El artículo 98 de la Ley 488 de 1998 creó la tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud y determinó que las entidades de derecho público o privado y las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, cuya Inspección y Vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la Superintendencia respecto de tales entidades.

El Decreto 1405 de 1999 modificado por el Decreto 1280 de 2008, reglamentó el sistema y el método para la fijación de la tasa anual que cancelarán las entidades cuya inspección, vigilancia y control corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud.

El artículo 1° de la Resolución número 3367 del 22 de noviembre de 2011 modificó el artículo segundo de la Resolución 285 de 2011, en el siguiente sentido: "Delegar en la Secretaría General de la Superintendencia Nacional de Salud, la facultad de ordenar el gasto sin limitación de cuantía, la constitución de cajas menores y la expedición de actos administrativos en aquellos asuntos de carácter no contractual, que estén relacionados con la adecuada administración y funcionamiento de la Superintendencia sin consideración a la fuente de financiación, entre otros actos, la liquidación de prestaciones sociales de los funcionarios, Comisiones de servicios de funcionarios, la liquidación y cobro de tasa, así como la competencia para conocer y resolver los recursos que por ley sean procedentes contra estos mismos actos.".

El numeral 6 del artículo 6° del Decreto 1018 de 2007 dispone, dentro de las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud; "…Liquidar y recaudar la tasa que corresponda sufragar a las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control"...

Por su parte, el artículo 8° del Decreto 1018 de 2007 señala, dentro de las funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud: "…3. Señalar las políticas generales de la entidad, expedir los actos administrativos que le corresponden, así como los reglamentos y manuales instructivos para el cabal funcionamiento de la entidad"…

De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1280 de 2008 la Superintendencia Nacional de Salud podrá exigir el pago de la tasa a los sujetos de su supervisión y control en una o varias cuotas, en las fechas y de la forma que esta señale.

Mediante la Resolución número 1244 del 23 de julio de 2010, se determinaron las fechas y lugares para la liquidación y el pago de la cuota del primero y segundo semestre de la tasa vigencia 2010.

2.1. Con oficio radicado en esta Superintendencia con Nurc 2-2010-077696 de fecha 13 de agosto de 2010, la Secretaría General de esta Superintendencia, remitió la liquidación individual de la cuota del primer y segundo semestre de la tasa, vigencia 2010 que la Sociedad debe pagar. (Folio 1).

2.2. Mediante el Acto Administrativo L-1640 de 2010, se liquidó la tasa correspondiente al primer y segundo semestre del 2010 a favor de la Superintendencia Nacional de Salud y a cargo de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752-1, tal como se observa a folio 2 del encuadernado.

2.3. El señor José Lorenso Benites Truquez, Liquidador de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, mediante oficio radicado en esta Superintendencia con Nurc 1-2010-094819 de fecha 20 de octubre de 2010, informó lo siguiente:

2.4. La Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia con memorando radicado con Nurc 2-2010-123798 de fecha 23 de diciembre de 2010, solicitó a la Dirección de Asuntos Empresariales de la Cámara de Comercio de Buenaventura, remitir Certificado de la Cámara de Comercio actualizado de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS

2.5. La señora Delmira Angulo Batioja, Asistente de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Buenaventura con oficio de fecha 5 de enero de 2011, radicado con Nurc 1-2011-001415 del día 11 de enero de 2011, remitió dio respuesta al requerimiento efectuado, de cuyo contenido se trae a colación lo siguiente:

• Que por Escritura número 616 del 4 de agosto de 2010 Notaría Tercera de Buenaventura e inscrita en la Cámara de Comercio el 9 de agosto de 2010 bajo el número 417 del Libro IX, la Sociedad fue disuelta y en estado de liquidación.

• Que por Acta número 006 del 20 de julio de 2010 Asamblea General e inscrita en la Cámara de Comercio el 3 de diciembre de 2010 bajo el número 629 del Libro IX, la Sociedad fue liquidada.

2.6. La Oficina Asesora Jurídica de esta Superintendencia por medio del oficio signado con Nurc 2-2012-025360 de fecha 24 de abril de 2012, solicitó al doctor Jaime Mosquera Borja, Secretario Departamental de Salud del Valle del Cauca, certificar si la Sociedad Médica del Firme IPS, se encuentra habilitada para prestar servicios de salud, y si a la fecha está en funcionamiento, de lo contrario indicar la fecha en que la mencionada entidad presentó la novedad de cierre de servicios o retiro.

2.7. El doctor William Romero Quintero, Coordinador Grupo de Inspección, Vigilancia y Control (e.) de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, con oficio radicado en esta Superintendencia con Nurc 1-2012-058974 de fecha 3 de julio de 2012, manifestó lo siguiente: "(...) Revisados nuestros archivos y la Base de Datos de Prestadores de Servicios de Salud del Departamento, la entidad. Unidad Médica del Firme IPS, con NIT # 835000752-1, presentó ante esta Secretaría la novedad de cierre de Entidad o Prestador mediante Radicación número 00332 del 24 de febrero de 2010.".

