Este concepto se recoge en el artículo 366 de la CP que dice: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".

b) El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores - derechos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. Citado en Corte Constitucional, Sent. T-406 de 5 de junio de 1992, MP. Ciro Angarita Barón. Resaltado en el texto".

"Los objetivos que se buscan a través de las actividades de inspección, vigilancia y control, por parte de la citada Superintendencia son: la eficiencia en la obtención, aplicación y utilización de todos los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud, como la oportuna y adecuada liquidación, recaudo, giro, transferencia, cobro y utilización de los mismos; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas del sector salud; la cabal, oportuna y eficiente explotación de los arbitrios rentísticos que se obtengan de los monopolios de loterías, beneficencias que administren loterías, sorteos extraordinarios, apuestas permanentes y demás modalidades de juegos de suerte y azar; y la adopción de medidas encaminadas a permitir que los entes vigilados centren su actividad en la solución de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento adecuado de las mismas.

(…)

Si a los sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Salud se les imponen unos deberes y obligaciones por parte de esa entidad con el único fin de lograr la eficiencia, calidad, oportunidad y permanencia en la prestación del servicio público de salud, resulta apenas obvio, que se le autorice a esa misma entidad para imponer sanciones de naturaleza administrativa a quienes no cumplan sus mandatos, como medio de coerción ideado por el legislador, que se muestra razonable y proporcionado para ese fin.

Los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución tienen como finalidad preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad de la persona priman sobre las meras consideraciones de la eficacia de la administración.

Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor la posibilidad de "manipular" -mediante la instrumentación personificada- el ejercicio del poder.

"El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones".

"Artículo. 230. Régimen sancionatorio. La Superintendencia Nacional de Salud, previa solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las normas contenidas en los artículos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, por una sola vez, o en forma sucesiva, multas en cuantía hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía.

El certificado de autorización que se le otorgue a las empresas promotoras de salud podrá ser revocado o suspendido por la superintendencia mediante providencia debidamente motivada, en los siguientes casos:

1. Petición de la entidad promotora de salud.

2. Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorización.

3. Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de autorización.

4. Cuando la entidad ejecute prácticas de selección adversa.

5. Cuando se compruebe que no se prestan efectivamente los servicios previstos en el plan de salud obligatorio.

Parágrafo 1°. El Gobierno reglamentará los procedimientos de fusión, adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a que hace referencia la presente ley, protegiendo la confianza pública en el sistema.

Parágrafo 2°. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia respecto de las entidades promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica". (Subrayado y negrilla nuestra).

"(...) La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos.

"La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento (...)".

Con el propósito de que se adopten las medidas concernientes, la Superintendencia Nacional de Salud, comunicará la decisión administrativa correspondiente".

"Artículo 124. Eje de Acciones y Medidas Especiales. El numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, quedará así:

"5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación".

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público;

b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas;

d) Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en adecuadas condiciones de seguridad y transparencia;

e) Promover la libre competencia y la eficiencia por parte de las entidades que tengan por objeto desarrollar dichas actividades;

f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o indirectamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva concentración del riesgo;

g) Proteger y promover el desarrollo de las instituciones financieras de la economía solidaria;

h) Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo de institución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de acuerdo con la naturaleza propia de sus operaciones.

i) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que los recursos de pensión obligatoria del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y los recursos que financien las pensiones de retiro programado en este régimen estén invertidos en Fondos de Pensiones que consideren las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados, con el objetivo de procurar la mejor rentabilidad ajustada por riesgo para brindar las prestaciones previstas en la ley a favor de los afiliados.

j) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Promover en los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, de tal manera que les permita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régimen, así como de los efectos de seleccionar entre los diferentes Fondos de Pensiones disponibles.

k) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que el esquema de comisiones de administración de los recursos de los Fondos de Pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las administradoras, que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios administrados, así como el recaudo de aportes.

l) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que los recursos de los Fondos de Cesantías se inviertan en portafolios de inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de permanencia de tales recursos en dichos fondos.

m) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la prestación de servicios financieros y de seguros en territorio colombiano a través de sucursales de entidades del exterior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el país y la estabilidad del sistema.

n) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Promover el acceso a servicios financieros y de seguros por parte de la población de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa.

o) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas y las autoridades que ejercen la intervención del Estado en el sector financiero, implementen mecanismos encaminados a lograr una adecuada educación sobre los productos, servicios y derechos del consumidor financiero.

p) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de Consumidores Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.

Parágrafo. El Gobierno Nacional ejercerá las facultades que le otorga esta ley con base en el principio de la economía y preservando la estabilidad en la regulación". (Subrayado y negrilla nuestra).

b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria;

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios;

d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria debidamente expedidas;

e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley;

f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y

g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

i) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en el artículo 80 de este Estatuto;

j) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados.

k) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida por la Superintendencia Bancaria, y

l) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la Superintendencia Bancaria.

2. <Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos:

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado;

<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tratándose de las entidades aseguradoras, se entenderá configurada esta causal por defecto del fondo de garantía.

b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i)". (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

"Artículo 22. El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:

La toma de posesión conlleva:

a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en cualquier momento por el agente especial;

b) La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo del revisor fiscal será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En el caso de liquidación Fogafín podrá encomendar al revisor fiscal el cumplimiento de las funciones propias del contralor;

c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona antes mencionada;

f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superintendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina continuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan;

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión.

