(abril 28)

El Superintendente Nacional de Salud,

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, el artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 293 y siguientes del Decreto 663 de 1993, los artículos 1° y 2° del Decreto 1015 de 2002, el Decreto 2555 de 2010, los artículos 6° y 8° del Decreto 1018 de 2007 y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:

1.1. La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 000112 del 2 de febrero de 2009, asumió la liquidación de la Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena En Liquidación, otorgando un término de un (1) año prorrogable por un plazo no mayor a este (folios 1 al 9 de a carpeta N° 1).

1.2. La medida fue prorrogada por medio de los siguientes actos administrativos:

– Resolución número 000277 del 2 de febrero de 2010, visible a folios 263 al 266 de la carpeta número 2.

– Resolución número 000678 del 5 de mayo de 2010, vista a folios 278 al 281 de la carpeta número 2.

– Resolución número 0001261 del 27 de julio de 2010, visible a folios 399 al 402 de la carpeta número 2.

– Resolución número 001457 del 26 de agosto de 2010, visible a folios 420 al 424 de la carpeta número 2.

– Resolución número 001795 del 5 de noviembre de 2010, visible a folios 472 al 474 de la carpeta número 3.1

– Resolución número 000118 de 2011, vista a folios de 512 al 515 de la carpeta número 3.

– Resolución número 00165 del 10 de febrero de 2011 vista a folios 559 al 564 de la carpeta número 3, esta última, hasta el día 10 de mayo de 2011.

1.3. Es de anotar que esta Superintendencia en la Resolución número 000165 del 10 de febrero de 2011, dispuso lo siguiente:

1.4. En el acápite de las consideraciones de la Resolución número 000165 del 10 de febrero de 2011, se consignó que era procedente, fijar un término adicional de dos (2) meses más, para culminar el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar la citada Clínica, toda vez que existían actividades pendientes por concluir, no obstante, en el acápite del resuelve se fijó el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes de la Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena en Liquidación, hasta el 10 de mayo de 2011.

De lo expuesto se tiene que por un error involuntario se indicó que el término sería de dos (2) meses, cuando en realidad correspondía a tres (3) meses, razón por la cual, mediante el presente acto administrativo se aclaro dicho término, con el fin de que exista congruencia entre la motivación y lo decidido en la Resolución número 000165 del 10 de febrero de 2011.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 6°. La presente resolución forma parte integral de la Resolución número 00165 del 10 de febrero de 2011.

Artículo 7°. El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y contra la misma no procede recurso alguno.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 28 de abril de 2011.

El Superintendente Nacional de Salud,

Conrado Adolfo Gómez Vélez.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE DE SALUD

El presente manual de contratación constituye una herramienta de control que ayuda a la aplicación coherente y armónica de los instrumentos de gestión, al identificar la secuencia y los contenidos fundamentales de la actividad contractual al interior de la entidad.

Por lo anterior, debe ser aplicado por todas las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud, en él se encuentra contenido el desarrollo de la legislación que en materia de contratación actualmente rige dicha actividad y los aspectos mencionados tienen como objetivo facilitar el trabajo no solo de los ordenadores del gasto sino también de las demás áreas que participan en el proceso de contratación, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos públicos, con fundamento en los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad, economía, eficacia y celeridad.

Es por esto que el presente documento contiene la información relacionada con la etapa preparatoria para los procesos de selección de contratistas, la identificación de las modalidades de selección, los factores que determinan su aplicación, los criterios de evaluación para cada una de ellas, la normatividad aplicable, el plazo para presentar la solicitud de contratación, el esquema del proceso, los términos del mismo, los aspectos referentes al contrato, tales como requisitos, condiciones, contenidos básicos, clausulado general, las variaciones que pueden presentarse durante su ejecución, esto es, modificaciones, adiciones, prórrogas y demás eventos que cambian las condiciones inicialmente convenidas por las partes.

Así mismo, contiene información relacionada con los documentos que se deben anexar a la solicitud de la contratación, enfatizando el contenido de los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones, el procedimiento y términos para la revisión y corrección de tales documentos, el esquema general de los mismos los cuales corresponden a las modalidades de selección de mayor utilización en la Superintendencia

La información anteriormente relacionada se desarrollará en forma ordenada partiendo de aquellos temas relacionados con las etapas y trámites precontractuales, pasando por la etapa contractual y poscontractual, los tipos de responsabilidad derivados para los actores contractuales y las acciones legales correspondientes, el procedimiento sancionatorio, el cual comprende los antecedentes y acciones encaminadas a imponer, de conformidad con el tipo de incumplimiento, anomalía o inconsistencia, una sanción proporcional al contratista, en procura de la consecución del cumplimiento del objeto contractual en el caso de las multas, en forma definitiva, con las connotaciones más severas al aplicar mecanismos como la caducidad o la terminación unilateral, así como el arreglo directo como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos contractuales.

CAPÍTULO I

La dependencia que requiere la contratación es la responsable de planear, elaborar los documentos, estudios previos, estudio de costos, estudios de factibilidad, técnicos, planos, diseños, condiciones técnicas con la respectiva viabilidad técnica y económica, así como el proyecto de pliego de condiciones, entre otros, acompañados de toda la documentación previa que se relaciona en este Manual, dependencia que luego remite al Ordenador del Gasto, para que, de acuerdo con las funciones asignadas al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, adelante el respectivo proceso, de conformidad con la documentación arriba descrita, previo estudio de que la documentación entregada por el área técnica esté completa y conforme a la ley

• Estudio y documentación previa

• Certificaciones y autorizaciones

• Plan de Gestión Anual - Ficha técnica del proyecto

• Pantallazo del Plan Compras en lo concerniente al ítems que se vaya a contratar

• Estudios y documentos técnicos

• Permisos, autorizaciones, licencias y/o certificaciones

• Disponibilidad Presupuestal

• Consulta de los CUBS del SICE

• Proyecto de pliego de condiciones

• Lista de chequeo.

Debe reunir todos los elementos y requisitos previstos en las disposiciones legales y los señalados en el presente Manual los estudios y documentos previos deben presentarse firmados por el jefe del área solicitante y contener como mínimo la siguiente información:

a) Descripción de la necesidad, la cual comprende los siguientes aspectos:

– Definición y descripción de la necesidad que la Superintendencia pretende satisfacer con la contratación, esto es, con la adquisición del bien, servicio u obra. La contratación de la entidad debe estar encaminada al cumplimiento de sus cometidos y fines estatales, en consecuencia, el objeto del contrato debe tener una relación con estos

– Opciones que existen en el mercado para resolver dicha necesidad.

– Opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico. Se deberá efectuar el análisis de las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la Superintendencia frente a los costos, beneficios y desventajas de cada una de ellas.

– Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan de Compras de la Superintendencia o inclusión de esta a través del ajuste respectivo.

– Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan los recursos.

b) Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación (numeral 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y artículo 3° del Decreto 2474 de 2008).

– Compromisos, declaraciones y acreditaciones que deberán efectuar los proponentes en materia técnica.

– Actividades técnicas y plazos para ejecutarlas, así como el plazo de ejecución total del contrato.

– Servicios conexos que se derivan del cumplimiento del contrato (capacitaciones, mantenimiento, soportes, etc.).

– Definición de la forma de pago del valor del contrato (anticipo, pago anticipado, etc.).

– Determinar la experiencia mínima que se exigirá.

d) Permisos, autorizaciones, licencias y demás exigencias normativas, según sea el caso.

e) Soporte jurídico: la dependencia solicitante debe señalar los fundamentos jurídicos que justifiquen la necesidad y la modalidad de contratación, así como la regulación jurídica vigente, relacionada con el objeto del contrato.

f) Análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato. Se debe indicar con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto, los costos asociados a la misma, los que conlleven la participación en el proceso de selección y todos los requeridos para la total ejecución del contrato.

Para estimar con realismo ese costo deben tenerse en cuenta los estudios, diseños y planos entre otros, así como las herramientas que emanan del SICE, cuando el CUBS de los bienes o servicios a contratar se encuentre desagregado hasta quinto nivel en el RUPR.

Estudio de mercado refleja lo que de acuerdo con las reglas del mercado debe ser el costo de los bienes, servicios, obra, monto de los honorarios/meses-horas, o jornales, perfiles, imprevistos, impuestos, insumos necesarios para la ejecución del servicio o entrega de los bienes, u obras, etc., en un lugar específico, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el objeto del contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad, lugar de ejecución, logística, transporte, tiempo de ejecución, condiciones geográficas, de orden público, componentes del bien o servicio a contratar, garantías, etc. Es decir que el estudio de mercado, debe comprender todos los costos directos e indirectos que conlleva el proceso de selección (si hay lugar a ello), la celebración del contrato y la total ejecución del mismo.