3.1. Los Prestadores de Servicios de Salud: Naturaleza y Funciones

- A las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS-ESE-IPS Indígenas, Grupos de Práctica Profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud), y los prestadores de servicios con objeto social diferente, que cumplan con los requisitos de habilitación y sean incluidas en el Registro especial de Salud, ante las entidades Departamentales y Distritales de Salud correspondientes o ante el Ministerio de la Protección Social, según lo establecido por el literal i) del artículo 156, los artículos 185, 194 a 197 de la Ley 100 de 1993, el literal a) del artículo 25 de la Ley 1122 de 2007, el Decreto 1876 de 1994, el Decreto 1011 de 2006, las Resoluciones 1043 de 2006, 1445, 1446, 1448 de 2006, 2599, 2680 y 3763 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.

De esta manera, según lo expuesto, el servicio público esencial de salud, no podrá ser suministrado en la prestación, por entidades que no se encuentren debidamente habilitadas y registradas para operar en el sistema de salud en Colombia como prestadores de servicios de salud; proceso de habilitación que se implementó para que mediante requisitos mínimos se garanticen la calidad, oportunidad y eficiencia del servicio al usuario.

3.1.1. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS

El artículo 185 de la Ley 100 de 1993, señala que "son funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente ley." (…)

Para que una entidad pueda constituirse como Institución Prestadora de Servicios de Salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas por el Ministerio de Salud." Hoy Ministerio de la Protección Social. (Las subrayas no son del texto).

Las instituciones prestadoras de salud son entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud1, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud dentro de las entidades promotoras de salud o fuera de ellas2.

Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Además, propenderán a la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios y evitando el abuso de posición dominante en el sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud3.

Son funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios en la ley4.

3.1.2. Grupos de práctica profesional GPP - IPS

Se consideran como instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud5.

3.2. Profesional Independiente de Salud PSS

Profesional independiente de salud, es toda persona natural egresada de un programa de educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar6.

- A la Química Farmacéutica de conformidad con lo establecido en la Ley 212 de 1995.

- A la Optometría según Ley 372 de 1997.

- A la Fisioterapia conforme a la Ley 528 de 1999.

- Al Psicólogo según Ley 1090 de 2006.

Los programas de Instrumentación Quirúrgica y Terapia Respiratoria actualmente registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, que no cuenten con acreditación voluntaria de alta calidad, tendrán un plazo de dos años, contados a partir de la publicación de la Resolución 2772 del 13 de noviembre de 2003 , para solicitar el registro calificado7.

Por lo que, son Profesiones independientes de salud: Medicina, Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Nutrición y dietética, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Optometría, Bacteriología, Instrumentación Quirúrgica, Terapia Respiratoria, Químico Farmacéutica, Psicología.

3.2.1. Profesional Independiente de la Salud PSS que quiera ofertar sus servicios como Institución Prestadora de servicios de salud IPS - PSS

No debemos olvidar, que se consideran Prestadores de Servicios de Salud PSS que se encuentren habilitados según lo contemplado por el inciso 7° del artículo 2° del Decreto 1011 de 2006, el Anexo Técnico número 2 de la Resolución 1043 de 2006, y el literal a) del artículo 3° del Decreto 4747 de 2007, a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los Profesionales Independientes de Salud, el Servicio de Transporte Especial de Pacientes, y los Prestadores de servicios con objeto social diferente.

En dicho formulario, se puede observar claramente, que para el registro de prestadores de servicios de salud, se establece la identificación de Personas Jurídicas con su razón social y NIT, y de Personas Naturales con su nombre y apellidos y número de identificación, y no se establece otra forma de clasificación o de identificación, tales como establecimientos de comercio.

Quien se habilite como prestador persona natural, no podrá ofertar sus servicios como persona jurídica, y de la misma manera, el prestador habilitado como persona jurídica tampoco podrá ofertar sus servicios como persona natural, es decir, que cada prestador tan sólo podrá ofertar sus servicios como haya solicitado su habilitación.

Ahora bien, si el personal independiente forma una persona jurídica, podría hacerlo con la figura de empresa unipersonal, no obstante, deberá inscribirla cumpliendo con las condiciones de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera, y técnico administrativa, para así poder ofertar los servicios como tal, esto es, como persona jurídica.

Si se trata de Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS, esta se registrará como persona jurídica y su identificación será la de su razón social.

3.3. El Sistema Único de Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud PSS

3.1.1. Procesos de Habilitación8

Con el fin de garantizar la aplicación uniforme y la confiabilidad de la verificación de las condiciones de habilitación en todo el país, se estandarizan los principales procesos para su implementación, mediante formatos y diagramas de flujo de los principales procesos de habilitación.

