(agosto 23)

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias que le confieren el parágrafo 2º del artículo 230 y el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, los incisos 1°, 2°, 5° y 7° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 35, 36, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 37, literales c), e), f) del artículo 4º de la Ley 1122 de 2007, el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, el artículo 1º del Decreto 1015 de 2002, los artículos 5º y 6º del Decreto 506 de 2005, el artículo 1º del Decreto 736 de 2005, en especial con el artículo 1º, el artículo 3º, los numerales 1, 6 y 8 y el parágrafo del artículo 4º, el artículo 5º, los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 40, y 42 del artículo 6°, numerales 9, 13, 22, 23, 25 y 42 del artículo 8° del Decreto 1018 de 2007, los artículos 4° y 5° del Decreto 3556 de 2008, los artículos 9.1.1.1.1 al 9.5.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, el artículo 50 del Acuerdo 415 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Aunque hay quienes propugnan por la eliminación de un concepto que consideran ambiguo como el de servicio público, y de paso el de servicio público esencial1, nuestro ordenamiento utiliza estas locuciones prolíficamente con miras a destacar su importancia dentro de un Estado social de derecho. En efecto, la circunstancia de que un ordenamiento de esta trascendencia se ocupe del tema obedece a la identidad, ya antigua, entre el Estado y la prestación de servicios públicos. No se puede perder de vista que con el inicio del siglo pasado, la visión del Estado regulador sufrió una paulatina transformación hacia el Estado interventor (v.g. Estado benefactor u hoy en día, estado social - liberal, etc.)2 y, en cuanto tal, le resultó legítimo prestar ciertos servicios, establecer normas de calidad y cobertura, amparar a franjas de población desprovistas de los mismos, reglamentar los mercados que ellos generan, entre otros aspectos.

Con el paso del tiempo, los servicios públicos pasaron a ser un atributo del ciudadano, un criterio de identificación del mismo y un propósito global de todos los Estados para garantizar su acceso. En la década del 70 fue común hallarlos acompañados de la expresión "necesidades básicas satisfechas". Los elementos de generalidad, igualdad, continuidad, obligatoriedad, propios de este concepto, se predican de todos los habitantes de la Nación.

Según la Corte Constitucional, el derecho a la salud se ha definido como un derecho irrenunciable, universal, inspirado en los principios constitucionales del Estado Social de Derecho, solidaridad y dignidad humana, que persiguen el cumplimiento material y efectivo de las garantías constitucionales. En este sentido, la seguridad social es un servicio público sujeto a lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución que los define como inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a los habitantes del territorio nacional.

El tema de la Seguridad Social ha sido tomado por el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que, es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

El artículo 48 de la Constitución Política dispone que la seguridad social es un servicio público. Esta característica también es resaltada respecto de los servicios de atención en salud y saneamiento ambiental (artículo 49 ibídem).

Así las cosas, se garantiza a todos los habitantes del territorio el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

Le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. En este sentido, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social en Salud para garantizar la salud con énfasis en la promoción y la prevención para que todos los habitantes del país tengan acceso a los servicios de salud.

De esta manera, la Constitución Política de 1991 establece en su contenido el derecho a la salud y la Seguridad Social en Salud como derecho irrenunciable de los colombianos y como servicios públicos obligatorios, garantizando para ello a todas las personas los servicios de promoción, protección y recuperación de su salud, con una organización descentralizada de los servicios, dada por los diferentes niveles de atención, con la participación de los agentes públicos y privados y "con la plena participación de la comunidad".

La Carta Constitucional de 1991, en el artículo 48 dispone, la creación del Sistema de Seguridad Social Integral, concediéndole la Dirección, Coordinación y Control a cargo del Estado colombiano.

A partir de la expedición de la Ley 10 de 1990, con un claro enfoque de organización y descentralización de la prestación de servicios de salud en el sistema de salud, la Ley 60 de 1993 y la definición explícitas de competencias en los niveles territoriales, y finalmente la

En desarrollo de la orden emanada por la Carta fundamental se establece la creación y organización de la Ley 100 de 1993 o la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social, en cuyo contenido se establece la presencia de 5 libros que consignan el derecho a la Seguridad Social en Pensiones, en Salud, en Riesgos Profesionales, siendo su segundo libro el Sistema General de Seguridad Social en Salud el encargado de la reforma del Sistema de Salud colombiano a operar a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993.

El sistema de salud existente, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se caracterizaba por la falta de universalidad, solidaridad y eficacia en sus distintas acciones, reflejada básicamente la insuficiente cobertura de la población para la atención de su salud, el centralismo y rigidez para la prestación de sus servicios, la escasa capacidad resolutiva de los servicios, y la inexistencia del trabajo intersectorial, entre otros factores, que llevaron a que el sistema en salud fuera profundamente inefectivo.

Las Leyes 100 de 1993, 643 de 2001, 715 de 2001, 1122 de 2007, 1176 de 2007 y 1438 de 2011, mediante el régimen de competencias, y los recursos, establece una nueva organización administrativa y financiera de los servicios de salud en el país; otorga protagonismo y autonomía a las autoridades locales y regionales de salud al tiempo que establece los porcentajes de inversión a estas instancias, para el desarrollo de la atención a la población.

La Ley 100 de 1993 introdujo cambios en la forma de financiamiento de los prestadores públicos y privados de los servicios de salud. Se pasó de un sistema de transferencia de recursos a uno de financiación por medio de la venta de servicios, profundizando de esta manera, la competencia entre el sector público y el privado con el Estado como regulador.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa en los principios de universalidad, equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, subsidiariedad, complementariedad participación social, participación ciudadana, concertación, calidad e integración funcional.

La Ley de Seguridad Social, que reforma el Sistema de Salud en Colombia, tiene entre otros propósitos resolver problemas de inequidad en el acceso a los servicios y mejorar la calidad en la prestación de los mismos; enfrentar la desarticulación entre las diferentes instituciones (inadecuada coordinación y complementariedad) y la debilidad de la estructura institucional y administrativa.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados ha requerido esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

El Estado colombiano por intermedio del Ministerio de Salud, hoy, de la Protección Social y en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política provee las herramientas para la oferta y establece la seguridad social en salud a la población del territorio nacional a través de la Ley 100 de 1993.

El legislador a través de las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007, 1176 de 2007 y 1438 de 2011, desarrolla el Sistema de Seguridad Social Integral, entendido como la totalidad de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los riesgos, especialmente las que afectan la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Para estos efectos, se considera al sistema como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, conformado por los regímenes establecidos por el legislador.

En desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y conforme al artículo 2° del Decreto 806 de 1998, el Estado garantiza el acceso a los servicios de salud y regula el conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial, con el propósito de mantener o recuperar su salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por enfermedad general y maternidad.

Al Estado le corresponde garantizar este conjunto de beneficios en forma directa o a través de terceros con el objeto de proteger de manera efectiva el derecho a la salud. Estos

El Estado colombiano a través del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social y en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política provee las herramientas para la oferta y establece seguridad social en salud a la población del territorio nacional a través de la Ley 100 de 1993, bajo su división en dos regímenes el "Contributivo y el Subsidiado" Transformando el esquema tradicional en salud y generando como resultado el subsidio a la demanda y la transformación del Subsidio de la oferta, que beneficiará a la población pobre y vulnerable clasificada en los listados censales y a la población pobre y vulnerable identificada en los niveles Uno (1), Dos (2) y Tres (3) de la Encuesta del Sisbén de cada municipio.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

Debe tenerse en cuenta, que de acuerdo con lo definido por el literal b) del artículo 56 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 32 y 33 de la Ley 1438 de 2011, todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 157, los artículos 32 y 33 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 25 del Decreto 806 de 1998, establece entonces los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, manifestando que, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud; unos lo harán en su condición de afiliados al Régimen Contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como población pobre no asegurada.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se constituye en el nuevo paso de organización en salud en el territorio nacional bajo la consigna del aseguramiento, la afiliación y la atención de la población del territorio nacional en cumplimiento de los principios de solidaridad, universalidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios de salud, el cual debe brindarse con oportunidad, calidad y accesibilidad y cubrimiento en el territorio nacional a través de:

• El Régimen Contributivo, creado para la afiliación y aseguramiento en salud de la población con capacidad de pago para pagar su salud.

• El Régimen Subsidiado organizado para la afiliación y aseguramiento de la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud.

• La atención de la población pobre no asegurada, establecida para atender a la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud no afiliada a algún régimen especial y excepcional, al Régimen Contributivo, o al Régimen Subsidiado.

El sistema estructura y crea un sistema de financiamiento, nacional organizado alrededor del Fondo de Solidaridad y Garantía y de los Fondos Territoriales de Salud, un sistema de operación y gestión del proceso de aseguramiento y prestación de servicios denominado, Entidades Promotoras de Salud y un sistema de prestación directa de servicios denominado Prestadores de Servicios de Salud. Adicionalmente crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por persona año, el Plan Obligatorio de Salud y la Unidad de Pago por Capitación.

Lo novedoso del sistema consiste en la división y especialización de las funciones de dirección y control, afiliación, gestión y aseguramiento y prestación directa de servicios en entidades con autonomía administrativa y financiera que independiente de su naturaleza pública o privada realizan sus funciones con criterios de eficiencia empresarial, calidad de los servicios, integración funcional y rentabilidad económica.

La Ley 100 de 1993 delimita la estructura y el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al cual le otorga como propósito fundamental garantizar el acceso universal a los servicios de salud, al tiempo que le establece un diseño institucional que asigna al Estado las labores propias de la regulación e introduce nuevos mecanismos de financiamiento y provisión de servicios. Es así como la estructura del sistema queda definida en ocho núcleos funcionales interdependientes:

I. La Dirección y Rectoría, en cabeza del Gobierno Nacional, el Ministerio de la Protección Social y la Comisión de Regulación en Salud, CRES, quienes dictan las reglas básicas para garantizar la operación del sistema;

II. El Financiamiento a través del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga, que reúne los recursos provenientes de las contribuciones y algunos recursos fiscales-; y de los Fondos Locales, Distritales y Departamentales de Salud que reúnen los recursos provenientes de las transferencias territoriales, recursos del orden nacional y recursos de cofinanciación y los recursos del orden territorial: Cubren la prima del seguro y otros gastos de salud para la población afiliada;

III. El Aseguramiento en salud, que opera en un mercado de competencia regulada a través de las Entidades Promotoras de Salud – EPS -, Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, los Regímenes Especiales o Excepcionales en Salud, Las Entidades que Ofrecen Planes Adicionales de Salud.

IV. La Administración de la Salud, organizada a través de las Direcciones Territoriales de Salud, en función de la garantía en la atención de los servicios de salud.

En desarrollo de la orden emanada por la Carta fundamental se establece la creación y organización de la Ley 100 de 1993 o la Ley del Sistema Integral de Seguridad Social, en cuyo contenido se establece la presencia de 5 libros que consignan el derecho a la Seguridad Social en Pensiones, en Salud, en Riesgos Profesionales, siendo su segundo libro el Sistema General de Seguridad Social en Salud el encargado de la reforma del Sistema de Salud colombiano a operar a partir de la promulgación de la Ley 100 de 1993.

El sistema de salud existente, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se caracterizaba por la falta de universalidad, solidaridad y eficacia en sus distintas acciones, reflejada básicamente la insuficiente cobertura de la población para la atención de su salud, el centralismo y rigidez para la prestación de sus servicios, la escasa capacidad resolutiva de los servicios, y la inexistencia del trabajo intersectorial, entre otros factores, que llevaron a que el sistema en salud fuera profundamente inefectivo.

Las Leyes 100 de 1993, 643 de 2001, 715 de 2001, 1122 de 2007, 1176 de 2007 y 1438 de 2011, mediante el régimen de competencias, y los recursos, establece una nueva organización administrativa y financiera de los servicios de salud en el país; otorga protagonismo y autonomía a las autoridades locales y regionales de salud al tiempo que establece los porcentajes de inversión a estas instancias, para el desarrollo de la atención a la población.

La Ley 100 de 1993 introdujo cambios en la forma de financiamiento de los prestadores públicos y privados de los servicios de salud. Se pasó de un sistema de transferencia de recursos a uno de financiación por medio de la venta de servicios, profundizando de esta manera, la competencia entre el sector público y el privado con el Estado como regulador.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa en los principios de universalidad, equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, subsidiariedad, complementariedad participación social, participación ciudadana, concertación, calidad e integración funcional.

La Ley de Seguridad Social, que reforma el Sistema de Salud en Colombia, tiene entre otros propósitos resolver problemas de inequidad en el acceso a los servicios y mejorar la calidad en la prestación de los mismos; enfrentar la desarticulación entre las diferentes instituciones (inadecuada coordinación y complementariedad) y la debilidad de la estructura institucional y administrativa.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados ha requerido esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

El Estado colombiano por intermedio del Ministerio de Salud, hoy, de la Protección Social y en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política provee las herramientas para la oferta y establece la seguridad social en salud a la población del territorio nacional a través de la Ley 100 de 1993.

El legislador a través de las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007, 1176 de 2007 y 1438 de 2011, desarrolla el Sistema de Seguridad Social Integral, entendido como la totalidad de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los riesgos, especialmente las que afectan la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Para estos efectos, se considera al sistema como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, conformado por los regímenes establecidos por el legislador.

En desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y conforme al artículo 2° del Decreto 806 de 1998, el Estado garantiza el acceso a los servicios de salud y regula el conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial, con el propósito de mantener o recuperar su salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por enfermedad general y maternidad.

Al Estado le corresponde garantizar este conjunto de beneficios en forma directa o a través de terceros con el objeto de proteger de manera efectiva el derecho a la salud. Estos

El Estado colombiano a través del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social y en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política provee las herramientas para la oferta y establece seguridad social en salud a la población del territorio nacional a través de la Ley 100 de 1993, bajo su división en dos regímenes el "Contributivo y el Subsidiado" Transformando el esquema tradicional en salud y generando como resultado el subsidio a la demanda y la transformación del Subsidio de la oferta, que beneficiará a la población pobre y vulnerable clasificada en los listados censales y a la población pobre y vulnerable identificada en los niveles Uno (1), Dos (2) y Tres (3) de la Encuesta del Sisbén de cada municipio.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

Debe tenerse en cuenta, que de acuerdo con lo definido por el literal b) del artículo 56 de la Ley 100 de 1993, y los artículos 32 y 33 de la Ley 1438 de 2011, todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 157, los artículos 32 y 33 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 25 del Decreto 806 de 1998, establece entonces los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, manifestando que, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud; unos lo harán en su condición de afiliados al Régimen Contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como población pobre no asegurada.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se constituye en el nuevo paso de organización en salud en el territorio nacional bajo la consigna del aseguramiento, la afiliación y la atención de la población del territorio nacional en cumplimiento de los principios de solidaridad, universalidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios de salud, el cual debe brindarse con oportunidad, calidad y accesibilidad y cubrimiento en el territorio nacional a través de:

• El Régimen Contributivo, creado para la afiliación y aseguramiento en salud de la población con capacidad de pago para pagar su salud.

• El Régimen Subsidiado organizado para la afiliación y aseguramiento de la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud.

• La atención de la población pobre no asegurada, establecida para atender a la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud no afiliada a algún régimen especial y excepcional, al Régimen Contributivo, o al Régimen Subsidiado.

El sistema estructura y crea un sistema de financiamiento, nacional organizado alrededor del Fondo de Solidaridad y Garantía y de los Fondos Territoriales de Salud, un sistema de operación y gestión del proceso de aseguramiento y prestación de servicios denominado, Entidades Promotoras de Salud y un sistema de prestación directa de servicios denominado Prestadores de Servicios de Salud. Adicionalmente crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por persona año, el Plan Obligatorio de Salud y la Unidad de Pago por Capitación.

Lo novedoso del sistema consiste en la división y especialización de las funciones de dirección y control, afiliación, gestión y aseguramiento y prestación directa de servicios en entidades con autonomía administrativa y financiera que independiente de su naturaleza pública o privada realizan sus funciones con criterios de eficiencia empresarial, calidad de los servicios, integración funcional y rentabilidad económica.

La Ley 100 de 1993 delimita la estructura y el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al cual le otorga como propósito fundamental garantizar el acceso universal a los servicios de salud, al tiempo que le establece un diseño institucional que asigna al Estado las labores propias de la regulación e introduce nuevos mecanismos de financiamiento y provisión de servicios. Es así como la estructura del sistema queda definida en ocho núcleos funcionales interdependientes:

I. La Dirección y Rectoría, en cabeza del Gobierno Nacional, el Ministerio de la Protección Social y la Comisión de Regulación en Salud, CRES, quienes dictan las reglas básicas para garantizar la operación del sistema;

II. El Financiamiento a través del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga, que reúne los recursos provenientes de las contribuciones y algunos recursos fiscales-; y de los Fondos Locales, Distritales y Departamentales de Salud que reúnen los recursos provenientes de las transferencias territoriales, recursos del orden nacional y recursos de cofinanciación y los recursos del orden territorial: Cubren la prima del seguro y otros gastos de salud para la población afiliada;

III. El Aseguramiento en salud, que opera en un mercado de competencia regulada a través de las Entidades Promotoras de Salud – EPS -, Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, los Regímenes Especiales o Excepcionales en Salud, Las Entidades que Ofrecen Planes Adicionales de Salud.

IV. La Administración de la Salud, organizada a través de las Direcciones Territoriales de Salud, en función de la garantía en la atención de los servicios de salud.

V. La Prestación de Servicios de Salud, mediante los Prestadores de Servicios de Salud - PSS.

VI. La Inspección, Vigilancia y Control, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, INS, e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

VII. La Jurisdicción de la Salud, esto es, los jueces de la salud, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud.

VIII. La Conciliación extrajudicial en Salud, que podrá ser adelantada ante la Superintendencia Nacional de Salud.

El sistema crea la operación y gestión del proceso de aseguramiento y la prestación directa de servicios en los denominados Prestadores de Servicios de Salud. Adicionalmente crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por persona año, el Plan Obligatorio de Salud y la Unidad de Pago por Capitación.

El SGSSS asegura internamente su equilibrio contraponiendo la racionalidad económica de los aseguradores con la de los prestadores directos u operadores primarios de los servicios de salud, en el sentido de que los primeros obtienen su rentabilidad en relación inversa con el número de casos atendidos, vale decir, en el espíritu de la Ley en el número de casos prevenidos y los segundos, los prestadores obtienen su rentabilidad a medida que crecen los casos atendidos.

El propósito fundamental del sistema, el aseguramiento constituye la principal herramienta de acceso universal de la población a los servicios de salud, delegando en las EPS la administración del riesgo de salud de los afiliados; la EPS hace el papel de articulador entre la población y los prestadores, y entre el financiamiento y la prestación, ya que es el conducto de canalización de los recursos hacia la órbita de la prestación de servicios de salud.

Este diseño institucional plantea un sistema de salud que separa el aseguramiento de la prestación de servicios, con medidas de regulación para que cada función se realice en condiciones de competencia y para que el flujo de recursos desde el aseguramiento hacia la prestación se canalice mediante mecanismos de negociación.

Como lo reconoce la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: El Estado tiene el deber de ejercer la regulación con el fin de facilitar no sólo la adecuada prestación de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores de servicios.

Existen entonces dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:

• Los afiliados al Sistema mediante el Régimen Contributivo. Son las personas vinculadas a través de contratos de trabajo, los pensionados, los servidores públicos, los jubilados, los asociados a Cooperativas de Trabajo Asociado, y los trabajadores independientes informales y formales (estos últimos llamados contratistas).

• Los afiliados al Sistema mediante el Régimen Subsidiado. Son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. Será subsidiada en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rurales y urbanas del país.

Y una transitoriedad en el sistema.

• La prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada.

Son afiliados obligatorios al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.

