"a) Como Estado Bienestar comprendido como un complejo aparato político-administrativo, jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social se define como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurada para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad..". (H.L. Wilensky, 1975).

Este concepto se recoge en el artículo 366 de la C.P. que dice: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".

b) El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores - derechos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. Citado en Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 5 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. Resaltado en el texto".

"Numeral 8.-

"Artículo 124. Eje de Acciones y Medidas Especiales. El numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007 quedará así:

"5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación".

Corresponde al Presidente de la República, en ejercicio de las funciones que le otorga el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, señalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de posesión, y en particular la forma como se procederá a liquidar los activos de la entidad, a realizar los actos necesarios para colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social o a realizar los actos necesarios para obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de las acreencias de los ahorradores, depositantes e inversionistas; la forma y oportunidad en la cual se deben presentar los créditos o reclamaciones; las sumas que se pueden cancelar como gastos de administración; la forma como se reconocerán y pagarán los créditos, se decidirán las objeciones, se restituirán los bienes que no deban formar parte de la masa, y en general, los actos que en desarrollo de la toma de posesión se pueden o se deben realizar.

Dichas facultades las ejercerá el Presidente de la República con sujeción a los principios y criterios fijados en el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las siguientes reglas generales:

1. La toma de posesión sólo podrá adoptarse por las causales previstas en la ley.

2. La misma tendrá por objeto la protección del sistema financiero y de los depositantes y ahorradores con el fin de que puedan obtener el pago de sus acreencias con cargo a los activos de la entidad y, si es del caso, al seguro de depósito.

3. Las decisiones que se adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión y la necesidad de evitar situaciones que pongan en juego la estabilidad del sector financiero y de la economía en general.

4. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente y si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social. El recurso de reposición no suspenderá la ejecución de la medida.

5. Corresponderá al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras designar al agente especial, quien podrá ser una persona natural o jurídica, podrá actuar tanto durante la etapa inicial, como en la administración o liquidación y podrá contar con una junta asesora con representación de los acreedores en la forma que fije el Gobierno.

6. Los agentes especiales desarrollarán las actividades que les sean confiadas bajo su inmediata responsabilidad.

7. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras realizará el seguimiento de la actividad del agente especial, sin perjuicio de la vigilancia de la Superintendencia Bancaria sobre la entidad objeto de administración, mientras no se decida su liquidación.

8. Los agentes especiales ejercerán funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea del caso, de las reglas del derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

9. Se propiciarán mecanismos de solución que permitan la participación del sector privado.

10. Las medidas que se adopten podrán incluir, entre otras, la reducción de capital, la emisión y colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia, la cesión de activos o pasivos, las fusiones o escisiones, el pago de créditos por medio de la entrega de derechos fiduciarios en fideicomisos en los cuales se encuentren los activos de la entidad, el pago anticipado de los títulos, la creación de mecanismos temporales de administración con o sin personería jurídica con el objeto de procurar la optimización de la gestión de los activos para responder a los pasivos, así como cualquier otra que se considere adecuada para lograr los fines de la intervención. Igualmente, podrán cancelarse gravámenes sobre bienes de la entidad, sin perjuicio del privilegio del acreedor sobre el valor correspondiente.

11. La liquidación de los activos de la entidad, cuando sea del caso, se hará a través de mecanismos de mercado y en condiciones que permitan obtener el valor en el mismo de dichos activos.

12. Podrá suspenderse el proceso cuando las circunstancias así lo justifiquen, con las consecuencias que señale el Gobierno, evento en el cual el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras podrá asumir la representación de la entidad para los efectos a que haya lugar.

13. Deberá establecer reglas destinadas a culminar la liquidación, cuando existan activos que no han podido ser enajenados o situaciones jurídicas que no hayan podido ser definidas. Dichos mecanismos podrán incluir, entre otros, la adjudicación de los activos remanentes a los acreedores como pago de sus créditos o a los accionistas, si es del caso, o la entrega de dichos activos a una determinada entidad en la cual aquellos y estos, si es del caso, convengan.

14. A los procesos de toma de posesión se aplicará lo previsto en los artículos 103 y 104 de la Ley 222 de 1995 y para tal efecto se entenderá que cuando dichas disposiciones

hacen referencia al concordato se refieren a la toma de posesión. El agente especial podrá poner fin a los contratos existentes al momento de la toma de posesión si los mismos no son necesarios para la administración o liquidación.

15. La toma de posesión y en general los procesos concursales no impedirán cumplir las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores cuando ello sea conveniente para la misma. En todo caso, la toma de posesión no impedirá a la Bolsa de Valores correspondiente hacer efectivas, conforme a las reglas que la rigen, las garantías otorgadas para cumplir una operación en que sea parte una entidad objeto de toma de posesión.

16. De las reclamaciones que se presenten oportunamente se dará traslado a los interesados y sobre ellas deberá decidir el agente especial por acto administrativo que se notificará por edicto.

17. Se podrán establecer mecanismos para compensar con cargo a los activos de la entidad la pérdida de poder adquisitivo o los perjuicios por razón de la pérdida de rendimiento que puedan sufrir los depositantes, ahorradores o inversionistas por la falta de pago oportuno.

18. La acción que intenten los ahorradores, depositantes o inversionistas contra las personas que hayan realizado las conductas irregulares que dieron lugar a la toma de posesión, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios causados, se sujetará a las mismas disposiciones previstas por el numeral 3 del artículo 98 de este Estatuto.

19. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación, podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida, los cuales podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspectos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario.

20. Las medidas que se adopten tomarán en cuenta la necesidad de proteger los activos de la entidad y evitar su pérdida de valor.

La revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación pueden adoptarse simultáneamente o de manera independiente con la toma de posesión, cuando esas mismas causales que la originan puedan poner en peligro los recursos de la seguridad social en salud o la atención de la población afiliada. Cuando la revocatoria sea simultánea con la toma de posesión, el procedimiento, los recursos, las reglas y los efectos serán los de la toma de posesión". (Negrilla fuera de texto).

1. Asumir la inspección, vigilancia y control de las entidades que estén sometidas a medidas de salvamento;

"2. Realizar por orden del Superintendente Nacional de Salud la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Cajas de Compensación Familiar; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley."

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público;

b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intereses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas;

c) Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los niveles de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia;

f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o indirectamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva concentración del riesgo;

g) Proteger y promover el desarrollo de las instituciones financieras de la economía solidaria;

h) Que el sistema financiero tenga un marco regulatorio en el cual cada tipo de institución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de acuerdo con la naturaleza propia de sus operaciones.

i) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que los recursos de pensión obligatoria del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y los recursos que financien las pensiones de retiro programado en este régimen estén invertidos en Fondos de Pensiones que consideren las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados, con el objetivo de procurar la mejor rentabilidad ajustada por riesgo para brindar las prestaciones previstas en la ley a favor de los afiliados.

j) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Promover en los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, de tal manera que les permita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régimen, así como de los efectos de seleccionar entre los diferentes Fondos de Pensiones disponibles.

k) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que el esquema de comisiones de administración de los recursos de los Fondos de Pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las administradoras, que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios administrados así como el recaudo de aportes.

l) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que los recursos de los Fondos de Cesantías se inviertan en portafolios de inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de permanencia de tales recursos en dichos fondos.

m) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la prestación de servicios financieros y de seguros en territorio colombiano a través de sucursales de entidades del exterior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el país y la estabilidad del sistema.

n) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Promover el acceso a servicios financieros y de seguros por parte de la población de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa.

o) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas y las autoridades que ejercen la intervención del Estado en el sector financiero, implementen mecanismos encaminados a lograr una adecuada educación sobre los productos, servicios y derechos del consumidor financiero.

p) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de Consumidores Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.

Parágrafo. El Gobierno Nacional ejercerá las facultades que le otorga esta ley con base en el principio de la economía y preservando la estabilidad en la regulación". (Subrayado y negrilla nuestra)

"(…)"

"Artículo 9.1.1.1.1 Toma de posesión y Medidas Preventivas.

Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín durante dicho plazo, mantendrán mecanismos de coordinación e intercambio de información sobre los antecedentes, situación de la entidad, posibles medidas a adoptar y demás acciones necesarias, para lo cual designarán a los funcionarios encargados de las distintas labores derivadas del proceso.

Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte las medidas previstas en el inciso tercero del artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999.

El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia dispondrá las siguientes medidas preventivas:

a) La inmediata guarda de los bienes de la institución financiera intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la cámara de comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus sucursales; y, si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;

c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín para que proceda a nombrar el agente especial;

d) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006;

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al agente especial, so pena de nulidad;

f) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos que dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes actividades y se abstengan de adelantar las que se mencionan a continuación:

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la institución financiera intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la institución financiera intervenida a solicitud elevada sólo por el agente especial mediante oficio.

Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; así como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión;

g) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante solicitud a todas las secretarías de tránsito y transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito; para que cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la institución financiera intervenida a solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la institución financiera intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; y para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la institución financiera intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

i) La advertencia de que el agente especial está facultado para poner fin a cualquier clase de contrato existente al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa, especialmente las previstas en el presente Libro;

j) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al agente especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;

l) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la toma de posesión.

El acto administrativo podrá disponer también las siguientes medidas:

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administración y dirección así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la Superintendencia Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín);

b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar esta medida posteriormente.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos y especialmente para los previstos en el literal n) del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del representante legal de la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la toma de posesión.

En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.5 del presente decreto.

Artículo 9.1.1.1.2 Medidas durante la posesión.

<Fuente original compilada: Decreto 2211/04 artículo 2.°> Durante la posesión, incluyendo la liquidación, se podrán adoptar, además de las medidas previstas en el artículo anterior, las siguientes, sin perjuicio de aquellas dispuestas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y normas complementarias:

1. De acuerdo con el numeral 10 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, las medidas que adopte la Superintendencia Financiera de Colombia para colocar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, u otras operaciones dirigidas a lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias podrá incluir además de las previstas en dicho numeral, otros institutos de salvamento de la confianza pública consagrados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y normas complementarias, así como la entrega de la entidad a los accionistas previa suscripción de compromisos específicos, y/o aquellas que determine la entidad de vigilancia y control.

2. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación, podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida, los cuales se sujetarán a las siguientes reglas:

a) Podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspectos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario;

b) Los acuerdos serán aplicables a todos los acreedores cuando hayan sido aprobados con la mayoría prevista en el literal anterior;

c) Para la aceptación de fórmulas de adjudicación, los acreedores podrán votar en asambleas presenciales o mediante voto escrito enviado por correo o por cualquier otro mecanismo. Para tal efecto el liquidador remitirá las propuestas de pago o fórmulas de adjudicación a la última dirección registrada por los acreedores;

d) La entrega de bienes a título de dación en pago podrá ser objeto de los acuerdos de acreedores.

3. Las operaciones realizadas antes de la toma de posesión por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores deberán ser cumplidas en el plazo acordado, siempre que se trate de operaciones cuyas respectivas órdenes hayan sido aceptadas para su compensación y liquidación.

Las garantías que respaldan estas operaciones se harán efectivas conforme a las reglas previstas para la compensación y liquidación o para el depósito de valores, así como a las disposiciones aplicables al acto jurídico mediante el cual se constituyeron, por lo que para hacerse efectivas no deberán sujetarse a procedimientos de reconocimiento de créditos o a cualquier otro acto jurídico de naturaleza similar.

Si de la ejecución del negocio jurídico para asegurar las obligaciones y cumplidas estas en su totalidad queda algún remanente, este deberá ponerse a disposición de la entidad objeto de la toma de posesión.

En el caso de títulos depositados en depósitos de valores, las anotaciones en cuenta correspondientes a derechos y garantías, así como los bienes sobre los cuales recaen tales derechos no formarán parte de la masa de la liquidación, en caso que esta se decida.

4. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin en desarrollo de la facultad consagrada en el numeral 11 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 59 de la Ley 795 de 2003, designará en los mismos términos en que efectúa la designación y posesión del representante legal principal, al funcionario de la entidad intervenida que tendrá la representación legal frente a las ausencias temporales o definitivas del principal. Para dichos efectos, el Fondo evaluará previamente tanto la idoneidad profesional como personal del respectivo funcionario, cuya remuneración no será modificada como consecuencia del ejercicio de la representación legal o de la designación, la cual deberá registrarse ante la cámara de comercio del domicilio de la intervenida.

5. Ante la necesidad de proteger los activos y evitar su pérdida de valor, se podrá proceder a la enajenación de los mismos, para cuyo efecto, se seguirá el procedimiento previsto en el presente Libro para la enajenación de activos en caso de urgencia.

Artículo 9.1.1.1.3 Cumplimiento y Notificación de la Decisión de Toma de Posesión.

Artículo 9.1.1.1.4 Inventario en la Toma de Posesión.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo. 4°.> Dentro del mes siguiente a la fecha en que el Superintendente Financiero de Colombia haya tomado posesión de una entidad vigilada, el agente hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la misma. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia Financiera de Colombia."

"(…)"

"Artículo 9.1.1.2.1 Competencia del Agente Especial.

Artículo 9.1.1.2.2 Naturaleza de las Funciones del Agente Especial.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 6°.> De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

Artículo 9.1.1.2.3 Seguimiento de la Actividad del Agente Especial.

Artículo 9.1.1.2.4 Funciones del Agente Especial.

1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos pertinentes para el desarrollo del objeto social.

2. Si es del caso, separar en cualquier momento los administradores y directores de la intervenida que no hayan sido separados por la Superintendencia Financiera de Colombia en el acto que ordenó la toma de posesión.

3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo señalado en el numeral 19 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.

4. Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier concepto deban ingresar a la entidad intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos.

5. Administrar los activos de la intervenida.

6. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las medidas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

7. Continuar con la contabilidad de la entidad.

8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de los activos y archivos de la entidad.

9. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que correspondan contra los administradores, revisor fiscal y funcionarios de la intervenida.

10. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin la información que las entidades requieran.

12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y representante legal de la entidad.

Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la ley específicamente exige tal autorización.

Artículo 9.1.1.2.5 Contratación.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 9o.> Para el cumplimiento de las finalidades de la toma de posesión, las entidades intervenidas podrán contratar entre sí la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, así como celebrar convenios con el mismo fin o contratos de mandato con terceros."

"(…)"

"Artículo 9.1.1.3.1 Integración de la Junta Asesora del Agente Especial.

Dicha junta, de acuerdo con la información que reposa en los estados financieros de la intervenida, estará integrada por los cinco (5) mayores acreedores de la entidad. El nombramiento de los miembros de la junta asesora corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin de acuerdo con la información que para tal propósito ha de proporcionarle el agente especial.

Si alguno de los acreedores a quienes correspondía integrar la junta asesora de acuerdo a los criterios anteriormente señalados declina su nombramiento, se procederá a nombrar el acreedor que siga en orden dentro de los criterios anteriormente establecidos.

Artículo 9.1.1.3.2 Reuniones de la Junta Asesora del Agente Especial.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 11> La junta asesora del agente especial se reunirá al menos una vez al mes por convocación de este último. La junta podrá sesionar y decidir válidamente con la participación de mínimo tres de sus integrantes. Cuando uno de los integrantes de la junta asesora deje de asistir a tres (3) sesiones convocadas por el agente especial, se procederá a reemplazarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo anterior.

Artículo 9.1.1.3.3 Funciones de la Junta Asesora del Agente Especial.

<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 12> La junta asesora del agente especial tiene la función básica de asesorar al agente especial en todos los asuntos concernientes a la marcha de la entidad financiera. En especial la junta asesora cumplirá las siguientes funciones:

a) Revisar con anterioridad al traslado a los acreedores, las cuentas comprobadas presentadas por el agente especial;

b) Dar concepto sobre los estados financieros;

c) Asesorar al agente especial, cuando este se los solicite, en cuestiones relacionadas con su gestión, y

d) Requerir al agente especial para que presente las cuentas comprobadas de su gestión cuando este se abstenga de hacerlo.

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Junta Asesora no son de obligatorio cumplimiento para el Agente Especial.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Junta Asesora están obligados a guardar reserva sobre los diferentes asuntos que conozcan en razón de su función."

"(…)"

Artículo 9.1.2.1.2 Levantamiento de la Medida de Toma de Posesión.

Artículo 9.1.2.1.3 Rendición de Cuentas por Parte del Agente Especial.

Artículo 28. Definición. El Ministerio de Salud podrá intervenir o tomar posesión de las Entidades Promotoras de Salud para administrarlas transitoriamente, de manera total o parcial, cuando se pueda afectar gravemente la prestación del servicio, sin perjuicio del proceso de disolución y liquidación que sea necesario conforme las disposiciones legales.

Parágrafo. En los eventos en los cuales la Superintendencia Nacional de Salud intervenga o tome posesión de una Entidad Promotora de Salud en la forma establecida en el presente Decreto, deberá informar al Ministerio de Salud y al Consejo Nacional de Seguridad Social dentro de los quince (15) días siguientes a la intervención o toma de posesión". (Negrillas y Resaltos por fuera del texto)

Artículo 33. Evaluación Previa. Toda medida de intervención debe fundamentarse en una de las causales establecidas en el presente Decreto determinada mediante una evaluación previa, la cual se efectuará en cuanto sea posible de conformidad con un sistema de indicadores administrativos, financieros, técnicos o científicos y demás aspectos que comprenden el control de gestión y el Sistema de Garantía de Calidad.

