1. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control1

1.1 Inspección2

1.2 Vigilancia3

1.3 Control 4

2. La Superintendencia Nacional de Salud5

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social en su componente de atención de la salud es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En virtud de los artículos 115 y 150 de la Carta Política, las Superintendencias desempeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las Superintendencias ejecutan específicamente las funciones para las cuales fueron creadas por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de autonomía jurídica, administrativa y financiera.

La incidencia del Estado Social de Derecho en la organización política puede ser descrita tanto desde una perspectiva cuantitativa como a través de un crisol cualitativo. Lo primero entendido como el Estado Bienestar y el segundo bajo el tema del Estado constitucional democrático. Así lo ha indicado la Corte Constitucional en uno de los primeros fallos en que tuvo la oportunidad de dimensionar la estructura concebida a raíz de la expedición de la Constitución de 1991:

En general, las Superintendencias han sido concebidas para velar por la adecuada prestación de servicios públicos, en aspectos tales como la naturaleza y organización de los prestadores de los mismos. Como punto común a todas ellas está el propósito de brindar confianza a los extremos de las relaciones jurídicas que allí se establecen. En virtud de que muchas de ellas no son mencionadas expresamente en nuestro ordenamiento constitucional, es el legislador, en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 7 del artículo 150 C. Pol., el facultado para crear estos organismos, "señalando sus objetivos y estructura orgánica". Tales reparticiones en la administración pública se han especializado en el desarrollo de lo que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se conoce como función de policía administrativa en la generalidad del término y no exclusivamente ligada a un cuerpo armado destinado a preservar el orden en las ciudades por oposición al concepto de Fuerzas Militares.

El concepto de policía administrativa tiene, pues, una orientación garantista del orden público. Esta labor implica una serie de fases, herramientas y mecanismos con base en los cuales la misma sea atendida. De allí que a la par de funciones de seguimiento e inspección existan otras relacionadas con las sanciones así como algunas que tienen que ver con la autorización y finalización de los operadores del sistema.

Se deduce de los anteriores predicados que el desempeño de las competencias atribuidas a algunas Superintendencias en lo atinente a la inspección, vigilancia y control está condicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios estables que, sin embargo, no impiden la actuación ágil y oportuna de estos organismos, encargados de verificar en la práctica la transparencia de las operaciones sometidas a su

escrutinio, ni enervan la flexibilidad por estos requerida para hacer efectivos en las situaciones concretas los postulados constitucionales y legales, todo lo cual exige que se los dote de los instrumentos y de las atribuciones necesarias (Corte Constitucional, Sentencia C-233 de 15 de mayo de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz).

Concordante con lo anterior, el Presidente de la República, en atención a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, delegó en el Superintendente Nacional de Salud, la facultad de inspección, vigilancia y control del Sector Salud.

Consecuencia de lo expuesto, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo.

La Superintendencia Nacional de Salud ejerce la inspección, vigilancia y control sobre los sujetos que tienen a su cargo la gestión de recursos públicos destinados a la prestación de servicios en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Para tal fin, ejerce una serie de atribuciones y facultades, entre las que se encuentra la de sancionar a los vigilados por el incumplimiento de las normas que regulan su actuar. En cuanto al alcance e implicaciones de esta atribución la Corte Constitucional ha puntualizado:

Los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución tienen como finalidad preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad de la persona priman sobre las meras consideraciones de la eficacia de la administración.

Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor la posibilidad de "manipular" –mediante la instrumentación personificada– el ejercicio del poder.

Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. La sola exigencia de una certificación secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acusado, prescindiendo de que este pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo.

La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (C. P. artículo 5°), entre los que se encuentra la libertad personal, desplaza la antigua situación de privilegio de la administración y la obliga a ejercer las funciones públicas en conformidad con los fines esenciales del Estado, uno de los cuales es precisamente la garantía de eficacia de los derechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (C. P. artículo 2°). En consecuencia, las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido proceso (C. P. artículo 29), están proscritas del ordenamiento constitucional6.

de la expedición del acto administrativo, a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía, por incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El pago de las multas debe hacerse con recursos de su propio peculio, y en consecuencia no se puede imputar al presupuesto de la entidad de la cual dependen".

2.1 Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud7

a) Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud8;

b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud9;

c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo10;

d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud11;

e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de salud12;

f) Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud13;

g) Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud14;

h) Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores del Sistema15;

i) Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia y control del aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de los servicios y la protección de los usuarios16.

2.2 Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud –Supersalud–17.

5. Eje de Acciones y Medidas Especiales18.

2.3 Funciones y Facultades de la Superintendencia Nacional de Salud19

La Superintendencia Nacional de Salud, además de las funciones y facultades ya establecidas en otras disposiciones, cumplirá dentro del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control, las siguientes:

a) Formular, dirigir y coordinar la política de inspección, vigilancia y control del Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud20;

b) Definir políticas y estrategias de inspección, vigilancia y control para proteger los derechos de los ciudadanos en materia de salud21;

c) Definir políticas de coordinación con los demás organismos del Estado que tengan funciones de inspección, vigilancia y control22;

d) Definir y armonizar con los sistemas de información disponibles en el Gobierno Nacional, el sistema de información para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social y establecer los mecanismos para la recolección, tratamiento, análisis y utilización del mismo23;

e) Adelantar funciones de inspección, vigilancia y control al Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga– y demás actores del Sistema, incluyendo los regímenes especiales y excepcionales de salud de que tratan los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 200124;

f) Inspeccionar, vigilar y controlar que las Direcciones Territoriales de Salud cumplan a cabalidad con las funciones señaladas por ley, conforme a los principios que rigen a las actuaciones de los funcionarios del Estado, e imponer las sanciones a que haya lugar. En virtud de la misma potestad mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte podrá avocar el conocimiento de aquellos asuntos que se tramitan en las entidades territoriales de salud, cuando se evidencia la vulneración de dichos principios25;

g) Con sujeción a las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, señalará los procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de las investigaciones administrativas sancionatorias que deba surtir, respetando los derechos del debido proceso, defensa, o contradicción y doble instancia26;

h) Coordinar con la Defensoría del Pueblo las actividades que realice el defensor del usuario en salud relacionado con las quejas relativas a la prestación de servicios de salud27;

i) Realizar inspección, vigilancia y control a la generación, flujo, administración, recaudo y pago oportuno y completo de los aportes y aplicación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud28;

j) Ejercer inspección, vigilancia y control, sobre la ejecución de los recursos asignados a las acciones de salud pública, protección específica, detección temprana y atención de enfermedades de interés en salud pública, así como a los recursos del orden Municipal, Departamental y Nacional que de manera complementaria se asignen para tal fin29;