3.3.1.1. Macroproceso de habilitación9

La implementación del sistema de habilitación, es el macroproceso en el cual, interactúan las entidades territoriales de salud y los prestadores de servicios de salud, con el propósito de que se cumplan los estándares en todo el país. Se inicia con la expedición de la norma por parte del Ministerio de la Protección Social y termina cuando se haya verificado el cumplimiento de los estándares, o cuando se modifiquen. Los principales procesos que lo constituyen son:

3.3.1.2. Macroproceso de habilitación10

3.3.1.3. Registro especial de prestadores de servicios de salud11

3.3.1.4. Formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud12

El Ministerio de la Protección Social adoptó y estableció las características del formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, mediante las Circulares 002 de 2006 y 0076 de 2007. En él, se puede observar claramente, que para el registro de prestadores de servicios de salud, se establece la identificación de Personas Jurídicas con su razón social y NIT., y de Personas Naturales con su nombre y apellidos y número de cédula de ciudadanía.

3.3.1.5. Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud13

La Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, es el procedimiento mediante el cual el Prestador de Servicios de Salud, luego de efectuar la autoevaluación y habiendo constatado el cumplimiento de las condiciones para la habilitación, radica el formulario de inscripción de que trata el artículo 11 del Decreto 1011 de 2006 y los soportes que para el efecto establezca el Ministerio de la Protección Social, ante el Ministerio de la Protección Social, la Entidad Departamental o Distrital de Salud correspondiente, para efectos de su incorporación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud14.

El Ministerio de la Protección Social, la Entidad Departamental o Distrital de Salud efectuará el trámite de inscripción de manera inmediata, previa revisión del diligenciamiento del formulario de inscripción. La revisión detallada de los soportes entregados será posterior al registro especial de prestadores de servicios de salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1011 de 200615.

A partir de la radicación de la inscripción en el Ministerio de la Protección Social y la Entidad Departamental o Distrital de Salud, el Prestador de Servicios de Salud se considera habilitado para ofertar y prestar los servicios declarados16, es decir, que no queda esto condicionado a la revisión o no del cumplimiento de las condiciones y requisitos para la habilitación al momento de la radicación de la inscripción en el Ministerio de la Protección Social, la Entidad Departamental o Distrital de Salud, lo que se evaluará en forma posterior, mediante el análisis de los soportes aportados por el Prestador de Servicios de Salud, y conforme al Plan de Visitas que para el efecto establezcan el Ministerio de la Protección Social, las Entidades Departamentales y Distritales de Salud17.

El Prestador de Servicios de Salud deberá declarar en el formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los servicios que se prestan en forma permanente. La inobservancia de esta disposición se considera equivalente a la prestación de servicios no declarados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en los artículos 577 de la Ley 09 de 1979, 49 de la Ley 10 de 1990 y 5 del Decreto 1259 de 1994 y las normas que las modifiquen o sustituyan18.

Para el caso de los servicios prestados en forma esporádica, el Prestador de Servicios de Salud deberá informar de esta situación al Ministerio de la Protección Social, a la Entidad Departamental o Distrital de Salud correspondiente, la cual realizará visitas en fecha y lugar acordados con el prestador, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas para dichos servicios, ordenando su suspensión si los mismos no cumplen con los estándares establecidos, de conformidad con lo previsto en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 y las normas que las modifiquen o sustituyan19.

Cuando un Prestador de Servicios de Salud preste sus servicios a través de dos (2) o más sedes dentro de la misma jurisdicción Departamental o Distrital, deberá diligenciar un sólo formulario de inscripción20.

Cuando un Prestador de Servicios de Salud preste sus servicios a través de dos o más sedes dentro de dos (2) o más Departamentos o Distritos, deberá presentar el formulario de inscripción en cada una de las jurisdicciones Departamentales o Distritales de Salud en las cuales presta los servicios, declarando en cada una, una sede como principal, y si se trata de una nueva IPS, a partir del 7 de enero de 2007, deberá presentar el formulario de inscripción en el Ministerio de la Protección Social, definiendo las jurisdicciones, en las cuales presta los servicios, declarando en cada una, una sede como principal21.

3.3.1.6. Proceso de verificación22

Antes de iniciar el proceso de verificación la Entidad Departamental o Distrital de Salud debe realizar las siguientes actividades:

La dependencia de Vigilancia y Control o la que haga sus veces, de la Entidad Territorial de Salud, debe identificación del total de prestadores de servicios de salud en la jurisdicción. Debe identificar prestadores sin declaración de habilitación acudiendo a la base de datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.

Identificar prestadores que no presentaron declaración en un proceso activo de búsqueda en diversas fuentes: Prensa, Directorios telefónicos, Censos físicos del DANE o un programa de censo físico de la entidad territorial municipal, distrital o departamental.

