(24 de octubre)

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias que le confieren los parágrafos 1° y 2 del artículo 230 y el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el numeral 42.8 del artículo 42, los incisos 1, 2 y 5 del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 35, 36, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del artículo 37, literales a, b, c, d y f, del artículo 39 de la ley 1122 de 2007, literales a, c, e, f del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, el artículo 1º del Decreto 1015 de 2002, el Decreto 1922 de 1994, el Decreto 788 de 1998, el artículo 4 del Decreto 783 de 2000 y en especial con el artículo 1, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, del artículo 3, los numerales 1, 6 y 8 del inciso 1 y el parágrafo del artículo 4, el artículo 5, los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38 y 40 del artículo 6, numerales 3, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 25, y 42 del artículo 8 del Decreto 1018 de 2007 y los artículos 9.1.1.1.1 al 9.5.1.1.1, del Decreto 2555 de 2010 y

CONSIDERANDO:

1.1. Mediante la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A". identificada con el NIT 814.000.608-0.

1.2. La Resolución número 513 del 7 de abril de 2011, se notificó mediante aviso a la doctora Adriana María Cano en calidad de Representante Legal de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A". o a quien hiciera sus veces, el cual se fijó el día 8 de abril de 2011 a las cuatro (4:00 p. m.), y se desfijó el día 11 de abril de 2011 a las cuatro (4:00 p. m.).

1.3. La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A". los días 11 y 12 de abril de 2011, tal como consta en Acta de Toma de Posesión número 003 de 12 de abril de 2011.

1.4. El doctor Óscar René Lozano Escobar obrando como apoderado judicial de la doctora Adriana María Cano Gaviria Gerente General (separada del cargo) de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A". con escrito radicado en esta Superintendencia el día 18 de abril de 2011 con el NURC 1-2011-029283 presentó recurso de reposición contra la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011, solicitando se ordenara un peritaje técnico que evaluara la acreditación del cumplimiento de las condiciones de habilitación de permanencia por parte de las siguientes EPS-S, las cuales continúan operando sin que la entidad de control haya adoptado medidas de salvamento:

1.6. Mediante Resolución número 2001 del 10 de agosto de 2011, esta Superintendencia adicionó el parágrafo del artículo 1° de la Resolución número 00513 del 7 de abril de 2011 y se fijó un término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud Salud Cóndor S. A., de un (1) mes.

1.7. Mediante el Auto número 394 del 11 de agosto de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud aceptó unas pruebas documentales y negó la práctica de un peritaje técnico dentro de la actuación administrativa seguida contra la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A"., identificada con el NIT 814.000.608-0.

18. El día 30 de agosto de 2011, la doctora Adriana María Cano Gaviria, Gerente General de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A.," (separada del cargo) accionó por vía de tutela contra la Superintendencia Nacional de Salud, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y personalidad jurídica.

1.9. La Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud por medio del oficio radicado con NURC 2-2011-058463 de fecha 1° de septiembre de 2011 dio respuesta a la acción de tutela.

1.10. De igual forma, por medio de la Resolución número 002227 del 9 de septiembre de 2011, esta Superintendencia prorrogó el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud Saludcóndor S. A., hasta por el término de seis (6) meses contados a partir del día 10 de Septiembre de 2011, hasta el día 9 de marzo de 2012.

1.11. El Auto número 394 del 11 de agosto de 2011 se notificó personalmente al doctor Óscar René Lozano Escobar en su calidad de apoderado de la doctora Adriana María Cano Gaviria Gerente General (separada del cargo) de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A., "EPS Salud Cóndor S. A". el día 12 de septiembre de 2011.

1.12. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 12 de septiembre de 2011, proferida dentro de la acción de tutela promovida por la señora Adriana María Cano Gaviria, Representante legal y Gerente General de la Entidad Promotora de Salud Saludcóndor S. A. (separada del cargo) contra la Superintendencia Nacional de Salud, la cual fue notificada a esta entidad, el día 13 de septiembre de 2011, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y personalidad jurídica que en ejercicio de la acción de tutela solicitó la doctora Adriana María Cano Gaviria a través de apoderado judicial, disponiendo para el efecto, lo siguiente:

(…)

3°. Se deja sin efecto la Resolución 00510 de abril 07 de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la cual telar se toma la posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Saludcóndor S. A". NIT 814.000.608-0, así como la que Resolución 002001 de 10 de agosto de 2011, por la cual se adiciona el parágrafo del artículo 1° de la Resolución número 00513 del 7 de abril de 2011, y se fija un término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Saludcóndor S. A". NIT 814.000.608-0. Igualmente, quedará sin efecto toda actividad o situación enderezada a cumplir las citadas decisiones.

(…)".

1.13. Como consecuencia de lo anterior esta Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución número 2290 del 16 de septiembre de 2011, dispuso lo siguiente:

1.14. La Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia Nacional de Salud, con escrito radicado el día 16 de septiembre de 2011 con el NURC 2-2011-062613, impugnó la acción de tutela número 2011- 0451.

1.15. El Tribunal Superior de Bogotá, D. C., Sala Civil de Decisión, con fallo del día 14 de octubre de 2011 dentro de la impugnación de la acción de tutela instaurada por la doctora Adriana María Cano Gaviria contra la Superintendencia Nacional de Salud, radicación número 11001-31-03-037-2011-00451-01, resolvió lo siguiente:

El doctor Óscar René Lozano Escobar obrando como apoderado judicial de la doctora Adriana María Cano Gaviria Gerente General (separada del cargo) de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A". con escrito radicado en esta Superintendencia el día 18 de abril de 2011 con el NURC 1-2011-029283 presentó recurso de reposición contra la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011, por medio de la cual se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. "EPS Salud Cóndor S. A". identificada con el NIT 814.000.608-0.

Los argumentos expuestos en el recurso se resumen de la siguiente forma:

El recurrente señala que la decisión contenida en el acto administrativo impugnado, no cumple con los presupuestos de una debida motivación por las siguientes razones:

Los hechos en que la Superintendencia Nacional de Salud funda la resolución, se reducen a la evaluación del cumplimiento de las condiciones de habilitación de operación y permanencia por parte de la "EPS Salud Cóndor S. A"., basado en la información remitida por dicha entidad a través de la Circular Única y las comunicaciones de fecha 05 de octubre de 2010, NURC, 1-2010-090373, 22 de diciembre de 2010, NURC, 1-2010-111949, así como del informe de interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Bogotá, D. C"..

Sin embargo, la verdad procesal es muy distinta, porque la actuación administrativa se inició con oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 mediante la cual la Superintendencia Delegada Para la Atención en Salud requirió a la EPS Salud Cóndor S. A., para que remitiera la información actualizada a corte de junio de 2010 sobre algunas de las condiciones de habilitación de permanencia, las técnico administrativas y las técnico científicas. Requerimiento al cual se le dio respuesta con oficio radicado con el NURC 1-2010-090373 del 5 de octubre de 2010, no obstante la Delegada no realizó ningún pronunciamiento al respecto.

Posteriormente, el día 17 de diciembre de 2010 la Delegada Para la Atención en Salud en una reunión solicitó a la EPS remitir la información general sobre la situación actual de la EPS, a lo que con oficio de NURC 1-2010-111949 del 23 de diciembre de 2010 se dio respuesta, pero la Delegada tampoco se pronunció al respecto.

Luego el señor Superintendente con oficio de NURC 2-2011-007413 del 11 de febrero de 2011 trasladó unas observaciones, donde se acumuló la actuación iniciada el 4 de agosto de 2010 con NURC 2-2010-072842, es decir, que se allegó como elemento probatorio y es valorada en confrontación con la información financiera reportada por la EPS dando cumplimiento a la Circular Única desde el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 30 de junio de 2010 y 30 de septiembre de 2010.

Sin explicación alguna el Superintendente Nacional de Salud asumió de manera directa el trámite de las actuaciones iniciadas por la Delegada Para la Atención en Salud, formulando observaciones a la información rendida por la EPS e incluyendo temas nuevos. El citado oficio no enuncia la apertura del proceso administrativo sancionatorio ni formula pliego de cargos.

Por medio de escrito del día 7 de marzo de 2011 radicado con el NURC 1-2011-017544 se rindió respuesta al oficio suscrito por el señor Superintendente, sin embargo el mismo no hizo ningún pronunciamiento, por lo que quedó pendiente de resolver tal actuación.

Los señores Superintendentes Delegados y el señor Superintendente Nacional de Salud antes de la medida de intervención no corrieron traslado a la EPS del informe de conclusiones de las respuestas allegadas por la EPS Salud Cóndor S. A., para cada una de las actuaciones iniciadas, tampoco corrieron traslado de Autos de Apertura de Investigación Administrativa con formulación de cargos.

El Despacho efectuó una evaluación de los hechos a través de un supuesto informe final que se remitió a la EPS por correo certificado del que se tuvo noticia el 12 de abril de 2011 un día después de desfijado el aviso de notificación de la Resolución 513 del 7 de abril de 2011 y cuando ya la medida de intervención producía efectos adversos e ilegales, por lo que queda claro la violación al debido proceso.

Adicionalmente, se introduce un hecho nuevo referente al riesgo en salud que no fue objeto de examen con antelación a la medida de Toma de Posesión y sobre el cual en ningún momento la entidad de control adelantó actuación alguna contra la EPS por lo que la EPS no tuvo la oportunidad de esgrimir defensa alguna.

En este punto el recurrente manifiesta que es necesaria una prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia y con ello poder sancionar, prueba que ha de recaer sobre los hechos constitutivos de la infracción y la culpabilidad del acusado, pues cualquier insuficiencia o duda en el resultado de las pruebas practicadas ha de traducirse en la absolución. Sin embargo, en la resolución recurrida no se presentan las pruebas de cargo debidamente valoradas a través de una exposición razonada, clara y precisa.

De igual forma la Superintendencia inobservó el principio de la verdad Real u Objetiva, principio que significa que debe establecerse de forma certera la realidad histórica de los hechos investigados, siendo necesaria su reconstrucción por medio de la prueba recopilada. La verdad real consiste en determinar las verdaderas razones sobre las cuales se dieron esos hechos, es decir, cuál fue el cuadro fáctico que propició la actuación desplegada.

No existe prueba alguna que demuestre que existe riesgo inminente para la prestación de servicios de salud a los usuarios, pues está plenamente garantizado y prueba de ello es que continúa el servicio a los afiliados de la EPS sin contratiempo alguno. Grave sería que se paralizara la prestación de servicios de salud, pero esa situación no ha ocurrido y el hecho de que se presenten casos aislados no autoriza a la Superintendencia para generalizar la situación y adoptar medidas drásticas sin atender el procedimiento que rige el proceso de habilitación de permanencia.

De manera que no existe inminente afectación del servicio de salud a los afiliados, y el hecho no está probado atendiendo que la carga de la prueba le corresponde al Estado (Superintendencia Nacional de Salud).

Para la expedición de la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 se invocaron normas jurídicas que resultan contradictorias entre sí, algunas derogadas, otras no aplicables al caso y omite aplicar la normatividad legal que regula las materias relacionadas con i) la habilitación de permanencia (Decreto 515 de 2004, Decreto 506 de 2005 y demás normas concordantes) ii) los procesos de intervención y toma de posesión en armonía con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

i) Se desatiende normas favorables a los aseguradores contenidas en la Ley 1438 de 2011 artículo 129.

ii) Invocación de normas adicionales y posteriormente derogadas, el Decreto 1015 de 2002, fue adicionado por el Decreto 736 de 2005 y posteriormente derogado. El Decreto 1015 de 2002, reglamentó parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001.

iii) Invocación de normas que ya habían sido recogidas y reexpedidas por el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010. El Decreto 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y demás normas complementarias, fueron recogidas y reexpedidas posteriormente en el Decreto 2555.

iv) Inobservancia de las disposiciones legales que fijan el procedimiento de habilitación y verificación de cumplimiento de las condiciones de habilitación de EPS-S, y el desconocimiento de las normas que atribuyen competencia a otras autoridades que integran la Superintendencia Nacional de Salud, violando el principio de la doble instancia.

Por medio del Decreto 1018 de 2007, se asigna competencia a la Delegada de Atención en Salud para ejercer inspección y vigilancia a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB) para su puesta en operación y permanencia en el sistema, debiendo por tanto evaluar periódicamente el cumplimiento de las condiciones de permanencia y adoptar las medidas del caso cuando verifique deficiencias o irregularidades, con arreglo a las competencias que le confiere la ley y el reglamento (artículo 13 del Decreto 515 de 2004).