k) Realizar la inspección, vigilancia y control de la prestación de los servicios de salud a las personas que no están cubiertas por los subsidios a la demanda30;

l) Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras sobre tecnología biomédica y mantenimiento hospitalario31;

m) Practicar visitas de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados a fin de obtener un conocimiento integral de su situación administrativa financiera y operativa, del manejo de los negocios, o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán recibir declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba legalmente admitidos y adelantar las investigaciones a que haya lugar32;

n) Emitir instrucciones a los vigilados sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, así como aplicar las sanciones respectivas relacionadas con aquellos asuntos que son objeto de su competencia, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias33;

o) Realizar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones formuladas en el ejercicio de inspección, vigilancia y control34;

p) Ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración y operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que administren cualquier régimen e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier naturaleza, e intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos que señale la ley y los reglamentos. La intervención en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, tendrá siempre una primera fase de salvamento35;

q) Diseñar las estrategias de promoción de la participación ciudadana en las actividades de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia36;

r) Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de los derechos en salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud37;

s) Imponer a las instituciones respecto de las cuales tenga funciones de inspección y vigilancia, a los administradores, empleados y revisor fiscal de las mismas, previa solicitud de explicaciones sanciones y multas en los términos establecidos en las Leyes 100 de 1993, 643 de 2001, 715 de 2001, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y las demás que las modifiquen o adicionen38;

t) Sancionar a las Entidades Territoriales que reincidan en el incumplimiento de los indicadores de gestión en los términos establecidos en la ley, previa evaluación de los informes del Ministerio de la Protección Social39;

u) Sancionar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las instancias competentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud40;

v) Introducir mecanismos de autorregulación y solución alternativa de conflictos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud41;

w) Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a sus vigilados, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los demás órganos que ejercen inspección, vigilancia y control dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el ejercicio de la ética profesional, la adecuada relación médico paciente y el respeto de los actores del sistema por la dignidad de los pacientes y de los profesionales de la salud42;

x) Las demás que conforme a las disposiciones legales se requieran para el cumplimiento de sus objetivos43;

y) Las demás que le asigne la ley y las que le delegue el Presidente de la República44.

2.4 Sujetos de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, ámbito de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud45

1. Las Direcciones Territoriales de Salud en el ejercicio de las funciones que las mismas desarrollan en el ámbito del sector salud, tales como el aseguramiento, la inspección, vigilancia y control, la prestación de servicios de salud y demás relacionadas con el sector salud46.

2. Los que programen, gestionen, recauden, distribuyan, administren, transfieran o asignen los recursos públicos y demás arbitrios rentísticos del Sistema General de Seguridad Social en Salud47.

3. Quienes aporten o deban aportar al Sistema General de Seguridad Social en Salud48.

4. Los agentes que ejerzan cualquier función o actividad del Sector Salud o del Sistema General de Seguridad Social en Salud49.

3. Facultades de intervención estatal

La Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la función de inspección, vigilancia y control con el objetivo de asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a la prestación de los servicios de salud, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de vigilancia cumplan con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

La Seguridad Social y la atención en salud, se encuentran definidas por la Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, como servicios públicos de carácter obligatorio, a cargo del Estado, disponiendo que se prestarán bajo la dirección, coordinación y control del Estado, acatando los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Fijó, en consecuencia, la norma superior, los pilares de la organización, estructura, características y funcionamiento de la prestación de los servicios de salud en Colombia, ligado completamente al concepto de finalidad social del Estado, asegurando, de suyo, que la misma resulte eficiente para todos los habitantes del territorio nacional.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 4°, desarrolló la Seguridad Social como servicio público obligatorio esencial en lo que atañe con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, organizó el funcionamiento y administración de los regímenes Contributivo y Subsidiado, los cuales coexisten articuladamente. Así mismo, los artículos 154, 180, 181, 230 y 233 de la ley en mención, le otorgan a la Superintendencia Nacional de Salud facultades de inspección, vigilancia y control, respecto de las Entidades Promotoras de Salud cualquiera que sea su naturaleza.

encontramos la amonestación, las multas, la revocatoria total o parcial o la suspensión el certificado de funcionamiento de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo o la revocatoria total o parcial de la habilitación de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, "EPSS", cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad; facultades de intervención forzosa, entre las cuales encontramos, la intervención forzosa administrativa para administrar, la intervención forzosa administrativa para liquidar, la intervención forzosa técnico administrativa; y facultades preventivas cautelares entre las cuales encontramos las medidas cautelares o preventivas como institutos de salvamento y protección de la confianza pública tales como la vigilancia especial entre otras, de un vigilado.

La Superintendencia Nacional de Salud le han sido asignadas facultades de policía administrativa, con el objeto de cumplir las funciones de vigilancia, para ello tiene facultades sancionatorias y de intervención estatal, entre las cuales encontramos, la intervención forzosa administrativa para administrar, la intervención forzosa administrativa para liquidar, revocar y suspender el certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud, cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

Como lo reconoce la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: El Estado tiene el deber de ejercer la regulación con el fin de facilitar no sólo la adecuada prestación de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores de servicios.

Conforme a los mandatos Constitucionales, esto es, el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social tiene en nuestro ordenamiento jurídico una doble connotación, por un lado, es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y por otro, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional. Dispone la norma en cita:

El legislador desarrolló en la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social Integral con el objeto de garantizar los derechos de la persona y la comunidad, para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten; dicho Sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de salud y servicios complementarios, así como las prestaciones de carácter económico, que serán suministrados por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la ley.

Así mismo, en virtud a lo dispuesto en la norma superior, el artículo 189-22 de la Constitución Política dispone que corresponde al Presidente de la República "Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos", se crea la función de inspección, vigilancia y control, en materia de seguridad social en salud, y al tenor de los artículos 230 y 233 de la Ley 100 de 1993 se asigna en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad encargada de ejercer la función con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales que la definen como un organismo adscrito al Ministerio de Salud y de Protección Social.

El objetivo de la función de vigilancia y control, busca asegurar la prestación oportuna, permanente y eficiente con calidad e integralidad del servicio de seguridad social en salud; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas integrantes del sector salud; la eficiencia en la aplicación y utilización de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud; el oportuno y adecuado recaudo, giro, transferencia, liquidación cobro y utilización de los mismos; así como lograr que los recursos destinados a su financiación se utilicen exclusivamente para tales fines, a propósito de lo cual, como se indicó, la norma superior señala que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, además, hacen parte de dichos objetivos, la adopción de medidas encaminadas a permitir que la función de vigilancia y control centre su actividad en la aplicación de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento adecuado de las mismas. (Artículo 48 de la Constitución Política).