Conformación del grupo de profesionales encargados de la verificación. Calcular el recurso humano para la verificación del total de entidades en un periodo máximo de cuatro (4) años, pero las visitas deberán distribuirse con metas anuales de cumplimiento según la resolución de habilitación.

Las entidades departamentales y distritales de salud deberán realizar e informar al Ministerio, la programación anual de visitas de verificación del cumplimiento de las condiciones de habilitación, de tal manera que cada año se verifique por lo menos el 25% del total de prestadores inscritos en la respectiva vigencia, garantizando que se realice al menos una visita de verificación, durante los cuatro (4) años de vigencia del registro de habilitación.

Diseño del cronograma de visitas de verificación. Priorizar las visitas a los prestadores que verificados no certificados, continuar con los que no fueron verificados, luego con los certificados que presenten novedad de apertura de nuevos servicios con base en el Anexo Técnico número 1 que hace parte integral de la Resolución 1043 de 2006, y finalmente con los certificados sin novedades, dentro de cada grupo iniciar con los prestadores que presenten mayor riesgo en la prestación de servicios o cubran mayor número de usuarios. Dichas visitas deberán programarse y cumplirse anualmente.

Los servicios nuevos de urgencias, deberán ser verificados por la entidad territorial correspondiente dentro de los 90 días siguientes a la solicitud de la habilitación (previo proceso de inscripción).

3.3.1.7. Verificación del cumplimiento de las condiciones para la habilitación23

Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud o el Ministerio de la Protección Social, según sea el caso, serán las responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud en lo relativo a las condiciones de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, las cuales se evaluarán mediante el análisis de los soportes aportados por la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de conformidad con los artículos 8° y 9° del Decreto 1011 de 2006.

En relación con las condiciones de capacidad tecnológica y científica, la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social, se realizará conforme al plan de visitas que para el efecto establezcan las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, o el Ministerio de la protección Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1011 de 2006.

3.3.1.8. Monitorización, del cumplimiento, verificación e impacto de los estándares y del componente en su conjunto24

Según la Ley 100 de 1993, y conforme a lo establecido por el Anexo Técnico número 2 de la Resolución 1043 de 2006, es una responsabilidad que en el nivel nacional comparten el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Esta ley les asigna la función de supervisión, inspección y vigilancia a las entidades integrantes del sistema, de formular y aplicar los criterios de evaluación de eficiencia en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Direcciones Seccionales, Distritales y Municipales de salud. De otra parte, en el nivel territorial corresponde esta responsabilidad a las direcciones Departamentales y Distritales de salud, en su jurisdicción.

3.3.1.9. Verificación de estándares, adopción de conductas en caso de incumplimiento y Registro de entidades25

Dadas las funciones de inspección, vigilancia y control en el nivel territorial, corresponde a las direcciones Departamentales y Distritales de salud, la verificación del cumplimiento de los requisitos de habilitación en las instituciones de su jurisdicción; lo anterior implica que en caso de incumplimiento, dichas direcciones impongan las sanciones correspondientes. Además, les corresponde a las mismas direcciones de salud, la recepción de la declaración de estándares de habilitación y el registro de prestadores de servicios de salud de su jurisdicción.

Las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y del régimen subsidiado, las entidades adaptadas, las entidades aseguradoras de los regímenes especiales o excepcionales, las administradoras de riesgos profesionales, y las entidades territoriales, como Entidades Responsables del Pago de Servicios de Salud (ERP), las entidades que ofrezcan Planes Adicionales de salud, los particulares y demás pagadores del sistema, verificarán el cumplimiento de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, mediante la consulta de la información provista para el efecto por las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud y del propio Ministerio de la Protección Social.

Para efectos de contratar la prestación de servicios de salud el contratante verificará que el prestador esté inscrito en el registro especial de prestadores de servicios de salud. Para tal efecto la Entidad Departamental y Distrital establecerá los mecanismos para suministrar esta información26.

Si durante la ejecución del contrato se detecta el incumplimiento de las condiciones de habilitación, el Contratante deberá informar a la Dirección Departamental o Distrital de Salud quien contará con un plazo de sesenta (60) días calendario para adoptar las medidas correspondientes. En el evento en que no se pueda mantener la habilitación la Entidad Departamental o Distrital de Salud lo informará al contratante, quien deberá abstenerse de prestar los servicios de salud con entidades no habilitadas27.

3.3.1.10. Medidas de Seguridad

3.3.1.10.1. Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad28

3.3.1.10.3. Sanciones a entidades que incumplan

Las normas expedidas desde 1996 sobre el Sistema de Garantía de Calidad, parecía, circunscribirse al cumplimiento de unos Requisitos Esenciales pero el nuevo Sistema de Calidad no son solo Requisitos Esenciales, sino que también tiene presente la aplicación de los elementos mencionados anteriormente: eficientes sistemas de auditoría, la acreditación para aquellas instituciones que tengan un nivel de excelencia y un sistema de información para la calidad.

