Aunque hay quienes propugnan por la eliminación de un concepto que consideran ambiguo como el de servicio público, y de paso el de servicio público esencial1, nuestro ordenamiento utiliza estas locuciones prolíficamente con miras a destacar su importancia dentro de un Estado social de derecho. En efecto, la circunstancia de que un ordenamiento de esta trascendencia se ocupe del tema obedece a la identidad, ya antigua, entre el Estado y la prestación de servicios públicos. No se puede perder de vista que con el inicio del siglo pasado, la visión del Estado regulador sufrió una paulatina transformación hacia el Estado interventor (v.g. Estado benefactor u hoy en día, estado social-liberal, etc.)2 y, en cuanto tal, le resultó legítimo prestar ciertos servicios, establecer normas de calidad y cobertura, amparar a franjas de población desprovistas de los mismos, reglamentar los mercados que ellos generan, entre otros aspectos.

Con el paso del tiempo, los servicios públicos pasaron a ser un atributo del ciudadano, un criterio de identificación del mismo y un propósito global de todos los Estados para garantizar su acceso. En la década del 70 fue común hallarlos acompañados de la expresión "necesidades básicas satisfechas". Los elementos de generalidad, igualdad, continuidad, obligatoriedad, propios de este concepto, se predican de todos los habitantes de la Nación.

Según la Corte Constitucional, el derecho a la salud se ha definido como un derecho irrenunciable, universal, inspirado en los principios constitucionales del Estado Social de Derecho, solidaridad y dignidad humana, que persiguen el cumplimiento material y efectivo de las garantías constitucionales. En este sentido, la seguridad social es un servicio público sujeto a lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución que los define como inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a los habitantes del territorio nacional.

El tema de la Seguridad Social ha sido tomado por el artículo 48 de la Constitución Política, que establece que, es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

A partir de la expedición de la Ley 10 de 1990, con un claro enfoque de organización y descentralización de la prestación de servicios de salud en el sistema de salud, la Ley 60 de 1993 y la definición explícitas de competencias en los niveles territoriales, y finalmente la Ley 100 de 1993, que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la prestación de los servicios de salud se sustenta en un esquema descentralizado, con la activa participación del sector privado. El mismo se basó en un sistema de aseguramiento en una ambiente

de competencia regulada por el Estado, a fin de que los individuos reciban la atención en salud, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia3.

Las Leyes 100 de 1993, 715 de 2001, 812 de 2003, 1122 de 2007 y 1151 de 2007, mediante el régimen de competencias, y los recursos, establece una nueva organización administrativa y financiera de los servicios de salud, en el país otorga protagonismo y autonomía a las autoridades locales y regionales de salud al tiempo que establece los porcentajes de inversión a estas instancias, para el desarrollo de la atención a la población.

La Ley 100 de 1993 introdujo cambios en la forma de financiamiento de los prestadores públicos y privados de los servicios de salud. Se pasó de un sistema de transferencia de recursos a uno de financiación por medio de la venta de servicios, profundizando de esta manera, la competencia entre el sector público y el privado con el Estado como regulador.

Lo novedoso del sistema consiste en la división y especialización de las funciones de dirección y control, afiliación, gestión y aseguramiento y prestación directa de servicios en entidades con autonomía administrativa y financiera que independiente de su naturaleza pública o privada realizan sus funciones con criterios de eficiencia empresarial, calidad de los servicios, integración funcional y rentabilidad económica.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere de esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

El sistema de salud existente, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se caracterizaba por la falta de universalidad, solidaridad y eficacia en sus distintas acciones, reflejada básicamente la insuficiente cobertura de la población para la atención de su salud, el centralismo y rigidez para la prestación de sus servicios, la escasa capacidad resolutiva de los servicios, y la inexistencia del trabajo intersectorial, entre otros factores, que llevaron a que el sistema en salud fuera profundamente inefectivo.

El legislador, desarrolla el Sistema de Seguridad Social Integral, entendido como la totalidad de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los riesgos, especialmente las que afectan la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Para estos efectos, se considera al sistema como un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, conformado por los regímenes establecidos por el legislador.

En desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y conforme al artículo 2° del Decreto número 806 de 1998, el Estado garantiza el acceso a los servicios de salud y regula el conjunto de beneficios a que tienen derecho los afiliados como servicio público esencial, con el propósito de mantener o recuperar su salud y evitar el menoscabo de su capacidad económica derivada de incapacidad temporal por enfermedad general y maternidad.

Al Estado le corresponde garantizar este conjunto de beneficios en forma directa o a través de terceros con el objeto de proteger de manera efectiva el derecho a la salud. Estos se agrupan en cinco tipos de planes diferentes a los cuales se accede dependiendo de la forma de participación en el Sistema. Dicha participación se efectúa en calidad de afiliado cotizante, como afiliado beneficiario, como afiliado subsidiado, o como pobre no asegurado o como pobre en actividades no cubiertas por subsidios a la demanda.

Lo novedoso del sistema consiste en la división y especialización de las funciones de dirección y control, afiliación, gestión y aseguramiento y prestación directa de servicios en entidades independientes con autonomía administrativa y financiera que independiente de su naturaleza pública o privada realizan sus funciones con criterios de eficiencia empresarial, calidad de los servicios, integración funcional y rentabilidad económica.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere de esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana, al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

La Ley 100 de 1993 delimita la estructura y el funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud, al cual le otorga como propósito fundamental garantizar el acceso universal a los servicios de salud, al tiempo que le establece un diseño institucional que asigna al Estado las labores propias de la regulación e introduce nuevos mecanismos de financiamiento y provisión de servicios. Es así como la estructura del sistema queda definida en ocho núcleos funcionales interdependientes:

II. El Financiamiento a través de: El Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga que reúne los recursos provenientes de las contribuciones y algunos recursos fiscales–; y de los Fondos Locales, Distritales y Departamentales de Salud que reúnen los recursos provenientes de las transferencias territoriales, recursos del orden nacional y recursos de cofinanciación y los recursos del orden territorial: Cubren la prima del seguro y otros gastos de salud para la población afiliada:

Este diseño institucional plantea un sistema de salud que separa el aseguramiento de la prestación de servicios, con medidas de regulación para que cada función se realice en condiciones de competencia y para que el flujo de recursos desde el aseguramiento hacia la prestación se canalice mediante mecanismos de negociación.