Sin haberse agotado la primera instancia ante las Delegadas, el señor Superintendente Nacional de Salud asumió la competencia de aquellas y procedió sin concluir las actuaciones administrativas que se venían surtiendo en primera instancia con evaluación del cumplimiento de las condiciones de habilitación de permanencia, al ordenar la Toma de Posesión de la EPS, lo cual generó violación al debido proceso.

Así las cosas, la toma de posesión debe cumplir un procedimiento que involucra en primera instancia a las Delegadas de la Superintendencia, un debido proceso que garantice la defensa y el derecho de contradicción de la entidad, la evaluación previa sobre el incumplimiento de los estándares que integran los diferentes componentes de la habilitación y por supuesto la revocatoria de la habilitación de la EPS-S, una causal que se requiere configurar para proceder con una medida de intervención, procedimiento que no se cumplió en el presente caso.

v) Inaplicabilidad de las disposiciones legales que regulan la evaluación de habilitación de permanencia de EPS-S, particularmente lo dispuesto en el Decreto 515 de 2004 y la Resolución 0581 de 2005.

Existiendo norma especial que regula el proceso de habilitación, no se podía ordenar la toma de posesión, pues se requería previamente haber revocado la habilitación conferida y confirmada para la vigencia 2009.

De manera que quienes definen la revocatoria de habilitación de una EPS-S, son los Superintendentes Delegados de Atención en Salud y Gestión de Recursos, quienes evalúan de acuerdo a sus competencias, los componentes de la habilitación de permanencia, caso en el cual debe proferirse la evaluación previa, el grado y la causa de la falta, anomalía e ineficiencia en la prestación de los servicios de salud como sustento de la revocatoria de la habilitación (artículo 124 de la Ley 1438 que modifica el numeral 5 artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 3023 de 2002, por el cual se reglamentó parcialmente el artículo 230 de la Ley 100 de 1993 y 68 de la Ley 715 de 2001.

vi) Inaplicabilidad de lo dispuesto en los numerales 19 y 35 del artículo 17 del Decreto 1018 de 2007, en cuanto que para la medida de intervención y toma de posesión de una EPS-S, se requiere concepto previo del Ministerio de la Protección Social.

viii) Inobservancia del procedimiento sancionatorio definido para la Superintendencia Nacional de Salud. La potestad sancionatoria de la administración se ha ejercido con total desconocimiento del principio de legalidad, atributo del denominado ius puniendi del Estado, en cuanto los actos y las decisiones del Superintendente no se han subordinado a lo preceptuado y regulado previamente en la constitución y en las leyes.

Con ocasión del traslado de observaciones contenidas en el oficio de NURC 2-2011- 007413 del 11 de febrero de 2011 por parte del Superintendente Nacional de Salud, la información reportada se acumuló a la actuación iniciada el 4 de agosto de 2010 mediante NURC 2-2010-072842, es decir, que se allegó como elemento probatorio y fue valorada en confrontación con la información financiera reportada por la EPS a través de la Circular Única desde el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 30 de junio de 2010 y 30 de septiem

bre de 2010, de manera que se han revivido situaciones jurídicas consolidadas a favor de la EPS de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 numeral 6 de la Ley 795 de 2003 y el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo frente a la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones la cual caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.

La Superintendencia solo estaría facultada para examinar la información financiera dentro del plazo que no configura la caducidad administrativa, respecto de la información comprendida entre el 18 de abril de 2008 al 18 de abril de 2011.

Además la información correspondiente a diciembre de 2009 ya fue evaluada por la entidad de control quien adelantó a través de la Universidad de La Guajira el proceso de monitoreo anual de cumplimiento y verificación de la habilitación de permanencia concluyendo que estaba a conformidad, por manera que no es posible retrotraer dicha evaluación a períodos anteriores a 2009, pues se trata de cosa juzgada administrativa con la confirmatoria de la habilitación y de forma indefinida hasta que se verifique su revocatoria.

Tampoco procedería el examen pretendido cuando para el componente financiero y técnico científico no es posible adelantar juicio alguno, en la medida que el propio Estado a través de la Ley 1438 de 2011 aceptó como hecho notorio que no requiere prueba, la crisis financiera del sector, la inequidad del Sistema y la desatención de los afiliados.

Ahora en cuanto al informe final de la Contraloría Departamental de Nariño, que la Superintendencia toma como referente para el análisis de la información financiera con corte a diciembre 31 de 2010, es de advertir que este no se podía tener en cuenta por cuanto no se encuentra en firme dado que la EPS no ha ejercido el derecho de objetar el mismo y esgrimir su defensa y contradicción.

La resolución impugnada es una sanción administrativa en la que para su adopción no se observaron el conjunto de principios y formalidades que regulan la habilitación de permanencia de una EPSS.

Se quebrantó el principio de la prohibición de las sanciones de plano, porque antes de tomar la decisión impugnada la Superintendencia Nacional de Salud debió oír a la EPSS respecto de los hechos y las normas quebrantadas, de manera que se vulneró el derecho de defensa apartándose de los principios de transparencia, publicidad, buena fe y presunción de inocencia.

El hecho de que la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 conceda el recurso de reposición no subsana la violación al derecho al debido proceso, situación que se torna irremediable en cuanto el recurso se concedió en el efecto diferido.

De igual forma, la Resolución impugnada se aparta del principio de inocencia, el cual es, a la vez, un derecho subjetivo público elevado a la categoría de fundamental del cual goza el inculpado a lo largo del proceso.

La actuación administrativa relacionada con la solicitud de información a la EPSS para los fines de la permanencia de la habilitación para operar el régimen subsidiado, la venía realizando la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, pero una vez rendida dicha información, la actuación la asume el señor Superintendente Nacional de Salud sin señalar las razones de hecho y de derecho por las cuales se produce este cambio, sin tener en cuenta que conforme al Decreto 1018 de 2007 las Superintendencias Delegadas que son áreas especializadas en los diferentes asuntos de inspección, vigilancia y control es a quienes les corresponde en primera instancia conocer sobre el cumplimiento de los estándares de permanencia por parte de las EPSS.

La situación descrita anteriormente, presentó dos consecuencias que afectaron a la EPSS como son:

- No haberse podido acudir a segunda instancia.

- La toma de una presunta decisión acelerada.

A la actuación administrativa iniciada con el requerimiento formulado por la Superintendencia Delegada Para la Atención en Salud, mediante oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010, le eran aplicables las normas legales y reglamentarias vigentes para la época, referidas a adelantar un debido proceso y permitir el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción a la EPSS, razón por la cual se traicionó la confianza y buena fe de la EPS, adoptándose una decisión apresurada, arbitraria e ilegal.

El término de cinco (5) días y su prórroga inicial otorgada a la EPSS para rendir informes y controvertir las observaciones hechas por la Superintendencia, no es un plazo razonable, pues debió concederse como mínimo quince (15) días que es el plazo que establece el Código Contencioso Administrativo para responder peticiones.

Además, con oficio de NURC 2-2011-011592 del 3 de marzo de 2011 el Superintendente Nacional de Salud, negó a la EPS tener acceso al expediente y a las pruebas, so pretexto de que la EPS conocía plenamente el contenido del oficio de traslado y el informe adjunto.

La Superintendencia Nacional de Salud inició una actuación administrativa consistente en requerir a la EPS Salud Cóndor S. A., una información respecto de los tópicos señalados en el oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 a los cuales se dio respuesta clara y precisa, por lo tanto le correspondía a la Delegada evaluar la respuesta y hacer las observaciones del caso y trasladarlas a la EPS.

No obstante, en el traslado que realiza el señor Superintendente Nacional de Salud mediante la cual efectúa observaciones a la EPS pero no formula cargo alguno, se refiere a la respuesta dada al oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 e incluye nuevos temas que no fueron contemplados en el citado oficio y allega una información extraña al proceso en cuanto se solicita por fuera de la actuación con ocasión de una visita efectuada por la EPS a la Delegada para la Atención en Salud, lo cual no es procedente por simple buena gestión administrativa y porque se quebranta el principio de publicidad. Pues conforme al derecho de intimación, el administrado tiene derecho a conocer de manera expresa, detallada y precisa los hechos o las conductas que se le atribuyen.

La transparencia es una obligación de toda administración pública y tiene por objeto no solo permitir el acceso a la información, sino también a todo el desenvolvimiento de la actuación y gestión administrativas.

Al máximo organismo de inspección, vigilancia y control le corresponde la carga de la prueba respecto a todos y cada uno de los hechos que a su juicio considera irregular, por lo que tenía el deber de sustentar cada una de las observaciones con pruebas y trasladarlas o facilitar el conocimiento a la vigilada.

El derecho a la presunción de inocencia conlleva los siguientes derechos:

- A no ser sancionado sino en virtud de pruebas obtenidas de manera constitucionalmente legítima.

- Corresponde a la administración que acusa, probar los hechos constitutivos de la infracción o ilícito administrativo.

- Cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe determinar un pronunciamiento absolutorio conforme al in dubio pro administrado.

- Que los hechos por los cuales se sanciona sean los mismos por los que se acusó inicialmente (necesaria correlación entre la acusación y la decisión sancionatoria final).

El impugnante advierte que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que, luego de que una entidad pública ha proferido un acto con el cual se genera una situación concreta a favor de una persona, no se puede modificar unilateralmente esta decisión. El irrespeto al acto propio vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa en la medida en que la persona que adopta la decisión, independientemente de la validez o no de las razones invocadas, actúa como juez y parte y puede cercenar cualquier posibilidad de defensa material del afectado en la decisión.

Lo anterior en el entendido de que la Superintendencia Nacional de Salud concedió a la EPS Salud Cóndor S. A., el certificado de funcionamiento como Entidad Promotora de Salud y la habilitación para operar y administrar recursos del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la Resolución número 309 del 17 de marzo de 2008, cuando en el mes de febrero de 2010, traslada el informe final de habilitación de permanencia a la EPSS culminando así el proceso administrativo de verificación, en el que se evidencia el cumplimiento total de cada uno de los estándares evaluados, incluidos los del componente técnico financiero.

Razón por la cual generó una situación jurídica concreta a favor de la EPS Salud Cóndor S. A., luego la Superintendencia no podía a través de evaluación posterior desconocer los efectos de aquella actuación administrativa adelantada de forma coordinada por las dos Delegadas, en vía de revocar su habilitación, cuando ni siquiera se ha cumplido el proceso administrativo requerido con la aplicación de la matriz de verificación de cumplimiento de la habilitación de permanencia.

El trato que la entidad de control le concedió a la EPS en el curso de las actuaciones administrativas adelantadas y no culminadas, traiciona la confianza de la EPS en cuanto se esperaba la aplicación de un debido proceso administrativo que le garantizara el derecho de defensa y contradicción, por el contrario desconociendo abiertamente las normas y principios aplicables al caso, decide saltarse el procedimiento recogido en materia de evaluación de la habilitación de permanencia, para intervenir y tomar posesión de la entidad, sin ninguna fórmula de juicio.

El señor Superintendente Nacional de Salud desatendió abiertamente el principio de la buena fe traicionando al propio Estado a quien representa, movido presuntamente por intereses oscuros que nada tienen que ver con la protección del interés público y la garantía del servicio de salud.

A la EPS Salud Cóndor S. A., se le confirmó la habilitación de permanencia y fue objeto de nueva evaluación sin razón alguna, frente a las EPSS que no fueron habilitadas y que se encontraban incursas en causal de revocatoria de su habilitación y que no han sido nuevamente evaluadas.

Según los procesos de Auditoría efectuados por la entidad de control a través de la Universidad de La Guajira en la vigencia 2009, se observa que cerca de diez EPS del Régimen Subsidiado no fueron auditadas y aún se encuentran sin evaluar, y la EPS Salud Cóndor S. A., ha sido sometida a nuevo examen de cumplimiento de habilitación para la vigencia 2010, a pesar de haber sido visitada y confirmada su habilitación indefinida desde el año 2010.

En el proceso de Auditoría realizado a través de la Universidad de La Guajira en la vigencia 2009, se observa que la evaluación de cumplimiento se adelantó con aplicación de las matrices de verificación definidas por la Superintendencia previa visita y en acatamiento de los procedimientos de visita contenidos en la Resolución 1242 de 2008, en donde se garantizó la defensa y contradicción ante la Delegada de Atención en Salud y la Delegada de Generación de Recursos, frente a los informes preliminar y final de visita, lo

que no ha ocurrido con la EPS Salud Cóndor S. A., pues no se efectuó visita de evaluación de estándares con aplicación de las matrices de verificación a que alude la Resolución 0581 de 2004 y el Decreto 515 de 2004.

a) Componente técnico administrativo y técnico científico de la habilitación de permanencia.