Uno de los principios constitucionales y legales que reglan el servicio de la seguridad social, es la solidaridad, la cual es entendida como la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han expedido con respecto al Régimen Contributivo normas que reglamentan su funcionamiento, las cuales consagran el ingreso base de cotización por el cual sus afiliados obligatorios deben aportar al Sistema General de Seguridad Social en Salud; para el efecto, en estas normas no se permite la posibilidad de cotizar sobre una base inferior al salario mínimo legal, porque se ha considerado que esta es la suma mínima con la cual los aportantes con capacidad de pago entran a financiar los servicios de salud de la población pobre, en cumplimiento del principio de la solidaridad antes señalado.

Es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de pago y su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En este orden de ideas, son beneficiarios del Régimen Subsidiado toda la población pobre y vulnerable, que no tiene capacidad de pago para cotizar al Régimen Contributivo y en consecuencia recibe subsidio total o parcial para completar el valor de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada, de conformidad con los criterios de identificación, el orden de prioridades y el procedimiento que se han previsto en:

• Los Acuerdos 23 artículos 2° y 3°, 41 respecto de trabajadores rurales migratorios, 77 artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10, 138 respecto a población desmovilizada, 166 respecto a documento de identificación, 176 respecto a Núcleos Familiares de Madres Comunitarias, 244 artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10, 253 respecto a Población infantil abandonada y menores desvinculados del conflicto armado, bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, en especial, sus artículos 2º, 3º y 4º, 273 respecto a población Rom, 274 respecto a Creadores y Gestores Culturales, 290, 299, 304 este respecto a Población Infantil Abandonada, 307 respecto a población desmovilizada, 318, 319 este respecto a población afrocolombiana, 325 respecto a Deportistas, 326 respecto a Población Indígena, 329, 346, 415 en este los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10.

• Los Decretos 1141 de 2009 respecto a la afiliación de reclusos al Régimen Subsidiado, 1964, 1965 en lo que atañe al nuevo proceso de operación del Régimen Subsidiado y, 2777 relacionada con la afiliación de reclusos al Régimen Subsidiado de 2010.

Al Régimen Subsidiado de Subsidios Plenos o Totales, se accede, previa identificación de la población beneficiaria, a través de la Encuesta del Sisbén o del Listado Censal. Los beneficiarios del Régimen Subsidiado, serán aquellos que clasifiquen como de los niveles 1 y 2 del Sisbén o que sean clasificados para ello a través del Listado censal, encuesta y listado, bajo las cuales, se determina la condición de vida de la persona y la condición o capacidad de pago de esta.

Se entiende por subsidio parcial, una proporción del valor de la Unidad de Pago por Capitación Subsidiada UPC-S, destinada a cofinanciar algunos contenidos del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, POS-S, según el parágrafo del artículo 1° del Acuerdo 267 del CNSSS.

Podrán ser beneficiarios de los subsidios parciales todas las personas del área urbana pertenecientes a los niveles 2 y 3 del Sisbén no afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud o a un régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993, tal y como lo dispone el artículo 4° del Acuerdo en mención.

Es así que, como Beneficiarios del Régimen, podrán actuar como afiliados al Sistema, una vez se identifique el monto de los recursos del Subsidio a la demanda que permitan establecer el número de personas a ser afiliadas al Régimen Subsidiado en el respectivo Municipio (según lo definido por el artículo 214 de la Ley 100 de 1993); se efectúe el proceso de Priorización de potenciales beneficiarios del Régimen Subsidiado y, se realice la inscripción y selección de EPSS, dentro de las seleccionadas por el Ministerio de la Protección Social para operar regionalmente, e inscritas por el municipio. Una vez afiliados procederán a ser atendidos en los servicios de salud que cubra el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POSS, a través de los Prestadores de Servicios de Salud PSS que para el efecto, la EPSS posea o haya contratado.

Conforme a lo establecido por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993, no se aplica:

No obstante y de acuerdo con lo definido por el parágrafo 1º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, estas empresas y servidores, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en la Ley 100 de 1993.

El sistema propio de seguridad social en salud de las universidades estatales u oficiales, conforme a lo establecido por el parágrafo del artículo 2º de la Ley 647 de 2001, que se adiciona al artículo 57 de la Ley 30 de 1992, se regirá por las siguientes reglas básicas:

Por lo que, el Sistema General de Seguridad Social en Salud contenido en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, no se aplica a las universidades estatales u oficiales que establezcan su propia seguridad social en salud, en desarrollo de lo definido por la Ley 647 de 2001, entendiendo por este evento que dichas instituciones y los miembros de estas, hacen parte, de los regímenes exceptuados del Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Ley 100 de 1993.

Es así como las universidades estatales u oficiales que organicen su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la Ley 647 de 2001, no pueden entenderse como parte de las Entidades Aseguradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, esto es, como Entidades Promotoras de Salud o Entidades Adaptadas en Salud del Régimen Contributivo del SGSSS, ya que se constituyen como organismos excepcionados del Sistema, autónomos e independientes de este, teniendo en cuenta que el fundamento para ello, es la organización de su propia seguridad social en salud. Mientras que, las universidades estatales u oficiales que no organicen su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la Ley 647 de 2001, harán parte integral del SGSSS y de su normatividad reglamentaria.

Son principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud conforme a lo establecido por el artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011, los siguientes:

La Ley 100 de 1993 estableció la libertad de elección por parte de los usuarios o afiliados del seguro, quienes pueden decidir a qué EPS se afilian y cambiar de asegurador en los términos previstos en la norma; además, también tienen la facultad para elegir, entre las opciones que el asegurador le presente, el prestador de servicios al cual quiere acudir al momento de hacer uso del seguro.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud de acuerdo a lo establecido por el literal g) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, establece entre otras características, que los afiliados al sistema elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud, dentro de las condiciones de la Ley 100 de 1993. Así mismo, escogerán las instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la Entidad Promotora de Salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.

El artículo 159 de la Ley 100 de 1993, garantiza a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud la debida organización y prestación del servicio público de salud, en los siguientes términos:

El régimen de la libre escogencia estará regido, según el artículo 14 del Decreto 1485 de 1994, por las siguientes reglas:

"(…)".

"4. Libre escogencia de Entidades Promotoras de Salud. Se entenderá como derecho a la libre escogencia, de acuerdo con la Ley, la facultad que tiene un afiliado de escoger entre las diferentes Entidades Promotoras de Salud, aquella que administrará la prestación de sus servicios de salud derivados del Plan Obligatorio.

La Entidad Promotora de Salud podrá establecer condiciones de acceso del afiliado a los prestadores de servicios, para que ciertos eventos sean atendidos de acuerdo con el grado de complejidad de las instituciones y el grado de especialización de los profesionales y se garantice el manejo eficiente de los recursos. (Subrayado y Negrilla nuestro).

La afiliación a una cualquiera de las Entidades Promotoras de Salud -EPS en los regímenes contributivo y subsidiado, es libre y voluntaria por parte del afiliado, tal y como lo establece el artículo 45 del Decreto 806 de 1998.

Las Entidades Promotoras de Salud de acuerdo a lo contemplado por el literal a) del artículo 2° del Decreto 1485 de 1994, serán responsables de ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

De acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 183 de la Ley 100 de 1993, se encuentran prohibidos todos los acuerdos o convenios, así como las prácticas y decisiones concertadas que, directa o indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la libre escogencia dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, establece que la Superintendencia Nacional de Salud, revocará la licencia de funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las personas jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su vigilancia, cuando incurran en la conducta de impedir o atentar en cualquier forma contra el derecho a la afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, conforme al numeral 6 del artículo 130 de la Ley en comento.

La conducta de impedir o atentar en cualquier forma contra el derecho a la afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral puede poner en riesgo la vida de las personas de especial protección constitucional, con ella, se violan las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y se incumplen las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, por lo que, las personas jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud que impidan o atenten en cualquier forma contra el derecho a la afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral incurren así en conductas adicionales, de las contempladas en el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, para la revocatoria de su licencia de funcionamiento de acuerdo con lo definido en los numerales 4 y 7 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.

Es por esto, que el artículo 5° del Decreto 506 de 2005, faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para adoptar en cualquier momento que se establezca alguna de las causales a que se refieren los numerales 4, 6 y 7 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, la revocatoria y la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las entidades deban enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud de información que se les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de la información que se obtenga en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control; o a partir de las visitas que realice el organismo de control, tal y como lo contempla el inciso 2º del artículo 5º del Decreto 506 de 2005.

1.3. SISTEMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL4

La Ley 1122 de 2007, crea el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, sin perjuicio de las facultades asignadas al Instituto Nacional de Salud, INS, y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.

Dentro del proceso normativo, se ha pasado de un proceso de descentralización territorial definido por la Ley 10 de 1990, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993, a un proceso de departamentalización de la Salud con Ley 715 de 2001 y por último con Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, a un proceso de Nacionalización – Centralización de la salud de vigilancia y control del SGSSS en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud - SNS.

1.3.1. INSPECCIÓN5

Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.

Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas.

1.3.2. VIGILANCIA6

Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este.

1.3.3. CONTROL7

Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.

1.4. LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD8

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social en su componente de atención de la salud es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En virtud de los artículos 115 y 150 de la Carta Política, las Superintendencias desempeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las Superintendencias ejecutan específicamente las funciones para las cuales fueron creadas por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de autonomía jurídica, administrativa y financiera.

Por mandato del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en nuestra Carta Política y en los artículos 2° y 153 de la citada Ley.

La incidencia del Estado Social de Derecho en la organización política puede ser descrita tanto desde una perspectiva cuantitativa como a través de un crisol cualitativo. Lo primero entendido como el Estado Bienestar y el segundo bajo el tema del Estado constitucional democrático. Así lo ha indicado la Corte Constitucional en uno de los primeros fallos en que tuvo la oportunidad de dimensionar la estructura concebida a raíz de la expedición de la Constitución de 1991:

En general, las Superintendencias han sido concebidas para velar por la adecuada prestación de servicios públicos, en aspectos tales como la naturaleza y organización de los prestadores de los mismos. Como punto común a todas ellas está el propósito de brindar confianza a los extremos de las relaciones jurídicas que allí se establecen. En virtud de que muchas de ellas no son mencionadas expresamente en nuestro ordenamiento constitucional, es el legislador, en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 7 del artículo 150 C. Pol., el facultado para crear estos organismos, "señalando sus objetivos y estructura orgánica". Tales reparticiones en la administración pública se han especializado en el desarrollo de lo que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se conoce como función de policía administrativa en la generalidad del término y no exclusivamente ligada a un cuerpo armado destinado a preservar el orden en las ciudades por oposición al concepto de Fuerzas Militares.

En torno a su definición, Laubadére la caracteriza como:

El concepto de policía administrativa tiene, pues, una orientación garantista del orden público. Esta labor implica una serie de fases, herramientas y mecanismos con base en los cuales la misma sea atendida. De allí que a la par de funciones de seguimiento e inspección existan otras relacionadas con las sanciones así como algunas que tienen que ver con la autorización y finalización de los operadores del sistema.

Al respecto, ha afirmado la Corte Constitucional:

Se deduce de los anteriores predicados que el desempeño de las competencias atribuidas a algunas Superintendencias en lo atinente a la inspección, vigilancia y control está condicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios estables que, sin embargo, no impiden la actuación ágil y oportuna de estos organismos, encargados de verificar en la práctica la transparencia de las operaciones sometidas a su escrutinio, ni enervan la flexibilidad por estos requerida para hacer efectivos en las situaciones concretas los postulados constitucionales y legales, todo lo cual exige que se los dote de los instrumentos y de las atribuciones necesarias (CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-233 de 15 de mayo de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz).

Concordante con lo anterior, el Presidente de la República, en atención a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, delegó en el Superintendente Nacional de Salud, la facultad de inspección, vigilancia y control del Sector Salud.

Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional, en Sentencia C-561 de 1999, así:

En concordancia con lo anterior, en Sentencia C-921 de 2001 con ponencia del Magistrado Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional sostuvo que: "la vigilancia y control de la Seguridad social corresponde al Presidente de la República, labor que cumple por intermedio de la Superintendencia de Salud".

Consecuencia de lo expuesto, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo.

La Superintendencia Nacional de Salud ejerce la inspección, vigilancia y control sobre los sujetos que tienen a su cargo la gestión de recursos públicos destinados a la prestación de servicios en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Para tal fin, ejerce una serie de atribuciones y facultades, entre las que se encuentra la de sancionar a los vigilados por el incumplimiento de las normas que regulan su actuar. En cuanto al alcance e implicaciones de esta atribución la Corte Constitucional ha puntualizado:

Si a los sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Salud se les imponen unos deberes y obligaciones por parte de esa entidad con el único fin de lograr la eficiencia, calidad, oportunidad y permanencia en la prestación del servicio público de salud, resulta apenas obvio, que se le autorice a esa misma entidad para imponer sanciones de naturaleza administrativa a quienes no cumplan sus mandatos, como medio de coerción ideado por el legislador, que se muestra razonable y proporcionado para ese fin.

Los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución tienen como finalidad preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad de la persona priman sobre las meras consideraciones de la eficacia de la administración.

Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor la posibilidad de "manipular" -mediante la instrumentación personificada- el ejercicio del poder.

Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. La sola exigencia de una certificación secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acusado, prescindiendo de que este pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo.

La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (CP artículo 5°), entre los que se encuentra la libertad personal, desplaza la antigua situación de privilegio de la administración y la obliga a ejercer las funciones públicas en conformidad con los fines esenciales del Estado, uno de los cuales es precisamente la garantía de eficacia de los derechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (CP artículo 2°). En consecuencia, las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido proceso (CP artículo 29), están proscritas del ordenamiento constitucional.9

Es importante resaltar que la Administración Pública, puede entenderse en dos aspectos: El primero sustancial u objetivo, para lo cual está creada; es decir, el bien común, que implica la prestación de servicios que requieren los gobernados. El segundo, en sentido orgánico o funcional, como compuesto inter relacional de variadas alternativas e incumbencias, con respecto a su funcionamiento y gestión y al empleo de las personas naturales encargadas de los servicios del Estado.

Técnicamente, la Ley 489 de 1998, determina que la Administración Pública está conformada por diferentes organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y demás organismos y entidades de naturaleza pública que tienen a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos, así mismo los Departamentos Administrativos y las Superintendencias, constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional.

En este orden de ideas, corresponde al Estado, organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes del territorio nacional, así como establecer las políticas para su prestación y ejercer inspección, vigilancia y control, de conformidad con la disposición normativa contenida en el artículo 49 de la Constitución Política.

En materia de competencias, se tiene que el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, establece que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud.

El último inciso de la norma en cita, prevé:

Así las cosas, la Superintendencia Nacional de Salud, como cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de la Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

La Ley 1122 de 2007 en su Capítulo VII establece las disposiciones que enmarcan el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como el conjunto de normas, agentes y procesos articulados entre sí, el cual está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, funciones que deberá enfocar hacia el financiamiento, el aseguramiento, la prestación de servicios de atención en salud pública, la atención al usuario y participación social, las acciones y medidas especiales, la información y la focalización de los subsidios en salud.

Dicho marco normativo establece también las funciones y facultades de la Superintendencia Nacional de Salud, entre las cuales se encuentran, la de ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control para que cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud e imponer las sanciones a que haya lugar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las autoridades competentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema.

1.4.1. OBJETIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD10

Son objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud:

b) Aseguramiento. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de la afiliación o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud.

c) Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

d) Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud.

Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las Empresas Promotoras de Salud o Administradoras del Régimen Subsidiado, deberá decidir sobre su liquidación.

f) Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los datos con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia.

En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la función de inspección, vigilancia y control con el objetivo de asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a la prestación de los servicios de salud, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de vigilancia cumplan con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

La Seguridad Social y la atención en salud, se encuentran definidas por la Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, como servicios públicos de carácter obligatorio, a cargo del Estado, disponiendo que se prestarán bajo la dirección, coordinación y control del Estado, acatando los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Fijó, en consecuencia, la norma superior los pilares de la organización, estructura, características y funcionamiento de la prestación de los servicios de salud en Colombia, ligado completamente al concepto de finalidad social del Estado, asegurando, de suyo, que la misma resulte eficiente para todos los habitantes del territorio nacional.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 4°, desarrolló la Seguridad Social como servicio público obligatorio esencial en lo que atañe con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, organizó el funcionamiento y administración de los regímenes Contributivo y Subsidiado, los cuales coexisten articuladamente. Así mismo, los artículos 154, 180, 181, 230 y 233 de la Ley en mención, le otorgan a la Superintendencia Nacional de Salud facultades de inspección, vigilancia y control, respecto de las Entidades Promotoras de Salud cualquiera que sea su naturaleza.

En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la función de inspección, vigilancia y control con el objetivo de asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a la prestación de los servicios de salud, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de vigilancia cumplan con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

La Seguridad Social y la atención en salud, se encuentran definidas por la Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, como servicios públicos de carácter obligatorio, a cargo del Estado, disponiendo que se prestarán bajo la dirección, coordinación y control del Estado, acatando los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Fijó, en consecuencia, la norma superior los pilares de la organización, estructura, características y funcionamiento de la prestación de los servicios de salud en Colombia, ligado completamente al concepto de finalidad social del Estado, asegurando, de suyo, que la misma resulte eficiente para todos los habitantes del territorio nacional.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 4°, desarrolló la Seguridad Social como servicio público obligatorio esencial en lo que atañe con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, organizó el funcionamiento y administración de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, los cuales coexisten articuladamente. Así mismo, los artículos 154, 180, 181, 230 y 233 de la Ley en mención, le otorgan a la Superintendencia Nacional de Salud facultades de inspección, vigilancia y control, respecto de las Entidades Promotoras de Salud cualquiera que sea su naturaleza.

Así las cosas y conforme lo expuesto, tenemos que a la Superintendencia Nacional de Salud le han sido asignadas facultades de policía administrativa, con el objeto de cumplir las funciones de vigilancia, para ello tiene facultades sancionatorias y de intervención estatal, entre las cuales encontramos, intervención forzosa para administrar, intervención forzosa para liquidar, revocar y suspender el certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud o de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, "EPS – S", cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

El inciso 2° del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, faculta a esta Superintendencia para revocar o suspender el certificado de autorización que hubiere otorgado a las Entidades Promotoras de Salud, en los siguientes casos:

Por otro lado, y conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud, revocará la licencia de funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las

personas jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su vigilancia, cuando violen las disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre otras, por incurrir en las siguientes conductas:

Conforme al numeral 1, del artículo 16 del Decreto 515 de 2004 y el artículo 4º del Decreto 3556 de 2008, la Superintendencia Nacional de Salud revocará, totalmente, la habilitación de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, cuando se verifique el incumplimiento de por lo menos una de las condiciones que a continuación se señalan:

Mientras que, el numeral 2, del artículo 16 del Decreto 515 de 2004 y el artículo 4° del Decreto 3556 de 2008, establece que la Superintendencia Nacional de Salud revocará, parcialmente la habilitación de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, cuando se presente, por lo menos, uno de los siguientes eventos:

Así mismo y en concordancia con lo anterior, el artículo 5° del Decreto 506 de 2005, faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para adoptar en cualquier momento que se establezca alguna de las causales a que se refiere el artículos 230 de la Ley 100 de 1993 o las que se determinen en las disposiciones legales, (como es el caso del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011), reglamentarias, (como lo definido por los numerales 1 y 2 del artículo 16 del Decreto 515 de 2004 y el artículo 4º del Decreto 3556 de 2008), o estatutarias vigentes, la revocatoria y la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las entidades deban enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud de información que se les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de la información que se obtenga en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control; o a partir de las visitas que realice el organismo de control.