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva;

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles.

2. Término. Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables, contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que aquel seguirá con el fin de lograr el cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los plazos para el pago de los créditos. Dicho programa podrá ser modificado cuando las circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores y la entidad objeto de la toma de posesión.

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superintendencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad a los accionistas.

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá exceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, por un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad". (Subrayado y negrilla nuestra).

"9. Facultades y deberes del liquidador. (…)

"h. Ejecutar todos los actos necesarios para conservación de los activos y archivos de la intervenida;"

"(…)"

"ARTÍCULO 9.1.1.1.1 TOMA DE POSESIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 Artículo 1°.> De conformidad con el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por la Superintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual por dicha entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín.

Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte las medidas previstas en el inciso tercero del artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999.

El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia dispondrá las siguientes medidas preventivas:

1. Medidas preventivas obligatorias.

a) La inmediata guarda de los bienes de la institución financiera intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la cámara de comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus sucursales; y, si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;

c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín para que proceda a nombrar el agente especial;

d) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006;

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al agente especial, so pena de nulidad;

f) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos que dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a continuación:

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la institución financiera intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la institución financiera intervenida a solicitud elevada sólo por el agente especial mediante oficio.

Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; así como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión;

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la institución financiera intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

i) La advertencia de que el agente especial está facultado para poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa, especialmente las previstas en el presente Libro;

j) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al agente especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;

l) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la toma de posesión.

2. Medidas preventivas facultativas. El acto administrativo podrá disponer también las siguientes medidas:

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administración y dirección así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la Superintendencia Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín;

b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar esta medida posteriormente.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos y especialmente para los previstos en el literal n) del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del representante legal de la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la toma de posesión.

Parágrafo 2°. (Modificado por el D. 1456/07 artículo 11). En desarrollo de la facultad de suspender los pagos, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la situación de la entidad y las causas que originaron la toma de posesión, podrá disponer, entre otras condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado tipo de obligaciones en particular y/o hasta por determinado monto, en todo caso, deberán cumplirse las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores antes de la toma de posesión, cuyas órdenes de transferencia hubieren sido aceptadas por el respectivo sistema de compensación y liquidación, con anterioridad a la notificación de la medida a dicho sistema. Así mismo, podrán cumplirse las operaciones realizadas en el mercado de valores cuyas órdenes de transferencia no hubieren sido aceptadas por un sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, cuando, a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida. La Superintendencia Financiera de Colombia deberá notificar personalmente la medida de toma de posesión, de manera inmediata, a los representantes legales de las entidades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de valores en los cuales actúe como participante la entidad intervenida.

En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.5 del presente decreto.

Parágrafo 3°. Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad la Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma debe ser liquidada, podrá disponer la liquidación en el mismo acto.

ARTÍCULO 9.1.1.1.2 MEDIDAS DURANTE LA POSESIÓN.

1. De acuerdo con el numeral 10 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, las medidas que adopte la Superintendencia Financiera de Colombia para colocar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, u otras operaciones dirigidas a lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias podrá incluir además de las previstas en dicho numeral, otros institutos de salvamento de la confianza pública consagrados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y normas complementarias, así como la entrega de la entidad a los accionistas previa suscripción de compromisos específicos, y/o aquellas que determine la entidad de vigilancia y control.

2. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación, podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) Podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspectos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario;

b) Los acuerdos serán aplicables a todos los acreedores cuando hayan sido aprobados con la mayoría prevista en el literal anterior;

c) Para la aceptación de fórmulas de adjudicación, los acreedores podrán votar en asambleas presenciales o mediante voto escrito enviado por correo o por cualquier otro mecanismo. Para tal efecto el liquidador remitirá las propuestas de pago o fórmulas de adjudicación a la última dirección registrada por los acreedores;

d) La entrega de bienes a título de dación en pago podrá ser objeto de los acuerdos de acreedores.

3. Las operaciones realizadas antes de la toma de posesión por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores deberán ser cumplidas en el plazo acordado, siempre que se trate de operaciones cuyas respectivas órdenes hayan sido aceptadas para su compensación y liquidación.

Las garantías que respaldan estas operaciones se harán efectivas conforme a las reglas previstas para la compensación y liquidación o para el depósito de valores, así como a las disposiciones aplicables al acto jurídico mediante el cual se constituyeron, por lo que para hacerse efectivas no deberán sujetarse a procedimientos de reconocimiento de créditos o a cualquier otro acto jurídico de naturaleza similar.

Si de la ejecución del negocio jurídico para asegurar las obligaciones y cumplidas estas en su totalidad queda algún remanente, este deberá ponerse a disposición de la entidad objeto de la toma de posesión.

En el caso de títulos depositados en depósitos de valores, las anotaciones en cuenta correspondientes a derechos y garantías, así como los bienes sobre los cuales recaen tales derechos no formarán parte de la masa de la liquidación, en caso de que esta se decida.

4. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín en desarrollo de la facultad consagrada en el numeral 11 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 59 de la Ley 795 de 2003, designará en los mismos términos en que efectúa la designación y posesión del representante legal principal, al funcionario de la entidad intervenida que tendrá la representación legal frente a las ausencias temporales o definitivas del principal. Para dichos efectos, el Fondo evaluará previamente tanto la idoneidad profesional como personal del respectivo funcionario, cuya remuneración no será modificada como consecuencia del ejercicio de la representación legal o de la designación, la cual deberá registrarse ante la cámara de comercio del domicilio de la intervenida.

5. Ante la necesidad de proteger los activos y evitar su pérdida de valor, se podrá proceder a la enajenación de los mismos, para cuyo efecto, se seguirá el procedimiento previsto en el presente Libro para la enajenación de activos en caso de urgencia.

ARTÍCULO 9.1.1.1.3 CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE TOMA DE POSESIÓN.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 3°.> De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente Financiero de Colombia y si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por un aviso que se fijará por un día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social.

Las medidas cautelares y la toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Financiera de Colombia, serán de aplicación inmediata.

Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte se publicará por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, capítulo de la Superintendencia Financiera de Colombia y se divulgará a través de los mecanismos de información electrónica de que disponga la Superintendencia.

ARTÍCULO 9.1.1.1.4 INVENTARIO EN LA TOMA DE POSESIÓN.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 4°.> Dentro del mes siguiente a la fecha en que el Superintendente Financiero de Colombia haya tomado posesión de una entidad vigilada, el agente hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la misma. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia Financiera de Colombia".

"(…)".

"ARTÍCULO 9.1.1.2.1 COMPETENCIA DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 5°.> Mientras no se disponga la liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza del agente especial. El agente especial podrá actuar como liquidador.

ARTÍCULO 9.1.1.2.2 NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 6°.> De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

El agente especial deberá tomar posesión ante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín y la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de dar la publicidad correspondiente la designación y las posesiones deberán inscribirse en la cámara de comercio del domicilio principal de la entidad y en las demás ciudades en las cuales la misma tenga sucursales. Sin perjuicio del deber de cumplir con la inscripción en la cámara de comercio, tanto el agente especial como el revisor fiscal asumirán las respectivas funciones a partir de la posesión de los respectivos cargos.

En la medida en que los agentes especiales deben posesionarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín deberá designar como agente especial, personas que se encuentren en posibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad de vigilancia y control, para dar posesión a los administradores de entidades financieras sometidas a su vigilancia.

ARTÍCULO 9.1.1.2.3 SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 7°.> De conformidad con el artículo 291 numeral 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- Fogafín realizar el seguimiento de la actividad del agente especial, sin perjuicio de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad intervenida, mientras no se disponga su liquidación.

ARTÍCULO 9.1.1.2.4 FUNCIONES DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 8°.> Corresponde al agente especial la administración general de los negocios de la entidad intervenida. Las actividades del agente especial están orientadas por la defensa del interés público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y depositantes de la entidad intervenida. El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades:

1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos pertinentes para el desarrollo del objeto social.

2. Si es del caso, separar en cualquier momento los administradores y directores de la intervenida que no hayan sido separados por la Superintendencia Financiera de Colombia en el acto que ordenó la toma de posesión.

3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo señalado en el numeral 19 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.

4. Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la entidad intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos.

5. Administrar los activos de la intervenida.

6. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

7. Continuar con la contabilidad de la entidad.

8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad.

9. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan contra los administradores, revisor fiscal y funcionarios de la intervenida.

10. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín la información que las entidades requieran.

11. Si es el caso, impetrar las acciones revocatorias de que trata el numeral 7 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el inciso primero del artículo 27 de la Ley 510 de 1999, y

12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y representante legal de la entidad.

Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la ley específicamente exige tal autorización.

ARTÍCULO 9.1.1.2.5 CONTRATACIÓN.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 9°.> Para el cumplimiento de las finalidades de la toma de posesión, las entidades intervenidas podrán contratar entre sí la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, así como celebrar convenios con el mismo fin o contratos de mandato con terceros."

"(…)"

"ARTÍCULO 9.1.1.3.1 INTEGRACIÓN DE LA JUNTA ASESORA DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 10> De conformidad con el artículo 291, numeral 5 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, el Agente Especial podrá contar con una junta asesora con representación de los acreedores, si así lo determina la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dicha junta, de acuerdo con la información que reposa en los estados financieros de la intervenida, estará integrada por los cinco (5) mayores acreedores de la entidad. El nombramiento de los miembros de la junta asesora corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín de acuerdo con la información que para tal propósito ha de proporcionarle el agente especial.

Si alguno de los acreedores a quienes correspondía integrar la junta asesora de acuerdo a los criterios anteriormente señalados declina su nombramiento, se procederá a nombrar el acreedor que siga en orden dentro de los criterios anteriormente establecidos.