Consecuente con lo anterior, es de anotar, que los actores del Sistema de Salud Colombiano estarán sujetos a las investigaciones y sanciones, administrativas, disciplinarias, fiscales y penales que sean del caso, cuando se dé a los recursos de destinación específica del sector salud, tratamiento diferente al estipulado por la ley, esto es, se desvíe u obstaculice el uso de estos recursos o el pago de los bienes o servicios financiados con estos.

Ahora bien, la intervención del Estado como una de las potestades o privilegios propios de este se encuentra plasmada para el sector salud en las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y fundamentado en ello, se le asignan a la Superintendencia Nacional de Salud una serie de funciones y facultades, entre otras la potestad de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar sobre sus vigilados, así:

público, administrativo y/o técnico, que afecten o puedan afectar en forma grave la adecuada prestación de los servicios de salud, asume en forma transitoria, total o parcial, la gestión administrativa y/o técnica de las entidades a que se refiere el Decreto número 1922 de 199450.

La intervención tendrá como finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud51.

vi) Decreto número 1015 de 2002

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, el Decreto número 2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifiquen y desarrollan" (…). (Negrilla y resalto fuera del texto).

vii) Decreto número 506 de 2005

De igual forma, mediante el artículo 6° del Decreto número 506 de 2005 se consagraron las medidas cautelares y de toma de posesión a saber:

"Artículo 6°. Medidas cautelares y toma de posesión. Las medidas cautelares y la toma de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La revocatoria del certificado de funcionamiento o de la habilitación pueden adoptarse simultáneamente o de manera independiente con la toma de posesión, cuando esas mismas causales que la originan puedan poner en peligro los recursos de la seguridad social en salud o la atención de la población afiliada. Cuando la revocatoria sea simultánea con la toma de posesión, el procedimiento, los recursos, las reglas y los efectos serán los de la toma de posesión". (Negrilla fuera de texto).

viii) Decreto número 1018 de 2007

El numeral 26, del artículo 6° del Decreto número 1018 de 2007, faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración y operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que administren cualquier régimen e instituciones Prestadoras de Servicios de salud de cualquier naturaleza, teniendo la intervención de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud siempre una primera fase de salvamento.

Conforme a lo establecido por el numeral 13 del artículo 8° del Decreto número 1018 de 2007, el Despacho del Superintendente Nacional de Salud, tendrá, entre otras funciones, la de ordenar la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud52.

"2. Realizar por orden del Superintendente Nacional de Salud la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Cajas de Compensación Familiar; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley".

Por otra parte, la Resolución número 1947 de 2003, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, por la cual se dictan disposiciones sobre el nombramiento y posesión de Interventores, Liquidadores y Contralores, establece los requisitos para el nombramiento de estos agentes especiales, correspondiendo la posesión a la Superintendencia Nacional de Salud, previo la verificación de los requisitos que acreditan dicha calidad; además se establece la necesidad del levantamiento de un Registro de los Interventores, Liquidadores y Contralores, quienes deben actualizar la información presentada con la solicitud de inscripción, cuando fueren nombrados en un proceso de intervención forzosa administrativa, en desarrollo de la función propia de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución número 237 de 2010, por medio de la cual, se establece el procedimiento para la evaluación, cálculo y fijación de los honorarios definitivos a los Liquidadores, Agentes especiales y Contralores, de las entidades objeto de Toma de Posesión, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

De esta forma debe quedar claro que los procesos de intervención administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas por parte de esta Superintendencia, se rigen por un procedimiento especial dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado a su vez por la Ley 510 de 1999, y por la Ley 795 de 2003, mientras el Gobierno Nacional reglamenta el artículo 129 de la Ley 1438 de 2011.

La Superintendencia Nacional de Salud en materia de procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o liquidar las entidades vigiladas, hasta tanto no se disponga algo diferente en la reglamentación que el Gobierno Nacional lleve a cabo a la Ley 1438 de 2011, es el previsto en el Decreto-ley 663 de 1993, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado a su vez por la Ley 510 de 1999, y por la Ley 795 de 2003, el numeral 8 del artículo 42, y el inciso 5° del artículo 68 de la 715 de 2001, el artículo 1º del Decreto número 1015 de 2002, y el inciso 1º del artículo 6º del Decreto número 506 de 2005, así:

1. Toma de Posesión

1. Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor"53.

a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones;54

b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superintendencia Bancaria55;

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios56;

d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia Bancaria debidamente expedidas57;

e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley58;

f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura59, y

g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito60;

h) Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad61;

i) Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en el artículo 80 de este Estatuto62;

j) Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados63;

k) Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida por la Superintendencia Bancaria, y64

l) Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la Superintendencia Bancaria65.

2. La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos:66

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento (40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado67.

Tratándose de las entidades aseguradoras, se entenderá configurada esta causal por defecto del fondo de garantía68;

b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i)69.

La toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los acreedores puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente se adoptará por la Superintendencia en un término no mayor de dos (2) meses, prorrogable por un término igual por esta entidad70.

Lo anterior no impedirá que si en el desarrollo del proceso de liquidación se encuentra que es posible colocar la entidad en condiciones de desarrollar su objeto social o realizar actos que permitan a los acreedores obtener mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias, se adopten, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia, las medidas para el efecto. Igualmente, si durante la administración de la entidad se encuentra que no es posible restablecerla para que desarrolle regularmente su objeto social, se podrán adoptar, previa decisión en tal sentido de la Superintendencia, las medidas necesarias para su liquidación71.

a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en cualquier momento por el agente especial;

b) La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo del revisor fiscal será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. En el caso de liquidación Fogafín podrá encomendar al revisor fiscal el cumplimiento de las funciones propias del contralor;

c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona antes mencionada;

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial;

f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superintendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina continuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan;

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva;

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá

en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles.

La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna, solo si se lo entiende y aplica en el sentido de que la justa causa para la terminación del contrato de trabajo y la exclusión de la indemnización se configuran por la probada responsabilidad del trabajador en los hechos que han dado lugar a la toma de posesión de la entidad72.

El artículo 22 de la Ley 510 de 199, que modifica el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero esto es, del Decreto número 663 de 1993, respecto al término de la toma de posesión contempla:

Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que aquel seguirá con el fin de lograr el cumplimiento de la medida y en el cual se señalarán los plazos para el pago de los créditos. Dicho programa podrá ser modificado cuando las circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores y la entidad objeto de la toma de posesión.

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superintendencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad a los accionistas.

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá exceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, por un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad.

