(abril 25)

El Superintendente Nacional de Salud, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el parágrafo 2º del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, igualmente, el parágrafo 2º del &$artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el Capítulo XX del numeral 1 del artículo 113 "Instituciones de Salvamento y Protección de la Confianza Pública", "Medidas Preventivas de la Toma de Posesión - Vigilancia Especial - del Decreto-ley 663 de 1993, el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, el numeral 5 del artículo 42, el inciso 1° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los literales a), b) y c) del artículo 35, el artículo 36, los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 37, los literales a), b), c), d), e), f), g) y h) del artículo 39, y los literales a), c), d), f) y j) del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007, el numeral 1 del artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, los artículos 1°, 2°, 3° y 4° del Decreto 882 de 1998, los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto 1804 de 1999, el Decreto 515 de 2004, los Decretos 506, 3010, 3880 de 2005, el inciso 1° del artículo 1°, el inciso 6° del artículo 2°, los artículos 3° y 4°, el numeral 2 del artículo 5°, los artículos 6°, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 38 del Decreto 1011 de 2006, el artículo 1°, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 3°, los numerales 1, 5, 6, 8 y el parágrafo del artículo 4°, los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 40 y 45 del artículo 6°, y los numerales 7, 8, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 42 del artículo 8° del Decreto 1018 de 2007, el Decreto 3556 de 2008, las Resoluciones 581, 1189 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social, el numeral 1.3 del Capítulo I del Título II y el numeral 3, Capítulo Segundo, Título XI de la Circular Externa 047 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, y

CONSIDERANDO:

1.1. La Seguridad Social en la Carta Política

El artículo 48 de la Constitución Política dispone que la Seguridad Social es un servicio público. Esta característica también es resaltada respecto de los servicios de atención en salud y saneamiento ambiental (artículo 49 ibídem).

Con el paso del tiempo, los servicios públicos pasaron a ser un atributo del ciudadano, un criterio de identificación del mismo y un propósito global de todos los Estados para garantizar su acceso. En la década del 70 fue común hallarlos acompañados de la expresión "necesidades básicas satisfechas". Los elementos de generalidad, igualdad, continuidad, obligatoriedad, propios de este concepto, se predican de todos los habitantes de la Nación.

Según la Corte Constitucional, el derecho a la salud se ha definido como un derecho irrenunciable, universal, inspirado en los principios constitucionales del Estado Social de Derecho, solidaridad y dignidad humana, que persiguen el cumplimiento material y efectivo de las garantías constitucionales. En este sentido, la Seguridad Social es un servicio público sujeto a lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución que los define como inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a los habitantes del territorio nacional.

El tema de la Seguridad Social ha sido tomado por el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que, es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Así las cosas, se garantiza a todos los habitantes del territorio el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

Le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. En este sentido, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social en Salud para garantizar la salud con énfasis en la promoción y la prevención para que todos los habitantes del país tengan acceso a los servicios de salud.

Las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 y 1176 de 2007 y 1438 de 2011 mediante el régimen de competencias, y los recursos, establece una nueva organización administrativa y financiera de los servicios de salud en el país, otorga protagonismo y autonomía a las autoridades locales y regionales de salud, al tiempo que establece los porcentajes de inversión a estas instancias, para el desarrollo de la atención a la población.

La Ley 100 de 1993 introdujo cambios en la forma de financiamiento de los prestadores públicos y privados de los servicios de salud. Se pasó de un sistema de transferencia de recursos a uno de financiación por medio de la venta de servicios, profundizando de esta manera, la competencia entre el sector público y el privado con el Estado como regulador.

El Estado colombiano por intermedio del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social y en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política provee las herramientas para la oferta y establece la seguridad social en salud a la población del territorio nacional a través de la Ley 100 de 1993.

El sistema de salud existente, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se caracterizaba por la falta de universalidad, solidaridad y eficacia en sus distintas acciones, reflejada básicamente la insuficiente cobertura de la población para la atención de su salud, el centralismo y rigidez para la prestación de sus servicios, la escasa capacidad resolutiva de los servicios, y la inexistencia del trabajo intersectorial, entre otros factores, que llevaron a que el sistema en salud fuera profundamente inefectivo.

La Carta Constitucional de 1991, en el artículo 48 consagra la creación del Sistema de Seguridad Social Integral, concediéndole la Dirección, Coordinación y Control a cargo del Estado colombiano.

Con las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 y 1176 de 2007, y 1438 de 2011 se desarrolla el Sistema de Seguridad Social Integral, entendido como la totalidad de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los riesgos, especialmente las que afectan la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el

fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Para estos efectos, se considera al sistema como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, conformado por los regímenes establecidos por el legislador.

En términos de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y conforme al artículo 2° del Decreto 806 de 1998, el Estado garantiza el acceso a los servicios de salud y regula el conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial, con el propósito de mantener o recuperar su salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por enfermedad general y maternidad.

En este sentido, y como lo reconoce la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: "4.1.6. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su conjunto, es un servicio público esencial. Es además un "servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a cargo del Estado" (artículo 4°, Ley 100 de 1993).

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa en los principios de universalidad, equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, subsidiariedad, complementariedad, participación social, participación ciudadana, concertación, calidad e integración funcional.

La Ley de Seguridad Social, que reforma el Sistema de Salud en Colombia, tiene entre otros propósitos resolver problemas de inequidad en el acceso a los servicios y mejorar la calidad en la prestación de los mismos; enfrentar la desarticulación entre las diferentes instituciones (inadecuada coordinación y complementariedad) y la debilidad de la estructura institucional y administrativa.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

Al Estado le corresponde garantizar este conjunto de beneficios en forma directa o a través de terceros con el objeto de proteger de manera efectiva el derecho a la salud. Estos se agrupan en cinco tipos de planes diferentes a los cuales se accede dependiendo de la forma de participación en el Sistema. Dicha participación se efectúa en calidad de afiliado cotizante, como afiliado beneficiario, como afiliado subsidiado, o como pobre no asegurado o como pobre en actividades no cubiertas por subsidios a la demanda.

Debe tenerse en cuenta, que de acuerdo con lo definido por el literal b) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 157 y el artículo 25 del Decreto 806 de 1998, establece entonces, los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, manifestando que a partir de la sanción de la Ley 100 de 1993, todo colombiano participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud, unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo o subsidiado, y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados hoy población pobre no asegurada.

El Estado colombiano a través del Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social y en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política provee las herramientas para la ofertas y establece seguridad social en salud a la población del territorio nacional a través de la Ley 100 de 1993. Bajo su división en dos regímenes el "Contributivo y el Subsidiado", Transformando el esquema tradicional en salud y generando como resultado el subsidio a la demanda y la transformación del Subsidio de la oferta, que beneficiará a la población pobre y vulnerable clasificada en los listados censales y a la población pobre y vulnerable identificada en los niveles Uno (1), Dos (2) y Tres (3) de la Encuesta del Sisbén de cada municipio.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se constituye en el nuevo paso de organización en salud en el territorio nacional bajo la consigna del aseguramiento, la afiliación y la atención de la población del territorio nacional en cumplimiento, de los principios de solidaridad, universalidad, eficiencia y equidad en la prestación de servicios de salud, el cual debe brindarse con oportunidad, calidad y accesibilidad y cubrimiento en el territorio nacional a través de:

• El Régimen Contributivo, creado para la afiliación y aseguramiento en salud de la población con capacidad de pago para pagar su salud

• El Régimen Subsidiado organizado para la afiliación y aseguramiento de la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud.

• La atención de la población pobre no asegurada, establecida para atender a la población pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud no afiliada por ningún sistema de salud.

El sistema crea la operación y gestión del proceso de aseguramiento y la prestación directa de servicios en los denominados Prestadores de Servicios de Salud. Adicionalmente, crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por persona año, el Plan Obligatorio de Salud y la Unidad de Pago por Capitación.

Lo novedoso del Sistema consiste en la división y especialización de las funciones de dirección y control, afiliación, gestión y aseguramiento y prestación directa de servicios en entidades independientes con autonomía administrativa y financiera que independiente de su naturaleza pública o privada realizan sus funciones con criterios de eficiencia empresarial, calidad de los servicios, integración funcional y rentabilidad económica.

El SGSSS asegura internamente su equilibrio contraponiendo la racionalidad económica de los aseguradores con la de los prestadores directos u operadores primarios de los

servicios de salud, en el sentido de que los primeros obtienen su rentabilidad en relación inversa con el número de casos atendidos, vale decir, en el espíritu de la ley en el número de casos prevenidos y los segundos, los prestadores obtienen su rentabilidad a medida que crecen los casos atendidos.

Conforme lo consagrado en la Ley 100 de 1993, sobre la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, este se compone de aseguradoras, administradoras y prestadores de servicios de salud.

I. La Dirección y Rectoría, en cabeza del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Comisión de Regulación en salud CRES, quienes dictan las reglas básicas para garantizar la operación del sistema;

III. El Aseguramiento en salud, que opera en un mercado de competencia regulada a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, los Regímenes Especiales o Excepcionales en Salud, Las Entidades que Ofrecen Planes Adicionales de Salud.

IV. La Administración de la Salud, organizada a través de las Direcciones Territoriales de Salud, en función de la garantía en la atención de los servicios de salud.

V. La Prestación de Servicios de Salud, mediante los Prestadores de Servicios de Salud (PSS).

VI. La Inspección, Vigilancia y Control, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS), e Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

VII. La Jurisdicción de la Salud, esto es, los jueces de la salud, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud.

VIII. La Conciliación extrajudicial en salud, que podrá ser adelantada ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Este diseño institucional plantea un Sistema de Salud que separa el aseguramiento de la prestación de servicios, con medidas de regulación para que cada función se realice en condiciones de competencia y para que el flujo de recursos desde el aseguramiento hacia la prestación se canalice mediante mecanismos de negociación.

La Ley 100 de 1993 estableció la libertad de elección por parte de los usuarios o afiliados del seguro, quienes pueden decidir a qué EPS se afilian y cambiar de asegurador en los términos previstos en la norma; además, también tienen la facultad para elegir, entre las opciones que el asegurador le presente, el prestador de servicios al cual quiere acudir al momento de hacer uso del seguro.

Existen entonces dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:

• Los afiliados al Sistema mediante el Régimen Contributivo. Son las personas vinculadas a través de contratos de trabajo, los pensionados, los servidores públicos, los jubilados, los asociados a Cooperativas de Trabajo Asociado, y los trabajadores independientes informales y formales (estos últimos llamados contratistas).

Y una transitoriedad en el sistema,

• La prestación de los servicios de salud a la población pobre no asegurada.

Es un conjunto de normas que rigen el ingreso de las personas sin capacidad de pago y su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es así que, como Beneficiarios del Régimen Subsidiado en Salud, podrán actuar como afiliados al Sistema, una vez se identifique el monto de los recursos del Subsidio a la demanda que permitan establecer el número de personas a ser afiliadas al Régimen Subsidiado en el respectivo municipio (según lo definido por el artículo 214 de la Ley 100 de 1993); se efectúe el proceso de Priorización de potenciales beneficiarios del Régimen Subsidiado y, se realice la inscripción y selección de EPSS, dentro de las seleccionadas por el Ministerio de la Protección Social, hoy de Salud y Protección Social, para operar regionalmente, e inscritas por el municipio. Una vez afiliados procederán a ser atendidos en los servicios de salud que cubra el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, POSS, a través de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) que para el efecto, la EPSS posea o haya contratado.