1.3 Sistema de Inspección, Vigilancia y Control4

Dentro del proceso normativo, se ha pasado de un proceso de descentralización territorial definido por la Ley 10 de 1990, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993, a un proceso de departamentalización de la Salud con Ley 715 de 2001 y por último con Ley 1122 de 2007 a un proceso de Nacionalización – Centralización de la salud de vigilancia y control del SGSSS en cabeza de la SNS.

1.3.1 Inspección5

Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.

1.3.2 Vigilancia6

Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este.

1.3.3 Control7

Es la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.

1.4 La Superintendencia Nacional de Salud8

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social en su componente de atención de la salud es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En virtud de los artículos 115 y 150 de la Carta Política, las Superintendencias desempeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las Superintendencias ejecutan específicamente las funciones para las cuales fueron creadas por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de autonomía jurídica, administrativa y financiera.

Por mandato del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en nuestra Carta Política y en los artículos 2° y 153 de la citada ley.

Al Estado le corresponde garantizar este conjunto de beneficios en forma directa o a través de terceros con el objeto de proteger de manera efectiva el derecho a la salud. Estos se agrupan en cinco tipos de planes diferentes a los cuales se accede dependiendo de la forma de participación en el Sistema. Dicha participación se efectúa en calidad de afiliado cotizante, como afiliado beneficiario, como afiliado subsidiado, o como pobre no asegurado o como pobre en actividades no cubiertas por subsidios a la demanda.

Lo novedoso del sistema consiste en la división y especialización de las funciones de dirección y control, afiliación, gestión y aseguramiento y prestación directa de servicios en entidades independientes con autonomía administrativa y financiera que independiente de su naturaleza pública o privada realizan sus funciones con criterios de eficiencia empresarial, calidad de los servicios, integración funcional y rentabilidad económica.

Ampliar la cobertura de atención en salud a los grupos de población más necesitados requiere de esfuerzos encaminados a modificar los múltiples factores que han incidido históricamente en su restricción; entre ellos sobresalen las dificultades de acceso geográfico, cultural y económico; aquellas propias del desarrollo del sistema de salud en el país, la inequidad en la distribución de recursos entre las regiones y la intermediación entre aseguradores y los operadores primarios del servicio de salud. La atención en salud se constituye en un servicio básico que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida acorde a la dignidad humana, al punto que se le ha otorgado el rango de derecho fundamental.

La Ley 100 de 1993 delimita la estructura y el funcionamiento del sistema general de seguridad social en salud, al cual le otorga como propósito fundamental garantizar el acceso universal a los servicios de salud, al tiempo que le establece un diseño institucional que asigna al Estado las labores propias de la regulación e introduce nuevos mecanismos de financiamiento y provisión de servicios. Es así como la estructura del sistema queda definida en ocho núcleos funcionales interdependientes:

II. El Financiamiento a través de: El Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga que reúne los recursos provenientes de las contribuciones y algunos recursos fiscales–; y de los Fondos Locales, Distritales y Departamentales de Salud que reúnen los recursos provenientes de las transferencias territoriales, recursos del orden nacional y recursos de cofinanciación y los recursos del orden territorial: Cubren la prima del seguro y otros gastos de salud para la población afiliada:

Este diseño institucional plantea un sistema de salud que separa el aseguramiento de la prestación de servicios, con medidas de regulación para que cada función se realice en condiciones de competencia y para que el flujo de recursos desde el aseguramiento hacia la prestación se canalice mediante mecanismos de negociación.

1.3 Sistema de Inspección, Vigilancia y Control4

Dentro del proceso normativo, se ha pasado de un proceso de descentralización territorial definido por la Ley 10 de 1990, la Ley 60 de 1993 y la Ley 100 de 1993, a un proceso de departamentalización de la Salud con Ley 715 de 2001 y por último con Ley 1122 de 2007 a un proceso de Nacionalización – Centralización de la salud de vigilancia y control del SGSSS en cabeza de la SNS.

1.3.1 Inspección5

Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sirven para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurídica, financiera, técnica-científica, administrativa y económica de las entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.

1.3.2 Vigilancia6

Consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud, atención al usuario, participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este.

1.3.3 Control7

Es la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular (jurídica, financiera, económica, técnica, científico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.

1.4 La Superintendencia Nacional de Salud8

De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social en su componente de atención de la salud es un servicio público de carácter obligatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En virtud de los artículos 115 y 150 de la Carta Política, las Superintendencias desempeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las Superintendencias ejecutan específicamente las funciones para las cuales fueron creadas por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de autonomía jurídica, administrativa y financiera.

Por mandato del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en nuestra Carta Política y en los artículos 2° y 153 de la citada ley.

a) Fijar las políticas de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud11;

b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud12;

c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo13;

d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud14;

e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones prestadoras de salud15;

f) Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud16;

g) Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud17;

h) Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores del Sistema18;

i) Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia y control del aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de los servicios y la protección de los usuarios19.

e) Eje de Acciones y Medidas Especiales21.

Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque el certificado de autorización o funcionamiento que le otorgue a las Empresas Promotoras de Salud o Administradoras del Régimen Subsidiado, deberá decidir sobre su liquidación;

f) Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los datos con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia;

g) Focalización de los subsidios en salud. Vigilar que se cumplan los criterios para la determinación, identificación y selección de beneficiarios y la aplicación del gasto social en salud por parte de las entidades territoriales.

En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la función de inspección, vigilancia y control con el objetivo de asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a la prestación de los servicios de salud, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de vigilancia cumplan con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

La Seguridad Social y la atención en salud, se encuentran definidas por la Constitución Política, en sus artículos 48 y 49, como servicios públicos de carácter obligatorio, a cargo del Estado, disponiendo que se prestarán bajo la dirección, coordinación y control del Estado, acatando los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Fijó, en consecuencia, la norma superior los pilares de la organización, estructura, características y funcionamiento de la prestación de los servicios de salud en Colombia, ligado completamente al concepto de finalidad social del Estado, asegurando, de suyo, que la misma resulte eficiente para todos los habitantes del territorio nacional.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 4°, desarrolló la Seguridad Social como servicio público obligatorio esencial en lo que atañe con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y, organizó el funcionamiento y administración de los regímenes Contributivo y Subsidiado, los cuales coexisten articuladamente. Así mismo, los artículos 154, 180, 181, 230 y 233 de la ley en mención, le otorgan a la Superintendencia Nacional de Salud facultades de inspección, vigilancia y control, respecto de las Entidades Promotoras de Salud cualquiera que sea su naturaleza.