Según el recurrente en la Resolución impugnada se afirma en cada uno de los ítems evaluados que la EPS-S cumple, pero a renglón seguido se indica todo lo contrario, situación que se habría desvirtuado si se hubieran valorado las pruebas allegadas por la EPSS.

El recurrente manifiesta que no es cierta la conclusión emitida por esta Entidad de Control, pues la EPSS con oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011, presentó los planes de salud por territorios donde opera.

Los planes allegados a la Superintendencia corresponden a las territoriales de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Putumayo y Valle, discriminados por los municipios donde opera.

Según el ente de control, la EPS Salud Cóndor S. A., presenta argumentos que son de recibo, pero no allega documentos soporte que menciona en el escrito de respuesta, sin embargo con oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011 la EPSS presentó los documentos soporte de la gestión de riesgo. Sin embargo para el efecto remite nuevamente los soportes.

La Superintendencia afirma que la EPS Salud Cóndor S. A. no cumple con las metas definidas en el 37.5% de los indicadores de cumplimiento. Sin embargo, mediante oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011 se presentaron los documentos soportes de los indicadores plasmados en la respuesta, con el objeto de desvirtuar el hallazgo que llevó a enmarcar esa conclusión.

Por lo anterior remite nuevamente la información.

La EPS Salud Cóndor S.A., mediante oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011, presentó los documentos soporte de los indicadores de atención del parto, con el objetivo de desvirtuar la observación.

La Entidad de Control indicó que la EPS Salud Cóndor S.A., desvirtúa parcialmente el incumplimiento, no obstante la Superintendencia Nacional de Salud no realizó valoración probatoria alguna con relación a la información remitida por la EPSS el día 7 de marzo de 2011 con el NURC 1-2011-017544. Para el efecto remite nuevamente la información.

La Entidad de Control señaló que la EPSS no logró desvirtuar el incumplimiento en la realización de mamografías, lo cual no es cierto pues la EPSS ya había remitido la prueba que desvirtuaba tal afirmación con el oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011.

La EPSS mediante oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011 presentó argumentos que evidenciaban la gestión realizada con las usuarias para la toma de citologías cervico-uterinas. Así mismo, presentó los informes de gestión y las matrices de programación que evidenciaban la ejecución de la actividad y los planes de mejoramiento emanados para esa actividad.

El análisis de los indicadores y de las matrices se realiza en forma conjunta, razón por la cual los planes de mejoramiento se plantean en función de mejorar integralmente la realización de las actividades de promoción y prevención y las actividades de demanda inducida.

Con el oficio de NURC 1-2011-017544 del 7 de marzo de 2011, la EPSS argumentó y probó la gestión realizada para el cumplimiento de los indicadores, como la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, donde a través de la construcción de sus procesos, establece un control que permite la vigilancia estricta de las metas planteadas en los diferentes frentes de injerencia de la EPSS, lo cual se puede evidenciar en la articulación del Modelo de Atención Institucional con el Establecimiento de su Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad y en su sistema de información, además del soporte de las matrices generadas por el software de la EPS Integra que permite evidenciar alertas tempranas para la aplicación de acciones correctivas o de prevención.

La Superintendencia indicó que la EPSS presentó argumentos que hablan sobre la generalidad del proceso de análisis de indicadores centinela, pero que no allegó soportes que permitieran alguna verificación referencial.

No obstante la EPSS presentó evidencia del proceso de análisis de los indicadores centinela, a través de actas de análisis de los mismos en reuniones como COVES institucionales y como COVES frente a eventos como muertes maternas.

Así las cosas, el recurrente considera que la EPS Salud Cóndor S.A., cumple con el componente técnico-científico para la habilitación de permanencia.

A pesar de que los entes territoriales no han dado cumplimiento a su obligación primaria de pago oportuno de los recursos, la EPSS en ningún momento ha negado a los Prestadores, la existencia de la obligación a su cargo, y ello se observa en el hecho de que la Entidad tenga claramente definido los montos adeudados dentro de su contabilidad y en aras de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, la EPS Salud Cóndor S.A., se ha visto en la necesidad de celebrar acuerdos de pago con los Prestadores, logrando la continuidad de la red y en todo tiempo garantizando a los afiliados la atención en salud requerida en los diferentes niveles de complejidad.

A la entidad de control sólo le está permitido evaluar la habilitación de permanencia para la vigencia 2010 a corte 31 de diciembre, atendiendo la circunstancia de que los Estados Financieros de la EPS se encuentran consolidados a esa fecha y reportados al Ente de Control conforme la Circular Única, aunado a que según la Auditoría efectuada por la Universidad de la Guajira fue confirmada la habilitación de permanencia para la vigencia 2009.

De acuerdo con el artículo 8° del Decreto 515 de 2004, modificado por el Decreto 3556 de 2008, la EPSS cumple con el margen de solvencia a diciembre 31 de 2010, según el siguiente cálculo:

Margen de solvencia Resolución 2094 de diciembre 23 de 2010

11 Disponible recurso UPC-RS 1.770.174.377.43

La EPSS dentro de sus procedimientos, elabora anualmente su presupuesto y flujo de caja y presenta a las directivas su ejecución mensual de acuerdo con los resultados ejecutados.

Con base en lo expuesto el recurrente solicitó lo siguiente:

– Revocar en su integridad la Resolución 0513 del 7 de abril de 2011 y en consecuencia habilitar a Salud Cóndor S.A. EPS, para continuar operando el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3.1. El recurrente señaló que la decisión contenida en el acto administrativo impugnado, no cumple con los presupuestos de una debida motivación pues la Superintendencia Nacional de Salud funda la resolución, en la evaluación del cumplimiento de las condiciones de habilitación de operación y permanencia por parte de la EPS Salud Cóndor S.A., basado en la información remitida por la EPS a través de la Circular Única y las comunicaciones de fecha 5 de octubre de 2010, con NURC, 1-2010-090373, 22 de diciembre de 2010 con NURC, 1-2010-111949, así como del informe de interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Bogotá, D. C., cuando la verdad procesal es otra.

Frente a este punto, este Despacho considera pertinente precisar que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho y de derecho que corresponden en cada caso, la motivación es la razón por la cual se expide el Acto Administrativo, al respecto el profesor Uruguayo Luis Enrique Chase señaló:

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia T - 552 del 25 de mayo de 2005, Magistrado Ponente doctor Jaime Araújo Rentería indicó que el deber de motivar los actos administrativos está orientada a satisfacer tres exigencias:

De igual forma, el Consejo de Estado en sentencia del día 10 de abril de 2008 con número de radicación 15204 Consejero ponente Héctor J. Romero Díaz respecto a la motivación de los actos administrativos indicó lo siguiente:

Efectivamente, con oficio radicado con el NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 visto a folios 1 al 4 de la carpeta número 2 la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud de esta Superintendencia Nacional de Salud le solicitó a la EPS Salud Cóndor S.A., remitir la siguiente información:

– Certificado de existencia y representación legal y composición de los miembros de junta directiva u organismos directivos, administradores o socios, actualizada.

– Declaración de los representantes legales, miembros de junta directiva u organismos directivos, administradores o socios actuales de no estar incursos en las incompatibilidades del estándar 1 de Capacidad técnico-administrativa de la Resolución 0581 de 2004.

– Estructura organizacional actualizada a nivel nacional, regional, departamental y municipal según el caso, incluyendo los nombres de los cargos y de las personas que los ocupan.

– Relación actualizada del número de Afiliados discriminados por departamento y municipio, población contratada, activa, carnetizadas y relacionada en el BDUA.

– Relación actualizada de Contratos con Entidades Territoriales de vigencias anteriores que no se han liquidado, y soportes documentales que demuestren la gestión que se ha desarrollado para la respectiva liquidación detallando: número de contrato, valor, vigencia, municipio y departamento.

– Mapa de procesos donde se definan los responsables y respectivos procedimientos de afiliación y registro, carnetización, manejo de bases de datos, consolidación de la información sobre perfiles etáreos, estado de salud y socioeconómicos de la población afiliada, manejo de los datos sobre los prestadores de servicios de salud mediante los cuales prestará los servicios del plan de beneficios, prestación del plan de beneficios y Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención en Salud, etc.

– Relación de Contratos con Entidades Territoriales de vigencia 2009-2010 detallando número de contrato, valor, vigencia, municipio y departamento, estado de la gestión de liquidación de los mismos.

– Relación de Contratos con Entidades Territoriales de vigencia 2010-2011 detallando número de contrato, valor, vigencia, municipio y departamento.

– Relación de Contratos con IPS de vigencia 2009-2010 detallando número de contrato, valor, fecha de inicio y fecha de finalización, municipio, departamento, modalidad de contratación, tipo de servicios y nivel de complejidad contratada, forma de pago y estado de la gestión de liquidación de los mismos.

– Relación de Contratos con IPS de vigencia 2010- 2011 detallando número de contrato, valor, fecha de inicio y fecha de finalización, municipio, departamento, modalidad de contratación, tipo de servicios y nivel de complejidad contratada, forma de pago y estado de los mismos.

– Documento donde se consolide la información demográfica de los afiliados incluyendo la conformación de población urbana y rural por municipio, la pirámide etárea de la población, el número de afiliados por grupos etáreos, y por género, la densidad familiar, afiliados y beneficiarios, y las condiciones socioeconómicas de los afiliados, incluyendo la conformación de afiliados por estrato, información epidemiológica que demuestre el análisis de información a nivel nacional y departamental, los procesos de cálculo del riesgo de enfermedad de la población afiliada.

– Modelo de atención en salud de la entidad

– Resultado consolidado final de cumplimiento de los indicadores correspondientes a la vigencia abril 2009-marzo 2010 conforme a la estructura que se anexa a la presente.

– Remitir copia del Plan de Salud de la EAPB 2008-2011 y de los planes operativos y de inversión por departamento y municipio correspondientes a la vigencia Abril 2010 – Marzo 2011 conforme a la estructura establecida en los lineamientos del Ministerio de Protección Social según radicado 00136425-2008.

– Modelos de minutas de contrato con sus respectivos anexos por cada nivel de complejidad, incluyendo los documentos de soportes solicitados tanto al prestador como a la EPS-S para suscribir el acuerdo de voluntades.

– Documento del Sistema Obligatorio de garantía de Calidad, incluyendo el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad con el respectivo plan de mejoramiento 2010 y los indicadores de calidad utilizados para realizar el seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios.

– Documentación de la conformación del Comité Técnico Científico Nacional y de los departamentos donde tenga afiliados, relacionando los miembros que lo conforman y las ultimas 10 reuniones realizadas.

– Documentación de Administración de riesgos y Nota Técnica del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, POS-S, con los correspondientes ajustes en la operación de la entidad de acuerdo con los hallazgos.

– Mecanismos de divulgación al afiliado sobre la aplicación de los copagos y de Publicación de la red de prestadores, de manera separada para cada entidad territorial donde tenga afiliados cuando sea pertinente.

A lo que la EPS Salud Cóndor S.A., con escrito radicado en esta Entidad el día 5 de octubre de 2010 con el NURC 1-2010-090373 visto a folios 5 al 12 de la carpeta número 2, dio respuesta.

Luego, el día 17 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión entre la EPS Salud Cóndor S.A., y la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud con el fin de tratar la situación actual de la EPSS. (Folio 21 de la carpeta número 2).

Con oficio del día 23 de diciembre de 2010 radicado con el NURC 1-2010-111949, la Gerente General de la EPS Salud Cóndor S.A., remitió la documentación que evidenciaba lo que afirmó en la reunión del día 17 de diciembre de 2010. (Folios 22 al 203 de la carpeta número 2, y folios 1 al 114 de la carpeta número 3).

Así las cosas y luego del análisis de la información recopilada hasta ese momento, de los hallazgos y las conclusiones a que se llegó, esta Superintendencia Nacional de Salud con oficio del día 11 de febrero de 2011 radicado con el NURC 2-2011-007413, corrió traslado a la EPS Salud Cóndor S.A., con el fin que se pronunciara al respecto, garantizando de esta forma el derecho a la defensa, contradicción y el debido proceso de la citada EPSS.

Ahora bien, el recurrente manifestó que sin explicación alguna el Superintendente Nacional de Salud asumió de manera directa el trámite de las actuaciones iniciadas por la Delegada para la Atención en Salud, formulando observaciones a la información rendida por la EPS e incluyendo temas nuevos, además el citado oficio no enuncia la apertura del proceso administrativo sancionatorio ni formula pliego de cargos.