El resultado de esta evaluación determinará el tipo de intervención, el grado de la misma, su alcance y las áreas sobre las cuales se ejercerá, su término, formas, mecanismos y efectos.

Artículo 34. Forma de Decretar la Intervención o Coadministración. Toda intervención será decretada mediante resolución debidamente motivada de la autoridad, la cual deberá contener:

1. La síntesis de los hechos o causas que dan origen a la intervención.

2. La evaluación previa a que se refiere el artículo 36 y la exposición de las razones de orden público sanitario social, técnico y administrativo, por las cuales se considera que el funcionamiento del ente intervenido es inconveniente a juicio del Ministerio de Salud.

3. El Tipo de intervención que se decreta, su forma, grado o alcance, con la mención expresa de si es total o parcial, si se ejercerá sobre la parte técnica, científica o administrativa o sobre todas o algunas de ellas.

4. Los fines concretos de la intervención.

5. Los efectos que conlleva para la intervenida de conformidad con lo establecido para las diferentes formas y grado de intervención reglamentadas en el presente Decreto.

6. Las medidas preventivas que se ordenan, si fueren del caso.

7. La duración de la intervención no podrá ser superior a un año prorrogable por una sola vez y por el mismo término.

8. El nombramiento del interventor o interventores y las facultades que se le otorgan, según el tipo de intervención decretada". (Negrillas y Resaltos por fuera del texto).

"Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el Decreto 1922 de 1994".

"(...) La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos.

"La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento (...)".

"Artículo 6°. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá las siguientes funciones:

8. Autorizar la constitución y/o habilitación de las Entidades Promotoras de Salud del régimen contributivo y subsidiado y efectuar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas que regulan la solidez financiera de las mismas. Habilitar y/o revocar el funcionamiento de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera sea el régimen que administre. (Negrilla y subraya fuera de texto)

"Competencias en salud por parte de la Nación

"Artículo 129. Normas de Procedimiento Intervención Forzosa Administrativa. El Gobierno Nacional reglamentará las normas de procedimiento a aplicar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación, administración u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Entidades Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud cualquiera sea la denominación que le otorgue el ente territorial en los términos de la ley y los reglamentos". (Subraya y negrilla nuestra).

a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones;

b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria;

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios;

d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria debidamente expedidas;

e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley;

f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y

g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

h) Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente: Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad.

i) Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente: Cuando la entidad no cumpla con los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento.

j) Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente: Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados.

k) Ordinal adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida por la Superintendencia Bancaria.

l) Ordinal adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la Superintendencia Bancaria.

Numeral 2. Adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente: La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión de los bienes, haberes y negocios, de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos:

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del 40% del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado.

b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48 literal i)"

"Artículo 20. Modifícase el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de la siguiente forma:

20.1 El texto del artículo 114 vigente a la fecha de expedición de esta ley se identificará con el número 1, y al mismo se le adicionan los siguientes ordinales:

a) Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad;

b) Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en el artículo 80 de este Estatuto;

c) Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados.

20.2 Adiciónase el artículo 114 con el siguiente numeral:

2. La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos:

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado;

b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i)."

Mientras que los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 795 de 2003, que modifican el artículo 114 del Decreto-ley 663 de 1993, y el artículo 20 de la Ley 510 de 1999, definen lo siguiente:

"Artículo 32. El numeral 1 del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto número 1011 de 2006, "por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", aquellas entidades que al 3 de abril de 2006 no contaran con reglamentación específica en materia de habilitación, se les aplicará el procedimiento de autorización de funcionamiento establecido en las disposiciones vigentes sobre la materia, el cual se asimila al procedimiento de habilitación para dichas entidades.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993, "la Superintendencia Nacional de Salud autorizará como Entidades Promotoras de Salud a entidades de naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser Entidad Promotora de Salud.

2. Tener personería jurídica reconocida por el Estado.

3. Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación, y control de los servicios de salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios con las cuales atienda los afiliados y su familia, sin perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la Constitución y la ley.

4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita:

a) Tener una base de datos que permita mantener información sobre las características socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus familias;

b) Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño de sus funciones, y verificar la de las Instituciones y Profesionales prestadores de los servicios;

c) Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos.

5. Acreditar periódicamente un número mínimo y máximo de afiliados tal que se obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de todos los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros serán fijados por el Gobierno Nacional en función de la búsqueda de la equidad y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan las Entidades Promotoras de Salud.

6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y solvencia de la Entidad Promotora de Salud, que será fijado por el Gobierno Nacional.

7. Tener un capital social o Fondo Social mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera de la Entidad, determinados por el Gobierno Nacional.

8. Las demás que establezca la ley y el reglamento, previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud". (O quien haga sus veces, según la modificación implementada por la Ley 1122 de 2007).

Igualmente, según lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto número 1485 de 1994, "para la obtención del certificado de funcionamiento se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

1. Requisitos para adelantar operaciones. Las personas jurídicas que pretendan actuar como Entidades Promotoras de Salud deberán obtener el respectivo certificado de funcionamiento que expedirá la Superintendencia Nacional de Salud.

Las Entidades Promotoras de Salud de naturaleza cooperativa y demás entidades del sector se regirán por las disposiciones propias de las Entidades Promotoras de Salud, en concordancia con el régimen cooperativo contenido en la Ley 79 de 1988 y normas que lo sustituyen o adicionan.

Las Entidades aseguradoras de vida que soliciten y obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de salud, podrán actuar como Entidades Promotoras de Salud; en tal caso se sujetarán a las normas propias de su régimen legal, sin perjuicio del cumplimiento de lo previsto en este Decreto y las demás normas legales en relación con dicha actividad exclusivamente. En relación con las Cajas de Compensación Familiar el Superintendente Nacional de Salud podrá autorizar el funcionamiento de aquellas Entidades Promotoras de Salud que se creen por efecto de la asociación o convenio entre las cajas o mediante programas o dependencias especiales previamente existentes y patrocinados por las Cajas de Compensación. El Superintendente del Subsidio Familiar aprobará los aportes que las Cajas de Compensación quieran efectuar con sus recursos para la constitución de una Entidad Promotora de Salud o de las dependencias o programas existentes y otorgará la correspondiente personería jurídica u autorización previa. La promoción de la creación de las Entidades Promotoras de Salud de naturaleza comercial se regirá por lo previsto en los artículos 140 y 141 del Código de Comercio.

2. Contenido de la solicitud. La solicitud para obtener el certificado de funcionamiento de una Entidad Promotora de Salud deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993 y estar acompañada de la siguiente documentación:

a) El estudio de factibilidad que permita establecer la viabilidad financiera de la entidad y el proyecto de presupuesto para el primer año de operación.

b) Los documentos que acrediten el monto del capital que se exige en el artículo 5° del Decreto número 1485 de 1994.

c) El listado preliminar de las instituciones prestadoras de servicios, grupos de práctica establecidos como tales y/o profesionales a través de los cuales se organizará la prestación del Plan Obligatorio de Salud, cerciorándose de que su capacidad es la adecuada frente a los volúmenes de afiliación proyectados.

d) El número máximo de afiliados que podrán ser atendidos con los recursos previstos y el área geográfica de su cobertura, indicando el período máximo dentro del cual mantendrá el respectivo límite, sin perjuicio de que una vez otorgada la autorización correspondiente, se puedan presentar modificaciones debidamente fundamentadas.

e) El documento que acredite que en sus estatutos se ha incorporado el régimen previsto en el Decreto número 1485 de 1994.

f) Autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de salud, tratándose de entidades aseguradoras de vida.

g) La información adicional que requiera la Superintendencia Nacional de Salud para cerciorarse del cumplimiento de los requisitos anteriores y los previstos en las disposiciones legales.

3. Publicidad de la solicitud y oposición de terceros. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la documentación completa a que hace alusión el numeral precedente, el Superintendente Nacional de Salud autorizará la publicación de un aviso sobre la intención de obtener el certificado de funcionamiento por parte de la entidad, en un diario de amplia circulación nacional, en el cual se exprese por lo menos, el nombre de las personas que se asociaron, el nombre de la entidad, dependencia, ramo o programa, el monto de su capital y el lugar en donde haya de funcionar, todo ello de acuerdo con la información suministrada en la solicitud.

Tal aviso será publicado por cuenta de los interesados en dos ocasiones, con un intervalo no superior a siete (7) días calendario, con el propósito de que los terceros puedan presentar oposición en relación con dicha intención, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la última publicación.

De la oposición se dará traslado inmediato al solicitante.

4. Autorización para el funcionamiento. Surtido el trámite a que se refiere el numeral anterior, el Superintendente Nacional de Salud deberá resolver la solicitud dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

El Superintendente concederá la autorización para el funcionamiento de la entidad cuando la solicitud satisfaga los requisitos legales y verifique el carácter, la responsabilidad, la idoneidad y la solvencia patrimonial, de las personas que participen como socios, aportantes o administradores, en relación con la operación.

Las Cajas, Fondos, Entidades o Empresas de Previsión y Seguridad Social del sector Público, se regirán por lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Las entidades de medicina prepagada podrán prestar el Plan Obligatorio de Salud o prestar servicios complementarios; para la prestación del Plan Obligatorio de Salud, dichas entidades deberán cumplir los requisitos establecidos en este Decreto, sin perjuicio de continuar cumpliendo su régimen legal.

Las Empresas Solidarias de Salud se sujetarán a lo previsto en el presente Decreto cuando administren recursos del régimen contributivo o intervengan en la organización de la prestación de servicios de salud derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. No obstante, cuando tengan por objeto exclusivo la administración del subsidio a la demanda estarán exceptuadas del régimen previsto en el presente Decreto y estarán sometidas al régimen especial que para el efecto se expida".

En lo que respecta al régimen patrimonial, margen de solvencia y límites a las operaciones financieras e inversiones, las Entidades Promotoras de Salud que pretendan obtener la autorización de funcionamiento, deberán aplicar lo dispuesto en el Decreto número 574 de 2007 y el Decreto número 1698 de 2007.

La entidad solicitante deberá suministrar como mínimo la siguiente información administrativa:

a) Cuando se trate de una entidad vigilada por otra Superintendencia, deberá anexar copia del respectivo certificado de autorización o funcionamiento, expedido por el correspondiente ente de control.

b) Personería Jurídica reconocida de conformidad con el Decreto número 1088 de 1991, Capítulo II, Sección II.

c) Copia de los estatutos donde conste que se ha incorporado el régimen previsto en el Decreto número 1485 de 1994 y demás normas que lo modifiquen o aclaren.

d) Hoja de vida de las personas que se han asociado, miembros de Junta Directiva y de las que actúan como administradores y representante legal. Para el suministro de esta información se tendrá en cuenta el formato que se encontrará en el título de anexos técnicos.

e) Copia del acta de conformación de la Junta Directiva.

f) Estructura organizacional identificando las áreas comercial, operativa, técnica, administrativa y de control.

g) Relación funcional entre la sede central, regionales, seccionales y/o sucursales si las hubiese.

Para efectos de acreditar la capacidad técnica y científica para el cabal cumplimiento de las funciones y obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud, las entidades en mención deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estos sistemas deberán tener la capacidad para operar en forma integrada y permitir la generación de los reportes e informes requeridos por esta Superintendencia y el Sistema de Seguridad Social en Salud, siguiendo las especificaciones técnicas definidas para tal fin.

Los siguientes son los sistemas de información básicos necesarios para el funcionamiento de una Entidad Promotora de Salud:

a) Manejo, registro y retiro de afiliados, beneficiarios y subsidiados.

b) Recaudo, registro y manejo de los aportes del sistema cotizante y subsidiado y control de empleadores. Adicionalmente de acreditar que se cuenta con este sistema se debe presentar un plan estratégico para control de empleadores resaltando los recursos y metodología desarrollada para este fin.

d) Manejo de acciones de cobranza.

e) Manejo de novedades laborales, recaudos por cotizaciones e información que permita la compensación con el Fondo de Solidaridad y Garantía.

Los anteriores sistemas se deben entender sin perjuicio de los requeridos para el funcionamiento administrativo de la entidad como tal, por ejemplo el sistema de gestión administrativa y financiera.

Los equipos de cómputo adquiridos o arrendados por las Entidades Promotoras de Salud deberán posibilitar la capacidad de crecimiento en cuanto a número de usuarios y contar con la capacidad de migrar hacia los sistemas de cómputo con mayor capacidad o hacia nuevas tecnologías en el evento que se requiera. En todo caso, la capacidad de equipos deberá ser correspondiente con las proyecciones de afiliados incluidas en los estudios de factibilidad y no podrán estar por debajo de las siguientes especificaciones.

Las Entidades Promotoras de Salud podrán tener el número que desee de estaciones o terminales de consulta, validación, administración y soporte, para lo cual se debe considerar la capacidad de memoria requerida por cada persona que se tenga trabajando en línea en el sistema de información, no pudiendo ser menor a dos (2) megabytes para consultas desde terminales brutas y de cuatro (4) megabytes de memoria por cada cliente (microcomputador) en una tecnología más compleja (Cliente/servidor).

Los equipos de cómputo deberán poseer la capacidad de almacenamiento en disco requerida para manejar las operaciones propias del negocio de acuerdo con los siguientes estimativos:

a) Registro y retiro de afiliados y beneficiarios: por cada cincuenta mil afiliados

(50.000), se requiere mínimo de un Gigabyte (1Gb. = mil Megabytes). Los anteriores estimativos no incluyen los requerimientos de memoria principal y almacenamiento en discos de los sistemas operacionales, bases de datos o software específico para el funcionamiento de los equipos de cómputo, sistemas de información o redes.

Las Entidades Promotoras de Salud deberán prever en la plataforma tecnológica seleccionada la capacidad de la misma para soportar la instalación de dispositivos y software de comunicaciones y sistemas de información necesarios, que le permitan a esta Superintendencia entrar a consultar en forma regular la información archivada en los equipos de cómputo de estas.

La plataforma tecnológica deberá facilitar la conexión remota de sus diferentes oficinas en el país, a través de redes de comunicación que le permitan mantener actualizada la información que garantice la adecuada prestación de los servicios.

a) La Superintendencia estará atenta del desarrollo tecnológico y de la adopción de software licenciado.

b) Las entidades deberán poseer planes de contingencia y sistemas de respaldo y seguridad que le permitan a la entidad ante un daño grave, destrucción o robo de sus equipos de cómputo, regresar a su normal funcionamiento en un tiempo prudencial.

c) Establecer procedimientos de auditoría de sistemas que garanticen el cumplimiento de los parámetros aquí definidos, así como el íntegro y correcto manejo de la información por parte del ente vigilado y de su supervisor".

Decreto número 574 de 2007, modificado por los Decretos números 1698 de 2007 y 4789 de 2009 establece lo siguiente:

"Artículo 2°. Habilitación financiera. La habilitación financiera necesaria para la entrada y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y las Entidades Adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, exige acreditar y mantener permanentemente el capital mínimo que se establezca y cumplir el régimen de solvencia que se señala en el presente decreto.

La aplicación de lo establecido en este decreto se entiende dentro de los límites y obligaciones que regulan la actividad previstos en la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y demás normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

"Artículo 3°. Capital Mínimo. Para la habilitación financiera una Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo o Entidad Adaptada deberá acreditar y mantener un capital mínimo de 10.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Este capital mínimo corresponderá al capital suscrito y pagado al inicio de las operaciones o a las partidas

equivalentes, de conformidad con su naturaleza jurídica, en el caso de las Entidades Públicas, Cooperativas, Entidades del Sector Solidario y Cajas de Compensación Familiar.

Parágrafo 1°. La Superintendencia Nacional de Salud instruirá a sus entidades vigiladas respecto a las partidas contables equivalentes al capital suscrito y pagado aplicables para el cumplimiento del presente artículo, según su naturaleza jurídica.

Parágrafo 2°. Para efectos de este decreto, si una entidad participa de la administración de los regímenes contributivo y subsidiado simultáneamente, deberá acreditar el capital suscrito y pagado o las partidas equivalentes de conformidad con su naturaleza jurídica, correspondiente al Régimen Contributivo en forma independiente.

Parágrafo 4°. El cumplimiento del requisito de capital mínimo de 10.000 SMLMV se aplica en forma concordante con el mantenimiento de un patrimonio técnico mínimo definido según el margen de solvencia. Lo anterior significa que si de la aplicación del correspondiente margen de solvencia previsto en el artículo 5° del presente decreto resulta una exigencia patrimonial más alta que la de aplicar el criterio de capital mínimo, primará el requerimiento de margen de solvencia.

Artículo 4°. Régimen de solvencia. El régimen de solvencia es el conjunto de disposiciones que propenden por un prudente manejo de los recursos financieros y de los riesgos inherentes a la actividad de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas, de conformidad con lo señalado en el presente decreto. Dicho régimen comprende: el cumplimiento del monto mínimo establecido para el margen de solvencia; la constitución y mantenimiento de las reservas técnicas, según la metodología que se señala más adelante; y la inversión de estas reservas en los instrumentos que se determinan en el presente decreto que garantizan la diversificación del riesgo de las inversiones, cuya contrapartida en el pasivo son las reservas técnicas.