La Ley 1122 de 2007, crea el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud como un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre sí, el cual estará en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, sin perjuicio de las facultades asignadas al Instituto Nacional de Salud (INS), y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Dentro del proceso normativo, se ha pasado de un proceso de descentralización territorial definido por la Ley 10 de 1990, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993, a un proceso de departamentalización de la Salud con Ley 715 de 2001, y por último con Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, a un proceso de Nacionalización – Centralización de la salud de vigilancia y control del SGSSS en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el seguimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones administrativas.

Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender por que las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este.

Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal, bien sea por acción o por omisión.

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social en su componente de atención de la salud es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En virtud de los artículos 48 y 115 de la Carta Política, las Superintendencias desempeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las Superintendencias ejecutan específicamente las funciones para las cuales fueron creadas por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de autonomía jurídica, administrativa y financiera.

La incidencia del Estado Social de Derecho en la organización política puede ser descrita tanto desde una perspectiva cuantitativa como a través de un crisol cualitativo. Lo primero entendido como el Estado Bienestar y el segundo bajo el tema del Estado constitucional democrático. Así lo ha indicado la Corte Constitucional en uno de los primeros fallos en que tuvo la oportunidad de dimensionar la estructura concebida a raíz de la expedición de la Constitución de 1991:

En torno a su definición, Laubadére la caracteriza como:

El concepto de policía administrativa tiene, pues, una orientación garantista del orden público. Esta labor implica una serie de fases, herramientas y mecanismos con base en los cuales la misma sea atendida. De allí que a la par de funciones de seguimiento e inspección existan otras relacionadas con las sanciones, así como algunas que tienen que ver con la autorización y finalización de los operadores del sistema.

Al respecto, ha afirmado la Corte Constitucional:

Se deduce de los anteriores predicados que el desempeño de las competencias atribuidas a algunas Superintendencias en lo atinente a la inspección, vigilancia y control está condicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios estables que, sin embargo, no impiden la actuación ágil y oportuna de estos organismos, encargados de verificar en la práctica la transparencia de las operaciones sometidas a su escrutinio, ni enervan la flexibilidad por estos requerida para hacer efectivos en las situaciones concretas los postulados constitucionales y legales, todo lo cual exige que se los dote de los instrumentos y de las atribuciones necesarias (Corte Constitucional, Sent. C-233 de 15 de mayo de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz).

Concordante con lo anterior, el Presidente de la República, en atención a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, delegó en el Superintendente Nacional de Salud, la facultad de inspección, vigilancia y control del Sector Salud.

Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional, en Sentencia C-561 de 1999, así:

En concordancia con lo anterior, en sentencia C- 921 de 2001 con ponencia del Magistrado Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional sostuvo que: "la vigilancia y control de la Seguridad Social corresponde al Presidente de la República, labor que cumple por intermedio de la Superintendencia de Salud".

Consecuencia de lo expuesto, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo.

La Superintendencia Nacional de Salud ejerce la inspección, vigilancia y control sobre los sujetos que tienen a su cargo la gestión de recursos públicos destinados a la prestación de servicios en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Para tal fin, ejerce una serie de atribuciones y facultades, entre las que se encuentra la de sancionar a los vigilados por el incumplimiento de las normas que regulan su actuar. En cuanto al alcance e implicaciones de esta atribución la Corte Constitucional ha puntualizado:

Es importante resaltar que la Administración Pública, puede entenderse en dos aspectos: El primero sustancial u objetivo, para lo cual está creada; es decir, el bien común, que implica la prestación de servicios que requieren los gobernados. El segundo, en sentido orgánico o funcional, como compuesto interrelacional de variadas alternativas e incumbencias, con respecto a su funcionamiento y gestión y al empleo de las personas naturales encargadas de los servicios del Estado.

Técnicamente, la Ley 489 de 1998, determina que la Administración Pública está conformada por diferentes organismos de la rama ejecutiva del poder público y demás organismos y entidades de naturaleza pública que tienen a su cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos, así mismo los Departamentos Administrativos y las Superintendencias, constituyen el Sector Central de la Administración Pública Nacional.

En este orden de ideas, corresponde al Estado, organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes del territorio nacional, así como establecer las políticas para su prestación y ejercer Inspección, Vigilancia y Control, de conformidad con la disposición normativa contenida en el artículo 49 de la Constitución Política.

En materia de competencias, se tiene que el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, establece que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud.

El último inciso de la norma en cita, prevé:

Así las cosas, la Superintendencia Nacional de Salud, como cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

La Ley 1122 de 2007 en su Capítulo VII establece las disposiciones que enmarcan el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como el conjunto de normas, agentes y procesos articulados entre sí, el cual está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales, funciones que deberá enfocar hacia el financiamiento, el aseguramiento, la prestación de servicios de atención en salud pública, la atención al usuario y participación social, las acciones y medidas especiales, la información y la focalización de los subsidios en salud.

Dicho marco normativo establece también las funciones y facultades de la Superintendencia Nacional de Salud, entre las cuales se encuentran, la de ejercer la competencia preferente de la Inspección, Vigilancia y Control para que cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud e imponer las sanciones a que haya lugar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las autoridades competentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema.

Son objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud:

a) Financiamiento. Su objetivo es vigilar por la eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, flujo, administración y aplicación de los recursos del sector salud;

b) Aseguramiento. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de la afiliación o vinculación de la población a un plan de beneficios de salud;

c) Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación;

d) Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud;

g) Focalización de los subsidios en salud. Vigilar que se cumplan los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios y la aplicación del gasto social en salud por parte de las entidades territoriales.

La Superintendencia Nacional de Salud, además de las funciones y facultades ya establecidas en otras disposiciones, cumplirá dentro del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, entre otras las siguientes:

bb) Ejercer la competencia preferente de la Inspección, Vigilancia y Control frente a sus vigilados, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los demás órganos que ejercen Inspección, Vigilancia y Control dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el ejercicio

Serán sujetos de Inspección, Vigilancia y Control integral de la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros, los siguientes:

El Despacho del Superintendente tendrá, entre otras funciones, las siguientes:

2.4.6. Facultades de Intervención Estatal

La Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la función de Inspección, Vigilancia y Control con el objetivo de asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a la prestación de los servicios de salud, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de vigilancia cumplan con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

La Seguridad Social y la atención en salud, se encuentran definidas por la Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, como servicios públicos de carácter obligatorio, a cargo del Estado, disponiendo que se prestarán bajo la dirección, coordinación y control del Estado, acatando los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Fijó, en consecuencia, la norma superior, los pilares de la organización, estructura, características y funcionamiento de la prestación de los servicios de salud en Colombia, ligado completamente al concepto de finalidad social del Estado, asegurando, de suyo, que la misma resulte eficiente para todos los habitantes del territorio nacional.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 4°, desarrolló la Seguridad Social como servicio público obligatorio esencial en lo que atañe con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, organizó el funcionamiento y administración de los regímenes Contributivo y Subsidiado, los cuales coexisten articuladamente. Así mismo, los artículos 154, 180, 181, 230 y 233 de la ley en mención, le otorgan a la Superintendencia Nacional de Salud facultades de Inspección, Vigilancia y Control, respecto de las Entidades Promotoras de Salud cualquiera que sea su naturaleza.

Así las cosas y conforme lo expuesto, tenemos que a la Superintendencia Nacional de Salud le han sido asignadas facultades de policía administrativa, con el objeto de cumplir las funciones de vigilancia, para ello tiene: facultades sancionatorias entre las cuales encontramos la amonestación, las multas, la revocatoria total o parcial o la suspensión el certificado de funcionamiento de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo o la revocatoria total o parcial de la habilitación de una Entidad Promotora de Salud del

Régimen Subsidiado, "EPSS", cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad; y facultades preventivas y cautelares, entre las cuales encontramos las medidas cautelares o preventivas, como Institutos de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, tales como, la intervención forzosa administrativa para administrar, la intervención forzosa administrativa para liquidar, la vigilancia especial, entre otras, de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo o de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, "EPSS", cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

El inciso 2° del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, faculta a esta Superintendencia para revocar o suspender el certificado de autorización que hubiere otorgado a las Entidades Promotoras de Salud, en los siguientes casos:

Por otro lado, y conforme al artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, la Superintendencia Nacional de Salud, revocará la licencia de funcionamiento, si a ello hubiere lugar, a las personas jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de su vigilancia, por incurrir en conductas que vulneren el sistema General de Seguridad Social en Salud y el Derecho a la Salud.

Conforme al numeral 1, del artículo 16 del Decreto 515 de 2004 y el artículo 4º del Decreto 3556 de 2008, la Superintendencia Nacional de Salud revocará, totalmente, la habilitación de las Entidades Promotoras de Salud del régimen subsidiado, cuando se verifique el incumplimiento de por lo menos una de las condiciones que a continuación se señalan:

Mientras que, el numeral 2, del artículo 16 del Decreto 515 de 2004 y el artículo 4° del Decreto 3556 de 2008, establece que la Superintendencia Nacional de Salud revocará, parcialmente, la habilitación de una Entidad Promotora de Salud del régimen subsidiado, cuando se presente, por lo menos, uno de los siguientes eventos:

Así mismo y en concordancia con lo anterior, el artículo 5° del Decreto 506 de 2005, faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para adoptar en cualquier momento que se establezca alguna de las causales a que se refiere el artículo 230 de la Ley 100 de 1993 o las que se determinen en las disposiciones legales, (como es el caso del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011), reglamentarias, (como lo definido por los numerales 1 y 2 del artículo 16 del Decreto 515 de 2004 y el artículo 4º del Decreto 3556 de 2008), o estatutarias vigentes, la revocatoria y la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que reposa en la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las entidades deban enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud de información que se les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de la información que se obtenga en ejercicio de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control; o a partir de las visitas que realice el organismo de control.

Aunado a lo expuesto, a esta Superintendencia en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1018 de 2007, le corresponde ejercer la Inspección, Vigilancia y Control sobre el

De igual forma, el artículo 8° del Decreto 1018 de 2007 establece las funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud, entre las que encontramos, entre otras

2.4.6.2. Medidas cautelares o preventivas como institutos de salvamento y protección de la confianza pública

El parágrafo 2º del artículo 230 de la Ley 100 de 1993, establece que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de Inspección, Control y Vigilancia respecto de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

Igualmente, el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, estableció que el procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria.

Por otro lado, el inciso 1º del artículo 6º del Decreto 506 de 2004, contempla la remisión específica a la Regulación del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, en relación con las medidas cautelares, así:

Del mismo modo, y conforme a lo anterior expuesto, el numeral 25 del artículo 6º del Decreto 1018 de 2007 estableció como funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras la siguiente:

En virtud de lo anterior, y por remisión expresa del Estatuto Orgánico Financiero, se establece en el Capítulo XX, los Institutos de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, estableciendo en el artículo 113 Las Medidas Preventivas de la Toma de Posesión, dentro de las cuales se encuentra la Vigilancia Especial, que se define como una medida cautelar a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia. En el evento en que se establezca dicha medida, corresponderá a la Superintendencia Nacional de Salud determinar los requisitos que tales entidades deben observar para su funcionamiento, con el fin de levantar o mantener esta medida.

Es importante precisar que la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con la normatividad aquí expuesta, cuenta con la facultad de adoptar las medidas cautelares establecidas en el Capítulo XX del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con relación a las Entidades Promotoras de Salud que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud.

De acuerdo a la remisión expresa, contenida en el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 1º del artículo 6º del Decreto 506 de 2005 y de acuerdo a las funciones señaladas para la Superintendencia Nacional de Salud en el numeral 25 del artículo 6º del Decreto 1018 de 2007, en relación con las medidas cautelares, las normas aplicables a los otros mecanismos cautelares que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, son las contempladas en el Capítulo XX del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto-ley 633 de 1993.