ARTÍCULO 9.1.1.3.2 REUNIONES DE LA JUNTA ASESORA DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 11> La junta asesora del agente especial se reunirá al menos una vez al mes por convocación de este último. La junta podrá sesionar y decidir válidamente con la participación de mínimo tres de sus integrantes. Cuando uno de los integrantes de la junta asesora deje de asistir a tres (3) sesiones convocadas por el agente especial, se procederá a reemplazarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 9.1.1.3.3 FUNCIONES DE LA JUNTA ASESORA DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 12> La junta asesora del agente especial tiene la función básica de asesorar al agente especial en todos los asuntos concernientes a la marcha de la entidad financiera. En especial la junta asesora cumplirá las siguientes funciones:

a) Revisar con anterioridad al traslado a los acreedores, las cuentas comprobadas presentadas por el agente especial;

b) Dar concepto sobre los estados financieros;

c) Asesorar al agente especial, cuando este se los solicite, en cuestiones relacionadas con su gestión, y

d) Requerir al agente especial para que presente las cuentas comprobadas de su gestión cuando este se abstenga de hacerlo.

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Junta Asesora no son de obligatorio cumplimiento para el Agente Especial.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Junta Asesora están obligados a guardar reserva sobre los diferentes asuntos que conozcan en razón de su función".

"(…)"

"ARTÍCULO 9.1.2.1.1 POSESIÓN PARA ADMINISTRAR.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 13> En el evento en que la Superintendencia Financiera de Colombia, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín, dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la toma de posesión, prorrogables por el mismo plazo, determine que la entidad puede desarrollar su objeto social conforme a las reglas que lo rigen, o pueden adoptarse otras medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus créditos, expedirá la resolución disponiendo la administración de la entidad, en la cual también se ordenará dar aviso al público mediante publicación en un lugar visible en las oficinas de la institución intervenida por un término de siete (7) días hábiles, así como la publicación por una (1) vez en un diario de amplia circulación nacional, de un aviso informando sobre la expedición de la medida. Si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por aviso que se fijará por un (1) día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de la intervenida.

Sin perjuicio del momento en que se decida la posesión para administrar, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente decreto. Las medidas previstas en el artículo 9.1.1.1.2 de este decreto podrán ser aplicadas inclusive mientras la entidad permanezca en posesión para administrar.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Para la elaboración del concepto de que trata el presente artículo, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín solicitará al agente especial, un plan sobre las medidas que resulten procedentes y demás información necesaria para la elaboración del concepto.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia solicitará al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín la presentación del programa que se seguirá con el fin de lograr el cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los plazos para el pago de los créditos. Dicho programa podrá ser modificado cuando las circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Financiera de Colombia y a los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores y la entidad objeto de toma de posesión.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –Fogafín- deberá presentar el programa de que trata el presente artículo, máximo dentro de un término de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la resolución de la Superintendencia Financiera de Colombia disponiendo la administración de la entidad.

En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad, Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la institución.

ARTÍCULO 9.1.2.1.2 LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 14> La medida de toma de posesión podrá ser levantada, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- Fogafín, por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante acto administrativo, cuya notificación se sujetará a las normas del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 9.1.2.1.3 RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DEL AGENTE ESPECIAL.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 15> Si la Superintendencia Financiera de Colombia decide levantar la medida de toma de posesión, el agente especial convocará a la asamblea general de accionistas de la Intervenida, a fin de que procedan a nombrar los nuevos directivos y al revisor fiscal.

El agente especial rendirá informe a la asamblea general que para el efecto convoque, en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. La entidad permanecerá bajo la administración del agente especial hasta que el nuevo representante legal se posesione debidamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia".

Parágrafo 1°. Esta medida tiene por objeto que la Superintendencia Nacional de Salud, determine, dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables por el mismo término contados a partir de la toma de posesión, si Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar medidas para que el mismo pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que lo rigen, en observancia del numeral 2 del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, mediante el cual se modificó el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993.

Parágrafo 2°. No obstante lo anterior, por razones de conveniencia y necesidad debidamente comprobadas, la Superintendencia Nacional de Salud, podrá fijar un término adicional, de conformidad con la normatividad vigente.

(…)

Artículo 2°. Designar como Agente Especial de Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo, al doctor Wilson Sánchez Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.503.500 de Bogotá, que para todos los efectos será el representante legal.

Mediante la Resolución número 0186 de marzo 24 de 1995, la Superintendencia Nacional de Salud autorizó el funcionamiento de la Entidad Promotora de Salud SaludCoop, con el fin de organizar y asegurar la prestación del servicio del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados.

Dada la reforma introducida por la Ley 1122 de 2007 a la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, particularmente en relación con el establecimiento de un porcentaje del 30% a la contratación de servicios de salud con la denominada "red propia", para limitar la posición dominante de una EPS en el mercado expresada en la "integración vertical", Saludcoop utilizó mecanismos o vehículos que le permitieron transferir el título jurídico de activos y mantenerlos en la operación a través de diversos mecanismos contractuales. Este esquema, adicionalmente, le permitió reducir su costo administrativo y, por ende, generar indicadores de eficiencia operacional.

Nota: Cruz Blanca EPS forma parte del conglomerado SaludCoop a través de Inversiones Cartagena y Solidaria, sociedades en las cuales SaludCoop posee el 99% de participación social.

Este esquema de inversión empresarial generó, a su vez, un segundo nivel o círculo de "expansión empresarial", el cual se materializó en la adquisición, vía participación accionaria de nuevos establecimientos mercantiles. Esta "dispersión" empresarial de segundo nivel condujo, a su turno, a un tercer nivel de inversión, que se expresa en nuevas dispersiones de inversiones materializadas en diversos instrumentos, p. ej., contratación de servicios.