Frente al argumento expuesto por el impugnante, este Despacho considera necesario precisar lo siguiente:

De igual forma el artículo 36 de la Ley 1122 de 2007 dispuso:

Y el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011 establece el eje de acciones y medidas especiales que refiere:

Adicionalmente, según el artículo 39 de la Ley 1122 de 2007 la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos:

Ahora que el traslado de los hallazgos mediante el oficio del día 11 de febrero de 2011 se haya efectuado directamente por el Superintendente Nacional de Salud es debido a que le corresponde a él, según lo dispuesto en el numeral 8 y 26 del artículo 6° del Decreto 1018 de 2007:

El Superintendente Nacional de Salud para ejercer las funciones que están a su cargo, debe apoyarse de las áreas misionales de la Entidad, razón por la cual en el presente caso participaron la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud y la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud.

En el mismo Decreto 1018 de 2007 en el artículo 16 se consagró que la Dirección General para la Inspección y Vigilancia de los Administradores de Recursos de Salud le corresponde:

Nótese que la Dirección General de Calidad y Prestación de Servicios de Salud de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud y la Dirección General para la Inspección y Vigilancia de los Administradores de Recursos de Salud de la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud en el presente caso realizaron funciones de inspección y vigilancia.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1122 de 2007 se debe entender por inspección y vigilancia lo siguiente:

Al ser un procedimiento especial no se expide Auto de Apertura de Investigación, como tampoco se formulan cargos, no obstante esta Entidad de Control luego de analizada la información recopilada sobre las condiciones de operación y permanencia y con el fin de garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de la EPSS, con oficio del día 11 de febrero de 2011 con el NURC 2-2011-007413 corrió traslado a la EPS Salud Cóndor S.A., de los hallazgos con el fin que rindiera las observaciones y aportara los pruebas que considerara pertinentes para desvirtuar la situación denunciada por las diferentes entidades territoriales, y detectada por esta Superintendencia de acuerdo con la información suministrada por la misma EPSS.

Adicionalmente es necesario recordar que en el oficio del día 11 de febrero de 2011 radicado con el NURC 2-2011-007413 se advirtió a la EPSS lo siguiente:

Así que contrario a lo afirmado por el recurrente esta Superintendencia no dejó pendiente por resolver ninguna actuación, pues es la misma ley que faculta a esta Entidad para adoptar las decisiones necesarias para proteger los derechos de toda la población afiliada a la citada EPSS.

Ahora bien, una vez esta Superintendencia estudió la respuesta dada por la EPS Salud Cóndor S.A., al requerimiento del día 11 de febrero de 2011 radicado con el NURC 2-2011-007413, la cual allegó con escrito radicado el día 7 de marzo de 2011 con el NURC 1-2011-017544, se expidió el informe final, en el cual, la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud y la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud concluyeron lo siguiente:

Frente al informe final no procede observación alguna, pues este se produjo una vez agotado el derecho de defensa, contradicción y el debido proceso que le asistía a la EPSS, cuando la misma contestó el traslado del oficio del día 11 de febrero de 2011 con el NURC 2-2011-007413.

Luego del informe final, se expidió la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 con el fin de conjurar la situación en que se encontraba la EPS Salud Cóndor S.A., pues la misma genera un riesgo inminente, en la prestación de los servicios de salud ofertados a su población afiliada.

Así mismo el artículo 6° del Decreto 506 de 2005 faculta a la Superintendencia Nacional de Salud a ordenar la revocatoria, suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación, así como tomar las medidas cautelares y toma de posesión así:

Nótese que esta Entidad de Inspección, Vigilancia y Control no ha vulnerado el debido proceso de la EPS Salud Condor S. A., por el contrario con la medida adoptada lo que se busca es garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a toda la población usuaria de dicha EPSS, establecer la situación real de la intervenida y lograr el cabal cumplimiento del objeto social de la EPSS.

Al respecto de lo indicado por el recurrente, este Despacho considera que efectivamente para adoptar cualquier determinación se debe contar con las pruebas o elementos necesarios que lleven al funcionario competente al convencimiento de los hechos que investiga.

En el presente caso, esta Superintendencia Nacional de Salud con base en la información que remitió la Contraloría de Pasto, el Informe de Interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Bogotá D. C., la información remitida por la misma EPSS en cumplimiento de la Circular Única y las respuestas de la EPSS del día 5 de octubre, 23 de diciembre de 2010 y 7 de marzo de 2011 radicados con los NURC 1-2010-090373, 1-2010-111949 y 1-2011-017544 respectivamente, fueron suficientes para tomar la decisión que se recurre, pues de este material probatorio se concluyó que existen graves inconsistencias en la información suministrada y recopilada a través de la Circular Única configurándose la causal a que se refiere el literal h) del artículo 20 de la Ley 510 de 1999 que señala:

Frente a este punto, es necesario indicar que esta Entidad está facultada para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre sus vigilados, es decir que en cualquier momento puede requerir información, analizar documentos, realizar visitas, llevar a cabo actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para saber cuál es la situación actual de los recursos del sistema y de los servicios de salud a cargo de las EPS entre otras cosas. De manera que no se necesita que exista una queja o denuncia para que esta Entidad ejerza las funciones IVC sobre sus vigilados.

El recurrente también adujo que no existe prueba alguna que demuestre que existe riesgo inminente para la prestación de servicios de salud a los usuarios, pues está plenamente garantizado y prueba de ello es que continúa el servicio a los afiliados de la EPS sin contratiempo alguno. Grave sería que se paralizara la prestación de servicios de salud, pero esa situación no ha ocurrido y el hecho de que se presenten casos aislados no autoriza a la Superintendencia para generalizar la situación y adoptar medidas drásticas sin atender el procedimiento que rige el proceso de habilitación de permanencia.

perturban la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios, la representación del afiliado ante el prestador entre otras cosas, se vio en la necesidad de ordenar la intervención de la EPSS para administrar con la finalidad de establecer si la EPS Salud Condor S. A., puede desarrollar su objeto social conforme a las reglas que lo rigen o si por el contrario debe ser liquidada, y con tal determinación simplemente cambió fue la administración de la EPSS, porque la misma en estos momentos continua asegurando el riesgo en salud de sus afiliados y brindando la garantía de la prestación de servicios de salud a esta.

3.3. Según el recurrente para la expedición de la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 se invocaron normas jurídicas que resultan contradictorias entre sí, algunas derogadas, otras no aplicables al caso y se omite aplicar la normatividad legal que regula las materias relacionadas con i) la habilitación de permanencia (Decreto 515 de 2004, Decreto 506 de 2005 y demás normas concordantes) ii) los procesos de intervención y toma de posesión en armonía con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por las siguientes razones:

i) Se desatiende normas favorables a los aseguradores contenidas en la Ley 1438 de 2011 artículo 129.

ii) Invocación de normas adicionales y posteriormente derogadas, el Decreto 1015 de 2002, fue adicionado por el Decreto 736 de 2005 y posteriormente derogado. El Decreto 1015 de 2002, reglamentó parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001.

iii) Invocación de normas que ya habían sido recogidas y reexpedidas por el Decreto 2555 de 15 de julio de 2010. El Decreto 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y demás normas complementarias, fueron recogidas y reexpedidas posteriormente en el Decreto 2555.

v) Inaplicabilidad de las disposiciones legales que regulan la evaluación de habilitación de permanencia de EPS-S, particularmente lo dispuesto en el Decreto 515 de 2004 y la Resolución 0581 de 2005.

vi) Inaplicabilidad de lo dispuesto en los numerales 19 y 35 del artículo 17 del Decreto 1018 de 2007, en cuanto que para la medida de intervención y toma de posesión de una EPS-S, se requiere concepto previo del Ministerio de la Protección Social.

vii) Inaplicabilidad de lo dispuesto en el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores.

Respecto a lo manifestado por el recurrente este Despacho considera necesario realizar las siguientes precisiones:

La Superintendencia Nacional de Salud le han sido asignadas facultades de Policía Administrativa, con el objeto de cumplir las funciones de vigilancia, para ello tiene facultades sancionatorias y de intervención estatal, entre las cuales encontramos, intervención forzosa para administrar, intervención forzosa para liquidar, revocar y suspender el certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud o de un prestador de servicios de salud, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

Como lo reconoce la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: El Estado tiene el deber de ejercer la regulación con el fin de facilitar no solo la adecuada prestación de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores de servicios.

Conforme a los mandatos Constitucionales, esto es, el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social tiene en nuestro ordenamiento jurídico una doble connotación, por un lado, es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y por otro, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional. Dispone la norma en cita:

El legislador desarrolló en la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizar los derechos de la persona y la comunidad, para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten; dicho Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de salud y servicios complementarios, así como las prestaciones de carácter económico, que serán suministrados por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la ley.

El objetivo de la función de vigilancia y control, busca asegurar la prestación oportuna, permanente y eficiente con calidad e integralidad del servicio de seguridad social en salud; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas integrantes del sector salud; la eficiencia en la aplicación y utilización de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud; el oportuno y adecuado recaudo, giro, transferencia, liquidación cobro y utilización de los mismos; la cabal, oportuna y eficiente explotación de los arbitrios rentísticos que se obtengan de los monopolios de loterías, beneficencias que administren loterías, apuestas y demás modalidades de juegos de suerte y azar; así como lograr que los recursos destinados a su financiación se utilicen exclusivamente para tales fines, a propósito de lo cual, como se indicó, la norma superior señala que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, además, hacen parte de dichos objetivos, la adopción de medidas encaminadas a permitir que la función de vigilancia y control centre su actividad en la aplicación de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento adecuado de las mismas. (Artículo 48 de la Constitución Política).

Ley 100 de 1993, artículo 230:

1. Petición de la entidad promotora de salud.

2. Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la autorización.

3. Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado de autorización.

4. Cuando la entidad ejecute prácticas de selección adversa.

5. Cuando se compruebe que no se prestan efectivamente los servicios previstos en el plan de salud obligatorio.

Ley 715 de 2001, artículo 68:

Además, el numeral 8 del artículo 42 ibídem dispone lo siguiente:

"Competencias en salud por parte de la Nación.

En este mismo sentido, el artículo 1° del Decreto 1015 de 2002, adicionado por el Decreto 736 de 2005, establece que las normas de procedimiento aplicables al ejercicio por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de la Intervención Forzosa Administrativa se regirán por lo previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.

Es necesario aclarar que el Decreto número 1015 de 2002 no ha sido derogado, razón por la cual a la fecha el mismo se encuentra vigente.

Ahora bien, la Ley 1122 de 2007 hace modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud previsto en la Ley 100 de 1993, crea el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, y para el desarrollo de sus funciones, define cinco (5) Ejes Temáticos, a saber: (i) Financiamiento; (ii) Aseguramiento; (iii) Prestación de servicios; (iv) Atención al usuario y participación social; y, (v) Eje de acciones y medidas especiales. El artículo 37 de la precitada ley definió los ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional el cual fue modificado en su numeral 5 por el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, así:

"Artículo 124. Eje de Acciones y Medidas Especiales. El numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, quedará así:

5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación".

El numeral 26 del artículo 6° del Decreto 1018 de 2007, faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración y operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que administren cualquier régimen e instituciones Prestadoras de Servicios de salud de cualquier naturaleza, teniendo la intervención de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud siempre una primera fase de salvamento.

La expedición del Decreto 1018 de 2007 que modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, crea para el efecto la figura de las delegadas, entre ellas, la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales, con funciones, que se concretan así:

Dado el contenido de la norma, el Eje Temático de Acciones y Medidas Especiales uno de los Ejes del Sistema de IVC, asigna la función en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud para adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas, que cumplen funciones de explotación o monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones prestadoras de servicios de salud de cualquier naturaleza, así como, intervenir técnica y administrativa las direcciones territoriales de salud. En los casos de revocatoria del certificado de autorización y funcionamiento por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, a las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, esta deberá decidir sobre su liquidación. Así como en los casos de liquidación voluntaria de estas vigiladas, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y de los recursos del sector salud.

Conforme al artículo 46 del Decreto-ley 663 de 1999 son objetivos de la intervención:

Ahora bien, el artículo 114 del Decreto-ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - modificado por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 795 de 2003, y adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999, sobre la toma de posesión dispone lo siguiente:

Ahora bien, el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, sobre la toma de posesión dispone lo siguiente:

Por otro lado, el Decreto 2555 de 2010 reglamenta la toma de posesión para administrar o para liquidar, y el desempeño del agente especial, para cada evento.

El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia dispondrá las siguientes medidas preventivas:

1. Medidas preventivas obligatorias.

a) La inmediata guarda de los bienes de la institución financiera intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la cámara de comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus sucursales; y, si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;

c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín para que proceda a nombrar el agente especial;

d) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006;

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al agente especial, so pena de nulidad;

f) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos que dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a continuación:

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la institución financiera intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la institución financiera intervenida a solicitud elevada sólo por el agente especial mediante oficio.

Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; así como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión;

g) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante solicitud a todas las secretarias de tránsito y transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito; para que cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la institución financiera intervenida a solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la institución financiera intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; y para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la institución financiera intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

i) La advertencia de que el agente especial está facultado para poner fin a cualquier clase de contrato existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa, especialmente las previstas en el presente Libro;

k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;

2. Medidas preventivas facultativas. El acto administrativo podrá disponer también las siguientes medidas:

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administración y dirección así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la Superintendencia Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin;

b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar esta medida posteriormente.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos y especialmente para los previstos en el literal n) del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del representante legal de la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la toma de posesión.

En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.5 del presente decreto.

Artículo 9.1.1.1.2 Medidas durante la posesión.

2. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación, podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) Podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspectos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario;

b) Los acuerdos serán aplicables a todos los acreedores cuando hayan sido aprobados con la mayoría prevista en el literal anterior;

d) La entrega de bienes a título de dación en pago podrá ser objeto de los acuerdos de acreedores.

3. Las operaciones realizadas antes de la toma de posesión por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores deberán ser cumplidas en el plazo acordado, siempre que se trate de operaciones cuyas respectivas órdenes hayan sido aceptadas para su compensación y liquidación.

Las garantías que respaldan estas operaciones se harán efectivas conforme a las reglas previstas para la compensación y liquidación o para el depósito de valores, así como a las disposiciones aplicables al acto jurídico mediante el cual se constituyeron, por lo que para hacerse efectivas no deberán sujetarse a procedimientos de reconocimiento de créditos o a cualquier otro acto jurídico de naturaleza similar.

Si de la ejecución del negocio jurídico para asegurar las obligaciones y cumplidas éstas en su totalidad queda algún remanente, este deberá ponerse a disposición de la entidad objeto de la toma de posesión.

En el caso de títulos depositados en depósitos de valores, las anotaciones en cuentas correspondientes a derechos y garantías, así como los bienes sobre los cuales recaen tales derechos no formarán parte de la masa de la liquidación, en caso que esta se decida.

4. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin en desarrollo de la facultad consagrada en el numeral 11 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 59 de la Ley 795 de 2003, designará en los mismos términos en que efectúa la designación y posesión del representante legal principal, al funcionario de la entidad intervenida que tendrá la representación legal frente a las ausencias temporales o definitivas del principal. Para dichos efectos, el Fondo evaluará previamente tanto la idoneidad profesional como personal del respectivo funcionario, cuya remuneración no será modificada como consecuencia del ejercicio de la representación legal o de la designación, la cual deberá registrarse ante la cámara de comercio del domicilio de la intervenida.

5. Ante la necesidad de proteger los activos y evitar su pérdida de valor, se podrá proceder a la enajenación de los mismos, para cuyo efecto, se seguirá el procedimiento previsto en el presente Libro para la enajenación de activos en caso de urgencia.

Artículo 9.1.1.1.3 Cumplimiento y notificación de la decisión de toma de posesión.

Las medidas cautelares y la toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Financiera de Colombia, serán de aplicación inmediata.

Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte se publicará por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, capítulo de la Superintendencia Financiera de Colombia y se divulgará a través de los mecanismos de información electrónica de que disponga la Superintendencia.

Artículo 9.1.1.1.4 Inventario en la toma de posesión.

"(…)"

"Artículo 9.1.1.2.1 Competencia del Agente Especial.

Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 5°.> Mientras no se disponga la liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza del agente especial. El agente especial podrá actuar como liquidador.

Artículo 9.1.1.2.2 Naturaleza de las funciones del agente especial.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 6°.> De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

El agente especial deberá tomar posesión ante el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín y la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de dar la publicidad correspondiente, la designación y las posesiones deberán inscribirse en la cámara de comercio del domicilio principal de la entidad y en las demás ciudades en las cuales la misma tenga sucursales. Sin perjuicio del deber de cumplir con la inscripción en la cámara de comercio, tanto el agente especial como el revisor fiscal asumirán las respectivas funciones a partir de la posesión de los respectivos cargos.

Artículo 9.1.1.2.3 Seguimiento de la actividad del agente especial.

Artículo 9.1.1.2.4 Funciones del agente especial.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 8°.> Corresponde al agente especial la administración general de los negocios de la entidad intervenida. Las actividades del agente especial están orientadas por la defensa del interés público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y depositantes de la entidad intervenida. El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades:

1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos pertinentes para el desarrollo del objeto social.

2. Si es del caso, separar en cualquier momento los administradores y directores de la intervenida que no hayan sido separados por la Superintendencia Financiera de Colombia en el acto que ordenó la toma de posesión.

3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo señalado en el numeral 19 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.

4. Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la entidad intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos.

5. Administrar los activos de la intervenida.

6. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

7. Continuar con la contabilidad de la entidad.

8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad.

9. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan contra los administradores, revisor fiscal y funcionarios de la intervenida.

10. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín la información que las entidades requieran.

11. Si es el caso, impetrar las acciones revocatorias de que trata el numeral 7 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el inciso primero del artículo 27 de la Ley 510 de 1999, y

12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y representante legal de la entidad.

Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la ley específicamente exige tal autorización.

Artículo 9.1.1.2.5 Contratación.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 9°.> Para el cumplimiento de las finalidades de la toma de posesión, las entidades intervenidas podrán contratar entre sí la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, así como celebrar convenios con el mismo fin o contratos de mandato con terceros".

"(…)"

"Artículo 9.1.1.3.1 Integración de la Junta Asesora del Agente Especial.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 10> De conformidad con el artículo 291, numeral 5 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, el Agente Especial podrá contar con una junta asesora con representación de los acreedores, si así lo determina la Superintendencia Financiera de Colombia.

Dicha junta, de acuerdo con la información que reposa en los estados financieros de la intervenida, estará integrada por los cinco (5) mayores acreedores de la entidad. El nombramiento de los miembros de la junta asesora corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín de acuerdo con la información que para tal propósito ha de proporcionarle el agente especial.

Si alguno de los acreedores a quienes correspondía integrar la junta asesora de acuerdo a los criterios anteriormente señalados declina su nombramiento, se procederá a nombrar el acreedor que siga en orden dentro de los criterios anteriormente establecidos.

Artículo 9.1.1.3.2 Reuniones de la Junta Asesora del Agente Especial.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 11> La junta asesora del agente especial se reunirá al menos una vez al mes por convocación de este último. La junta podrá sesionar y decidir válidamente con la participación de mínimo tres de sus integrantes. Cuando uno de los integrantes de la junta asesora deje de asistir a tres (3) sesiones convocadas por el agente especial, se procederá a reemplazarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo anterior.

Artículo 9.1.1.3.3 Funciones de la Junta Asesora del Agente Especial.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 12> La junta asesora del agente especial tiene la función básica de asesorar al agente especial en todos los asuntos concernientes a la marcha de la entidad financiera. En especial la junta asesora cumplirá las siguientes funciones:

a) Revisar con anterioridad al traslado a los acreedores, las cuentas comprobadas presentadas por el agente especial;

b) Dar concepto sobre los estados financieros;

c) Asesorar al agente especial, cuando este se los solicite, en cuestiones relacionadas con su gestión, y

d) Requerir al agente especial para que presente las cuentas comprobadas de su gestión cuando este se abstenga de hacerlo.

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Junta Asesora no son de obligatorio cumplimiento para el Agente Especial.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Junta Asesora están obligados a guardar reserva sobre los diferentes asuntos que conozcan en razón de su función".

"(…)"

"Artículo 9.1.2.1.1 Posesión para administrar.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 13> En el evento en que la Superintendencia Financiera de Colombia, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín, dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la toma de posesión, prorrogables por el mismo plazo, determine que la entidad puede desarrollar su objeto social conforme a las reglas que lo rigen, o pueden adoptarse otras medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus créditos, expedirá la resolución disponiendo la administración de la entidad, en la cual también se ordenará dar aviso al público mediante publicación en un lugar visible en las oficinas de la institución intervenida por un término de siete (7) días hábiles, así como la publicación por una (1) vez en un diario de amplia circulación nacional, de un aviso informando sobre la expedición de la medida. Si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por aviso que se fijará por un (1) día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de la intervenida.

Sin perjuicio del momento en que se decida la posesión para administrar, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente decreto. Las medidas previstas en el artículo 9.1.1.1.2 de este decreto podrán ser aplicadas inclusive mientras la entidad permanezca en posesión para administrar.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Para la elaboración del concepto de que trata el presente artículo, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín solicitará al agente especial, un plan sobre las medidas que resulten procedentes y demás información necesaria para la elaboración del concepto.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia solicitará al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín la presentación del programa que se seguirá con el fin de lograr el cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los plazos para el pago de los créditos. Dicho programa podrá ser modificado cuando las circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Financiera de Colombia y a los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores y la entidad objeto de toma de posesión.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín deberá presentar el programa de que trata el presente artículo, máximo dentro de un término de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la resolución de la Superintendencia Financiera de Colombia disponiendo la administración de la entidad.

En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad, Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la institución.

Artículo 9.1.2.1.2 Levantamiento de la medida de toma de posesión.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 14> La medida de toma de posesión podrá ser levantada, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín, por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante acto administrativo, cuya notificación se sujetará a las normas del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 9.1.2.1.3 Rendición de cuentas por parte del agente especial.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 15> Si la Superintendencia Financiera de Colombia decide levantar la medida de toma de posesión, el agente especial convocará a la asamblea general de accionistas de la Intervenida, a fin de que procedan a nombrar los nuevos directivos y al revisor fiscal.

El agente especial rendirá informe a la asamblea general que para el efecto convoque, en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. La entidad permanecerá bajo la administración del agente especial hasta que el nuevo representante legal se posesione debidamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia".

Ahora en cuanto a que esta Superintendencia Nacional de Salud para adoptar la medida que se recurre no solicitó permiso al Ministerio de la Protección Social, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 3085 de 2003 a saber:

Obsérvese que lo que se solicita es un concepto el cual no es vinculante al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud hoy Comisión de Regulación en Salud, no es un permiso al Ministerio de la Protección Social, además dicho concepto se requiere cuando se va a liquidar la Entidad Promotora de Salud y esta es de naturaleza pública, y para el presente caso la Entidad Promotora de Salud Saludcóndor S. A., es una sociedad de naturaleza privada, de manera que esta Superintendencia para adoptar la medida de intervención administrativa para administrar a Saludcóndor S. A., no tenía que solicitar dicho concepto. Del mismo modo, la medida de intervención se estableció con la finalidad de que en el término estipulado para ello, se analizara las condiciones para determinar si la EPS-S intervenida se encontraba en condiciones para seguir operando o no en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Adicionalmente, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 28 del Decreto 1922 de 1994 modificado por el artículo 1° del Decreto 788 de 1998 modificado a su vez por el artículo 4° del Decreto 783 de 2000 encontramos lo siguiente:

Así las cosas, esta Superintendencia Nacional de Salud debe informarle al Ministerio de la Protección Social y a la Comisión de Regulación en Salud la intervención o toma de posesión de la Entidad Promotora de Salud, más no solicitarle permiso como lo pretende ver el recurrente.

Por tal motivo en el artículo 13 de la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 se ordenó lo siguiente:

Contrario a lo manifestado por el recurrente y como se ha indicado a lo largo del presente acto administrativo, este Organismo de Inspección, Vigilancia y Control ha actuado conforme a las normas propias del procedimiento dispuesto para las Intervenciones Administrativas para Administrar o Liquidar, motivo por el cual el doctor Lozano Escobar no debe olvidar que este es un procedimiento especial.

Sin embargo, de una lectura minuciosa del citado oficio se evidencia que el estudio de la información financiera versa sobre los años 2008 en adelante, en lo que respecta al año 2009 se realizó la siguiente precisión:

Adicionalmente, en el informe final la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los recursos económicos concluyó que la EPS Salud Cóndor S. A., con corte a diciembre de 2010 incumple el Margen de Solvencia, el flujo de recursos al registrar cuentas por pagar con mora superior a 360 días, falta de razonabilidad en las cifras financieras e incertidumbre frente a la viabilidad de la EPS.

Obsérvese que se realizó una evaluación de la información financiera de la EPS Salud Cóndor S. A., de los años 2008, 2009, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2010, donde se determinó entre otras cosas lo siguiente:

– Durante los años 2008, 2009 y 30 de junio de 2010 la EPSS cumplió con el patrimonio mínimo.

– Durante los años 2008, 2009 y 30 de junio de 2010 la EPSS cumplió con el margen de solvencia.

– Con corte a diciembre de 2010 la EPSS no cumplió el margen de solvencia.