Comencemos por aclarar que estos mecanismos no son medidas administrativas de carácter sancionatorio, ni tampoco pueden ser considerados jurídicamente como actos de intervención. Su naturaleza corresponde a la de una medida cautelar que puede disponer la Superintendencia Nacional de Salud frente a instituciones vigiladas en circunstancias especiales.

El artículo 326 del Estatuto Orgánico Financiero en su numeral 5 literal c) establece las medidas cautelares como una facultad de prevención de la Superintendencia Nacional de Salud.

Teniendo en cuenta que la palabra "cautelar", debe entenderse como sinónimo de "preventivo", y en el sector salud estas medidas preventivas deberán guiarse a evitar la pérdida de confianza en el sistema o la afectación en el aseguramiento en salud y en el servicio de salud.

Las medidas preventivas de la toma de posesión como Institutos de Salvamento y protección de la confianza pública, consagradas en el Capítulo XX artículo 113 del Estatuto Orgánico Financiero, corresponden entonces a una medida cautelar que propugna para que los actores del Sistema, cumplan a cabalidad y con respeto las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y buscan esencialmente, proteger la confianza pública.

La Superintendencia Nacional de Salud, como máximo órgano de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el marco de su competencia, propugna para que los actores del Sistema sobre los cuales ejerce las funciones señaladas, cumplan a cabalidad y con respeto las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es de resaltar que en ejercicio de las facultades legales de inspección, vigilancia y control que le competen a la Superintendencia Nacional de Salud, las medidas cautelares que se adopten tienen como finalidad la debida observancia de las normas que rigen el SGSSS, el respeto debido a estas, para con ello en consecuencia, evitar y contrarrestar los hechos y circunstancias que ponen en peligro y lesionan el orden jurídico que se protege.

En la tipología de las medidas preventivas de saneamiento como Institutos de Salvamento y protección de la confianza pública, señaladas en el artículo 113 del Decreto-ley 663 de 1993, son:

i. Vigilancia Especial

ii. Recapitalización

iii. Administración Fiduciaria

iv. Cesión Total o Parcial de Activos, Pasivos y Contratos y Enajenación de Establecimientos de Comercio a otra Institución

v. Fusión

vi. Programa de Recuperación

vii. Exclusión de Activos o Pasivos

viii. Prohibición de compensación en Cooperativas Financieras

ix. Programa de Desmonte Progresivo

x. Provisión para el pago de pasivos laborales

Por lo que, de conformidad con el numeral 1º del artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 964 de 2005, modificado por el artículo 83 de la Ley 1328 de 2009 y en armonía con el numeral 13 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus facultades de prevención, podrá adoptar cuando lo considere pertinente y según las circunstancias, cualquiera de las medidas cautelares previstas.

Sin olvidar que, mediante el inciso 3º del artículo 6° del Decreto 506 de 2005 y el artículo 87 de la Ley 795 de 2003 que modifica el artículo 335 del Decreto-ley 663 de 1993, se consagra que las medidas cautelares, que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata, en consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo.

Dentro de los objetivos de las medidas preventivas, como Institutos de Salvamento y protección de la confianza pública se busca:

1. Salvar la entidad vigilada para que siga operando normalmente. Las medidas referidas tienen a su vez como finalidad poner a la entidad en condiciones de seguir operando normalmente en el mercado, de suerte que se evite acudir a la medida extrema de toma de posesión para liquidarla.

2. Proteger los intereses de los afiliados, prestadores de servicios de salud, proveedores, y terceros de buena fe. Como consecuencia obvia del salvamento de la entidad vigilada se logra proteger en particular las acreencias de los acreedores de la entidad objeto de la medida, y los derechos de sus afiliados. Se salvaguardan igualmente los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en general los dineros del erario público, con lo cual se evitan traumatismos de distinto orden para el mismo Estado.

3. Asegurar la confianza pública en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La consecución de cada uno de los anteriores objetivos, vale decir, su materialización, es naturalmente lo que permite construir un ambiente de confianza y seguridad por parte de la comunidad frente al sector de la salud. Desde este punto de vista podemos decir que este objetivo configura en suma el fin supremo de las medidas preventivas como Institutos de Salvamento y protección de la confianza pública.

Actualmente el EOSF consagra varios tipos de medidas cautelares. Las podemos clasificar según la facultad legal que tiene el Superintendente Nacional de Salud para ordenarla, promoverla o autorizarla. Paralelamente a esa facultad se puede inferir en qué eventos la medida es de obligatorio cumplimiento para la entidad vigilada, en cuáles tiene libertad para acogerse o no a ella y en qué casos puede ser fruto de su propia iniciativa. De acuerdo con lo anterior, estos institutos de salvamento se pueden clasificar de la siguiente manera: medidas cautelares obligatorias por imposición u orden de la Superintendencia; medidas cautelares que puede promover la Superintendencia; y medidas cautelares voluntarias previa autorización de la Superintendencia.

Dentro de esta categoría se encuentran las que pueden ser ordenadas por dicha autoridad. En consecuencia, una vez ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud es de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad objeto de la medida.

La facultad para decidir qué mecanismo ordenar y en qué oportunidad, es discrecional del Superintendente Nacional de Salud. Para ello dicho funcionario debe evaluar y sopesar la situación particular que presente la entidad vigilada, y observar en cada caso las disposiciones legales pertinentes.

De otra parte, el instituto de salvamento que puede ordenar la Superintendencia debe tener una relación funcional directa con el hecho que genera la causal de revocatoria, con el fin de que pueda alcanzar eficazmente los propósitos preventivos que se persiguen.

Pertenece a esta modalidad la vigilancia especial.

A través de esta medida la Superintendencia Nacional de Salud puede ejercer una vigilancia mucho más exigente y rigurosa, una supervisión in situ por el tiempo que sea necesario y en todo caso diferente a la que realiza ordinariamente en casos normales.

Lo más destacable es que bajo esta medida el Superintendente Nacional de Salud, tiene facultad para imponer requisitos especiales de funcionamiento a la entidad afectada, según lo preceptuado por el artículo 113 numeral 1º del EOSF. Dichos requisitos pueden ser de carácter financiero, económico, administrativo, tecnológico, operativo, legal o de otra naturaleza. Algunas de ellas pueden ser de ejecución inmediata, otras de tracto sucesivo o de duración indefinida mientras dure la medida cautelar.

Es importante precisar, que la Superintendencia Nacional de Salud puede ordenar la adopción de medidas cautelares de vigilancia especial, como una medida preventiva, señalándose por parte del ente de control las condiciones excepcionales y temporales de esta.

Es de advertir que el incumplimiento de lo ordenado en las medidas de vigilancia especial como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, generan un riesgo inminente, no sólo en la prestación de los servicios de salud ofertados a su población afiliada, sino también al propio Sistema General de Seguridad Social en Salud, hecho por el cual la Superintendencia Nacional de Salud, se encontraría obligada a adoptar las medidas necesarias tendientes a superar dicha situación, máxime, cuando se desprende sin lugar a equívocos, que el incumplimiento de lo ordenado en la medida de vigilancia especial, como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, genera la existencia de conductas que vulneran el sistema general de seguridad social en salud y el Derecho a la salud, configurándose por ende, la causal de revocatoria de la habilitación a que se refiere el numeral 7 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 4° del Decreto 3556 de 2008.

En consecuencia, sí existen disposiciones en virtud de las cuales se construye un deber legal de funcionamiento de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en las medidas de vigilancia especial como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública.

En el marco de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y el Decreto 1018 de 2007, la Superintendencia Nacional de Salud, ha adelantado el seguimiento y monitoreo integral a las Entidades Promotoras de Salud frente a la obligación de dar cumplimiento a las normas del Sistema de Seguridad Social en Salud, con el propósito de detectar desviaciones y establecer los correctivos para garantizar la efectiva prestación del servicio de salud a los usuarios del Sistema.

El servicio público de salud es inherente al Estado Social de Derecho, y en consecuencia, su labor consiste en asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, concretamente en relación con salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, tal y como lo establecen los artículos 49 y 365 de la Constitución Política Colombiana.

Si lo que se pretende es salvaguardar los derechos fundamentales, es preciso que la actividad del Estado, tenga las facultades necesarias para lograr su preservación y evitar el riesgo, cuando ello sea posible sin perjuicio de los deberes correccionales.

Cualquier conducta que tergiverse el actuar de las EPS, es reprochable, por la conducta en sí, y por las consecuencias y responsabilidad que se producen en la atención en salud, teniendo en cuenta que al ciudadano, se le debe brindar la máxima confianza y seguridad respecto de los actores en el SGSSS.

Respecto al suministro de servicios que realiza la EPS, deberá tenerse en cuenta que el ofrecimiento y prestación de los servicios que se contemplen, debe enmarcase dentro de lo dispuesto por las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, advirtiendo, que el desconocer la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y operar sin el cumplimiento de los requisitos allí dispuestos, puede vulnerar el sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud y poner en peligro el aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud.

En consecuencia, existen disposiciones en virtud de las cuales se construye un deber legal de funcionamiento de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por lo anterior, la propia Superintendencia Nacional de Salud está facultada para adoptar las decisiones que a su juicio mejor consulten el propósito explícito en la normatividad de defender el interés público tutelado, lo cual ha de traducirse necesariamente en evitar que el orden jurídico sea perturbado con conductas ilegales.

La Superintendencia Nacional de Salud en aras de proteger el interés público, razón última de este organismo de Inspección, Vigilancia y Control, y de conformidad con sus funciones y facultades legales y constitucionales, puede proceder a adoptar las medidas tendientes a evitar y contrarrestar los hechos y circunstancias que pongan en peligro el aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud y puedan lesionar el orden jurídico que se protege esto es la población afiliada al sistema General de Seguridad Social en Salud.

Lo anterior, sin olvidar que:

I. En materia de salud, la realización del servicio público de carácter obligatorio de la Seguridad tiene como sustento un sistema normativo integrado, lo que significa, que el Sistema de Seguridad Social en Salud es reglado y en consecuencia quienes en él participan, como es el caso de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, no pueden hacer sino lo que expresamente ha determinado la ley.

II. A las EPS-S que aseguran servicios de salud y prestan los servicios de salud les rige el principio de los funcionarios públicos, que únicamente pueden hacer lo que les esté expresamente permitido.

III. La Seguridad Social en Salud no puede ser prestada por las EPS-S sino en la forma establecida en la Ley 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y las normas que la desarrollan.

Con la medida de vigilancia especial, la Superintendencia Nacional de Salud busca impedir el incumplimiento de las normas de Salud por parte de los vigilados en un tiempo determinado y bajo unas condiciones y situaciones excepcionales bajo los parámetros establecidos por la entidad de Inspección, vigilancia y control.

Como mecanismo legal para fortalecer las funciones de Inspección, Vigilancia y Control y teniendo como fin institucional la credibilidad de los usuarios del Sistema, la Superintendencia Nacional de Salud adopta las medidas cautelares de vigilancia especial con relación a las Entidades Promotoras de Salud, como instrumento regulatorio tendiente a cautelar la confianza pública, y evitar así, una situación financiera e institucional general, que afecte los afiliados a estas y la operación y funcionamiento de las entidades vigiladas.

Esta medida resulta adecuada toda vez que según lo señalado en el artículo 113 del Estatuto Orgánico Financiero EOSF que la consagra, le permite a la Superintendencia Nacional de Salud por remisión expresa de la normatividad vigente, definir los requisitos que la entidad debe observar para su funcionamiento.