Las precotizaciones allegadas deben identificar claramente el proveedor, fecha de expedición, vigencia de la misma y deben guardar relación directa con las condiciones señaladas por la SNS en la comunicación de solicitud. Las precotizaciones que no guarden relación en su integridad con las condiciones particulares del objeto y especificaciones a contratar, no pueden ser tenidas en cuenta en el análisis económico. En el evento de diferir en algunos aspectos, estos deben ser determinados y justificados por el Director o jefe de la dependencia que requiere la contratación.

Cuando la necesitad de contratación sea para auditorías y estas requieran que sean por contrato interadministrativo se deben enviar como mínimo 3 precotizaciones, solicitud que se realizará en conjunto con la Coordinación del Grupo de Contratación de bienes y servicios.

Los datos obtenidos se deben analizar comparativamente, de manera que permitan realizar la proyección y el análisis económico, especificando el costo estimado de los bienes o servicios a contratar. Este análisis debe fundamentarse en factores objetivos.

Para la enajenación de bienes de la Superintendencia, además de los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto número 2474 de 2008, debe tenerse en cuenta el avalúo comercial y el precio mínimo de venta que se determina de conformidad con lo señalado por el Decreto número 4444 de 2008.

El estudio de mercado con todos los análisis debe estar firmado por el responsable del área solicitante y acompañado de las solicitudes de precotización, las precotizaciones y demás soportes del mismo.

g) Justificación de los factores de selección, esto es, la identificación razonada de los factores de evaluación y calificación que permitan identificar la oferta más favorable, de conformidad con lo señalado en el artículo 12 del Decreto número 2474 de 2008.

h) El(los) nombres de los funcionario(s) o la(las) persona(s) que ejercerán la interventoría o supervisión del contrato y la calidad de los mismos.

Tipificación de Riesgo: es identificar, denominar, calificar y establecer como norma, una determinada circunstancia o hecho constitutivo de riesgo, que pueda afectar el equilibrio económico del contrato (equivalencia entre las obligaciones pactadas y las cargas económicas para asumirlas).

Estimación del Riesgo: es cuantificar o tasar el daño o posible afectación del equilibrio económico que se genere con la ocurrencia del siniestro.

Al respecto el área técnica deberá tipificarlos, estimarlos y asignarlos de acuerdo a la naturaleza y obligaciones de cada contrato.

j) El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura de los riesgos y reparación de los posibles perjuicios producto de incumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y la ejecución del contrato hasta su liquidación.

Los mecanismos de cobertura del riesgo deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Nota: Para determinar los riesgos a amparar y la suficiencia de las garantías, se tendrá en cuenta las condiciones y naturaleza de los bienes y servicios a contratar.

En todo caso, la suficiencia de los amparos no podrá ser inferior a lo previsto por el artículo 7º del Decreto número 4828 de 2008, modificado por el Decreto número 2493 de 2009 y se deberá tener en cuenta para todos los contratos que estén cubiertos los posibles riesgos del respectivo contrato.

De conformidad con las normas vigentes, en la etapa precontractual se debe contar con las siguientes certificaciones:

Si la necesidad del objeto a contratar conduce al cumplimiento de un objetivo o meta de un proyecto de inversión, se debe indicar el programa y proyecto del Plan de Gestión Anual de la Superintendencia al cual se ajusta la contratación, registrado en la Oficina Asesora de Planeación, anexando la respectiva ficha técnica del proyecto.

La contratación debe estar prevista en el Plan de Compras de la Superintendencia, siempre y cuando requiera erogación presupuestal.

Son los estudios técnicos requeridos para la contratación según el caso, con sus respectivos soportes; es decir, planos, diseños, estudios de prefactibilidad y factibilidad, características y condiciones técnicas y demás aspectos y condiciones que según la naturaleza y marco legal debe cumplir.

Se deben anexar de igual forma los permisos, autorizaciones y/o licencias necesarias para adelantar el procedimiento de selección y contratar el respectivo bien, obra o servicio o ejecutar las actividades contractuales, salvo que en el pliego se prevea que el contratista los obtenga, caso en el cual esta condición se debe establecer claramente.

Si se trata de presupuesto de inversión, la solicitud de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP– se presenta por el área que requiera la contratación, el Coordinador del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y el ordenador del gasto con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Planeación. Si se trata de presupuesto de funcionamiento, la solicitud de expedición del certificado de disponibilidad presupuestal se presenta por el área interesada, el Coordinador del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y el ordenador del gasto.

Si en el certificado de disponibilidad presupuestal se indica la frase "previo concepto", se debe efectuar el respectivo trámite de manera inmediata por parte de la dependencia solicitante ante la Jefe de la Oficina de Planeación.

En el evento que se requiera de vigencias futuras, la dependencia solicitante de la contratación debe adelantar los trámites para ello requeridos conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto número 111 de 1996, Ley 819 de 2003 y Resolución número 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal –Confis–.

Si se han expedido vigencias futuras o varios CDP o un CDP con varios rubros, debe indicarse el monto de cada vigencia futura, CDP o rubro que se destine para la respectiva contratación, previendo que la sumatoria de las disponibilidades corresponda con el valor total del presupuesto oficial estimado para el efecto.

Adicionalmente, de ser pertinente, debe preverse la forma en que se realizará la imputación presupuestal para la adjudicación, los pagos, etc.

Se debe realizar la consulta de los CUBS en el SICE que indique los códigos de los bienes o servicios a adquirir, los cuales deben ser coincidentes con el plan de compras y los estudios previos.

Debe contener todos los aspectos técnicos, jurídicos y financieros para establecer la capacidad del proponente que lo habilita dentro del proceso de selección, así como los factores de evaluación y ponderación para la selección objetiva de la oferta.

El proyecto de pliego debe elaborarse de acuerdo con lo señalado en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, los artículos 6°, 10, 11 y 12 del Decreto número 2474 de 2008 y demás disposiciones aplicables, con base en los formatos establecidos por la Superintendencia y debe contener como mínimo:

a) La descripción técnica, detallada y completa del objeto a contratar.

b) Factores de selección objetiva habilitantes, modalidad, términos, procedimientos, evaluación, calificación o ponderación según el proceso de selección.

c) Las razones y causas que generan el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso.

d) Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, garantías y minuta del contrato.

e) Como anexo técnico separable y según la modalidad de contratación la "Ficha Técnica" o los "Requerimientos Técnicos".

f) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° de la Ley 1150 de 2007 y 4° del Decreto número 1464 de 2010, indicar la actividad, especialidad y grupo descritos en los artículos 41 a 43 ibídem, en los cuales deben estar inscritos, clasificados y calificados los oferentes en el Registro Único de Proponentes –RUP–.

Por regla general, en todos los procesos de selección se requiere el registro, la clasificación y calificación del proponente o aspirante a contratista en el RUP; por excepción del inciso segundo del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el parágrafo del artículo 4° del Decreto número 1464 de 2010, esta no se requiere en los siguientes procedimientos:

• Procedimientos de contratación directa.

• Contratos para la prestación de servicios de salud.

• Contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad.

• Enajenación de bienes del Estado.

• Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas.

• Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

• Los contratos de concesión de cualquier índole.

• Personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia.

En estos casos, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios verifica conjuntamente con la oficina jurídica, el área técnica y financiera que los proponentes cumplan los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes.

g) Capacidad Residual de Contratación –K de Contratación.

h) Requisitos y condiciones del contrato a celebrar, señalando de manera clara, precisa y concisa la información básica, sin perjuicio de hacer referencia a otros aspectos que resulten necesarios para la futura contratación:

• Objeto del contrato.

• Características técnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la Superintendencia.

• Plazo del contrato.

• El presupuesto oficial, incluidos todos los impuesto de la ley a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que conlleve la celebración y total ejecución de las obligaciones contractuales.

• Lugar de ejecución del contrato.

• Cantidad de los bienes a adquirir.

• CUBS del SICE.

• Obligaciones del contratista.

• Productos y actividades, si a ello hubiere lugar, los cuales deben estar directamente relacionados con las obligaciones.

• Plazo, sitio de entrega y condiciones de la misma, si a ello hubiere lugar.

• Forma de pago del contrato y condiciones requeridas para el mismo. Por regla general, los pagos en contratos de compra, venta y suministro de bienes serán contra entrega, previo recibo a satisfacción de los bienes (comprobante del almacén, cuando se requiera el ingreso) y previa verificación de su instalación y correcto funcionamiento por parte del supervisor o interventor, según proceda de acuerdo con los bienes. En los contratos de prestación de servicios, el pago debe hacerse por períodos ejecutados y vencidos, con el respectivo informe de actividades realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato.