Al respecto de lo anterior, este Despacho no desconoce que para el año 2009 se realizó una auditoría a Salud Cóndor S. A. EPSS a través de la Universidad de La Guajira arrojando como resultado que cumplía con los estándares de Capacidad Técnico-Administrativa Técnico-Científica y Técnico-Financiera, no obstante ya para el 30 de junio del año en curso, la EPSS NO CUMPLE con los estándares de riesgo en salud, acuerdo de voluntades, plan indicativo de salud y plan operativo anual y de inversiones, y para diciembre de 2010 incumplía con el margen de solvencia.

Por lo expuesto es necesario recordarle al impugnante que las EPSS deben demostrar el cumplimiento de las condiciones de habilitación y permanencia de manera continua, y si bien para el año 2009 sí las cumplía para el año 2010 no ocurrió lo mismo.

De manera que el objetivo del principio del nom bis in idem es evitar la duplicidad de sanciones, cuando existe identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace la imputación, pero en el presente caso no se ha vulnerado el citado principio pues lo que se dio para el año 2009 fue una auditoría a la EPSS que demostró que si cumplía con las condiciones de habilitación y permanencia, cosa distinta es que como para el año 2010 no ocurrió lo mismo, éste Organismo de Inspección Vigilancia y Control se vio en la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger y garantizar la prestación de los servicios de salud a los afiliados a la EPS Salud Cóndor S. A., la cual se dio mediante la expedición de la resolución recurrida.

El impugnante advierte que no procede el examen pretendido cuando para el componente financiero y técnico científico no es posible adelantar juicio alguno, en la medida que el propio Estado a través de la Ley 1438 de 2011 aceptó como hecho notorio que no requiere prueba, la crisis financiera del sector, la inequidad del Sistema y la desatención de los afiliados.

Este Despacho no desconoce los problemas que existen frente al tema de flujo de recursos, sin embargo, cuando los entes territoriales no han transferido los recursos a las Entidades que administran el Régimen Subsidiado, ellas están facultadas para adelantar todas las acciones conducentes al cobro de la cartera entre ellas haber solicitado el giro directo de los recursos por parte de la Nación al Ministerio de la Protección Social conforme a lo establecido por el Decreto 3260 de 2004 considerando que se trata de recursos con destinación específica y de especial protección constitucional, tal como lo refiere el artículo 35 del Decreto 050 de 2003, además las EPS-S deben contar con un margen de solvencia que les permita responder de forma adecuada y oportuna con sus obligaciones con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud, teniendo en cuenta que el literal d) del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 ha establecido que las EPS de ambos regímenes pagarán los servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por capitación, si fuesen por otra modalidad, como pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su presentación, en caso de no presentarse objeción o glosa alguna, el saldo se pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, siempre y cuando haya recibido los recursos del ente territorial solo en este último caso, es decir, cuando se trate de contratos o mecanismos de pago diferentes al de capitación, evento en el cual, la EPS del Régimen Subsidiado pagará dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la recepción del pago.

De igual forma, el recurrente señaló que el informe final de la Contraloría Departamental de Nariño, que la Superintendencia tomó como referente para el análisis de la información financiera con corte a diciembre 31 de 2010, no se podía tener en cuenta por cuanto no se encuentra en firme dado que la EPS no ha ejercido el derecho de objetar el mismo y esgrimir su defensa y contradicción.

Ante el argumento del impugnante, este Despacho reitera que la información que remitió la Contraloría de Pasto, el Informe de Interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Bogotá, D. C., la información remitida por la misma EPSS en cumplimiento de la Circular Única y las respuestas de la EPSS del día 5 de octubre, 23 de diciembre de 2010 y 7 de marzo de 2011 radicados con los NURC 1-2010-090373, 1-2010-111949 y 1-2011-017544 respectivamente, sirvieron de antecedentes para adoptar la medida de intervención.

– Inobservancia de la garantía del Debido Proceso

El recurrente afirma que la resolución impugnada es una sanción administrativa en la que para su adopción no se observaron el conjunto de principios y formalidades que regulan la habilitación de permanencia de una EPSS, se quebrantó el principio de la prohibición de las sanciones de plano, porque antes de tomar la decisión impugnada la Superintendencia Nacional de Salud debió oír a la EPSS respecto de los hechos y las normas quebrantadas, de manera que se vulneró el derecho de defensa apartándose de los principios de transparencia, publicidad, buena fe y presunción de inocencia.

Al contrario de lo manifestado por el impugnante esta Superintendencia Nacional de Salud antes de adoptar la decisión que se recurre le garantizó a la EPS Salud Cóndor S. A., el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción, tan es así que con oficio radicado con el NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 visto a folios 1 al 4 de la Carpeta número 2 la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud le solicitó a la EPS Salud Cóndor S. A., información para evaluar el cumplimiento de las Condiciones de Permanencia, a lo que con escrito radicado en esta Entidad el día 5 de octubre de 2010 con el NURC 1-2010-090373 visto a folios 5 al 12 de la Carpeta número 2, la EPSS dio respuesta.

Posteriormente, el día 17 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión entre la EPS Salud Cóndor S. A., y la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud con el fin de tratar la situación actual de la EPSS (folio 21 de la Carpeta número 2) y con oficio del

Luego del análisis de la información recopilada hasta ese momento, de los hallazgos y las conclusiones a que se llegó, esta Superintendencia Nacional de Salud con oficio del día 11 de febrero de 2011 radicado con el NURC 2-2011-007413, corrió traslado a la EPS Salud Cóndor S. A., con el fin que se pronunciara al respecto, garantizando de esta forma el derecho a la defensa, contradicción y el debido proceso de la citada EPSS. Y con escrito radicado en esta Entidad el día 7 de marzo de 2011 con el NURC 1-2011-017544 la EPSS dio respuesta.

Con la información remitida por la EPS Salud Cóndor S. A., en cumplimiento de la Circular Única, las respuestas a los requerimientos efectuados por esta Entidad, la información que remitió la Contraloría de Pasto, y el Informe de Interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Bogotá, D. C., esta Superintendencia expidió la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011, contra la cual procedía el recurso de reposición del cual hizo uso la doctora Adriana María Cano Gaviria (Gerente separada del cargo) de la EPS Salud Cóndor S. A., por intermedio de su apoderado el doctor Oscar René Lozano Escobar, siendo así las cosas es inobjetable, que la Superintendencia Nacional de Salud, le garantizó el derecho al debido proceso, de contradicción y de defensa a la EPS Salud Cóndor S. A.

– Inobservancia del principio de la doble instancia

El recurrente adujó que la actuación administrativa relacionada con la solicitud de información a la EPSS para los fines de la permanencia de la habilitación para operar el régimen subsidiado, la venía realizando la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, pero una vez rendida dicha información, la actuación la asume el señor Superintendente Nacional de Salud sin señalar las razones de hecho y de derecho por las cuales se produce este cambio, sin tener en cuenta que conforme al Decreto 1018 de 2007 las Superintendencias Delegadas que son áreas especializadas en los diferentes asuntos de inspección, vigilancia y control es a quienes les corresponde en primera instancia conocer sobre el cumplimiento de los estándares de permanencia por parte de las EPSS.

La Superintendencia Nacional de Salud no ha vulnerado el principio de la doble instancia, lo que ocurre es que los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas son de Única Instancia, y se encuentran en cabeza del Superintendente Nacional de Salud, pero para tomar esas decisiones las Superintendencias Delegadas en este caso la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud y la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud deben emitir los correspondientes conceptos y apoyar al Superintendente por su carácter misional.

– Inobservancia del principio de legalidad

Según el impugnante a la actuación administrativa iniciada con el requerimiento formulado por la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud, mediante Oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010, le eran aplicables las normas legales y reglamentarias vigentes para la época, referidas a adelantar un debido proceso y permitir el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción a la EPSS, razón por la cual se traicionó la confianza y buena fe de la EPS, adoptándose una decisión apresurada, arbitraria e ilegal.

El término de cinco (5) días y su prórroga inicial otorgada a la EPSS para rendir informes y controvertir las observaciones hechas por la Superintendencia, no es un plazo razonable, pues debió concederse como mínimo quince (15) días que es el plazo que establece el Código Contencioso Administrativo para responder peticiones.

Además, con oficio de NURC 2-2011-011592 del 3 de marzo de 2011 el Superintendente Nacional de Salud, negó a la EPS tener acceso al expediente y a las pruebas, so pretexto de que la EPS conocía plenamente el contenido del oficio de traslado y el informe adjunto.

Frente al argumento del impugnante, para este Despacho es claro que la decisión que se adoptó mediante la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 no fue apresurada, arbitraria e ilegal, porque la misma se dio respetando y garantizando el debido proceso a la EPSS y luego de observar la apremiante situación en la que se encontraba y con el fin de proteger los derechos de los afiliados a la EPSS, se llegó a esa conclusión.

Ahora en cuanto al término que se le concedió a la EPSS para que presentara las observaciones al traslado de los hallazgos, este Despacho lo considera como razonable teniendo en cuenta que se llegó a ellos de acuerdo con la información que la misma EPSS suministró y además porque esas observaciones están relacionadas con su quehacer diario.

Y con oficio del día 3 de marzo de 2011 radicado con el NURC 2-2011-011592 se le indicó al doctor Leonardo Galeano Bautista Apoderado General de la EPS Salud Cóndor S. A., que los documentos que soportaban los hallazgos de los cuales se les corrió traslado con oficio del día 11 de febrero de 2011 con el NURC 1-2011-111949, eran de pleno conocimiento de la EPSS pues ellos fueron quienes los suministraron a esta Entidad.

– Inobservancia del principio de publicidad

El doctor Oscar René Lozano Escobar indicó que la Superintendencia Nacional de Salud inició una actuación administrativa consistente en requerir a la EPS Salud Cóndor S. A., una información respecto de los tópicos señalados en el oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 a los cuales se dio respuesta clara y precisa, por lo tanto le correspondía a la Delegada evaluar la respuesta y hacer las observaciones del caso y trasladarlas a la EPS.

No obstante, en el traslado que realiza el señor Superintendente Nacional de Salud mediante la cual efectúa observaciones a la EPS pero no formula cargo alguno, se refiere a la respuesta dada al oficio de NURC 2-2010-072842 del 4 de agosto de 2010 e incluye nuevos temas que no fueron contemplados en el citado oficio y allega una información extraña al proceso en cuanto se solicita por fuera de la actuación con ocasión de una visita efectuada por la EPS a la Delegada para la Atención en Salud, lo cual no es procedente

por simple buena gestión administrativa y porque se quebranta el principio de publicidad. Pues conforme al derecho de intimación, el administrado tiene derecho a conocer de manera expresa, detallada y precisa los hechos o las conductas que se le atribuyen.

En cuanto a la manifestación del impugnante, no se puede pasar por alto que con el oficio del día 4 de agosto de 2010 radicado con el NURC 2-2010-072842 se solicitó a la EPSS una información para verificar las condiciones de permanencia a lo que la EPSS dio respuesta con oficio radicado en esta Entidad el día 5 de mayo de 2010 con NURC 1-2010-090373, luego el día 17 de diciembre de 2010 se llevó a cabo una reunión entre la EPS Salud Cóndor S. A., y la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud con el fin de tratar la situación actual de la EPSS y con oficio del día 23 de diciembre de 2010 radicado con el NURC 1-2010-111949, la Gerente General de la EPS Salud Cóndor S. A., remitió la documentación que evidenciaba lo que afirmó en la reunión.

Después del análisis de la información compilada, la Superintendencia con oficio del día 11 de febrero de 2011 radicado con el NURC 2-2011-007413, corrió traslado a la EPS Salud Cóndor S. A., de los hallazgos y conclusiones a que se llegó, para que la EPSS se manifestara al respecto. De manea que en ningún momento se ha vulnerado el principio de publicidad porque todas las actuaciones de esta Entidad le fueron informadas a la EPSS en su momento.

– Inobservancia del principio de transparencia

El recurrente advierte que la transparencia es una obligación de toda administración pública y tiene por objeto no solo permitir el acceso a la información, sino también a todo el desenvolvimiento de la actuación y gestión administrativas. Al máximo organismo de inspección, vigilancia y control le corresponde la carga de la prueba respecto a todos y cada uno de los hechos que a su juicio considera irregular, por lo que tenía el deber de sustentar cada una de las observaciones con pruebas y trasladarlas o facilitar el conocimiento a la vigilada.