En suma, conforme con la información recaudada a la fecha, participación en 24 sociedades comerciales, dos corporaciones, una fundación y siete organismos cooperativos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nota: Cruz Blanca forma parte del conglomerado SaludCoop a través de Inversiones Cartagena y Solidaria, en las sociedades en las cuales SaludCoop posee el 99% de participación social. En relación con el manejo empresarial de este conglomerado, conforme con la información recaudada durante el ejercicio de la interventoría, se ha determinado que, como cabeza del conglomerado empresarial, SaludCoop desarrolló un esquema de dirección con el fin de gestionar y controlar directamente la mayor parte de los componentes en el proceso productivo de un modelo de prestación de servicios de salud. Para tal efecto, tal como se ha identificado en los mapas institucionales descritos, SaludCoop adquirió 2 EPS (Cafesalud y Cruz Blanca a través de las sociedades Inversiones Cartagena y Solidaria); estableció una red propia de Clínicas e IPS; estableció unidades de gestión integradas para la principales actividades que impactaban el costo de la atención en salud (medicamentos, dietas hospitalarias, dotación hospitalaria, sistemas de información en salud, mantenimiento equipos médicos, Call Center, auditoría interna, entre otros).De igual manera, la cabeza del conglomerado adoptó un modelo de dirección, consistente en vicepresidencias, gerencias regionales y direcciones nacionales únicas para toda la organización. El conglomerado creó unidades operadoras que suministran a todas las empresas los servicios administrativos requeridos para su funcionamiento v.g. gestión contable, gestión nómina, gestión jurídica, auditoría interna, etc. De igual manera, concentró monopólicamente la designación de gerentes y juntas directivas en la Presidencia de SaludCoop EPS, de manera que tales órganos sólo cumplen la función de gestionar la operación y proponer optimizaciones a los procesos a cargo, los cuales se presentaban para aprobación por la presidencia. En este orden, las vicepresidencias

Nota: Cruz Blanca forma parte del conglomerado SaludCoop a través de Inversiones Cartagena y Solidaria, en las sociedades en las cuales SaludCoop posee el 99% de participación social.

En relación con el manejo empresarial de este conglomerado, conforme con la información recaudada durante el ejercicio de la interventoría, se ha determinado que, como cabeza del conglomerado empresarial, SaludCoop desarrolló un esquema de dirección con el fin de gestionar y controlar directamente la mayor parte de los componentes en el proceso productivo de un modelo de prestación de servicios de salud.

Para tal efecto, tal como se ha identificado en los mapas institucionales descritos, SaludCoop adquirió 2 EPS (Cafesalud y Cruz Blanca a través de las sociedades Inversiones Cartagena y Solidaria); estableció una red propia de Clínicas e IPS; estableció unidades de gestión integradas para la principales actividades que impactaban el costo de la atención en salud (medicamentos, dietas hospitalarias, dotación hospitalaria, sistemas de información en salud, mantenimiento equipos médicos, Call Center, auditoría interna, entre otros). De igual manera, la cabeza del conglomerado adoptó un modelo de dirección, consistente en vicepresidencias, gerencias regionales y direcciones nacionales únicas para toda la organización. El conglomerado creó unidades operadoras que suministran a todas las empresas los servicios administrativos requeridos para su funcionamiento v.g. gestión contable, gestión nómina, gestión jurídica, auditoría interna, etc.

De igual manera, concentró monopólicamente la designación de gerentes y juntas directivas en la Presidencia de SaludCoop EPS, de manera que tales órganos sólo cumplen la función de gestionar la operación y proponer optimizaciones a los procesos a cargo, los cuales se presentaban para aprobación por la presidencia. En este orden, las vicepresidencias cumplen funciones de control bajo las políticas y normas establecidas por la presidencia, generando un funcionamiento concentrado de la organización en la presidente de la EPS. Así mismo, las decisiones que involucraban recursos económicos o creación de nuevos cargos, se reservaron como potestad exclusiva de la presidencia, mientras que decisiones operativas se asignaron a la vicepresidencia respectiva. Igualmente, la presidencia definía los parámetros de contratación de algún servicio (por ejemplo red prestadora, mantenimientos locativos o servicios públicos) y delegaba en la vicepresidencia la administración operativa del proceso. De esta manera, todas las empresas desarrollaron su unidad de propósito y de gestión, en función de las directrices expuestas por la Presidencia Ejecutiva directamente o a través de las vicepresidencias respectivas.

Con lo anterior, se estandarizaron los procesos y procedimientos de tal forma que se sujetarán a las políticas, condiciones y parámetros fijados por la presidencia, cualquiera que fuera la empresa del grupo que lo requiriera. Así por ejemplo, el proceso de vinculación de personal es estándar para el conglomerado, bajo el mismo sistema de información como herramienta y la misma directriz presidencial. Finalmente, este modelo generó una "especialización de las empresas" bajo un único esquema de administración proveniente de las directrices emanadas de la presidencia de la EPS.

En cuanto a cubrimiento, SaludCoop cuenta con 13 regionales que aseguran su presencia en 522 municipios del país, esto es, en el 50% del territorio nacional.