También dicho régimen incluye los controles de solvencia, que corresponde a las acciones que tomará la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con las normas que regulan la materia, frente a situaciones que incrementen la exposición de las entidades a los riesgos inherentes a su actividad, y cuyo propósito será el de evitar que las entidades entren en situación de insolvencia o quebranto patrimonial, o que se agraven estas circunstancias.

Artículo 5°. Monto del margen de solvencia. <Artículo sustituido por el artículo 3 del Decreto número 4789 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas deben mantener en todo momento y acreditar ante la Superintendencia Nacional de Salud, un monto de patrimonio técnico superior al monto de margen de solvencia,…".

"4.4. El diseño, diagramación, documentación y aprobación de los manuales del sistema de garantía de calidad de los procesos técnico-administrativos y de aseguramiento.

"4.5. El sistema de comunicación y atención eficiente para que los usuarios conozcan el valor de los pagos moderadores y demás pagos compartidos.

"4.6. La liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado. Incumplen las condiciones técnico-administrativas de operación las ARS que por causas imputables a ellas, no hayan liquidado los contratos de administración de régimen subsidiado.

Conforme a lo previsto en el artículo 3° del Decreto número 3260 de 2004, cuando la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado no solicite el giro directo de los recursos en el caso del numeral 1 del presente artículo, no podrá acogerse a lo previsto en el parágrafo del artículo 2° del Decreto número 882 de 1998". (Negrilla y Subraya fuera de texto).

"La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las entidades deban enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud de información que se les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de la información que se obtenga en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control; o a partir de las visitas que realice el organismo de control.

"Como consecuencia de la revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación de una Entidad Promotora de Salud o Entidad Administradora del Régimen Subsidiado, la Superintendencia Nacional de Salud podrá efectuar la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, adoptar medidas cautelares o permitir que la entidad a la cual se le revocó proceda de acuerdo con sus propios estatutos, previas instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud."

"1. Tener personería jurídica y estar organizadas como entidades promotoras de salud o empresas solidarias de salud. Estas últimas deberán estar constituidas como cooperativas, asociaciones mutuales o asociaciones de cabildos o resguardos indígenas.

2. Tener una razón social que la identifique como EPS del Sistema General de Seguridad Social en Salud o ESS.

3. Tener como objeto garantizar y organizar la prestación de los servicios incluidos en el POS-S. En consecuencia deberá afiliar y carnetizar a la población beneficiaria de subsidios en salud y administrar el riesgo en salud de esta población.

4. Disponer de una organización administrativa y financiera que le permita cumplir con sus funciones y responsabilidades, en especial, un soporte informático que permita operar en forma oportuna una base de datos actualizada de sus afiliados y sus características socioeconómicas y contar con un sistema de evaluación de la calidad de los servicios ofrecidos.

Parágrafo 1°. Cuando la administradora del régimen subsidiado posea red prestadora deberá establecer una separación de cuentas entre el patrimonio destinado a la actividad de la entidad Administradora del Régimen Subsidiado y el patrimonio que tenga por objeto la prestación del servicio. Cuando la entidad opere en el régimen contributivo, deberá administrar los recursos del régimen subsidiado en cuentas independientes". (Subrayado y Negrilla Nuestro).

Con base en los requerimientos documentales de la visita, Solsalud EPS suministró como parte de la información financiera las notas a los estados financieros y dictamen del Revisor Fiscal, correspondiente al año 2010.

• En la vigencia 2009 –2010, se observa que el rubro Inversiones presenta una disminución del 99.99% al pasar de $621.852 miles a $72 miles; así como, el Disponible con el 51.19% al pasar $6.704.193 a $3.272.208 miles, por lo que la EPS debe explicar la utilización y/o aplicación de los recursos, que dieron origen a las citadas variaciones.

"Según balance de prueba con corte a diciembre de 2009 para las inversiones cuenta 12100502 se encuentra saldo por valor de $621.852.447.07 que corresponde a la sumatoria de certificados de depósito por $619.840.000 y derechos fiduciarios por valor de $2.012.447.07.

En el Balance de prueba con corte a 31 de diciembre de 2010 el valor se disminuye a $72.304,20 debido que los certificados de depósito ($621.852.447.07) régimen Subsidiado se reclasificaron en la cuenta 1255200105 títulos de renta fija del régimen contributivo, registro que se evidencia en la nota contable L001-56198. La disminución en los derechos fiduciarios ($2.012.447.07) corresponde a registro por embargo a la fiducia suman, registro que se evidencia en la nota contable L001-57159.

Con respecto al disponible, la aplicación de los recursos se ejecutaron para dar cumplimiento a la operación normal de la compañía".

Al comparar los saldos del balance de prueba, con corte 31 de diciembre de 2008 y 2009, con los reportados por la EPS Solsalud en los mismos periodos, a través del archivo tipo 001 -Catálogo de cuentas, en cumplimiento de la Circular Única, se detectó diferencias en las cuentas efectivo, deudores, obligaciones financieras, cuentas por pagar y reservas, las cuales deben ser sustentadas por la EPS Solsalud, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

Efectivo: Al revisar la información se evidencia que no existe diferencia alguna entre lo reportado en la circular y los balances de prueba presentados en la visita, la 01 diferencia informada por la Superintendencia Nacional de Salud que aparece se da porque en el año 2008 el Balance por Régimen no totalizó la totalidad de las cuentas auxiliares en los balances de prueba separados por régimen; pero sí lo muestra correctos en el general donde las cuentas están discriminadas por régimen

(…)

(…)

(…)

Este valor fue reportado así hace 9 circulares; la administración ha ejecutado planes de Acciones tendientes a mejorar y optimizar la información presentada a la Superintendencia de Salud en la circular con el fin de no presentar este tipo de errores como se puede evidenciar en las presentaciones de los años 2010 y 2011.

Cuentas por Pagar: Al revisar la información se evidencia que no existe diferencia entre el valor reportado en circular con los valores contables del Balance de prueba; en el año 2008 los balances impresos por régimen no totalizó la totalidad de las cuentas auxiliares; estos se deben verificar en el balance consolidado donde aparecen registradas las cuentas separadas por régimen, las cuales se totalizan y arrojan el valor correcto de la cuenta por régimen que fue reportado como se detalla a continuación:

(…)

Reservas: Se presenta diferencia de $30.057.366 que corresponde al valor de la reserva registrada durante el año 2008; en el archivo tipo 01 del catálogo de cuentas se reportó el valor de $145.526.291 correspondiente al saldo inicial del año 2008. Siendo el valor a reportar $175.583.65 se evidencia que se cometió un error de digitación al colocar en el Archivo tipo 001 el saldo inicial y no el final del año 2008.

(…)".

Según se observa en el cuadro la diferencia en el año 2009 solo corresponde a la cuenta de efectivo con código 11 de la cual podemos certificar:

Que al revisar la información se evidencia que no existe diferencia entre el valor reportado en circular con los valores contables; el Balance de prueba no totalizó la cuenta 1125 y esta es la razón de la diferencia informada por la Superintendencia Nacional de Salud, los valores presentados en la circular y que aparecen en los registros contables son los mismos como se muestra a continuación:

(…)

SE CONFIRMA EL HALLAZGO. Frente a las diferencias presentadas en la información financiera en las vigencias 2008-2009, es pertinente aclarar que la Superintendencia Nacional de Salud, para efectos del análisis de la misma, tomó como base la información suministrada por la EPS Solsalud, en la visita, es decir, los Balances de Prueba Mensualizados Definitivos y la reportada a la Superintendencia Nacional de Salud, a través del Archivo Tipo 001 –Catálogo de Cuentas– Circular Única.

(…)

• Solsalud EPS, debe informar sobre los pagos efectuados a los proveedores y prestadores de servicios de salud, según "Relación de cheques de Tesorería para reversar o anular" con corte a abril de 2011, por valor de $6.885.528 miles, de los cuales $2.669.601 miles fueron reversados y $4.185.926 miles anulados, correspondientes al 39.21% y 60.79% respectivamente.

"(…)

Dentro de los cheques reversados se encuentran los valores girados por anticipos, los cuales son efectuados para atender en algunos casos prestación de servicios.

Los anticipos reversados cubiertos por la red corresponden al 1% del valor total los cuales no se cancelaron ya que los usuarios fueron atendidos con las IPS de la red que contrata la EPS. Un comprobante que equivale al 15% del valor, girado a la fundación cardiovascular se anuló por error en el comprobante al momento de la elaboración, facturas canceladas con embargos realizados ya que habían títulos en los juzgados a favor de estas IPS, lo cual representa el 1%.

Pendientes, valores que están en proceso de pago ya que se está conciliando la cartera con la IPS el cual representa el 12%

(…)"

• Producto de los procesos ejecutivos adelantados contra SOLSALUD, se tiene que de las cuentas bancarias corrientes, cinco (5) se encuentran en estado de embargo; situación que afecta el flujo de recursos, el pago de las cuentas a la red prestadora de servicios y puede limitar la oportunidad para el acceso al servicio de salud, de los usuarios del Régimen Subsidiado.

• En el período 2009-2010, la cuenta Inversiones presenta una disminución del 99.99% al pasar de $621.852 miles a $72 miles, mientras que a marzo y junio de 2011, SOLSALUD EPS registra Inversiones por valor de $11 miles. Situación que debe ser explicada por la EPS SOLSALUD.

"En el Balance de prueba con corte a 31 de diciembre de 2010 el valor se disminuye de 621.852 miles a $72.304,20 pesos debido que los certificados de depósito ($621.852.447.07) Régimen Subsidiado se reclasificaron en la cuenta 1255200105 títulos de renta fija del régimen contributivo, registro que se evidencia en la nota contable L001-56198.

La disminución en los derechos fiduciarios ($2.012.447.07) corresponde a registro por embargo a la fiducia sumar, registro que se evidencia en la nota contable L001-57159.

A junio de 2011 se utilizaron $61.623 pesos dentro de la operación del negocio, quedando $10.755 pesos".

(…)

Con respecto al disponible, la aplicación de los recursos se ejecutaron para dar cumplimiento a la operación normal de la compañía".

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje glosado del 39.87% por Comité Técnico Científico y 32.77% por Sentencias Judiciales, por el FOSYGA, a junio 30 de 2011, la EPS SOLSALUD, debe adelantar un plan de acción tendiente a subsanar el valor glosado, informando los resultados a la Superintendencia Nacional de Salud de los avances del mismo.

"Se adjunta Plan de Acción"

• La EPS SOLSALUD debe aclarar la diferencia presentada en cuantía de $556.725 miles entre el valor reportado en la cuenta 130505 –Cuentas por Cobrar al FOSYGA de $12.879.214 miles (Balance de Prueba), y el valor según estado de cartera suministrado por el Área de recobros de la EPS SOLSALUD por $13.435.939 miles, con corte a junio 30 de 2011.

"Con respecto a la diferencia de $556.725 miles entre el valor reportado en el balance de prueba y el valor suministrado por el área de recobros, corresponde a glosas y pagos que no habían sido descargados del aplicativo de recobros y sí habían sido descargados del sistema de información en el área contable, de tal manera que la información reportada en el balance de prueba es la que efectivamente se encuentra por cobrar al Fosyga".

• Frente a la gestión adelantada por SOLSALUD EPS ($3.440.825 miles), a efectos de recuperar la cartera con el FOSYGA, la EPS SOLSALUD debe informar a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados alcanzados con relación a estos procesos, por cada uno de los regímenes que administra.

• Frente a los valores glosados, SOLSALUD EPS ha iniciado acciones judiciales -demandas interpuestas ante el FOSYGA, para el recaudo de dineros por concepto de fallos de tutela y Comité Técnico Científico por un valor total de $717.486 miles, de los cuales se desconoce el valor correspondiente al Régimen Subsidiado, según anexo 14 del oficio de fecha 4 de agosto de 2011, aportado a la visita, por lo que la EPS-S debe informar a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados alcanzados con relación a estos procesos, por cada Régimen y por tipo de recobro.

"Se anexa Avances en la Gestión de Recuperación de Estos valores".

(…)"

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje pendiente de recobros por Comité Técnico Científico del 91.99% ($21.251.842 miles) y Sentencias Judiciales el 8.01% ($1.851.094 miles), al corte junio 30 de 2011, se recomienda adelantar un plan de acción tendiente a precisar y aclarar el saldo pendiente de recobros, informando los resultados a la Superintendencia Nacional de Salud de los avances del mismo, la no recuperación oportuna de los recursos por concepto de recobros ante las Entidades Territoriales, trae como consecuencia dificultades en el flujo de caja y en la operación.

"Se anexa Plan de Acción".

• A junio 30 de 2011, se evidencia que la EPS no obstante haber realizado algunas gestiones de cobro, estas no han sido efectivas, por cuanto las cuentas por cobrar UPC, ascienden a $80.971.708 miles, de las cuales $61.384.302 miles, son de vigencias anteriores, así mismo existe cartera con el FOSYGA por $12.879.214 miles y con Entidades Territoriales de $23.102.936 miles, situación que afecta la disponibilidad de recursos para cancelar la prestación de servicios de salud contratada.

"(…)

Al respecto es importante resaltar que los recursos pendientes UPCS, están conformados por:

w) La cartera de los contratos ya liquidados:

Dentro de este ítem se incorporó la cartera de los contratos liquidados con Entidades Territoriales, tanto con la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011, como los liquidados con anterioridad a la mencionada ley.

(…)

Como se puede evidenciar cuál sería el camino a seguir si los entes no reportan la información, indiscutiblemente seguir con las acciones jurídicas y dentro de los tiempos que estos procesos toman.

x) Los recursos de esfuerzo propio: De conformidad con lo establecido en el Decreto 971 de 2011 estos recursos han sido cedidos a la red pública, su respectivo registro en nuestro sistema de información solo puede efectuarse cuando llegue la constancia de giro a la entidad respectiva.

Sobre las gestiones adelantadas precisamos:

Al generar de manera mensual la carta mediante la cual autorizamos el giro de los recursos de esfuerzo propio a favor de la red pública, remitimos una copia a la IPS, para que tengan conocimiento.

Las gestiones directas con los entes territoriales son permanentes hasta lograr la entrega de los soportes.

(…)

En el mes de noviembre de 2011, estamos remitiendo nuevamente a los Entes Territoriales Derechos de petición y el oficio 2181 de la Procuraduría, esperando tener mejores resultados.

y) Los recursos de los municipios mayores a 100 mil habitantes que están manejando directamente el giro de los recursos:

(…)

El saldo restante corresponde a actas de liquidación que se encuentran en trámite de cruces de cuentas, pago por autorización a favor de la red, cesiones de crédito, o en gestiones directas de orden administrativo.

s) De las gestiones que referenciamos se logró una importante recuperación y los municipios que continúan con saldo son objeto de la gestión del Derecho de Petición y la instrucción del Oficio 2181 de la Procuraduría.

t) Para los municipios Mayores de 100 mil habitantes el saldo por aplicar corresponde a los municipios de Soledad y Malambo que aún no han entregado los soportes de los pagos y un saldo por las diferencias que algunos municipios presentan con referencia a la Liquidación Mensual de Afiliados, que están siendo objeto de revisión.

z) Los recursos restantes corresponden a los valores que en la actualidad se encuentran en proceso de liquidación. Son objeto de información por parte de la Dirección Nacional de Administración Entes Territoriales.

(…)

Por este concepto se registra un valor de $1.450.995 miles, que representa el 6.10% del valor en cartera UPC-S $23.804.625 miles, de los cuales $1.185.566 miles corresponden a favor de la IPS, $265.428 miles a favor de SOLSALUD EPS y $1.450.995 miles a favor de la Entidad Territorial, así:

La Regional Norte de Santander concentra la mayor participación de cuentas por cobrar en Cesión de crédito, con el $41.05% del valor total $1.450.994 miles.

Del total de la cartera en trámite de pago con cesión de crédito, autorizaciones de pago a la red y actas de compensación, por valor de $23.804.624 miles, de los cuales $20.228.610 miles corresponde a saldos a favor de las IPS, $2.699.060 miles a favor de SOLSALUD y $876.952 miles a Entidades Territoriales, SOLSALUD EPS debe informar el estado actual de la cartera en trámite de pago por los citados conceptos.

"Sobre este hallazgo procederemos a informar el estado actual de las cuentas por cobrar UPCS, que se encuentran en acuerdos de pago, conciliaciones, incluyendo fechas, edad, generados con corte 30 de septiembre de 2011.

Reiteramos que dentro de las diferentes alternativas y gestiones que adelantamos tenemos la aprobación y concertación de los pagos a favor de nuestra red prestadora de servicios a través de mecanismos como realizar cesiones de crédito; autorizaciones y actas de compensación de obligaciones cuando existen saldos en favor y en contra de SOLSALUD EPS y de los Entes, lo que se traduce en una importante herramienta de cobro y, por ende, de pago para nuestra red prestadora de servicios.