En contratos de consultoría, el pago debe hacerse contra entrega de los productos, estudios o documentos objeto de la consultoría recibidos a satisfacción. Se debe tener en cuenta que los contratos de consultoría son de resultado, por lo cual, los productos a recibir para pagos parciales deben ser o contener un documento completo de fase o estudio y ser equivalente a su costo, verificando que los pagos correspondan al producto recibido y que quede un remanente representativo para efectos del último pago y recibo total del objeto de la consultoría.

Anticipos y pagos anticipados: de acuerdo con la normatividad vigente y las directivas presidenciales al respecto, estas formas de pago deben corresponder a situaciones excepcionales y deben estar debidamente justificadas de acuerdo con las condiciones financieras de los contratos. La justificación debe indicar claramente las razones que la motivan, dando estricta aplicación a lo dispuesto en la Directiva Presidencial número 04 del 4 de abril de 2003, por la cual se aclara el numeral 6 de la Directiva Presidencial número 12 del 1° de octubre de 2002.

• Supervisión o Interventoría. El interventor/supervisor es el servidor público (contratista o funcionario) responsable de efectuar la supervisión, vigilancia, control, seguimiento, verificación y evaluación de la ejecución de los contratos estatales y de los suscritos por terceros con cargo a los recursos de la Nación.

El interventor/supervisor debe cumplir las funciones para el adecuado y correcto control de ejecución de los contratos de acuerdo, entre otras, con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 734 de 2002 y la resolución expedida por la Superintendencia sobre el tema.

La supervisión/interventoría está a cargo del área técnica solicitante de la contratación, quien conoce todos los aspectos relacionados con la ejecución del objeto y, por consiguiente, cuenta con la experticia para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ende, es responsabilidad del coordinador, director, jefe o superior jerárquico del área respectiva, informar oportunamente al Coordinador del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, el nombre del funcionario(s) o profesional(es) idóneo que puede ser designado como interventor/supervisor.

En los casos que sea necesario contratar la interventoría/supervisión por previsión legal o por no existir dentro de la planta de personal funcionarios idóneos (formación académica y experticia técnica) o existir estos, pero ser insuficientes y no existir disponibilidad de personal para designarlo, se debe surtir el proceso respectivo de selección para asegurar que el contrato siempre se ejecute con la supervisión, vigilancia y control que debe realizar la Superintendencia.

El área solicitante debe adjuntar el formato lista de chequeo debidamente diligenciado, dependiendo del tipo de proceso contractual requerido.

Una vez el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios reciba del respectivo ordenador del gasto la solicitud con los documentos, estudios previos y demás, según la modalidad de contratación, proceden a verificar que estos estén completos y se ajusten a las disposiciones legales. Si es así, se debe proceder a adelantar el trámite del proceso de selección respectivo.

En caso que la documentación y estudios previos no estén completos o en debida forma dentro del término señalado para la revisión, se formulan por escrito las observaciones al Jefe del área solicitante, para que este corrija o complete los documentos y los remita al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios en un término máximo de tres (3) días.

El jefe del área solicitante efectúa las correcciones y completa la documentación en los términos señalados, contados a partir del recibo de las observaciones. Si vencido este término no se recibe la documentación corregida y completa, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, según el caso, devuelve los documentos recibidos al área solicitante, quien, de persistir la necesidad de contratación, debe efectuar todos los ajustes para solicitar nuevamente el trámite y remitir la documentación completa y ajustada según lo indicado en las consideraciones que le fueron formuladas inicialmente, a más tardar pasado un día del recibo de las mencionadas observaciones.

Lo anterior, de conformidad con los siguientes términos:

Nota: Cuando se hayan formulado observaciones y los documentos no se alleguen debidamente ajustados, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios fijará el nuevo plazo en que se deben atender los requerimientos.

En el evento de que las áreas técnicas solicitantes no alleguen dentro de los términos señalados anteriormente, los documentos corregidos, completos y debidamente ajustados, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios procede a la devolución de los mismos.

CAPÍTULO II

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la escogencia del contratista se efectúa a través de las siguientes modalidades de contratación:

1. Licitación pública.

2. Selección abreviada.

3. Concurso de méritos.

4. Contratación directa.

El Grupo de Contratación de Bienes y Servicios y las dependencias que soliciten la contratación, deben tener en cuenta los procedimientos señalados en el presente Capítulo, en el cual se desarrollan las modalidades de selección de mayor utilización en la Superintendencia Nacional Salud.

En todas las modalidades de selección se debe dar estricta aplicación a los principios de transparencia, selección objetiva, economía, responsabilidad, a los postulados que rigen la función administrativa y a las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, además de las reglas de interpretación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Si el objeto no se enmarca dentro de los descritos específicamente por la ley para ciertos procesos, la modalidad de selección del contratista se determina por la cuantía.

Según el proceso de selección que corresponda, existen unos factores especiales de evaluación que permiten seleccionar el ofrecimiento más favorable a la entidad.

A continuación se presenta un esquema en el que se grafica este planteamiento de identificación del factor que permite determinar la modalidad de contratación que debe adelantarse y los criterios de evaluación que corresponderían.

De conformidad con el esquema anterior, para efectos de determinar la modalidad de contratación, se debe tener en cuenta:

• Los contratos de consultoría, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son los referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión y los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.

Este tipo de objeto contractual implica que la selección del contratista se da a través del proceso de selección denominado concurso de méritos, en el cual no se valora el precio y la adjudicación del proceso se otorga a partir de la calificación exclusivamente de la calidad de la oferta técnica.

• El proceso de selección abreviada por subasta inversa debe utilizarse cuando se trate de adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, descritos en el artículo 16 del Decreto número 2474 de 2008 como aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y que comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. El servicio o bien de común utilización se refiere a aquellos requeridos por las entidades y ofrecidos en el mercado, en condiciones equivalentes para quien los solicite en términos de prestaciones mínimas y suficientes para la satisfacción de sus necesidades.

Por diseño o características descriptivas debe entenderse el conjunto de notas distintivas que simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan accidentales a la prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del bien o servicio para satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en la medida en que no alteran sus ventajas funcionales. En este tipo de proceso, el contratista se habilita mediante el cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros requeridos. La adjudicación del proceso se da a través de subasta pública, en la cual solo se verifica el precio a través de la puja a la baja.

De otra parte, el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 presenta algunos casos específicos en los que, según el objeto, puede presentarse la selección de los contratistas a través de procedimientos especiales de selección abreviada. Dentro de estos se cuenta la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.

Así mismo, el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 presenta algunos casos específicos en los que, según el objeto, puede presentarse la selección de los contratistas de manera directa. Dentro de estos se encuentran los siguientes eventos: urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, inexistencia de pluralidad de oferentes en el mercado, prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, arrendamiento o adquisición de inmuebles y encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales con entidades financieras del sector público cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

Si el objeto no corresponde a ninguna de las situaciones antes señaladas, el procedimiento se determina a través de la cuantía y la adjudicación se da a partir de la valoración del precio y la calidad.

Así, si se trata de bienes o servicios cuya adquisición pueda costar más de 280 smlmv (mayor cuantía) el procedimiento a aplicar es la licitación pública; para bienes o servicios cuya adquisición pueda costar hasta 280 smlmv (menor cuantía) el procedimiento a aplicar es la selección abreviada de menor cuantía.

• Por último, si se trata de consultorías cuyo costo corresponda al 10% de la menor cuantía se aplica el procedimiento especial señalado para tal efecto en el artículo 6° del Decreto número 2025 de 2009.

A continuación se desarrollan los principales procedimientos señalados en el presente Capítulo, los cuales corresponden a las modalidades de selección de mayor utilización en la Superintendencia Nacional Salud.

Como se ha mostrado, existen distintas modalidades de selección como licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, las que se aplican de acuerdo a disímiles factores determinantes relacionados con el objeto y la cuantía y se evalúan de conformidad con criterios de calificación diferentes como la calidad y/o el precio.

Así mismo, cada una de estas principales modalidades responde a reglamentaciones distintas en relación con los términos, las etapas y las formalidades. No obstante, existen elementos estructurales que las caracterizan, de manera que es posible identificar un esquema general dentro de su procedimiento, como se muestra a continuación.

De conformidad con el esquema general planteado anteriormente, estos procesos requieren la preparación de documentos como estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, certificaciones, etc. (de acuerdo con lo señalado en el Capítulo I de este Manual), los cuales son publicados durante cierto tiempo para que los interesados puedan conocerlos y formular observaciones. Tales observaciones deben ser contestadas en forma motivada y, de ser pertinente, con base en ellas se podrían modificar los estudios previos o el pliego de condiciones.

Como se aprecia en el esquema anterior, la licitación pública integra una serie de actividades que no se van a observar en los demás procesos, tales como el aviso a cámara de comercio, la publicación de avisos de prensa y las audiencias de revisión de riesgos (antes de apertura) y de aclaración del pliego (dentro de los 3 días hábiles siguientes a la apertura).