De conformidad con el artículo 46 de la citada Ley 663 de 1999 son objetivos de la intervención:

"Artículo 46. Objetivos de la intervención. Conforme al artículo 150 numeral 19 literal d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la intervención en las actividades financiera, aseguradora, y demás actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción a los siguientes objetivos y criterios:

De conformidad con el marco normativo que regula los procesos de intervención forzosa administrativa antes citados, y aplicando por remisión las disposiciones previstas en los artículos 295 y 296 del Decreto-ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico de Sistema Financiero), corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud designar discrecionalmente a los Agentes Especiales Interventores, liquidadores y contralores, previa inscripción de estos, en el registro de Interventores y liquidadores, y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución número 1947 de 2003 de noviembre 4 de 2003 "Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el nombramiento y posesión de Interventores, Liquidadores y Contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones".

Conforme a lo anterior, el Agente Especial Interventor se constituye en responsable de las decisiones y actuaciones que implemente en ejercicio de sus funciones normativas, y en uso de amplias facultades administrativas que le son conferidas por la normatividad vigente, esto si bajo la vigilancia de la Superintendencia Nacional de salud, al punto que la misma normatividad indica que las actuaciones civiles o comerciales que adelante en ejercicio de sus funciones, deben ser objeto de control directo ante la jurisdicción ordinaria, y las actuaciones que excepcionalmente puede adelantar en uso de sus funciones públicas transitorias, lo serán ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por último, a la luz de las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico Financiero Decreto-ley 663 de 1994 artículo 295, el Agente Especial Interventor designado y posesionado por la Superintendencia Nacional de Salud, es un particular que ejerce funciones públicas transitorias, sometido al régimen de los auxiliares de la justicia, sin que para ningún efecto pueda reputarse trabajador o empleado de la entidad en liquidación y/o intervención y goza de autonomía en la toma de decisiones, dado que ejerce las funciones de representante legal de la entidad que fue objeto de la toma de posesión.

De esta manera, el Agente Especial interventor, tiene la condición de auxiliar de la justicia de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo cual su nombramiento y su desempeño, no constituyen ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la Entidad objeto de Intervención, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud.

El Agente Especial interventor ejerce, de conformidad con el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto número 2555 de 2010 "Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones", funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

No obstante, si bien le asiste autonomía al Agente Especial Interventor en el ejercicio de su órbita funcional, no pudiéndose reputar trabajador, empleado, contratista o subordinado en su condición de auxiliar de justicia, de presentarse irregularidades en la gestión del mismo, estas deberán ser informadas a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, para que de considerarlo pertinente, inicie las investigaciones a que haya lugar tendientes a determinar su responsabilidad y/o remoción, y denunciadas ante las autoridades pertinentes para las sanciones a que pueda haber lugar por su actuación. (Artículo 296 de la Ley 663 de 1993, numeral 2).

Así las cosas, de acuerdo a la normatividad precitada, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Entidad Promotora de Salud o de una Entidad Administradora del Régimen Subsidiado, hoy, Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos; términos de los cuales no se infiere vínculo contractual o de subordinación alguno respecto de la Superintendencia Nacional de salud y el Agente Especial Interventor, el Agente Especial Liquidador y el Contralor. Luego, no puede predicarse responsabilidad de esta Superintendencia, por la sola designación de quien actúa en calidad de auxiliar de justicia.

Por otro lado, la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, "por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud", en el artículo 37, numeral 5, dispone como uno de los ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Nacional de Salud, el eje de las acciones y medidas especiales cuyo objeto será adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud.

Mientras que, el artículo 124 de la Ley 1438, por el cual se modifica el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, dispone:

Se reitera que en virtud de los artículos 115 y 150 de la Carta Política, las Superintendencias desempeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las Superintendencias ejecutan específicamente las funciones para las cuales fueron creadas por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de autonomía jurídica, administrativa y financiera.

Concordante con lo anterior, el Presidente de la República, en atención a lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, delegó en el Superintendente Nacional de Salud, la facultad de inspección, vigilancia y control del Sector Salud.

Así las cosas, la Superintendencia Nacional de Salud, como cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una entidad de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Salud y de Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Mal podría entonces esta Superintendencia, en virtud de la delegación que efectúa la Constitución Política de funciones del señor Presidente de la República en la misma, solicitar autorización del mismo a fin de cumplir sus funciones.

De ser recibido el argumento, significaría ello, que las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, asignadas al Presidente de la República y delegadas constitucionalmente a esta Superintendencia, quedarían supeditadas a la decisión de la Administración de turno. Además, de no actuarse de manera oportuna, conllevarían a faltas disciplinarias en cabeza del señor Presidente de la República y del Despacho de la Superintendencia Nacional de Salud, situación esta que vulneraría las funciones asignadas a este Órgano de Control.

Establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento. El Gobierno Nacional en un término máximo de un año deberá expedir la reglamentación respectiva". (Subrayado y negrilla nuestra).

El Decreto número 1015 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, dispone en el artículo 1° lo siguiente:

De esta forma debe quedar claro que los procesos de intervención administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas por parte de esta Superintendencia, se rigen por un procedimiento especial dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado a su vez por la Ley 510 de 1999, y por la Ley 795 de 2003, mientras el Gobierno Nacional reglamenta el artículo 129 de la Ley 1438 de 2011.

"4. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente y si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social. El recurso de reposición no suspenderá la ejecución de la medida". (Subraya y negrilla nuestra).

Mediante el inciso 3º del artículo 6° del Decreto número 506 de 2005 se consagra que las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata, en consecuencia, el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad del acto administrativo.

En cuanto a si la función de intervención para administrar o liquidar entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, corresponde en única Instancia al Superintendente Nacional de Salud, o en primera instancia a alguna de las Superintendencias Delegadas, y en segunda instancia al Superintendente Nacional de Salud, es importante tener en cuenta que, el numeral 13 del artículo 8º del Decreto número 1018 de 2007 consagra que dentro de las funciones del Despacho del Superintendente se encuentra la de:

"ordenar la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud". (Negrilla y subraya fuera de texto).

Por lo que, la función de intervención para administrar o liquidar entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, corresponde al Superintendente Nacional de Salud, en única Instancia, de acuerdo con lo establecido en el numeral 13 del artículo 8º del Decreto número 1018 de 2007.

De otra parte, el artículo 9.1.2.3 del Decreto número 2555 de 2010 dispuso: "Levantamiento de la medida de toma de posesión. La medida de toma de posesión podrá ser levantada previo concepto del Fondo de Garantías e Instituciones Financieras mediante acto administrativo-cuya notificación se sujetará a las normas del Código Contencioso Administrativo.

Así, pues, el debido proceso, en términos generales, se define doctrinariamente como el conjunto de procedimientos y garantías establecidos en el derecho positivo con el fin de impartir pronta y cumplida justicia, entendida en su sentido lato como la debida resolución de conflictos o peticiones (actuaciones judiciales o administrativas). La figura se expresa mediante un conjunto de derechos básicos, a saber:

– Derecho a la jurisdicción o competencia, concebido como el libre e igualitario acceso ante el funcionario competente, obtención de decisiones motivadas, impugnación de decisiones, y el cumplimiento de lo decidido, una vez se encuentre en firme.