En virtud del referido artículo 5° del Decreto 506 de 2005, se faculta además a la Superintendencia Nacional de Salud para que, como consecuencia de la revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación de una Entidad Promotora de Salud cualquiera que sea su régimen, efectúe la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, y adopte las medidas cautelares o permita que la entidad a la cual se le revocó proceda de acuerdo con sus propios estatutos, previas instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

El artículo 6° del Decreto 506 de 2005 establece que, las medidas cautelares y la toma de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La toma de posesión de bienes haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia de la revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación, por el cumplimiento de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las causales de revocatoria, cuando esté en riesgo el manejo de los recursos públicos de la seguridad social en salud o la prestación del servicio a sus afiliados.

El propio artículo 6º estipula que las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo.

Aunado a lo expuesto, esta Superintendencia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1018 de 2007, le corresponde ejercer la Inspección, Vigilancia y Control sobre el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud. Así es como el artículo 6°, señala como funciones de esta Entidad, entre otras:

(…)

De igual forma el artículo 8° del Decreto 1018 de 2007 establece las funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud entre las que encontramos entre otras:

Conforme a los mandatos Constitucionales, esto es, el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social tiene en nuestro ordenamiento jurídico una doble connotación, por un lado, es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y por otro, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional. Dispone la norma en cita:

La intervención del Estado en materia de economía, tiene su fundamento en la Constitución nacional así:

El legislador, desarrolló en la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizar los derechos de la persona y la comunidad, para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten; dicho Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de salud y servicios complementarios, así como las prestaciones de carácter económico, que serán suministrados por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la ley.

El objetivo de la función de vigilancia y control, busca asegurar la prestación oportuna, permanente y eficiente con calidad e integralidad del servicio de seguridad social en salud; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas integrantes del sector salud; la eficiencia en la aplicación y utilización de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud; el oportuno y adecuado recaudo, giro, transferencia, liquidación cobro y utilización de los mismos; la cabal, oportuna y eficiente explotación de los arbitrios rentísticos que se obtengan de los monopolios de loterías, beneficencias que administren loterías, apuestas y demás modalidades de juegos de suerte y azar; así como lograr que los recursos destinados a su financiación se utilicen exclusivamente para tales fines, a propósito de lo cual, como se indicó, la norma superior señala que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, además, hacen parte de dichos objetivos, la adopción de medidas encaminadas a permitir que la función de vigilancia y control centre su actividad en la aplicación de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento adecuado de las mismas. (Artículo 48 de la Constitución Política).

Consecuente con lo anterior, es de anotar, que los actores del Sistema de Salud colombiano estarán sujetos a las investigaciones y sanciones, administrativas, disciplinarias, fiscales y penales que sean del caso, cuando se dé a los recursos de destinación específica del sector salud, tratamiento diferente al estipulado por la ley, esto es, se desvíe u obstaculice el uso de estos recursos o el pago de los bienes o servicios financiados con estos.

Ahora bien, la intervención del Estado como una de las potestades o privilegios propios de este se encuentra plasmado en las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y fundamentado en ello, se le asignan a la Superintendencia Nacional de Salud una serie de funciones y facultades, entre otras la potestad de intervención forzosa administrativa sobre sus vigilados, así:

Ley 100 de 1993, artículo 230:

Ley 715 de 2001, artículo 68:

Además, dispone en el numeral 8 del artículo 42 ibídem:

"Competencias en salud por parte de la Nación

En este mismo sentido, el artículo 1° del Decreto 1015 de 2002, adicionado por el Decreto 736 de 2005, establece que las normas de procedimiento aplicables al ejercicio por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de la Intervención Forzosa Administrativa se regirán por lo previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.

El Decreto 1015 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, disponen los artículos 1° y 2° lo siguiente:

De otro lado, el Decreto 3023 de 2002, por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 230 de la Ley 100 de 1993 y 68 de la Ley 715 de 2001, establece en su artículo 1, que la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, podrá en todo tiempo ejercer la intervención forzosa administrativa para la liquidación total de un ramo o programa del Régimen Subsidiado o Contributivo en las Entidades Promotoras de Salud y Administradoras del Régimen Subsidiado, cualquiera sea su naturaleza, de conformidad con la evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la prestación de los servicios de salud.

Para tales efectos, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará las normas de procedimiento previstas en el Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.

Del mismo modo, el artículo 2° de la norma en comento indica que cuando se trate de la intervención forzosa administrativa para la liquidación total de un ramo o programa del Régimen Subsidiado o del Régimen Contributivo, la Superintendencia Nacional de Salud designará como liquidador para adelantar dicho proceso al Representante Legal de la entidad autorizada para operar el ramo o programa correspondiente y como Contralor el Revisor Fiscal de la misma.

Lo previsto en el artículo 2° del Decreto 3023 de 2002 se aplicará frente a las entidades públicas cuando proceda la revocatoria del certificado de autorización del ramo o programa tratándose de intervención total de la entidad.

Por las actividades de la liquidación del ramo, el Representante Legal y Revisor Fiscal de la entidad autorizada, no recibirán remuneración diferente a la que perciben en el desempeño de su cargo.

Los Representantes Legales y Revisores Fiscales que asuman las funciones mencionadas dentro de un proceso de liquidación total del ramo o programa, deberán sujetarse a las instrucciones que imparta la Superintendencia Nacional de Salud en la conformación del inventario de bienes y desarrollo del proceso, en aras de garantizar los principios de eficiencia y transparencia.

Cuando sea procedente el nombramiento de un Liquidador o Contralor, estos deberán acreditar las calidades laborales y profesionales establecidas para los cargos de Representante Legal y Revisor Fiscal en la respectiva institución según lo contemplado por el artículo 3° del Decreto 3023 de 2002.

Los criterios para la determinación de la remuneración de los Liquidadores y Contralores, serán los que se apliquen para estos, cuando sean designados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, sin que sean procedentes remuneraciones superiores en el sector salud frente al sector financiero conforme a las reglas y clase de entidades intervenidas, realizadas las correspondientes equivalencias.

quienes deben actualizar la información presentada con la solicitud de inscripción, cuando fueren nombrados en un proceso de intervención forzosa administrativa, en desarrollo de la función propia de la Superintendencia Nacional de Salud.

La toma de posesión de bienes haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia de la revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación, por el cumplimiento de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las causales de revocatoria, cuando esté en riesgo el manejo de los recursos públicos de la seguridad social en salud o la prestación del servicio a sus afiliados, según lo establecido por el artículo 6º del Decreto 506 de 2005.

El propio artículo 6º estipula que las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo.

i) Financiamiento;

ii) Aseguramiento;

iii) Prestación de servicios;

iv) Atención al usuario y participación social; y

v) Eje de acciones y medidas especiales. (Artículo 37 ibídem), señala:

Dado el contenido de la norma, el Eje Temático de Acciones y Medidas Especiales uno de los Ejes del Sistema de IVC, asigna la función en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud para adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas, que cumplen funciones de explotación o monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones prestadoras de servicios de salud de cualquier naturaleza, así como, intervenir técnica y administrativa las direcciones territoriales de salud. En los casos de revocatoria del Certificado de autorización y funcionamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, esta deberá decidir sobre su liquidación. Así como en los casos de liquidación voluntaria de estas vigiladas, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y de los recursos del sector salud.

La Superintendencia Nacional de Salud en materia de procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o liquidar las entidades vigiladas, hasta tanto no se disponga algo diferente en la reglamentación que el Gobierno Nacional lleve a cabo a la Ley 1438 de 2011, es el previsto en el Decreto-ley 663 de 1993, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado a su vez por la Ley 510 de 1999.

Conforme al artículo 46 de la Ley 663 de 1999 son objetivos de la intervención:

Ahora bien, el artículo 114 del Decreto-ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - modificado por el artículo 32, 33 y 34 de la Ley 795 de 2003, y adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999, sobre la toma de posesión dispone lo siguiente:

De esta manera, queda claro, que el procedimiento aplicado por la Superintendencia Nacional de Salud en materia de procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o liquidar las entidades vigiladas, hasta tanto no se disponga procedimiento diferente en la reglamentación que el Gobierno Nacional lleve a cabo a la Ley 1438 de 2011, es el previsto en el Decreto-ley 663 de 1993, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado a su vez por la Ley 510 de 1999.

Ahora bien, el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, sobre la toma de posesión dispone lo siguiente:

En relación con lo dispuesto en el anterior parágrafo, la Corte en Sentencia C-1049 de 2000 señaló la necesidad de tener en cuenta, en la toma de posesión de la intervenida, la responsabilidad del empleado administrador o revisor fiscal en torno a los hechos que la ocasionaron, pues solamente en tal caso, de ella podría derivarse la justa causa de la terminación de su contrato y la pérdida del derecho a una adecuada indemnización. Al respecto indicó en dicha oportunidad:

En este orden de ideas, es oportuno recordar que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto-ley 663 de 1995, régimen aplicable a los procesos de intervención forzosa administrativa, dispone en el artículo 295 lo relativo al régimen de los liquidadores y contralores, entendidos los designados por la Superintendencia Nacional de Salud, así:

Por otro lado, el Decreto 2555 de 2010 respecto de la toma de posesión y el agente especial, en el establece lo siguiente:

Del mismo modo, el Decreto 2555 de 2010 consagró lo relacionado con el proceso de liquidación forzosa administrativa en sus numerales 9.1.3.1.1 al 9.5.1.1.1.

Acorde a las normas ut supra citadas, una vez la Superintendencia Nacional de Salud decida ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución por ella vigilada, deberá, entre otras medidas, plasmar en el acto administrativo que ordena la toma de posesión, comunicar a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida. Es igualmente claro que la toma de posesión conlleva la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad, siendo deber de la Superintendencia librar los oficios correspondientes. No otro es el tenor literal de las normas citadas.

A la Superintendencia Nacional de Salud le es exigible, al desarrollar su función de policía administrativa, dar cumplimiento a la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos.

Sobre el principio constitucional del debido proceso dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-460 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, lo siguiente:

Así, pues, el debido proceso, en términos generales, se define doctrinariamente como el conjunto de procedimientos y garantías establecidos en el derecho positivo con el fin de impartir pronta y cumplida justicia, entendida en su sentido lato como la debida resolución de conflictos o peticiones (actuaciones judiciales o administrativas). La figura se expresa mediante un conjunto de derechos básicos, a saber:

• Derecho a la jurisdicción o competencia, concebido como el libre e igualitario acceso ante el funcionario competente, obtención de decisiones motivadas, impugnación de decisiones, y el cumplimiento de lo decidido, una vez se encuentre en firme.

• El derecho al juez o funcionario natural, comprendido como el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para atender en debida forma la petición o conflicto en cada caso concreto.

• El derecho a la defensa judicial o administrativa, percibido como la posibilidad y garantía de empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacerse escuchar y obtener, de ser procedente, una decisión favorable. De este derecho fundamental hacen parte los derechos a la presunción de inocencia, al tiempo o términos y al uso y disposición de los medios adecuados para la preparación de la defensa, lo cual incluye la posibilidad de presentar alegatos de conclusión, a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y lealtad de las demás personas que intervienen en el correspondiente proceso.

• El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas o inexplicables (principios de economía, eficiencia, eficacia y publicidad).

• El derecho a la independencia e imparcialidad del funcionario judicial o administrativo, que se materializa cuando el funcionario se ciñe objetivamente, en el cumplimiento de sus funciones, a los mandatos del orden jurídico imperante, sin ningún tipo de influencia interna o externa (sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas).

• El derecho de accionar o peticionar (Sentencias T-001 de 1993; C-540 de 1997).

En términos generales, en el contexto de nuestro Estado se garantiza el derecho de defensa como una garantía inmanente al ser humano en su condición de individuo que convive en un medio signado por la libertad. Como régimen democrático, Colombia debe preservar tal garantía desde todos los puntos de vista posibles, incluido el marco regulatorio mediante el cual se define procesalmente la manera como se resuelven los diferentes conflictos que de una u otra manera comprometen la vigencia de un orden justo.

Así, las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo tenga la oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando, en todo caso, los términos y las etapas procesales.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-467/95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, señaló lo siguiente:

2. ANTECEDENTES DEL ASUNTO SUB EXAMINE

Las entidades que a la vigencia de la Ley 1122 de 2007, esto es, a 9 de enero de 2007, administraban el Régimen Subsidiado como ARS, se denominarán en adelante Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado (EPSS). Cumplirán con los requisitos de habilitación y demás que señala el reglamento.25

Son EPS del Régimen Subsidiado, las Empresas Solidarias de Salud -ESS-, las Cajas de Compensación Familiar CCF y las Empresas de naturaleza pública, privada o mixta, las EPSI, según lo definido por el artículo 14 de la Ley 691 de 2001 y el artículo 1° del Decreto 1804 de 1999, siempre que cumplan con las condiciones de habilitación establecidas por el Decreto 515 de 2004 los Decretos 510, 3010 y 3880 de 2005, y las Resoluciones 581 y 1189 de 2004.

Son funciones de las EPSS las siguientes:

1. Promover la afiliación de la población beneficiaria del Régimen Subsidiado, garantizando la libre elección por parte del beneficiario.

2. Afiliar a la población beneficiaria de subsidios y entregar el carné correspondiente que lo acredita como afiliado, en los términos fijados por las normas vigentes.

3. Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, como aseguradoras y administradoras que son, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención, evitando en todo caso la discriminación de personas con altos riesgos o enfermedades costosas.

4. Informar al beneficiario sobre aquellos aspectos relacionados con el contenido del POS-S, procedimientos para la inscripción, redes de servicios con que cuenta, deberes y derechos dentro del SGSSS, así como el valor de los copagos que debe pagar.

5. Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud previstos en el Plan Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus afiliados con cargo a las Unidades de Pago por Capitación correspondientes. Con este propósito gestionarán y coordinarán la oferta de servicios de salud, directamente o a través de la contratación con instituciones prestadoras de servicios y con profesionales de salud, implementarán sistemas de control de costos; informarán y educarán a los usuarios para el uso racional del sistema; establecerán procedimientos de garantía de calidad para la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud.

6. Asegurar los riesgos derivados de la atención de enfermedades de alto costo, calificadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social, de acuerdo con las condiciones señaladas en los reglamentos.

7. Suministrar oportunamente a las Direcciones de Salud la información relacionada con sus afiliados y verificar en el momento de la afiliación que estas personas se encuentran dentro de la población prioritaria para la asignación de subsidios, conforme los listados entregados por las entidades territoriales.

8. Establecer el sistema de administración financiera de los recursos provenientes del subsidio a la demanda.

9. Organizar estrategias destinadas a proteger la salud de sus beneficiarios que incluya las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación dentro de los parámetros de calidad y eficiencia.

10. Informar a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud, a las entidades territoriales y demás autoridades correspondientes las irregularidades que se presenten

11. Cumplir con las disposiciones legales y los requisitos para la autorización consagrados en el Decreto 1804 de 1999, los requisitos de habilitación definidos en los Decretos 515 de 2004, 506, 3010, y 3880 de 2005 y los estándares determinados por las Resoluciones 581 y 1189 de 2004.

La Ley 715 de 2001, a través de la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud entre otros, conforme al numeral 10 de su artículo 42 establece que, corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, definir en el primer año de vigencia de esta ley, el Sistema Único de Habilitación, el Sistema de Garantía de la Calidad y el Sistema Único de Acreditación de Prestadores de Servicios de Salud.

Mediante el Decreto 1011 del 2006, el Gobierno Nacional redefinió el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud en el Sistema General de Seguridad Social, obligatorio para prestadores y aseguradores, estas medidas contempladas por el Gobierno buscan garantizarles a todos los colombianos la adecuada atención en salud, a través del Sistema de Garantía de Calidad, conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.26

Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en los aspectos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, el Ministerio de la Protección Social estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud.27

Este Sistema, Tendrá como componentes los siguientes:28

1. El Sistema Único de Habilitación.

2. La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.

3. El Sistema único de Acreditación.

4. El Sistema de Información para la Calidad.

El Sistema Único de Habilitación, es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB.29

Se consideran Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado (EPS del Régimen Subsidiado), Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada.30

El Sistema Único de Habilitación se constituye en un instrumento de protección al usuario ya que la idea es que los actores del SGSSS se concienticen de hacer las cosas bien, con responsabilidad y con ética.

Lo señalado anteriormente guarda directa relación con el proceso de habilitación, componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, que al tratarse de Entidades Promotoras de Salud, corresponde adelantarlo a la Superintendencia Nacional de Salud, como bien lo dispone el Decreto 1011 de 2006.

Las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa de obligatorio cumplimiento para la entrada y permanencia de las EAPB, serán los estándares que para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social tal y como lo establece el artículo 27 del Decreto 1011 de 2006.

Conforme al artículo 27 del Decreto 1011 de 2006, la Superintendencia Nacional de Salud será la entidad competente para habilitar a las EAPB, el Ministerio de la Protección Social establecerá el procedimiento que la Superintendencia Nacional de Salud deberá aplicar para la verificación, registro y control permanente de las condiciones de habilitación de las EAPB, tanto para aquellas que actualmente se encuentran en operación, como para las nuevas entidades.

La Superintendencia Nacional de Salud informará al Ministerio de la Protección Social el resultado de las visitas y deberá consolidar la información de habilitación de estas entidades.

La habilitación según artículo 30 del Decreto 1011 de 2006, se otorgará a las EAPB por un término indefinido.

Las EAPB deberán mantener y actualizar permanentemente los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional.

La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control verificará el mantenimiento de las condiciones de habilitación por parte de estas entidades.

26 Artículo 3º, Decreto 1011 de

La Superintendencia Nacional de Salud podrá revocar la habilitación a una EAPB cuando incumpla cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento. El incumplimiento de las condiciones de habilitación por parte de las EAPB dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la ley, previo agotamiento del debido proceso, tal y como lo establece el artículo 31 del Decreto 1011 de 2006.

Como se advirtió con anterioridad, la habilitación se erige como un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1011 de 2006, y cuyos componentes generales son los siguientes:

• AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINÚO DE LA CALIDAD. Es un proceso de autocontrol, que involucra al cliente y sus necesidades, que consiste en la identificación permanente de aspectos del proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de establecer los ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos clientes.

• HABILITACIÓN. Genera seguridad al usuario de ser atendido en instituciones que cumplen con unos estándares definidos, los cuales son básicamente de estructura, pero orientados a procesos y dirigidos a los factores de riesgo que pudieran ocasionar efectos adversos o contraproducentes, derivados del proceso de atención. Estos estándares son iguales para todos y conocidos ampliamente por todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y dinámicos en el tiempo en la medida que progresivamente se irán ajustando con el fin de mantener el nivel óptimo de seguridad requerido en la atención en salud.

La finalidad del componente de Habilitación, es garantizar a los usuarios del Sistema, que las entidades a las que la Superintendencia Nacional de Salud, autoriza su habilitación, acreditaron el cumplimiento de unas condiciones mínimas y dentro de estas de unos estándares mínimos, que en el caso de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, determinen que cuentan con capacidad para garantizar el aseguramiento en salud en el Régimen Subsidiado, de manera responsable y eficiente y brindar en este, el acceso a los servicios de salud a su población afiliada, sin condicionamientos e ininterrumpidamente.

Así mismo, en el artículo 3° del Decreto 515 de 2004, se determinaron las condiciones para la habilitación, determinando que las condiciones de operación y permanencia, incluyen:

1. Capacidad Técnico – Administrativa.

2. Capacidad Financiera.

3. Capacidad Tecnológica y Científica.

Igualmente, el Decreto en mención, dispuso en su Capítulo II lo referente a las condiciones de operación -artículos 4°, 5° modificado por el artículo 2° del Decreto 3556 de 2008, y 6°-, y en el Capítulo III lo concerniente a las condiciones de permanencia, -artículos 7°, 8° modificado por el artículo 3° del Decreto 3556 de 2008 y 9°-, estableciendo de manera taxativa requerimientos mínimos para cada una de ellas, en cumplimiento de condiciones de capacidad técnico administrativa, tecnológica y científica y financiera.