Adicionalmente, según la evaluación adelantada por el Centro de Gestión Hospitalaria, los Requisitos Esenciales eran 8.572, cifra absolutamente inmanejable para cualquier institución de salud, y que además dificultaba la labor de vigilancia y control que debían hacer los departamentos y municipios y la Superintendencia Nacional de Salud.

Ahora solo serán 200 estándares o requisitos que deberán cumplir. Esto significa que en adelante no habrá excusas para que estas entidades incumplan, pues no solo se redujeron significativamente los requisitos, sino que son más manejables, y, lo más importante, se procuró que quedaran solo aquellos requisitos indispensables para proteger la vida y la salud de los pacientes. De igual manera, se facilita la labor de los organismos que deben vigilar su aplicación, como los departamentos, municipios y distritos, la Superintendencia Nacional de Salud y el propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, las instituciones que no cumplan estas disposiciones serán sancionadas con medidas de seguridad, como el cierre del servicio en el cual se presenta el incumplimiento y procesos de investigación que pueden llevar a multas o cierres definitivos.

Sin perjuicio de la competencia atribuida a otras autoridades, corresponde a las Entidades Territoriales de Salud, y al Ministerio de la Protección Social cuando a este corresponda, adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 1979 y las normas que las modifiquen o sustituyan29.

3.3.1.10.4. Tipos de Sanciones

3.3.1.10.5. Puesta en práctica de la suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento para el cierre de la institución

Las autoridades sanitarias para efectos de la puesta en práctica de la cancelación o suspensión, o cierre de la institución podrán imponer sellos, bandas o utilizar otro sistema apropiado30.

3.3.1.11. Revocatoria de la habilitación31

Para efectos de la vigilancia y el cumplimiento de las normas sanitarias y la imposición de medidas y sanciones, los funcionarios competentes en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía).

Las autoridades de policía del orden nacional, departamental o municipal prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en orden al cumplimiento de sus funciones32.

3.3.1.13. Responsabilidades

Las sanciones administrativas impuestas por las autoridades sanitarias, no eximen de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por las violaciones a los preceptos de la ley33.

Se consideran novedades del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2º de la Resolución 2680 de 2007, modificatorio del artículo 7º de la Resolución 1043 de 2006, las siguientes:

Cuando se presente la revocatoria de la Habilitación de un determinado servicio, el Prestador de Servicios de Salud deberá devolver el distintivo de Habilitación35.

Con posterioridad a la fecha de devolución del distintivo de habilitación por parte del prestador del servicio de salud o cuando este distintivo presente deterioro, la entidad territorial de salud correspondiente podrá destruirlo36.

En cualquiera de las dos situaciones antes señaladas, deberá dejarse constancia por escrito37.

Según el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 las entidades de derecho público y privadas, y las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y vigilancia corresponda a la Superintendencia Nacional de Salud, cancelarán una tasa anual destinada a garantizar el cumplimiento o desarrollo de las funciones propias de la Superintendencia.

" (…)

Es cierto que los recursos que financian la seguridad social constituyen, en su mayor medida, recursos parafiscales, como lo es también que el pago de la tasa por las empresas promotoras de salud supone de hecho una reducción de sus recursos en una proporción igual al valor de aquélla. Pero de ello no se deriva la inconstitucionalidad de la norma acusada porque, como se expresó antes, es de la esencia de la prestación del servicio su vigilancia y control; y por ello, constituiría un contrasentido que, de una parte, el artículo 48 en referencia prohíba destinar porción alguna de los recursos de la seguridad social a otras finalidades y, de otra, exigiera en su primer inciso que la seguridad social sea objeto no sólo de la dirección y coordinación, sino también del control por el Estado. Es, por consiguiente, compatible la referida prohibición con la vigilancia y control de las entidades que prestan los servicios de seguridad social.".

La revocatoria directa, como su nombre lo indica, significa la posibilidad de las autoridades para deshacer su propia actuación, bien de oficio o a petición de parte interesada, cuando con ella se ha producido una alteración grave del orden jurídico o un daño injustificado a una persona. Según el tratadista de Derecho Administrativo, doctor Pedro A. Lamprea R. (Práctica Contenciosa y Administrativa), la revocatoria directa ofrece la siguiente estructura: Acto Administrativo supuestamente irregular; precisas causales que determinan la irregularidad; funcionario (quien lo expidió o superior jerárquico), y decisión de revocatoria. La irregularidad que da lugar a la revocatoria debe ser una irregularidad

calificada, y no cualquiera que sólo diera aplicación de las normas de nulidad; de ahí que las normas de revocación directa tengan el carácter de exclusivas, precisas y graves. Son tres las causales de revocación directa, de acuerdo con lo que dispone la ley (Código Contencioso Administrativo, artículo 69): Primera, oposición manifiesta del acto administrativo a la Constitución Política o a la ley; segunda, inconformidad del mismo con el interés público o social, o atentado contra este; tercero, agravio injustificado a una persona.