– El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas o inexplicables (principios de economía, eficiencia, eficacia y publicidad).

En términos generales, en el contexto de nuestro Estado se garantiza el derecho de defensa como una garantía inmanente al ser humano en su condición de individuo que convive en un medio signado por la libertad. Como régimen democrático, Colombia debe preservar tal garantía desde todos los puntos de vista posibles, incluido el marco regulatorio mediante el cual se define procesalmente la manera como se resuelven los diferentes conflictos que de una u otra manera comprometen la vigencia de un orden justo.

"Artículo 1°. Ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa técnico administrativa de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, identificada con el NIT 890.480.126-7, con domicilio en el Centro Calle de la Moneda N° 7-55 del municipio de Cartagena, en el departamento de Bolívar, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo modifican y complementan, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído".

5.1.3 Así mismo, esta entidad, prorrogó el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa técnica administrativa de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, mediante las Resoluciones números 001120 del 14 de agosto de 2009 (Carpeta 1 Folios 134-138); 001176 del 27 de agosto de 2009 (Carpeta 2 Folios 252-256), 0001417 del 16 de octubre de 2009 (Carpeta 2, Folios 357 a 363), 000490 del 25 de marzo de 2010 (Carpeta 3, folios 444-448), 000958 del 16 de junio de 2010 (Carpeta 5, Folios 839-844), 00251 del 15 de junio de 2011 (Carpeta 8, Folios 1318 a 1321) y la 231 del 15 de junio de 2012 (Carpeta 8 Folios 1548-1551).

5.1.4 Que mediante la Resolución número 00507 de 2011 se designó como Agente Especial Interventor de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar del departamento de Bolívar, al doctor Wilson Miguel Jaimes Castaño, identificado con cédula de ciudadanía número 11005539 de Montería.

5.1.5 Mediante Auto número 001197 del 24 de julio de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud, realizó visita inspectiva a la Secretaría de Salud de Bolívar, cuyo informe preliminar fue enviado con NURC 2-2012-060186 del 21 de agosto de 2012, con el fin de dar cumplimiento a las garantías que deben aplicarse a los procedimientos administrativos.

5.1.7 Mediante Radicado NURC 2-2012-063518 del 3 de septiembre de 2012 la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, una vez evaluados y analizados las explicaciones presentadas por el Agente Especial-Interventor remitió el informe final en el cual se ratifica el informe preliminar en todas sus partes.

6. Respecto al Agente Especial Interventor designado por esta Superintendencia

6.1 La Resolución número 000737 del 8 de junio de 2009, "por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar", dispuso entre otros:

6.2 Por medio de la Resolución número 000821 del 18 de junio de 2009, la Superintendencia Nacional de Salud, modificó la Resolución número 737 de 2009, en el sentido de designar al doctor Adolfo Arturo Castillo Velasco, identificado con la cédula de ciudadanía número 8637061 de Sabanalarga-Atlántico, que para todos los efectos legales será el representante legal de la intervenida.

6.3 Posteriormente por medio de la Resolución número 000982 del 15 de julio de 2009 la Superintendencia Nacional de Salud acepta la renuncia del doctor Adolfo Arturo Castillo Velasco y designa Agente Especial Interventor de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, al doctor Larry Javier Laza Barrios, identificado con la cédula de ciudadanía número 73149190. (Folios 83 al 88 de la Carpeta número 1).

6.4 La Superintendente Nacional de Salud a través de la Resolución número 0517 del 5 de abril de 2010, removió del cargo al doctor Larry Javier Laza Barrios y designó como Agente Especial Interventor, de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar al doctor Lain Eduardo López Martínez.

6.5 Mediante la Resolución número 1828 del 16 de noviembre de 2010, la Superintendencia Nacional de Salud, removió del cargo al doctor Lain Eduardo López Martínez y designó al doctor Iván Antonio Estrada Hernández, como Agente Especial Interventor de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar.

6.6 Posteriormente con la Resolución número 00507 del 6 de abril de 2011 la Superintendencia Nacional de Salud, removió del cargo de Agente Especial Interventor Iván Antonio Estrada Hernández y designó como Agente Especial Interventor de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, al doctor Wilson Miguel Jaimes Castaño.

Aspectos relacionados con la atención en salud, como el incumplimiento de las actividades y acciones del POA, desconocimiento de los factores determinantes del proceso salud enfermedad (condiciones de clima, epidemiológicas, socioeconómicos, cultura, etc.), el Plan de Salud Territorial, eje de salud pública, tuvo una ejecución enmarcada en una total ineficacia en la gestión caracterizada por la escisión o ausencia de coordinación entre las áreas técnica, administrativa y financiera así como la falta de voluntad y compromiso por parte de la Gobernación de Bolívar, reiterada situación de incumplimiento en las acciones de salud pública por fallas administrativas, que involucra la gestión de las vigencias 2007 y 2008.

8. Actividades de seguimiento Superintendencia Nacional de Salud

Mediante Comunicación NURC 1-2012-073433 el doctor Wilson Miguel Jaimes Castaño, Agente Especial Interventor de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, presentó el informe de gestión y avances del proceso de intervención forzosa técnico administrativa a junio 2012 así:

9. Solicitud de levantar la medida El Agente Especial Interventor de la Secretaría de Salud Departamental Bolívar, mediante comunicación Radicada NURC 1-2012-079734 del 31 de agosto de 2012, presenta un informe final tendiente al levantamiento de la medida de intervención forzosa técnico administrativa, teniendo en cuenta los logros alcanzados posterior a la expedición de la Resolución de Prórroga número 231 del 15 de junio de 2012, del cual se extrae lo siguiente:

Del acuerdo de restructuración de Ley 550, se terminó el proceso de auditaje y conciliación de los compromisos con los prestadores que quedaron incluidos en el inventario de acreencias y fueron enviadas a la Gobernación de Bolívar, para su respectivo pago. Coadyuvó en este proceso la creación del Comité Técnico de Sostenibilidad contable conforme a la

Resolución número 119 de la Contaduría General de la Nación, lo que nos permitió dar de baja las cuentas de aquellos acreedores que por cualquier circunstancia ya tenían resuelta su situación de pagos antes de entrar en vigencia el acuerdo; además de vincular un personal especializado en auditoría de cuentas para agilizar este proceso.

El módulo de facturación ya está desarrollado en su totalidad. Este proceso está liderado por un profesional de planta con el perfil de contador público, la cual es la responsable de su implementación y puesta en marcha de acuerdo a las directrices diseñadas. Se adecuo un espacio en el edificio de asistencia social que cuenta con todo el equipo técnico y moderno para la recepción de las facturas presentadas por los prestadores de servicios de salud.

