(julio 2 DE 2010 )

La Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud,

en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto 1018 de 2007, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

La Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, estableció el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud y dispuso como uno de sus objetivos el de velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud.

Por su parte, el Decreto 1018 del 30 de marzo de 2007, por el cual se modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, dispuso en el numeral 5 del artículo 4°, las facultades de inspección, vigilancia y control frente a quienes aporten o deban aportar al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Así mismo, el numeral 8 del artículo 14 del Decreto 1018 de 2007, radicó en cabeza de la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, la función de ejercer la supervisión de los aportantes al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, de la misma manera, el numeral 17 del mencionado artículo, facultó a esta delegada para sancionar y decretar multas a las entidades y sujetos de inspección, vigilancia y control.

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 1018 de 2007, el señor Superintendente Nacional de Salud, mediante Resolución número 929 del 15 de junio de 2007, distribuyó los procesos administrativos sancionatorios al Superintendente Delegado para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, entre otros, el proceso objeto de estudio y en razón de ello, corresponde a esta Superintendencia Delegada continuar con el trámite de la misma y proferir la decisión que en derecho corresponda.

Finalmente el artículo 230 de la Ley 100 de 1993, establece que "La Superintendencia Nacional de Salud previa solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las normas contenidas en los artículos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, por una sola vez, o en forma sucesiva, multas en cuantía hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía".

II. Hechos

Por medio de oficio radicado ante esta Entidad el 25 de febrero de 2008 bajo el NURC 8000-1-0367978, la Inspectora de Trabajo, Miryan del Socorro Angulo Morales, trasladó para lo de nuestra competencia la diligencia administrativa por presunto incumplimiento a los deberes que tiene el empleador Rotells Ltda. New Generation, en materia de Seguridad Social en Salud, por lo tanto, esta entidad avocó conocimiento con el fin de determinar el cumplimiento del artículo 161 de la Ley 100 de 1993 y demás normas reglamentarias.

III. Actuaciones administrativas

Este organismo de inspección, vigilancia y control, a través de la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud, avocó conocimiento sobre los hechos referidos, por considerar que los mismos vulneraban los deberes de los Empleadores señalados en el artículo 161 de la Ley 100 de 1993, por consiguiente, de conformidad con el artículo 230 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, asimismo se adelantó investigación administrativa contra la empresa Rotells Ltda. New Generation, de la siguiente manera:

1. Mediante oficio radicado con el número único de Radicación 2-2010-012229, de fecha 2 de marzo de 2010, se solicitó las respectivas explicaciones a la Empresa en mención; sobre los hechos puestos en conocimiento por la Inspectora de Trabajo Miryan del Socorro Angulo Morales, la cual no fue posible notificar por irregularidades en la identificación del domicilio del empleador.

2. Posteriormente se solicitó a través de oficio del 26 de marzo de 2010 radicado bajo el NURC 2-2010-021992, a la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali (Valle del Cauca) y a la DIAN, información sobre el domicilio del investigado, quienes a su vez mediante oficio radicado el 9 y el 30 de abril del 2010, nos informaron que el domicilio actual de la empresa Rotells Ltda. New Generation es Carrera 36C N° 5B-44, la cual coincide con la dirección a donde se envió la solicitud de explicaciones referida.

Ahora bien teniendo claro lo anterior y estudiado el caso bajo estudio, a la fecha de expedición del presente acto administrativo se observa que la afiliación al SGSSS o la omisión de la misma, correspondiente a la empleada Claudia Patricia Herrera Torres, a cargo del empleador en mención, datan del mes de mayo del año 2007, tal como obra en la respectiva solicitud de explicaciones (Flio 8), la cual no se pudo notificar por inconsistencias en la dirección del empleador tal como quedó descrito en el párrafo anterior. El Despacho concluye que esta Superintendencia ha perdido la facultad sancionatoria sobre los hechos puestos en conocimiento por parte de la Inspectora de Trabajo Miryan del Socorro Angulo Morales. Operando de este modo el fenómeno de la caducidad sancionatoria previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, disposición general aplicable a todas las actuaciones y procedimientos administrativos que realice la administración pública.

La caducidad es una institución jurídica procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico de los bienes y servicios. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino por el contrario apunta a la protección de un interés general.

La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. (Corte Constitucional, Sent. 832 de 9 de agosto de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil). La figura de la caducidad se soporta en la necesidad de determinar, claramente, el momento después del cual se pierde un derecho o una acción en virtud de su no ejercicio durante un plazo señalado por el legislador.

Desde el punto de vista procesal, el mismo erige al transcurso del tiempo como elemento determinante del devenir jurídico revelando uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento como lo es el de la seguridad relacional en el campo del derecho. En general, la caducidad se predica tanto de las relaciones que involucran a particulares como de aquellas en las cuales se trata de una investigación por parte del Estado.

El artículo 38 del C.C.A. establece: "Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas", entonces, se toma como partida para contar la caducidad, la fecha en que ocurrieron los hechos, si se trata de una conducta por acción; si se trata de una conducta por omisión, el término empezará a contar desde el día en que dejó de realizarse o ejecutarse la obligación o el deber impuesto y, si se trata de una cadena de actos sucesivos, el término se contabilizará a partir del último de estos actos.

De otra parte la Resolución 1212 de 2007, proferida por esta Superintendencia, por medio de la cual se estableció el procedimiento a seguir en las investigaciones administrativas, indicó en el artículo 5° lo siguiente:

Lo anterior, encuentra respaldo en la Sentencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, actuando como Consejero Ponente el doctor Enrique José Arboleda Perdomo, de fecha 25 de mayo de 2005 y radicada bajo el número 1632. La caducidad entendida dentro del contexto de las investigaciones administrativas ha sido definida por dicha Corporación, en Sentencias del 14 de julio de 1995, Expediente 5098. M. P. Doctor Álvaro Lecompte Luna, y del 2 de abril de 1998, Sección Primera, Expediente 4438, M. P. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en los siguientes términos:

Se trata entonces de un instituto de carácter procesal objetivo, esto es, sólo se requiere la constatación del extremo temporal comprendido entre la ocurrencia del hecho, instantáneo o sucesivo y el extremo temporal final previsto por la ley como término de caducidad para el ejercicio de la acción o de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa, según el caso.

De acuerdo con lo anterior, se reitera, dentro los tres (3) años siguientes a la comisión de la infracción previstos por el legislador como término de caducidad de la facultad sancionadora, la administración ha debido proferir, notificar y agotar la vía gubernativa del acto administrativo que impone sanción al ente vigilado. En consecuencia, como el término previsto en el citado artículo ha transcurrido sin que se haya dictado y ejecutoriado el acto que le ponga fin a la actuación administrativa que nos ocupa, esta entidad ha perdido competencia para pronunciarse al respecto.

Finalmente, este organismo de vigilancia y control, sin perjuicio de la investigación administrativa adelantada, encuentra que el último acto omiso, ocurrió en el mes de mayo del año 2007, último periodo que fue señalado en la solicitud de explicaciones del 2 de

Andrea Torres Matiz.

(C. F.).