Por su parte, al hacer referencia a las condiciones de habilitación, en relación con los requisitos de permanencia, el Decreto 515 de 2004, estableció:

Ahora bien, según lo dispone el Decreto 515 de 2004, artículo 10, la Entidad competente para otorgar la habilitación a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, es la Superintendencia Nacional de Salud, y en consecuencia es la responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones del proceso de habilitación y de las condiciones de capacidad que las integran.

El artículo 5° del Decreto 506 de 2005, referente a la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de la habilitación, determinó las causas y la consecuencia del incumplimiento a las condiciones de habilitación, como es la suspensión del certificado de funcionamiento (para EPS del Régimen Contributivo) y la revocatoria de la habilitación (para EPS del Régimen Subsidiado) así:

Finalmente, mediante el Decreto 3556 del 16 de septiembre de 2008, se modificó parcialmente el Decreto 515 de 2004, y mediante Resolución 1189 de 2004 se modificó la Resolución 581 de 2004.

El Decreto 3556 del 16 de septiembre de 2008, por el cual se modifica el Decreto 515 de 2004, establece en su artículo 4º que el artículo 16 del Decreto 515 de 2004 quedará así:

Por su parte, la Resolución 581 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, "por la cual se adopta el Manual de Estándares que establece las condiciones de capacidad técnico-administrativa, tecnológica y científica para la habilitación de las entidades administradoras de Régimen Subsidiado", establece en su Anexo N° 1 la documentación que se debe presentar para la obtención de autorización de funcionamiento de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, así:

Mientras que la Resolución 1189 de 2004, "por la cual se modifica parcialmente el Manual de Estándares de la Resolución 581 de 2004", establece en su artículo 1° lo siguiente:

Mediante los Decretos 1804 de 1999, 515 de 2004, 506, 3010 y 3880 de 2005, las Resoluciones 581 y 1189 de 2004, se definen y reglamentan las condiciones y procedimientos de habilitación, para la operación y permanencia de las EPS del Régimen Subsidiado. La habilitación se otorgará siempre y cuando las respectivas entidades demuestren las condiciones y operación exigidas y reporten a la Superintendencia Nacional de Salud, la información que establezca el Ministerio de la Protección Social, ya que la Superintendencia Nacional de Salud, será la entidad competente para habilitar a estas Entidades. La habilitación estará vigente, en tanto se mantengan las condiciones de permanencia exigidas.

Para efectos de la habilitación, las entidades deberán demostrar el cumplimiento de condiciones de capacidad técnico-administrativa, de capacidad financiera y de capacidad tecnológica y científica, con el propósito de garantizar la administración del riesgo en salud de sus afiliados y la organización de la prestación de los servicios salud.

Las condiciones para la habilitación serán:

a) Condiciones de operación: Que se constituyen como estándares de estructura dirigidos a habilitar la idoneidad de las entidades para la administración del riesgo en salud en cada una de las áreas geográficas donde va a operar.

b) Condiciones de permanencia: Las cuales se establecen como estándares de proceso y resultados, dirigidos a la evaluación del funcionamiento de las Entidades en el ejercicio de su objeto social en cada una de las áreas geográficas que le fueron habilitadas. El cumplimiento de estas condiciones se deberá demostrar y mantener en forma continua y posterior al cumplimiento con las condiciones de habilitación.

c) Condiciones de salida: Tales como la verificación de cualesquiera de las causales de revocatoria de la habilitación o la acreditación de las situaciones que determinan el retiro voluntario de las entidades.

Estas entidades, una vez habilitadas, serán evaluadas por la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta el mantenimiento de las condiciones de permanencia, los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario, los resultados de los indicadores del estado de salud y calidad de la atención, y la verificación de la Superintendencia Nacional de Salud frente al manejo de quejas, reclamos y acciones de tutela.

Las prácticas no autorizadas, impiden los monopolios en el Sistema, la prohibición de alianzas que afecten calidad y la celebración de convenios o franquicias, en donde se trasladan responsabilidades y no se asuma por completo el aseguramiento y manejo del riesgo en salud de los afiliados al Sistema.

De conformidad con lo previsto en la Circular Única, esto es, la Circular 047 de 2007, Capítulo I del Título II Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), numeral 1.9. Sistema Único de Habilitación Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, las siguientes son las reglas para la obtención de la autorización de funcionamiento:

La Superintendencia Nacional de Salud autorizará la operación del Régimen Subsidiado a las entidades que además de lo anterior citado, reúnan los siguientes requisitos, según lo definido por el artículo 5° del Decreto 1804 de 1999, que a su tenor reza:

De conformidad con el Decreto 1804 de 1999, artículo 4°, son obligaciones de las entidades administradoras del Régimen Subsidiado hoy EPSS, las siguientes:

2.2. AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL DE LAS EPSS

De otro lado, según lo establecido por el inciso 2° del artículo 3° del Acuerdo 294 del CNSSS, en el proceso de operación regional del Régimen Subsidiado, en cada región se buscaría la presencia de los distintos tipos de EPSS según su naturaleza jurídica, esto es al menos:

I. Una EPS indígena.

II. Una EPS pública del orden nacional.

III. Una Empresa Solidaria de Salud.

IV. Una Caja de Compensación Familiar.

V. Una EPS privada, y

VI. Una EPS pública o mayoritariamente pública del orden departamental o municipal de la respectiva región.

De otro lado, a partir del 1° de octubre de 2005 el Régimen Subsidiado de salud opera de manera regional de conformidad con las reglas que se establecieron en su momento en el Acuerdo 294 del CNSSS. La operación regional significa que los municipios solo podrán contratar el Régimen Subsidiado con las EPSS que mediante la convocatoria cuyas bases se señalan en dicho acuerdo, hayan sido seleccionadas para operar en la respectiva región y que los beneficiarios del subsidio solo podrán escoger una EPSS entre aquellas seleccionadas en la región.

Para seleccionar las EPS del Régimen Subsidiado debía realizarse el procedimiento establecido en el Acuerdo 294 del CNSSS.

Las EPSS que pretendían contratar con cualquier municipio de la región debían inscribirse, conforme a las condiciones que se establecían en el Acuerdo en comento, siempre que cumplieran con todos los requisitos legales y reglamentarios para funcionar y para la firma del contrato cumplir con todos los requisitos que señalara el Gobierno Nacional y no estar impedidas para celebrar contratos con el Estado conforme lo señalado en su momento por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004.

Por lo que, si la EPSS resultaba seleccionada para una región y escogida por los usuarios en un municipio pero no era habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud por no cumplir con los requisitos para ello, no podía ser contratada y debería darse paso a la siguiente EPSS en el orden de la lista de elegibilidad para la región. En todo caso para sustituir las EPSS no habilitadas solo podrán tenerse en cuenta las siguientes tres EPSS que tengan los mejores puntajes de la lista.

El Régimen Subsidiado según el artículo 2° del Acuerdo 294 del CNSSS, operaría en cada una de las regiones definidas por el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con criterios de población afiliada, geografía cultural y red de servicios.

Entre las EPSS inscritas con base en lo previsto en el Acuerdo 294 del CNSSS, en cada una de las regiones, se efectuaría la selección de las EPSS que dentro de cada región presentaran los mejores puntajes hasta completar los 15 cupos acorde con el procedimiento establecido en dicho acuerdo.

En cada región se buscaría la presencia de los distintos tipos de EPSS según su naturaleza jurídica, esto es al menos una EPS indígena, una EPS pública del orden nacional, una Empresa Solidaria de Salud, una Caja de Compensación Familiar, una EPS privada, y una EPS pública o mayoritariamente pública del orden departamental o municipal de la respectiva región.

El artículo 1° de la Resolución 1013 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, define las regiones en las cuales las EPS del Régimen Subsidiado podrán ser seleccionadas para operar el Régimen subsidiado de salud, bajo las condiciones definidas por el Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

El Régimen Subsidiado operará en cinco (5) regiones conformadas por los departamentos y sus respectivos municipios de la siguiente manera:

a) Región Norte: Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira;

b) Región Noroccidental: Departamentos de Antioquia, San Andrés y Providencia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima;

c) Región Nororiental: Departamentos de Norte de Santander, Santander, Cesar, Boyacá, Arauca y Casanare;

d) Región Centroriental: Bogotá, D. C., y los departamentos de Huila, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada;

e) Región Sur: Departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En los casos en que dos o más entidades obtengan el mismo puntaje para la definición de los últimos cupos, se priorizarían conforme a los siguientes criterios:

i) Entidades públicas o privadas;

ii) Empresas Solidarias de Salud en concordancia con el artículo 216 de la Ley 100 de 1993;

iii) La entidad que haya obtenido la mejor calificación en el criterio de percepción y satisfacción de los actores, y

iv) La entidad que haya obtenido la mejor calificación en el criterio de número de afiliados.

Ninguna EPSS podía ser autorizada para operar en más de tres de las cinco regiones establecidas, sin embargo, el CNSSS podía superar esta limitación y disponer que en una o varias regiones ingresara una EPSS adicional con el fin de garantizar la pluralidad en el tipo de entidades participantes en especial de las EPSS públicas o privadas sin ánimo de lucro, siempre y cuando la respectiva EPSS haya sido calificada dentro de los quince primeros puntajes.

Al momento de la inscripción, cada EPSS debería señalar las regiones a las que aspiraba y el orden de su preferencia, siendo potestad de cada una el presentarse en todas las regiones o solo en alguna o algunas de ellas. Las EPSS que aspiraban a participar en las diferentes regiones debían comprometerse previamente a ofertar sus servicios por lo menos en el 20% de los municipios que componían la región. De lo anterior se exceptuaron las EPS-I y las entidades que operaban en un solo departamento de la región en cuyo caso ofertarían en el 20% de los municipios del departamento, según lo dispuesto por el inciso 8° del artículo 3° del Acuerdo 294 del CNSSS.

Con la inscripción en la respectiva región se entendía efectuado el compromiso de ofertar sus servicios por los menos en el 20% de los municipios de la región. La oferta de servicios se realizaría con posterioridad al proceso de selección, mediante la inscripción que realizara la EPSS en cada municipio, con el fin de que los beneficiarios del Régimen Subsidiado pudieran seleccionarla, según parágrafo 1° del artículo 3° del Acuerdo 294 del CNSSS.

Conforme a lo establecido por el inciso 2° del artículo 6° del Acuerdo 294 del CNSSS, las EPSS se inscribirían en todos aquellos municipios en los que deseare participar sin que el número de estos en que se inscribiera fuera inferior al 20% del total de municipios de la región mediante comunicación dirigida al alcalde o director de salud con anterioridad al inicio del primer proceso de libre elección en el que fuera a participar.

En el evento en que una EPSS clasificara en los 15 cupos en más de tres regiones, se seleccionaría solamente en aquellas tres regiones en que haya obtenido los mejores puestos en el orden de elegibilidad y en caso de que estos puestos coincidieran en las diferentes regiones se preferirá su participación en las regiones con mayor puntaje en el criterio de opción preferencial al momento de la inscripción.

De conformidad con el inciso 4° del artículo 6° del Acuerdo 294 del CNSSS, para que las EPSS pudieran permanecer después del proceso de libre elección en un determinado municipio o distrito debían contar con un número mínimo de 20.000 afiliados o el 5% del total de afiliados del municipio o distrito sin que en ningún caso ese 5% fuera menor a 500 personas, y en todo caso deberían garantizar la prestación tanto de los servicios asistenciales como administrativos. No aplicará este criterio de permanencia cuando el número de 500 personas represente más del 25% de los afiliados.

Los actuales afiliados a una entidad del Régimen Subsidiado continuarían afiliados a la misma entidad si no manifiestan intención contraria, siempre y cuando la entidad hubiere sido seleccionada para operar en la respectiva región o le fuera aplicable a solicitud de la EPSS la excepción por departamento de que trataba el inciso 5° del artículo 3° del Acuerdo en comento.

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 6° del Acuerdo 294 del CNSSS las EPSS que se encontraban inscritas en un municipio no debían realizar nuevamente el proceso de inscripción y las EPSS que deseaban inscribirse en nuevos municipios podían hacerlo en cualquier tiempo presentando únicamente una comunicación en la cual manifestaran su intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado en la respectiva entidad territorial sin sujeción a la presentación de ningún otro requisito.

La entidad territorial debía publicar la lista de EPSS inscritas previo al proceso de libre elección o asignación según el caso.

Como puede observarse, si ya la EPSS se encontraba autorizada antes, no requeriría de un nuevo proceso de inscripción, mientras que si se trata de una nueva EPSS, tan solo debía presentar una comunicación en la cual manifestara la intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado de la entidad territorial sin necesidad de dar cumplimiento a ningún otro requisito. Si en este último caso, se llegare a exigir algo más, se establecería un presunto prevaricato por parte de la entidad territorial, y la nueva EPSS tendría que proceder a denunciar al municipio a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría General de la Nación. La nueva EPSS, no tenía que esperar para actuar como tal en un municipio, un acto administrativo del municipio que así la autorizara, ya que esta EPSS, ya poseía dicha autorización, la cual le fue otorgada por el Ministerio de la Protección Social cuando le aprobó su ingreso a la región, esto es, la operación regional; por lo que, la EPSS nueva, tan sólo debería informar y podía empezar a trabajar, sin esperar nada del municipio, el cual no podía impedir a esta, ni su ingreso, ni su trabajo, ya que para ello le fue oportunamente comunicado por la EPSS la intención de ingresar y trabajar en el Régimen Subsidiado del municipio, habiendo sido seleccionada, para la región de la cual hace parte el municipio, por el Ministerio de la Protección Social.

Con la Resolución 3734 de 2005, se conforma la lista definitiva de las ARS hoy EPSS seleccionadas para la Operación Regional del Régimen Subsidiado.

La lista definitiva de ARS hoy EPSS seleccionadas y la lista definitiva de ARS hoy EPSS elegibles para la operación regional del Régimen Subsidiado, por cupo, en cada una de las regiones, conforme al artículo 1º de la Resolución en comento, es el siguiente:

A pesar de que en las bases del Plan de Desarrollo de la Ley 812 de 2004 se estableció que el otorgamiento de zonas de operación regional debía realizarse para un período de cuatro años, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, consideró conveniente que el primer período correspondiera a los 2 años y medio que restaban para el cumplimiento del Plan de Desarrollo con el fin de que durante ese período se probará el mecanismo, razón por la cual, el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dispuso que la selección de EPS-S en él prevista, tenía vigencia hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2008.

No obstante, para determinar el desempeño integral de la Operación Regional del Régimen Subsidiado en Salud y definir los criterios de un nuevo concurso, se requería terminar la evaluación de la operación realizada, análisis que desarrolla el Ministerio de la Protección Social, razón por la cual, se hizo necesario ampliar el plazo concedido en el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Por lo que el CNSSS, amplió el plazo concedido mediante el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 294, hasta el 31 de marzo de 2009, mediante el artículo 1° del Acuerdo 387 del CNSSS del 3 de abril de 2008, y estableció que el Ministerio de la Protección Social, informaría al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sobre los resultados de la evaluación integral de la operación del Régimen Subsidiado y del cumplimiento de los objetivos de la operación regional del mismo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para lograr la operación eficiente del aseguramiento y la adecuada prestación de los servicios a los afiliados.

Ahora bien, el CNSSS a través del Acuerdo 409 del 2 de abril de 2009, en su artículo 1°, decidió ampliar el plazo anterior, hasta el 31 de marzo de 2010, esto es, el plazo establecido en el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 294 modificado por el Acuerdo 387 de 2008, y definió que el Ministerio de la Protección Social presentaría al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud los nuevos criterios de selección de las EPS-S para cada región del Régimen Subsidiado en el marco de los mecanismos señalados en el artículo 2° de la Ley 1122 de 2007.

Conforme al artículo 81 del Acuerdo 415 del Consejo Nacional de Seguridad social en Salud, las EPS-S que ingresan al mercado municipal, distrital deberán inscribirse, conforme a las siguientes condiciones, siempre que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios para funcionar y no estén impedidas para celebrar contratos con el Estado conforme lo señalado por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004:

2. La EPS-S se podrá inscribir en cualquier tiempo presentando únicamente una comunicación dirigida al alcalde o al director de salud con anterioridad al inicio de la vigencia contractual en el que vaya a afiliar, en la cual manifiesta su intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado de Salud en la respectiva Entidad Territorial responsable de la operación del Régimen Subsidiado, sin sujeción a la presentación de ningún otro requisito.

3. Las EPS-S que se encuentren inscritas en un municipio no deberán realizar nuevamente el proceso de inscripción siempre y cuando cumpla con las condiciones del primer inciso de este numeral.

4. La entidad territorial responsable de la operación del Régimen Subsidiado formalizará la inscripción mediante comunicación, la cual deberá darse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

2.4.1. La Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 0231 del 6 de febrero de 2006, habilitó, sujeto a la adopción y cumplimiento de un plan de desempeño o de mejoramiento o de actividades de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3880 de 2005 y, en consecuencia, conformar condicionalmente la autorización para administrar y operar en el Régimen Subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud a la entidad HUMANAVIVIR S.A. EPS, con NIT 830.006.404-0, con el objeto de garantizar la prestación del Plan Obligatorio en Salud Subsidiado en los términos de lo dispuesto en el Decreto 515 de 2004, modificado por los Decretos 506, 3010 y 3880 de 2005 y la Resolución 581 de 2004 expedida por el Ministerio de la Protección Social con la siguiente cobertura geográfica y capacidad de afiliación:

2.4.2. Con Resolución número 01693 del 10 de octubre de 2007, esta Superintendencia revocó la Resolución número 0231 del 6 de febrero de 2006, y ordenó la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa para liquidar a HUMANAVIVIR S.A. EPS.

2.4.4. Ahora bien, la Superintendencia Nacional de Salud con la Resolución número 0315 del 17 de marzo de 2008, condicionó la habilitación para la operación del Régimen Subsidiado a HUMANAVIVIR S.A. EPS, al cumplimiento del patrimonio mínimo requerido y a un "plan de actividades por un término máximo de seis (6) meses, en este último caso por incumplir el estándar 1, "Planeación de la atención" y el estándar 4, "Conformación de la Red de Prestadores y el Sistema de Referencia y Contrarreferencia" del Plan de Mejoramiento" (…)

2.4.5. Por otra parte, esta Superintendencia, mediante la Resolución número 1370 del 22 de diciembre de 2008, repuso la Resolución número 0315 del 17 de marzo de 2008, disponiendo habilitar la EPS - S de autos, sin condicionamiento.

Con la Resolución número 3734 de 2005 del Ministerio de la Protección Social autoriza la operación regional en la región norte, centro oriental y sur a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO HUMANA VIVIR S.A. EPS, así:

Que conforme a la Resolución 1013 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, las regiones en las cuales se encuentra autorizada la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado HUMANA VIVIR S.A. EPS está conformada por los siguientes departamentos y sus respectivos municipios:

i) La Región Norte, por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira;

ii) La Región Centro oriental por Bogotá, D. C., y los departamentos de Huila, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada;

iii) La Región Sur por los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

3.1. La doctora Luz Stela Guerrero Higuera, Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANA VIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO de "HUMANA S.A. EPS-S", mediante oficio radicado con NURC 1-2011-025550 de fecha 6 de abril de 2011, le informó al Superintendente Delegado para la Atención en Salud, lo siguiente:

(…) "Que con fundamento en el artículo primero del Decreto 1357 de 2008, que conforme a la Resolución número 3774 de 2005, expedida por el Ministerio de la Protección Social HUMANAVIVIR S.A EPS-S está autorizada para operar en la Región Centro - Oriental, en la cual se ubica el Departamento del Vicha –sic- y en el que se reúnen los requisitos previstos en el artículo 81 del Acuerdo 415 de 2009, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, esta EPS-S ingresó al municipio de Cumaribo – Vichada para participar en la administración de los recursos del Régimen Subsidiado a partir de la nueva vigencia que inició el primero de abril de 2011. Para este efecto adelantó los trámites administrativos ante la Alcaldía de Cumaribo.