Adicionalmente, las adendas para prorrogar el cierre, pueden ser expedidas hasta un (1) día antes del previsto para tal actividad. Se requiere la presentación a la Junta de Contratación tanto del estudio y documentos previos como de la evaluación realizada por los comités evaluadores respectivos para iniciar el proceso, como para su adjudicación.

Finalmente, el término para publicación de proyecto de pliego de condiciones es de 10 días hábiles, en tanto que el término de traslado a los proponentes de la publicación de la evaluación es de cinco días hábiles y la adjudicación se realiza en audiencia pública.

En el evento de que el proceso se declare desierto, de conformidad con el artículo 48 del Decreto número 2474 de 2008, modificado por el artículo 3° del Decreto número 3576 de 2009, si persiste la necesidad de contratar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierto del proceso de Licitación, la Superintendencia podrá iniciar un proceso de selección abreviada de menor cuantía reglado por el artículo 9° del Decreto número 2025 de 2009, sin aplicar los numerales 3 y 4 del mismo; es decir, sin realizar sorteo.

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, se contrata bajo esta modalidad en los siguientes casos:

Cuando el costo estimado de los bienes o servicios a contratar sea hasta 280 smlmv, expresados en salarios mínimos legales mensuales, determinado en función del presupuesto anual de la entidad pública, de acuerdo con lo dispuesto por el literal b) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.

Este proceso se encuentra regulado en el literal b) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y artículos 45 del Decreto número 2474 de 2008 y 9° del Decreto número 2025 de 2009, se aplica para aquellos casos en los cuales el valor total estimado de la contratación es igual a la menor cuantía determinada en función del presupuesto anual de la Superintendencia Nacional Salud.

En promedio el proceso implica un término aproximado de dos (2) meses para cumplir los términos de ley, el cual puede modificarse de acuerdo con lo complejo del bien o servicio a contratar.

En consecuencia, los documentos y estudios previos correspondientes para adelantar este proceso de selección deben presentarse con la debida antelación a la fecha estimada para el inicio de ejecución del contrato, toda vez que el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios debe revisar que la documentación esté completa y surtir el proceso en cumplimiento de los términos de ley.

Como se aprecia en el esquema anterior, la selección abreviada de menor cuantía integra una actividad que no se va a observar en los demás procesos; esto es, la presentación de expresiones de interés dentro de los tres días hábiles siguientes a la apertura y su consecuente sorteo en caso de presentarse más de diez (10) manifestaciones dentro de un mismo proceso de selección. En el evento de que se presenten más de 10 expresiones de interés, la SNS puede realizar sorteo para escoger entre ellos un número no inferior a este que podrá presentar oferta en el proceso de selección.

Los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Son aquellos que se pueden definir plenamente bajo una descripción técnica uniforme y de común utilización por parte de las entidades públicas, permitiendo que todos los oferentes participen bajo un mismo esquema de exigencia en condiciones y calidades del bien o servicio.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Decreto número 2474, el cual establece:

Por bienes y servicios de común utilización entiéndanse aquellos requeridos por las entidades y ofrecidos en el mercado, en condiciones equivalentes para quien los solicite en términos de prestaciones mínimas y suficientes para la satisfacción de sus necesidades.

Parágrafo 1°. No se consideran de características técnicas uniformes y de común utilización las obras públicas y los servicios intelectuales.

Parágrafo 2°. Para efecto de lo previsto en el presente artículo, por diseño o características descriptivas debe entenderse el conjunto de notas distintivas que simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan accidentales a la prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del bien o servicio para satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en la medida en que no alteran sus ventajas funcionales.

Parágrafo 3°. No se individualizarán los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia esta que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la entidad, sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas". (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

De conformidad con lo previsto por el artículo 20 del Decreto número 2474 de 2008, los pliegos de condiciones deben contener una ficha técnica de cada bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, la cual debe contener como mínimo:

Denominación del bien o servicio.

Denominación técnica del bien o servicio.

Unidad de medida.

Descripción general.

El único factor de selección es el menor precio ofrecido en subasta inversa. Todos los demás requisitos y condiciones son habilitantes, de manera que no se asigna puntaje.

Para realizar la subasta se requiere por lo menos dos proponentes habilitados en el proceso.

Si sólo un oferente resulta habilitado para participar en la subasta la Entidad debe ampliar el plazo hasta por la mitad del inicialmente previsto en el pliego, para que los participantes no habilitados presenten la documentación necesaria o que nuevos interesados presenten propuesta inicial de precio.

Si vencido el plazo no se logra la pluralidad de oferentes, la entidad adjudica el contrato al oferente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones.

Este proceso se encuentra regulado en el numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y artículos 16 a 28 del Decreto número 2474 de 2008.

En promedio el proceso implica un término aproximado de dos (2) meses para cumplir los términos de ley, el cual puede modificarse de acuerdo con lo complejo del bien o servicio a contratar.

En consecuencia, los documentos y estudios previos correspondientes para adelantar este proceso de selección deben presentarse con la debida antelación a la fecha estimada para el inicio de ejecución del contrato, toda vez que el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios debe revisar que la documentación esté completa y surtir el proceso en cumplimiento de los términos de ley.

La adjudicación se determina por el precio de acuerdo con el resultado de la subasta a la inversa (cuya oferta inicial se presenta aparte y en sobre sellado), en la cual se presenta puja a la baja, de manera que el adjudicatario será quien, de conformidad con las reglas de la audiencia, oferte el precio más bajo.

El término para publicación de proyecto de pliego de condiciones es de 5 días hábiles.

Las adquisiciones de bienes de características técnicas uniformes a través de bolsas de productos, así como la formación, celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación de las operaciones se realiza de acuerdo con las disposiciones legales sobre los mercados de tales bolsas y en los reglamentos de estas.

Los estudios previos, además de los requisitos generales expuestos en este manual, deben contener:

a) El precio máximo de la comisión que la entidad estatal pagará al comisionista que por cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de bolsa.

b) El precio máximo de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa.

c) Con el propósito de determinar el valor de los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal, la entidad debe tener en cuenta además del valor del contrato de comisión, el de la operación que por cuenta suya celebra el comisionista a través de la bolsa, así como todo pago que deba hacerse por causa o con ocasión de aquella, incluyendo las garantías y demás pagos establecidos en el reglamento de la bolsa en donde se vaya a realizar la negociación. Se debe contar con la disponibilidad presupuestal antes indicada, con anterioridad al contrato de comisión.

d) Los comisionistas de bolsa deben estar inscritos en el SICE y haber registrado el valor estimado de la comisión en el RUPR. Los comitentes vendedores y sus comisionistas en operaciones que se realicen por cuenta de entidades estatales a través de bolsas de productos, no estarán obligados a registrarse en el SICE.

e) Se puede exigir a los comisionistas interesados en participar en el procedimiento de selección, a través de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos habilitantes adicionales a su condición de tales, siempre y cuando estos sean adecuados y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

f) La selección objetiva de los comisionistas de entidades estatales, previa solicitud a la bolsa formulada por la entidad de que se trate, se realiza en la rueda de negocios de la bolsa correspondiente, mediante un procedimiento competitivo basado en el precio, realizado de conformidad con los reglamentos internos de la bolsa.

g) Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista seleccionado debe constituir a favor de la Superintendencia la garantía única de cumplimiento de conformidad con el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y las normas que lo reglamenten, en relación con el valor de la comisión que se pagará al comisionista por sus servicios. La Superintendencia constituye a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos de que se trate, garantía idónea para asegurar el cumplimiento de la negociación realizada.

h) El comitente vendedor de la Superintendencia debe constituir a favor del organismo de compensación de la bolsa de que se trate, las garantías establecidas en sus reglamentos para garantizar el cumplimiento de las negociaciones. La Superintendencia puede exigir al comitente vendedor la constitución de garantías a su favor, adicionales a las señaladas en el presente artículo, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.

De conformidad con el artículo 48 del Decreto número 2474 de 2008, modificado por el artículo 3° del Decreto número 3576 de 2009, si persiste la necesidad de contratar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierto del proceso de licitación, la Superintendencia puede iniciar un proceso de selección abreviada de menor cuantía reglado por el artículo 9° del Decreto número 2025 de 2009, sin aplicar los numerales 3 y 4 del mismo, es decir, sin realizar audiencia pública de sorteo.

De igual forma, la Superintendencia selecciona al contratista haciendo uso del proceso de selección abreviada de menor cuantía para los contratos que se requieran para la prestación de servicios de salud. En todo caso las personas naturales o jurídicas que presten dichos servicios, deben estar inscritas en el registro especial nacional del Ministerio de la Protección Social, o quien haga sus veces, de conformidad con la Ley 10 de 1990.