En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud dando estricto cumplimiento a la normatividad que regula la materia, al adoptar la medida Cautelar de Vigilancia Especial, genera la seguridad al afiliado, de que la entidad a la cual se encuentre asegurado en salud, cumpla con unos estándares definidos, y cuente así con capacidad para operar los servicios de salud y administrar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con responsabilidad y eficiencia, y garantice así a este, el acceso a los servicios de salud.

Por lo que, la medida cautelar de vigilancia especial busca evitar así deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de las condiciones de permanencia en la habilitación, la no garantía del aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud, en aras de proteger el interés público, razón última de la superintendencia Nacional de Salud, como organismo de Inspección, Vigilancia y Control, y de conformidad con sus funciones y facultades legales y constitucionales, a fin de evitar deficiencias técnico administrativas, deficiencias técnico científicas, deficiencias financieras, y deficiencias en la garantía del aseguramiento en salud de su población afiliada, si a ello hubiere lugar, o a proceder a la aplicación de las sanciones que fueren del caso.

A la Superintendencia Nacional de Salud le es exigible, al desarrollar su función de policía administrativa, dar cumplimiento a la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos.

Sobre el principio constitucional del debido proceso dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-460 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, lo siguiente:

Así, pues, el debido proceso, en términos generales, se define doctrinariamente como el conjunto de procedimientos y garantías establecidos en el derecho positivo con el fin de impartir pronta y cumplida justicia, entendida en su sentido lato como la debida resolución de conflictos o peticiones (actuaciones judiciales o administrativas). La figura se expresa mediante un conjunto de derechos básicos, a saber:

– Derecho a la jurisdicción o competencia, concebido como el libre e igualitario acceso ante el funcionario competente, obtención de decisiones motivadas, impugnación de decisiones, y el cumplimiento de lo decidido, una vez se encuentre en firme.

– El derecho al juez o funcionario natural, comprendido como el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para atender en debida forma la petición o conflicto en cada caso concreto.

– El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas o inexplicables (principios de economía, eficiencia, eficacia y publicidad).

– El derecho a la independencia e imparcialidad del funcionario judicial o administrativo, que se materializa cuando el funcionario se ciñe objetivamente, en el cumplimiento de sus funciones, a los mandatos del orden jurídico imperante, sin ningún tipo de influencia interna o externa (sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas).

– El derecho de accionar o peticionar (sentencias T-001 de 1993; C-540 de 1997).

Así, las actuaciones administrativas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo tenga la oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando, en todo caso, los términos y las etapas procesales.

Son requisitos para la autorización de funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud o entidades de naturaleza pública, privada o mixta por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, establecidos en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993 los siguientes:

las condiciones de habilitación establecidas por el Decreto 515 de 2004 los Decretos 510, 3010 y 3880 de 2005, y las Resoluciones 581 y 1189 de 2004.

Son funciones de las EPSS las siguientes:

1. Promover la afiliación de la población beneficiaria del régimen subsidiado, garantizando la libre elección por parte del beneficiario.

2. Afiliar a la población beneficiaria de subsidios y entregar el carné correspondiente que lo acredita como afiliado, en los términos fijados por las normas vigentes.

3. Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, como aseguradoras y administradoras que son, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención, evitando en todo caso la discriminación de personas con altos riesgos o enfermedades costosas.

8. Establecer el sistema de administración financiera de los recursos provenientes del subsidio a la demanda.

9. Organizar estrategias destinadas a proteger la salud de sus beneficiarios que incluya las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación dentro de los parámetros de calidad y eficiencia.

Con la Ley 715 de 2001, se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud entre otros, conforme al numeral 10 de su artículo 42 establece que, corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio nacional, definir en el primer año de vigencia de esta Ley, el Sistema Único de Habilitación, el Sistema de Garantía de la Calidad y el Sistema Único de Acreditación de Prestadores de Servicios de Salud.

1. El Sistema Único de Habilitación.

2. La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud.

3. El Sistema Único de Acreditación.

4. El Sistema de Información para la Calidad.

El Sistema Único de Habilitación se constituye en un instrumento de protección al usuario ya que la idea es que los actores del SGSSS se concienticen de hacer las cosas bien, con responsabilidad y con ética.

Lo señalado anteriormente guarda directa relación con el proceso de habilitación, componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, que al tratarse de Entidades Promotoras de Salud, corresponde adelantarlo a la Superintendencia Nacional de Salud, como bien lo dispone el Decreto 1011 de 2006.

La Superintendencia Nacional de Salud informará al Ministerio de Salud y Protección Social el resultado de las visitas y deberá consolidar la información de habilitación de estas entidades.

Las EAPB deberán mantener y actualizar permanentemente los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional.

La Superintendencia Nacional de Salud podrá revocar la habilitación a una EAPB cuando incumpla cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su otorgamiento. El incumplimiento de las condiciones de habilitación por parte de las EAPB dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en la ley, previo agotamiento del debido proceso, tal y como lo establece el artículo 31 del Decreto 1011 de 2006.

Como se advirtió con anterioridad, la habilitación se erige como un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1011 de 2006, y cuyos componentes generales son los siguientes:

– Acreditación. Está orientado más allá de unos requisitos mínimos, va a los procesos y a mejorarlos, a la planeación permanente donde el único beneficiado es el usuario, todo dentro de un modelo de mejoramiento continuo, incentivando la cultura del autocontrol, del crecimiento organizacional donde están involucrados todos los miembros de la organización con reconocimiento permanente de su talento, competitividad y capacitación continua dentro del proceso y con los que interactúa.

La finalidad del componente de Habilitación, es garantizar a los usuarios del Sistema, que las entidades a las que la Superintendencia Nacional de Salud, autoriza su habilitación, acreditaron el cumplimiento de unas condiciones mínimas y dentro de estas de unos estándares mínimos, que en el caso de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, determinen que cuentan con capacidad para garantizar el aseguramiento en salud en el régimen subsidiado, de manera responsable y eficiente y brindar en este, el acceso a los servicios de salud a su población afiliada, sin condicionamientos e ininterrumpidamente.

Así mismo, en el artículo 3° del Decreto 515 de 2004, se determinaron las condiciones para la habilitación, determinando que las condiciones de operación y permanencia, incluyen:

1. Capacidad Técnico – Administrativa

2. Capacidad Financiera

3. Capacidad Tecnológica y Científica

Igualmente, el Decreto en mención, dispuso en su Capítulo II lo referente a las condiciones de operación -artículos 4, 5 modificado por el artículo 2 del Decreto 3556 de 2008, y 6-, y en el Capítulo III lo concerniente a las condiciones de permanencia, -artículos 7, 8 modificado por el artículo 3 del Decreto 3556 de 2008 y 9-, estableciendo de manera taxativa requerimientos mínimos para cada una de ellas, en cumplimiento de condiciones de capacidad técnico administrativa, tecnológica y científica y financiera.

El artículo 2º del Decreto 3556 de 2008, que modifica el artículo 5º del Decreto 515 de 2004 establece, que de conformidad con lo previsto en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993, las condiciones de capacidad financiera de las EPSS, deberán tener en cuenta el margen de solvencia y el capital o fondo social mínimo que, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, garantice la viabilidad económica y financiera de la entidad según lo establecido en las disposiciones vigentes y lo que establezca el Ministerio de Salud y de Protección Social en proporción al número de afiliados y la constitución de una cuenta independiente de sus rentas y bienes para la administración de los recursos del régimen subsidiado, según el caso.

La Superintendencia Nacional de Salud conforme al numeral 5, del artículo 5º del Decreto 1804 de 1999, autorizará la operación del régimen subsidiado a las entidades, que cumplan entre otros, el requisito de acreditar y mantener como mínimo un patrimonio equivalente a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la operación del régimen subsidiado. Serán procedentes los aportes en especie, los cuales se podrán efectuar en la forma de inmuebles con destino a la sede, así como de los bienes necesarios para la organización administrativa y financiera de la entidad. Para efecto del cálculo del capital mínimo a que se refiere el presente decreto, los bienes que se aporten en especie solamente se computarán hasta por un valor que en ningún caso podrá superar al cincuenta por ciento (50%) del capital mínimo exigido, los cuales serán tomados por el valor en libros.

Conforme al parágrafo del artículo 5º del decreto 1804 de 1999, cuando la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado posea red prestadora de servicios de salud, deberá establecer una separación de cuentas entre el patrimonio destinado a la actividad de la EPSS y el patrimonio que tenga por objeto la prestación del servicio. Cuando la EPSS, opere en el régimen contributivo, deberá administrar los recursos del régimen subsidiado en cuentas independientes.

De otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 2094 de 2010 por medio de la cual se establece el cálculo del Margen de solvencia, para las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, con la siguiente estructura:

Por su parte, al hacer referencia a las condiciones de habilitación, en relación con los requisitos de permanencia, el Decreto 515 de 2004, estableció lo siguiente:

"7.2. La entrega en forma oportuna, veraz y consistente, de los reportes de información requerida por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. (Se resalta fuera del texto).

8.4. Acreditar el cumplimiento de las disposiciones relativas a las reservas, provisiones y operaciones financieras y de inversiones, contempladas en las normas vigentes. La Superintendencia Nacional de Salud podrá establecer provisiones y reservas especiales cuando las condiciones de la entidad o del Sistema lo requieran".

Ahora bien, según lo dispone el Decreto 515 de 2004, artículo 10, la entidad competente para otorgar la habilitación a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, es la Superintendencia Nacional de Salud, y en consecuencia, es la responsable de verificar el cumplimiento de las condiciones del proceso de habilitación y de las condiciones de capacidad que las integran.

El artículo 5° del Decreto 506 de 2005, referente a la suspensión del certificado de funcionamiento o la revocatoria de la habilitación, determinó las causas y la consecuencia del incumplimiento a las condiciones de habilitación, como es la suspensión del certificado de Funcionamiento (para EPS del Régimen Contributivo) y la revocatoria de la habilitación (para EPS del Régimen Subsidiado) así:

Finalmente, valga decir que con el Decreto 3556 del 16 de septiembre de 2008, se modificó parcialmente el Decreto 515 de 2004, y que con la Resolución 1189 de 2004, se modificó la Resolución 581 de 2004.

El Decreto 3556 del 16 de septiembre de 2008, por el cual se modifica el Decreto 515 de 2004, establece en su artículo 4º que el artículo 16 del Decreto 515 de 2004 quedará así:

Mientras que la Resolución 1189 de 2004, "Por la cual se modifica parcialmente el Manual de Estándares de la Resolución 581 de 2004", consagra en el artículo 1°, lo siguiente:

Mediante los Decretos 1804 de 1999, 515 de 2004, 506, 3010 y 3880 de 2005, las Resoluciones 581 y 1189 de 2004, se define y reglamentan las condiciones y procedimientos de habilitación, para la operación y permanencia de las EPS del régimen subsidiado. La habilitación se otorgará siempre y cuando las respectivas entidades demuestren las condiciones y operación exigidas y reporten a la Superintendencia Nacional de Salud, la información que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, ya que la Superintendencia Nacional de Salud, será la entidad competente para habilitar a estas Entidades. La habilitación estará vigente, en tanto se mantengan las condiciones de permanencia exigidas.

Para efectos de la habilitación, las entidades deberán demostrar el cumplimiento de condiciones de capacidad técnico administrativa, de capacidad financiera y de capacidad tecnológica y científica, con el propósito de garantizar la administración del riesgo en salud de sus afiliados y la organización de la prestación de los servicios salud.