Oportunamente haremos llegar a su Despacho la información pertinente que señala el inciso tercero del artículo primero del Decreto 1357 de 2008".

3.2. La Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, por medio del oficio signado con NURC 2-2011-026480 de fecha 5 de mayo de 2011, comunicó a la doctora Luz Stella Guerrero Higuera, Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANA S.A. EPS-S, que se encuentra verificando que efectivamente la EPS-S esté al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera, cumpla las normas sobre margen de solvencia y cuente con la red con la cual garantizará el acceso a los servicios de salud de la nueva población, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1357 de 2008 y que en caso de no cumplirse con todos y cada uno de los requisitos referidos, HUMANAVIVIR S.A. EPS-S tendrá que devolver los afiliados que se trasladaron a la misma, situación que además no será óbice para el adelantamiento de las investigaciones administrativas y la imposición de sanciones a que haya lugar.

3.3. De igual forma, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud mediante oficio radicado con NURC 2-2011-026476 de fecha 5 de mayo de 2011, requirió al doctor Aldemar Gómez González Alcalde Municipal de Cumaribo - Vichada, en los siguientes términos:

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud tuvo conocimiento que HUMANA VIVIR EPS S.A. pretende administrar y operar los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en el municipio de Cumaribo, este Despacho se ve en la obligación de aclarar, que al no encontrarse la EPS-S en mención, habilitada por parte de esta Entidad en el departamento del Vichada, la misma para poder ingresar a municipios de dicho departamento, debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1357 de 2008, el cual a la letra establece que:

3.4. Por otra parte, la Superintendencia Delegada de conocimiento por medio de memorando identificado con NURC 3-2011-00833, de fecha 9 de mayo de 2011, solicitó a la Dirección General de Calidad y de Prestación de Servicios de Salud de esta Superintendencia, concepto respecto de la suficiencia de la red con la cual la EPS-S de autos garantizaría el acceso de los servicios de salud en el municipio de Cumaribo.

3.5. Así mismo, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, con memorando radicado con NURC 3-2011-00833, de fecha 9 de mayo de 2011, requirió a la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, certificar el cumplimiento del margen de solvencia de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO HUMANA VIVIR S.A. EPS y si esta se encuentra al día con sus proveedores y prestadores de servicios.

3.6. La Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia, por medio del oficio radicado con NURC 2-2011-028088 de fecha 11 de mayo de 2011 rindió concepto sobre la operación de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S en el municipio de Cumaribo – Vichada, de cuyo contenido se trae a colación lo siguiente:

"A partir del 1º de octubre de 2005 el Régimen Subsidiado de salud opera de manera regional de conformidad con las reglas que se establecieron en su momento en el Acuerdo 294 del CNSSS. La operación regional significa que los municipios solo podrán contratar el Régimen Subsidiado con las EPSS que mediante la convocatoria cuyas bases se señalan en dicho acuerdo, hayan sido seleccionadas para operar en la respectiva región y que los beneficiarios del subsidio solo podrán escoger una EPSS entre aquellas seleccionadas en la región.

Para seleccionar las EPS del Régimen Subsidiado debía realizarse el procedimiento establecido en el Acuerdo 294 del CNSSS.

Las EPSS que pretendían contratar con cualquier municipio de la región debían inscribirse, conforme a las condiciones que se establecían en el Acuerdo en comento, siempre que cumplieran con todos los requisitos legales y reglamentarios para funcionar y para la firma del contrato cumplir con todos los requisitos que señalara el Gobierno Nacional y no estar impedidas para celebrar contratos con el Estado conforme lo señalado en su momento por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004.

Por lo que, si la EPSS resultaba seleccionada para una región y escogida por los usuarios en un municipio, pero no era habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud por no cumplir con los requisitos para ello, no podía ser contratada y debería darse paso a la siguiente EPSS en el orden de la lista de elegibilidad para la región. En todo caso para sustituir las EPSS no habilitadas solo podrán tenerse en cuenta las siguientes tres EPSS que tengan los mejores puntajes de la lista.

El Régimen Subsidiado según artículo 2º del Acuerdo 294 del CNSSS, operaría en cada una de las regiones definidas por el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con criterios de población afiliada, geografía cultural y red de servicios.

Entre las EPSS inscritas con base en lo previsto en el Acuerdo 294 del CNSSS, en cada una de las regiones, se efectuaría la selección de las EPSS que dentro de cada región presentaran los mejores puntajes hasta completar los 15 cupos acorde con el procedimiento establecido en dicho acuerdo.

En cada región se buscaría la presencia de los distintos tipos de EPSS según su naturaleza jurídica, esto es al menos una EPS indígena, una EPS pública del orden nacional, una Empresa Solidaria de Salud, una Caja de Compensación Familiar, una EPS privada, y una EPS pública o mayoritariamente pública del orden departamental o municipal de la respectiva región.

El artículo 1º de la Resolución 1013 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, define las regiones en las cuales las EPS del Régimen Subsidiado podrán ser seleccionadas para operar el Régimen subsidiado de salud, bajo las condiciones definidas por el Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

El Régimen Subsidiado operará en cinco (5) regiones conformadas por los departamentos y sus respectivos municipios de la siguiente manera:

a) Región Norte: Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira;

b) Región Noroccidental: Departamentos de Antioquia, San Andrés y Providencia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima;

c) Región Nororiental: Departamentos de Norte de Santander, Santander, Cesar, Boyacá, Arauca y Casanare;

d) Región Centro Oriental: Bogotá, D. C., y los departamentos de Huila, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada;

e) Región Sur: Departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En los casos en que dos o más entidades obtengan el mismo puntaje para la definición de los últimos cupos, se priorizarían conforme a los siguientes criterios:

i) Entidades públicas o privadas;

ii) Empresas Solidarias de Salud en concordancia con el artículo 216 de la Ley 100 de 1993;

iii) La entidad que haya obtenido la mejor calificación en el criterio de percepción y satisfacción de los actores, y

iv) La entidad que haya obtenido la mejor calificación en el criterio de número de afiliados.

Ninguna EPSS podía ser autorizada para operar en más de tres de las cinco regiones establecidas, pero el CNSSS podía superar esta limitación y disponer que en una o varias regiones ingresara una EPSS adicional con el fin de garantizar la pluralidad en el tipo de entidades participantes en especial de las EPSS públicas o privadas sin ánimo de lucro, siempre y cuando la respectiva EPSS haya sido calificada dentro de los quince primeros puntajes.

Al momento de la inscripción cada EPSS debería señalar las regiones a las que aspiraba y el orden de su preferencia, siendo potestad de cada una el presentarse en todas las regiones o solo en alguna o algunas de ellas. Las EPSS que aspiraban a participar en las diferentes regiones debían comprometerse previamente a ofertar sus servicios por lo menos en el 20% de los municipios que componían la región. De lo anterior se exceptuaron las EPS-I y las entidades que operaban en un solo departamento de la región en cuyo caso ofertarían en el 20% de los municipios del departamento, según lo dispuesto por el inciso 8º del artículo 3º del Acuerdo 294 del CNSSS.

Con la inscripción en la respectiva región se entendía efectuado el compromiso de ofertar sus servicios por los menos en el 20% de los municipios de la región. La oferta de servicios se realizaría con posterioridad al proceso de selección, mediante la inscripción que realizara la EPSS en cada municipio, con el fin de que los beneficiarios del Régimen Subsidiado pudieran seleccionarla, según parágrafo 1º del artículo 3º del Acuerdo 294 del CNSSS.

Conforme a lo establecido por el inciso 2º del artículo 6º del Acuerdo 294 del CNSSS, las EPSS se inscribirían en todos aquellos municipios en los que deseare participar sin que el número de estos en que se inscribiera fuera inferior al 20% del total de municipios de la región mediante comunicación dirigida al alcalde o director de salud con anterioridad al inicio del primer proceso de libre elección en el que fuera a participar.

En el evento en que una EPSS clasificara en los 15 cupos en más de tres regiones, se seleccionaría solamente en aquellas tres regiones en que haya obtenido los mejores puestos en el orden de elegibilidad y en caso de que estos puestos coincidieran en las diferentes regiones se preferirá su participación en las regiones con mayor puntaje en el criterio de opción preferencial al momento de la inscripción.

De conformidad con el inciso 4º del artículo 6º del acuerdo 294 del CNSSS, para que las EPSS pudieran permanecer después del proceso de libre elección en un determinado municipio o distrito debían contar con un número mínimo de 20.000 afiliados o el 5% del total de afiliados del municipio o distrito sin que en ningún caso ese 5% fuera menor a 500 personas, y en todo caso deberían garantizar la prestación tanto de los servicios asistenciales como administrativos. No aplicará este criterio de permanencia cuando el número de 500 personas represente más del 25% de los afiliados.

Los actuales afiliados a una entidad del Régimen Subsidiado continuarían afiliados a la misma entidad si no manifiestan intención contraria, siempre y cuando la entidad hubiere sido seleccionada para operar en la respectiva región o le fuera aplicable a solicitud de la EPSS la excepción por departamento de que trataba el inciso 5° del artículo 3° del acuerdo en comento.

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 6º del Acuerdo 294 del CNSSS las EPSS que se encontraban inscritas en un municipio no debían realizar nuevamente el proceso de inscripción y las EPSS que deseaban inscribirse en nuevos municipios podían hacerlo en cualquier tiempo presentando únicamente una comunicación en la cual manifestaran su intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado en la respectiva entidad territorial sin sujeción a la presentación de ningún otro requisito.

La entidad territorial debía publicar la lista de EPSS inscritas previo al proceso de libre elección o asignación según el caso.

Como puede observarse, si ya la EPSS se encontraba autorizada antes, no requeriría de un nuevo proceso de inscripción, mientras que si se trata de una nueva EPSS, tan solo debía presentar una comunicación en la cual manifestara la intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado de la entidad territorial sin necesidad de dar cumplimiento a ningún otro requisito. Si en este último caso, se llegare a exigir algo más, se establecería un presunto prevaricato por parte de la entidad territorial, y la nueva EPSS tendría que proceder a denunciar al municipio a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría General de la Nación. La nueva EPSS, no tenía que esperar para actuar como tal en un municipio, un Acto Administrativo del municipio que así la autorizara, ya que esta EPSS, ya poseía dicha autorización, la cual le fue otorgada por el Ministerio de la Protección Social cuando le aprobó su ingreso a la región, esto es, la operación regional; por lo que, la EPSS nueva, tan solo sólo debería informar y podía empezar a trabajar, sin esperar nada del municipio, el cual no podía impedir a esta, ni su ingreso, ni su trabajo, ya que para ello le fue oportunamente comunicado por la EPSS la intención de ingresar y trabajar en el Régimen Subsidiado del municipio, habiendo sido seleccionada, para la región de la cual hace parte el municipio, por el Ministerio de la Protección Social.

A través de la Resolución 3734 de 2005, se conforma la lista definitiva de las ARS hoy EPSS seleccionadas para la Operación Regional del Régimen Subsidiado.

La lista definitiva de ARS hoy EPSS seleccionadas y la lista definitiva de ARS hoy EPSS elegibles para la operación regional del Régimen Subsidiado, por cupo, en cada una de las regiones, conforme al artículo 1º de la Resolución en comento, es el siguiente:

(…)

A pesar de que en las bases del Plan de Desarrollo de la Ley 812 de 2004 se estableció que el otorgamiento de zonas de operación regional debía realizarse para un período de cuatro años, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, consideró conveniente que el primer período correspondiera a los 2 años y medio que restaban para el cumplimiento del Plan de Desarrollo con el fin de que durante ese período se probara el mecanismo, razón por la cual, el parágrafo 2º del artículo 3º del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dispuso que la selección de EPS-S en él prevista, tenía vigencia hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2008.

No obstante, para determinar el desempeño integral de la Operación Regional del Régimen Subsidiado en Salud y definir los criterios de un nuevo concurso, se requería terminar la evaluación de la operación realizada, análisis que desarrolló el Ministerio de la Protección Social, razón por la cual, se hizo necesario ampliar el plazo concedido en el parágrafo 2º del artículo 3º del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Por lo que el CNSSS, amplió el plazo concedido mediante el parágrafo 2º del artículo 3º del Acuerdo 294, hasta el 31 de marzo de 2009, mediante el artículo 1º del Acuerdo 387 del CNSSS del 3 de abril de 2008, y estableció que el Ministerio de la Protección Social, informaría al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sobre los resultados de la evaluación integral de la operación del Régimen Subsidiado y del cumplimiento de los objetivos de la operación regional del mismo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para lograr la operación eficiente del aseguramiento y la adecuada prestación de los servicios a los afiliados.

Ahora bien, el CNSSS a través del Acuerdo 409 del 2 de abril de 2009, y en su artículo 1º, decidió ampliar el plazo anterior, hasta el 31 de marzo de 2010, esto es, el plazo establecido en el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 294 modificado por el Acuerdo 387 de 2008, y definió que el Ministerio de la Protección Social presentaría al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud los nuevos criterios de selección de las EPS-S para cada región del Régimen Subsidiado en el marco de los mecanismos señalados en el artículo 2° de la Ley 1122 de 2007.

Por su parte, el Acuerdo 415 del CNSSS, estableció en el inciso 1º del artículo 75, que la autorización regional delimita los mercados donde puede ofertar una EPS-S, con el propósito de especializar sus servicios de acuerdo a las características de la demanda poblacional asegurada, y la red de servicios entre otros factores, a fin de lograr una mejor administración del riesgo en salud.

El Ministerio de la Protección Social en el marco de sus competencias definirá el número de las regiones para la operación del Régimen Subsidiado de acuerdo con criterios de población afiliada, geografía cultural y red de servicios según lo definido por el artículo 76 del Acuerdo 415 del CNSSS.

En cuanto al número máximo de EPS-S que pueden operar en una región se determinará con base en el tamaño poblacional de la región y el tamaño mínimo de población con que puede operar un asegurador, conforme al inciso 1º del artículo 77 de la norma en cuestión. Esta estimación se actualizará cada cuatro años de acuerdo con la vigencia de la autorización.

En cada región de acuerdo con el inciso 2º de la mencionada norma, se buscará la presencia de los distintos tipos de EPS-S según su naturaleza jurídica, esto es al menos:

Una EPS indígena.

Una EPS pública del orden nacional.

Una Entidad Solidaria de Salud.

Una Caja de Compensación Familiar.

Una EPS privada, y

Una EPS pública o mayoritariamente pública del orden departamental o municipal de la respectiva región.

Conforme al artículo 78 del Acuerdo 415 del CNSSS, las EPS-S podrán ser autorizadas para operar en las cinco (5) regiones establecidas o las que se definan, siempre y cuando, se inscriban y participen en los procesos de afiliación como mínimo en un 20% de los municipios que componen cada región.

a) Región Norte: Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira;

b) Región Noroccidental: Departamentos de Antioquia, San Andrés y Providencia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima;

c) Región Nororiental: Departamentos de Norte de Santander, Santander, Cesar, Boyacá, Arauca y Casanare;

d) Región Centro Oriental: Bogotá, D. C., y los departamentos de Huila, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada;

e) Región Sur: Departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En los casos en que dos o más entidades obtengan el mismo puntaje para la definición de los últimos cupos, se priorizarían conforme a los siguientes criterios:

i) Entidades públicas o privadas;

ii) Empresas Solidarias de Salud en concordancia con el artículo 216 de la Ley 100 de 1993;

iii) La entidad que haya obtenido la mejor calificación en el criterio de percepción y satisfacción de los actores, y

iv) La entidad que haya obtenido la mejor calificación en el criterio de número de afiliados.

Ninguna EPSS podía ser autorizada para operar en más de tres de las cinco regiones establecidas, pero el CNSSS podía superar esta limitación y disponer que en una o varias regiones ingresara una EPSS adicional con el fin de garantizar la pluralidad en el tipo de entidades participantes en especial de las EPSS públicas o privadas sin ánimo de lucro, siempre y cuando la respectiva EPSS haya sido calificada dentro de los quince primeros puntajes.

Al momento de la inscripción cada EPSS debería señalar las regiones a las que aspiraba y el orden de su preferencia, siendo potestad de cada una el presentarse en todas las regiones o solo en alguna o algunas de ellas. Las EPSS que aspiraban a participar en las diferentes regiones debían comprometerse previamente a ofertar sus servicios por lo menos en el 20% de los municipios que componían la región. De lo anterior se exceptuaron las EPS-I y las entidades que operaban en un solo departamento de la región en cuyo caso ofertarían en el 20% de los municipios del departamento, según lo dispuesto por el inciso 8º del artículo 3º del Acuerdo 294 del CNSSS.

Con la inscripción en la respectiva región se entendía efectuado el compromiso de ofertar sus servicios por los menos en el 20% de los municipios de la región. La oferta de servicios se realizaría con posterioridad al proceso de selección, mediante la inscripción que realizara la EPSS en cada municipio, con el fin de que los beneficiarios del Régimen Subsidiado pudieran seleccionarla, según parágrafo 1º del artículo 3º del Acuerdo 294 del CNSSS.

Conforme a lo establecido por el inciso 2º del artículo 6º del Acuerdo 294 del CNSSS, las EPSS se inscribirían en todos aquellos municipios en los que deseare participar sin que el número de estos en que se inscribiera fuera inferior al 20% del total de municipios de la región mediante comunicación dirigida al alcalde o director de salud con anterioridad al inicio del primer proceso de libre elección en el que fuera a participar.

En el evento en que una EPSS clasificara en los 15 cupos en más de tres regiones, se seleccionaría solamente en aquellas tres regiones en que haya obtenido los mejores puestos en el orden de elegibilidad y en caso de que estos puestos coincidieran en las diferentes regiones se preferirá su participación en las regiones con mayor puntaje en el criterio de opción preferencial al momento de la inscripción.

De conformidad con el inciso 4º del artículo 6º del acuerdo 294 del CNSSS, para que las EPSS pudieran permanecer después del proceso de libre elección en un determinado municipio o distrito debían contar con un número mínimo de 20.000 afiliados o el 5% del total de afiliados del municipio o distrito sin que en ningún caso ese 5% fuera menor a 500 personas, y en todo caso deberían garantizar la prestación tanto de los servicios asistenciales como administrativos. No aplicará este criterio de permanencia cuando el número de 500 personas represente más del 25% de los afiliados.

Los actuales afiliados a una entidad del Régimen Subsidiado continuarían afiliados a la misma entidad si no manifiestan intención contraria, siempre y cuando la entidad hubiere sido seleccionada para operar en la respectiva región o le fuera aplicable a solicitud de la EPSS la excepción por departamento de que trataba el inciso 5° del artículo 3° del acuerdo en comento.

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 6º del Acuerdo 294 del CNSSS las EPSS que se encontraban inscritas en un municipio no debían realizar nuevamente el proceso de inscripción y las EPSS que deseaban inscribirse en nuevos municipios podían hacerlo en cualquier tiempo presentando únicamente una comunicación en la cual manifestaran su intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado en la respectiva entidad territorial sin sujeción a la presentación de ningún otro requisito.

La entidad territorial debía publicar la lista de EPSS inscritas previo al proceso de libre elección o asignación según el caso.

