidación. Además, el remanente del precio adicional a lo debido a Colciencias no ingresó a la contabilidad de la vendedora, según registros ignorados en el fallo y que se mencionaron en demanda de casación.
d) El Tribunal «no habría podido concluir, de manera tan categórica», luego de una selección de atestaciones, «que ninguna prueba testimonial ofrece elementos de juicio para pensar que el contrato fue simulado», cuando obran los interrogatorios de parte de las demandadas que refieren a la elaboración intempestiva de la minuta de compraventa y la existencia de un acuerdo paralelo, según el cual, la compradora se comprometió ante la vendedora a efectuar la devolución de dineros en favor de la demandante.
CONSIDERACIONES
1. Con el fin de salvaguardar la naturaleza extraordinaria de la casación, los artículos 344, 346 y 347 del Código General del Proceso establecen un listado de requerimientos para el escrito de sustentación cuya inobservancia conduce a la inadmisión del recurso; huelga explicarlo, «es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida» (AC, 28 nov. 2012, rad. n.° 2010-00089-01, reitera providencia 11 may. 2010, rad. n.° 2004-00623-01).
2. De forma particular, por su relevancia para el caso, el parágrafo 1° del artículo 344 ibidem prescribió que «[c]uando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente con señalar cualquiera disposición de esta naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada».
Corresponde al promotor, entonces, explicar cómo el fallador de segundo grado violó uno de aquellos cánones que crean, modifican o extinguen vínculos jurídicos concretos, siempre que sean relevantes para la resolución de la controversia (Cfr. SC, 20 ene. 1995, exp. n.° 43051).
Exigencia que, por demás, propende porque la Corte cumpla con su rol como órgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a través de la nomofilaquia -realización del derecho sustancial- y la unificación de la hermenéutica de los mandatos que son citados como sustento de la acusación.
3. En el sub lite, si bien el embate se soportó en la causal segunda, esto es, la senda indirecta (folios 24 y 30 a 41 del cuaderno Corte), la interesada olvidó citar las reglas materiales que, en su criterio, fueron desatendidas, pues no precisó los mandatos violados por el fallador de segundo grado de aquéllos relativos a la configuración o terminación de relaciones materiales determinadas, así como su relevancia para la resolución del caso (Cfr. SC, 20 en. 1995, exp. n.° 4305; AC1762, 7 ab. 2014, rad. n.° 2008-00094-01; entre muchas otras).
Véase que la alegación se centró en cuestionar que se dejaran de lado algunas pruebas directas e indirectas, pero no se hizo conexión alguna con las normas que gobiernan la controversia, al punto de olvidar incluso su enunciación, con el fin de mostrar cómo se trasgredieron y su importancia para arribar a una decisión diferente.
Total que, aunque se asintiera en que existió la pifia probatoria alegada en casación, de esto no se sigue que la decisión tuviera que ser casada, porque nada obsta para que se aplicaran correctamente los cánones que gobiernan el caso y sus efectos, amén de la insuficiencia argumentativa del impugnante para demostrar el dislate.
Esta falencia llevará a la inadmisión del cargo postrero, sin más consideraciones.
DECISIÓN
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casación presentada por Sociedad Operaciones de Renting S.A.S. dentro del proceso de la referencia.
Se reconoce personería al abogado Guillermo Otálora Lozano como apoderado judicial de la recurrente, para los fines y efectos del memorial que aparece adosado a folio 14 del cuaderno Corte.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 En el mismo sentido AC, 4 sept. 1995, exp. n.° 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. n.° 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. n.° 1999-0482-01; AC, 5 ag. 2009, rad. n.° 1999-00453-01; AC1762, 7 ab. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.