Conforme con el Informe de Gestión SaludCoop 2010, a cierre 2010, la EPS reportó ingresos operacionales por un monto total de $2.3 billones de pesos, registrando un incremento de 8,30% respecto de los ingresos generados con corte a 2009 ($2.2 billones de pesos).

Este ingreso operacional 2010 generó un margen bruto del 8,82% acumulado. A su turno, el costo por la prestación del servicio de salud a sus afiliados ascendió a $2.1 billones de pesos, con un incremento del 15.25% respecto del resultado 2009.

Los gastos operacionales de administración representaron el 7.06% del total del ingreso Operacional, registrando un incremento en relación al 2009 (10.96%.). En el gasto operacional, los rubros más significativos son gastos de servicios (30.61%); personal (22.11%), y depreciaciones (12.82%).

El Informe de Gestión SaludCoop 2010 señala la carga de depreciación de activos dado el volumen de activos fijos en titularidad de SaludCoop, lo que afecta sus resultados operacionales. El impacto de la depreciación en el PyG, a 2010, se expresó en un monto de $21.566 millones, que más amortizaciones genera un indicador EBITDA (31/12/10) por valor de $40.570 millones de pesos.

Los gastos operacionales de ventas representaron el 1.86% de los ingresos operacionales; el gasto por servicios es el más representativo, con un 85.35%, seguido de los gastos de personal, con un 7.32%. De acuerdo a lo anterior, el margen operacional de SaludCoop EPS para el cierre 2010 es de -0.09% lo cual es producto del efecto negativo que tiene el rubro de los servicios de recaudación PILA y cotizaciones.

Los ingresos no operacionales en el año 2010 cerraron en $83.423 millones de pesos, estos representan el 3.50% del ingreso operacional. Estos ingresos no operacionales están representados en su mayoría por el rubro de los descuentos comerciales condicionados.

Cerrado el año 2010, los gastos no operacionales incurridos corresponden a $48.736 millones de pesos, de los rubros que componen el gasto no operacional el más elevado fue los gastos financieros, a causa del costo del servicio de la deuda adquirida por la EPS durante el año y los demás costos bancarios propios de la operación.

El beneficio neto de SaludCoop EPS para el año 2010, después de haber asumido provisiones por valor de $15.947 millones de pesos, reconociendo la posibilidad de que existan gastos que no se reconocieron en el período culminado y reconociendo provisiones de costo de tipo legal, es de $16.489 millones, el cual muestra un retorno sobre los activos totales de la EPS del 0.69%.

El patrimonio de la EPS creció de un año a otro en 7.89% representado principalmente por las variaciones patrimoniales en el superávit de capital; el retorno sobre el patrimonio de la EPS se sitúa para este año en 2.97%.

El pasivo total de la EPS representa el 61.02% del total del activo. El pasivo total con corte a 31 de diciembre de 2010 es de $868.206 millones de pesos, de los cuales obligaciones corrientes corresponden a un 83.98% de las obligaciones totales.

El activo total de la EPS creció en un 21% con respecto al año inmediatamente anterior, los rubros más representativos son las cuentas por cobrar, que representan el 44,30%; la propiedad, planta y equipo, que representa un 15.48%.

La Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, así como la Superintendencia Delegada en Atención en Salud, de la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de auto número 000058 del 11 de marzo de 2011, ordenó realizar una visita inspectiva a SaludCoop EPS.

La visita referida se llevó a cabo del 14 al 18 de marzo de 2011, sobre la cual la Superintendencia Nacional de Salud elaboró el correspondiente informe preliminar y en el cual se encontraron 38 hallazgos los cuales debían ser objeto de análisis, justificación, aclaración y soporte documental por parte de SaludCoop EPS.

De este informe preliminar, la Superintendencia Nacional de Salud corrió traslado a la EPS para que dentro del término legal ejerciera su derecho a la defensa y al debido proceso, no obstante por dilaciones administrativas, la repuesta fue radicada de manera extemporánea.

En atención a lo anterior y de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 510 de 1999, la Ley 715 de 2001, Decreto 1015 de 2002, el procedimiento, el Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 1122 de 2007 la Ley 1438 de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 0801 de mayo 11 de 2011, ordenó tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de Saludcoop EPS, nombrando como interventor al doctor Édgar Pabón Carvajal.

Con posterioridad, mediante la Resolución número 01163 del 14 de junio de 2011, la Superintendencia aceptó la renuncia presentada a su cargo de interventor por el doctor Pabón, y designó como Agente Especial de SaludCoop EPS al doctor Wilson Sánchez Hernández quien dentro de sus funciones debería efectuar inventario preliminar de los activos y pasivos de la intervenida y elaborar un plan de acción dentro de sus actividades con miras a subsanar los hechos que dieron origen a la intervención.

Teniendo en cuenta lo anterior, este informe contiene un diagnóstico que identifica, de manera preliminar y general, las causas principales que, complementariamente a los hallazgos efectuados por la Superintendencia Nacional de Salud, permiten explicar y evidenciar la compleja situación operacional que afronta SaludCoop ESP.

En los términos previstos en el proceso de intervención y con fundamento en los hallazgos encontrados por la Superintendencia Nacional de Salud, la interventoría en la revisión de la información administrativa y financiera de la EPS, encontró preliminarmente dos situaciones como principales causas de la coyuntura actual de la EPS representados en d ispersión de activos y restricciones en el flujo de caja de la operación de la EPS.