Respecto a esta afirmación, este Despacho reitera que la Superintendencia Nacional de Salud ha actuado con total transparencia, la EPSS no puede desconocer que la información que se analizó para adoptar la medida que se recurre fue la misma que ella aportó dando cumplimiento a la Circular Única y por los requerimientos que este Ente de Control efectuó, junto con el informe de la Contraloría de Pasto y el Informe de Interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Bogotá, D.C.

– Derecho de presunción de inocencia

El derecho a la presunción de inocencia conlleva los siguientes derechos:

–A no ser sancionado sino en virtud de pruebas obtenidas de manera constitucionalmente legítima.

– Corresponde a la administración que acusa, probar los hechos constitutivos de la infracción o ilícito administrativo.

– Cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas debe determinar un pronunciamiento absolutorio conforme al in dubio pro administrado.

– Que los hechos por los cuales se sanciona sean los mismos por los que se acusó inicialmente (necesaria correlación entre la acusación y la decisión sancionatoria final).

Frente a este ítem, este Despacho considera que efectivamente la presunción de inocencia tiene implícitos los derechos que señala el impugnante, no obstante esta Superintendencia no ha vulnerado ninguno de ellos pues se actuó conforme las competencias asignadas por la ley y aplicando lo dispuesto para el procedimiento de la intervención forzosa administrativa de que trata el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Ley 510 de 1999, aunado a que la medida de intervención administrativa para administrar no es una sanción, sino una medida cautelar que tiene como finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen el SGSSS, para con ello en consecuencia, se busca superar las deficiencias administrativas y financieras que ocasionan la inadecuada prestación del servicio, buscando garantizar las normas técnicas y científicas relacionadas con la calidad del mismo, así como los derechos de los usuarios, teniendo esta medida como objeto, contrarrestar los hechos y circunstancias que ponen en peligro y lesionan el orden jurídico que se protege, así como el establecimiento de la situación real de la intervenida, a fin de lograr el cabal cumplimiento de su objeto social.

El impugnante advierte que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que luego de que una entidad pública ha proferido un acto con el cual se genera una situación concreta a favor de una persona, no se puede modificar unilateralmente esta decisión. El irrespeto al acto propio vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa en la medida en que la persona que adopta la decisión, independientemente de la validez o no de las razones invocadas, actúa como juez y parte y puede cercenar cualquier posibilidad de defensa material del afectado en la decisión.

Lo anterior en el entendido que la Superintendencia Nacional de Salud concedió a la EPS Salud Cóndor S. A., el certificado de funcionamiento como Entidad Promotora de Salud y la habilitación para operar y administrar recursos del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la Resolución número 309 del 17 de marzo de 2008, cuando en el mes de febrero de 2010, trasladó el informe final de habilitación de permanencia a la EPSS culminando así el proceso administrativo de verificación, en el que se evidencia el cumplimiento total de cada uno de los estándares evaluados, incluidos los del componente técnico financiero.

Razón por la cual generó una situación jurídica concreta a favor de la EPS Salud Cóndor S. A., luego la Superintendencia no podía a través de evaluación posterior desconocer los efectos de aquella actuación administrativa adelantada de forma coordinada por las dos Delegadas, en vía de revocar su habilitación, cuando ni siquiera se ha cumplido el proceso administrativo requerido con la aplicación de la matriz de verificación de cumplimiento de la habilitación de permanencia.

Ante lo expuesto por el doctor Oscar René Lozano Escobar es necesario advertir que si bien esta Superintendencia Nacional de Salud le concedió a la EPSS el certificado de funcionamiento y la habilitación para operar y administrar los Recursos del Régimen Subsidiado, no puede olvidar que esta Entidad tiene la facultad de realizar de forma continua la verificación del cumplimiento de las condiciones de permanencia y habilitación de la EPSS durante el tiempo de operación, y en el evento de encontrar deficiencias, la Superintendencia debe tomar las medidas a que haya lugar.

Y en el presente caso se observaron las garantías propias del debido proceso que le asiste a la EPS Salud Cóndor S. A., tan es así que a la EPSS con oficio del día 11 de febrero de 2011 radicado con el NURC 2-2011-007413 se le corrió traslado de las deficiencias encontradas con el fin que presentara sus observaciones, y en la misma comunicación se le informó que esta Entidad procedería a tomar las medidas tendientes a contrarrestar los hechos y circunstancias que generan peligro para la prestación del servicio de salud, de manera que así como a este Organismo le corresponde conceder el certificado de funcionamiento a las EPSS cuando cumplen los requisitos de ley, de igual forma debe evaluar que estos permanezcan en el tiempo, para brindarle seguridad a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El trato que la entidad de control le concedió a la EPS en el curso de las actuaciones administrativas adelantadas y no culminadas, traiciona la confianza de la EPS en cuanto se esperaba la aplicación de un debido proceso administrativo que le garantizara el derecho de defensa y contradicción, por el contrario desconociendo abiertamente las normas y principios aplicables al caso, decide saltarse el procedimiento recogido en materia de evaluación de la habilitación de permanencia, para intervenir y tomar posesión de la entidad, sin ninguna fórmula de juicio.

En cuanto a este punto y como se ha indicado en el estudio del presente recurso el procedimiento para la intervención forzosa administrativa es especial pues se rige por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 5108 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan, y se dio con el fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a los afiliados a la EPSS.

– Inobservancia del principio de la buena fe

El señor Superintendente Nacional de Salud desatendió abiertamente el principio de la buena fe traicionando al propio Estado a quien representa, movido presuntamente por intereses oscuros que nada tienen que ver con la protección del interés público y la garantía del servicio de salud.

Contrario a lo señalado por el recurrente, esta Superintendencia ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control y respetando el debido proceso a la EPS Salud Cóndor S. A., ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la entidad con el fin garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la población afiliada a la misma por las deficiencias que afectan la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios, la representación del afiliado ante el prestador, y el sostenimiento y la viabilidad financiera de la EPSS.

El recurrente señaló que a la EPS Salud Cóndor S. A., se le confirmó la habilitación de permanencia y fue objeto de nueva evaluación sin razón alguna, frente a las EPSS que no fueron habilitadas y que se encontraban incursas en causal de revocatoria de su habilitación y que no han sido nuevamente evaluadas. Y según los procesos de Auditoría efectuados por la entidad de control a través de la Universidad de La Guajira en la vigencia 2009, se observa que cerca de diez EPS del Régimen Subsidiado no fueron auditadas y aún se encuentran sin evaluar, a pesar que la EPS Salud Cóndor S. A., ha sido sometida a nuevo examen de cumplimiento de habilitación para la vigencia 2010, cuando fue visitada y confirmada su habilitación indefinida desde el año 2010.

Respecto a lo señalado por el impugnante, este no puede pasar por alto que la Superintendencia Nacional de Salud debe realizar de forma continua evaluación a sus vigilados, en este caso a las Entidades Promotoras de Salud para verificar si cumplen o no con las condiciones de habilitación y permanencia, pues no es solo otorgarles el certificado de funcionamiento. Ahora bien, este Organismo conforme las competencias y facultades que le han sido otorgadas por la ley, adopta las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los usuarios en salud, estudiando cada caso en particular.

Las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa de obligatorio cumplimiento para la entrada y permanencia de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB entre las que se destacan las EPS del Régimen Subsidiado, serán los estándares que para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social tal y como lo instituye el artículo 27 del Decreto 1011 de 2006.

Conforme al artículo 27 del Decreto 1011 de 2006, la Superintendencia Nacional de Salud será la entidad competente para habilitar a las EAPB, el Ministerio de la Protección Social establecerá el procedimiento que la Superintendencia Nacional de Salud deberá aplicar para la verificación, registro y control permanente de las condiciones de habilitación de las EAPB, tanto para aquellas que actualmente se encuentran en operación, como para las nuevas entidades.

La Superintendencia Nacional de Salud informará al Ministerio de la Protección Social el resultado de las visitas y deberá consolidar la información de habilitación de estas entidades.

La habilitación según artículo 30 del Decreto 1011 de 2006, se otorgará a las EAPB por un término indefinido.

Las EAPB deberán mantener y actualizar permanentemente los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional.

La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control verificará el mantenimiento de las condiciones de habilitación por parte de estas entidades.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá revocar la habilitación a una EAPB cuando incumpla cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento. El incumplimiento de las condiciones de habilitación por parte de las EAPB dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la ley, previo agotamiento del debido proceso, tal y como lo establece el artículo 31 del Decreto 1011 de 2006.

La habilitación se erige como un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1011 de 2006, y cuyos componentes generales son los siguientes:

Auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad. Es un proceso de autocontrol, que involucra al cliente y sus necesidades, que consiste en la identificación permanente de aspectos del proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de establecer los ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos clientes.

Habilitación. Genera seguridad al usuario de ser atendido en instituciones que cumplen con unos estándares definidos, los cuales son básicamente de estructura, pero orientados a procesos y dirigidos a los factores de riesgo que pudieran ocasionar efectos adversos o contraproducentes, derivados del proceso de atención. Estos estándares son iguales para todos y conocidos ampliamente por todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y dinámicos en el tiempo en la medida que progresivamente se irán ajustando con el fin de mantener el nivel óptimo de seguridad requerido en la atención en salud.

La finalidad del componente de Habilitación, es garantizar a los usuarios del Sistema, que las entidades a las que la Superintendencia Nacional de Salud, autoriza su habilitación, acreditaron el cumplimiento de unas condiciones mínimas y dentro de estas de unos estándares mínimos, que en el caso de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, determinen que cuentan con capacidad para garantizar el aseguramiento en salud en el régimen subsidiado, de manera responsable y eficiente y brindar en este, el acceso a los servicios de salud a su población afiliada, sin condicionamientos e ininterrumpidamente.

Así mismo, en el artículo 3 del Decreto 515 de 2004, se determinaron las condiciones para la habilitación, determinando que las condiciones de operación y permanencia, incluyen:

· Capacidad Técnico – Administrativa.

· Capacidad Financiera.

· Capacidad Tecnológica y Científica.

"Artículo 3°. Condiciones para la habilitación. Las condiciones de operación y de permanencia, incluyen la capacidad técnico-administrativa, financiera, tecnológica y científica.

"3.1. Condiciones de capacidad técnico-administrativa. Es el conjunto de requisitos establecidos por el Ministerio de la Protección Social, relacionados con la organización administrativa y sistema de información de la respectiva entidad, así como los procesos para el cumplimiento de sus responsabilidades en mercadeo, información y educación al usuario, afiliación y registro en cada área geográfica.

"3.2. Condiciones de capacidad financiera. Son los requisitos establecidos por el Ministerio de la Protección Social para acreditar la capacidad financiera necesaria para garantizar la operación y permanencia de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado.

"3.3. Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Son aquellas establecidas por el Ministerio de la Protección Social como indispensables para la administración del riesgo en salud, la organización de la red de prestadores de servicios y la prestación de los planes de beneficios en cada una de las áreas geográficas".

Igualmente el Decreto en mención, dispuso en su Capítulo II lo referente a las condiciones de operación -artículos 4°, 5°modificado por el artículo 2° del Decreto 3556 de 2008, y 6°-, y en el Capítulo III lo concerniente a las condiciones de permanencia, -artículos 7, 8 modificado por el artículo 3° del Decreto 3556 de 2008 y 9-, estableciendo de manera taxativa requerimientos mínimos para cada una de ellas, en cumplimiento de condiciones de capacidad técnico administrativa, tecnológica y científica y financiera.

Por su parte, al hacer referencia a las condiciones de habilitación, en relación con los requisitos de permanencia, el Decreto 515 de 2004, estableció:

8.4. Acreditar el cumplimiento de las disposiciones relativas a las reservas, provisiones y operaciones financieras y de inversiones, contempladas en las normas vigentes. La Superintendencia Nacional de Salud podrá establecer provisiones y reservas especiales cuando las condiciones de la entidad o del Sistema lo requieran".

El artículo 5° del Decreto 506 de 2005, referente a la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de la habilitación, determinó las causas y la consecuencia del incumplimiento a las condiciones de habilitación, como es la Suspensión del Certificado de Funcionamiento (para EPS del Régimen Contributivo) y la Revocatoria de la Habilitación (para EPS del Régimen Subsidiado) así:

De igual forma, mediante el artículo 6° del Decreto 506 de 2005 se consagraron las medidas cautelares y de toma de posesión a saber:

Finalmente, mediante el Decreto 3556 del 16 de septiembre de 2008, se modificó parcialmente el Decreto 515 de 2004, y mediante Resolución 1189 de 2004 se modificó la Resolución 581 de 2004.