Las condiciones para la habilitación serán:

a) Condiciones de operación: Que se constituyen como estándares de estructura dirigidos a habilitar la idoneidad de las entidades para la administración del riesgo en salud en cada una de las áreas geográficas donde va a operar.

b) Condiciones de permanencia: Las cuales se establecen como estándares de proceso y resultados, dirigidos a la evaluación del funcionamiento de las Entidades en el ejercicio de su objeto social en cada una de las áreas geográficas que le fueron habilitadas. El cumplimiento de Estas condiciones se deberá demostrar y mantener en forma continua y posterior al cumplimiento con las condiciones de habilitación.

c) Condiciones de Salida: Tales como la verificación de cualesquiera de las causales de revocatoria de la habilitación o la acreditación de las situaciones que determinan el retiro voluntario de las entidades.

Estas entidades, una vez habilitadas, serán evaluadas por la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta el mantenimiento de las condiciones de permanencia, los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario, los resultados de los indicadores del estado de salud y calidad de la atención, y la verificación de la Superintendencia Nacional de Salud frente al manejo de quejas, reclamos y acciones de tutela.

Las prácticas no autorizadas, impiden los monopolios en el Sistema, la prohibición de alianzas que afecten calidad y la celebración de convenios o franquicias, en donde se trasladan responsabilidades y no se asuma por completo el aseguramiento y manejo del riesgo en salud de los afiliados al Sistema.

De conformidad con lo previsto en la Circular Única, esto es, la Circular 047 de 2007, Capítulo I del Título II Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), numeral 1.9. Sistema Único de Habilitación Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, las siguientes son las reglas para la obtención de la autorización de funcionamiento:

La Superintendencia Nacional de Salud autorizará la operación del régimen subsidiado a las entidades que además de lo anterior citado, reúnan los siguientes requisitos, según lo definido por el artículo 5° del Decreto 1804 de 1999, que a su tenor reza:

El Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa entre otros principios, en: La equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia e integración funcional, que tienen como propósito resolver problemas de inequidad en el acceso a los servicios y mejorar la calidad en la prestación de los mismos, así como enfrentar la desarticulación entre las diferentes entidades e instituciones y la debilidad de la estructura institucional y administrativa.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud, es el conjunto de normas, entidades, instituciones y procedimientos para mejorar la calidad de vida de la población colombiana, protegiéndola contra riesgos que afectan su salud y la de su comunidad, y es la forma como se brinda un seguro que cubre los gastos de salud a los de los habitantes del territorio nacional, colombianos y extranjeros.

El propósito fundamental del sistema, el aseguramiento, constituye la principal herramienta de acceso universal de la población a los servicios de salud, delegando en las EPS la administración del riesgo de salud de los afiliados.

Las EPS hacen el papel de articulador entre la población y los prestadores, y entre el financiamiento y la prestación, ya que es el conducto de canalización de los recursos hacia la órbita de la prestación de servicios de salud.

Se entiende por aseguramiento en salud, de acuerdo con lo establecido en el inciso 1º, artículo 14 de la Ley 1122 de 2007:

1. La administración del riesgo financiero,

2. La gestión del riesgo en salud,

3. La articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo,

5. La representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario.

Lo que exige que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario, esto es, la salud y la vida del usuario afiliado, y cumpla cabalmente con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud.

Por lo que, conforme a la definición del aseguramiento en salud, las EPS como Aseguradoras en Salud son las responsables de la calidad, oportunidad, eficiencia, y eficacia de la prestación de los servicios de salud, y por ende, las que responderán por toda falla, falta, lesión, enfermedad e incapacidad que se genere en la prestación de los mismos, teniendo en cuenta que el aseguramiento en salud, exige que el asegurador, asuma el riesgo transferido por el usuario, esto es, la salud y la vida del asegurado, y cumpla cabalmente con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud.

Por lo tanto, son los aseguradores en salud los que deben coordinar las pautas necesarias para los procedimientos, ser diligentes y prudentes en todos los contratos de prestación de servicios de salud, y además, actuar con buena fe; si esto se aplica no tienen por qué presentarse problemas en la atención de los servicios de salud. Lo que sí no se puede es desplazar la falta de diligencia al paciente para que pague, ya que todos somos pacientes potenciales, y lo que se está haciendo es proteger a la sociedad.

Los aseguradores en salud deberán exigirle a sus prestadores de servicios de salud que cumplan con los manuales de los procedimientos y que los firmen. Se entiende que toda actividad, procedimiento e intervención en salud tienen un protocolo y si estos se siguen, disminuyen las responsabilidades, y establecen una forma de salir a la defensa en estos casos. El deber no es solo hacer la actividad, procedimiento e intervención, sino también todo lo correspondiente para que sea exitosa.

5.1. A través de la Resolución número 0960 del 22 de diciembre de 1995, esta Superintendencia autorizó provisionalmente el funcionamiento del Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y del Programa de Entidad Administradora del Régimen Subsidiado ARS de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPS ARS, con una capacidad máxima de afiliación de 10.576 afiliados para el régimen contributivo, y 9.424 afiliados para el régimen subsidiado, en el departamento de Casanare.

5.2. La Superintendencia Nacional de Salud por medio de la Resolución 0720 del 26 de junio de 1996, autorizó a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPS ARS de manera definitiva el certificado de funcionamiento del Programa de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y del Programa de Entidad Administradora del Régimen Subsidiado ARS de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPS ARS, y la ampliación de la capacidad de afiliación, quedando así con una capacidad máxima de afiliación de 10.576 afiliados en el régimen contributivo y de 40.000 afiliados en el régimen subsidiado, en el departamento de Casanare.

5.3. Así mismo, mediante las siguientes Resoluciones se aprobó la ampliación de la cobertura geográfica y poblacional a los Programas de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y de Entidad Administradora del Régimen Subsidiado ARS de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPS ARS en el departamento de Casanare:

– Resolución número 1280 del 15 de noviembre de 1996 con un total de 45.290 afiliados en el régimen subsidiado.

– Resolución número 0371 del 05 de mayo de 1997 con un total de 18.456 afiliados en el régimen contributivo y con un total de 87.825 afiliados en el régimen subsidiado.

5.4. Posteriormente, mediante la Resolución número 2434 del 31 de octubre de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud revocó la autorización para administrar y operar el Régimen Contributivo y Subsidiado a los Programas de Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo EPS y de Entidad Administradora del Régimen Subsidiado ARS de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPS ARS.

Decisión frente a la cual dicha Entidad interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por medio de la Resolución número 1083 del 11 de julio de 2002, en el sentido de reponer la revocatoria de la autorización para operar y administrar el régimen subsidiado y no reponer la revocatoria de la autorización para operar y administrar el régimen contributivo.

5.5. La Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución número 315 del 21 de febrero de 2006, resolvió habilitar sujeto a la adopción y cumplimiento de un Plan de Mejoramiento o de Desempeño o de Actividades de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3880 de 2005 y, en consecuencia, confirmar condicionalmente la autorización para administrar y operar en el Régimen Subsidiado en el SGSSS a la Entidad Administradora del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca ARS, con el objeto de garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S.

5.6. La Representante Legal y Gerente (e) de la entidad la Entidad Administradora del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca ARS, radicó el día 8 de marzo de 2006 ante esta Superintendencia, dentro del término legal, escrito contentivo del recurso de reposición, contra la Resolución número 0315 de 2006, bajo el NURC 0009-2-129, el cual fue resuelto a través de la Resolución número 775 del 27 de abril de 2006, en el sentido de modificar el artículo 1° de la Resolución número 0315 de febrero 21 de 2006 y en consecuencia confirmar los demás apartes de la Resolución número 0315 de febrero 21 de 2006.

5.9. Posteriormente, la Superintendencia Nacional de Salud, resolvió autorizar la ampliación de cobertura geográfica y poblacional a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPSS, con el fin de garantizar la Prestación del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S, en los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Santander, Norte de Santander y Cesar, de conformidad con la Resolución número 348 del 1° de abril de 2008, así:

5.11. A través de la Resolución número 1664 del 27 de noviembre de 2009, la Superintendencia Nacional de Salud, resolvió revocar el certificado de habilitación para la operación y administración del Régimen Subsidiado y la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, y la intervención administrativa para liquidar a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPSS.

5.12. Así mismo, por medio de la Resolución número 528 del 7 de abril de 2010, la Superintendencia Nacional de Salud resolvió revocar la Resolución número 1664 de 2009, visible a folios 1 al 26 de la Carpeta número 1, así:

5.13. En virtud del referido artículo 5° del Decreto 506 de 2005, se faculta además a la Superintendencia Nacional de Salud para que, como consecuencia de la revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación de una Entidad Promotora de Salud cualquiera que sea su régimen, efectúe la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, y adopte las medidas cautelares o permita que la entidad a la cual se le revocó proceda de acuerdo con sus propios estatutos, previas instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

La toma de posesión de bienes, haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia de la revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación, por el cumplimiento de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las causales de revocatoria, cuando esté en riesgo el manejo de los recursos públicos de la seguridad social en salud o la prestación del servicio a sus afiliados.

5.14. La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, tomó posesión de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, el día 9 de abril de 2010, tal como consta en Acta número 006 vista a folios 29 y 30 de la carpeta número 1.

5.15. La Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución número 647 del 28 de abril de 2010, resolvió denegar la solicitud de aclaración de la Resolución número 528 del 7 de abril de 2010 presentada por el doctor Hernando Macías Aros, Agente Especial de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPSS y denegar la solicitud de revocatoria del artículo segundo de la Resolución número 528 de 2010, mediante el cual se revocó el certificado de habilitación para la operación y administración del Régimen Subsidiado en Salud, otorgado a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPSS, vista a folios 911 al 916 de la carpeta número 5, así:

5.16. La Superintendencia Nacional de Salud, en Resolución número 0000848 del 1º de junio de 2010, resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución número 00528 de 2010, confirmando el contenido del acto administrativo atacado. (Folios 55 al 72 de la carpeta número 1).

5.17. De igual forma esta Superintendencia por medio de la Resolución número 000917 del 10 de junio de 2010, vista a folios del 112 al 115 de la carpeta número 1, ordenó lo siguiente:

5.18. Igualmente, esta Superintendencia mediante Resolución número 00515 del 7 de abril de 2011 vista a folios del 706 al 712 de la carpeta número 4, dispuso:

"Artículo primero. Prorrogar el término de la toma de posesión de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar Capresoca EPS por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

Parágrafo primero: La prórroga será por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir del día 7 de abril de 2011, hasta el día 7 de mayo de 2011, según lo dispone el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, mediante el cual se modificó el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993…".

5.19. La Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la Resolución número 00791 del 9 de mayo de 2011 vista a folios del 723 al 726 de la carpeta número 4, decidió lo siguiente:

5.20. Con Resolución número 01576 del 7 de julio de 2011, visible a folios 791 al 797 de la carpeta número 5, se dispuso lo siguiente:

5.21. Mediante Resolución número 002207 del 6 de septiembre de 2011, vista a folios 860 al 867 de la carpeta número 5, la Superintendencia Nacional de Salud decidió:

5.22. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución número 000464 del 5 de marzo de 2012, prorrogó el término de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la Intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, desde el día 5 de marzo de 2012 hasta el 9 de abril de 2012, tal como se observa a folios 884 al 890 de la carpeta número 5.

5.23. Con Resolución número 000156 del 10 de febrero de 2011, visible a folios 602 al 605 de la carpeta número 4, la Superintendencia Nacional de Salud, aceptó la renuncia presentada por el doctor Hernando Macías Aros al cargo de Agente Especial Interventor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, quien fue designado por esta Superintendencia, tal como quedó indicado en el presente proveído, mediante Resolución número 000528 del 7 de abril de 2010, y designó en su reemplazo, al doctor Armando Adolfo Segura Evan identificado con la cédula de ciudadanía número 19384553 de Bucaramanga.