(…)

Se entregan tres cuadros con información detallada donde se incorpora una columna con observación para conocer el motivo del no pago al 30 de septiembre de 2011.

a) Cuentas por cobrar UPCS en trámite de pago con Autorizaciones de pago a favor de la red actualizado y con observaciones a 30 de septiembre de 2011. (45 Folios).

b) Cuentas por cobrar UPCS en trámite de pago con Cesión de crédito actualizado y con observaciones a 30 de septiembre de 2011. (1 Folio).

c) Cuentas por cobrar UPCS en trámite de Acta de compensación de obligaciones actualizado y con observaciones a 30 de septiembre de 2011 (3 Folios)".

• Al efectuar el cruce entre el valor reportado en el balance de prueba, con corte junio 30 de 2011, código 133010 -Anticipos y avances a contratista por $16.117.893 miles, y la información suministrada por la EPS, por este concepto por valor de $15.811.651 miles, se presenta una diferencia de $306.242 miles, la cual debe ser aclarada por la EPS SOLSALUD. Situación que genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

• "Es importante resaltar que los Anticipos y Avances a Proveedores cuenta 133005 no está contemplada dentro del Cálculo del Margen de Solvencia establecido en la Resolución 2094 de 2010.

• Así mismo dentro del proceso de saneamiento contable se ha colocado especial intereses en la depuración y legalización de esta cuenta. Se han venido legalizando con la solicitud de los soportes a las diferentes IPS y así proceder a su legalización y contabilización.

• Además se está desarrollando un Plan de Trabajo con la Red de Prestadores, con el fin de lograr la consecución de los soportes que permitan la legalización de los anticipos. Así mismo se han realizado mejoras en el Proceso y procedimientos de legalización de Anticipos.

• De acuerdo a las últimas normas expedidas por el Ministerio de la Protección Social establecen la obligatoriedad de las IPS de presentar las facturas para efectuar el giro de los recursos, situación que va a mejorar la legalización de los anticipos que se tengan por estos conceptos, cumpliendo con los plazos establecidos".

• Teniendo en cuenta que a junio 30 de 2011, existen anticipos y avances a proveedores y contratistas pendientes de legalizar por valor de $5.622.165 miles y $16.117.893 miles, respectivamente, la EPS SOLSALUD debe adelantar un plan de acción tendiente a subsanar dichos anticipos, informando a la Superintendencia Nacional de Salud las acciones que adelante al respecto, precisando la fecha del anticipo, nombre del beneficiario, valor del anticipo, valor legalizado, saldo pendiente por legalizar y edad en días. Situación esta que afecta el resultado del margen de solvencia.

"Es importante resaltar que los Anticipos y Avances a Proveedores cuenta 133005 no está contemplada dentro del Cálculo del Margen de Solvencia establecido en la Resolución 2094 de 2010.

Así mismo dentro del proceso de saneamiento contable se ha colocado especial interés en la depuración y legalización de esta cuenta. Se han venido legalizando con la solicitud de los soportes a las diferentes IPS y así proceder a su legalización y contabilización.

Además se está desarrollando un Plan de Trabajo con la Red de Prestadores, con el fin de lograr la consecución de los soportes que permitan la legalización de los anticipos. Así mismo se han realizado mejoras en el Proceso y procedimientos de legalización de Anticipos.

(…)".

• SOLSALUD EPS, según balance de prueba a junio 30 de 2011, registra en la cuenta 13309502 - Otros Anticipos y Avances, un saldo de $8.596.983 miles, por concepto de cuentas por cobrar al FOSYGA (Sentencias Judiciales y Comité Técnico Científico), cuenta que debe ser reclasificada al código 130505 - Cuentas por Cobrar al FOSYGA, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3° de la Resolución 1424 del 7 de octubre de 2008, por la cual se modifica la Resolución 724 de junio 10 de 2008.

"A partir del mes de julio de 2011 se reclasificaron estos valores teniendo en cuenta la normatividad vigente en la Resolución 1424 del 2007 y la circular externa 049 de 2008; a través de un proceso de depuración y auditoría a la cuenta 133095 se realizaron los registros correspondientes y se trasladaron los saldos a las cuentas por cobrar al Fosyga código 130505".

(…)

• A junio 30 de 2011, se determina que no es posible establecer la razonabilidad del saldo de la cuenta "Depósitos para Juicios Ejecutivos" de $7.963.003 miles, por cuanto no se ha efectuado la depuración de los valores registrados a fin de establecer el universo de embargos a cargo de la entidad y su conciliación con los valores de los depósitos judiciales, por lo tanto, los estados financieros no presentan razonabilidad en las cifras. Situación esta que afecta el flujo de recursos.

"Es de resaltar que el Saldo de la Cuenta -Depósitos contablemente se encuentra depurada y por Régimen, así mismo se conoce la totalidad de los embargos a nombre de la Entidad, por lo tanto, Solsalud EPS no está de acuerdo con la afirmación de que los Estados Financieros no presentan razonabilidad.

Por lo anterior, se presenta el nuevo cuadro consolidado con la respectiva discriminación de los regímenes al cual corresponden cada uno de los acuerdos de pago y/o transacción, tal como lo planteó la Superintendencia Nacional de Salud en el correspondiente informe de visita, el cual se encuentra nuevamente presentado por regionales, con información de cantidad, ciudad donde se adelantó el acuerdo de pago o el proceso jurídico, entidad demandante, pretensiones iniciales, valor conciliado, luego encontramos discriminados los valores correspondientes a régimen contributivo, régimen subsidiado, intereses, honorarios, pendientes y estado del proceso bien sea pre jurídico o jurídico.

Es de aclarar que por error involuntario dentro de la primera información suministrada por SOLSALUD EPS S. A. a la Superintendencia Nacional de Salud, en lo que corresponde a la regional Norte, se repitieron los datos de una transacción, el cual fue detectado y corregido en la presente revisión, lo cual advertimos en aras de no crear confusión alguna al respecto.

(…)

• La EPS SOLSALUD debe informar a la Superintendencia Nacional de Salud, frente a la gestión adelantada en el tema de embargos, los avances y resultados de la misma, por cada uno de los regímenes que administra, en razón a que la información suministrada se presentó en forma consolidada, y no permite establecer lo correspondiente al Régimen Subsidiado.

…"Hoy, la compañía continúa trabajando incansablemente a través de sus directivos, coordinadores y abogados con el objeto primordial de lograr en primera instancia evitar la instauración de demandas ejecutivas ante los estrados judiciales, con la suscripción de acuerdos de pago y la terminación de los procesos ejecutivos que ya se encuentran en marcha en los diferentes juzgados del país, a través de acuerdos de pago y transacciones haciendo uso de los recursos que se encuentran allí mismo dentro de los procesos, producto de los embargos que han procedido a aplicar los Bancos, el Fosyga y los Entes Territoriales.

SOLSALUD EPS S.A. se ha mantenido siempre con disposición y buena voluntad para conciliar dichos procesos ejecutivos y principalmente los que poseen recursos embargados, pues son dineros que se encuentran a disposición de los procesos en los diferentes juzgados y está claro que no es allí donde deben estar sino en poder de la EPS, de las instituciones prestadoras del servicio de salud, o sus acreedores.

(…)

• Se determina que la provisión UPC-S por cobrar efectuada por valor de $11.897.892 miles, a junio 30 de 2011, no corresponde a la provisión sobre las cuentas por cobrar por UPC, con mora superior a 360 días de vencidas, sino al total de la provisión efectuada por los conceptos: Recobros AR, Recobros Alto Costo, Cuentas por Cobrar UPC-S, Recobros Entidades y Recobros al FOSYGA, situación que no permite establecer el valor de la provisión efectuada sobre las cuentas por cobrar UPC-S, con mora superior a 360 días de vencidas.

• La EPS SOLSALUD, a junio 30 de 2011, no está dando cumplimiento a las normas del Sistema General de Seguridad Social de Salud, en el tema de provisiones, toda vez, que no provisiona el 100% de las cuentas por cobrar UPC superiores a 360 días ($61.384.302 miles), de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2094 de 2010. Situación que afecta la liquidez de la EPS y el resultado del margen de solvencia, al dejar de provisionar la suma de $49.486.410 miles.

"En lo referente a la Provisión Cuentas por Cobrar UPCS, Solsalud EPS aplica la normatividad vigente en la Resolución 724 de 2008 y Resolución 2093 de 2010; con base en la cual explicamos cómo se realiza la provisión:

(…)

Como se observa si se está cumpliendo con la provisión de cartera conforme a lo establecido en la normatividad vigente, aplicando el método de provisión general de cartera que indica:

(…)

Y se aplica el Decreto 2094 de 2010 en lo referente a la cartera mayor a 360 días sin acuerdos de pago calculando el 100% de provisión.

(…)

El valor total de la cartera por edades es igual al presentado a la Supersalud en los formatos Tipo 009 -010 en la Circular única enviada con corte a 30 de junio de 2011, distribuidos así:

(…)".

• De acuerdo con el Archivo Tipo 017/018 –Circular Única, con corte a 30 de junio de 2011, las cuentas por pagar a proveedores ascienden a $91.411.490 miles, de las cuales $77.210.420 miles corresponden a deudas por pagar superiores a 30 días, por lo que la EPS SOLSALUD, presuntamente está incumpliendo el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, los artículos 5°, 6°, 7° y 23 del Decreto 4747 de 2007, la Resolución 003047 de 2008, en lo relacionado con el flujo de recursos.

"Dentro del Archivo tipo 17 del Régimen Subsidiado, por cuanto el Archivo tipo 18 es del Régimen Contributivo, no se contempla la Cartera sin vencer y la Cuenta 22051002 corresponde a la totalidad de la Cartera Vencida y sin vencer, por lo tanto el total reflejado en este archivo no es el total de la Cuenta en el Balance. Por lo anterior no estamos de acuerdo a que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros, por cuanto no existen diferencias.

Para el pago a la Red de Prestadores Régimen Subsidiado, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de la Protección Social y las políticas de la compañía, se ha realizado giro directo a las IPS por parte del Ministerio de la Protección Social de los municipios menores de 100.000 habitantes, para las fuentes financiación SGP y Fosyga. Así mismo en el caso de las Fuentes de Financiación Recursos Propios y para los municipios mayores a 100.000 habitantes, la empresa ha autorizado el giro de los recursos a las IPS por parte del ente Territorial; garantizando así los pagos de servicios de salud a la Red de Prestadores".

• La EPS SOLSALUD debe aclarar la diferencia presentada en cuantía de $8.172.620 miles, entre el valor reportado en la cuenta 22051002 –Prestadores de servicios de salud por $99.584.110 miles, y el valor reportado en el Archivo tipo 017/018 -Circular Única, por $91.411.490 miles. Situación que genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

"Dentro del Archivo tipo 17 del Régimen Subsidiado, por cuanto el Archivo tipo 18 es del Régimen Contributivo, no se contempla la Cartera sin vencer y la Cuenta 22051002 corresponde a la totalidad de la Cartera Vencida y sin vencer, por lo tanto el total reflejado en este archivo no es el total de la Cuenta en el Balance. Por lo anterior no estamos de acuerdo a que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros, por cuanto no existen diferencias.

Para el pago a la Red de Prestadores Régimen Subsidiado, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de la Protección Social y las políticas de la compañía, se ha realizado

giro directo a las IPS por parte del Ministerio de la Protección Social de los municipios menores de 100.000 habitantes, para las fuentes financiación SGP y Fosyga. Así mismo en el caso de las Fuentes de Financiación Recursos Propios y para los municipios mayores a 100.000 habitantes, la empresa ha autorizado el giro de los recursos a las IPS por parte del ente Territorial; garantizando así los pagos de servicios de salud a la Red de Prestadores".

• Al efectuar el cruce entre el valor reportado en el balance de prueba a junio 30 de 2011, por concepto Otros Costos y Gastos por Pagar del Régimen Subsidiado ($3.228.105 miles), y el saldo de según libro auxiliar de la cuenta Otros Costos y Gastos por Pagar del Régimen Subsidiado ($3.153.488 miles), se presenta una diferencia de $74.617 miles, la cual debe ser explicada por la EPS SOLSALUD.

La EPS SOLSALUD no se pronuncia frente a este hallazgo.

• Según Balance de prueba a junio 30 de 2011, la cuenta "Otros Costos y Gastos por Pagar" registra un saldo de $3.228.105 miles, al respecto se requiere indicar el detalle de los beneficiarios, concepto, edad de la cartera y valor.

"Al verificar se observa que existe un valor general que no fue discriminado por Beneficiario, para lo cual Solsalud EPS está adelantando un Plan de Acción, para efectos de determinar a qué Beneficiarios corresponde este valor.

Se anexa el Detalle de la Cuenta -Otros Costos y Gastos por Pagar"

• SOLSALUD EPS no obstante registrar en las cuentas de orden acreedoras 931505 y 961505 el valor de las facturas devueltas por glosas de $56.859.022 miles, no registra el 100% de las mismas en la cuenta 264520 –Provisión glosas ($2.500.000 miles), situación esta que no permite que la cuenta de orden y el valor provisionado sean iguales (parágrafo 3° Resolución 2094 de 2010), afectando por consiguiente el resultado del margen de solvencia.

"En lo referente a la Provisión de Glosas, como establece el Decreto 2094 de diciembre de 2010, que el valor registrado en la cuenta 264520 Provisión por Glosas debe corresponder al valor registrado en las Cuentas de orden (9315); específicamente diciembre 2010, marzo y junio de 2011, para el cálculo del Margen de Solvencia Solsalud EPS tuvo en cuenta la Cuenta de Provisión de Glosas 264520, como lo establece la norma y no lo reflejado en la Cuenta de Orden Acreedoras, por cuanto esta se encuentra en Proceso de Depuración, dentro del Saneamiento Contable, ya que esta cuenta registraba la totalidad de las glosas y no solo las facturas devueltas por glosas como lo establece la norma, y no era posible hasta terminar la depuración de la misma determinar e identificar solo el valor correspondiente a facturas devueltas por glosas esta cuenta se terminó de depurar para la presentación de la información financiera y contable a septiembre de 2011.

La Cuenta de orden Acreedora son "cuentas de registro utilizadas para efecto de control interno, de pasivos y patrimonio", como lo indica la Resolución 724 de 2008, por lo tanto no afectan en ningún momento a los Estados Financieros de la Entidad".

• Teniendo en cuenta que existen facturas devueltas por glosas con mora superior a 90 días, por valor de $47.860.014 miles, SOLSALUD EPS debe adelantar un plan de acción a efectos de depurar y conciliar los valores pendientes con la red prestadora de servicios de salud e informar a la Superintendencia Nacional de Salud, de los resultados que se adelanten al respecto.

"En lo referente a la Provisión de Glosas, como establece el Decreto 2094 de diciembre de 2010, que el valor registrado en la cuenta 264520 Provisión por Glosas debe corresponder al valor registrado en las Cuentas de orden (9315); específicamente diciembre 2010, marzo y junio de 2011, para el cálculo del Margen de Solvencia Solsalud EPS tuvo en cuenta la Cuenta de Provisión de Glosas 264520, como lo establece la norma y no lo reflejado en la Cuenta de Orden Acreedoras, por cuanto esta se encuentra en Proceso de Depuración, dentro del Saneamiento Contable, ya que esta cuenta registraba la totalidad de las glosas y no solo las facturas devueltas por glosas como lo establece la norma, y no era posible hasta terminar la depuración de la misma determinar e identificar solo el valor correspondiente a facturas devueltas por glosas esta cuenta se terminó de depurar para la presentación de la información financiera y contable a septiembre de 2011.

La Cuenta de orden Acreedora son -cuentas de registro utilizadas para efecto de control interno, de pasivos y patrimonio, como lo indica la Resolución 724 de 2008, por lo tanto no afectan en ningún momento a los Estados Financieros de la Entidad".

De otra parte se determina que la EPS incumple con lo establecido en el Decreto 4747 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, en lo relacionado con el trámite de glosas, teniendo en cuenta que existen facturas devueltas por glosas con mora superior a 30 días, de acuerdo con la información suministrada por la EPS.

"Al verificar la cuenta Ingresos recibidos por anticipado /Depósitos recibidos de terceros en Administración (Recursos UPC-S –RS no identificados) código 27056002 -Balance de Prueba, a 30 de junio de 2011, se observa que su saldo es cero ($0.00), no obstante se determinó que los recursos recibidos por este concepto son contabilizados en la subcuenta 28051002 –Otros pasivos -Anticipos y avances recibidos, por lo que la EPS incumple lo establecido en el artículo 1° de la Resolución 2094 de 2010, al no registrar los ingresos no identificados por UPC-S en la cuenta código 27056002, Situación esta que afecta el resultado del margen de solvencia".