Fuente: Estados Financieros a abril 30 de 2011.

El concepto de dispersión de activos, cuyo esquema se ha mostrado en las gráficas sobre composición empresarial del conglomerado, obedece a las inversiones permanentes registradas por la EPS en diferentes tipos de sociedades, donde se encuentran unidades de apoyo al objeto social, inversiones en sociedades en el exterior y otras inversiones.

En este orden, a corte abril de 2011, se encuentran inversiones por valor de $194.429 millones de pesos y unas cuentas por cobrar a sociedades que integran esas inversiones por $29.074 millones representados en Ciudadela Salud S. A. con $22.734 millones y Clínica SaludCoop Facatativá por $6.340 millones para un total de dispersión de activos de $223.503 millones.

Con ocasión a la dispersión de activos representado en las inversiones, la interventoría iniciará los procesos de revisión de cada una de estas inversiones, determinando su grado de movilización bajo la situación legal y la determinación de la relación costo-beneficio para la EPS las de inversiones realizadas.

Las restricciones de flujo de caja están representadas en las principales fuentes de ingreso de la EPS, las cuales en su orden son los ingresos de caja por UPC recibidos a través de los procesos de compensación que se presentan los días 11 y 18 hábil de cada mes y los ingresos que percibe la EPS en el proceso de recobros por Sentencias judiciales y CTC de prestaciones No POS.

Las restricciones de caja generadas por cada uno de estos rubros afectan de manera importante los ingresos de la compañía para atender sus obligaciones debido a las glosas presentadas tanto en los procesos de UPC como los procesos de recobros.

Se anota por parte de la interventoría, que existe una diferencia considerable entre lo que reporta la EPS por glosas de recobros pendientes de recuperación ante el Fosyga, versus lo que la Dirección General de Financiamiento del Ministerio de la Protección Social reporta a SaludCoop sobre las mismas glosas al corte del 31 de mayo de 2011, situación que será materia de profundo y minucioso análisis por parte de externos especializados en el tema y que serán contratados por la interventoría mediante un proceso de convocatoria pública.

Atendiendo a lo anterior, la EPS en función a sus resultados financieros, presenta indicadores económicos a corte diciembre 2010 y abril 2011, de los cuales en el proceso de intervención y con el fin de identificar la capacidad de realización, se efectuó una depuración identificando lo que en términos de liquidez es realmente corriente o no corriente arrojando las siguientes cifras:

Conforme con el parágrafo 1° del artículo 3° de la Resolución SNS 0801 de mayo 11 de 2011,28 corresponde al Agente Especial designado por la Superintendencia Nacional de Salud, efectuar un inventario preliminar de los activos y pasivos de la intervenida, y rendir un plan de acción, dentro de las actividades a realizar con miras a subsanar los hechos que dan origen a la intervención. En orden a precisar el inventario y propuesta de plan de acción, se presenta, en primer lugar, un informe de las actividades adelantadas en relación con cada uno de los hallazgos identificados por la Superintendencia Nacional de Salud en relación con SaludCoop ESP.

De manera general, el Agente Especial ha corroborado la pertinencia, idoneidad y solvencia de cada uno de los hallazgos documentados en su informe preliminar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, los que además de justificar la toma de posesión ordenada mediante la Resolución SNS 0801 de mayo 11 de 2011, evidencian una situación de mayor complejidad en la operación financiera de la entidad, sin perjuicio de que algunos de ellos hayan sido subsanados en el transcurso de la interventoría, tal como se observa en el anexo. Dada la complejidad de la información que soporta cada uno de los hallazgos, es necesario solicitar de manera formal a la Superintendencia Nacional de Salud, la ampliación del término dispuesto por el parágrafo 1° del artículo 1° de la citada Resolución, en orden a revisar suficiente y detalladamente la información soporte y efectuar su consolidación a efectos de determinar su real impacto en la operación de SaludCoop EPS y las medidas requeridas, complementariamente a las presentadas en la propuesta de acción a que se refiere el presente informe, en orden a asegurar la continuidad de la ESP y, especialmente, asegurar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

De manera general, el activo y pasivo identificado y consolidado a abril de 2011, es el siguiente:

1. A diciembre 31 la cifra del activo corriente, se disminuye por el valor del rubro promesas de compra venta en $71.364 millones

2. Las cifras de activo corriente a abril de 2011 corresponden a una reclasificación de activos (sin efectos contables).

3. El inventario de activos y pasivos se anexa de manera desagregada en el medio magnético adjunto.

Al corte del mes de abril, la Interventoría realizó un ejercicio de reclasificación (sin efectos contables) de activos que la EPS tenía catalogados como corrientes a no corrientes para efectos de estimar y visualizar la realidad de las razones de liquidez y el cálculo aproximado del capital de trabajo. Como conclusión del ejercicio se evidencia, tal y como quedó plasmado en los indicadores de la entidad, la iliquidez y las restricciones de caja de la entidad, que generan la mora en el pago de los proveedores y prestadores de salud. (Ver relación anterior de partidas reclasificadas al activo no corriente para el cálculo de los indicadores de la EPS. No incluye estimaciones de provisiones de cuentas por cobrar).