5.24. El Superintendente Delegado para Medidas Especiales, posesionó al doctor Armando Adolfo Segura Evan, como Agente Especial Interventor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, tal como obra en el Acta número 006 del 15 de febrero de 2011, vista a folio 610 de la carpeta número 4.

5.25. La Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la Resolución número 000164 del 10 de febrero de 2011, designó a la firma Interaudit S.A.S. con NIT 830.040.193- 5 representada legalmente por el doctor Miguel Ángel Martínez Triana Angones, como Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, tal como obra a folios 595 al 598 de la carpeta número 4.

La Asesora Encargada de las funciones de Superintendente Delegada para las Medidas Especiales, mediante oficio radicado con NURC 2-2012-020930 del 3 de abril de 2012, visible a folios 897 y 898 de la carpeta número 5, requirió al doctor Armando Adolfo Segura Evan, Agente Especial Interventor de la EPSS de autos, en los siguientes términos:

De lo anterior, esta Superintendencia no ha recibido por parte del Agente Interventor de Capresoca EPS en Intervención Forzosa Administrativa, Doctor Armando Adolfo Segura, comunicación escrita en la cual justifique las razones por las cuales se originaron los cambios en los estados financieros, tal como quedó consignado en dicha resolución.

Igualmente, el interventor de Capresoca EPS en Intervención Forzosa Administrativa, Doctor Armando Adolfo Segura, tampoco ha presentado a esta Superintendencia Nacional de Salud, propuesta escrita de la capitalización de la EPS intervenida, situación que quedó incluida en la citada Resolución de prórroga, según las comunicaciones radicadas por el mismo

La culpa grave o lata, implica la impericia, negligencia o imprudencia del agente, no su mala intención o querer doloso. Se configura por "no tomar las más elementales precauciones, en no hacer lo que todos considerarían necesario en casos análogos". O "cuando no se emplea la diligencia que todos los hombres, aun los menos cuidadosos, suelen poner en sus cosas o en sus negocios". Es también "el descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más elementales para evitar un mal o daño".

Por otra parte, dado que los agentes interventores detentan funciones públicas transitorias, el ejercicio de su gestión debe efectuarse con sujeción a los principios que rigen los procedimientos administrativos, de manera particular teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política que establece lo siguiente:

El doctor Armando Adolfo Segura Evan, Agente Especial Interventor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, por medio del oficio radicado con NURC 1-2012-029979 de fecha 4 de abril de 2012, visible a folios 902 al 905 de la carpeta número 5, atendió el anterior requerimiento, en los siguientes términos:

La Depuración de Pasivos en los Estados Financieros, con el objeto de determinar con precisión las cuentas por pagar y su veracidad, de tal forma que fue necesario hacer una validación y auditoria una a una de las cuentas medicas que hacían parte del pasivo, garantizando su consistencia para pago o devolución, por ausencia de los soportes y documentos requeridos que permitan su reconocimiento y pago. Las cuentas médicas objeto de glosa, fueron entregadas a la red, para que se adelante el correspondiente proceso de conciliación a través de la Procuraduría General de la Nación.

Así, después de iniciar el proceso de Depuración Contable, se refleja el siguiente Margen de Solvencia y el Patrimonio mínimo saneado que presento un cambio considerable que se demuestra en el corte de la circular única del mes de septiembre, este cambio se genera por las políticas implantadas por la intervención y en control del costo médico y depuración de pasivos en los estados financieros que se demuestran en las siguientes gráficas:

El doctor Nelson Ricardo Mariño Velandia, Gobernador de Casanare, por medio del oficio radicado con NURC 1-2012-029997 de fecha 9 de abril de 2012, visto a folios 906 al 908 de la carpeta número 5, solicitó el levantamiento de la medida de intervención forzosa-administrativa para administrar la Caja de Previsión Social del Casanare "Capresoca EPS-S", argumentando para el efecto lo siguiente:

Visto lo anterior, la Asesora encargada de las funciones del Superintendente Delegado para las Medidas Especiales, el día 9 de abril de 2012, conceptuó sobre la viabilidad de levantar la medida, una vez recreado el escenario fáctico correspondiente, en los siguientes términos:

Por lo anterior, la Superintendente delegada para Medidas Especiales, considera pertinente realizar las siguientes precisiones:

En el dictamen del Contralor Interaudit S. A., designado por la Superintendencia Nacional de Salud, correspondiente al año 2011, en el numeral 5.1. expresa salvedad sobre la cuenta denominada "Provisiones cuentas POS pendientes de pago", que a diciembre 31 de 2011 registra saldo de $9.000 millones de pesos, dado que la misma es susceptible de variaciones de conformidad con los procedimientos de reclamación ante los diferentes entes, para lograr mediante conciliación el reconocimiento y pago de las mismas. En el numeral 8

del dictamen, establece: "… la administración decidió que las cuentas que se encontraban prescritas, sobreeejecutadas, sin respaldo presupuestal o sin contrato, fueron devueltas a los prestadores de servicios para que procedan a seguir los procedimientos de reclamación ante la Procuraduría, para lograr mediante conciliación el pago de las mismas".

Del recuento procesal realizado en el presente proveído, se concluye que no obstante la situación financiera de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, bajo la cual, continúa reflejando el incumplimiento de la suficiencia financiera, existe una propuesta de capitalización presentada por la primera autoridad departamental de Casanare a la cual se ha hecho alusión en el presente acto administrativo, la cual procura subsanar los siguientes aspectos:

1. Conjurar la crisis financiera de la entidad.

2. Brindar seguridad al usuario afiliado en el sentido de que la entidad aseguradora cumple los estándares definidos y cuente con capacidad para administrar los recursos del Régimen Subsidiado con responsabilidad y eficiencia.

6.1 Medida preventiva o cautelar de vigilancia especial como instituto de salvamento y protección de la confianza pública.

Es preciso que la actividad del Estado tenga las facultades necesarias para lograr la preservación de los derechos fundamentales, salvaguardarlos y evitar el riesgo, cuando ello sea posible sin perjuicio de los deberes correccionales.

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud está facultada para adoptar las decisiones que mejor consulten el propósito explícito en la normatividad de defender el interés público tutelado, lo cual ha de traducirse necesariamente en evitar que el orden jurídico sea perturbado con conductas ilegales.

Por lo que la medida cautelar de vigilancia especial que aquí se adopta, busca evitar así deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de las condiciones de permanencia en la habilitación, la no garantía del aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud, de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, en aras de proteger el interés público, razón última de la Superintendencia Nacional de Salud, como organismo de Inspección, Vigilancia y Control, y de conformidad con sus funciones y facultades legales y constitucionales, a fin de evitar deficiencias técnico-administrativas, deficiencias técnico-científicas, deficiencias financieras, y deficiencias en la garantía del aseguramiento en salud o a proceder a la aplicación de las sanciones que fueren del caso.

Es de resaltar que en ejercicio de las facultades legales de inspección, vigilancia y control que le competen a la Superintendencia Nacional de Salud, la medida que aquí se adopta tiene como finalidad la debida observancia de las normas que rigen el SGSSS, el respeto debido a estas para con ello; en consecuencia, contrarrestar los hechos y circunstancias que pongan en peligro y lesionen el orden jurídico que se protege.

Sin embargo, no se puede desconocer que la decisión que se adopta mediante este Acto Administrativo es sin perjuicio de la verificación de las condiciones de permanencia establecidas en los artículos 7º, 8º (modificado por el artículo 3º del Decreto 3556 de 2008) y 9º del Decreto 515 de 2004, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 13 del Decreto 515 de 2004, las cuales se deberán demostrar y mantener por parte de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, durante todo el tiempo de operación, puesto que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud realizar el monitoreo de su cumplimiento, en ejercicio de las facultades que le han sido atribuidas; por lo que, en el evento de verificar deficiencias o irregularidades en su cumplimiento, se adoptarán las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, una vez agotado el derecho a la defensa, al debido proceso, y a la contradicción que le asista a la EPSS, teniendo en cuenta que:

I. El Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa, entre otros, en los principios de equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia e integración funcional, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene entre otros propósitos resolver problemas de inequidad en el acceso a los servicios y mejorar la calidad en la prestación de los mismos, enfrentar la desarticulación entre las diferentes instituciones y la debilidad de la estructura institucional y administrativa,

II. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es el conjunto de normas, instituciones y procedimientos para mejorar la calidad de vida de la población colombiana protegiéndola contra riesgos que afectan su salud y la de su comunidad, y es la forma como se brinda un seguro que cubre los gastos de salud a los habitantes del territorio nacional, colombianos y extranjeros,

III. Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere de esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción.

IV. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental,

V. El propósito fundamental del sistema, el aseguramiento, constituye la principal herramienta de acceso universal de la población a los servicios de salud, delegando en las EPSS la administración del riesgo de salud de los afiliados.

VI. Las EPSS hacen el papel de articulador entre la población y los prestadores, y entre el financiamiento y la prestación, ya que es el conducto de canalización de los recursos hacia la órbita de la prestación de servicios de salud,

1. La administración del riesgo financiero.

2. La gestión del riesgo en salud.

3. La articulación de los servicios que garantice el acceso efectivo.

4. La garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y

5. La representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario.

Lo que exige que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud y a que conforme a la definición del aseguramiento en salud, la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, como Aseguradora en Salud sea la responsable de la calidad, oportunidad, eficiencia, y eficacia de la prestación de los servicios de salud, y por ende, la que deberá responder por toda falla, falta, lesión, enfermedad e incapacidad que se genere en la prestación de los mismos, teniendo en cuenta que el aseguramiento en salud, exige que el asegurador, asuma el riesgo transferido por el usuario, esto es, la salud y la vida de asegurado, y cumpla cabalmente con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud.

De lo anterior expuesto se concluye que la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, no debe generar riesgos inminentes en el aseguramiento en salud y la prestación de los servicios de salud ofertados a su población afiliada, tampoco en su estabilidad financiera, y la del propio Sistema General de Seguridad Social en Salud, hecho por el cual la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra obligada a adoptar las medidas necesarias tendientes a evitarlo.

De esta manera, la Superintendencia Nacional de Salud debe proceder a actuar, a fin de proteger el derecho al aseguramiento en salud, a la salud y a la vida de los afiliados a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, conforme a las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por lo que la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra obligada a propender porque el aseguramiento en salud y la cobertura del servicio de salud, frente a las dificultades de un ente responsable del proceso de aseguramiento y de garantía en la prestación del servicio de salud, no impliquen vulneración de los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni pongan en riesgo el aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud, este último que debe brindarse en forma asequible, oportuna, segura, pertinente, continua y con calidad, a los afiliados a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS. Para ello, el aseguramiento en salud y los servicios de salud deben ser sostenibles en el largo plazo, teniendo en cuenta que de no ser esto posible se colocaría en riesgo, los principios superiores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es de resaltar que, en ejercicio de las facultades legales de inspección, vigilancia y control que le competen a la Superintendencia Nacional de Salud, la medida que aquí se adopta tiene como finalidad garantizar el adecuado aseguramiento en salud y la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), buscando garantizar las normas técnicas y científicas relacionadas con la calidad de los mismos, así como los derechos de los afiliados, teniendo esta medida como objeto, evitar y/o contrarrestar los hechos y circunstancias que pongan en peligro y lesionen el orden jurídico que se protege, a fin de lograr el cabal cumplimiento de su objeto social, y de determinar si la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, pueden ser objeto de salvamento, o si por el contrario, dicha EPSS debe ser objeto de revocatoria de su habilitación.