Como puede observarse, si ya la EPSS se encontraba autorizada antes, no requeriría de un nuevo proceso de inscripción, mientras que si se trata de una nueva EPSS, tan solo debía presentar una comunicación en la cual manifestara la intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado de la entidad territorial sin necesidad de dar cumplimiento a ningún otro requisito. Si en este último caso, se llegare a exigir algo más, se establecería un presunto prevaricato por parte de la entidad territorial, y la nueva EPSS tendría que proceder a denunciar al municipio a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Procuraduría General de la Nación. La nueva EPSS, no tenía que esperar para actuar como tal en un municipio, un Acto Administrativo del municipio que así la autorizara, ya que esta EPSS, ya poseía dicha autorización, la cual le fue otorgada por el Ministerio de la Protección Social cuando le aprobó su ingreso a la región, esto es, la operación regional; por lo que, la EPSS nueva, tan solo sólo debería informar y podía empezar a trabajar, sin esperar nada del municipio, el cual no podía impedir a esta, ni su ingreso, ni su trabajo, ya que para ello le fue oportunamente comunicado por la EPSS la intención de ingresar y trabajar en el Régimen Subsidiado del municipio, habiendo sido seleccionada, para la región de la cual hace parte el municipio, por el Ministerio de la Protección Social.

A través de la Resolución 3734 de 2005, se conforma la lista definitiva de las ARS hoy EPSS seleccionadas para la Operación Regional del Régimen Subsidiado.

La lista definitiva de ARS hoy EPSS seleccionadas y la lista definitiva de ARS hoy EPSS elegibles para la operación regional del Régimen Subsidiado, por cupo, en cada una de las regiones, conforme al artículo 1º de la Resolución en comento, es el siguiente:

(…)

A pesar de que en las bases del Plan de Desarrollo de la Ley 812 de 2004 se estableció que el otorgamiento de zonas de operación regional debía realizarse para un período de cuatro años, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, consideró conveniente que el primer período correspondiera a los 2 años y medio que restaban para el cumplimiento del Plan de Desarrollo con el fin de que durante ese período se probara el mecanismo, razón por la cual, el parágrafo 2º del artículo 3º del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud dispuso que la selección de EPS-S en él prevista, tenía vigencia hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2008.

No obstante, para determinar el desempeño integral de la Operación Regional del Régimen Subsidiado en Salud y definir los criterios de un nuevo concurso, se requería terminar la evaluación de la operación realizada, análisis que desarrolló el Ministerio de la Protección Social, razón por la cual, se hizo necesario ampliar el plazo concedido en el parágrafo 2º del artículo 3º del Acuerdo 294 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

Por lo que el CNSSS, amplió el plazo concedido mediante el parágrafo 2º del artículo 3º del Acuerdo 294, hasta el 31 de marzo de 2009, mediante el artículo 1º del Acuerdo 387 del CNSSS del 3 de abril de 2008, y estableció que el Ministerio de la Protección Social, informaría al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud sobre los resultados de la evaluación integral de la operación del Régimen Subsidiado y del cumplimiento de los objetivos de la operación regional del mismo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para lograr la operación eficiente del aseguramiento y la adecuada prestación de los servicios a los afiliados.

Ahora bien, el CNSSS a través del Acuerdo 409 del 2 de abril de 2009, y en su artículo 1º, decidió ampliar el plazo anterior, hasta el 31 de marzo de 2010, esto es, el plazo establecido en el parágrafo 2° del artículo 3° del Acuerdo 294 modificado por el Acuerdo 387 de 2008, y definió que el Ministerio de la Protección Social presentaría al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud los nuevos criterios de selección de las EPS-S para cada región del Régimen Subsidiado en el marco de los mecanismos señalados en el artículo 2° de la Ley 1122 de 2007.

Por su parte, el Acuerdo 415 del CNSSS, estableció en el inciso 1º del artículo 75, que la autorización regional delimita los mercados donde puede ofertar una EPS-S, con el propósito de especializar sus servicios de acuerdo a las características de la demanda poblacional asegurada, y la red de servicios entre otros factores, a fin de lograr una mejor administración del riesgo en salud.

El Ministerio de la Protección Social en el marco de sus competencias definirá el número de las regiones para la operación del Régimen Subsidiado de acuerdo con criterios de población afiliada, geografía cultural y red de servicios según lo definido por el artículo 76 del Acuerdo 415 del CNSSS.

En cuanto al número máximo de EPS-S que pueden operar en una región se determinará con base en el tamaño poblacional de la región y el tamaño mínimo de población con que puede operar un asegurador, conforme al inciso 1º del artículo 77 de la norma en cuestión. Esta estimación se actualizará cada cuatro años de acuerdo con la vigencia de la autorización.

En cada región de acuerdo con el inciso 2º de la mencionada norma, se buscará la presencia de los distintos tipos de EPS-S según su naturaleza jurídica, esto es al menos:

Una EPS indígena.

Una EPS pública del orden nacional.

Una Entidad Solidaria de Salud.

Una Caja de Compensación Familiar.

Una EPS privada, y

Una EPS pública o mayoritariamente pública del orden departamental o municipal de la respectiva región.

Conforme al artículo 78 del Acuerdo 415 del CNSSS, las EPS-S podrán ser autorizadas para operar en las cinco (5) regiones establecidas o las que se definan, siempre y cuando, se inscriban y participen en los procesos de afiliación como mínimo en un 20% de los municipios que componen cada región.

Las EPS-S que en la actualidad cuenten con autorizaciones extraordinarias para operar en departamentos por fuera de las regiones hoy autorizadas, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 78 del Acuerdo 415 del CNSSS para continuar operando en ellos a partir del 1° de abril de 2010, esto es, ser autorizadas para operar en las cinco (5) regiones establecidas o las que se definan, siempre y cuando se inscriban y participen en los procesos de afiliación como mínimo en un 20% de los municipios que componen cada región tal y como lo establece el parágrafo del artículo 78 de la norma aquí definida.

De otro lado, y como criterio de selección de las EPS-S para cada región, el artículo 79 del Acuerdo 415 del CNSSS estableció que las EPS-S que estén interesadas en participar o continuar participando en una región serán seleccionadas de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de la Protección Social, en el marco de la evaluación de resultados previsto en el artículo 2° de la Ley 1122 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, se deberán incorporar las siguientes consideraciones en la metodología de evaluación:

1. Los indicadores deberán ser medidos por región y no de manera agregada nacional, de manera tal que la renovación de la autorización es independiente para cada EPS-S en cada región. En los casos en que la EPS-S esté autorizada para operar en un departamento de manera excepcional y deba obtener la autorización regional, su evaluación se realizará con base en los resultados de los indicadores del departamento donde opera.

2. Se deberán incorporar indicadores de gestión y resultado sobre las siguientes poblaciones prioritarias: poblaciones infantil menor de 5 años, indígenas y población desplazada.

3. Se darán puntajes adicionales a las EPS-S que se encuentren operando con un modelo de administración del riesgo en salud que le permita identificar los principales factores de riesgo y de concentración de estos en su población asegurada y adelanten programas para su mitigación en el marco de sus competencias.

Cuando una EPS del Régimen Contributivo desee participar en la evaluación para la autorización regional y esta no posea experiencia en el Régimen Subsidiado, la calificación se realizará sobre sus resultados en la población afiliada del Régimen Contributivo según lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 79 del Acuerdo 415 del CNSSS.

Si la EPS-S no es habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud por no cumplir con los requisitos para ello, no podrá ser contratada y deberá darse paso a la siguiente EPS-S en el orden de la lista de elegibilidad para la región. En todo caso, para sustituir las EPS-S no habilitadas sólo podrán tenerse en cuenta las siguientes tres EPS-S que tengan los mejores puntajes de la lista conforme al parágrafo 2º del artículo 79 del Acuerdo 415 del CNSSS.

Mientras que conforme al artículo 81 del mencionado Acuerdo establece que las EPS-S que ingresan al mercado municipal, distrital deberán inscribirse, conforme a las siguientes condiciones, siempre que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios para funcionar y no estar impedidas para celebrar contratos con el Estado conforme lo señalado por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004:

2. La EPS-S se podrá inscribir en cualquier tiempo presentando únicamente una comunicación dirigida al alcalde o al director de salud con anterioridad al inicio de la vigencia contractual en el que vaya a afiliar, en la cual manifiesta su intención de participar en la administración del Régimen Subsidiado de Salud en la respectiva Entidad Territorial responsable de la operación del Régimen Subsidiado, sin sujeción a la presentación de ningún otro requisito.

3. Las EPS-S que se encuentren inscritas en un municipio no deberán realizar nuevamente el proceso de inscripción siempre y cuando cumpla con las condiciones del primer inciso de este numeral.

4. La entidad territorial responsable de la operación del Régimen Subsidiado formalizará la inscripción mediante comunicación, la cual deberá darse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

Ahora bien, una vez hechas las anteriores precisiones la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud precisa que para que pueda entrar a operar la EPSS HUMANAVIVIR en el municipio de Cumaribo, debe cumplir con las siguientes condiciones a saber, conforme a lo establecido por el artículo 81 del Acuerdo 415 del CNSSS:

1. Estar debidamente habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud para ingresar al respectivo municipio.

2. Estar autorizada para operar en la Región de la que hace parte el municipio.

3. Estar inscrita en el respectivo municipio.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud tuvo conocimiento que HUMANAVIVIR EPS S.A. pretende administrar y operar los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en el municipio de Cumaribo, este Despacho se ve en la obligación de aclarar, que al no encontrarse la EPS-S, habilitada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento del Vichada, y por ende en el municipio de Cumaribo, el municipio de Cumaribo no podrá inscribir para la operación del Régimen Subsidiado en el mismo a la EPS-S HUMANAVIVIR EPS S.A. y los beneficiarios del subsidio del municipio de Cumaribo no podrían escogerla para su afiliación, estos, solo podrán escoger una EPS-S entre aquellas habilitadas y seleccionadas para operar en la región de la cual hace parte el municipio de Cumaribo y que se encuentre por este evento inscrita en el respectivo municipio.

De otra parte, este Despacho se ve en la obligación de aclarar, que al no encontrarse la EPS-S HUMANAVIVIR EPS S.A., habilitada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento del Vichada y en el municipio de Cumaribo, la misma para poder ingresar a municipios de dicho departamento, debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1357 de 2008, el cual a la letra establece que:

Así las cosas, esta Oficina Asesora advierte, que para que HUMANAVIVIR EPS S.A. ingrese al municipio de Cumaribo, sin tener habilitación para ingresar al departamento de Vichada y al municipio de Cumaribo, la Alcaldía de Cumaribo – Vichada debe verificar que HUMANAVIVIR EPS S.A., se encuentre al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera, cumpla las normas sobre margen de solvencia, y cuente con la red con la cual garantizará el acceso a los servicios de salud de la nueva población.

3.7. La doctora Liliana Milena Clavijo Vergara, Representante legal de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO HUMANAVIVIR S.A EPS, Primer Suplente del Presidente de la Compañía, por medio del oficio radicado con NURC 1-2011-038056 de fecha 19 de mayo de 2011, indicó lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fundamento en el artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, la Resolución 3734 de 2005, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las previsiones pertinentes del Acuerdo 415, expedido por el CMSSS, HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, mediante Comunicación número DNRS-0351-2010 fechada el 5 de noviembre de 2010, solicitó al señor Alcalde de Cumaribo (Vichada) su inscripción para participar en la administración del Régimen Subsidiado en dicho municipio, para la vigencia que inició el primero de abril de 2011.

1.2. El señor Alcalde de Cumaribo, una vez analizada la documentación pertinente de acreditación que le fuera presentada por nuestra entidad, expidió la Resolución número 67 de fecha 2 de febrero de 2011, mediante la cual ordena inscribir a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S para los fines pertinentes.

1.3. Una vez obtenida la correspondiente inscripción, HUMANAVIVIR S.A. EPS-S desplegó una actividad de promoción de la filiación y traslados a la población del municipio de Cumaribo, con sujeción a los principios de moralidad y transparencia y en el marco de las normas éticas de una competencia comercial leal. Como resultado de este trabajo, un grupo importante de la población, principalmente indígena, a través de sus autoridades indígenas tomaron la decisión libre y soberana de trasladarse a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, conforme al procedimiento previsto en las Leyes 100 de 1993, 691 de 2001, Acuerdos 326 de 2005 y 415 de 2009, expedidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. (Negrilla y subrayado nuestro).

1.4. Con fecha 1° de marzo de 2011, el señor Alcalde de Cumaribo, mediante oficio, dirigido a HUMANAVIVIR S.A. ESP-S, informa que de acuerdo con las Actas de las Comunidades Indígenas de los distintos resguardos se registra un total de 26.555 usuarios del Régimen Subsidiado a favor de nuestra entidad. (Negrilla y subrayado nuestro).

1.5. Mediante escrito de fecha 5 de abril de 2011 dirigido a su Despacho y radicado en la Oficina de Correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud con NURC 1-2011-025550 del 6 del mismo mes y año, la directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S puso en su conocimiento el ingreso de nuestra entidad al municipio de Cumaribo (Vichada) para la participación en la Administración del Régimen Subsidiado.

1.6. Mediante oficio suscrito el primero de abril de 2011 por el señor Secretario de Desarrollo Social del municipio de Cumaribo, doctor Carlos Alberto Guayabo Jiménez y por la doctora Adriana Milena Baquero Bernal, Coordinadora de Salud y Régimen subsidiado de dicho municipio, señala que "de conformidad con el artículo 15 del Acuerdo 415 de 2009, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la afiliación y traslado adquiere vigencia a partir del primer día calendario del nuevo periodo de contratación, siempre que la suscripción de la afiliación se haya efectuado durante los dos (2) meses anteriores a la suscripción del nuevo contrato".

Agrega que "como quiera que HUMANAVIVIR S.A. EPS-S adelantó en el municipio de Cumaribo la suscripción de la afiliación-traslados de usuarios afiliados al Régimen Subsidiado en este municipio durante los dos (2) meses anteriores a la suscripción del nuevo contrato, se concluye que la EPS-S tiene la obligación de garantizar los servicios de salud a partir del primero de abril del presente año. Para este efecto debe constar con la respectiva red de prestadores de servicios de salud en el municipio que permita la atención en salud a dichos usuarios de manera eficiente y continua".

1.7. HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, con fundamento en lo anterior y en los principios constitucionales de la buena fe y de la confianza legítima, procedió a integrar la respectiva red de prestadores de servicios de salud para garantizar los servicios de salud a los usuarios afiliados y/o trasladados, a partir del primero de abril de 2011.

1.8. Como consecuencia de lo anterior, los directivos de las Asociaciones de Cabildos y autoridades tradicionales indígenas – ACATISEMA y PALAMEKU, viajaron a Bogotá y se reunieron con funcionarios de la Dirección General para la Gestión de la Demanda en Salud del Ministerio de la Protección Social y manifestaron su libre voluntad de permanecer inscritos en HUMANAVIVIR S.A. EPS-S y les solicitaron proteger el derecho fundamental de la libre escogencia de EPS-S de su población. Igualmente se reunieron con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud con el mismo propósito.

1.9. Los directivos indígenas de ACATISEMA y PALAMEKU, mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2011 solicitaron al señor Alcalde (E) de Cumaribo doctor Jairo Cardona García adelantar todas las gestiones administrativas dirigidas a que HUMANAVIVIR S.A. EPS-S continúe garantizando los servicios de salud a la población indígena, toda vez que su decisión de permanecer en esta Entidad era irreversible y debía ser respetada por las autoridades de dirección y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1.10. El señor Alcalde (E) del municipio de Cumaribo mediante oficio de fecha 10 de mayo de 2011, atendiendo la petición de los directivos de las asociaciones de Cabildos y autoridades indígenas de dicho municipio ACATISEMA Y PALAMEKU, solicitó a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S continuar garantizando los servicios de salud a esta población. Una vez revisada la documentación aportada por la EPS-S y relacionada con el proceso de traslado de afiliados al Régimen Subsidiado, y con fundamento en el artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, se evidenció que cumple a cabalidad con los requisitos legales y reglamentarios para ingresar y participar en la administración de los recursos de este régimen en el municipio de Cumaribo.

Por todo lo anterior, HUMANAVIVIR S.A. EPS-S viene garantizando los servicios de salud incluidos en el POS subsidiado a la población de Cumaribo-Vichada trasladada, desde el primero de abril de 2011.

2. CUMPLIMIENTO DEL PARÁGRAFO 3° DEL ARTÍCULO 1° DEL DECRETO 1357 DE 2008

En cumplimiento del inciso 3° del artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, atentamente me permito señalar a su Despacho lo siguiente:

2.1. Ratificarle que con fundamento en el artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, en la Resolución número 3734 de 2005, expedida por el Ministerio de la Protección Social y en el Acuerdo 415 de 2009 expedido por el CNSSSS, HUMANAVIVIR S.A. EPS-S ingresó al municipio de Cumaribo para participar en la administración de recursos del régimen Subsidiado en esta Entidad Territorial a partir del primero de abril de 2011 y que desde esta fecha viene garantizando servicios de salud a la población trasladada y afiliada.

2.2. HUMANAVIVIR S.A. EPS-S integró la red de prestadores de servicios de salud para los diferentes niveles de atención en salud para garantizar la atención en salud a la población de Cumaribo trasladada a dicha EPS-S, con sujeción a los principios constitucionales de eficiencia, continuidad, dignidad humana y solidaridad y con plena observancia de los principios que orientan al Sistema General de Seguridad Social en Salud previstos en el artículo tercero de la Ley 1438 de 2011. Le adjunto el respectivo listado de Instituciones que conforman la red antes referida y los correspondientes contratos.

Para su información me permito adjuntarle los siguientes documentos:

a) Listado de la red de prestadores para garantizar la atención en salud a la población del municipio de Cumaribo (Vichada).

b) Copia de los contratos suscritos con las Instituciones Prestadoras de servicios de salud tanto públicas como privadas para garantizar los servicios de salud de la población de Cumaribo.

c) Paz y Salvos de la Red del departamento y el municipio.

d) Margen de Solvencia con la copia de la Tarjeta Profesional de Contador de la EPS-S.

e) Solicitud de inscripción formulada al señor Alcalde de Cumaribo (Vichada) fechada el 5 de noviembre de 2010.

f) Resolución número 67 del 2 de febrero de 2011, expedida por el señor Alcalde de Cumaribo (Vichada), mediante la cual inscribe a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S.

g) Oficio de fecha 1° de marzo de 2011, suscrito por el señor Alcalde de Cumaribo, dirigido a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S señalando un total de 26.655 afiliados de esta EPS-S.

h) Escrito de fecha 5 de abril de 2011 dirigido al señor Superintendente Delegado para la Atención en Salud, radicado en la Oficina de Correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud con NURC 1-2011-025550 del 6 del mismo mes y año, informándole sobre el ingreso de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S al municipio de Cumaribo (Vichada).

i) Oficio suscrito por el señor Secretario de Desarrollo Social y la Coordinadora de salud pública del municipio de Cumaribo, dirigido a la Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S.

j) Escrito suscrito por los directivos indígenas de ACATISEMA y PALAMEKU dirigido al señor Alcalde (E) del municipio de Cumaribo.

k) Oficio fechado en Cumaribo el 10 de mayo de 2011 suscrito por el señor Alcalde (E) de Cumaribo (Vichada), dirigido al Representante Legal de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S:

(...)

3.8. Con memorando identificado con NURC 3-2011-009878 de fecha 24 de mayo de 2011, la Dirección General de Calidad y de Prestación de Servicios de Salud de esta Superintendencia, señaló lo siguiente:

"Mediante el presente, me permito informarle que una vez revisada la documentación enviada con el NURC 1-2011-02550 del 06/04/2011, no se encuentra lo correspondiente al soporte de la Red de prestadores con el cual se va a atender a los afiliados del municipio de Cumaribo en el departamento de Vichada, así mismo, que en la mencionada carta se anota lo siguiente:

Una vez verificado el inciso tercero del artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, se encuentra que corresponde a "la red con la cual garantizarán el acceso a los servicios de salud de la nueva población".

Por lo tanto, es preciso anotar que en la documentación aportada con el NURC 1-2011- 02550 del 06/04/2011, como lo anuncia la comunicación, no se envía por Humanavivir EPS lo correspondiente a la red de prestadores, por lo tanto no se puede emitir un concepto sobre ese tema.