Con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995, el proceso se tramita de conformidad con lo dispuesto por el Decreto número 4444 de 2008.

Por regla general, la enajenación de bienes se hace por convocatoria pública, para lo cual la Superintendencia puede realizar la enajenación directamente surtiendo los procesos señalados en los artículos 6°, 7°, 21 al 24 ibídem y lo pertinente de este manual, o puede realizarla a través de intermediario, conforme lo previsto por los artículos 8° y 14 ibídem. También puede hacer la enajenación a través del CISA S. A. para lo cual debe suscribir el correspondiente convenio interadministrativo.

Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre entidades públicas. Para este caso la Superintendencia previamente a realizar la convocatoria pública puede hacer la enajenación a título gratuito entre entidades públicas, conforme lo previsto por el artículo 21 ibídem.

Enajenación de otros bienes. Para la enajenación de bienes tales como cartera, cuentas por cobrar, fideicomisos de cartera el precio mínimo de venta se establece tomando en cuenta los parámetros previstos en el artículo 23 ibídem.

Enajenación de bienes por oferta en sobre cerrado para este procedimiento, se deben surtir todas las actividades previstas en el presente manual para el proceso SACTU, con las modificaciones y/o especificaciones previstas por el artículo 6° del Decreto número 4444 de 2008, a saber:

a) Al publicar en el SECOP los estudios, proyecto de pliego y demás se debe publicar simultáneamente el listado de los bienes a enajenar.

b) Realizada la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes, se publica en el SECOP el respectivo informe junto con el listado de bienes sobre los cuales se recibió oferta.

c) En la diligencia de audiencia pública se procede a abrir las ofertas económicas de los proponentes habilitados y se informa la mejor oferta recibida en sobre cerrado, con el fin de permitir que por una sola vez los oferentes la mejoren.

d) Realizado el lance, la Superintendencia adjudica el bien al proponente que haya ofertado el mejor precio. Si no se presenta mejoramiento de la oferta inicial, la Superintendencia puede adjudicar el bien al oferente cuya oferta inicial resulte ser la mejor oferta.

e) Si únicamente se recibió una sola oferta y surtida la prórroga del plazo para el recibo de nuevas ofertas o subsanar requisitos habilitantes, no se lograre la pluralidad de oferentes, la Superintendencia debe abrir la oferta económica y si el precio ofertado es igual o superior al precio mínimo de venta de los bienes se adjudica el contrato.

Se entiende para este proceso, que la mejor oferta inicial es la que ofrezca el precio de compra venta más alto y, en todo caso, el precio ofertado debe ser igual o superior al precio mínimo de venta indicado por la Superintendencia. La Superintendencia puede establecer un margen de mejora del precio inicial, el cual puede ser hasta el 50% del precio mínimo de venta del bien establecido por la Superintendencia, conforme lo prevén los artículos 10, 11 y 12 del Decreto número 4444 de 2008.

Para este procedimiento se deben surtir todas las actividades previstas en el presente manual para el proceso SACTU, con las modificaciones y/o especificaciones previstas por el artículo 7° del Decreto número 4444 de 2008, a saber:

a) Al publicar en el SECOP los estudios, proyecto de pliego y demás se debe publicar simultáneamente el listado de los bienes a enajenar.

b) Realizada la verificación de requisitos habilitantes de los proponentes, se publica en el SECOP el respectivo informe junto con el listado de bienes sobre los cuales se recibió oferta.

c) En la diligencia de audiencia pública prevista en el presente manual, se procede a abrir las ofertas económicas de los proponentes habilitados y se informa el mayor precio ofertado, el cual, es el precio de arranque para la subasta.

d) Realizados los lances, la Superintendencia adjudica el bien al proponente que haya ofertado el mayor valor a pagar. Si no se presenta mejoramiento de la oferta inicial, la Superintendencia puede adjudicar el bien al oferente cuya oferta inicial resulte ser el precio más alto y, por ende, la mejor oferta.

e) Si únicamente se recibió una oferta, surtida la prórroga del plazo para el recibo de nuevas ofertas o para subsanar requisitos habilitantes, si no se lograre la pluralidad de oferentes, la Superintendencia abre la oferta económica y si el precio ofertado es igual o superior al precio mínimo de venta de los bienes le adjudica el contrato.

f) Se entiende para este proceso que la mejor oferta inicial es la que ofrezca el precio de venta más alto y, en todo caso, el precio ofertado debe ser igual o superior al precio mínimo de venta indicado por la Superintendencia.

g) La Superintendencia puede establecer un margen de mejora del precio inicial, el cual puede ser hasta el 50% del precio mínimo de venta del bien establecido por la Superintendencia, conforme lo prevén los artículos 10, 11 y 12 del Decreto número 4444 de 2008.

Nota 1: Para la venta de estos bienes se debe contar previamente con el plan de enajenación previsto por el Decreto número 4637 de 2008, o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen; con los estudios previos que justifiquen la necesidad, conveniencia y oportunidad de la venta, avalúo comercial, precio mínimo de venta, cálculo del precio mínimo de venta y demás señalado por los artículos 10, 11, 17 y 20 del Decreto número 4444 de 2008.

Igualmente, se deben tener en cuenta los aspectos reglamentados en el Manual de Manejo de Bienes de la Superintendencia.

Nota 2: Para la venta de estos bienes se debe prever que en los estudios previos se justifique la necesidad, conveniencia y oportunidad de la venta, avalúo comercial, precio mínimo de venta, cálculo del precio mínimo de venta y demás aspectos señalados por los artículos 12 y 13 del Decreto número 4444 de 2008. Igualmente, se deben tener en cuenta los aspectos reglamentados en el Manual de Manejo de Bienes de la Superintendencia.

Modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos en la que se puede utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación determinados de conformidad con criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.

Son objeto de selección mediante concurso de méritos con precalificación, los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Este proceso se encuentra enunciado en el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, Capítulo III Concurso de Méritos, Secciones I y II, artículos 54 a 74 del Decreto número 2474 de 2008 y artículo 7° del Decreto número 2025 de 2009.

Para este proceso, además de lo previsto en el Capítulo I del presente manual, se debe elaborar el anexo técnico, que debe contener los requerimientos técnicos de la consultoría y lo siguiente:

a) Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se encomienden al consultor, para lo cual puede hacer mención de los antecedentes de la contratación.

b) La descripción detallada de los servicios requeridos y los resultados o productos esperados, los cuales pueden ser: informes, diagnósticos, diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría.

c) El cronograma de la ejecución del contrato de consultoría.

d) El listado y ubicación de la información disponible para ser conocida por los proponentes para facilitarles la preparación de sus propuestas, tales como estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos.

e) La determinación del tipo de propuesta que se exige en el concurso de méritos

En ningún caso el precio de la propuesta se constituye como factor de escogencia en la selección.

Dependiendo del tipo de propuesta técnica requerida por la Supersalud de acuerdo al objeto del concurso, se aplicará uno de los siguientes procedimientos:

De conformidad con el esquema anterior, el concurso de méritos pueden realizarse en dos modalidades, esto es, abierto o precalificado.

El concurso de méritos abierto sólo procede para PTS, en tanto que el concurso de méritos precalificado puede realizarse tanto para PTS (con LC o con LM) como para PTD (sólo con LC).

Para concursos de arquitectura solamente procede el concurso de méritos abierto.

En promedio el proceso implica un término aproximado de dos meses y medio (2 1/2) para concurso de méritos abierto y cuatro (4) meses para concurso de méritos precalificado para cumplir los términos de ley, el cual puede modificarse de acuerdo con lo complejo del bien o servicio a contratar.

En consecuencia, los documentos y estudios previos correspondientes para adelantar este proceso de selección deben presentarse con la debida antelación a la fecha estimada para el inicio de ejecución del contrato, toda vez que el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios debe revisar que la documentación esté completa y surtir el proceso en cumplimiento de los términos de ley.

A continuación se presentará el esquema y términos para el procedimiento de selección por concurso de méritos abierto y, posteriormente, el esquema y términos para el procedimiento de selección por concurso de méritos precalificado, el cual comprende el procedimiento previo de conformación de lista.

Como se aprecia en el esquema anterior, en el concurso de méritos la calificación sólo comprende la calidad de la propuesta técnica, en la que se puede ponderar la experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, entre otros aspectos que considere la SNS.

El término para publicación de proyecto de pliego de condiciones es de 5 días hábiles, en tanto que el término para publicación de la evaluación es de 3 días hábiles.

Se requiere su presentación a la Junta de Contratación, tanto para iniciar el proceso, como para su adjudicación.

El concurso de méritos precalificado consta de dos partes. En primer lugar, la conformación de la lista corta o de la lista multiusos y, en segundo lugar, el concurso de méritos propiamente dicho.