El fundamento de la revocación es, según el Consejo de Estado, el de no "...permitir que continúe vigente y produzca efectos un acto contrario al orden jurídico o al interés público o social, es decir, el imperio del principio de legalidad y el de la oportunidad y conveniencia de la administración, entendida como servicio público y obrando en función de ese servicio...". (C. de E. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de noviembre 14 de 1975, C.P. Luis Carlos Sáchica, Anales del Consejo de Estado, 1975, segundo semestre, Tomo LXXXIX, núm. 5, 447-448, p. 79).

Ahora bien, la revocatoria directa del acto, a solicitud del sujeto pasivo, implica la iniciativa de la persona interesada. Este elemento, según el doctrinante Jaime Orlando Santofimio, "...permite identificarlo como un recurso extraordinario... de carácter excepcional y restrictivo, pues lo normal es que las controversias que surgieran con la vigencia de un acto administrativo se definieran directamente por la vía gubernativa". (Jaime Orlando Santofimio. El Acto Administrativo. Procedencia, eficacia y validez. UEC. p. 228).

El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: CÉSAR HOYOS SALAZAR, en concepto fechado el veinticinco (25) de noviembre de 1999, señaló sobre la figura en comento, lo siguiente:

De otra parte, la revocación puede ser dictada por el mismo funcionario que expidió el acto o por su superior inmediato (artículo 69), puede cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme y aun cuando se haya demandado el acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa, siempre y cuando no se haya admitido la demanda (artículo 71) y si se refiere a un acto de contenido particular y concreto, se requiere el consentimiento de su titular (artículo 73).

Ahora bien, acerca de la procedencia de la revocatoria directa, se tiene que mediante Sentencia de constitucionalidad C-742 del seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), siendo Magistrado Ponente el doctor José Gregorio Hernández Galindo, la Corte Constitucional al desatar la demanda presentada, en ejercicio de su derecho político, por el ciudadano Miguel Arcángel Villalobos Chavarro contra el artículo 70 del Decreto-ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), que, a la letra, dice:

Artículo 70. Improcedencia. No podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa",

"La Corte ha destacado en numerosas providencias que el legislador goza de libertad de configuración en lo referente al establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades.

Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso –reposición, apelación, u otro– tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos –positivos y negativos– que deben darse para su ejercicio.

A juicio de la Corte, con la consagración de tales recursos queda salvaguardado de manera suficiente, en la etapa administrativa, el derecho de defensa de los gobernados ante los actos proferidos por la administración, pues basta operar los mecanismos previstos en la ley para que quien adoptó la decisión la reconsidere y su superior jerárquico, si es el caso, la examine desde una perspectiva diferente y resuelva si habrá de confirmarla, reformarla, adicionarla, aclararla, modificarla o revocarla.

Pero, además, por si las actuaciones correspondientes en el interior mismo de la Administración pudiesen ser insuficientes respecto de las garantías reconocidas a los administrados, estos, agotada la fase gubernativa, pueden acudir a la vía contenciosa, ante

La revocación directa tiene un propósito diferente: el de dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, inclusive de oficio, ya no con fundamento en consideraciones relativas al interés particular del recurrente sino por una causa de interés general que consiste en la recuperación del imperio de la legalidad o en la reparación de un daño público.

"Artículo 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

Como puede verse, la persona afectada sí puede en principio pedir a la Administración que revoque su acto, o la autoridad puede obrar de oficio. Cosa distinta es que el interesado, a pesar de haber hecho uso de los recursos existentes, pretenda acudir a la vía de la revocación directa, a manera de recurso adicional, lo cual puede prohibir el legislador, como lo hace la norma acusada, por razones de celeridad y eficacia de la actividad administrativa (artículo 209 C.P.) y además para que, si ya fue agotada la vía gubernativa, el administrado acuda a la jurisdicción.

La revocación directa no corresponde, por tanto, a la categoría de recurso y, como tiene un carácter extraordinario –en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas fundadas en el acto administrativo–, deben reunirse al menos los requisitos mínimos que el legislador considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica.

Cuando la disposición acusada estatuye que no podrá pedirse la revocación directa de actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercido los recursos de la vía gubernativa, está fijando un requisito de naturaleza negativa para que la solicitud del interesado pueda prosperar. Y ello nada tiene de inconstitucional, pues el legislador obra dentro de sus atribuciones; ni afecta, como lo entiende el actor, derechos fundamentales, pues no impide el derecho de defensa del administrado, y no limita ni restringe su acceso a la justicia.