Conforme lo expuesto, tenemos que a la Superintendencia Nacional de Salud le han sido asignadas facultades de policía administrativa, con el objeto de cumplir las funciones de vigilancia, para ello tiene facultades sancionatorias y de intervención estatal, entre las cuales encontramos, intervención forzosa para administrar, intervención forzosa para liquidar, revocar y suspender el certificado de funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud o de una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, "EPS-S", cualquiera sea el régimen que administre o la naturaleza jurídica de la entidad.

Como lo reconoce la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional: El Estado tiene el deber de ejercer la regulación con el fin de facilitar no sólo la adecuada prestación de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores de servicios.

Conforme a los mandatos Constitucionales, esto es, el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social tiene en nuestro ordenamiento jurídico una doble connotación, por un lado, es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y por otro, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional. Dispone la norma en cita:

La intervención del Estado en materia de economía, tiene su fundamento en la Constitución Nacional así: "Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

Así mismo, en virtud a lo dispuesto en la norma superior, el artículo 189-22 de la Constitución Política dispone que corresponde al Presidente de la República "Ejercer la inspección

"Competencias en salud por parte de la Nación

En este mismo sentido, el artículo 1° del Decreto número 1015 de 2002, adicionado por el Decreto número 736 de 2005, establece que las normas de procedimiento aplicables al ejercicio por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de la Intervención Forzosa Administrativa se regirán por lo previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.

El Decreto número 2975 de 2004, reglamentario de la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad de juegos de loterías, señala: "Artículo 30. Intervención forzosa. De conformidad con el artículo 68 de Ley 715 del 2001 y el Decreto número 1015 del 2002 la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, el Decreto número 2418 de 1999 y demás disposiciones que las modifican y desarrollen".

El Decreto número 1018 de 2007 que modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud, crea para el efecto la figura de las delegadas, entre ellas, la Superintendencia Delegada para Medidas Especiales, con funciones, que se concretan así:

En este tema, la Ley 1438 de 2011 en el artículo 124 modifica las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, respecto de las entidades que cumplen funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, en cuanto a los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar y para liquidar a las entidades vigiladas, en el sentido de ser incluidos únicamente "los monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad", es decir, que respecto a estas vigiladas, la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud es residual, puesto que la intervención forzosa administrativa de estas vigiladas, solo lo es, respecto de los monopolios rentísticos no asignados a otras entidades de control, así:

La Superintendencia Nacional de Salud en materia de procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o liquidar las entidades vigiladas, hasta tanto no se disponga algo diferente en la reglamentación que el Gobierno Nacional lleve a cabo a la Ley 1438 de 2011, es el previsto en el Decreto-ley 663 de 1993, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado a su vez por la Ley 510 de 1999.

Ahora bien, el artículo 114 del Decreto-ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - modificado por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 795 de 2003, y adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999, sobre la toma de posesión dispone lo siguiente:

Del mismo modo, queda claro, que el procedimiento aplicado por la Superintendencia Nacional de Salud en materia de procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o liquidar las entidades vigiladas, hasta tanto no se disponga procedimiento diferente en la reglamentación que el Gobierno Nacional lleve a cabo a la Ley 1438 de 2011, es el previsto en el Decreto-ley 663 de 1993, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado a su vez por la Ley 510 de 1999.

Ahora bien, el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, sobre la toma de posesión dispone lo siguiente:

Parágrafo. Parágrafo condicionalmente exequible. La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna (Sentencia C-1049-00 de 10 de agosto de 2000).

En este orden de ideas, es oportuno recordar que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto-ley 663 de 1995, régimen aplicable a los procesos de intervención forzosa administrativa, dispone en el artículo 295 lo relativo al régimen de los liquidadores y contralores, entendidos los designados por la Superintendencia Nacional de Salud, así:

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2004 artículo 1°.> De conformidad con el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por la Superintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual por dicha entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín.

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la institución financiera intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la institución financiera intervenida a solicitud elevada sólo por el agente especial mediante oficio.

g) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante solicitud a todas las secretarias de tránsito y transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito; para que cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la institución financiera intervenida a solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la institución financiera intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; y para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la institución financiera intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

i) La advertencia de que el agente especial está facultado para poner fin a cualquier clase de contrato existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa, especialmente las previstas en el presente Libro;

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administración y dirección así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la Superintendencia Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será de signado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín;

Parágrafo 2°. (Modificado por el Decreto número 1456 de 2007 artículo 11). En desarrollo de la facultad de suspender los pagos, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la situación de la entidad y las causas que originaron la toma de posesión, podrá disponer, entre otras condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado tipo de obligaciones en particular y/o hasta por determinado monto, en todo caso, deberán cumplirse las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de valores antes de la toma de posesión, cuyas órdenes de transferencia hubieren sido aceptadas por el respectivo sistema de compensación y liquidación, con anterioridad a la notificación de la medida a dicho sistema. Así mismo, podrán cumplirse las operaciones realizadas en el mercado de valores cuyas órdenes de transferencia no hubieren sido aceptadas por un sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, cuando, a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida, la Superintendencia Financiera de Colombia deberá notificar personalmente la medida de toma de posesión, de manera inmediata, a los representantes legales de las entidades administradoras de sistemas de compensación y liquidación de valores en los cuales actúe como participante la entidad intervenida.

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 2°.> Durante la posesión, incluyendo la liquidación, se podrán adoptar, además de las medidas previstas en el artículo anterior, las siguientes, sin perjuicio de aquellas dispuestas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y normas complementarias:

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 3°.> De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el Superintendente Financiero de Colombia y si la misma no se puede notificar personalmente al representante legal, se notificará por un aviso que se fijará por un día en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social.