"Frente a que a diciembre 31 de 2010, no se cumple con el Margen de Solvencia Régimen Subsidiado es importante mencionar que el día 28 de abril de 2011 se radicó comunicado en la Supersalud con NURC 1-2011-031793; explicando lo siguiente:

"En referencia al cálculo de margen Solvencia Régimen Subsidiado a corte diciembre 31 de 2010, enviado a su dependencia con fecha marzo 8 de 2011, me permito aclarar que el valor registrado en la cuenta 27056002 corresponde únicamente al valor de la cartera facturada del mes enero de 2011, la cual es causada en su respectivo ingreso en enero de 2011. Que dentro de este valor de la cuenta 27056002 la EPS no ha registrado valor alguno por Ingresos recibidos por anticipado / Depósitos recibidos de terceros en administración (Recursos UPC-S no identificados) sin identificar, como lo define la Resolución 2094 de 2010.

En conclusión, se aclara que el saldo de la cuenta 27056002 por Ingresos recibidos por anticipado / Depósitos recibidos de terceros en administración (Recursos UPC-S no identificados) sin identificar a diciembre 31 de 2010 es cero (0)".

(…)

Aclaramos que lo registrado en la cuenta 28051002 a esta cuenta se llevan valores que deben ser definidos con el ente territorial en el momento de la liquidación del contrato PERO DESDE NINGÚN PUNTO DE VISTA SON INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO".

Esta diferencia corresponde a un cruce de información entre el régimen subsidiado y el Contributivo en la cuenta 42 debido a que no se reportó en la circular archivo tipo 001 del Régimen Subsidiado el valor de $4.180.125.144,60, y se reportó en Archivo tipo 001 en

Régimen Contributivo, correspondiente a la cuenta 42651002 administración del régimen de seguridad social en salud como se muestra a continuación:

(…).

(…)

• A diciembre 31 de 2009 la cuenta 61 -Costos de Ventas y de Prestación de Servicios presenta una diferencia por valor de $2.469.165 miles, según el Estado de Ganancias y Pérdidas suministrado por la entidad y catálogo de cuentas Archivo Tipo 001 -Circular Única, las cuales deben ser aclaradas por la EPS, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

"AÑO 2009

Al revisar la información se evidencia que no existe diferencia entre el valor reportado en circular con los valores contables del Balance de prueba; en el año 2009 los balances impresos por régimen no totalizó la totalidad de las cuentas auxiliares, se debe verificar en el balance consolidado donde aparecen registradas las cuentas separadas por régimen, las cuales se totalizan y arrojan el valor correcto de la cuenta por régimen que fue reportado como se detalla a continuación:

(…)

Así mismo se puede corroborar en los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros Certificados.

Como se puede observar el valor reportado es el correcto, y es el que aparece contablemente en los balances de prueba, por lo anterior Solsalud no está de acuerdo con las observaciones presentadas por la Superintendencia Nacional de Salud, respecto a la incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los Estados Financieros, ya que como se evidencia no existe diferencia entre los Auxiliares y lo reportado en la Circular Única".

Es importante precisar que la Circular Única en el Título I Capítulo Primero, numeral 7 relacionado con el reporte de información, establece: "El envío de la información que deben presentar a esta Superintendencia los vigilados a quienes se dirige la Circular Única, es responsabilidad de los representantes legales de las Entidades".

"De igual manera, los contadores y revisores fiscales serán responsables en el evento que se suministren datos contrarios a la realidad y/u ordenen, toleren, hagan o encubran falsedad en la información remitida a esta Superintendencia en los términos que señalan los artículos 10 de la Ley 43 de 1990, 207 y siguientes del Código de Comercio y 43 de la Ley 222 de 1995".

• El valor de la contratación con las Empresas Sociales del Estado asciende a $100.552.698 miles a junio 30 de 2011, y corresponde al 58.17% del total costo de ventas y prestación de servicios de $172.865.673 miles; frente al 60% exigido se presenta un incumplimiento del 1.83%, situación que debe ser aclarada por la EPS SOLSALUD.

"Para dar alcance a la observación es indispensable acudir a lo dispuesto por la Resolución 3734 de 2005 que determina las Regionales donde SOLSALUD EPS S.A. puede hacer presencia en el Régimen Subsidiado discriminadas de la siguiente manera: Regional Norte, Nororiental y Centrooriental y en los departamentos excepcionales de Tolima y Caldas; la definición de las regionales ésta contenida en el artículo 2 de la Resolución 1013 de 2005.

La distribución y el promedio de usuarios de cada una de las Departamentales y Regionales por municipios de cada regional es el siguiente:

(…)

(…)

Ese porcentaje mínimo de contratación se encuentra supeditado a que efectivamente el municipio de residencia del afiliado garantice que exista capacidad resolutiva y que se dé cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas.

(…)

En lo referente al cumplimiento del 60% de Contratación con las Empresas Sociales del Estado, es importante aclarar que el valor registrado en los Estados financieros corresponde a los valores causados, pero existen facturas pendientes por radicar de las ESE y por ende no han sido registradas en el Sistema de Información Financiero, lo cual afecta el cálculo del porcentaje de cumplimiento".

Si se provisiona el 100% de las glosas reportadas en las cuentas de orden por valor de $56.859.023 miles, a junio de 2011, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2094 de 2011, el margen de solvencia pasaría de $4.355.530 miles a un valor negativo de $53.628.821 miles, situación que pone en riesgo la viabilidad y sostenibilidad financiera de SOLSALUD EPS.

"La totalidad de las glosas registradas en las cuentas de orden no se tuvieron en cuenta para el cálculo del margen de solvencia según explicaciones dadas en varios de los apartes de este informe.

Por lo tanto SOLSALUD EPS si acredita el margen de solvencia, siendo consecuente esto con los reportes de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD en la página web, y en los medios de comunicación masivos, por los cuales nos enteramos de negativos tan grandes en el margen de solvencia como el de Caprecom de $ -297.000.000".

Por lo anterior, el Margen de Solvencia con corte a 30 de junio continúa negativo en $53.628.821; por lo tanto, SOLSALUD EPS incumple el indicador de permanencia.

• Al confrontar los saldos de los balances de prueba mensualizados definitivos suministrados por SOLSALUD EPS, al corte 31 de diciembre de 2008 y 2009, con los reportados, a través del Archivo tipo 001-Catálogo de cuentas, en cumplimiento de la Circular Única, se detectó diferencias en las cuentas: Efectivo, deudores, propiedad planta y equipo, obligaciones financieras y cuentas por pagar, las cuales deben ser sustentadas por la EPS SOLSALUD, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

"AÑO 2008

EFECTIVO: Al revisar la información se evidencia que no existe diferencia alguna entre lo reportado en la circular y los balances de prueba presentados en la visita, las diferencia informada por la Superintendencia Nacional de Salud que aparece se da porque en el año 2008 el Balance por Régimen no totalizo la totalidad de las cuentas auxiliares en los balances de prueba separados por régimen; pero sí lo muestra correctos en el General donde las cuentas están discriminadas por régimen como se explica a continuación:

(…)

DEUDORES: No existe diferencia, entre el valor reportado y lo que aparece en los balances de prueba como se muestra a continuación:

(…)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

No existe diferencia entre el valor reportado y lo reflejado en el balance de prueba como se muestra a continuación:

(…)

Efectivamente se encuentra una diferencia de $2.347.847 miles entre el valor reportado y los balances de prueba como se muestra a continuación:

(…)

CUENTAS POR PAGAR: No existe diferencia entre lo reportado en el formato 01 y el balance de prueba como se muestra a continuación:

(…)

Según cuadro de diferencias en el año 2009 solo aparece la cuenta deudores.

DEUDORES:

Al revisar la información se evidencia que no existe diferencia alguna entre lo reportado en la circular y los balances de prueba presentados en la visita, la diferencia informada por la Superintendencia Nacional de Salud que aparece se da porque en el año 2009 el Balance por Régimen no totalizó la totalidad de las cuentas auxiliares (cuenta 1305550413 por valor de $90.697.528) en los balances de prueba separados por régimen; pero sí lo muestra correctos en el general donde las cuentas están discriminadas por régimen como se explica a continuación:

SE CONFIRMA EL HALLAZGO. Frente a las diferencias presentadas en la información financiera en las vigencias 2008-2009, es pertinente aclarar que la Superintendencia Nacional de Salud, para efectos del análisis de la misma, tomó como base la información suministrada por la EPS SOLSALUD, en la visita, es decir, los Balances de Prueba Mensualizados Definitivos y la reportada a la Superintendencia Nacional de Salud, a través del Archivo Tipo 001 - Catálogo de Cuentas - Circular Única.

Si bien es cierto las explicaciones otorgadas por la entidad son razonables, la EPS no aporta la información financiera correspondiente, situación esta que no permite verificar lo manifestado por la EPS, lo que genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

Una vez analizadas cada una de las cuentas que componen los estados financieros se tiene el siguiente comportamiento:

Es importante precisar que la Circular Única en el Título I Capítulo Primero, numeral 7 relacionado con el reporte de información, establece: "El envío de la información que deben presentar a esta Superintendencia los vigilados a quienes se dirige la Circular Única, es responsabilidad de los representantes legales de las Entidades".

"De igual manera, los contadores y revisores fiscales serán responsables en el evento que se suministren datos contrarios a la realidad y/u ordenen, toleren, hagan o encubran falsedad en la información remitida a esta Superintendencia en los términos que señalan los artículos 10 de la Ley 43 de 1990, 207 y siguientes del Código de Comercio y 43 de la Ley 222 de 1995".

• Subestimación de la cuenta proveedores: La Resolución 724 de 2008, por la cual se adopta el Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, en la descripción y dinámica de la cuenta 22 Proveedores, establece que: "en esta cuenta se registran las obligaciones contraídas en moneda nacional por el ente económico con proveedores de bienes y servicios para las IPS y de proveedores de servicios de salud para las EPS", disposición que no ha sido tenida en cuenta por parte de SOLSALUD EPS, al registrar como sobregiro contable en el balance general a junio 30 de 2011, deudas por valor de $2.011.261 miles, con la red de servicios correspondiente a facturas no canceladas; razón por la cual se subestima el saldo de la cuenta Proveedores y/o Reservas Técnicas (Facturas al cobro IPS), al no reflejar el saldo real de las obligaciones pendientes de pago, situación que afecta el resultado del margen de solvencia y por ende la gestión del aseguramiento en salud.

"Solsalud EPS no está de acuerdo con esta afirmación debido a que el saldo que quedó en la cuenta sobregiros bancarios corresponde a cheques efectivamente entregados que se giraron y no habían sido cobrados pero que se debían dejar registrados pues se habían entregado a los respectivos proveedores quienes los cobraron en los meses posteriores".

• Las inversiones a junio 30 de 2011, presentan un saldo de $2.613.744 miles, reflejándose una diferencia de $717.118 miles, respecto del valor certificado por la EPS SOLSALUD en la suma de $1.896.626 miles, la cual debe ser justificada por SOLSALUD EPS.

"Se relacionó un menor valor en la Certificación en las Acciones de Servir, siendo el valor correcto $1.981.870 miles, así el total de la cuenta inversiones es de $2.628.496 miles.

La Diferencia con el total del balance de prueba $2.613.743 miles, corresponde a los $14.752 miles que se encuentran negativos.

Esta diferencia corresponde a un error de digitación de los saldos iniciales, el cual será revisado y auditado y depurado, para proceder a su corrección".

• Se requiere precisar el objeto de las inversiones por valor de $2.613.744 miles y la procedencia de los recursos que justifique su constitución.

La EPS SOLSALUD no se pronunció frente a este hallazgo.

De acuerdo con la relación de inversiones suministrada por SOLSALUD EPS, es preciso que la EPS justifique el saldo negativo por valor de $14.752 miles que registra la inversión en la Corporación Canal de Televisión Local Ciudadana del Área Metropolitana de Bucaramanga.

"Esta diferencia corresponde a un error de digitación en los saldos iniciales, el cual será revisado y auditado y depurado, para proceder a su corrección".

• Al verificar el cumplimiento de lo establecido en los Decretos número 574 y 1698 de 2007, con relación a la constitución de la inversión de las reservas técnicas, al corte junio 30 de 2011, se determina con base en los cálculos efectuados a cada una de las cuentas objeto de inversión, que la EPS SOLSALUD presenta una insuficiencia de inversión por valor de $7.050.986 miles, por lo que la EPS incumple con lo previsto en la normatividad vigente.

"Se ha venido realizando los planes de acción tendiente para dar cumplimiento de la Inversión de las Reservas Técnicas, de acuerdo a los plazos establecidos por la norma. A junio de 2011 se cuenta con el 83.63% del cumplimiento de las Inversiones de la Reservas Técnicas.

Para dar cumplimiento al Decreto número 970 de 2011, Solsalud EPS está adelantando las acciones pertinentes para dar cumplimiento al 100%, en las fechas estipuladas por la norma.

• Teniendo en cuenta el alto porcentaje glosado del 23.73% por Comité Técnico Científico y 22.28% por Sentencias Judiciales, a junio 30 de 2011, la EPS SOLSALUD, debe adelantar un plan de acción tendiente a subsanar el valor glosado, informando los resultados a la Superintendencia Nacional de Salud de los avances del mismo.

"Se anexa Plan de Acción".

• Al efectuar el cruce entre el valor reportado en el Catalogo de cuentas Archivo Tipo 001 de la Circular Única, al corte 30 de junio de 2011, por concepto de recobros al FOSYGA, en las cuentas código 1305050120 - Recobros por cumplimiento Sentencias Judiciales y 1305050125 - Recobros no POS Comité Técnico Científico y la información suministrada por el Área de recobros de la EPS SOLSALUD, se presenta una diferencia de $4.714.950 miles, la cual debe ser justificada por la EPS SOLSALUD, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

"Con respecto a la diferencia en el reporte del archivo tipo 001 de la circular única aclaramos que estas diferencias se originan en el aplicativo de recobros debido a que se evidenciaron datos que ya habían sido cancelados por el Fosyga y que contablemente fueron descargados pero en el aplicativo de recobros se encontraban vigentes, y que dentro del proceso de depuración que ha adelantado SOLSALUD EPS para estas cuentas se actualizaron los datos en el aplicativo de recobros".

Es importante precisar que la Circular Única en el Título I Capítulo Primero, numeral 7 relacionado con el reporte de información, establece: "El envío de la información que deben presentar a esta Superintendencia los vigilados a quienes se dirige la Circular Única, es responsabilidad de los representantes legales de las Entidades".

"De igual manera, los contadores y revisores fiscales serán responsables en el evento que se suministren datos contrarios a la realidad y/u ordenen, toleren, hagan o encubran falsedad en la información remitida a esta Superintendencia en los términos que señalan los artículos 10 de la Ley 43 de 1990, 207 y siguientes del Código de Comercio y 43 de la Ley 222 de 1995".

• Se observa según el consolidado glosas FOSYGA por edad de cartera suministrado con corte a junio 30 de 2011, que las cuentas por cobrar al FOSYGA por Sentencias Judiciales y Comité Técnico Científico, con mora superior a 360 días ascienden a la suma de $9.607.767 miles y representan el 89.62% del total ($10.720.161 miles), en tanto que de acuerdo con la información reportada a través del Archivo Tipo 027 - Circular Única, los recobros con mora mayor a 360 días, ascienden a la suma de $7.935.468 miles y representan el 51.41% del total $15.435.111 miles, presentándose diferencia en la clasificación de la cartera por edades, situación que debe ser aclarada por la EPS SOLSALUD.

"Con respecto a la diferencia en el reporte del archivo tipo 027 de la circular única aclaramos que estas diferencias se originan en el aplicativo de recobros debido a que se evidenciaron datos que ya habían sido cancelados por el Fosyga y que contablemente fueron descargados pero en el aplicativo de recobros se encontraban vigentes, y que dentro del proceso de depuración que ha adelantado SOLSALUD EPS para estas cuentas se actualizaron los datos en el aplicativo de recobros".

• La EPS SOLSALUD debe proceder a reclasificar la cuenta 133095 - Otros Anticipos y Avances - Régimen Contributivo (Cuentas por cobrar al FOSYGA por Sentencias Judiciales y Comité Técnico Científico), a la cuenta 130505 Cuentas por Cobrar al FOSYGA, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 1424 del 07 de octubre de 2008, por la cual se modifica la Resolución 724 de junio 10 de 2008, contentiva del Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que Administran Planes Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda.

• La información suministrada por la EPS relacionada con la gestión de recuperación de la cartera con el FOSYGA, corresponde a los regímenes Subsidiado y Contributivo, por lo que la EPS debe separar la misma por cada uno de los regímenes que administra, a efectos de la verificación de la información por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, para lo cual debe informar los avances de la misma.

"Se anexa avance de las Gestiones realizadas"

• Frente a los valores glosados, SOLSALUD EPS ha iniciado acciones judiciales -demandas interpuestas ante el FOSYGA, para el recaudo de dineros por concepto de fallos de tutela y Comité Técnico Científico, por un valor total de $717.486 miles, de los cuales se desconoce el valor correspondiente al Régimen Contributivo, según anexo 14 del oficio de fecha 04 de agosto de 2011, aportado a la visita. Al respecto la EPS-S debe informar a la Superintendencia Nacional de Salud, los resultados alcanzados con relación a estos procesos, en forma separada por cada Régimen y por tipo de recobro.