La facturación presentada por los distintos prestadores de servicios de salud, en la presente vigencia ha radicado un total de 75.349 facturas que en pesos equivale a $40.056.637.465,00; los cuales han sido ingresados en su totalidad al módulo denominado facturación del sistema contable, actualizado vía internet permanentemente, cabe anotar que el módulo viene siendo objeto de pruebas y mejoras con el fin de mantener una información confiable y razonable.

Otros de los avances obtenidos en el proceso de intervención fue el cierre de varias cuentas que tenía la secretaría de salud y que por razones de embargo no se habían podido cerrar obstaculizando el proceso para conciliar.

Para la vigencia 2012 se definió el PAC inicial, teniendo en cuenta el comportamiento de los ingresos en los tres últimos años, dentro del proceso de implementación y aplicación del mismo se ingresará al software financiero de la Secretaría, en el cual se llevará su registro y control.

– Se realizó el levantamiento de los activos fijos, correspondientes a los bienes muebles de la Secretaría de manera individual, los cuales fueron ingresados en el Software Financiero específicamente en el módulo de Activos Fijos y se ajustó la contabilidad de acuerdo a los siguientes valores:

Hemos alcanzado un porcentaje de cumplimiento del 74% en la entrega de distintivos de Habilitación. Se han tomado medidas para que los prestadores acudan a la Secretaría de Salud Departamental y soliciten los distintivos de los servicios certificados, con la posibilidad de cerrarles los servicios si incumplen a este requerimiento.

1. Se fortaleció el Comité de Conciliación, con vista a prevenir el daño antijurídico, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, se realizó el estudio de todas la solicitudes de conciliación, de las cuales algunas se recomendó por los miembros del Comité de Conciliación realizar acuerdo de transacciones, con la finalidad de evitar litigios futuros ante la jurisdicción ordinaria, por tratarse de servicios de salud ambulatorios fuera de contratos, con facturas de cobros radicadas y aceptadas por esta entidad.

3. Mediante oficio de fecha 29 de agosto de 2012, se le dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados por la Superintendencia Nacional de Salud, en donde se tomaron todas las recomendaciones realizadas y aclararon todas las observaciones.

4. Se atendió una citación de la Superintendencia Nacional de Salud, a efecto de conciliar unas facturas presentadas por la Clínica del Norte, como resultado de esa reunión se aclara que el pago había sido realizado previamente. Lo que demuestra que las deudas antiguas fueron Canceladas. De ahí el número tan bajo de solicitudes de conciliaciones extrajudiciales por parte de los diferentes prestadores de servicios de salud.

5. Para la vigencia 2012 tenemos que se organizó el archivo de los procesos celebrados por la Secretaría de Salud de Bolívar en Intervención, toda vez que a la fecha cada uno de los expedientes conserva sus documentos y soportes de ejecución, así como llevando a cabo las liquidaciones a las que hubo lugar.

8. Los procesos de Selección Abreviada y Mínima Cuantía se han realizado conforme a los cronogramas preestablecidos, no encontrando observaciones al respecto que empañen el proceso de selección de los contratistas, logrando con esto la aplicación de las normas de contratación estatal.

A 30 de junio de 2012 se presentó preliminar de documento red de servicios al Ministerio de Salud y Protección Social y bajo su direccionamiento se sigue trabajando el documento definitivo.

De acuerdo al análisis y evaluación realizada por la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales del 3 de septiembre de 2012 y NURC 1-2012-079734 del 31 de agosto de 2012, se ha podido establecer que se ha solucionado en más de un 90% las causales que dieron origen a la medida de intervención forzosa técnica administrativa de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar así:

Los siguientes datos nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental.

Esta situación muestra incremento en la iliquidez de la entidad territorial puesto que para el año 2008 la entidad contaba con $0,65 para pagar sus obligaciones por cada peso que debía para el 2009 con $0,69, para el 2010 $0,59 y $0.324 para el 2011 , lo que refleja que se ha venido disminuyendo la capacidad de pago.

Los siguientes datos nos permiten identificar claramente cuáles han sido las variaciones de cada una de las partidas del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. Con corte a junio 30 de 2012 y 2011 de la intervención de la Secretaría de Salud de Bolívar en Intervención:

Fuente: Información enviada por a la Secretaría de Salud de Bolívar en Intervención Técnica Administrativa.

Los gastos de mayor representación de la ejecución del presupuesto de gastos en su orden corresponden a los de Prestación de servicios a la población pobre no asegurada y acciones no Pos con el 58,5%, Régimen Subsidiado con el 17,0%, Salud Colectiva - Salud Pública con 12,5%, Gastos de Personal con el 4,3% Fortalecimiento Institucional con el 2,4%, otros programas de inversión con el 2,0%, Reserva Presupuestal 2011 con 1,3%, Gastos generales con el 1,0% y Transferencias Corrientes con el 0,9%.

El caso San Jacinto del Cauca, donde se verifica la revisión de historia clínica, comprobantes de actas, documentación de acuerdo a los protocolos de vigilancia y acompañamiento conjunto con la Universidad de Cartagena e Instituto Nacional de Salud.

En lo recorrido del periodo analizado se denota que la distribución de la notificación del evento tiene un comportamiento hacia el ascenso con su mayor incidencia en el año 2009 con una incidencia de 11,0 x 100.000 habitantes. De allí inicia una caída en el reporte de los casos en los años siguientes hasta el último periodo reportado en el 2012, donde se registra una incidencia de 2,26 casos por 100.000 habitantes. Esta situación podría atribuirse a las coberturas de vacunaciónde triple viral con sus dosis de esquema al año de edad más el refuerzo a los 5 años. Ver gráfico.

El comportamiento de este evento en el año 2009, evidencia una vigilancia que se reporta nula alcanzando una tasa de notificación de 0,0 casos por 100.000 habitantes, la cual inicia con un ligero incremento desde el 2010 en el 2006, con una tasa de 3,2 manteniéndose similar en el 2007. Se observa un descenso considerable para el 2008 (1,7), con total descenso para el año 2009, en el cual no se registra notificación de casos, evidenciándose la disminución de la vigilancia que se le venía realizando a este evento, que se encuentra en la categoría de eliminación. No obstante de haber realizado socialización de protocolos persiste en las UPGD la no aplicación de los mismos, lo que amerita fortalecer el monitoreo desde la unidad de prestación de servicios y vigilancia y control.

Actualmente el laboratorio cuenta con seis funcionarios de planta y 12 contratistas, durante la visita ningún contratista se encontró presente y dada la ausencia de cronogramas y, no es posible conocer el motivo de su inasistencia. El área no cuenta con manuales de procesos y procedimientos exceptuando el área de microbiología de alimentos donde se encuentran los siguientes manuales:

• Continuar en la centralización del soporte documental de tal forma que se pueda evidenciar los soportes que den cuenta del cumplimiento del cronograma establecido de visitas para los dos proyectos.