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 4°.> Dentro del mes siguiente a la fecha en que el Superintendente Financiero de Colombia haya tomado posesión de una entidad vigilada, el agente hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la misma. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia Financiera de Colombia".

Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 5°.> Mientras no se disponga la liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza del agente especial. El agente especial podrá actuar como liquidador.

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 6°.> De conformidad con el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 7°.> De conformidad con el artículo 291 numeral 7 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín realizar el seguimiento de la actividad del agente especial, sin perjuicio de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad intervenida, mientras no se disponga su liquidación.

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 8°.> Corresponde al agente especial la administración general de los negocios de la entidad intervenida. Las actividades del agente especial están orientadas por la defensa del interés público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y depositantes de la entidad intervenida. El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades:

<Fuente original compilada: Decreto número 2211 de 2044 artículo 9°.> Para el cumplimiento de las finalidades de la toma de posesión, las entidades intervenidas podrán contratar entre sí la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, así como celebrar convenios con el mismo fin o contratos de mandato con terceros".

Acorde a las normas citadas ut supra, una vez la Superintendencia Nacional de Salud decida ordenar la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución por ella vigilada, deberá, entre otras medidas, plasmar en el acto administrativo que ordena la toma de posesión, comunicar a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida. Es igualmente claro que la toma de posesión conlleva la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad, siendo deber de la Superintendencia librar los oficios correspondientes. No otro es el tenor literal de las normas citadas.

3.1 Esta Superintendencia por medio de la Resolución número 001438 del 10 de octubre de 2008, se designó como Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba, al doctor Henry Antonio Cobo Brito, identificado con la cédula de ciudadanía número 84079732 de Riohacha, Guajira, quien tomó posesión del cargo el 16 de octubre de 2008.

3.3 Posteriormente, la Superintendencia Nacional de Salud, por Resolución número 000221 del 18 de febrero de 2011, aceptó la renuncia del cargo de Interventora de la doctora Aixa Patricia Andrade Gómez y designó como Agente Especial Interventor a la doctora Inés Bernarda Loaiza Guerra, identificada con la cédula de ciudadanía número 10771813 de Montería.

3.4 La Superintendencia Nacional de Salud, por Resolución número 003865 del 20 de diciembre de 2011, además de remover a la doctora Inés Bernarda Loaiza Guerra designó como Agente Especial Interventor al doctor Carlos Enrique Sejin Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 10771813 de Montería, quién tomó posesión del cargo el 29 de diciembre de 2011.

4.1 Por medio de la Resolución número 000168 del 10 de febrero de 2011 la Superintendencia Nacional de Salud, removió al doctor Guillermo Enrique Martínez Mangones, del cargo de Contralor de la Empresa Social del Estado Hospital de Camu de Prado de Cereté, y designó en su reemplazo al doctor Alexánder Casanova Pardo, identificado con la cédula de ciudadanía número 73160000, quién tomó posesión del cargo el 11 de febrero de 2011 tal como consta en Acta número 008.

4.2 Por medio de la Resolución número 003531 del 30 de noviembre de 2011 la Superintendencia Nacional de Salud removió del cargo de Contralor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté-Córdoba, y designó a la firma Jahv McGregor S. A. Auditores y Consultores representada legalmente por el doctor Gildardo Tijaro Galindo, quién tomo posesión el 3 de enero de 2012 tal como consta en Acta número 064.

"Los estados financieros registran un déficit patrimonial manejable por la gran recuperación del mismo, consecuencia de pasivos acumulados, anteriores a la intervención, cuya ejecutoria está suspendida por efectos de su estado excepcional. Estos Pasivos, están contabilizados según los créditos judiciales liquidados dentro de los procesos ejecutivos con mandamiento de pago, algunos de ellos sustentados en actos administrativos y transaccionales que presentan fallas de forma y de fondo en su expedición, por lo que se hace necesario entrar a revisarlos mediante conciliaciones directas con la parte demandante, para explorar salidas concertadas que permitan suscribir acuerdos de pagos en el corto y mediano plazo, en procura de amortizar tales obligaciones o apalancar la cancelación adecuada de los mismos en cuantías, conceptos, montos y oportunidad, conforme a las normas legales, la situación financiera de la ESE y los derechos reconocidos por sentencia judicial.

Bajo la premisa de que el análisis jurídico de las probabilidades que ofrece la investigación penal que adelanta Fiscalía y una eventual demanda de nulidad contra estos actos por parte de la interventoría, acción de tutela o acción popular, no garantizan un resultado favorable en cuanto a la obligatoriedad o no de cancelar los créditos judiciales, lo cual es una decisión que afecta en gran medida la suerte del proceso de intervención, es procedente desestimar tales acciones para estos efectos, sin detrimento de la competencia legal para determinar las responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales y penales, de quienes propiciaron tales trámites y en subsidio de esto, gestionar acuerdos de pago con montos depurados a la luz de la normatividad vigente, económicos y a plazos razonables para terminar por la vía administrativa los gravosos litigios que constituyen los Pasivos de la ESE.

Esta reorientación de la política de saneamiento definitivo de pasivos judiciales es imperiosa, en virtud del corto y mediano plazo en que debe resolverse dicha contingencia. Cabe anotar que de levantarse la intervención forzosa administrativa, se extingue la suspensión de los procesos ejecutivos en contra de la entidad y se harían efectivos los embargos decretados, toda vez que los mandamientos de pago y liquidaciones de crédito expedidas, convertidas en títulos ejecutivos, aún gozan de la presunción de legalidad y fuerza ejecutoria.

Con base en las motivaciones técnicas sustentadas, en la búsqueda de la conservación e integralidad de la red de prestadores de servicios locales de salud, la oportuna atención desconcentrada y especializada de la población subsidiada, contributiva y la vulnerable, como colofón del proceso de intervención agenciado por la SNS, solicitamos su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012, con el objeto de implementar y finiquitar las soluciones definitivas que se han esbozado y que se resumen en las siguientes líneas de acción:

• Liquidación bilateral del capital de los créditos judiciales con los apoderados de los demandantes, limitando su monto a las regulaciones laborales, contractuales y civiles a que haya lugar.

