LEY 279 DE 1996
(mayo 13)
Diario Oficial No. 42.787 de 16 de mayo de 1996
Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre
promoción y protección recíproca de inversiones suscrito en Lima el 26 de abril
de 1994.
*Resumen de Notas de
Vigencia*
| NOTAS DE VIGENCIA: |
| 2. Mediante el Decreto 1751 de 2004, publicado en el
Diario Oficial No. 45.569, de 4 de junio de 2004, "Por el cual se
promulgan el "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones", hecho en Lima el 26 de abril de 1994, y el "Protocolo
Modificatorio Adicional al Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno
de la República del Perú", hecho en Lima el 7 de mayo de
2001" |
| 1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-008-97 de 23 de enero de 1997,
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez
Caballero. |
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Visto el texto del Convenio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre promoción y protección
recíproca de inversiones, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994.
"CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
SOBRE PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN RECíPROCA DE INVERSIONES
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República
del Perú, en adelante denominadoshref="Las Partes Contratantes",
Deseosos de intensificar la cooperación económica para el
beneficio mutuo de ambos Estados,
Con el propósito de crear condiciones favorables para las
inversiones efectuadas por los nacionales o empresas de una de las Partes
Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,
Reconociendo que la promoción y la protección de esas
inversiones mediante un Convenio pueden servir de estímulo a la iniciativa
económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos.
Han convenido lo siguiente:
ARTÍCULO 1o.
DEFINICIONES. Para los efectos del presente Convenio:
(1) "Inversión" designa todo tipo de activo y en particular,
aunque no exclusivamente:
(a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás
derechos reales, tales como hipotecas y derechos de prenda;
(b) Acciones y cualquier otro tipo de participación en
sociedades o derechos generados en contratos de riesgo compartido;
(c) Valores, títulos, documentos y papeles financieros, y
cualquier otra obligación de carácter contractual que tenga un valor económico;
(d) Derechos de propiedad intelectual e industrial;
(e) Las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un
contrato para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones
de prospección, exploración y explotación de recursos naturales;
(2) "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una
inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales como utilidades,
dividendos, regalías y otros ingresos.
(3) Empresas designa a todas las personas jurídicas,
incluidas las sociedades civiles y comerciales y además asociaciones con o sin
personería jurídica que ejerzan una actividad económica comprendida en el ámbito
del presente Convenio y que estén controladas, directa o indirectamente, por
nacionales de una de las Partes Contratantes.
(4) "Nacionales" designa las personas naturales que de
acuerdo con la legislación de cada Parte Contratante tenga la nacionalidad de la
misma.
(5) "Territorio" designa, además de las áreas enmarcadas en
los límites terrestres, las zonas marítimas adyacentes incluyendo el suelo y el
subsuelo, y el espacio aéreo, que conforman el territorio de cada una de las
Partes Contratantes de acuerdo con su Constitución Política y las normas del
Derecho Internacional.
ARTÍCULO 2o. PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN A LAS INVERSIONES. Cada una de las Partes Contratantes,
promoverá dentro de su territorio las inversiones de nacionales o empresas de la
otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y
reglamentaciones.
ARTÍCULO 3o. TRATAMIENTO A LA
INVERSIÓN.
(1) Las inversiones de nacionales o empresas de cada Parte
Contratante deberán, en todo momento, recibir un trato justo y equitativo, y
deberán gozar de entera protección y seguridad de acuerdo con los principios del
Derecho Internacional de manera no menos favorable a aquellas que disfruten las
inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en su propio
territorio.
(2) Las Partes Contratantes se abstendrán de aplicar medidas
arbitrarias o discriminatorias respecto de la administración, mantenimiento,
uso, usufructo, o enajenación de inversiones en su territorio de nacionales o
empresas de la otra Parte Contratante.
(3) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso
que haya contraído en relación con las inversiones de nacionales o empresas de
la otra Parte Contratante en su territorio.
ARTÍCULO 4o. TRATO NACIONAL Y
CLÁUSULA DE LA NACIÓN MAS FAVORECIDA.
(1) Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a las
inversiones o a las ganancias de nacionales o empresas de la otra Parte
Contratante un trato no menos favorable que aquel que conceden a las inversiones
o a las ganancias de sus propios nacionales o empresas o a las inversiones o a
las ganancias de nacionales o empresas de cualquier tercer Estado.
(2) Las Partes Contratantes otorgarán en su territorio a los
nacionales o empresas de la otra Parte Contratante en lo que se refiere a la
administración, mantenimiento, uso, usufructo, o enajenación de inversiones, un
trato no menos favorable que aquel que conceden a sus propios nacionales o
empresas o a los nacionales o empresas de cualquier tercer Estado.
ARTÍCULO 5o.
EXCEPCIONES. Las disposiciones de este Convenio relativas al
otorgamiento de un trato no menos favorable que aquel que se otorga a los
nacionales o empresas de cualquiera de las Partes Contratantes o de cualquier
tercer Estado no se interpretarán de manera que obliguen a una Parte Contratante
a extender a los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante el beneficio
de cualquier trato, preferencia o privilegio resultante de:
(a) Cualquier unión aduanera, mercado común, zona de libre
comercio o acuerdo internacional similar, existente o que exista en el futuro,
en el cual sea o llegue a ser parte alguna de las Partes Contratantes, o
(b) Cualquier acuerdo o arreglo internacional relacionado
total o principalmente con tributación o cualquier legislación doméstica
relacionada total o principalmente con tributación.