Recreado el escenario de facto y de derecho, atinente al asunto sub examine, este Despacho considera que las circunstancias y hechos que motivan la decisión que aquí se toma, demuestran la existencia de una medida cautelar, preventiva, para evitar que se afecte la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios, la representación del afiliado ante el prestador y demás actores, así como el sostenimiento y la viabilidad financiera de la entidad en medida de vigilancia especial como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, condiciones que deben observarse en el marco constitucional y legal pertinente a la naturaleza de la vigilada de autos.

6.1.1. Adopción de medida preventiva o cautelar de vigilancia especial, señalando las condiciones excepcionales y temporales

La medida que aquí se adopta consistirá en:

I. La designación de contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, y

II. La presentación y cumplimiento de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, de un plan de acción de la medida preventiva o cautelar de vigilancia especial conforme a los lineamientos y parámetros establecidos por la Superintendencia Nacional de salud, dentro del plazo determinado y bajo las circunstancias excepcionales establecidas por el organismo de control.

6.1.1.1. Designación de contralor en la medida cautelar de vigilancia especial

A. La Ley 100 de 1993 en su artículo 228, estableció la obligatoriedad de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su naturaleza, de contar con Revisor Fiscal.

B. Con respecto al Revisor Fiscal se tiene en cuenta que el Consejo de Estado, en Sentencia 15730 de 2007, expresó lo siguiente:

"(…) la institución de la revisoría fiscal ofrece credibilidad de la situación financiera, de un adecuado sistema de control interno, del manejo de la contabilidad y del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, lo que preserva la protección de terceros e incluso del mismo Estado (…)".

C. La Resolución número 1947 del 4 de noviembre de 2003, expedida por esta Superintendencia, estableció los lineamientos pertinentes a los requisitos para el nombramiento y posesión de interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia.

D. Ahora bien es importante atender lo dispuesto en el inciso 1°, numeral 3, Capítulo Segundo, Título XI, de la Circular Única, expedida por esta Superintendencia, a través del cual se establece que las funciones que corresponden a los contralores, son de la misma esencia y naturaleza de los revisores fiscales, por lo que para el evento, es importante aludir

al marco conceptual y normativo de la revisoría fiscal, sobre cuyo tema se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades, mediante Circular Externa 115-000011 del 21 de octubre de 2008, en la que expresó:

E. En el mismo sentido y disposición del numeral 4 del artículo 21 del Decreto 1018 de 2007, la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales lleva el registro de interventores, liquidadores y contralores, del cual se determinó que existen personas idóneas para ser designadas como Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, en Medida Cautelar de Vigilancia Especial.

F. Consecuencia de lo anterior, es menester indicar que por medio de la Resolución Nº…, de fecha…, la firma Interaudit S.A.S., con NIT 830.040.193-5, representada legalmente por el doctor Miguel Ángel Martínez Triana, fue designada por la Superintendencia como Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, por ser la persona idónea para ejercer el cargo y reunir las calidades para el efecto, quien hasta el momento procesal que nos ocupa desempeña dicha actividad, motivo por el cual es conveniente darle continuidad en la Medida Cautelar de vigilancia Especial a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, con NIT 891.856.000-7, como Contralor de la misma.

G. De igual forma y según lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución número 000237 del 28 de enero de 2010, modificada por el artículo 1° de la Resolución número 002659 del 12 de octubre de 2011, expedida por esta Superintendencia:

"Los honorarios de los Contralores equivaldrán al ochenta por ciento (80%) del monto de los honorarios fijados al interventor o al Liquidador".

H. Igualmente, el Contralor designado, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y siguientes, ejerce funciones públicas transitorias; en consecuencia, el nombramiento y desempeño, no constituye ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la entidad objeto de medida cautelar de vigilancia especial, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud.

El plan de acción de la medida cautelar de vigilancia especial, deberá cumplir como mínimo los siguientes aspectos:

3. Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera, que estará orientado a garantizar la liquidez de la entidad, y el cumplimiento de los estándares financieros que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud para las EPSS, en particular lo que tenga que ver con la liquidez, el patrimonio, el capital y la rentabilidad, teniendo en cuenta que el plan de recuperación está encaminado a subsanar la insuficiencia financiera que presenta la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS.

El plan de Recuperación y sostenibilidad Financiera deberá incluir el siguiente programa de ajuste financiero, el cual tiene como objetivo central, asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y debe comprender lo siguiente:

i) Acta de aprobación del programa de ajuste financiero por parte del máximo organismo decisorio de la entidad, cuyo plan de acción no puede tener un horizonte mayor a tres años.

iii) Discriminación de activos y pasivos con accionistas o vinculados económicos que posean directa o indirectamente el 5% o más del capital de la EPSS. Se debe precisar las condiciones financieras en que los mismos fueron adquiridos.

iv) Condonación de la posible reclamación de acreencias por parte de los asociados, o en su defecto, la aceptación de dichos accionistas del pago subordinado al resto del pasivo externo.

v) En un término máximo de 30 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, capitalización de la EPSS, en diez mil millones de pesos ($10.000.000.000.00), conforme a lo definido en el Decreto 0067 de 2012 de la Gobernación de Casanare, los cuales deberán ser asignados de la siguiente manera:

i) Cinco mil ochocientos millones de pesos ($5.800.000.000.00), para cumplimiento de Margen de Solvencia.

ii) Cuatro mil doscientos millones de pesos ($4.200.000.000.00), para deudas anteriores a la vigencia de 2010.

vii) Propuesta de cesión y venta de activos fijos improductivos.

viii) Plan de acción de recobros.

ix) Plan de acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios.

x) Acuerdos de pago del pasivo externo.

xi) Ajustes administrativos para racionalización de gastos.

xii) Flujo de caja mensual con la proyección de ingresos, egresos y plan de pagos de pasivos generados por la administración del sistema.

xiii) Estados financieros mensuales proyectados en el horizonte del programa, con los respectivos indicadores financieros.

Que garantice el equilibrio operacional y la operación corriente de la entidad.

El plan de ajuste financiero tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión, estableciendo estrategias para que la Entidad Promotora de Salud disponga de los recursos financieros necesarios para atender las obligaciones de pago de los servicios con los cuales se garantiza la atención en salud a los usuarios.

Este Plan debe tener en cuenta los riesgos financieros e incluir las acciones requeridas según corresponda para cada situación y entidad.

A continuación se enuncian los riesgos más recurrentes en la operación financiera de las EPSS y las acciones básicas que deberán contemplar para reducir, minimizar o subsanar los factores de riesgo.

Los anteriores riesgos deberán ser analizados, así como los demás que sean identificados y programar en el Plan de Ajuste Financiero las acciones y metas que se consideren necesarias para el fortalecimiento financiero de la entidad, que genere los recursos necesarios para disponer del capital de trabajo requerido para garantizar el pago las obligaciones, en el marco de lo establecido en las normas que regulan el flujo de los recursos del sector , que garanticen la prestación de los servicios a los usuarios.

4. Reorganizar y disponer de una red de servicios necesaria para prestar los servicios del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado en las condiciones establecidas en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

Estructurar y soportar la contratación de la red ofertada a los afiliados incluyendo los mecanismos de referencia y contrarreferencia.

Identificar el flujo de los recursos a la red garantizando de ser necesario en este, el GIRO DIRECTO, sin afectar la operación corriente de la entidad.

5. Monitoreo y evaluación en la atención en salud y en el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

Diseñar, presentar y cumplir un Plan de Seguimiento con las Asociaciones de usuarios y el acompañamiento de la Superintendencia Delegada de Protección al usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, que permita conocer, registrar y controlar la atención efectiva de las enfermedades de mayor impacto en salud pública y de alto costo, y de los grupos vulnerables definidos por la normatividad vigente.

Así mismo, este Plan deberá registrar los motivos y el comportamiento de las Peticiones, Quejas y Reclamos de los afiliados, que se registren tanto en la entidad objeto de la medida cautelar, como en la Superintendencia Nacional de Salud valorando su oportuna atención.

6. Elaboración de un Plan que garantice el adecuado cumplimiento y fortalecimiento del Sistema de información acorde con los requisitos de habilitación establecido para las entidades que administren el régimen subsidiado que incluya como mínimo lo siguiente:

i) Sistema de afiliación y registro.

ii) Sistema de red prestadora.

iii) Sistema de gestión de indicadores.

iv) Seguimiento y control a los servicios de salud prestados al afiliado.

v) Sistema administrativo y financiero.

vi) Sistema de atención al usuario.

Los sistemas de información deberán incluir las políticas de seguridad, de acceso a la información, oportunidad y calidad de la información que permita la interrelación entre los diferentes componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

7. Estructurar prácticas del Buen Gobierno y de mejor servicio, que deberán incluir en su objeto, como mínimo, los términos y condiciones bajo los cuales la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, se compromete a cumplir el Plan de Acción, así como los esquemas de seguimiento, teniendo como insumos, entre otros, aspectos administrativos, financieros y de gestión; y en las obligaciones de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, en este, como mínimo las siguientes:

i) Estructurar y presentar el Plan de Acción con la aprobación previa y la evaluación correspondiente del Contralor aquí designado, y adelantar el seguimiento, evaluación y monitoreo, así como los ajustes correspondientes.

ii) Elaborar y entregar los reportes de información requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los instrumentos de seguimiento que para tal fin se establezcan, como la Circular Única, entre otros.

iii) Presentar los informes de seguimiento en las fechas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

iv) Reportar la información financiera, administrativa y de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, con la periodicidad y oportunidad que requiera la Superintendencia Nacional de Salud.

v) Presentar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, un informe de avance sobre el saneamiento financiero, con la evidencia en el mejoramiento en el acceso, la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud de su población afiliada.

vi) Suministrar la información que se requiera en desarrollo del proceso de auditoría integral que la Superintendencia Nacional de Salud realice, en los casos que lo considera necesario.

vii) Garantizar el oportuno y adecuado suministro de información requerida por las autoridades del orden territorial y del orden nacional de control, en relación con la ejecución del Código del Buen Gobierno.

viii) Realizar y validar, en conjunto con el contralor designado, un plan de cancelación de pasivos, así como el informe sobre el cumplimiento del plan con periodicidad mensual, a ejecutarse.

8. Tablero de Control, el Plan de Acción debe tener un Tablero de Control que identifique:

i) Las causales que dieron motivo a la imposición de la medida cautelar que aquí se adopta y las que se adicionen durante su desarrollo, y

ii) Las acciones que se definan para superarlas,

iii) Las actividades para normalizar la gestión.

Que permita al mismo tiempo registrar los avances y cumplimiento de las mismas, así como sus responsables.

6.1.2 Aplicación de la medida preventiva cautelar de vigilancia especial, como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública

La medida cautelar de vigilancia especial como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo regulado en el inciso 3º del artículo 6° del Decreto 506 de 2005 y el artículo 87 de la Ley 795 de 2003 que modifica el artículo 335 del Decreto-ley 663 de 1993, será de aplicación inmediata, en consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra la misma no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo.

6.1.3. Incumplimiento de lo ordenado en la medida preventiva cautelar de vigilancia especial, como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública

El incumplimiento de lo ordenado en la medida de vigilancia especial como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, genera un riesgo inminente, no sólo en la prestación de los servicios de salud ofertados a la población afiliada a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, sino también al propio Sistema General de Seguridad Social en Salud, hecho por el cual la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra obligada a adoptar las medidas necesarias tendientes a superar dicha situación, máxime, cuando, se desprende sin lugar a equívocos, que el incumplimiento de lo ordenado en la medida de vigilancia especial, como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, genera la existencia de conductas que vulneran el sistema general de seguridad social en salud y el Derecho a la salud, configurándose por ende, la causal de revocatoria de la habilitación a que se refiere el numeral del 7 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar la Resolución número 000528 del 7 de abril de 2010, por medio de la cual se revocaba el certificado de habilitación para la operación y administración del Régimen Subsidiado en Salud, otorgado a la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, con NIT 891.856.000-7, y se ordenaba la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Casanare, Capresoca EPSS, como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y a lo definido por el inciso 3º del artículo 21 de la Ley 510 de 1999, modificatorio del artículo 115 del Decreto 663 de 1993, teniendo en cuenta, que en desarrollo del proceso de Revocatoria de la habilitación de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, se ha encontrado que es posible colocar a la entidad en condiciones de desarrollar su objeto social, y de realizar

Parágrafo 1°. El plazo que se fija podrá ser prorrogado las veces que sea necesario, y sin perjuicio de que esta entidad, previo concepto del contralor aquí designado, y evaluación por parte de esta Superintendencia, disponga la revocatoria de la habilitación de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS.