• Disminución en tiempo y cuantía de los resarcimientos económicos, tales como intereses corrientes y moratorios, sanciones moratorias, indexaciones, las cuales serán aplicadas a los montos de capital transados y proporcionales a las condiciones de pago que se fijen conforme a la proyección de recursos de la intervenida.

• Reducción de las Agencias en Derecho dictadas dentro de las liquidaciones de los créditos o fijación interpartes dentro de las conciliaciones que se establezcan hasta en un 70% de las mismas, según el monto del crédito que se concilie.

• Aprobación de las prerrogativas anteriores y de las conciliaciones definitivas por parte del Comité de Conciliaciones de la ESE Camu del Prado de Cereté.

• Firma de las Transacciones y Acuerdos de Pago, Terminación y archivo de los procesos en curso, renuncia expresa a demandas, acciones administrativas y resarcimientos adicionales por los hechos constitutivos de las sentencias y demandas.

2. Formulación del Plan Básico de Pagos para amortizar los Acuerdos transaccionales que se suscriban, señalando los recursos, oportunidad, compromisos presupuestales, registros contables de la deuda y compromiso de vigencias futuras, si hay lugar a ello.

3. Presentación a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud del Plan de Pagos inmediato de acreencias exigibles, soportadas, en procura de aplicar para la financiación de las mismas durante la vigencia 2012, conforme lo establece la Ley 1438 de 2011.

4. Obtener la aprobación del Ministerio de Salud y adelantar con recursos propios o de cofinanciación la sede operacional de Urgencias y Hospitalización de baja complejidad, cuya construcción en curso viene suspendida desde antes de la intervención y está en un 85% de avance, lo cual es prioritario para evitar un detrimento patrimonial al erario de la Gobernación de Córdoba, quien la adelantó y un perjuicio continuado a la comunidad de Cereté por la pérdida de este bien común, necesario y prioritario para consolidar los programas de atención con la suficiente garantía de calidad y oportunidad.

5. Consolidar el programa de Atención Primaria en Salud, el Modelo de Atención y las políticas de fomento de las acciones de promoción y prevención de la enfermedad y rehabilitación de la salud, el programa ampliado de inmunizaciones, las acciones de salud pública en su componente municipal y departamental, con el objeto de posicionar para la intervenida un portafolio de servicios, amplio, efectivo, eficiente, eficaz, que diversifique sus fuentes de ingresos, dignifique su objeto, misión, visión y honre el beneficio social y comunitario con su subsistencia económica e institucional.

6.1 Por otra parte, el Alcalde Municipal de Cereté-Córdoba, con oficio radicado en la Superintendencia Nacional de Salud, con NURC 2-2012-018961 del día 6 de marzo de 2012, solicitó levantar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar la ESE Camu del Prado en los siguientes términos:

6,2 Dando alcance a la anterior comunicación, la primera autoridad municipal de Cereté remitió el oficio radicado con NURC 1-2012-024402 del día 20 de marzo de 2012, con el cual solicitó lo siguiente:

6.3 La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, dio traslado al Agente Especial Interventor de los oficios enviados por el Alcalde Municipal de Cereté, mediante oficio radicado con NURC 1-2012-020774 del día 2 de abril de 2012, recibiéndose respuesta del auxiliar de la justicia en oficio radicado con NURC 1-2012-030641 del día 10 de abril de 2012, de cuyo contenido se trae a colación lo siguiente:

Durante la intervención se han ventilado formas de pago y terminación de tales procesos. Durante los años 2009 y 2010, se suscribieron acuerdos conciliatorios con depuración del capital demandado y cobijado en los mandamientos de pago e importantes descuentos por los conceptos acreditados y sus montos a favor de la intervenida, con la consecuente terminación y archivo de tales procesos, priorizando los de origen laboral. Con esta política se alcanzaron a terminar y pagar con apreciables resultados benéficos para la intervenida, 41 procesos ejecutivos por valor de $3.574 millones y pagos varios por obligaciones laborales mediante acciones de tutela, que sumaron en total $3.769.3 millones.

Por el devenir histórico dentro de la intervención y atendiendo a la complejidad de los procesos ejecutivos, he planteado y estoy ejecutando un Plan de Saneamiento de estos Pasivos sobre la base de conciliar todas las demandas con reconocimientos reales, legales y con importantísimos descuentos de hasta el 50% de intereses y sanciones moratorias máximas por dos (2) años y sólo cuando hayan sido decretadas por el juez, desmonte de las agencias en derecho al 25% que se pactaron en las transacciones previas a la demanda ejecutiva y honorarios sólo hasta el 10% aplicados al monto conciliado. Los acuerdos de pago en curso se están financiando con recursos propios de los excedentes de la operación corriente, de manera progresiva y ajustan a la fecha $711.6 millones y cuatro (4) procesos conciliados y terminados. Es evidente y comprobable el mérito, oportunidad y conveniencia económica, financiera y legal de las conciliaciones que contempla el Plan de saneamiento de Pasivos en que se soporta la solicitud de prórroga por un (1) año de la intervención de la ESE Camu del Prado de Cereté, actuar en contrario sería lesionar y exponer la supervivencia de la Entidad.

Del análisis de los antecedentes, los títulos ejecutivos y las etapas procesales, se desprenden las siguientes conclusiones jurídicas y financieras sobre los procesos ejecutivos promovidos en contra de la ESE antes de la medida de intervención –años 2004 a 2008– que fueron remitidos al Agente interventor en cumplimiento de lo prescrito en la Ley 1116 de 2007, artículo 20 y 70, previas suspensión de las medidas de embargo, devolución de títulos y del curso de las demandas.

Dentro de las actividades de seguimiento al proceso de intervención de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, mediante Auto número 000865 del 19 de diciembre de 2011, ordenó la práctica de visita a las instalaciones de la citada ESE, con el objeto de realizar auditoría, para evaluar los logros, cumplimiento y avances en el desarrollo de la organización administrativa y la prestación de servicios para determinar la viabilidad y sostenibilidad en el Sistema de Salud.