Este trámite se debe surtir en forma independiente y con antelación al proceso de concurso de méritos. De tal manera que previamente a ordenar la apertura del concurso de méritos, se debe contar con la lista corta o multiusos de proponentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del Decreto número 2474 de 2008, la Superintendencia Nacional de Salud, realiza una convocatoria pública a través del SECOP, para el efecto debe publicar aviso de convocatoria para conformar la lista corta o multiusos, que debe incluir lo siguiente:

a) Fecha límite para presentar la expresión de interés.

b) Los criterios que se deben tener en cuenta para conformar la lista corta o multiusos de oferentes.

c) Indicar si se trata de lista corta o multiusos.

d) Indicar los requisitos habilitantes mínimos y proporcionales que se exigen a los integrantes de la lista corta o multiusos de oferentes, los cuales, se solicitan bajo los mismos parámetros incluidos en el certificado de la Cámara de Comercio, según lo previsto por el artículo 2° del Decreto número 1464 de 2010.

e) Para mayor claridad se estima conveniente incluir en el aviso, la indicación de que la solicitud a expresar el interés, se extiende para la contratación de servicios de consultoría. Así como una muy breve descripción de los servicios y el lugar donde se deben presentar las expresiones de interés.

f) Especificar la forma de valorar la información allegada por los interesados, con base en los siguientes criterios:

• Experiencia general, relevante y suficiente en las áreas requeridas en el objeto a contratar que asegure la idoneidad del futuro proponente para su ejecución.

• Estructura y organización del interesado en cuanto a los recursos técnicos, humanos y físicos con que dispone.

Adicionalmente, se pueden tener en cuenta otros criterios, como la capacidad intelectual, el cumplimiento de contratos anteriores y similares, las buenas prácticas, reconocimientos, o cualquier otro elemento de juicio que le permita a la entidad contratante identificar precalificados que puedan ejecutar exitosamente los servicios de consultoría requeridos.

g) El comité asesor y evaluador, verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los interesados en conformar la lista corta o multiusos y valora la información allegada con la expresión de interés a partir de los criterios señalados en el aviso de convocatoria pública, teniendo en cuenta los intereses de la entidad y los fines de la contratación.

h) El comité con los resultados de la verificación de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes, presenta al ordenador del gasto un informe debidamente sustentado recomendando la conformación de la lista corta o de la lista multiusos, que sirva de fundamento a este para adoptar la decisión.

Como se aprecia en el esquema, las actividades para la precalificación o conformación de lista se pueden iniciar al tiempo con la publicación de proyecto de pliego de condiciones y demás documentos previos para el concurso de méritos precalificado. El término para publicación de proyecto de pliego de condiciones es de 10 días hábiles si se trata de PTD y de 5 días hábiles si se trata de PTS, durante los cuales se pueden formular las observaciones correspondientes. Las respuestas a tales observaciones harán parte del proceso de Concurso de Méritos Precalificado.

Ahora, la conformación de lista se inicia con la publicación del "aviso de convocatoria para conformar lista corta" y la conformación del Comité Evaluador del Proceso. Sobre el documento se pueden formular observaciones, las cuales deben ser contestadas. Los interesados en integrar la lista presentarán expresiones de interés, las cuales serán evaluadas a partir de la verificación de los requisitos habilitantes de experiencia general, estructura y organización.

Una vez seleccionados los integrantes de la lista, esta se adopta mediante resolución, la cual será objeto de recurso de reposición. Cuando la resolución se encuentre en firme se podrá dar apertura al Concurso de Méritos Precalificado.

Se requiere su presentación a la Junta de Contratación de la Supersalud para iniciar el proceso de conformación de lista.

Durante el término de vigencia de la lista multiusos, la Supersalud puede utilizarla para formular invitaciones para contratar consultorías cuyo objeto sea igual o similar a los contenidos en el aviso de convocatoria para su conformación, para lo cual, se debe verificar que el objeto social del precalificado corresponda a las actividades de las contrataciones a adelantar.

Para evitar concentración de adjudicaciones, durante el término de vigencia de la lista multiusos previamente a invitar se realiza sorteo con los precalificados que estén habilitados para formular oferta, que no hayan sido invitados a formular oferta en proceso de concursos de méritos anteriores en vigencia de la respectiva lista, escogiendo máximo 10, a quienes se les cruza invitación para el proceso.

La Superintendencia Nacional de Salud, puede expedir el acto administrativo para ordenar la apertura del concurso de méritos precalificado, cuando esté en firme el acto de conformación de la lista corta o multiusos.

Como se aprecia en el esquema anterior, la apertura del proceso de Concurso de Méritos Precalificado requiere la previa firmeza de la resolución con la cual se conforma la lista de posibles oferentes. Ahora, las actividades de publicación de documentos previos y formulación de observaciones, ya se han surtido durante el proceso de conformación de la lista.

Con la apertura del concurso de méritos precalificado, se publicarán las respuestas a las observaciones formuladas al proyecto de pliego de condiciones y demás documentos previos.

En el concurso de méritos la calificación solo comprende la calidad de la propuesta técnica, en la que se puede ponderar la experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, entre otros aspectos que considere la SNS.

En la audiencia de adjudicación se da a conocer el orden de elegibilidad que haya arrojado la calificación de la propuesta técnica y se revisa la oferta económica (la cual se presenta aparte y en sobre sellado) para constatar su consistencia respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica.

El término para publicación de la evaluación es de 3 días hábiles.

Se requiere su presentación a la Junta de Contratación, tanto para iniciar el proceso (es decir previo a la publicación del "aviso de convocatoria para conformar lista corta"), como para su adjudicación.

En los eventos de contratación directa, salvo las excepciones expresas, se debe expedir un Acto administrativo en los términos del artículo 77 del Decreto 2474 de 2008. El acto administrativo es proyectado por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, y suscrito por el Ordenador del Gasto.

Se debe hacer referencia en los estudios y documentos previos a las condiciones y calidades de la entidad pública con la que se pretende contratar. Para el efecto es importante tener en cuenta las normas de creación de las entidades, las fusiones, capacidad técnica y misional para desarrollar la labor. Igualmente es necesario demostrar que las obligaciones del contrato a celebrar tienen relación directa con el objeto, misión y funciones de la entidad ejecutora.

En aras de garantizar los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, en aquellos eventos en que para la celebración del respectivo contrato interadministrativo a suscribir se evidencie la existencia de pluralidad de oferentes públicos con capacidad para el desarrollo del objeto contractual en igualdad de condiciones se deberá seguir el siguiente procedimiento:

Procede en los términos del Decreto 591 de 1991 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.

2.4.2.3. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes literal g) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Artículo 81 del Decreto 2474 de 2008.

Procede únicamente en los siguientes casos:

A) Cuando no exista más de una persona inscrita en el Registro Único de Proponentes -RUP.

B) Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.

Es preciso que la dependencia solicitante de la contratación manifieste de manera clara y precisa dicha circunstancia en el estudio y documentación previa y que anexe como soporte del mismo la prueba documental que acredite al contratista como proveedor único y exclusivo (registros de propiedad o de autoría intelectual). Si el proveedor es extranjero, dicho documento debe estar apostillado.

2.4.2.4. Contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas Literal h del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Artículo 82 del Decreto 2474 de 2008.

Se debe anotar que las actividades a realizarse por medio de los contratos derivados de esta modalidad de selección directa, son eminentemente intelectuales y diferentes a las de consultoría.

La dependencia solicitante debe aportar la constancia escrita suscrita por el Ordenador del Gasto de las condiciones de idoneidad del contratista, previa certificación del jefe de la dependencia solicitante.

La tarjeta profesional, matrícula o licencia correspondiente, según el caso, excluye la presentación de los certificados, diplomas, grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes.

"Experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo". (art. 1° D. 4476-07).

Experiencia relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos, contratos o actividades que tengan funciones u obligaciones similares a las requeridas en el objeto u obligaciones a contratar.

b) Cuando la persona que se pretende contratar ha suscrito contratos de prestación de servicios, debe anexar certificación expedida por la autoridad competente en la que se indique entre otros el nombre o razón social de la entidad o empresa, NIT, No. de contrato, objeto, duración y si es posible las obligaciones y productos, cuando del objeto del contrato no se pueden determinar las condiciones específicas de experiencia en concordancia con el objeto a contratar.

c) Cuando no es posible anexar la certificación señalada en el literal anterior, es viable presentar copia de los contratos de prestación de servicios con su respectiva acta de liquidación.

d) En caso de que el futuro contratista haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente, puede presentar una declaración clara, concreta y precisa en la que indique el nombre o razón social de la entidad o empresa en la que prestó sus servicios, clase de vinculación, objeto de labor realizada, cargo desempeñado, tiempo de servicio, funciones desempeñadas o en su defecto las obligaciones y productos, según el caso.