Se parte de un supuesto de gran importancia, cual es de que ya el solicitante ha tenido ocasión de hacer valer sus razones, al ejercitar los recursos por la vía gubernativa, lo que precisamente destaca que el sistema consagra mecanismos suficientes para alcanzar su protección, sin adicionar un nuevo recurso que ponga en peligro la firmeza de las actuaciones anteriores.

La revocación directa es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha sido demandado ante lo contencioso administrativo; pero, también es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

"Así las cosas, hay que decir que los actos administrativos, cuando hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrán ser revocados sin el consentimiento expreso y escrito del titular salvo, cuando resulten del silencio administrativo positivo, se den las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso-Administrativo, o fuere evidente que el acto se produjo por medios ilegales. En el caso a estudio, es manifiesta la oposición a la Constitución y a la ley de la Resolución número 8 de 1968, pues fue expedida por una Dependencia que carecía de competencia para autorizar que se construyera un condominio privado sobre el espacio público; es claro también que no está de acuerdo con el interés público, pues es deber del Estado, no solo: "velar por la integridad del espacio público...", sino también, y en virtud del mismo artículo 82 de la Constitución, "...y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular". Además, le causa agravio injustificado a los ciudadanos, que se vienen viendo privados del uso de una franja del espacio público, irregularmente ocupada. Y, aunque no obra en el proceso la prueba plena que permita afirmar que es evidente que el acto se produjo por medios ilegales, sí hay al menos motivos para sospecharlo". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-230 del 17 de junio de 1993. M.P.: doctor Carlos Gaviria Díaz).

"En cuanto a la revocación que la administración haga de sus propios actos, la Corte reitera que no puede tener cabida cuando mediante ellos se han creado situaciones jurídicas de carácter particular y concreto o se han reconocido derechos de la misma categoría, salvo que medie el consentimiento expreso y escrito del mismo titular.

La decisión unilateral del ente público toma de sorpresa al afectado, introduce un pernicioso factor de inseguridad y desconfianza en la actividad administrativa, quebranta el principio de la buena fe (artículo 83 C.P.) y delata indebido aprovechamiento del poder que ejerce, sobre la base de la debilidad del administrado." (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-246 del 3 de junio de 1996. M.P.: doctor José Gregorio Hernández Galindo).

Por tanto, en este procedimiento administrativo la Administración tiene la oportunidad de examinar su actuación, para proceder a modificarla, aclararla o revocarla, según el caso.

1. La revocación de los actos administrativos, tal como hoy está prevista, puede adelantarla en forma directa la administración en cualquier tiempo, incluso en relación con actos en firme, o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Código Contencioso Administrativo. Esto significa que la administración no pierde su facultad de enmendar sus errores, pudiendo en todo tiempo proceder a la revocación de los actos administrativos que están dentro de las previsiones del artículo 69 Código Contencioso Administrativo.

2. Las partes pueden optar por pedir la revocación de los actos administrativos o ejercer los recursos en la vía gubernativa a que se refiere el artículo 50 Código Contencioso Administrativo. Pero resulta claro que si ya se ejercieron los recursos en la vía gubernativa no puede pedirse después la revocación del acto administrativo en cuestión pues precisamente se supone que es allí, en la vía gubernativa, donde se debió solicitar no solo la aclaración o modificación de un acto administrativo sino también su revocación.

Por último, la Corte Constitucional considera que la norma acusada en nada obsta para la efectividad y uso del mecanismo de control previsto en el artículo 4° de la Constitución Política, que tiene lugar, como allí se indica, en todo caso de incompatibilidad entre la ley u otra norma jurídica, por lo cual, ante la hipótesis que la Carta contempla, el precepto legal del que se trata no podría en modo alguno implicar excepción al perentorio mandato superior".

El proceso, en sentir de GUASP, "es una pluralidad de actos característicamente coordinados, a través de recíproca interdependencia de los mismos, de modo que cada uno de ellos es presupuesto de admisibilidad de los siguientes y condición de eficacia de los anteriores"38 . No obstante, en los casos puestos de presente, es evidente que desde el inicio de la investigación administrativa se desconoció el debido proceso de los investigados.

Se debe al profesor alemán Merkl la elaboración de una "procedimentalización de la Actividad Administrativa", al señalar que al igual que la función jurisdiccional, el derecho administrativo requiere de una suma de reglas de producción de los actos administrativos, siendo el procedimiento administrativo, el conjunto formal de actos de que se vale el proceso para producir el "acto administrativo".