"Inicialmente se interpusieron demandas ejecutivas ante los juzgados segundos, tercero y cuarto laboral del circuito de la ciudad de Bucaramanga, dentro de los radicados 2011-279, 2011-300 y 2011-244, respectivamente, por concepto de recobros por CTC y Acciones de Tutela, en la razón del domicilio del demandante, en el caso de SOLSALUD EPS S.A., es en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que dichos despachos judiciales sostenían que tratándose de cobros de facturas de salud eran competentes de conformidad con el CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DECRETO-LEY 2158 DE 1948, modificado por la Ley 712 DE 2001, artículo 2°, que dice:

(…)

En consecuencia, una vez sean admitidas las demandas y se libren los respectivos mandamientos de pago, se informará en detalle los estado de cada uno".

• Teniendo en cuenta que figuran cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud IPS desde el año 2008, según el libro auxiliar cuenta código 130555, SOLSALUD EPS debe adelantar un plan de acción tendiente a depurar dicha cuenta, informando a la Superintendencia Nacional de Salud las acciones que se adelanten al respecto, precisando además el tipo de descuento otorgado.

"PLAN DE ACCIÓN

(…)".

• Al efectuar el cruce entre el valor reportado en el catálogo de cuentas a 30 de junio de 2011, en la cuenta código 133010 - Anticipos y avances por $4.452.531 miles, y la información suministrada por la EPS, por este concepto por valor de $4.758.772 miles, se presenta una diferencia de $306.241 miles, la cual debe ser explicada por la EPS SOLSALUD, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

La EPS SOLSALUD frente a este hallazgo no da respuesta

• Teniendo en cuenta que existen anticipos a contratistas pendientes de legalizar por valor de $4.452.531 miles (Catálogo de cuentas - Archivo tipo 001), a junio 30 de 2011, SOLSALUD EPS, debe adelantar un plan de acción tendiente a subsanar dichos anticipos informando a la Superintendencia Nacional de Salud las acciones que adelante al respecto,

precisando la fecha del anticipo, nombre del prestador, valor anticipo, valor legalizado, saldo pendiente por legalizar.

"Al verificar se observa que existe un valor general que no fue discriminado por Beneficiario, para lo cual Solsalud EPS está adelantando un Plan de Acción, para efectos de determinar a qué Beneficiarios corresponde este valor.

"PLAN DE ACCIÓN

(…)".

• Teniendo en cuenta que el consolidado de embargos aportado por regionales desde el año 2010 a junio de 2011, corresponde al consolidado del Régimen Subsidiado y Contributivo, SOLSALUD EPS deberá reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, por régimen, el seguimiento a los embargos jurídicos indicando: municipio, demandante, valor pretensiones iniciales, valor conciliado, fecha desembargo, saldo pendiente, honorarios, intereses y estado actual de los mismos.

"Por lo anterior, se presenta el nuevo cuadro consolidado con la respectiva discriminación de los regímenes al cual corresponden cada uno de los acuerdos de pago y/o transacción, tal como lo planteó la Superintendencia Nacional de Salud en el correspondiente informe de visita, el cual se encuentra nuevamente presentado por regionales, con información de cantidad, ciudad donde se adelantó el acuerdo de pago o el proceso jurídico, entidad demandante, pretensiones iniciales, valor conciliado, luego encontramos discriminados los valores correspondientes a régimen contributivo, régimen subsidiado, intereses, honorarios, pendientes y estado del proceso bien sea prejurídico o jurídico.

Es de aclarar que por error involuntario dentro de la primera información suministrada por SOLSALUD EPS S.A. a la Superintendencia Nacional de Salud, en lo que corresponde a la regional Norte, se repitieron los datos de una transacción, el cual fue detectado y corregido en la presente revisión, lo cual advertimos en aras de no crear confusión alguna al respecto.

(…)

• Frente al tema de embargos, se determina que no es posible establecer la razonabilidad del saldo de la cuenta "Depósitos para Juicios Ejecutivos" de $10.179.715 miles, por cuanto no se ha efectuado la depuración de los valores registrados a fin de determinar el universo de embargos a cargo de la entidad y su conciliación con los valores de los depósitos judiciales, por lo tanto los estados financieros no presentan razonabilidad en las cifras. Situación esta que afecta el flujo de recursos.

"Es de resaltar que el Saldo de la Cuenta - Depósitos contablemente se encuentra depurada y por Régimen, así mismo se conoce la totalidad de los embargos a nombre de la Entidad, por lo tanto Solsalud EPS no está de acuerdo con la afirmación de que los Estados Financieros no presentan razonabilidad.

Por lo anterior, se presenta el nuevo cuadro consolidado con la respectiva discriminación de los regímenes al cual corresponden cada uno de los acuerdos de pago y/o transacción, tal como lo planteó la Superintendencia Nacional de Salud en el correspondiente informe de visita, el cual se encuentra nuevamente presentado por regionales, con información de cantidad, ciudad donde se adelantó el acuerdo de pago o el proceso jurídico, entidad demandante, pretensiones iniciales, valor conciliado, luego encontramos discriminados los valores correspondientes a régimen contributivo, régimen subsidiado, intereses, honorarios, pendientes y estado del proceso bien sea prejurídico o jurídico.

Es de aclarar que por error involuntario dentro de la primera información suministrada por SOLSALUD EPS S.A. a la Superintendencia Nacional de Salud, en lo que corresponde a la regional Norte, se repitieron los datos de una transacción, el cual fue detectado y corregido en la presente revisión, lo cual advertimos en aras de no crear confusión alguna al respecto.

(…)

• Teniendo en cuenta que existen saldos en el rubro deudores por contratos liquidados y saldos mayores girados por cobrar a IPS, que datan desde el año 2008, según el libro auxiliar cuenta código 1308095 - Otros deudores, SOLSALUD EPS debe adelantar un plan de acción tendiente a depurar dicha cuenta, informando a la Superintendencia Nacional de Salud las acciones que se adelanten al respecto.

"Me permito presentar Plan de Acción

(…)".

• A junio 30 de 2011, la EPS registra en la cuenta código 2335 - Costos y Gastos por Pagar un saldo de $9.363.387 miles, donde la mayor participación la refleja la subcuenta "Otros Costos y Gastos por Pagar" por valor de $8.679.236 miles, con el 92.69%, por lo que SOLSALUD EPS debe adelantar un plan de acción tendiente a depurar esta cuenta, informando a la Superintendencia Nacional de Salud las acciones que se adelanten al respecto, sobre los cuales se requiere indicar el detalle de los beneficiarios, concepto, edad y valor.

"Dentro del proceso de saneamiento contable ya se iniciaron planes de acción para depurar esta cuentas como se puede apreciar a septiembre 30 de 2011 donde ya hay una depuración adelantada de la misma

(…)".

• El Archivo tipo 17/18 - Edad y Morosidad de las Cuentas por Pagar a Proveedores, registra cuentas por pagar a diciembre de 2010, marzo y junio de 2011, por valor de $33.784.498 miles, $47.939.827 miles y $52.702.645 miles, respectivamente, no obstante según catálogo de cuentas las mismas ascienden a la suma de $33.808.639 miles, $47.320.729 miles y $51.991.501 miles, respectivamente, presentándose diferencias en la información, en cuantía de $24.141 miles, $619.098 miles y $711.144 miles, en su orden, que deben ser explicadas por la EPS SOLSALUD, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

"Dentro del Archivo tipo 17 y 18 del Régimen Contributivo, no se contempla la Cartera sin vencer y la Cuenta 291005 corresponde a la totalidad de la Cartera Vencida y sin vencer, por lo tanto el total reflejado en este archivo no es el total de la Cuenta en el Balance. Por lo anterior no estamos de acuerdo en que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros, por cuanto no existen diferencias."

• Al cruzar la información del valor reportado en el Archivo tipo 17/18 - Edad y Morosidad de las Cuentas por Pagar a Proveedores, con corte a diciembre de 2010, marzo y junio de 2011, correspondiente a la suministrada por SOLSALUD EPS a la visita y la reportada por la EPS SOLSALUD, en cumplimiento de la Circular Única - Archivo tipo 17 y 18 -

Edad y Morosidad de las Cuentas por Pagar a Proveedores, se presenta diferencias en la información, por valor de $56.775 miles, $57.410 miles y $65.715 miles, respectivamente, las cuales deben ser aclaradas por SOLSALUD EPS, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieros.

"Por un error humano los archivos entregados a la visita no fueron los definitivos que se enviaron en el reporte a la circular, al hacer la revisión con el departamento de sistemas quienes son los encargados de realizar el cargue definitivo se evidenció esta situación, ya que el archivo fue entregado por el área contable y no el área de sistemas. Se revisaron los archivos definitivos los cuales son iguales a los reportados en el presente informe".

• Verificados los Archivos tipo 017/018 se establece que la EPS SOLSALUD registra cuentas en mora mayores de 30 días por valor de $48.302.675 miles, sin embargo no se puede precisar con exactitud la cifra por pagar a proveedores, teniendo en cuenta las diferencias reflejadas entre los archivos tipo 017 y 018 y el catálogo de cuentas, por lo anterior, la EPS SOLSALUD, presuntamente está incumpliendo el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, los artículos 5°, 6°, 7° y 23 del Decreto número 4747 de 2007, la Resolución 003047 de 2008, en lo relacionado con el flujo de recursos.

"Es importante resaltar que si se puede precisar con exactitud la cifra por pagar a los Proveedores, por cuanto la diferencia entre los Archivos 17 y 18 y la cuenta, se debe a que los archivos de la Circular Única no contemplan las Cuentas que no se encuentran vencidas en el archivo tipo 17".

• Al verificar el cumplimiento de lo establecido en los Decretos números 574 y 1698 de 2007, con relación a la constitución de la inversión de las reservas técnicas, al corte junio 30 de 2011, se determina con base en los cálculos efectuados a cada una de las cuentas objeto de inversión, que la EPS SOLSALUD presenta una insuficiencia de inversión por valor de $7.050.986 miles, por lo que la EPS incumple con lo previsto en la normatividad vigente.

"Se ha venido realizando los planes de acción tendientes a dar cumplimiento a la Inversión de las Reservas Técnicas, de acuerdo a los plazos establecidos por la norma. A junio de 2011 se cuenta con el 83.63% del cumplimiento de las Inversiones de la Reservas Técnicas.

Para dar cumplimiento al Decreto 970 de 2011 que modificó el parágrafo 3° del artículo 8° del Decreto 574 de 2007 el cual reza:

"Parágrafo 3°. La constitución de las reservas de que trata el presente artículo tendrá un plazo de ajuste de sesenta (30) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto en forma lineal mensual"

Solsalud EPS está adelantando las acciones pertinentes para dar cumplimiento al 100%, en las fechas estipuladas por los mencionados decretos".

• Verificado el Archivo tipo 015 – Facturas devueltas por glosas de la EPS a las IPS, remitido por Solsalud EPS, en cumplimiento de la Circular Única a junio 30 de 2011, se registra un monto de $23.632.031 miles, valor que difiere en $22.388 miles del reflejado por $23.654.419 miles en las cuentas de orden acreedoras códigos 9315 y 9615 –Facturas devueltas por glosas (Catálogo de Cuentas), diferencia que debe ser aclarada por Solsalud EPS.

"Al revisar el formato 015 enviado en circular a junio 30 de 2011 el valor reportado es igual al reflejado en el balance de prueba la suma de $ 23.654.41, Se anexa archivo tipo 015 enviado en el cargue de junio 30 de 2011.

(Anexo Archivo circular enviada)"

• Teniendo en cuenta que existen facturas devueltas por glosas que datan inclusive desde el año 2003, Solsalud EPS debe adelantar un plan de acción a efectos de depurar y conciliar los valores pendientes con la red prestadora de servicios de salud e informar a la Superintendencia Nacional de Salud, de los resultados que se adelanten al respecto.

(…)".

• Al confrontar los saldos del balance de prueba suministrado al corte 31 de diciembre de 2008, con el reportado por la EPS Solsalud, a través del Archivo tipo 001-Catálogo de Cuentas, en cumplimiento de la Circular Única, se detectó diferencia en la cuenta: Ingresos no operacionales en la suma de $4.180.126 miles, la cual debe ser sustentada por la EPS Solsalud, toda vez que esta situación genera incertidumbre frente a la razonabilidad de las cifras de los estados financieras.

"Al realizar la revisión se puede determinar que esta diferencia corresponde a un cruce entre regímenes este valor correspondía al régimen subsidiado como se explicó en el capítulo correspondiente a este régimen y fue registrado en el archivo tipo 01 al régimen contributivo como consecuencia se presenta la diferencia en ambos regímenes por el valor de $ 4.180.126 en el subsidiado faltando y en el contributivo sobrando".

Verificado el proceso de aseguramiento, que incluye la afiliación de usuarios a la entidad aseguradora, registro de las afiliaciones, movilidad en el Sistema General de Seguridad Social en Salud que se desagrega en traslados (ingresos de afiliados a la EPS, egresos de los afiliados), suspensiones de las afiliaciones, desafiliaciones de la EPS y los documentos soportes correspondientes, se observa que la EPS al parecer actúa de conformidad con lo reglamentado en la materia, no obstante, llama la atención el número de tutelas que por los conceptos que tienen que ver directamente con el Aseguramiento es demanda la EPS, adicional a las quejas que se radican en esta Superintendencia y de las cuales se ha dado el traslado a la EPS para que atiendan cada asunto.

La EPS reitera que respecto al proceso de aseguramiento actúa de conformidad con lo establecido en la normatividad.

Respecto al tema de tutelas que tiene que ver directamente con el proceso de aseguramiento indican que existen factores que no dependen directamente de la compañía y que no están de acuerdo con lo establecido en la normatividad, mencionan que los usuarios interponen tutelas a pesar de no cumplir con lo que dispone la reglamentación. Presentan un cuadro clasificado por tipología y total de tutelas para cada una de las vigencias objeto de Auditoría

el propósito de evitar el uso de la tutela para hacer efectivos sus derechos, labor que como se informó en visita estaría concentrada en las tres regionales, la del Norte (Atlántico), Centro (Bogotá) y Nororiente (Bucaramanga).

En la muestra aleatoria seleccionada del listado de promotores de las afiliaciones, con quienes Solsalud EPS tiene contrato, se evidenciaron los suscritos con promotores de las afiliaciones para régimen subsidiado, no para el contributivo.

La entidad no rindió explicaciones sobre el particular

En el momento de la visita se suministraron los contratos suscritos con promotores de las afiliaciones para Régimen Subsidiado, No se evidenciaron los contratos suscritos con promotores para las promociones de las afiliaciones en Régimen Contributivo, por lo tanto, no se pudieron verificar las condiciones de la contratación, ni los documentos soportes de cada uno de ellos, contraviniendo los dispuesto en el artículo 22 de Decreto 1485 de 1994.

Se encontró que de los contratos con la red de prestadores escogidos aleatoriamente, los suscritos con el Hospital San Pedro y San Pablo (Chinchiná) y con la Clínica Santo Tomás (Valledupar), no están vigentes, sobre el particular, no se evidenciaron prórrogas sobre los mismos, ni solicitudes de modificación, con lo que se puede inferir que la EPS no garantiza la prestación del primer nivel a los afiliados en esos municipios.

Se señala que la entidad en todo momento ha realizado las actividades tendientes a garantizar a sus afiliados una red que respalde la efectiva protección de la salud. Se indica que al momento de la visita el contrato del hospital San Pedro y San Pablo se encontraba con un plazo de ejecución vencido y luego de un proceso de negociación de 4 meses, se determinó que las partes no renovaron el contrato hasta que las carteras estuvieran debidamente depuradas, se aclara que Solsalud canceló la totalidad de lo adeudado y extrajo del plan de red sin que ello implique desmejorar los servicios de salud por cuanto los servicios son prestados por el Hospital Belalcazar.

En cuanto al Contrato con la Clínica Santo Tomás, remiten copia del contrato firmado y aclaran que los afiliados no han sufrido de falta red para la prestación de servicios.

Se evidencia copia del contrato suscrito con la Clínica Santo Tomás.

El contrato con RTS S.A.S, da cubrimiento a los afiliados a Solsalud a nivel nacional, se encontró suscrito por un monto de $13.000.000.000, con vigencia hasta el 30 de abril de 2012, En virtud del contrato, RTS S.A.S, da cubrimiento a pacientes que requieran servicios para atención de insuficiencia renal, al verificar su ejecución en el consolidado de cuentas medicas se observó que el total de las facturas radicadas (Desde 01-05-2011 hasta 31-07-2011) asciende a $16.171.565.927, el valor de las facturas con orden de pago es de $15.377.003.889 y el valor girado es de $2.893.101.207, se observa entonces que el monto de las facturas radicadas supera el monto de la contratación en $3.171.565.927. No obstante, el valor de las que tienen orden de pago representa el 95% de las radicadas y el valor girado únicamente es del 17.89%, es decir, $2.893.101.207. Sobre el particular, se indicó que dado que el monto del contrato se encuentra agotado, se solicitará modificación del mismo.