Para la contratación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, la persona natural aspirante a ser contratada deberá allegar los siguientes documentos:

1. Formato Único de Hoja de Vida (Formato DAFP).

2. Soportes académicos (diplomas, actas de grado, certificaciones educativas) y/o laborales (certificaciones, contratos), reportados en la hoja de vida que demuestren la capacidad y/o idoneidad del contratista.

3. Formato de declaración de bienes y rentas – DAFP.

4. Tarjeta profesional (en caso de estar reglamentado el ejercicio de la profesión).

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

6. Libreta Militar, si a ello hubiere lugar.

7. Certificados de antecedentes judiciales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.

8. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la República. *

9. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura (en caso de ser abogado).

10. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. *

11. Certificación o documento mediante el cual se demuestre estar afiliado como independiente en el sistema de seguridad social en salud.

12. Certificación o documento mediante el cual se demuestre estar afiliado como independiente en el sistema de seguridad social en pensiones.

13. Manifestación en la que se indique que el contratista no está incurso en alguna(s) de las causales de inhabilidad consagradas en el estatuto de contratación administrativa.

14. Registro Único Tributario (RUT).

15. Certificación de cuenta bancaria y autorización para consignar.

16. En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 8° del Decreto 2474 de 2008, tratándose de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se publicará en el Secop la siguiente información:

a) El contrato;

b) Adiciones;

c) Modificaciones;

d) Suspensiones;

e) Sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución del contrato o con posterioridad;

f) Acta de liquidación de mutuo acuerdo o acta de liquidación unilateral.

En los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión se pactará el reconocimiento de gastos de desplazamiento y permanencia, de acuerdo con la Resolución 1663 de 2010.

El Profesional del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, que tenga a cargo el proceso precontractual deberá verificar e imprimir los documentos de los ítems 7, 8, 9 y 10.

En todo caso los profesionales deben acreditar los requisitos para el ejercicio de su profesión de acuerdo con las normas que regulen la respectiva disciplina.

2.4.2.5. Contratación directa para arrendamiento o adquisición de inmuebles literal i) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Artículo 83 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 4° del Decreto 3576 de 2009.

Para la celebración de contratos de arrendamiento, la entidad puede contratar tomando como única consideración las condiciones del mercado, sin que se requiera obtener previamente varias ofertas, para lo cual debe realizar un análisis en los estudios y documentación previa, a efectos de establecer las condiciones de mercado.

En relación con la adquisición de bienes inmuebles, el área que requiera la contratación debe solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a quien se encuentre registrado en el Registro Nacional de Avaluadores, un avalúo comercial que sirva como la base de negociación y debe contar con un estudio y documentación previa que señale las diversas alternativas que se encuentran en el sector de la cual se debe escoger la de menor costo.

2.4.2.6. Contratación con organismos internacionales. Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 85 del Decreto 2474 de 2008.

La contratación de este tipo es tratada según lo dispuesto por las normas vigentes sobre la materia en cuanto a la posibilidad de aplicar las normas del organismo de cooperación, ayuda o asistencia internacional; en todo caso, siempre son aplicables los principios de la Contratación de la Administración Pública y de la Función Administrativa.

Para este caso, la dependencia solicitante tiene que verificar si es viable la aplicación de la normatividad del organismo internacional para la contratación, la cual resulta procedente si la financiación del convenio por parte del organismo es igual o supera en un 50% del valor total de la contratación, o, en caso de que el objeto se ajuste a la descripción del inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, "...el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; contratos y convenios necesarios para la operación de la OIT; contratos y convenios que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de alimentos; contratos y convenios para el desarrollo de programas de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la UNESCO y la OIM; los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades".

Siempre se debe tener en cuenta que los organismos internacionales de cooperación, ayuda o asistencia, son personas de derecho público internacional, que operan de acuerdo con tratados y convenios internacionales entre países y no se pueden confundir con personas, empresas o instituciones educativas que no tienen domicilio en Colombia.

Por regla general este será el procedimiento a realizar para la contratación directa:

CAPÍTULO III

Los contratos que celebre la Supersalud se perfeccionarán cuando se logre acuerdo sobre el objeto del contrato y la contraprestación elevado a un documento escrito, suscrito por las partes y el respectivo registro presupuestal por parte del competente.

Para la ejecución de los contratos se requiere la aprobación, por parte de la Supersalud de la Garantía Única de Cumplimiento constituida por el contratista. En aquellos casos en los que el estudio así lo prevea, es necesario suscribir un acta para efectos de iniciar la ejecución contractual.

Igualmente, para la ejecución, el contratista debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando esto corresponda.

La ejecución del contrato corresponde al período dentro del cual se deben cumplir las prestaciones asumidas por las partes en la correspondiente minuta contractual, donde la Entidad tiene la obligación de vigilar, mediante el ejercicio y actividad que desarrolla el supervisor y/o interventor el cumplimiento idóneo y oportuno del contrato.

Los contratos se legalizan con la cancelación de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación Pública, si a estos hubiere lugar.

A continuación se indican los aspectos que deben contener las minutas contractuales que suscriba la Supersalud.

En la parte inicial del contrato han de identificarse plenamente las partes que lo celebran, esto es, en caso de ser persona jurídica, identificación del Representante Legal de la Entidad o a quien se delegó esta facultad, identificación del contratista, matrícula y su correspondiente NIT; en caso de ser persona natural, nombre e identificación del contratista con su número de cédula.

Indica de manera sucinta el motivo que conlleva a la Administración a la adquisición del bien o servicio, así como la causal de contratación directa invocada, o la resolución de adjudicación, cuando proviene de procesos adelantados por convocatoria pública, entre otros aspectos.

Es la descripción clara, detallada y precisa de los bienes o servicios que requiere la Entidad, este debe ser lícito, física y jurídicamente posible.

Se debe señalar el valor del contrato, de conformidad con los soportes técnicos y económicos contenidos en los estudios y documentación previa según lo indicado por la dependencia solicitante en el documento de condiciones del contrato.

El valor debe incluir todos los costos que implique la adecuada ejecución del objeto y obligaciones del contrato, tales como: honorarios (debe tenerse en cuenta para la contratación de prestación de servicios profesionales, la tabla de honorarios de la Superintendencia Nacional de Salud); gastos de viaje; variaciones de tasa de cambio; inflación; impuestos, tasas, contribuciones, pagos parafiscales establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal; costos de importación o exportación; seguros y garantías; costos de transporte y de instalación; utilidades, administración e imprevistos y demás costos directos o indirectos necesarios para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales.

Cuando se trate de un contrato con valor indeterminado, debe establecerse con claridad los criterios precisos para establecer el valor final del mismo.

Para fijar las modalidades de pago debe tenerse en cuenta la duración, los plazos de entrega de los bienes o servicios adquiridos, así como la disponibilidad de recursos en el PAC y el tiempo mínimo con el que se debe enviar la solicitud a la coordinación de contratación de bienes y servicios. Respecto de los pagos anticipados y anticipos, se encuentran restringidos, salvo que exista una causa justificada (Directivas Presidenciales No. 4 y 12 de 2003); en este caso, estos no pueden exceder el 50% del valor total del contrato y su desembolso debe estar sujeto al cumplimiento de requisitos claramente definidos.

A continuación se señalan algunos términos que deben tenerse en cuenta para la cláusula de forma de pago:

Aportes (para convenios de cooperación): se utiliza este término en los convenios de cooperación, y hace referencia al esfuerzo que realiza cada entidad, puede consistir en dinero, bienes y servicios, que las partes contratantes acuerdan entregar, los mismos deben estar debidamente discriminados y cuantificados por cada una de las partes.

3.2.6 Plazo de Ejecución: es el período de tiempo que transcurre entre el cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta la fecha límite prevista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Dicho plazo debe corresponder al principio de anualidad y a lo señalado en las disposiciones legales vigentes relacionadas con los asuntos presupuestales, en cuanto a que el bien o servicio debe ser entregado a satisfacción antes de terminar la vigencia fiscal.

Plazo y sitio de entrega: por lo general se presenta en los contratos de compraventa y suministro, en los que de manera clara, precisa y concreta se debe señalar el término de ejecución y el lugar donde debe entregarse el bien.

Se debe determinar el lugar o sede principal donde se desarrollarán las actividades necesarias para la ejecución del contrato, señalando si el contratista debe ejecutar sus actividades en la sede de la Entidad o fuera de ella y si debe desplazarse a otras ciudades e indicar las mismas.

Precisar las obligaciones contractuales que debe cumplir el contratista. Para determinarlas se recomienda usar verbos conjugados en infinitivo, tales como: realizar, ejecutar, analizar, entregar, suministrar, entre otros.