• Perseguir con el trabajo conjunto entre las diferentes áreas, con el fin de facilitar y garantizar la apropiación de la información disponible, así como generar cronogramas de visitas disponibles para la planeación de acuerdo a la ejecución de las visitas también entre las diferentes áreas.

Adicionalmente el Superintendente Delegado para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en concepto del día 3 de septiembre de 2012, concluyó sobre la viabilidad de levantar la medida, en los siguientes términos:

En desarrollo del seguimiento y evolución que ha tenido el proceso de intervención forzosa administrativa de la Secretaría Departamental de Bolívar encontramos que no se han podido desarrollar el 100% de las actividades tendientes a subsanar las causales que dieron origen a la intervención, ya que existen unas condiciones estructurales que no van a ser superadas, ya que dependen predominantemente del apoyo directo de la Gobernación de Bolívar, la asamblea departamental y la consecución de información que no se ha logrado encontrar, es el caso entre otros de no tener una estructura organizacional que le permita dar cumplimiento al SOGC, pues aunque la entidad cuenta con un número de funcionarios suficientes de planta no existe el estudio de cargas que permitan establecer el personal ideal para las labores administrativas, financieras, operativas y técnicas e igualmente la depuración de las cifras que requiere de la búsqueda de documentación con la que no se cuenta.

Sin embargo se resalta que la entidad durante todo el proceso de intervención, ha venido mostrando una recuperación notable que le permite hoy no solo administrar de manera eficiente los recursos del Fondo de Salud Departamental, sino que adicionalmente como ente rector de la salud del Departamento, viene marcando las pautas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de sus competencias, funciones y responsabilidades en el territorio de su jurisdicción.

Adicionalmente, es importante precisar que diversos actores locales han manifestado la voluntad e interés de recuperar el ejercicio de las competencias constitucionales y locales para la orientación y direccionamiento de la salud en el Departamento. Esta misma voluntad ha sido expresamente manifestada por el actual gobernador y demás autoridades Departamentales.

Es así que esta Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, considera viable levantar la medida de Intervención Forzosa Técnica Administrativa de la Secretaría de Salud de Bolívar por que si bien se han subsanado en gran parte las causales que dieron origen a la medida, y las que se originaron después de la medida y pese a que continúan aún sin subsanar algunos aspectos relacionados al componente, financiero y técnico-científico de la entidad, estos no implican continuar el proceso de intervención forzosa, por cuanto los mencionados hallazgos pueden ser subsanados a partir de la ejecución de un plan de mejoramiento, el cual sea debidamente monitoreado por la Superintendencia Nacional de Salud en articulación con la gestión y compromiso de la Gobernación de Bolívar.

En este orden de ideas, junto con la decisión de levantar la medida de Intervención Forzosa Técnico Administrativa de la Secretaría Departamental de Bolívar se debe presentar a esta Superintendencia Nacional de Salud, un plan de mejoramiento que contemple los aspectos administrativos financieros, jurídicos y técnico-científicos para ser evaluado en forma permanente y que contenga como mínimo lo siguiente.

• Continuar en la centralización del soporte documental de tal forma que se pueda evidenciar los soportes que den cuenta del cumplimiento del cronograma establecido de visitas para los dos proyectos.

• Perseguir con el trabajo conjunto entre las diferentes áreas, con el fin de facilitar y garantizar la apropiación de la información disponible, así como generar cronogramas de visitas disponibles para la planeación de acuerdo a la ejecución de las visitas también entre las diferentes áreas.

Del recuento procesal realizado en el presente proveído se concluye que se han logrado avances en el manejo presupuestal, de tesorería, cuentas maestras y en la implementación del Plan único de Cuentas establecido por la Contaduría General de la Nación, igualmente en la prestación de los servicios de salud, ya que durante la intervención pudieron ser superadas en más de un 90%, las deudas pendientes de cancelar a los prestadores de servicios de salud; también lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus competencias, y no obstante con el proceso de intervención se ha venido mostrando una recuperación notable que le permite no solo administrar de manera eficiente los recursos del Fondo de Salud Departamental, como rector de la salud del departamento de Bolívar, y de marcar las pautas para el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de sus competencias funciones y responsabilidades, continúan unas falencias que no implican continuar con el proceso de intervención forzosa, por cuanto los hallazgos sobre los cuales no hay un significativo avance, pueden ser subsanados a partir de la ejecución de un plan de mejoramiento que contemple los aspectos financieros y técnico-científicos, el cual sea debidamente monitoreado por esta Superintendencia Nacional de Salud en articulación con la gestión y compromiso de la Gobernación de Bolívar, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud.

Es de anotar que la Superintendencia Nacional de Salud, como máximo órgano de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el marco de su competencia, propugna para que los actores del Sistema sobre los cuales ejerce las funciones señaladas, cumplan a cabalidad y con respeto las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Es preciso que la actividad del Estado tenga las facultades necesarias para lograr la preservación de los derechos fundamentales, salvaguardarlos y evitar el riesgo, cuando ello sea posible sin perjuicio de los deberes correccionales. La Secretaría Departamental de Salud de Bolívar debe enmarcarse dentro de lo dispuesto por las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, advirtiendo, que el desconocer la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y operar sin el cumplimiento de los requisitos allí dispuestos, puede vulnerar el sistema General de Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud y poner en peligro el aseguramiento en salud y la prestación del servicio de salud.

Por lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud está facultada para adoptar las decisiones que mejor consulten el propósito explícito en la normatividad de defender el interés público tutelado, lo cual ha de traducirse necesariamente en evitar que el orden jurídico sea perturbado con conductas ilegales.