El contrato RSM-BO-018-11 con la organización Vihonco IPS S.A.S., (que no se registra en el cuadro) pero se efectuó la revisión, se encontró suscrito el 1° de marzo de 2011, por valor de $2.160.000.000, al verificar su ejecución se observó en el consolidado de cuentas médicas con fecha 1° de marzo de 2011 a 5 de agosto de 2011, que el total de facturas radicadas se registra por valor de $690.247.283, el total de facturas con orden de pago es por $440.77978, y no registra valores girados.

Se expone: " El contrato con RTS S.A.S, da cubrimiento a los afiliados a Solsalud a nivel nacional, se encontró suscrito por un monto de $13.000.000.000, con vigencia hasta el 30/04/2012, En virtud del contrato, RTS S.A.S, da cubrimiento a pacientes que requieran servicios para atención de insuficiencia renal, al verificar su ejecución en el consolidado de cuentas medicas se observó que el total de las facturas radicadas (Desde 01-05-2011 hasta 31-07-2011) asciende a $16.171.565.927, el valor de las facturas con orden de pago es de $15.377.003.889 y el valor girado es de $2.893.101.207, se observa entonces que el monto de las facturas radicadas supera el monto de la contratación en $3.171.565.927. No obstante, el valor de las que tienen orden de pago representa el 95% de las radicadas y el valor girado únicamente es del 17.89%, es decir, $2.893.101.207.

Sobre el particular, se indicó que dado que el monto del contrato se encuentra agotado, se solicitará modificación del mismo.

Se señala que en la Cláusula Cuarta – Valor del Contrato, se determina el valor aproximado del contrato que para el caso asciende a la suma de trece mil millones, y que para cubrir ese tipo de situaciones se define que el valor definitivo del contrato será el producto de la facturación efectivamente pagada, por lo tanto, no puede dejar de tenerse en cuenta que el clausulado el contrato es ley para las partes, De igual forma la legislación sobre la materia permite que el valor debe ser determinado o determinable.

(…)

El contrato RSM-BO-018-11 con la organización Vihonco IPS S.A.S., (que no se registra en el cuadro) pero se efectuó la revisión, se encontró suscrito el 1° de marzo de 2011, por valor de $2.160.000.000, al verificar su ejecución se observó en el consolidado de cuentas médicas con fecha 1° de marzo de 2011 a 5 de agosto de 2011, que el total de facturas radicadas se registra por valor de $690.247.283, el total de facturas con orden de pago es por $440.77978, y no registra valores girados.

Se explica que la situación se generó por factores externos a la organización y que las cuentas estuvieron bloqueadas por la aplicación de embargos a Solsalud, hacen referencia al actuar ilegal de las entidades financieras. Exponen igualmente, que Solsalud autorizó el giro de $300.000.000 en la segunda autorización de giro del mes de octubre al evidenciarse que la organización Vihonco IPS Bucaramanga LTDA. ya aparecía en el listado de IPS inscritas para el giro a efectuarse en el mes de noviembre, más $ 200.000.000 por Tesorería y $28.936.264 por cesión de municipios mayores a 100.000 habitantes.

Respecto a la explicación acerca de la contratación con la IPS Vihonco se deja claro que al momento de la visita se evidenció la situación descrita en el hallazgo, así como el incumplimiento por parte de la EPS en el pago oportuno de sus obligaciones. Ahora bien, se entiende que las decisiones adoptadas por las entidades financieras impactaron en forma importante el manejo de las finanzas de la EPS, generando tropiezos en el flujo de los recursos y los incumplimientos a que se ha hecho alusión, pero no se explica por qué otros contratos seleccionados en la muestra sobre los que se verificó su ejecución si registraban por lo menos algún pago, no se entiende entonces cuál es el criterio de la EPS para escoger a cuáles IPS de su red le efectúan pagos y a cuáles no.

En la verificación que se realizó respecto a la ejecución de los contratos, se evidenció que el monto de las facturas radicadas supera el monto del valor del contrato, las órdenes de pago emitidas representan un valor bien significativo de la facturación; no obstante, el porcentaje de los pagos efectuados es mínimo en comparación con las facturas radicadas y las órdenes de pago emitidas.

La EPS en la respuesta señala que no considera ajustado al principio de proporcionalidad que rige las actuaciones administrativas generalizar el hallazgo.

Adicionalmente, señala que el tema es de índole administrativo y una vez se depure la cartera por las partes se procederá a la legalización de la modificación del contrato adicionando el presupuesto mediante otro sí.

De otro lado, la EPS reconoce que el tema es de carácter administrativo, sobre el particular este despacho considera que la depuración de cartera es un proceso que se debe estar ejecutando continuamente, precisamente para evitar generar esta clase de traumatismos en el flujo de recurso. Ahora bien la EPS, a esta época ya debió adoptar los correctivos sobre el asunto, y tener resultados de la cartera depurada, con las decisiones que desde la alta gerencia se deben adoptar.

De acuerdo con la información suministrada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud como la Clínica Materno Infantil San Luis y el IMOC, si bien es cierto que a la fecha de la visita se encontraban garantizando la prestación de los servicios requeridos por los usuarios de Solsalud EPS, también lo es que debido a la falta de pago oportuno a la red por parte de la EPS, estuvieron suspendidos y/o restringidos, generando un posible riesgo a los usuarios dado tal incumplimiento.

La EPS argumenta que las IPS cierran servicios como mecanismo de presión que ha sido reconocido como ilegal por parte de los entes de control, pero que cuentan con la red

de prestadores alterna, para servicios de igual complejidad debidamente habilitados para la prestación de los mismos y no lo consideran como incumplimiento.

La entidad, explica que la red es suficiente y plural para garantizar la prestación por cierres temporales. Respecto a los cierres temporales nuevamente reiteran la ilegalidad en los mismos y explican que se superó la situación por parte de la EPS al cancelar las obligaciones con su red. Aclaran, que los cierres temporales no implicaron que a los usuarios no se les garantizara los servicios.

Este despacho desconoce cuál es la red alterna de la EPS, las condiciones y el estado de la contratación, la ejecución de los contratos, entre otros aspectos.

De la muestra seleccionada de IPS para cubrimiento de enfermedades de alto costo, que se detallan en el Anexo No.1 se observó que algunos contratos se encontraron sin legalizar y otros vencidos, lo que demuestra presuntas deficiencias de carácter administrativo que de una u otra forma pueden conllevar a incumplimiento en las obligaciones de las partes y a posibles fallas en la garantía de la prestación de servicios a los afiliados.

Solsalud manifiesta no estar de acuerdo con el hallazgo, exponen que si bien en el momento de la visita no se contaba con la totalidad de los contratos legalizados en la actualidad el 100% de la Red auditada cuenta con contratos legalizados y vigentes. Explican que no están de acuerdo con que la no legalización de un contrato demuestra deficiencias de carácter administrativo, señalan que la organización en sus procesos y procedimientos tiene definidos los parámetros de control y seguimiento, menos aun cuando existe prueba sobre el acuerdo entre las partes sobre los elementos esenciales del acuerdo de voluntades.

De la base suministrada que contiene la red de alto costo, se encontró que en los departamentos de Caldas, Magdalena, Sucre y Tolima, la EPS no tiene contrato para garantizar la prestación de estos servicios. Así mismo, se evidenció que en el seguimiento que se hizo a la ejecución de algunos contratos no se registra el valor girado a las IPS, únicamente aparece el valor total de la facturación y el valor de las órdenes de pago.

La EPS explica que soportan la red de alto costo con la cual garantizan el cubrimiento de alto costo en el régimen contributivo de acuerdo a las coberturas definidas en el Acuerdo 008 de 2009 para las departamentales Caldas, Magdalena y Sucre. Aclaran que en la departamental Tolima la EPS no hace presencia en Régimen Contributivo y presentan una relación de los pagos efectuados a SIDS Medellín, Fundación Integral de Salud FISA, Cuna Natal, Centro Oncológico Ltda.

No fue clara la respuesta de la EPS por cuanto no se pudo establecer a qué anexo se hace referencia en lo del soporte de la Red de Alto Costo. De otro lado, en cuanto a la aclaración respecto a que en la departamental Tolima no hace presencia la EPS en el Régimen Contributivo, al respecto, se aclara que el hallazgo es el resultado de la información y documentación suministrada en visita y efectuada nuevamente la validación de los reportes de afiliados se confirma que sí tienen afiliados en el departamento del Tolima, es así que en los municipios de Ibagué registra 2 afiliados, Espinal (1), Flandes(1), Guamo(1), Purificación (1), Venadillo (1), por lo que se confirma el hallazgo.

La EPS explica que respecto a la ejecución del contrato de la sociedad de Oncología y Hematología del Cesar, nuevamente ratifican que en la Cláusula Cuarta-Valor del contrato, se determina que el valor aproximado del contrato es de ciento cuarenta millones, el valor definitivo del contrato será el producto de la facturación efectivamente pagada, indican que si bien superan el valor definido en el contrato inicial es dinámico que se modifique el valor en la medida en que se presente una mayor incidencia en los casos.

La crítica para la estructura Organización recae en su excesiva centralización para la toma de decisiones sobre todo en la parte financiera como son pagos, firma de contrataciones, liquidación de contratos, etc., que es conveniente que la entidad revise y dinamice.

En respuesta al informe preliminar de visita, según NURC 1-2011-097871 del 15 de noviembre de 2011, el representante legal de Solsalud EPS-S, responde:

"Es importante aclarar que en lo referente a la aparente excesiva centralización para la toma de decisiones en la Estructura Organizacional, Solsalud EPS establece dentro de los Procesos y Procedimientos que la Planeación y el Control es de la Sede Nacional y la Ejecución está a cargo de las Regionales / Departamentales. En ese orden de ideas, existen algunos Procesos que por su responsabilidad requieren de mayor control de la Sede Nacional. Lo anterior no implica que en cualquier decisión que se tome en estos se realice en conjunto entre la Regional y la Sede Nacional como son aquellos a los que se hace referencia en la observación bajo estudio. Esta administración inició un Proceso para dejar tres grandes Regionales que tengan mayor independencia en los Procesos en mención".

En la visita se evidenció la demora y poca efectividad de la centralización administrativa y financiera que tiene la EPS, ejemplo la mora en pagos hacia los prestadores de servicios de salud y la firma por parte del representante legal de los contratos, que existían físicamente a la fecha de la visita, pero faltaba la firma del doctor Eduardo Adolfo Colmenares Pedreros, en su calidad de representante legal de la entidad.

Debido a moras reales y demostradas en procesos básicos que pudieran ser más rápidos y efectivos, se recomienda a la administración de la EPS, adaptarse a un modelo mucho más ágil y eficiente acorde con las necesidades del sector salud, que como ustedes mismos lo saben es dinámico, cambiante y que necesita de los aseguradores esta misma actitud.

La Junta Directiva es el órgano de dirección y representación de la entidad Solsalud EPS S.A., sus miembros reciben ingresos por pertenecer a la Junta Directiva son nombrados por la Asamblea General de accionistas, conformada por nueve principales y sus respectivos suplentes, en las hojas de vida de los miembros principales están las declaraciones de no estar incursos en las incompatibilidades e inhabilidades relacionadas en los Decreto-ley 973 de 1994 y Ley 269 de 1996 y estándar Técnico Administrativo, dentro de los miembros suplentes faltan las declaraciones de cinco personas y las hojas de vida de otros tantos.

La EPS–S no dio respuesta a este hallazgo

Es claro que se está incumpliendo lo ordenado en el Decreto-ley 973 de 1994 y Ley 269 de 1996, así como el estándar técnico administrativo de permanencia.

Durante el año 2010 y a junio de 2011, los miembros de la Junta Directiva recibieron en total la cantidad de $623 millones, de los cuales $403 millones corresponden a los nueve (9) miembros principales, llama la atención que algunos miembros suplentes reciben ingresos, lo que requiere la explicación de la institución. Llama la atención los ingresos recibidos por el doctor Álvaro José Agon Martínez, miembro suplente de la junta quien recibió dineros por más de $172 millones por concepto en su mayoría como honorarios como abogado en procesos ejecutivos en contra de Solsalud EPS realizados por algunos municipios donde la EPS administra los recursos del régimen subsidiado.

"Es importante aclarar las razones por las cuales algunos miembros suplentes recibieron ingresos, por las siguientes razones:

1. En el caso del doctor Jorge Gil, recibió ingresos por cuanto el Miembro Principal de la Junta la doctora Janeth Grandas renunció a su cargo y el doctor por ser su suplente en estricto cumplimiento de las disposiciones estatutarias pasó a ser el Principal y asistió a las Reuniones de Junta. Se adjunta Cámara de Comercio

2. En el Caso del doctor Álvaro Agon, los dineros recibidos se deben a la Prestación de los Servicios Profesionales como Abogado en Procesos Jurídicos que la Entidad adelantó con los Entes Territoriales por deudas de los mismos. Es de anotar que previo el perfeccionamiento de los acuerdos de voluntades se verificó la ausencia de conflictos de interés".

Para este despacho no es clara la respuesta dada por Solsalud, primero bajo qué normatividad los miembros de la junta directiva sean principales o suplentes, reciben ingresos por parte de la institución, en la visita se solicitó explicaciones al respecto informaron que corresponde a viáticos, asesoría, gastos de transporte; pero no suministraron la normatividad correspondiente, se esperaba que en la respuesta al informe preliminar las rindieran, en segundo lugar el valor de $623 millones es una cifra nada despreciable, es decir que cada miembro de la Junta Directiva recibió en promedio de $69 millones en dieciocho meses, pero al verificar la información suministrada en visita el doctor Fabián Méndez recibió $99 millones y caso contrario el doctor Jorge Gil Castillo recibió $19 millones durante el mismo periodo, supuestamente los miembros de la junta deberían recibir igual valor, porque los conceptos son iguales e uniformes para los miembros.

Se verificó la hoja de vida del representante legal Eduardo Alfonso Colmenares Pedreros, cumpliendo con la normatividad existente, se verifica la Declaración de Conformidad con el Decreto 1557 de 1989, que no se encuentra incurso de ninguna causal de inhabilidad ni de incompatibilidad, falta la declaración del doctor Jairo Alexsander Duarte.

"Es importante resaltar que el Doctor Jairo Alexsander Duarte cuenta con Declaración de No incompatibilidades. Como soporte probatorio de la anterior afirmación se adjunta el Anexa respectivo"

A la fecha de la vista se revisó carpeta de cada uno de los miembros de la junta directiva, en la mayoría de casos fueron entregadas en hojas suelta, sin foliar ni tampoco con la debida protección dada la importancia de la información allí contenida, específicamente en la hoja de vida del doctor Jairo Alexsander Duarte no existía este, esta declaración como lo ordena la Resolución número 581 de 2004 que incluye el Decreto-ley 973 de 1994 y Ley 269 de 1996.

Se solicitó varias carpetas para la revisión de los contratos y el cumplimiento de los demás requisitos encontrando que todos cumplían con las pólizas y su actualización.

Se suministró toda la red de prestadores de servicios de salud, clasificada por departamento, municipio, contrato, vigencia y objeto de contrato, se escogieron al azar los contratos suscritos con las siguientes IPS y se efectuó la revisión de acuerdo con los siguientes aspectos, Objeto del contrato, Población atender, Ubicación, Cobertura del contrato, Responsabilidad de la IPS, Mecanismos de verificación, seguimiento y control a la prestación de servicios de salud., Indicadores de calidad, de esta revisión se concluyó:

Municipio de Landázuri: Con 14 actividades de salud con un solo contrato vigente pero sin póliza de responsabilidad civil (RC), no tiene contratado para el primer nivel, no presenta contratos para los subsidios parciales.

"Actualizada la información el 94.5 de los contratos está legalizado y 5,5% un contrato esta negociado existiendo acuerdo entre las partes sobre los elementos esenciales de la relación contractual y en trámite por las partes para la legalización.

Se aclara que a pesar de la gestión de Solsalud debido a la posición dominante de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, de acuerdo a la negociación realizada por la Gerencia General, se legalizaá el contrato en el mes de noviembre, posterior a unos pagos cedidos por la Gobernación de Santander por recursos del No POS, que gran porcentaje de ellos ingresaron a las áreas del Hospital.

Se anexa copia de los contratos en medio magnético.

Se aclara que de acuerdo al dinamismo de la BDUA, el número de usuarios es variable y si bien se realiza los contratos con el número de usuarios reportados en BDUA en el momento de la negociación, dicho número puede variar, las novedades se repartan periódicamente y en la Liquidación del contrato se definen las mismas.

Respecto a la no presentación de Red de Subsidiado Parcial, esto se debe a que en el municipio de Landázuri no hay usuarios con el tipo de Subsidio Parcial, por tanto no es viable presentar esta red, se anexa certificación del área operativa donde se evidencia el cambio de tipo de subsidio.

En lo referente a los usuarios, es claro como lo ordena el Acuerdo 415 de 2009, Ley 1438 de 2011 en sus decretos reglamentarios, el número será los reportados BDUA al inicio de la vigencia es decir al 1º de abril, para este caso el año 2011, y como lo demuestran las cifras se inició la contratación con la red prestadora con menos usuarios a los relacionados en la resolución del municipio de Landázuri.

En cuanto a la red por subsidios parciales, mediante la Resolución número 108-0104201 con el municipio de Landázuri en el departamento de Santander autoriza a la EPS para 6.178 afiliados, 5.969 para subsidios totales y 209 para parciales, lo que significa que sí existían estos usuarios con subsidios parciales en el momento de emitir la resolución.