No obstante una vez revisada la documentación se encuentra que en el folio 23 se envía una carta de intención dirigida al Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo del departamento de Guainía para "contratar la prestación de servicios de salud a población del Régimen Subsidiado afiliada a HUMANAVIVIR S.A. EPS remitidos del municipio de Cumaribo" lo cual hace parte de la información de red como apoyo de referencia de pacientes, pero no es evaluada por cuanto no se envía la información correspondiente a la red del propio municipio de Cumaribo.

Así mismo, es necesario anotar que los documentos aportados corresponden en su mayoría al proceso de inscripción e ingreso al municipio de Cumaribo, pero no aparece el concepto técnico de la Dirección de Aseguramiento, que permita identificar si la entidad cumple con los requisitos establecidos por el Decreto 1357 de 2008 respecto de la habilitación esta Superintendencia en la región, departamento, o municipio y la operación regional de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3734 del 2005".

3.9. La Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, con memorando signado con NURC 3-2011-011545 de fecha 16 de junio de 2011, rindió concepto financiero para la administración del Régimen Subsidiado en el municipio de Cumaribo (Vichada) de HUMANAVIVIR S.A. EPS, así:

La entidad HUMANAVIVIR S.A. EPS según lo registrado en el catálogo de cuentas con corte a 31 de marzo de 2011, presenta una relación de margen de solvencia positiva por valor de $2.908.516 miles.

De acuerdo con la información relacionada en el cuadro anterior, se observa que HUMANAVIVIR S.A. EPS con corte a 31 de marzo de 2011, presenta suficiencia de patrimonio mínimo por valor de $345.168 miles.

Del cuadro anterior, se establece que HUMANAVIVIR S.A. EPS con corte a 31 de marzo de 2011, presenta mora en el pago a proveedores por prestación de servicios de salud por valor de $40.901.191 miles, de los cuales $19.525.344 miles tienen mora superior a 90 días.

HUMANAVIVIR S.A. EPS presenta cuentas por pagar superiores en $1.197.173 miles, a las cuentas por cobrar entidades territoriales, lo cual afecta la liquidez de la entidad.

Es pertinente indicar que al efectuar el cruce de los totales de los archivos 009 y 010 con la información contenida en el catálogo de cuentas, según se muestra en el cuadro anterior, se evidencia una diferencia de $50.774.488 miles, lo cual genera una inconsistencia en el reporte de información e incertidumbre frente a la veracidad de la información.

Por lo anterior, la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, emite concepto sobre la no viabilidad financiera a HUMANAVIVIR S.A. EPS, en razón a las inconsistencias presentadas entre los archivos y las cuentas de catálogo, así como la afectación de la liquidez, al igual por el incumplimiento en el flujo de recursos, por no encontrarse al día con los proveedores de bienes y prestadores de servicios, no obstante presentar una relación de margen de solvencia positiva.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta lo discutido frente a la problemática presentada con el manejo de los afiliados por parte de la EPS".

3.10. Ahora bien, el Despacho del señor Superintendente Nacional de Salud profirió el Auto número 00312 del 1 de julio de 2011, mediante el cual se concedió de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5° del Decreto 506 de 2005, el término de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo de la comunicación del Auto en comento, a HUMANAVIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "HUMANA S.A. EPS-S", con NIT 830006404-0, para que ejerciera el derecho de contradicción que le asiste, así como también para que aportara las pruebas que considerara pertinentes.

3.11. El anterior proveído fue notificado por comunicación al doctor Fabio Romero Sosa, Representante legal de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, por medio del oficio signado con NURC 2-2011-045027 de fecha 5 de julio de 2011.

3.12. El Representante legal de la EPS-S, con oficio radicado con NURC 1-2011-056379 de fecha 12 de julio de 2011, dio respuesta al Auto número 00312 del 1° de julio de 2011, solicitando su revocatoria directa, la cual fue desatada por medio del Auto número 0361 del 22 de julio de 2011, el cual dispuso lo siguiente:

(…)

3.13. El Auto número 00361 del 22 de julio de 2011 fue notificado personalmente el día 9 de agosto de 2011, a la doctora Lady Carolina Mejía, previa autorización conferida por la doctora Lina María Molinares Castellar, Representante legal de HUMANAVIVIR S.A. EPS, Tercer Suplente del Presidente de la Compañía.

3.14. La doctora Lina María Molinares Castellar, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 10 de agosto de 2011, con el NURC 1-2011-066835 solicitó el decreto y práctica de pruebas dentro de la actuación de autos, en los siguientes términos:

1.1. "Documentales:

a) Copia de la carta de invitación a HUMANAVIVIR S.A. EPS formulada por la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas de Cumaribo – ACATISEMA fechada en Cumaribo el 15 de diciembre de 2010 para participar en la operación del Régimen Subsidiado a partir del primero de abril de 2011. Permite demostrar el interés libre y soberano de esta Asociación porque mi representada participara en la administración del Régimen Subsidiado para la vigencia que se inició el primero de abril de 2011.

b) Copia de la carta mediante la cual HUMANAVIVIR S.A. EPS-S solicitó al señor Alcalde Municipal de Cumaribo su inscripción. Permite demostrar que HUMANAVIVIR S.A. EPS-S solicitó formalmente su ingreso al municipio de Cumaribo con el deseo de participar en la administración de los recursos del Régimen Subsidiado para la vigencia que se inició el 1° de abril de 2011, observando el debido proceso señalado en el Acuerdo 415 de 2009, expedido por el CNSSS. Permite demostrar que se siguió el debido proceso para el ingreso de mi representada al municipio de Cumaribo (Vichada).

c) Copia de la Resolución número 067 del 02 de febrero de 2011, expedida por el señor Alcalde Municipal de Cumaribo (Vichada) mediante la cual inscribe a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S para ingresar a este municipio. Permite demostrar que mi representada ingresó al municipio de Cumaribo con la debida autorización de la primera autoridad administrativa de este municipio, y que para efectos de su actuación estaba en pie de igualdad con las demás EPS-S también inscritas en dicho municipio y por tanto, su actuación está amparada en los principios de legalidad, de la buena fe y de la confianza legítima, pues observó el debido proceso.

d) Copia de las actas de las asambleas celebradas por las Asociaciones de los Cabildos y Autoridades Indígenas CATISEMA y PALAMEKU de Cumaribo, en las cuales se da cuenta de la libre y soberana voluntad de trasladarse a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S. Con estas actas se demuestra, que fueron dichas autoridades que en asamblea realizada de acuerdo con sus leyes, usos y costumbres y de acuerdo con la Ley 691 de 2001 y el Acuerdo 326 expedido por el CNSSS, tomaron la decisión de trasladar a la población a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S y que en esa decisión no intervino para nada mi Representada.

e) Copia de la carta de fecha 16 de marzo de 2011, que la Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S dirigió al Ministerio de la Protección Social, radicada el 18 de marzo de 2011, bajo el número 76062. Con este documento se demuestra que la actuación de mi representada en Cumaribo (Vichada) se hizo con conocimiento pleno del máximo organismo de Dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que al no obtener ningún reparo u objeción del Ministerio, continuó su actuación relacionada

con el traslado de la población indígena de Cumaribo y que por tanto, su actuación está blindada por el principio de la buena fe y de la confianza legítima. Esta misma comunicación fue dirigida al señor Superintendente Delegado para la Atención en Salud (…)

g) Copia de la comunicación suscrita por la Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S dirigida al señor Superintendente Delegado para la Atención en Salud, radicada (…) de fecha 6 de abril de 2011, informándole el ingreso de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S al municipio de Cumaribo. Permite demostrar que el Supremo Organismo de inspección, vigilancia y control en el Sistema General de Seguridad Social en Salud fue informado oportunamente del ingreso de mi Representada al municipio de Cumaribo (Vichada) y que no manifestó ninguna objeción al respecto, lo que llevó a mi representada a tener mayor certeza sobre la legalidad de su ingreso a dicha Entidad Territorial, para administrar el Régimen Subsidiado, toda vez que si la Superintendencia Nacional de Salud consideraba que estaba frente a una práctica no autorizada, o una irregularidad, tenía la competencia jurídica necesaria pero como ya se dijo guardó total silencio, para luego sorprendernos con una investigación con lo cual posiblemente se apartó de los principios de transparencia y publicidad y buena fe.

h) Copia de la respuesta a la comunicación dada por el señor Superintendente Delegado para la Atención en Salud (…)

i) Copia de los paz y salvos con la red municipio de Cumaribo y del departamento de Vichada. Estos paz y salvos permiten demostrar que mi representada cumple con el requisito de estar a paz y salvo con los proveedores de bienes y servicios de salud en dicho municipio y departamento.

j) Copia de la carta dirigida por el Veedor Nacional de Salud al señor Superintendente Nacional de Salud de fecha 13 de mayo de 2011, mediante la cual solicita explicación del ingreso de COMFAMILIAR HUILA EPS-S al municipio de Cumaribo, cuando tiene una cartera desde el 2006, por tanto no cumplirá con el requisito para ingresar a Cumaribo en el año 2009. Permite demostrar el problema de la mora en el pago a prestadores de dicha EPS-S.

k) Copia de la Carta del Alcalde (E) de fecha 10 de mayo de 2011, solicitando garantía de servicios de salud a los usuarios trasladados a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S. Permite demostrar que la primera autoridad administrativa de Cumaribo ratifica la actuación de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S en el caso y que por tanto, mi representada consideró que tal actuación se encontraba amparada por los principios de la buena fe de la confianza legítima.

l) Copia de la Carta número DNRS-0351 -2011 de mayo de 2011 dirigida al señor Superintendente Delegado para la Atención en salud de la Superintendencia Nacional de Salud, radicada con NURC 1-2011-038056 de fecha 19 de mayo de 2011, mediante la cual:

i) Se le presenta un informe detallado sobre cada una de las actuaciones que ejecutó mi Representada para ingresar al municipio de Cumaribo y, ii) se le hace entrega del listado de instituciones prestadoras que integran la red de prestadores y copia de los respectivos contratos y otros documentos. El señor Superintendente Delegado no hizo conocer a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S ningún comentario, objeción, tacha o inconformidad respecto a la red de prestadores conformada para Cumaribo y, ii) se le hace entrega del listado de instituciones prestadoras que integran la red de prestadores y copia de los respectivos contratos y otros documentos (...) El señor Superintendente no hizo conocer a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S ningún comentario, objeción, tacha o inconformidad respecto a la red de prestadores conformada para Cumaribo, hecho que de acuerdo con el principio de buena fe y confianza legítima, (…)

m) Copia de la carta dirigida por las asociaciones de cabildos y autoridades indígenas ACATISEMA y PALAMEKU de Cumaribo (Vichada), a autoridades del Ministerio de la Protección Social informando sobre el traslado de la población indígena a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, por decisión libre y soberana de las comunidades indígenas. Esta carta permite demostrar que el máximo organismo Rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud tuvo conocimiento del caso y no hizo pronunciamiento alguno si se hubiere estado ante la práctica no autorizada. Igualmente, permite demostrar que los representantes de las asociaciones antes referidas se reunieron con funcionarios del mencionado Ministerio (…) y tales funcionarios no hicieron pronunciamiento alguno sobre presuntas irregularidades en este traslado.

(…)

n) Copia de la carta dirigida por las asociaciones de Cabildos y Autoridades Indígenas ACATISEMA y PALAMEKU de Cumaribo (Vichada), al señor Superintendente Nacional de Salud informándole sobre el traslado de la población indígena a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S por decisión libre y soberana de las comunidades indígenas. Esta carta permite demostrar que el máximo organismo de vigilancia y control tuvo conocimiento oportuno del caso y no hizo pronunciamiento alguno si se hubiere estado ante la práctica no autorizada o ante una conducta irregular. (…)

o) Copia del texto de la respuesta dada por el señor Alcalde Municipal de Cumaribo frente al informe de visita ordenada por el señor Superintendente Delegado para la Atención en Salud al municipio de Cumaribo. Con este informe se demuestra la transparencia bajo la cual HUMANAVIVIR S.A. EPS-S adelantó el proceso de promoción de traslados de usuarios en Cumaribo y que dicho procedimiento se adelantó correctamente.

(…)

p) Copia del acta de visita de los funcionarios adscritos a la Delegada para la Atención en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud a las instalaciones de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S en Cumaribo practicada el 18 de mayo de 2011. Con este documento se demuestra una vez más que HUMANAVIVIR S.A. EPS-S entregó el listado de la red de prestadores de servicios de salud y los respectivos contratos.

(…)

El Despacho deja constancia que la doctora Lina María Molinares Castellar solicita la recepción de los testimonios de las personas que a continuación se relacionan con el fin de que depongan sobre los hechos relacionados con la garantía de servicios de salud a la población de Cumaribo (Vichada), sobre el respeto al derecho de libre escogencia de EPS-S, sobre el hecho de que oportunamente el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, tuvieron conocimiento oportuno de la actuación de mi representada en el municipio de Cumaribo:

– Señor José Villamil, Veedor Nacional.

– Gerente Regional de Comfamiliar Huila EPS-S con sede en Cumaribo.

– Señor Aldemar Gómez, Alcalde Municipal de Cumaribo.

– A los doctores Jaime Alvarado Silva, José Hebert, Jaime Rivera Díaz y José Enrique Torres Herrera, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud.

– Alexánder López Mantilla, Presidente de ACATISEMA.

(…)

Continúa la doctora Martínez Umoa, señalando lo siguiente:

"Con estos testimonios se pretende demostrar que en su libre y soberana decisión de trasladarse a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, no intervino para nada esta EPS-S y para demostrar hechos sobre la red de servicios, sobre el motivo de su traslado y otros hechos que interesan en esta investigación".

Con todo comedimiento y respeto le solicito al señor Superintendente Nacional de Salud se sirva solicitar de oficio, para que obren como pruebas, las siguientes certificaciones:

i) Cuál era la suma total que cada una de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado autorizadas para operar este régimen en la Región Centro-Oriental – a corte del 31 de marzo de 2011– se encontraba en mora de pago a la red de prestadores ubicados en esta Región, indicando el valor que corresponda a la red de Prestadores ubicada en el departamento del Vichada y el municipio de Cumaribo.

j) Si la Delegada encontrare que a corte del 31 de marzo de 2011, las EPS-S antes referidas estaban a paz y salvo con sus proveedores y prestadores de servicios de salud en la región Centro-Oriental, certificarlo así.

Si se demuestra que las EPS-S que operan en la región Centro Oriental no estaban a paz y salvo con sus proveedores y con su red de prestadores, se concluye que ninguna de ellas podía aumentar cobertura de población ya por ingreso a nuevo municipio de la región o ya por traslado población.

ii) Igualmente certificar si una vez obtenido el conocimiento sobre el ingreso de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S lo evaluó y si de esa evolución concluyó que esta EPS-S incurría en una práctica no autorizada o en alguna irregularidad y si de ello le informo o no a mi representada y al señor Superintendente Nacional de Salud.

• La comunicación del 16 de marzo, suscrita por la Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, radicada en la Oficina de Correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud el 18 de marzo de 2011, con NURC 1-2011-025550.

• La comunicación del 6 de abril de 2011, suscrita por la Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, radicada en la oficina de correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud el 6 de abril de 2011, con NURC. (sic) La comunicación DNRS- 0351-2011, suscrita por la Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, radicada en la Oficina de Correspondencia de la Superintendencia Nacional de Salud con NURC 1-2011-0280056 del 19 de mayo de 2011.

iv) Certificar si una vez evaluada la red de prestadores y los contratos que acompañan a la comunicación del 19 de mayo de 2011, antes citada, le informó de alguna objeción, tacha o inconformidad sobre la red de prestadores para Cumaribo a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S.

c) A los Presidentes o Representantes Legales de las Asociaciones de Cabildos y autoridades Indígenas ACATISEMA y PALAMEKU de Cumaribo (Vichada) certificar lo siguiente:

i) Si la población indígena que formalizó traslado a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S lo hizo de manera libre y voluntaria.

ii) La causa o causas por las cuales la población indígena que hace parte de la asociación de cabildos desea trasladarse de COMFAMILIAR HUILA EPS-S.

iii) Si con fecha en el mes de mayo de 2011, los Representantes de dichas asociaciones celebraron alguna reunión con funcionarios adscritos a su Despacho y si trataron el tema del traslado a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S y qué respuesta les dieron sobre el asunto.

v) Si HUMANAVIVIR S.A. EPS-S incurrió en algún hecho o conducta que coartara o menoscabara el derecho a la libre escogencia de EPS-S de la población indígena de Cumaribo.

vi) Si HUMANAVIVIR S.A. EPS-S les garantizó servicios de salud a las personas que lo han solicitado y que solicitaron traslado a esta EPS-S .

Con las certificaciones de las asociaciones indígenas ACATISEMA y PALAMEKU antes referidas, se pretende demostrar que la población indígena manifestó de manera libre y voluntaria su deseo de trasladarse de COMFAMILIAR HUILA EPS-S por mal servicio recibido durante la vigencia contractual que expiró el 31 de marzo de 2011 y que mi Representada no incurrió en ningún hecho o conducta que menoscabara o coartara el derecho a la libre escogencia de EPS-S a dicha población.

d) Al señor Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud para que certifique si el Veedor Nacional de Salud, doctor José Villamil le informó hechos relacionados con el traslado de los usuarios a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S residentes en Cumaribo y si en los hechos que le expuso el señor Villamil, hay alguno que indique que mi Representada quebrantó el derecho a la libre escogencia de EPS-S de las comunidades indígenas residentes en el municipio de Cumaribo.

e) Al señor Director de la IPSI PALAMEKU de Cumaribo (Vichada) para que certifique que HUMANAVIVIR S.A. EPS-S celebró contrato con dicha IPS por la modalidad de pago por capitación para el nivel I y para las actividades de P y P, para atender a la población de Cumaribo a partir del 1° de abril de 2011.

f) Al señor director de la IP SUBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CUMARIBO para que certifique que suscribió contrato con HUMANAVIVIR para el primer nivel, por la modalidad de pago por evento, para atender a la población de Cumaribo a partir del 1° de abril de 2011.

g) Al señor director del HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO de Puerto Inírida, que suscribió contrato con HUMANAVIVIR S.A. EPS-S para Nivel I y II, ambulatorio y hospitalario para la modalidad de pago por evento, para atender a la población de Cumaribo a partir del 1° de abril de 2011.

Las anteriores certificaciones de las IPS mencionadas permiten demostrar la integración de la Red de Prestadores para Cumaribo.

Se sirva señor Superintendente Nacional de Salud solicitar, para que obre como prueba, a la Oficina Jurídica del Ministerio de la Protección el siguiente concepto jurídico:

a) Si al tenor del inciso 1° del artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, las entidades promotoras de Salud del Régimen Subsidiado que no estuvieren al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud a 31 de marzo de 2011 ¿podían o no "aumentar su capacidad de afiliación en los municipios de la región para la cual fueron autorizados, siempre que mantengan esta condición en su relación de pagos" para la vigencia de la administración del Régimen Subsidiado que inició el 1° de abril de 2011?

b) Si el estar al día en el pago con los proveedores y prestadores de servicios de salud de que habla el artículo 1° del Decreto 1357 de 2008, ¿debe entenderse estar a paz y salvo a nivel nacional con todos los proveedores y prestadores donde se encontraba la EPS-S operando el Régimen Subsidiado cuya vigencia contractual expiró el 31 de marzo de 2011, o debe entenderse que este paz y salvo está referido es con respecto a los proveedores o prestadores ubicados en el municipio donde ingresó, o donde incrementa los afiliados la respectiva EPS-S, o ubicados en la Región donde está la EPS autorizada conforme a la Resolución número 3734 de 2005, expedida por el Ministerio de la Protección Social?