Quiso, asimismo, el constituyente colombiano que toda decisión tendiente a producir efectos jurídicos, debía contener los fundamentos probatorios que le permitan válidamente nacer a la vida jurídica. Este principio garante de los derechos ciudadanos tiene su consagración legal, como atrás quedó visto, en el artículo 29 de la Carta Política, sin que sea necesario para el caso que nos ocupa seguir profundizando sobre el tema. Empero, sí es necesario señalar que el mismo no es mera arbitrariedad legislativa, sino que corresponde a una evolución del derecho que rompe con los estadios de la arbitrariedad y pretende la consagración de niveles institucionales.

Analizados los elementos probatorios, así como las actuaciones administrativas que obran en el expediente, este Despacho considera oportuno traer a colación las siguientes figuras jurídicas:

a) Disolución: Es el momento en el cual el ente suspende el desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para finiquitar su operación y llegar a la liquidación. Existen varias causales por las cuales el ente social puede entrar en disolución, estas pueden provenir de lo pactado en los estatutos sociales o de la ley, siendo algunas automáticas y otras que deben ser declaradas por los asociados o por la entidad competente.

2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.

3. Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley.

4. Por la declaración de quiebra de la sociedad.

Ahora bien, en cuanto a la decisión de disolver la compañía si esta no se produce como consecuencia de alguna de las causales estatutarias o legales, sino que los socios simplemente deciden disolverla, sin ninguna razón, debe entenderse que es una reforma estatutaria que debe cumplir con todos los requisitos de la reforma. La disolución de las compañías puede realizarse por escritura pública, por acta de disolución, documento privado, y sentencia judicial o acto administrativo.

b) Liquidación: La liquidación es la etapa siguiente a la disolución y es puramente un proceso económico. Consistente en cancelar los pasivos de la sociedad o realizar las apropiaciones del pasivo externo por parte del liquidador, también se procede a repartir los remanentes sociales entre los asociados, a prorrata de la participación de cada uno de los socios en el capital. Una vez pagados los acreedores y repartidos los remanentes, la persona jurídica desaparece.

Hay otros entes que pueden liquidarse por documento privado que contenga la cuenta final de liquidación. Este documento deberá estar reconocido ante notario o presentado personalmente ante el juez o el Secretario de la Cámara de Comercio por todos los asociados.

En el caso sub exámine, el Acto Administrativo L-1640 de 2010, fue expedido con cargo de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752-1, sujeto sobre el cual no se puede predicar el ejercicio de la actividad de vigilancia, inspección y control por parte de esta Superintendencia.

Sobre el particular, se tiene que al trámite administrativo en estudio, se allegó el Certificado de la Cámara de Comercio del Cauca, en el cual consta que la sociedad fue disuelta mediante Escritura Pública número 616 del 4 de agosto de 2010 de la Notaría Tercera de Buenaventura y liquidada por Acta número 006 del 20 de julio de 2010.

Conforme a lo expuesto, este Despacho considera procedente y oportuno revocar el Acto Administrativo L- 1640 de 2010, por medio de la cual se liquidó la tasa anual del año 2010, a cargo de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752-1, toda vez que han desaparecido los presupuestos jurídicos para su creación.

De acuerdo con el artículo 69 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, la administración tiene facultad de revocar sus actos cuando encuentre que los mismos no se ajusten al ordenamiento o en el evento en que surjan hechos nuevos que permitan la revisión de su decisión.

De conformidad con el artículo 71 ibídem, la Administración puede de oficio, retirar del tránsito jurídico el acto administrativo por ella adoptado, siendo procedente su revocatoria en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.

No obstante, se dispondrá que la Oficina Asesora de Planeación de esta Superintendencia proyecte el respectivo acto administrativo de liquidación de la tasa a cargo de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, desde el 1° de enero de 2010 al 24 de febrero de 2010, disponiéndose igualmente que la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud, actualice la base o registro de vigilados, respecto a la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752- 1, toda vez que salió del espectro de vigilados de esta Superintendencia.

Artículo 1°. Revocar el Acto Administrativo L-1640 de 2010, por medio del cual se liquidó la tasa de la vigencia 2010, a favor de la Superintendencia Nacional de Salud y a cargo de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752-1, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2°. Ordenar a la Oficina Asesora de Planeación, proyecte para la firma de la Secretaria General de esta Superintendencia, el acto administrativo de liquidación de la tasa anual a cargo de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752- 1, desde el 1° de enero de 2010 al 24 de febrero de 2010.

Artículo 3°. Ordenar a la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud, actualizar la información de la base de datos de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, con NIT. 835.000.752-1, por cuanto dejó de ser sujeto de inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia.

Artículo 4°. Notificar el contenido de la presente resolución al señor José Lorenso Benítez Trueguez, Agente Liquidador de la Sociedad Unidad Médica del Firme IPS, y/o a quien se designe para tal fin, para lo cual se enviará citación a la Calle 3 B Nº 15 - 65 Barrio el Firme en Buenaventura - Valle del Cauca, o en la dirección que se indique para tal fin.