Es de anotar que el informe preliminar rendido con ocasión a la visita realizada, fue remitido a la ESE Hospital Camu del Prado, mediante oficio radicado con NURC 2-2012- 0164450 del día 14 de marzo de 2012.

En la actualidad nos encontramos en espera del pronunciamiento de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté al respecto.

Partiendo de la situación expuesta en los antecedentes que motivan la expedición del presente Acto Administrativo, le corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud decidir sobre el futuro del proceso de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté en el departamento de Córdoba, encontrarse próximo a vencer el término de la medida.

Sobre el particular debe advertirse que la medida de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar, tiene como finalidad garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud y que su objeto consiste en que la Superintendencia Nacional de Salud, determine dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables por el mismo término contados a partir de la toma de posesión, la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté en el departamento de Córdoba debe ser objeto de liquidación o si se pueden tomar otras medidas para que el mismo pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que lo rigen.

Lo anterior se respalda en lo establecido por el artículo 116 del Decreto número 663 de 1993 modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999 que reza: "Dentro del término no mayor de dos (2) meses prorrogables contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo de Garantías e Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que lo rigen o si se pueden adoptar otras medidas…".

Ahora bien, este organismo de inspección, control y vigilancia, se encuentra frente a una situación que requiere su presencia inmediata para que en la medida de que así lo establezcan las competencias asignadas, sea adoptada una decisión que permita determinar si la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté debe ser objeto de liquidación o de toma de medidas para desarrollar su objeto social y garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Es por ello que estudiada y evaluada la alternativa presentada por el Alcalde Municipal de Cereté, las manifestaciones del Agente Especial Interventor, y el seguimiento realizado por esta Superintendencia al proceso de intervención forzosa administrativa para administrar que adelanta el Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado, la Superintendente Delegada Para Medidas Especiales en fecha 13 de abril de 2012, conceptuó:

En consideración o lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el Agente Especial Interventor, doctor Carlos Enrique Sejin Vásquez, presenta mediante Nurc 1-2012-018420 del 5 de marzo de 2012 propuesta para la ampliación de la intervención forzosa administrativa de la ESE Hospital Camu del Prado, la Asesora encargada de las Funciones de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales considera viable la reapertura del proceso de intervención forzosa para administrar por seis (6) meses, sin perjuicio de que la Superintendencia Nacional de Salud pueda disponer el levantamiento de la medida de intervención antes de su vencimiento. La reapertura del proceso de intervención permitirá garantizar la adecuada prestación de servicios de salud a la población usuaria de la ESE, seguir adelantando las acciones encaminadas a cumplir cabalmente con las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, adelantar las gestiones que permitan la cancelación de los pasivos causados de la entidad incluyendo aquellos que se generaron con ocasión a los procesos jurídicos que se encuentran actualmente suspendidos y que ponen en riesgo la operación corriente de la ESE, de igual manera permitirá blindar a la entidad de los embargos que se generarían al activarse los referidos procesos jurídicos.

Al ser cuidadosamente analizadas las causas que dieron origen a la expedición de la Resolución número 001438 del 10 de octubre de 2008, el informe del Agente Especial Interventor y la normatividad legal aplicable a las intervenciones forzosas administrativas realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, este Despacho concluye que no obstante encontrarse vencido el término inicial del proceso de intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba, que en la ESE se hallan subsanado algunos hallazgos de carácter administrativo y asistencial, y que se han cumplido más de dos años de la intervención forzosa administrativa para administrar de la misma, se debe garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud de dicha entidad, razón por la cual, esta Superintendencia cuenta con plenas facultades legales para reabrir y continuar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado, por cuanto no se ha logrado subsanar las causales que dieron origen a la medida.

Contera de lo expuesto, del examen de las causas que dieron origen a la expedición de la Resolución número 001438 del día 10 de octubre de 2008, y del análisis realizado por la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de esta Superintendencia, se concluye que, no obstante encontrarse vencido el término inicial del proceso de intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba, que se hallan subsanado algunos hallazgos de carácter administrativo y asistencial, y que se ha cumplido más de dos años de la intervención forzosa administrativa para administrarla, se debe garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud de dicha entidad y continuar recuperando la entidad y subsanando los hallazgos que dieron origen a la medida adoptada en el citado acto administrativo, por lo que esta Superintendencia, cuenta con plenas facultades legales para reabrir y continuar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba, más aún, teniendo en cuenta los informes presentados por el Agente Especial Interventor y la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de esta Superintendencia.

Teniendo en cuenta que la Resolución número 357 del 10 de octubre de 2011, prorrogó el término de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba, hasta el día 15 de abril de 2012, término que se venció, sin que en dicho lapso se haya subsanado en su totalidad los hallazgos que dieron origen a la medida de intervención forzosa administrativa y con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud de esta institución, la Asesora encargada de las funciones de Superintendente Delegada para las Medidas Especiales, conceptuó favorablemente sobre la reapertura de la medida adoptada respecto a la citada ESE, con el fin de que el Agente Especial Interventor de continuidad al plan de acción que se viene desarrollando con las actividades propuestas, tendientes a superar el déficit frente a cada una de las áreas, informe acerca de las acciones propuestas para el logro de la superación de las causales que originaron la medida especial de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba.

numerales 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 40, y 42 del artículo 6°, numerales 9, 13, 22, 23, 25, y 42 del artículo 8° del Decreto número 1018 de 2007 y los artículos 9.1.1.1.1 al 9.1.2.1.3 del Decreto número 2555 de 2010, a reabrir el proceso de Intervención Forzosa Administrativa para Administrar los bienes, haberes y negocios de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté- Córdoba, por haberse vencido el término inicialmente establecido y continuar la toma de los bienes, haberes y negocios, toda vez que se mantienen los presupuestos fácticos que dieron origen a la expedición de la Resolución número 001438 del 10 de octubre de 2008, sin que se hayan podido subsanar los hallazgos financieros, administrativos y ante la posibilidad de continuar las actividades y gestiones del Plan de Acción para determinar su viabilidad.

El Agente Especial Interventor designado, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y siguientes, ejerce funciones públicas transitorias; en consecuencia, el nombramiento y desempeño, no constituye ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la entidad objeto de intervención, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud.