Ahora bien, según la Resolución número 632 del 20 de mayo de 2009 "mediante la cual se adoptan las políticas sobre Planes de Mejoramiento en la Superintendencia Nacional de Salud" se determinó lo siguiente:

Artículo 2°. No podrán ser objeto de planes de mejoramiento los incumplimientos del vigilado que conduzcan al retiro del certificado de autorización o funcionamiento o estén en causales de intervención para administrar o liquidar de conformidad con la normatividad vigente. Tampoco podrán someterse a planes de mejoramiento las prácticas ilegales o no autorizadas que estén desarrollando personas naturales o jurídicas en el territorio colombiano". (Negrilla y subrayado fuera de texto).

de Bolívar demuestra la superación de varios de los hallazgos que soportaron la medida de intervención forzosa técnico administrativa de la Secretaría Departamental de Salud, razón por la cual la Superintendencia Nacional de Salud en aras de proteger el interés público, razón última de este organismo de Inspección, Vigilancia y Control, y de conformidad con sus funciones y facultades legales y constitucionales, procede a levantar la medida de intervención de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, sin embargo y para evitar y contrarrestar hechos y circunstancias que pongan en peligro los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, las acciones de Salud Pública Colectiva y la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada, exigirá el cumplimiento de un Plan de Mejoramiento, tal como lo determina la Resolución número 632 del 20 de mayo de 2009, que permita subsanar y superar de forma definitiva las deficiencias que persisten según el concepto técnico de la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales, y

Artículo 1°. Levantar la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de la intervención Forzosa Técnica Administrativa para Administrar a Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, con NIT 890.480.126-7, ordenada en la Resolución número 000737 del 8 de junio de 2009, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

Artículo 2°. El señor Gobernador del departamento de Bolívar, o quien haga sus veces, o a quien se designe para tal fin, deberá presentar a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, un Plan de Mejoramiento dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el cual estará sujeto a la evaluación y aprobación por parte de la Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos de la Superintendencia Nacional de Salud, y deberá cumplir como mínimo los siguientes aspectos:

1. Con respecto al componente financiero, se deberá continuar con la depuración de los estados financieros de tal forma que se obtenga su razonabilidad, conciliaciones bancarias, aclarar las diferencias entre registros contables y registros presupuestales y controlar el saldo por pagar de las acreencias según la Ley 550 de 1999 por $8.165 millones de forma que no se cancelen sumas sin contar con los soportes correspondientes.

6. Adelantar medidas de control interno que apunten a soportar la realidad de las cifras tales como conciliaciones bancarias, conciliaciones de saldos entre la contabilidad y presupuesto contabilidad y conciliaciones de cartera.

7. Efectuar evaluaciones de carga de trabajo y determinar la planta real e ideal que la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar necesita para lograr sus objetivos.

8. Dar continuidad en la adopción, difusión, implementación, ejecución y evaluación en el ámbito Departamental de las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del SGSSS, que formule y expida la nación con armonía con estas.

9. La Secretaría de Salud Departamental de Bolívar deberá orientar a las Empresas Sociales del Estado hacia la eficacia en la prestación de servicios de salud, y la eficiencia en las prácticas administrativas hacia el logro de la visión, la misión, las metas y los objetivos institucionales, para lo cual es preciso que desde la Secretaría de Salud de Bolívar a través de los controles respectivos dados por la normas se oriente a las Empresas Sociales del Estado a que como mínimo orienten su gestión a lo siguiente:

• Desarrollen técnicas de control interno tales como conciliaciones de saldos de las cuentas y en especial con los deudores de la ESE.

• Implemente políticas de austeridad en el gasto, en particular los gastos de personal vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado.

• Las demás medidas que ayuden a que las entidades salgan del riesgo de inviabilidad financiera administrativa en que está abocada en la actualidad, según las cifras reflejadas en la información presentada por estas entidades al SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social.

10. Establecer controles que permitan efectuar análisis y monitoreos mensuales de todos los aspectos de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar.

12. Dar continuidad en la adopción, difusión, implantación, ejecución y evaluación en el ámbito Departamental de las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del SGSS, que formule y expida la nación con armonía de estas.

13. Actualización y publicación de la red de servicios públicos y privados en lo que aplica para la prestación de servicios de salud a las poblaciones especiales que residan en su jurisdicción, especialmente en lo relacionado con procesos de habilitación de los prestadores de servicios de salud, cuyo proceso aún no se registra, así como las actuaciones de IVC frente a los mismos.

14. Fortalecimiento en el proceso de calidad de la atención y prestación de los servicios de salud, continuando los procesos de elaboración de conceptos técnicos y visitas programadas con relación a la vigilancia y control de planes de mantenimiento biomédico. Es necesario establecer pautas específicas de evaluación de indicadores de accesibilidad y oportunidad, los cuales han dado inicio mediante la habilitación de servicios más cerca al usuario siendo necesaria la verificación y control de su implementación. De otra parte es indispensable generar los soportes que den cuenta de la implementación del PAMEC y con las medidas tendientes a la corrección de desviaciones respecto a parámetros de calidad, demostrando que el ente territorial contempla y ejecuta asesorías a las EAPB e IPS en la implementación de programas de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la atención en salud.

18. Estructurar Prácticas del Buen Gobierno y de Mejor Servicio, que deberán incluir en su objeto, como mínimo, los términos y condiciones bajo los cuales la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, se compromete a cumplir el Plan de Mejoramiento, así como los esquemas de seguimiento, teniendo como insumos, entre otros, aspectos administrativos, financieros y de gestión; y en las obligaciones de la Secretaría Departamental de Salud de Bolívar, en este, como mínimo las siguientes:

i) Estructurar y presentar el Plan de Mejoramiento y adelantar el seguimiento, evaluación y monitoreo, así como los ajustes correspondientes;

ii) Elaborar y entregar los reportes de información requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los instrumentos de seguimiento que para tal fin se establezcan, como la Circular Única, entre otros;

iii) Presentar los informes de seguimiento en las fechas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud;

iv) Reportar la información financiera, administrativa y de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, con la periodicidad y oportunidad que requiera la Superintendencia Nacional de Salud;

vi) Suministrar la información que se requiera en desarrollo del proceso de auditoría integral que la Superintendencia Nacional de Salud realice, en los casos que lo considere necesario;

vii) Garantizar el oportuno y adecuado suministro de información requerida por las autoridades del orden territorial y del orden nacional de control, en relación con la ejecución del Código del Buen Gobierno;

Parágrafo 1°. Con el fin de garantizar la evaluación y control al avance de las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento, el mismo deberá detallar, como mínimo, los siguientes aspectos:

Descripción del Hallazgo. Se transcribe el hallazgo.

Acciones de Mejoramiento. Son las medidas que adopta la entidad para que las deficiencias detectadas se subsanen y mejoren, para lo cual se debe informar cómo se logrará superar cada deficiencia, incluyendo la Unidad de Medida de las Metas, desagregando el porcentaje y los recursos asignados.

Responsable del Mejoramiento. Se identifica a los funcionarios con su respectivo cargo, quienes estarán facultados para realizar las actividades de corrección y mejoramiento en las diferentes áreas que se han establecido en el Plan de Mejoramiento, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al Secretario de Salud Departamental, Revisor Fiscal y al Jefe de la Oficina de Control Interno.

Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. A partir de la fecha de suscripción del Plan, se definirá cuánto tiempo necesita la entidad para desarrollar las acciones de mejoramiento.

Mecanismos de seguimiento. Se describen las actividades que se van a desarrollar para la evaluación y seguimiento de las acciones de mejoramiento. Y se determinan las fechas para las evaluaciones y seguimiento a las acciones de mejoramiento.