Una vez realizado el diagnóstico preliminar por parte de la Interventoría, e identificados de manera preliminar y general los activos y pasivos, se plantea, de manera general, el diseño e implementación de un plan de acción fundado en tres acciones transversales:

a) Atender la operación corriente de SaludCoop EPS con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a sus afiliados;

b) Análisis del riesgo en la dispersión de los activos de la EPS, y

c) diseño e implementación de un plan de acción integrado por acciones de racionalización técnica en la prestación de servicios, administrativa y financiera, orientadas a generar impacto en los componentes de liquidez (destinada a cerrar el déficit mensual operacional que registra la EPS), solvencia (movilizar activos para financiar el pasivo acumulado y generar recursos que complementan la operación corriente de la entidad) y de sostenibilidad (racionalizar la operación de la EPS en orden a redefinir en su rol en el mercado de la salud), conforme se identifica en el cuadro siguiente:

De acuerdo con el plan de acción anterior, el cual tiene una duración mínima de doce (12) meses y para lo cual se requiere la extensión de la intervención para administrar por el mismo lapso, se realizarán las siguientes actividades:

En primer lugar se debe generar un flujo financiero tendiente a obtener los recursos para efectuar los pagos que se encuentran en mora por la EPS al corte del treinta y uno (31) de mayo de 2011, para lo cual se efectuará la identificación, evaluación y valoración, tanto de activos como de pasivos, a partir de lo cual se definirá y establecerá un plan de pagos, tendiente a poner al día las obligaciones de la entidad en un plazo no mayor de 6 meses, y la refinanciación de las obligaciones financieras que están contratadas en la actualidad a corto plazo, retomándolas a largo plazo, previa identificación del pasivo financiero sostenible y no sostenible de la entidad.

En ese orden de ideas, dicho plan de pagos contendrá la prelación para efectuarlos, teniendo en cuenta las variables de antigüedad de la cuenta por pagar, concepto, montos y descuentos ofrecidos por los distintos acreedores. Se creará un mecanismo de administración de las obligaciones pendientes de pago, así como de los activos sujetos de enajenación o movilización, de manera que se permita generar la apropiada estructura de realización de activos, recaudo y administración de los recursos obtenidos, así como la ejecución respectiva del plan de pagos en el marco de reglas claras transparentes y públicas para llevarlo a cabo.

De manera complementaria y paralelamente, en orden retomar la operación normal de la EPS, el plan de acción prevé la implementación de un proceso de racionalización técnica, administrativa y financiera que le permita a la Entidad especializarse en su objeto Social y cumplir con sus índices de liquidez, solvencia y sostenibilidad que le aseguren su continuidad en el mercado de la salud, y la protección de los intereses de sus usuarios.

Los componentes de este plan de acción giran en torno a la generación de liquidez inmediata para la EPS, a través de la obtención de nuevos endeudamientos financieros, cobro u obtención de recursos pendientes de los procesos de compensación y recobros, así como el desembargo de las sumas de dinero sobre las cuales pesen medidas cautelares en los distintos juzgados del país. Concomitantemente, y con un plazo inicial de doce (12) meses, se deberán iniciar acciones que generen solvencia a la entidad partiendo del proceso de movilización de activos para la atención de las acreencias, previa identificación, valoración y valuación de los mismos, así como adoptar medidas tendientes a racionalizar el gasto corriente de la EPS y racionalizar de igual forma su operación.

Se establecerá un mecanismo de ejecución del plan de acción cuyo objetivo es el de separar los pasivos de la EPS de su operación normal mediante herramientas de administración del pasivo; estructurar los activos susceptibles de movilización mediante un acompañamiento como el de banca de inversión, cuya vinculación se efectuará a través de invitación pública; presentar alternativas para la solución de las obligaciones; y administrar de los recursos que se obtengan para la cancelación de los pasivos y a la vez que sea fuente de financiación temporal de su operación normal.

El plan de acción contempla medidas que generen la sostenibilidad de la EPS las cuales deberán ser revisadas en forma permanente con la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales se han identificado preliminarmente a partir de la especialización y focalización del objeto social de la intervenida, la racionalización técnica al interior de la misma y la simplificación de las relaciones y procesos con el Fosyga; dichas medidas se generarán en un término inicial de doce (12) meses.

En el marco del plazo solicitado, este plan de acción prevé la conformación de un Fondo de Contingencias de la EPS, el cual se alimentará con los recursos provenientes de la movilización de los activos, las cuentas por cobrar, sentencias judiciales que se profieran a favor de la EPS, recursos adicionales o extraordinarios, etc., lo cual permitirá atender el pasivo prioritariamente y el remanente servirá para "apalancar" financieramente la operación corriente de la Entidad hasta que se logre el equilibrio de la operación.

Dado que al momento de presentación de este informe, la entidad continúa en proceso de análisis, el plan de acción anteriormente descrito podrá ser ajustado, en la medida en que la información que se obtenga con ocasión de la intervención, así lo amerite.

Se presentarán periódicamente los informes de avance en todos los aspectos relacionados con la intervención, en cumplimiento de las normas vigentes al respecto y se informará a los organismos de control de los hallazgos a que hubiere lugar."

"5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud

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