La entidad, al ser habilitada, genera seguridad al usuario de ser atendido en una Institución que cumple con unos estándares definidos y que por tanto, cuenta con capacidad para administrar los recursos del Régimen Subsidiado con responsabilidad y eficiencia y así garantizar el acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, no se puede desconocer que la decisión que se adopta mediante el Acto Administrativo de habilitación, es sin perjuicio de la verificación de las condiciones de permanencia establecidas en los artículos 7°, 8° (modificado por el artículo 3° del Decreto 3556 de 2008) y 9° del Decreto 515 de 2004, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 13 del Decreto 515 de 2004, las cuales se deberán demostrar y mantener por parte de la entidad habilitada durante todo el tiempo de operación, ya que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, realizar el monitoreo de su cumplimiento, en ejercicio de las facultades que le han sido atribuidas; por lo que, en el evento de verificar deficiencias o irregularidades en su cumplimiento, se adoptarán las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, una vez agotado el derecho a la defensa, al debido proceso, y a la contradicción que le asista a la EPSS.

Por lo que, en el evento de verificarse deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de las condiciones de permanencia en la habilitación, y la no garantía del aseguramiento en salud, la Superintendencia Nacional de Salud en aras de proteger el interés público, razón última de este organismo de Inspección, Vigilancia y Control, y de conformidad con sus funciones y facultades legales y constitucionales, procederá a adoptar las medidas tendientes a contrarrestar los hechos y circunstancias que pongan en peligro la prestación del servicio de salud y lesionen el orden jurídico que se protege esto es la población afiliada al sistema General de Seguridad Social en Salud, a fin de superar las deficiencias técnico administrativas, las deficiencias técnico científicas, las deficiencias financieras, y las deficiencias en la garantía del aseguramiento en salud de su población afiliada, que se detecten.

El doctor Lozano Escobar indicó también que en el proceso de Auditoría realizado a través de la Universidad de la Guajira en la vigencia 2009, se observa que la evaluación de cumplimiento se adelantó con aplicación de las matrices de verificación definidas por la Superintendencia previa visita y en acatamiento de los procedimientos de visita contenidos en la Resolución 1242 de 2008, en donde se garantizó la defensa y contradicción ante la Delegada de Atención en Salud y la Delegada de Generación de Recursos, frente a los informes preliminar y final de visita, lo que no ha ocurrido con la EPS Salud Cóndor S.A., pues no se efectuó visita de evaluación de estándares con aplicación de las matrices de verificación a que alude la Resolución 0581 de 2004 y el Decreto 515 de 2004.

Frente a lo señalado por el impugnante este Despacho considera importante recordarle que la función de inspección es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia y para desarrollar esta labor se pueden realizar visitas, como también revisar documentos, analizar la información que reporte la entidad, y realizar seguimiento de peticiones entre otras cosas.

Ahora lo que respecta a la aplicación de la Resolución 1242 de 2008, por medio de la cual se adoptó el procedimiento de visitas del Manual de Procesos y Procedimientos, la Superintendencia Nacional de Salud puede tener conocimiento de la información de las EPS por dos vías a saber:

1. Realizar visita de conformidad con la Resolución 1242 de 2008 o,

2. A través de la información cargada por Circular Única emanada por la Superintendencia Nacional de Salud, que la Entidad está en la obligación de hacerlo o, a través de las interventorías de que trata el artículo 7° de la Resolución número 660 de 2008 modificada por la Resolución 2414 de 2008 emanadas por el Ministerio de la Protección Social, concordante con el numeral 22 del artículo 6° del Decreto 1018 de 2007, situación que se presentó en el presente caso.

Lo anterior significa que no solo con las visitas la Superintendencia puede verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación y permanencia de las EPSS.

Incumplimiento en la remisión del Plan de Salud Institucional, incumplimiento de los lineamientos del MPS al no contener los planes de inversión y operativos todas las variables definidas en el anexo 3 en términos del desglose de actividades y meta de productos y no se relacionan los POA de los municipios de Río Quito- Chocó y Puerto Asís –Putumayo.

Soportes

CD 1 P y P SOGC, CD 4 SOGC, CD 2 Red, CD 3 Manual, Planes de mejora, CD 5 RIPS.

CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA.

Actas que contienen procesos de liquidación de contratos.

Actas que contienen procesos de auditoría a IPS.

Actas que contienen procesos de conciliación.

CD 10 Fichas atención PE y DT.

La EPS Salud Cóndor como en los casos anteriores argumentó mediante Oficio 1-2011- 017544…se presentó evidencia del proceso de análisis de los indicadores centinela a través de actas de análisis de los mismos…

La documentación remitida por la EPS es de recibo por cuanto contiene el listado de casos y un análisis consolidado en el que informa:

Otitis Media Supurativa: Menciona factores de riesgo y calidad de la atención.

Hospitalización por Neumonía: Menciona factores de riesgo y detección temprana.

A excepción de las cuentas Caja, Cuentas por Cobrar al Fosyga, UPC por Cobrar, Deudas de difícil cobro UPC por cobrar, Otros anticipos y avances, Deudores varios, Proveedores Nacionales, Cuentas por Pagar, Costos y Gastos por Pagar, Provisión del SGSSS y la provisión de glosas, todas presentan razonabilidad en sus saldos, sin que ello implique manifestar que los estados financieros son razonables integralmente.

En cuanto a las reclamaciones el recurrente señaló que el problema que se presentó no es de responsabilidad exclusiva de la EPSS, sino que debe compartirse con los demás actores que intervienen en el flujo de los recursos financieros del sector salud, pues en cuanto a la mora de cuentas por pagar a la red prestadora, la EPSS se ha visto afectada por la crisis general del Sistema de Salud, sin embargo ha dado cumplimiento a la normatividad vigente sobre flujo de recursos frente a sus prestadores y proveedores, puesto que todos aquellos ingresos obtenidos como consecuencia de las relaciones contractuales celebradas con los distintos Entes Territoriales, en el porcentaje legalmente estipulado, se han destinado al costo en salud, asumiendo el pasivo con sus acreedores, a través del pago de sus obligaciones claras, expresas y exigibles.

A pesar de que los entes territoriales no han dado cumplimiento a su obligación primaria de pago oportuno de los recursos, la EPSS en ningún momento ha negado a los Prestadores, la existencia de la obligación a su cargo, y ello se observa en el hecho de que la Entidad tenga claramente definido los montos adeudados dentro de su contabilidad y en aras de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios la EPSS Salud Cóndor se ha visto en la necesidad de celebrar acuerdos de pago con los Prestadores, logrando la continuidad de la red y en todo tiempo garantizando a los afiliados la atención en salud requerida en los diferentes niveles de complejidad.

Respecto a los anteriores ítems, este Despacho advierte en primer lugar que las EPS-S deben contar con un margen de solvencia que les permita responder de forma adecuada y oportuna con sus obligaciones con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud, y en segundo término la EPSS debe realizar las gestiones necesarias para recaudar los dineros que los Entes Territoriales les adeuden para así poder cumplir sus obligaciones con la red de prestadores. De manera que cuando los entes territoriales no han transferido los recursos a las Entidades que administran el Régimen Subsidiado, ellas están facultadas para adelantar todas las acciones conducentes al cobro de la cartera entre ellas haber solicitado el giro directo de los recursos por parte de la Nación al Ministerio de la Protección Social conforme a lo establecido por el Decreto 3260 de 2004 considerando que se trata de recursos con destinación específica y de especial protección constitucional, tal como lo refiere el artículo 35 del Decreto 050 de 2003.

Finalmente, es importante dejar en claro que la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención administrativa de Salud Cóndor EPS-S S.A., es a título de medida cautelar y no como lo pretende hacer ver el accionante como una sanción, pues la Superintendencia Nacional de Salud designó a un interventor con el objeto que determine dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables por el mismo término contados a partir de la toma de posesión, si la "EPS Salud Cóndor S. A." debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen. En caso de que los que informes que presente el agente interventor designado para tal fin no sean satisfactorios y la evaluación y seguimiento que haga la Delegada para Medidas Especiales y el Comité de Intervenciones y Liquidaciones reglado mediante la Resolución 1272 de 20 de junio de 2011 concluya la inviabilidad de la entidad, la Superintendencia Nacional de Salud procederá a ordenar la liquidación y la consecuente Revocatoria de la Habilitación para operar el Régimen Subsidiado a la Entidad Promotora de Salud Salud Cóndor EPS-S S. A.

Así las cosas, y en vista que el impugnante no aporta ningún elemento nuevo o sustentación que lleve a esta Superintendencia a reconsiderar la decisión que se adoptó mediante la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011, esta será confirmada.

Según el artículo 21 del Decreto 1018 de 2007 esta Superintendencia Nacional de Salud por intermedio de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales realiza las siguientes funciones:

Razón por la cual adicionalmente a la Inspección Vigilancia y Control que ejerce esta Entidad sobre la gestión del Agente Especial interventor, por medio de la Resolución número 1793 del 19 de julio de 2011 este Organismo en ejercicio de la facultad discrecional otorgada en la ley designó contralor de la Entidad Promotora de Salud S. A. EPS Salud Cóndor S. A., identificada con NIT 814.000.608-0 sujeto a Intervención Forzosa Administrativa para administrar, a la firma Vega Martínez Auditores y Consultores Ltda. VM Ltda., Identificada con el NIT 819.001.616-2 representada legalmente por el doctor Franklin José Martínez Ávila portador de la cédula de ciudadanía número 85452265.

Conforme a lo establecido en la Circular Única, Título IX Medidas Especiales Capítulo Segundo. Intervención Forzosa Administrativa para Administrar, numeral 3. Informes que debe reportar el Contralor y/o Revisor Fiscal, inciso segundo, el Contralor deberá remitir un informe preliminar en medio físico a la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la posesión del cargo, el estado de la entidad en intervención forzosa administrativa para Administrar, en el que incluya las observaciones y recomendaciones sobre aspectos relacionados con la situación administrativa, financiera, jurídica, laboral y técnico- científica. En este informe, debe presentar el plan de trabajo y el cronograma de la auditoría que va a adelantar, igualmente un informe de gestión cada treinta (30) días hasta la culminación del proceso de intervención, sin perjuicio de los demás informes exigidos en la Circular Única y/o los que de manera extraordinaria requiera esta Superintendencia.

Adicionalmente según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 22 de la Ley 510 de 1999 tenemos lo siguiente:

La anterior disposición fue declarada condicionalmente exequible mediante la Sentencia C-1049 de 2000 Magistrado Ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo, sólo si se lo entiende y aplica en el sentido de que la justa causa para la terminación del contrato de trabajo y la exclusión de la indemnización se configuran por la probada responsabilidad del trabajador en los hechos que han dado lugar a la toma de posesión de la entidad.

Por otro lado para el nombramiento y posesión de interventores, liquidadores y contralores, se siguen los lineamientos establecidos en la Resolución número 1947 del 4 de noviembre de 2003 que establece:

Los certificados aquí exigidos no deberán tener fecha de expedición mayor a tres (3) meses;

e) Declaración juramentada ante Notario en la que se manifieste de manera personal no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para ejercer el cargo de Interventor, Liquidador o Contralor, según el caso.

En el caso de personas jurídicas, la declaración también deberá presentarla el representante legal y los delegados por la persona jurídica;

f) Una fotografía a color de los aspirantes tamaño 3 x 4. Para las personas jurídicas, la fotografía del representante legal y de los delegados, si los hubiere;

g) La documentación podrá remitirse mediante oficio y por correo certificado.

Artículo 6°. Actualización de la información. Las personas inscritas en el Registro de Interventores y Liquidadores o en el Registro de Contralores, deberán actualizar la información presentada con la solicitud de inscripción cuando fueren nombrados en un proceso de intervención forzosa administrativa o cuando así lo exigiere el Grupo de Procesos de Intervención.

Adicionalmente el registro de interventores, liquidadores y contralores se puede consultar en la página web de esta Superintendencia, www.supersalud.gov.co en el link Conózcanos, Medidas Especiales, Registro Interventores o Registro Contralores.

Por último y en cuanto a la solicitud de que se nombre la Junta Asesora del Agente Especial, el artículo 291 numeral 5 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 519 de 1990 y el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 consagraron lo siguiente:

Obsérvese según la norma transcrita, que la designación de la Junta Asesora del Agente Especial se puede realizar si la Superintendencia Nacional de Salud lo considera necesario, y en el presente caso con la designación del Contralor es suficiente para garantizar la correcta actuación del Agente Especial Interventor.

Finalmente, es necesario indicar que con oficio radicado en esta Superintendencia el día 13 de septiembre de 2011 con el NURC 1-2011-077898, el doctor Óscar René Lozano Escobar renunció al poder otorgado por la doctora Adriana María Cano Gaviria.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

Parágrafo. Si no pudiere hacerse la notificación personal, esta deberá surtirse por edicto de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2011.

El Superintendente Nacional de Salud,