Municipio de la Jagua de Ibirico, con 12 actividades, tres contratos vigentes y legalizados, faltan carpetas con contratos en físico y pólizas de RC, el primer nivel no tiene contrato vigente.

"Actualizada la red se evidencia que para el municipio de La Jagua de lbirico Solsalud EPS SA, se permite informar que el 91% de los contratos se encuentran legalizados, el 9% que corresponde a un contrato en negociación que corresponde a la Clínica del Cesar, sin embargo, es de aclarar que esta red es alterna y se garantiza con el Hospital Rosario Pumarejo de López la efectiva prestación de servicios de salud de IV nivel a los usuarios. Se remite la póliza de responsabilidad civil de los siguientes contratos: Laboratorio Cristiam Gram IPS SAS.

Se remite contrato con la Sociedad de Oncología y hematología del Cesar y Quimio Salud Ltda.

Se remite el contrato RSM CE 487-11 con el Hospital Municipal Jorge Isaac Rincón Torrez para la atención at primer nivel Solsalud EPS.

Municipio de Ubaté, 7 actividades, solo un contrato vigente con carta de intención, sin póliza RC, falta la firma del representante legal, no presenta contratos vigentes para el primer nivel.

"Solsalud EPS S. A, al no llegar a un acuerdo no continua con la ejecución de contratos con Serrano Falla Clara Inés, Servicios de Medicina Integrados LTDA Aeromédicas sin que ello implique afectación en la prestación de los servicios de salud a los afiliados de esa zona geográfica.

Se ha continuado haciendo la gestión para lograr la legalización de los mismos y si bien no hay un contrato legalizado hay un acuerdo entre las partes sobre los elementos esenciales de la relación contractual. Es por ello que Solsalud EPS S. A. remite la base datos y realiza el reconocimiento de los usuarios y la IPS les garantiza la prestación de servicios.

Se anexa copia del contrato con Hospiucis y su respectiva póliza.

Municipio de Bogotá, con 56 actividades de salud, solo 6 contratos vigentes, sin póliza de RC, los contratos por capitación por debajo de los usuarios relacionados por el municipio, no existe red de contratación para subsidios parciales.

(…)

Es de aclarar que el retraso en la legalización de los contratos fue generado inicialmente por las modificaciones de la norma y por ende de la UPC-S, causando una nueva negociación a la que ya se había realizado con la red. Con cada IPS se han realizado 3 o más reuniones de revisión y concertación según actas que se presentaron en la visita.

De acuerdo al análisis realizado a la fecha las observaciones realizadas por la red en su mayoría de los contratos específicamente de Bogotá que se encuentran aún pendientes en revisión coinciden en las siguientes consideraciones:

• No aceptación de la Suscripción de Pólizas de Cumplimiento debido a que tienen póliza Global de Responsabilidad Civil,

• No aceptación de la obligatoriedad de la presentación de certificación de pagos parafiscales la cual se establece como condición para los procesos de liquidación y sensible al descuento par parte de la EPS S de los valores que no se hallan cancelados por el prestador.

De lo anteriormente expuesto puede concluirse tal y como se ha manifestado en puntos anteriores que este tipo de entidades se niega sin justa causa a cumplir con requisitos que han sido considerados como esenciales para este tipo de vínculos por la Contraloría General de la República.

(…)

Respecto al tema de las pólizas nos ratificamos en lo expuesto anteriormente existiendo dificultades marcadas con la red pública para la expedición y envió de las mismas

Solsalud EPS S. A, se permite aclarar que los contratos suscritos con las instituciones prestadoras de servicios de salud, no están sometidos a la Ley 80 de 1993 con un marco normativo de condiciones mínimas definidas en el Decreto 4747 de 2007. Si bien se so

licitaron en la minuta contractual las pólizas, se aclara que de acuerdo al hallazgo las instituciones relacionadas no aportaron alguna y no puede deducirse "que la organización no la exija y de hecho al firmar el contrato el Contratista se obliga a remitir los soportes requeridos para los mismos"

(…)

Respecto a la red de subsidiado parcial se remite y se aclara que si bien no se han legalizados los contratos por las diferencias en las posiciones especialmente en la entrega de soportes contractuales y la póliza como se expuso anteriormente.

En cuanto a las pólizas es clara la normatividad, que mediante esta garantía se están blindado a las EPS en futuras demandas por mala prestación de servicios de salud realizadas por los usuarios insatisfechos, mediante el principio de constitucional de solidaridad, puedan afectar los recursos de las EPS; se acepta el descargo de este hallazgo.

En cuanto a la mora en la firma de los contratos con la red de prestadores, la falta de contratos con subsidios parciales y la falta de cobertura para atender a la totalidad de los afiliados, las consideraciones de esta Superintendencia son las mismas efectuadas al municipio de Landázuri.

Municipio de Usiacuri, 20 actividades de salud, de los 4 vigentes solo 2 presenta carpeta sin póliza de RC, no presenta contratos de primer nivel vigentes.

(…)

Actualizada la red de prestadores del municipio de Usiacuri, se evidencia 23 contratos, el 83% se encuentran en estado legalizado, 13% en negociación dando cumplimiento a los procedimientos de contratación en búsqueda del equilibrio contractual y el 4% en trámite de legalización.

Se aclara que el Primer nivel tiene contratos vigentes con la Ese José María Ferez, RSM AT 075-11, RSM AT 079-11 los que se anexaron.

Ratificamos lo expuesto anteriormente respecto al tema de las pólizas y la organización tiene definido un proceso de gestión documental, para el archivo de los contratos.

Municipio de Floridablanca, 13 actividades de salud, tres contratos vigentes algunos sin la firma del represente legal de la EPS-S, faltan carpetas con los contratos físicos y póliza de RC, para el primer nivel de atención en este municipio no presenta contratos vigentes.

(…)

Municipio de Yaguará, seis actividades, tres contratos vigentes, pero sin la firma del representante legal de la EPS-S.

(…)

Actualizada la red de prestadores del municipio de Yaguará, se evidencian 13 contratos, el 100% se encuentran en estado legalizado. Se anexa copias de los contratos RSM HU 02311. RSM HU 046-11 Y RSM HU 069-11.

No se continuará contrato con la IPS Precooperativa de Trabajo Asociado y se adiciona el contrato de Liga de Lucha Contra el Cáncer RSM HU 092-11, se aclara que el contrato con RTS es nacional RSM NL 023-10.

Municipio de Montería, 29 actividades de salud, informa de once contratos vigentes, al revisar carpeta seis no la tienen, los contratos por capitación por debajo de los usuarios reales.

Llama la atención dentro la red de prestadores de Solsalud en el departamento del Meta: compuesta por 54 actividades de salud, solo tres contratos están vigentes, siete en revisión y los demás sin contrato, dentro de las actividades en salud finalizadas al 31 de marzo de 2010, se encuentran trece (13) denominadas por la EPS dentro del estado del contrato, como el nombre de "Finalizado Nuevo en Proceso de Negociación" los cuales a la fecha de la visita figuran con fecha de vencimiento vigentes, pero en físico vencidos.

Se actualiza la información y el 100% de los contratos están vigentes y legalizados.

De las 2.727 actividades de salud que conforman la red de prestadores de la EPS-S Solsalud en todo el país, solo 449 actividades están con contratos vigentes y debidamente legalizados, este valor equivale a solo el 16% del total de la red; situación grave si tenemos en cuenta que desde el inicio de esta vigencia (31 de abril), han trascurrido 120 días, alarmante también se presenta el panorama cuando 1.736 actividades de salud finalizaron el 31 de marzo de 2011, equivalentes al 64%, no se ha iniciado el proceso de contratación y si a eso le agregamos los que están en revisión, los pendientes de soportes y los que están en trámite, encontramos que en total 2.278 actividades, que equivalen al 84% están sin contrato vigente, lo que nos lleva a concluir que la EPS-S Solsalud no está garantizando la prestación de los servicios de salud en los departamentos y municipios donde está habilitado para que administre y preste los servicios de salud a los afiliados al régimen subsidiado con subsidios totales.

En cuanto a la red para la atención de los subsidios parciales la EPS-S no entregaron información al auditor de la visita, a pesar de haberse requerido de varias maneras y oportunidades.

"De acuerdo a la dinámica del sector salud, se actualiza la red de prestadores y la negociación y se proyectaron 913 contratos con los prestadores que hacen presencia en los municipios para todos los niveles, evidenciándose que se cumple con el 87% de la contratación para el Régimen Subsidiado Total. EI estado de la red periódicamente se actualiza con el fin de dar cumplimiento a la normatividad que rige la materia

En resumen en cuanto a la red de prestadores de servicios de salud de Solsalud EPS S. A., no está garantizando la prestación de los servicios de salud en los departamentos y municipios donde está habilitado para que administre y preste los servicios de salud a los afiliados al régimen subsidiado con subsidios totales.

En cuanto a la red para la atención de los subsidios parciales la EPS-S no entregaron información ni en la visita, tampoco en la respuesta al informe preliminar de visita.

El total de usuarios autorizados es de 2.820.000 y los efectivamente afiliados al inicio de la vigencia del régimen subsidiado, es de 1.215.068, lo que representa solo el 43.10% del total autorizado, al realizar este cruce, encontramos a primera vista que ningún departamento sobrepasa el número de afilados autorizados, pero al efectuar la revisión por municipio se encontraron serias irregularidades siendo necesario que Solsalud EPS-S rinda las debidas explicaciones sobre los municipios que sobrepasan la capacidad de afiliación y los municipios que no están autorizados e igualmente rinda las explicaciones sobre el porqué de las entidades territoriales que fueron autorizados pero que no han sido contratadas y en el caso que haberse retirado informar las razones de la desvinculación de Solsalud EPS-S de esos territorios.

"Con relación a las observaciones y conclusiones presentadas, me permito reiterar que Solsalud EPS ha venido dando estricto cumplimiento en desarrollo de su proceso de Afiliación de Usuarios en el Régimen Subsidiado, a lo previsto por la Resolución 1013 de 2005. En ese orden de ideas, resulta de vital importancia recordar que la mencionada disposición establece que las Regiones de Operación del Régimen Subsidiado que se encuentran conformadas por los Departamentos y sus respectivos Municipios. De igual forma, debe tenerse en cuenta la autorización otorgada por el Ministerio de la Protección Social mediante la Resolución 3734 de 2005, para la operación Régimen Subsidiado en la Regional Norte (Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Guajira), Nororiental (Departamentos de Norte de Santander, Santander, Cesar, Boyacá, Arauca y Casanare) y Centroriental (Bogotá D. C., y los departamentos de Huila, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada) y en la Circular 000069 de 2005 los Departamentos excepcionales de Tolima y Caldas.

Igualmente, en el artículo 31 del Acuerdo 415 de 2009, se encuentra una expresa prohibición legal consistente en la utilización de mecanismos de selección riesgo por parte de las EPS. Consistente en que las mismas no podrán abstenerse de afiliar a la población elegible priorizada y/o recibir traslados, una vez la población los seleccione y cuente con los requisitos para su afiliación.

En aras de dotar de total claridad la actividad de la entidad de acuerdo a lo enunciado en el informe, me permito presentar las observaciones a cada uno de los municipios a los que se hace referencia:

(…)

Teniendo en cuenta la respuesta dada por la administración de Solsalud EPS S. A., y analizada la normatividad vigentes, este despacho considera que el hallazgo fue desvirtuado por la EPS.

No cumple con tener planes de mejoramiento encaminados al cumplimiento de las metas.

"En este punto es importante resaltar que Solsalud EPS S. A. realiza la medición a los Indicadores de Monitoria del Sistema a nivel Nacional del Régimen Contributivo, teniendo en cuenta las metas establecidas; a partir de los resultados cada una de las áreas responsables de los procesos y las Regionales I Departamentales analizan los resultados y establecen las acciones, directrices, planes de mejora que permitan optimizar los resultados de los mismos.

(…).

Anexo CD con notificaciones de planes de mejoramiento realizados en la Regional Atlántico (ESE Hospital Sabanalarga, IPS Medinser, IPS Salud Grupal, IPS CARI) y Departamental Córdoba (IPS Maxisalud, IPS Clínica Sadie, ESE Hospital San Benito de Abad, ESE Centro de Salud Sampues, ESE Centro de Salud San Pedro, ESE Hospital San Francisco, ESE Camu El Amparo) durante el III trimestre y I trimestre del 2010 respectivamente por incumplimiento a los estándares definidos por Solsalud EPS y la Circular 056 de 2009. Como soporte de las concertaciones realizadas con las IPS encaminadas al cumplimiento de las metas.

(…)

Es importante mencionar que dentro del PAMEC 2011 se encuentran establecidos los Planes de Mejoramiento a los Procesos Prioritarios, los cuales fueran definidos entre otras aspectos teniendo en cuenta los resultados de los Indicadores de Monitoría del Sistema del año 2010 y los cuales están encaminados a mejorar los resultados de los mismos. Así mismo dentro de la Planeación Estratégica de la Organización se definieron Planes Operativos por cada una de las Áreas, con el fin de mejorar los resultados de la compañía, entre los que se encuentran los Indicadores de Monitoría del Sistema".

La entidad aporta copia de cartas remitidas a diferentes IPS en los departamentos de Atlántico y Córdoba mediante las cuales les solicitaba acogerse a un plan de mejoramiento debido a una desviación en el promedio de los indicadores de alerta temprana, sin embargo no aporta el seguimiento realizado a dichos planes de mejoramiento y los resultados que se obtuvieron de estos.

La red contratada no cumple debido a que el 91% de la muestra revisada de contratos revisados se encuentran vencidos.

La Entidad no cumple con garantizar la red de prestadores de I nivel en el 63% de los municipios verificados.

Frente al punto anterior y con la finalidad de otorgar total claridad sobre el real estado de la red contratada en el siguiente cuadro se presentan las observaciones respectivas al cuadro presentado por la Superintendencia Nacional de Salud.

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La organización después de surtir todo el proceso precontractual en desarrollo del cual Se dieron todas las garantías que la ley establece al no llegar a un acuerdo con la red decidió no renovar contrato con el Centro Médico La Samaritana, Clínica La Sabana para los usuarios del Régimen Contributivo. Sin perjuicio de ello es preciso aclarar que la prestación de servicios de Salud para el régimen contributivo no sufrió desmedro por esa situación en la medida en que la entidad dentro de la red de prestadores cuenta con las IPS Unidad Médica del Bosque y Hospital Regional II Nivel de Sincelejo y para el Municipio de Cúcuta con Clínica Los Andes y Clínica Ceginob para la Mediana complejidad encargadas de garantizar la efectiva prestación de los Servicios de Salud a sus afiliados.

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Se aclara que para la nueva vigencia contractual no se incluye el municipio de Puerto Escondido con la IPS Mi Casa Mi Hospital, se anexa certificación del área operativa del único Usuario Correa Pinto José Luis, con TI. 99112408203, Beneficiario de 11 años, por tanto no se incluyó este municipio en el contrato actual.

En virtud de la información aportada se puede concluir que a pesar de la existencia de algunos elementos exógenos como la inicial negativa de dar estricto cumplimiento a requerimientos legales por parte de algunas instituciones prestadoras de servicios de salud, Solsalud EPS S. A., luego de la finalización de un proceso de sensibilización (tal y como puede comprobarse de la lectura de las comunicaciones que en tal sentido se expidieron y que se aportan al presente escrito) con la red logró legalizar el100% de 105 contratos con la red de prestadores.

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Nuevamente debemos realizar una rectificación a la hipótesis planteada en el informe preliminar en la medida en que tal y como puede verificarse de la lectura y análisis del cuadro adjunto de los ocho (8) contratos solicitados se evidencia que del total de la muestra seleccionada de las IPS contratadas para atención de pacientes de régimen contributivo de alto costa actualmente se registra un monto total contratado de $4.303.761 200,00, encontrándose que el 100% de la muestra analizada se encuentra perfeccionada y legalizada.

Como soporte probatorio de la anterior afirmación me permito adjuntar al presente escrito copia de todos y cada uno de los contratos a los que se hace referencia en el cuadro anexo.

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Se anexa tabla con relación de municipios e IPS de I Nivel y su respectiva verificación en el Registro especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de la Protección Social.

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Solsalud EPS S. A., en cumplimiento de la normatividad vigente realiza acuerdo de voluntades con IPS prestigiosas y habilitadas y que garanticen la prestación de servicios a los usuarios del régimen contributivo en cumplimiento del SOGC.

Se realiza la verificación de la red y de igual forma se verifican unas IPS respectivas que figuren en el registro especial de prestadores de servicios del Ministerio de la Protección Social, las cuales sí aparecen habilitadas en los municipios.

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En virtud de lo anteriormente expuesto Solsalud cumple con garantizar una red habilitada para la prestación de servicios a los usuarios".

Por otra parte, la entidad realiza justificaciones a su falta de red de primer nivel a nivel nacional, la cual de acuerdo con lo verificado por la auditoría realizada solo el 63% de los municipios verificados cuenta con red de primer nivel.