Este concepto permite demostrar que estando HUMANAVIVIR S.A. EPS-S a fecha 31 de marzo de 2011, a paz y salvo con la red pública y privada que opera en el municipio de Cumaribo y el departamento del Vichada, reunía el requisito señalado el Decreto 1357 de 2008, respecto al paz y salvo con los proveedores de bienes y servicios, para ingresar al municipio en mención.

2. FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN

2.1. Dentro del término concedido por su Despacho, mi representada presentó descargos frente al Auto número 00312 de fecha primero de julio de 2011 y solicitó se decretaran y practicaran unas pruebas. En ningún momento solicitó la revocatoria directa del Auto antes referido, sino la revocatoria normal del acto con base en la fundamentación expuesta en los descargos. No obstante, el Auto número 000361 del 22 de julio de 2011 centra toda su argumentación sobre una supuesta solicitud de revocatoria directa del Auto número 00312 de 2011, la cual no se solicitó ni sobre ello se expuso argumentación legal alguna.

2.2. Conforme a la decisión tomada en el Auto número 00361 de 2011, la investigación ordenada adelantar contra HUMANAVIVIR S.A. EPS-S mediante Auto número 00312 de 2011 continúa su curso. No obstante, es extraño que en la parte motiva del Auto que señala improcedente la revocatoria del Auto número 00312 de 2011 señale que no procede la práctica de las pruebas solicitadas en el escrito de descargos, sin señalar las razones de hecho y de derecho que lo justifiquen. De otro lado, en la parte Resolutiva de dicho Auto no se indica que se deniegan las pruebas solicitadas en el escrito que contienen los descargos. Por tanto, existe una congruencia en este punto entre la parte motiva y la parte resolutiva, hecho que afecta gravemente el derecho a la defensa. El auto lo que debió señalar era que las pruebas pedidas se decretarían y practicarían en la oportunidad procesal (en la etapa probatoria propia del proceso administrativo sancionador) y dentro de la investigación administrativa que continúa su curso, pero expresó fue lo siguiente:

Este planteamiento no era pertinente tratarlo en el Auto, pero si se refería al tema probatorio, no podía decir que solo las pruebas aportadas se tendrían en cuenta al momento de decidir de fondo la actuación, lo que legalmente debió decir es que las pruebas aportadas y las solicitadas por la vigilada serían decretadas y practicadas durante la etapa probatoria, dentro de la investigación administrativa que continúa.

2.3. Señala el artículo 34 del Código Contencioso Administrativo que (…)

La oportunidad que la administración da al administrado para presentar descargos, es también para que solicite y aporte pruebas que permitan esclarecer los hechos y de esta forma ejercer su derecho a la defensa y observar a plenitud el principio de contradicción de la prueba. (…)

2.4. De conformidad con el artículo 35 del C.C.A. la decisión debe tomarse con base en pruebas, principio que también recoge el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil (…)

Conforme al principio de la necesidad de la prueba, a nadie que haya llevado un juicio en su vida le es extraño que muchas veces lo determinante para la solución del conflicto no está tanto en la interpretación de la norma, sino fundamentalmente en la determinación y valoración de los hechos, es por esta valoración que el papel de la prueba juega un papel muy importante en la decisión administrativa.

El operador jurídico no puede decidir de fondo la investigación sin antes decretar y practicar las pruebas solicitadas en el escrito de descargos sería un craso error y un quebrantamiento al debido proceso, a la presunción de la inocencia, al derecho a la audiencia previa de decisión, al derecho a la defensa, acceso a la justicia y se aparta de los principios de transparencia, publicidad, buena fe, contradicción de la prueba y confianza legítima.

2.6. (sic) La presunción de inocencia en derecho administrativo sancionado significa que no puede sancionarse si no existe actividad probatoria de cargo, suficiente (…)

Para sustentar lo expuesto, la doctora MARTÍNEZ UMOA, trajo a colación apartes de diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, tales como:

3.15. Por último, mediante memorando signado con NURC 3-2011-015490 de fecha 17 de agosto de 2011, la Dirección General de Aseguramiento Encargada de las Funciones de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, rindió concepto técnico respecto a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S de la suficiencia de la red que debe acreditar en el municipio de Cumaribo (Vichada), en los siguientes términos:

Con el NURC 1-2011-02550 del 06/04/2011 HUMANAVIVIR S.A. EPS-S pone en conocimiento de esta Superintendencia el ingreso al municipio de CUMARIBO VICHADA.

Mediante oficio NURC 1-2011-038056 del 19/05/2011 HUMANAVIVIR S. A. EPS-S solicita a esta Superintendencia la modificación a la capacidad de afiliación en el municipio de CUMARIBO VICHADA para adelantar actividades de afiliación y prestación de servicios de salud del Régimen Subsidiado.

La solicitud requerida por EPS HUMANAVIVIR, es de modificación Mixta: Poblacional y geográfica, de la siguiente forma:

dificación geográfica y poblacional exigidos por la norma, de la siguiente manera:

La entidad HUMANAVIVIR S. A. EPS-S mediante oficio NURC 1-2011-038056 del 19/05/2011 presenta la red de prestadores de servicios de salud para la población del municipio de Cumaribo (Vichada) y copias de 4 minutas de contratos con las IPS.

En el folio N° 6 se envía cuadro denominado "Listado de la red de prestadores para garantizar la atención en salud" se relacionan las siguientes instituciones:

En este listado se observa que se presenta red de prestadores de baja complejidad ubicada en el municipio de Cumaribo, mediana y alta complejidad (II y III Nivel) en la UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN institución que tiene su sede principal en Puerto Carreño y unas sedes de baja complejidad 1 hospital, 3 centros de salud y p 11 puestos de salud de baja complejidad como se observa en la impresión del reporte del REPS del Ministerio Anexo 1 en 3 folios.

Respecto de los servicios de alta complejidad POS-S, en la tabla se enuncia "Red a nivel nacional", pero no se envía listado de IPS, ni documentos de soporte que permitan verificar dicha red.

Una vez verificado el Registro especial de prestadores de servicios de salud se evidencia que la institución PALAMEKU está ubicada en el municipio de Cumaribo, presentó declaración de habilitación y aparece en el Registro Especial de Prestadores del Ministerio de la Protección Social REPS como una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que oferta servicios de consulta externa, intramural ambulatoria de la siguiente manera:

siguiente manera:

La institución no tiene habilitado ningún servicio Hospitalario, por lo tanto, no se puede considerar válida dicha PROPUESTA de prestación de servicios hospitalarios como se observa en la impresión del reporte del REPS del Ministerio Anexo 2 en 2 folios.

Una vez verificado el Registro especial de prestadores de servicios de salud se evidencia que la institución UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN es ESE que está ubicada en la ciudad de Puerto Carreño y tiene como sede el Hospital local de Cumaribo el cual está habilitado y aparece en el Registro Especial de Prestadores del Ministerio de la Protección Social REPS como una institución prestadora de servicios de salud de baja complejidad que oferta servicios de consulta Externa, Intramural ambulatorio, cuentan con Hospitalización día como único servicio hospitalario y declaran consulta de neurología y psiquiatría de mediana complejidad a través de telemedicina, de la siguiente manera:

Una vez verificado el REPS la institución aparece habilitada como una IPS de primer nivel, que solo cuenta con hospitalización día de baja complejidad, por lo tanto, no se puede considerar válida la oferta de servicios de segundo y tercer nivel planteada por la EPS en la tabla de red, como consta en la impresión del reporte del REPS del Ministerio Anexo 3 en 2 folios.

Se envían las minutas de contrato con la IPS PALAMEKU para I nivel ambulatorio y otro para Promoción y prevención y un contrato con la UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE para I nivel ambulatorio y hospitalario, y con el Albergue LLANOS Y ORINOQUIA para hospedaje, alimentación trasporte urbano y acompañamiento.

De análisis de los contratos se observa que se presenta la propuesta de contratación de prestadores de servicios de salud de baja complejidad, pero no se envía nada respecto de los servicios POS-S de mediana y alta complejidad.

La Red de prestadores de servicios de salud presentada por HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, Mediante oficio NURC 1-2011-038056 del 19/05/2011, no garantiza el acceso a todos los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios del Régimen subsidiado POS-S para la población del municipio de CUMARIBO - VICHADA.

Una vez verificado el REPS la institución aparece habilitada como una IPS de primer nivel, que solo cuenta con hospitalización día de baja complejidad, por lo tanto, no se puede considerar válida la oferta de servicios de segundo y tercer nivel planteada por la EPS en la tabla de red, como consta en la impresión del reporte del REPS del Ministerio Anexo 3 en 2 folios.

Se envían las minutas de contrato con la IPS PALAMEKU para I nivel ambulatorio y otro para Promoción y prevención y un contrato con la UBA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE para I nivel ambulatorio y hospitalario, y con el Albergue LLANOS Y ORINOQUIA para hospedaje, alimentación trasporte urbano y acompañamiento.

De análisis de los contratos se observa que se presenta la propuesta de contratación de prestadores de servicios de salud de baja complejidad, pero no se envía nada respecto de los servicios POS-S de mediana y alta complejidad.

Parágrafo. Las EPS-S que incumplan las normas sobre margen de solvencia, no pueden realizar nuevas afiliaciones, debiendo proceder a la correcta y efectiva aplicación de la restricción de la afiliación, dentro de los quince (15) días siguientes a la verificación de la conducta, sin perjuicio de las medidas que deba adoptar la Superintendencia Nacional de Salud y demás sanciones a que hubiere lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Parágrafo. Las EPS-S que incumplan las normas sobre margen de solvencia, no pueden realizar nuevas afiliaciones, debiendo proceder a la correcta y efectiva aplicación de la restricción de la afiliación, dentro de los quince (15) días siguientes a la verificación de la conducta, sin perjuicio de las medidas que deba adoptar la Superintendencia Nacional de Salud y demás sanciones a que hubiere lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Lo antes expuesto se soporta documentalmente en los oficios que libró esta Superintendencia por intermedio de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud y la Oficina Asesora Jurídica, que a continuación se relacionan y que además, reflejan que esta Entidad de IVC advirtió a HUMANAVIVIR S.A. EPS-S respecto a la conducta que se encontraba desplegando y su presunto incumplimiento frente a la normatividad pertinente, recordándole sus deberes frente al espectro jurídico de rigor:

– Oficio signado con NURC 2-2011-026480 de fecha 5 de mayo de 2011, mediante el cual, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, le informó a la doctora Luz Stella Guerrero Higuera, Directora Nacional del Régimen Subsidiado de HUMANA S.A. EPS-S, que se encontraba verificando que efectivamente la EPS-S esté al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera, cumpla las normas sobre margen de solvencia y cuente con la red con la cual garantizará el acceso a los servicios de salud de la nueva población, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1357 de 2008 y que en caso de no cumplirse con todos y cada uno de los requisitos referidos, HUMANAVIVIR S.A. EPS-S tendrá que devolver los afiliados que se trasladaron a la misma, situación que además no será óbice para el adelantamiento de las investigaciones administrativas y la imposición de sanciones a que haya lugar.

– Oficio radicado con NURC 2-2011-026476 de fecha 5 de mayo de 2011, con el cual, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud requirió al doctor Aldemar Gómez González Alcalde Municipal de Cumaribo - Vichada, en los siguientes términos:

"La Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, le recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Acuerdo 415 de 2009, "las EPS-S que ingresan al mercado municipal, distrital deberán inscribirse, conforme a las siguientes condiciones, siempre que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios para funcionar y no estar impedidas para celebrar contratos con el Estado conforme lo señalado por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004:

1. La EPS-S que pretenda inscribirse en cualquier municipio deberá estar debidamente habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud y autorizada para la operación regional conforme a las condiciones fijadas en el presente Acuerdo. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud tuvo conocimiento que HUMANAVIVIR EPS S.A. pretende administrar y operar los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en el municipio de Cumaribo, este Despacho se ve en la obligación de aclarar, que al no encontrarse la EPS-S en mención, habilitada por parte de esta Entidad en el departamento del Vichada, la misma para poder ingresar a municipios de dicho departamento, debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1357 de 2008, el cual a la letra establece que:

Así las cosas, este Despacho ADVIERTE a la Alcaldía de Cumaribo – Vichada, QUE EN CASO de verificarse que HUMANAVIVIR EPS S.A. no se encuentre al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera, y/o no cumpla las normas sobre margen de solvencia, y/o no cuente con la red con la cual garantizará el acceso a los servicios de salud de la nueva población, dicha EPS-S tendrá que devolver los afiliados que se trasladaron a la misma. Situación que además no será óbice para que esta Superintendencia adelante las investigaciones administrativas e imponga las sanciones a que haya lugar".

– La Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia, por medio del oficio radicado con NURC 2-2011-028088 de fecha 11 de mayo de 2011 rindió concepto sobre la operación de HUMANAVIVIR S.A. EPS-S en el municipio de Cumaribo - Vichada, de cuyo contenido se trae a colación lo siguiente:

"(…)

Ahora bien, una vez hechas las anteriores precisiones la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de salud precisa que para que pueda entrar a operar la EPSS HUMANAVIVIR en el municipio de Cumaribo, debe cumplir con las siguientes condiciones a saber, conforme a lo establecido por el artículo 81 del Acuerdo 415 del CNSSS:

1. Estar debidamente habilitada por la Superintendencia Nacional de Salud para ingresar al respectivo municipio.

2. Estar autorizada para operar en la Región de la que hace parte el municipio.

3. Estar inscrita en el respectivo municipio.

Del mismo modo y conforme a lo establecido por el inciso 2º del artículo 75 del Acuerdo 415 del CNSSS, de acuerdo con la autorización, el municipio de Cumaribo solo podrá inscribir para la operación del Régimen Subsidiado en este, a las EPS-S habilitadas que hayan sido seleccionadas para operar en la respectiva región y los beneficiarios del subsidio solo podrán escoger una EPS-S entre aquellas seleccionadas en la región.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud tuvo conocimiento que HUMANAVIVIR EPS S.A. pretende administrar y operar los recursos del Régimen Subsidiado en Salud en el municipio de Cumaribo, este Despacho se ve en la obligación de aclarar, que al no encontrarse la EPS-S, habilitada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento del Vichada, y por ende en el municipio de Cumaribo, el municipio de Cumaribo no podrá inscribir para la operación del Régimen Subsidiado en el mismo a la EPS-S HUMANAVIVIR EPS S.A. y los beneficiarios del subsidio del municipio de Cumaribo no podrían escogerla para su afiliación, estos, solo podrán escoger una EPS-S entre aquellas habilitadas y seleccionadas para operar en la región de la cual hace parte el municipio de Cumaribo y que se encuentre por este evento inscrita en el respectivo municipio.

De otra parte, este Despacho se ve en la obligación de aclarar, que al no encontrarse la EPS-S HUMANAVIVIR EPS S.A., habilitada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en el departamento del Vichada y en el municipio de Cumaribo, la misma para poder ingresar a municipios de dicho departamento, debe cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1357 de 2008, el cual a la letra establece que:

Así las cosas, esta Oficina Asesora advierte, que para que HUMANAVIVIR EPS S.A. ingrese al municipio de Cumaribo, sin tener habilitación para ingresar al departamento de Vichada y al municipio de Cumaribo, la Alcaldía de Cumaribo - Vichada debe verificar que HUMANAVIVIR EPS S.A., se encuentre al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera, cumpla las normas sobre margen de solvencia, y cuente con la red con la cual garantizará el acceso a los servicios de salud de la nueva población.

De esta manera, de verificarse que HUMANAVIVIR EPS S.A., no se encuentre al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera, no cumple con las normas sobre margen de solvencia, y no cuente con la red con la cual garantizará el acceso a los servicios de salud de la nueva población, dicha EPS-S, no podrá entrar a operar en el departamento del Vichada y consecuente con ello en el municipio de Cumaribo, y por ende, no podrá ser escogida por la población beneficiaria del Régimen Subsidiado de este municipio, ya sea por ampliación de afiliados, o fruto del traslado de los mismos en los procesos y períodos de traslado en el Régimen Subsidiado. De ingresar HUMANAVIVIR EPS S.A. al municipio de Cumaribo, sin el lleno de los requisitos aquí anotados, y obtener afiliados al Régimen Subsidiado en este municipio, HUMANAVIVIR EPS S.A., tendrá que devolver los afiliados, que obtenga por ampliación o que se trasladaron a la misma en dicho municipio, situación que además, no será óbice para que esta Superintendencia, adelante las investigaciones administrativas e imponga las sanciones a que haya lugar".

De esta manera, verificado que el municipio de Cumaribo se encuentra ubicado en la región o departamento en el cual hubiere sido aceptada HUMANA VIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "HUMANA S.A. EPS-S" en el proceso de regionalización del Régimen Subsidiado, esto es en la Región Centroriente conforme a la Resolución 3734 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, que HUMANA VIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "HUMANA S.A. EPS-S", no se encontraba al día con sus proveedores de bienes y prestadores de servicios en cada uno de los departamentos en que opera como EPSS, esta EPSS, no podía entrar a operar en el departamento del Vichada y consecuente con ello en el municipio de Cumaribo, y por ende, no podía ser escogida por la población beneficiaria del Régimen Subsidiado de este municipio, ya sea por ampliación de afiliados, o fruto del traslado de los mismos en el proceso y períodos de traslado en el Régimen Subsidiado.

Por lo que, al ingresar HUMANA VIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "HUMANA S.A. EPS-S" al municipio de Cumaribo, sin el lleno de los requisitos aquí anotados, y obtener afiliados al Régimen Subsidiado en este municipio, HUMANA VIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "HUMANA S.A. EPS-S tendrá que devolver los afiliados que hubiere obtenido por ampliación o que hubiere logrado por traslados a la misma en dicho municipio, situación que conlleva a que la Superintendencia Nacional de Salud, adelante las investigaciones administrativas pertinentes e imponga las sanciones a que haya lugar.

De lo anterior se concluye, que HUMANA VIVIR S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO "HUMANA S.A. EPS-S no cumplió con los lineamientos normativos aplicables a su ingreso como Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado en el municipio de Cumaribo - Vichada.

En otro sentido, debe indicarse que la EPS-S de autos por intermedio de su Representante legal insiste en la buena fe y la confianza legítima de su prohijada en todas las actuaciones surtidas en el municipio de Cumaribo, demandando de esta autoridad administrativa su reconocimiento en la actuación que nos ocupa, no obstante, este Despacho aclara este principio ha sido principalmente utilizado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un mecanismo para armonizar y conciliar casos en que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones, evento que no es llamado a prosperar en la conducta realizada por HUMANAVIVIR S.A. EPS-S, toda vez que como ha quedado indicado, la vigilada incurrió con su comportamiento en prácticas irregulares que quebrantan las disposiciones legales y reglamentarias del Sistema General de Seguridad Social en Salud, razón por la cual, esta Superintendencia debe adoptar medidas efectivas para contrarrestar los efectos legales y sociales adversos.

Nótese entonces cómo el principio de la confianza legítima puede aplicarse en distintas coyunturas, aportando una solución basada en la proporcionalidad y otros criterios, sin desconocer con ello la prevalencia del interés general. Esta modalidad permite gradualmente que los sujetos implicados en una situación irregular ajusten su condición en el marco del ordenamiento jurídico y dentro del respeto de sus derechos fundamentales; en otras palabras, por lo que se apuesta es por lograr un equilibrio digno y consecuente con un Estado Social de Derecho.

La organización administrativa del Estado reposa sobre el principio del interés general. Es claro que la contraposición entre los intereses puramente particulares de los individuos aisladamente considerados, y los intereses generales, ha de resolverse necesariamente a favor de los intereses generales, pues lo colectivo debe primar sobre lo individual, y lo público sobre lo privado. Así lo consagran de manera expresa los artículos 1° y 63 de la Constitución Política de Colombia. El principio del interés general a su vez determina el contenido y campo de aplicación del principio de la confianza legítima. Pues en él, la confianza legítima encuentra su más claro límite.