Parágrafo 2°. Teniendo en cuenta que la medida cautelar preventiva de vigilancia especial aquí adoptada, busca colocar a la entidad en condiciones de desarrollar su objeto social, permitir a los afiliados de la EPSS, mejores condiciones para su atención, y a los acreedores de la EPSS, mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias, esta, no restringirá a la EPSS en su posibilidad de crecimiento en coberturas de afiliación, mediante traslados de afiliados, o de la ampliación de nuevos afiliados en donde esta se encuentra operando, siempre que esto se realice, dentro de los parámetros definidos por la norma y las indicaciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 3°. Designar, en cumplimiento de la medida cautelar preventiva de vigilancia especial aquí adoptada, como Contralor de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, a la firma INTERAUDIT S.A.S., con NIT 830.040.193-5, representada legalmente por el doctor Miguel Ángel Martínez Triana, portador de la cédula de ciudadanía número 79049159, o a quien haga sus veces o a quien se designe para tal fin.

Parágrafo 1°. La persona Jurídica designada como Contralor, acorde a lo dispuesto en el inciso 1°, numeral 3, capítulo Segundo, Título IX de la Circular Única expedida por esta Superintendencia, ejercerá las funciones propias de un revisor fiscal, conforme al Código de Comercio y demás normas aplicables a la revisoría fiscal, y responderá de acuerdo a ellas.

Parágrafo 2°. Conforme a lo establecido en la Circular Única, Título IX Medidas Especiales el Contralor deberá remitir un informe preliminar en medio físico a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la posesión del cargo, en el que conste el estado de la entidad en medida cautelar preventiva de vigilancia especial.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás informes exigidos en la Circular Única y/o los que de manera extraordinaria requiera esta Superintendencia.

Parágrafo 3°. La Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, deberá garantizar el apoyo logístico y de información que requiera el contralor designado por la Superintendencia Nacional de Salud para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al presente proveído.

Parágrafo 4°. El Contralor designado deberá apoyar, suscribir y avalar, el plan de acción que la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, deberá presentar a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de la medida cautelar preventiva de vigilancia especial que aquí se adopta.

Artículo 4°. El señor gobernador del Casanare, o quien haga sus veces, o a quien se designe para tal fin, en cumplimiento de la medida cautelar preventiva de vigilancia especial que aquí se adopta, deberá presentar a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, un plan de acción, mediante el cual se subsane y supere de forma definitiva las deficiencias de la entidad, que cuente con la suscripción y aval del contralor aquí designado, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el cual estará sujeto a la evaluación y aprobación por parte de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, y deberá cumplir como mínimo los siguientes aspectos:

1. Plan de Información a los afiliados, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, a través del cual se convoque a todos los acreedores que tengan derecho a reclamarle a la entidad para que se registren y auditen todas las reclamaciones, y se informe sobre la medida cautelar adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud y de la no afectación de los derechos de aseguramiento y de atención en salud de los afiliados.

2. Depuración Contable que permita establecer con claridad la realidad financiera de la entidad y en particular la depuración de las deudas o pasivos de las cuentas por cobrar o por pagar.

3. Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera, que estará orientado a garantizar la liquidez de la entidad, y el cumplimiento de los estándares financieros que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud para las EPSS, en particular lo que tenga que ver con la liquidez, el patrimonio, el capital y la rentabilidad, teniendo en cuenta que el plan de recuperación está encaminado a subsanar la insuficiencia financiera que presenta La Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS.

El plan de Recuperación y sostenibilidad Financiera deberá incluir el siguiente programa de ajuste financiero, el cual tiene como objetivo central, asegurar los recursos financieros y económicos que permitan la atención adecuada de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y debe comprender lo siguiente:

i) Acta de aprobación del programa de ajuste financiero por parte del máximo organismo decisorio de la entidad, cuyo plan de acción no puede tener un horizonte mayor a tres años.

ii) Estados financieros certificados, correspondiente al mes base de inicio del programa de ajuste.

iii) Discriminación de activos y pasivos con accionistas o vinculados económicos que posean directa o indirectamente el 5% o más del capital de la EPSS. Se debe precisar las condiciones financieras en que los mismos fueron adquiridos.

iv) Condonación de la posible reclamación de acreencias por parte de los asociados, o en su defecto, la aceptación de dichos accionistas del pago subordinado al resto del pasivo externo.

v) En un término máximo de 30 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, capitalización de la EPSS, en diez mil millones de pesos ($10.000.000.000.00), conforme a lo definido en el Decreto 0067 de 2012 de la Gobernación de Casanare, los cuales deberán ser asignados de la siguiente manera:

i) Cinco mil ochocientos millones de pesos ($5.800.000.000.00), para cumplimiento de Margen de Solvencia.

ii) Cuatro mil doscientos millones de pesos ($4.200.000.000.00), para deudas anteriores a la vigencia de 2010.

vi) Garantizar, en un término máximo de 30 días, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, la entrega del cincuenta por ciento (50%) de la disponibilidad presupuestal faltante a la EPSS, para que esta pueda realizar la contratación de la prestación de servicios de salud para su población afiliada.

vii) Propuesta de cesión y venta de activos fijos improductivos.

viii) Plan de acción de recobros.

ix) Plan de acción para la disminución gradual del pasivo generado por la prestación de servicios.

x) Acuerdos de pago del pasivo externo.

xi) Ajustes administrativos para racionalización de gastos.

xii) Flujo de caja mensual con la proyección de ingresos, egresos y plan de pagos de pasivos generados por la administración del sistema.

xiii) Estados financieros mensuales proyectados en el horizonte del programa, con los respectivos indicadores financieros.

Que garantice el equilibrio operacional y la operación corriente de la entidad.

El plan de ajuste financiero tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión, estableciendo estrategias para que la Entidad Promotora de Salud disponga de los recursos financieros necesarios para atender las obligaciones de pago de los servicios con los cuales se garantiza la atención en salud a los usuarios.

Este Plan debe tener en cuenta los riesgos financieros e incluir las acciones requeridas según corresponda para cada situación y entidad.

A continuación se enuncian los riesgos más recurrentes en la operación financiera de las EPSS y las acciones básicas que deberán contemplar para reducir, minimizar o subsanar los factores de riesgo.

Los anteriores riesgos deberán ser analizados, así como los demás que sean identificados y programar en el Plan de Ajuste Financiero las acciones y metas que se consideren necesarias para el fortalecimiento financiero de la entidad, que genere los recursos necesarios para disponer del capital de trabajo requerido para garantizar el pago de las obligaciones, en el marco de lo establecido en las normas que regulan el flujo de los recursos del sector, que garanticen la prestación de los servicios a los usuarios.

4. Reorganizar y disponer de una red de servicios necesaria para prestar los servicios del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado en las condiciones establecidas en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

Estructurar y soportar la contratación de la red ofertada a los afiliados incluyendo los mecanismos de referencia y contrarreferencia.

Identificar el flujo de los recursos a la red garantizando de ser necesario en este, el GIRO DIRECTO, sin afectar la operación corriente de la entidad.

5. Monitoreo y evaluación en la atención en salud y en el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

Diseñar, presentar y cumplir un Plan de Seguimiento con las Asociaciones de Usuarios y el acompañamiento de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, que permita conocer, registrar y controlar la atención efectiva de las enfermedades de mayor impacto en salud pública y de alto costo, y de los grupos vulnerables definidos por la normatividad vigente.

Así mismo, este Plan deberá registrar los motivos y el comportamiento de las Peticiones, quejas y Reclamos de los afiliados, que se registren tanto en la entidad objeto de la medida cautelar, como en la Superintendencia Nacional de Salud valorando su oportuna atención.

6. Elaboración de un Plan que garantice el adecuado cumplimiento y fortalecimiento del Sistema de información acorde con los requisitos de habilitación establecido para las entidades que administren el régimen subsidiado que incluya como mínimo lo siguiente:

i) Sistema de Afiliación y Registro.

ii) Sistema de red prestadora.

iii) Sistema de Gestión de Indicadores.

iv) Seguimiento y Control a los servicios de salud prestados al afiliado.

v) Sistema Administrativo y Financiero.

vi) Sistema de Atención al Usuario.

Los sistemas de información deberán incluir las políticas de seguridad, de acceso a la información, oportunidad y calidad de la información que permita la interrelación entre los diferentes componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

7. Estructurar Prácticas del Buen Gobierno y de Mejor Servicio, que deberán incluir en su objeto, como mínimo, los términos y condiciones bajo los cuales la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, se compromete a cumplir el Plan de Acción, así como los esquemas de seguimiento, teniendo como insumos, entre otros, aspectos administrativos, financieros y de gestión; y en las obligaciones de la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, en este, como mínimo las siguientes:

i) Estructurar y presentar el Plan de Acción con la aprobación previa y la evaluación correspondiente del Contralor aquí designado, y adelantar el seguimiento, evaluación y monitoreo, así como los ajustes correspondientes.

ii) Elaborar y entregar los reportes de información requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los instrumentos de seguimiento que para tal fin se establezcan, como la Circular Única, entre otros.

iii) Presentar los informes de seguimiento en las fechas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

iv) Reportar la información financiera, administrativa y de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, con la periodicidad y oportunidad que requiera la Superintendencia Nacional de Salud.

v) Presentar, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, un informe de avance sobre el saneamiento financiero, con la evidencia en el mejoramiento en el acceso, la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud de su población afiliada.

vi) Suministrar la información que se requiera en desarrollo del proceso de auditoría integral que la Superintendencia Nacional de Salud realice, en los casos que lo considera necesario.

vii) Garantizar el oportuno y adecuado suministro de información requerida por las autoridades del orden territorial y del orden nacional de control, en relación con la ejecución del Código del Buen Gobierno.

viii) Realizar y validar, en conjunto con el contralor designado, un plan de cancelación de pasivos, así como el informe sobre el cumplimiento del plan con periodicidad mensual, a ejecutarse.

8. Tablero de Control, el Plan de Acción debe tener un Tablero de Control que identifique:

i) Las causales que dieron motivo a la imposición de la medida cautelar que aquí se adopta y las que se adicionen durante su desarrollo, y

ii) Las acciones que se definan para superarlas,

iii) Las actividades para normalizar la gestión.

Que permita al mismo tiempo registrar los avances y cumplimiento de las mismas, así como sus responsables.

Parágrafo 1°. Una vez aprobado el Plan de Acción, la Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado de la Caja de Previsión Social del Casanare, Capresoca EPSS, debe enviar a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, con una periodicidad mensual, un informe que contenga el avance en el cumplimiento del citado Plan, con el propósito de adelantar el seguimiento respectivo.

Parágrafo 1°. Si no pudiere hacerse la notificación personal, se notificará por aviso que se fijará por un día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social, o en el sitio que se indique para tal fin.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2012.

El Superintendente Nacional de Salud,

Conrado Adolfo Gómez Vélez.