El Agente Especial Interventor designado, como se ha venido reiterando, tiene la condición de auxiliar de la justicia de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Actúa como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrolla todas las actividades necesarias para la administración de la entidad objeto de Intervención, ejecutando todos los actos pertinentes para el desarrollo objeto social de la entidad objeto de intervención, correspondiéndole adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad los procesos derivados de la intervención ordenados por la Superintendencia Nacional de Salud, teniendo en cuenta a la vez, que por expresa disposición legal, es considerado auxiliar de la justicia y no puede refutarse trabajador, empleado, contratista o subordinado de la Superintendencia Nacional de Salud.

En ningún caso, la Superintendencia Nacional de Salud suscribe o celebra algún tipo de contrato con los Agentes Especiales Interventores, en virtud de la normatividad vigente, realiza mediante Acto Administrativo la designación de los mismos, quienes como se ha dicho, actúan como representantes legales de la entidad intervenida, en su condición de auxiliar de la justicia, en consecuencia, su designación y desempeño no constituyen ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la entidad Objeto de Intervención, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud (art. 295 numeral 6 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF).

Por último, a la luz de las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico Financiero Decreto-ley 663 de 1994 artículo 295, el Agente Especial Interventor designado y posesionado por la Superintendencia Nacional de Salud, es un particular que ejerce funciones públicas transitorias, sometido al régimen de los auxiliares de la justicia, sin que para ningún efecto pueda reputarse trabajador o empleado de la entidad en liquidación y/o intervención y goza de autonomía en la toma de decisiones dado que ejerce las funciones de representante legal de la entidad que fue objeto de la toma de posesión.

De esta manera, el Agente Especial interventor, tiene la condición de auxiliar de la justicia de conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por lo cual su nombramiento y su desempeño, no constituyen ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la Entidad objeto de Intervención, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud.

El Agente Especial Interventor ejerce, de conformidad con el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto número 2555 de 2010 "por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones", funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado o los actos que ejecuten en nombre de lo entidad objeto de la toma de posesión.

No obstante, si bien le asiste autonomía al Agente Especial Interventor en el ejercicio de su órbita funcional, no pudiéndose reputar trabajador, empleado, contratista o subordinado en su condición de auxiliar de justicia, de presentarse irregularidades en la gestión del mismo, estas deberán ser informadas a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, para que de considerarlo pertinente, inicie las investigaciones a que haya lugar tendientes a determinar su responsabilidad y/o remoción, y denunciadas ante las autoridades pertinentes para las sanciones a que pueda haber lugar por su actuación. (Artículo 296 de la Ley 663 de 1993, numeral 2).

Así las cosas, de acuerdo a la normatividad precitada, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud. Entidad Promotora de Salud o de una Entidad Administradora del Régimen Subsidiado, hoy, Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado e Instituciones Prestadoras de Servicios Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos; términos de los cuales no se infiere vínculo contractual o de subordinación alguna respecto de la Superintendencia Nacional de Salud y el Agente Especial Interventor, el Agente Especial liquidador y el Contralor. Luego, no puede predicarse responsabilidad de esta Superintendencia, por la sola designación de quien actúa en calidad de auxiliar de justicia.

Del registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra que se autorizó la inscripción en el registro de Interventores, Liquidadores mediante comunicación NURC 2-2010-107262 del 4 de noviembre de 2010, a la persona natural de Carlos Enrique Sejin Vásquez, identificado con la cédula de ciudadanía número 10771813 expedida en Montería, al cumplir con los requisitos exigidos para tal fin. Información que fue actualizada de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 1947 de 2003. Como persona idónea para ser designado como Agente Especial Interventor, fue designado como Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté-Córdoba, por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución número 003865 del 20 de diciembre de 2011, tomando posesión como tal el día 29 de diciembre de 2011, desempeñando su actividad en la actualidad, razón por la cual resulta conveniente darle continuidad en la reapertura del proceso de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté, departamento de Córdoba, en el presente proveído como Agente Especial Interventor.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 232 dispuso: "Obligaciones de las instituciones prestadores de servicios de salud. A las instituciones prestadoras de servicios de salud se les aplicará las disposiciones contenidas en los artículos 225, 226 y 228 de que trata la presente ley, de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto. El Ministerio de Salud definirá los casos excepcionales en donde no se exigirá la Revisoría Fiscal...".

Consecuencia de lo anterior, es menester indicar que por medio de la Resolución número 003531 del 30 de noviembre de 2011, la firma Jahv McGregor S. A. Auditores y Consultores, representada legalmente por el doctor Gildardo Tijaro Galindo fue designado por esta Superintendencia como Controlar de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté-Córdoba, por ser la persona idónea para ejercer el cargo y reunir las calidades para el efecto, quien hasta el momento procesal que nos ocupa desempeña dicha actividad, motivo por el cual, es conveniente darle continuidad en la reapertura del proceso de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté, departamento de Córdoba, como Contralor de la misma.

Artículo 1°. Ordenar la reapertura, del proceso de intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté- Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Acto Administrativo, por el término de seis (6) meses prorrogables, contados a partir de la expedición de la presente resolución, para que se determine si la entidad puede desarrollar su objeto social o si debe ser objeto de Liquidación, en los términos y la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Artículo 2°. La medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes. haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté-Córdoba, como Instituto de Salvamento y Protección de la Confianza Pública que aquí se adopta, conlleva:

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar, por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 99

y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar. La actuación correspondiente será remitida al Agente Especial Interventor;

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar que afecten bienes de la entidad. La Superintendencia Nacional de Salud librará los oficios correspondientes;

f) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar.

g) El que todos los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas que se adopten para la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes. haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar y de conformidad con las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado si son garantías muebles y de tercer grado su son inmuebles.

Artículo 4°. Designar como Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, al doctor Carlos Enrique Sejin Vásquez, portador de la cédula de ciudadanía número 10771813 expedida en Montería, quien para todos los efectos, será el representante legal.