En el caso particular de los contratos de obra pública, adicionalmente, debe establecer la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, relacionada con la contribución del cinco por ciento (5%) sobre el valor total del contrato o la adición que se suscriba. Para efectos del reporte de dicha información al Ministerio del Interior y de Justicia – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tal actividad está a cargo de la Supersalud a través de la supervisión y en coordinación previa con el Grupo de Tesorería.

Toda la información que pueda conocer, manejar o desarrollar el/la contratista, durante la vigencia del contrato y hasta su liquidación es de carácter confidencial e intransferible, salvo que sea calificada como pública por la parte de la Supersalud. La información confidencial sólo puede ser utilizada para el propósito de cumplir a cabalidad con el servicio contratado, quedándole prohibido el/la contratista que la recibe, compartirla con terceros. La violación a esta cláusula y/o la ejecución de acciones en contra de los Sistemas Informáticos de la Entidad pueden ser consideradas conductas punibles de acuerdo con la Ley 1273 del 5 de enero de 2009.

Con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el/la contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a la Supersalud por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Todos los contratos deben tener una cláusula de indemnidad en la que se pacte la obligación del contratista de mantener libre a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen en los estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias en que este deberá ejecutarse, no se requiere la inclusión de dicha cláusula, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 931 de 2009.

Precisa las obligaciones correlativas que nacen para la Entidad con la suscripción del contrato, tales como realizar el pago de los bienes o servicios recibidos, entregar bienes o información al contratista para la ejecución del objeto, supervisar la ejecución del contrato, entre otras.

Estos deben tener relación directa con el objeto y las obligaciones. Los productos deben ser específicos, y de igual forma vinculados a los pagos a realizar durante la ejecución del contrato. Los informes de avance y ejecución que debe presentar el contratista para efectos de pago no se entienden como productos.

El contratista conforme lo señalado por los Decretos 4828 de 2008 y 490 de 2009, y demás normatividad relacionada, debe aportar una garantía que ampare los posibles riesgos que genere la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El cubrimiento de los riesgos se determina de conformidad con las obligaciones, naturaleza y objeto del contrato, así:

Todos los contratos en que la Superintendencia Nacional de Salud sea contratante y, aquellos en que actúe como contratista frente a otra entidad del Estado Colombiano, debe contar con una cláusula en la que conste la disponibilidad de recursos que amparen la contraprestación económica del contrato; para lo cual debe precisar en el mismo, el número del certificado de disponibilidad presupuestal, la fecha de expedición, objeto y el valor del mismo y/o el número de oficio de autorización de cupo de vigencias futuras.

Debe determinarse el o los responsable de ejercer la supervisión y/o Interventoría del contrato, según el caso; en aras de una mayor agilidad en la designación, se sugiere que el área técnica indique quién cumple dicha función indicando el cargo correspondiente, sin la inclusión de nombres propios.

El contrato se liquida de común acuerdo entre las partes, procedimiento que se realiza dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. La liquidación se efectúa mediante acta en la cual se describen en forma detallada las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados. El acta de liquidación es suscrita por las partes, previo visto bueno del supervisor. En aquellos casos en que el/la contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tiene la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma puede ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o unilateralmente.

Esta etapa puede iniciar con el perfeccionamiento del contrato, con la aprobación de la garantía por parte de la Superintendencia Nacional de Salud o con la suscripción de Acta de Inicio; en cualquiera de los eventos se requiere previamente el registro presupuestal y dentro de la minuta debe señalarse expresamente en cuál de las situaciones enunciadas se da comienzo a la ejecución del plazo.

Vale la pena resaltar que el registro presupuestal del contrato debe hacerse por el valor total del mismo, para tal efecto, es indispensable que dentro de los estudios previos aportados por las áreas, se incluya en el caso de existir más de un certificado de disponibilidad presupuestal, la discriminación de la suma que sea afectada con cargo a cada uno de dichos certificados, hasta llegar al monto total de la contratación.

Durante la ejecución de los contratos que suscriba la Supersalud se pueden presentar modificaciones, adiciones, prórrogas o aclaraciones; sin embargo, estas en ningún caso pueden variar el objeto contractual.

Las modificaciones, adiciones, prórrogas o aclaraciones de los contratos solamente proceden cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las funciones en desarrollo de los programas, planes, proyectos de competencia de la Supersalud. Para el efecto el supervisor y/o interventor del contrato, con el visto bueno del Coordinador o Director del área que presentó la solicitud de contratación, lleva a cabo el respectivo trámite ante el Ordenador del Gasto con mínimo quince (15) días de anticipación a la fecha en que se requiera suscribir el documento. Dicha solicitud debe estar debidamente justificada y acompañada de todos los soportes a que haya lugar.

3.3.1.1. Adiciones. Se presentan cuando se incrementa el valor inicialmente pactado del contrato, previamente se debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y reporte en el Plan de Compras de la Entidad. La adición no puede ser superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, expresado en salarios mínimos mensuales legales (artículo 40 de la Ley 80 de 1993).

3.3.1.4. Modificaciones. Se presentan cuando es necesario cambiar cualquier otro aspecto del contrato como obligaciones o actividades. El objeto del contrato es inmodificable.

Para efectos de las adiciones, prórrogas, aclaraciones y modificaciones, se debe remitir los soportes de cumplimiento en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y obligaciones parafiscales del contratista (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) a la fecha en que se solicita la adición, prórroga, modificación o aclaración, adjuntando el respectivo informe detallado del estado de ejecución del contrato y la justificación firmada por el supervisor o interventor.

Durante el desarrollo del contrato se pueden presentar hechos y circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, interés y conveniencia mutua e interés público, en que las partes pueden de mutuo acuerdo y por escrito pactar la suspensión del contrato.

En todo caso el contratista debe ajustar la vigencia de las garantías por el término de la suspensión.

Para el efecto, el contratista y el interventor y/o supervisor deben manifestar dicha situación al Ordenador del Gasto, indicando el término exacto de suspensión. Vencido este se debe suscribir documento en el que conste el reinicio de la ejecución del contrato.

Se debe tener presente que la finalidad de la contratación de bienes y servicios es satisfacer las necesidades públicas, cumplir la misión y función institucional, por tal razón, solamente y por excepción se suspenden los contratos.

Esta se presenta cuando una de las partes del contrato es sustituida por un tercero. La sustitución respecto de las obligaciones contractuales puede ser total o parcial. Siempre se requiere la autorización previa, expresa y escrita de la Supersalud.

Para el efecto, el cesionario debe tener, iguales o superiores calidades y condiciones que el cedente.

Para el efecto la Superintendencia deberá designar o contratar la supervisión o interventoría de los contratos que celebre la entidad cualquiera que sea su naturaleza a personas con acreditados conocimientos técnicos o especializados que se relacionen con el objeto contractual, preferiblemente con experiencia en la intervención de objetos relacionados al que se le va a designar, con el fin de que res realice la vigilancia, cuidado, control, seguimiento, verificación y evaluación de los bienes, servicios u obra contratados.

La designación de las labores de interventoría y supervisión recaerá en la persona señalada en el respectivo contrato o memorando para tal fin, quien desarrollará su labor de conformidad con las obligaciones contenidas en la normatividad vigente y el presente manual.

La persona designada como interventor y/o supervisor deberá tener acreditados conocimientos técnicos o especializados que se relacionen con el objeto contractual, preferiblemente con experiencia en la intervención de objetos relacionados al que se le va a designar.

Podrán ser designados como supervisores los siguientes funcionarios:

– Superintendentes Delegados.

– Secretario General.

– Directores.

– Jefes de Oficina.

– Coordinadores.

– Asesores.

El Coordinador del Grupo de Contratación de Bienes y Servicios de la Superintendencia Nacional de Salud comunicará al supervisor su designación por escrito, indicándole las obligaciones correspondientes.

Las personas que sean designadas como interventores y/o supervisores de los contratos que celebre la Superintendencia Nacional de Salud, tendrán las siguientes obligaciones, responsabilidades y atribuciones de acuerdo con el rol asignado:

1. Efectuar la vigilancia, cuidado, control, seguimiento, verificación y evaluación de los bienes, servicios u obra contratados de conformidad con lo señalado en los estudios previos, pliegos de condiciones, el contrato, la propuesta, cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato, desde su inicio hasta la suscripción del acta de liquidación bilateral o ejecutoria de la resolución de liquidación unilateral.

10. Presentar al ordenador del gasto, como mínimo con dos (2) días de anticipación, la solicitud de desplazamiento del contratista, en los casos en que dicha situación haya quedado plasmada en el contrato, la cual deberá efectuarse en el (Formato Anexo 4), anexo a la presente resolución.