Artículo 5°. El Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, en virtud de las facultades conferidas en el numeral 8 del artículo 291 del Estatuto Orgánico Financiero, modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999 y siguientes, ejerce funciones públicas transitorias, esto es, tendrá la condición de auxiliar de la justicia; en consecuencia, el nombramiento y desempeño, no constituye ni establecen relación laboral alguna entre el designado y la entidad objeto de medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar, ni entre aquel y la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 6°. El Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté en cumplimiento de la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar que aquí se adopta, deberá presentar a la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, un Plan de Acción, mediante el cual se subsane y supere de forma definitiva las deficiencias de la entidad, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el cual estará sujeto a la evaluación y aprobación por parte de la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, y deberá cumplir como mínimo los siguientes aspectos:

2. Depuración Contable que permita establecer con claridad la realidad financiera de la entidad y en particular la depuración de las deudas o pasivos de las cuentas por cobrar o por pagar.

3. Plan de Recuperación y Sostenibilidad Financiera, que estará orientado a garantizar la liquidez de la entidad, y el cumplimiento de los estándares financieros que establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud para las IPS-ESE, en particular lo que tenga que ver con la liquidez, el patrimonio, el capital y la rentabilidad, teniendo en cuenta que el plan de recuperación está encaminado a subsanar la insuficiencia financiera que presenta la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté.

ii) Estados financieros certificados, correspondiente al mes base de inicio del programa de ajuste;

El plan de ajuste financiero tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión, estableciendo estrategias para que la Institución Prestadora de Servicios de Salud disponga de los recursos financieros necesarios para atender las obligaciones con las cuales se garantiza la atención en salud a los usuarios.

Este plan debe tener en cuenta los riesgos financieros e incluir las acciones requeridas según corresponda para cada situación y entidad.

Los anteriores riesgos deberán ser analizados, así como los demás que sean identificados y programar en el Plan de Ajuste Financiero las acciones y metas que se consideren necesarias para el fortalecimiento financiero de la entidad, que genere los recursos necesarios para disponer del capital de trabajo requerido para garantizar el pago de las obligaciones, en el marco de lo establecido en las normas que regulan el flujo de los recursos del sector, que garanticen la prestación de los servicios a los usuarios.

Diseñar, presentar y cumplir un Plan de Seguimiento con las Asociaciones de Usuarios y el acompañamiento de la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario de la Superintendencia Nacional de Salud, que permita conocer, registrar y controlar la atención efectiva de las enfermedades de mayor impacto en salud pública y de alto costo, y de los grupos vulnerables definidos por la normatividad vigente.

7. Estructurar Prácticas del Buen Gobierno y de Mejor Servicio, que deberán incluir en su objeto, como mínimo, los términos y condiciones bajo los cuales la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, se compromete a cumplir el Plan de Acción, así como los esquemas de seguimiento, teniendo como insumos, entre otros, aspectos administrativos, financieros y de gestión; y en las obligaciones de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, en este, como mínimo las siguientes:

ii) Elaborar y entregar los reportes de información requeridos por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de los instrumentos de seguimiento que para tal fin se establezcan, como la Circular Única, entre otros;

iv) Reportar la información financiera, administrativa y de calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, con la periodicidad y oportunidad que requiera la Superintendencia Nacional de Salud;

v) Presentar, dentro de los diez (10) primeros días de cado mes, un informe de avance sobre el saneamiento financiero, con la evidencia en el mejoramiento en el acceso, la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud de su población usuaria;

Parágrafo 1°.Como consecuencia de la medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para

administrar, como instituto de salvamento y protección de la confianza pública, que aquí se adopta, el Plan de Acción que desarrollará la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, debe estar orientado a subsanar definitivamente y sin dilaciones las situaciones que originaron esta medida cautelar, así como para prevenir en el futuro que las mismas puedan volverse a presentar.

Artículo 7°. Fijar los honorarios mensuales para el Agente Especial Interventor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado del municipio de Cereté en el departamento de Córdoba, en intervención forzosa administrativa para administrar, en la suma de tres millones ochocientos setenta y nueve mil quinientos catorce pesos ($3.879.514.00) moneda corriente.

Parágrafo. Disponer que los honorarios fijados al Agente Especial Interventor se causarán a partir de la fecha de suscripción del acta de posesión y con cargo a la entidad en medida cautelar preventiva de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y de intervención forzosa administrativa para administrar.

Artículo 8°. Designar como contralor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté, a la firma Jahv McGregor S. A. Auditores y Consultores, con NIT 800.121.665-9 representada legalmente por el doctor Gildardo Tijaro Galindo, portador de la cédula de ciudadanía número 19092858 de Bogotá, o a quien haga sus veces o a quien se designe para tal fin.

Artículo 9°. Fijar los honorarios mensuales para el Contralor de la Empresa Social del Estado Hospital Camu del Prado de Cereté en intervención forzosa para administrar, en la suma de tres millones ciento tres mil seiscientos once pesos con veinte centavos ($3.103.611.20) moneda corriente, de acuerdo con el artículo 3° de la Resolución número 000237 del 28 de enero de 2010, modificado por el artículo primero de la Resolución número 002659 del 12 de octubre de 2011.

Artículo 12. Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al representante legal del departamento de Córdoba, doctor Alejandro Lyons Muskus, o a quien haga sus veces, o a quien se designe para tal fin, en la calle 27 N° 3-28 Palacio de Naín, en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, o en el sitio que se indique para el efecto, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá hacerse por escrito en el momento de la diligencia de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud. El recurso de reposición que procede contra el presente acto administrativo, no suspende la ejecutoriedad del mismo.

Artículo 13. Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Enrique Sejin Vásquez, portador de la cédula de ciudadanía número 10771813 de Montería, para lo cual se enviará citación a la calle 28 N° 10-34 en Montería-Córdoba, para que se presente ante el Superintendente Delegado para Medidas Especiales, a tomar posesión dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.

Artículo 14. Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Gildardo Tijaro Galindo, representante legal de la firma Jahv McGregor S. A. Auditores y Consultores, identificado con la cédula de ciudadanía número 19092858 expedida en Bogotá, o a quien haga sus veces o quien se designe para tal fin y /o al correo electrónico: jahvmcgregor@ jahvmcgregor.com.co para que se presente ante el Superintendente Delegado para Medidas Especiales, a tomar posesión dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del presente acto administrativo.