ARTÍCULO 6o. REPATRIACIÓN DE
LOS CAPITALES Y DE LAS GANANCIAS DE
INVERSIONES.
(1) Cada Parte Contratante garantizará a los nacionales o
empresas de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos
relacionados con una inversión, en particular, aunque no exclusivamente de:
(a) El capital de la inversión y las reinversiones que se
efectúen de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en la
que se realizó la inversión;
(b) La totalidad de las ganancias;
(c) El producto de la venta o liquidación total o parcial de
la inversión.
(2) La transferencia se efectuará en moneda libremente
convertible, a la tasa de cambio de mercado aplicable el día de la
transferencia, y sin restricción o demora.
(3) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las
Partes Contratantes podrán establecer restricciones a la libre transferencia de
los pagos relacionados con una inversión en caso de dificultades graves de sus
balanzas de pagos. En todo caso, dicha facultad se ejercerá por un período
limitado, de manera equitativa, de buena fe y no discriminatoria.
ARTÍCULO 7o. EXPROPIACIONES Y
MEDIDAS EQUIVALENTES.
(1) Las inversiones de nacionales o empresas de cualquiera de
las Partes Contratantes no serán sometidas, en el territorio de la otra Parte
Contratante, a:
(a) Nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las
cuales una de las Partes Contratantes tome el control de ciertas actividades
consideradas estratégicas de conformidad con su legislación interna, o
servicios, o
(b) Cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan
un efecto equivalente, salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de
acuerdo a ley, de manera no discriminatoria por motivos expresamente
establecidos en las Constituciones Políticas respectivas y que se señalan en el
Ad Artículo (7) (1) del Protocolo adjunto, relacionados con las necesidades
internas de esa parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva.
(2) La compensación por los actos referidos a los párrafos
(1) (a) y (b) de este artículo, de conformidad con los principios del Derecho
Internacional, ascenderá al valor genuino de la inversión inmediatamente antes
de que las medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inminentes fueran
de conocimiento público, lo que ocurra primero. Deberá incluir intereses hasta
el día del pago, deberá pagarse sin demora injustificada, ser efectivamente
realizable y ser libremente transferible de acuerdo con las reglas estipuladas
en el artículo 6 sobre repatriación de capitales y ganancias de las inversiones,
siempre y cuando aún en caso de dificultades excepcionales de la balanza de
pagos se garantice la transferencia de por lo menos una tercera parte anual.
(3) El nacional o empresa afectado tendrá derecho, de acuerdo
con la ley de la Parte Contratante que adopta la medida pertinente, a una
revisión pronta, por parte de una autoridad competente de esa Parte Contratante,
de su caso y de la valoración de su inversión conforme a los principios
establecidos en los párrafos (1) y (2) de este artículo.
(4) Si una Parte Contratante adopta alguna de las medidas
referidas en los párrafos (1) (a) y (b) de este artículo, en relación con los
activos de una empresa incorporada o constituida de acuerdo con la ley vigente
en cualquier parte de su territorio, en la cual nacionales o empresas de la otra
Parte Contratante son propietarios de acciones, debe asegurar que las
disposiciones de los párrafos (1) al (3) de este artículo se apliquen de manera
que garanticen una compensación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la
inversión de estos nacionales o empresas de la otra Parte Contratante
propietarios de las acciones.
(5) Nada de lo dispuesto en este Convenio obligará a
cualquiera de las Partes Contratantes a proteger inversiones de personas
involucradas en actividades criminales graves.
ARTÍCULO 8o. COMPENSACIONES POR
PÉRDIDAS.
(1) Los nacionales o empresas de una de las Partes
Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro
conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, estado de sitio,
insurrección u otros eventos similares, en el territorio de la otra Parte
Contratante, serán tratados por esta última no menos favorablemente que a sus
propios nacionales o empresas, o a nacionales o empresas de cualquier tercer
Estado en lo que respecta a restituciones, compensaciones e indemnizaciones.
Dichas restituciones, compensaciones e indemnizaciones resultantes serán
libremente transferibles de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del
presente Convenio.
(2) Sin perjuicio del párrafo (1) de este artículo, en el
evento en que los nacionales o empresas de una Parte Contratante sufran en
alguna de las situaciones referidas en el mencionado párrafo la ocupación de su
propiedad por actos de fuerza de autoridades de la otra Parte Contratante, ésta
se les restituirá. Si resultan pérdidas por daños a su propiedad causados por
actos de fuerza de autoridades de la otra Parte Contratante que no eran
requeridas por las necesidades de la situación, se les otorgará una compensación
adecuada. Los pagos resultantes deberán ser libremente transferibles de acuerdo
con el artículo 6o. de este Convenio.
ARTÍCULO 9o. SUBROGACIÓN.
(1) Si una de las Partes Contratantes o su agente autorizado
efectúa pagos a sus nacionales o empresas en virtud de una garantía otorgada por
una inversión contra riesgos no comerciales en el territorio de la otra Parte
Contratante, esta última, sin perjuicio de los derechos que en virtud del
artículo 13 corresponderían a la primera Parte Contratante, reconocerá la
subrogación en todos los derechos de aquellos nacionales o empresas a la primera
Parte Contratante o a su agente autorizado, bien sea por disposición legal o por
acto jurídico.
(2) Así mismo, la otra Parte Contratante reconocerá la causa
y el alcance de la subrogación de la primera Parte Contratante o de su agente
autorizado en todos los derechos del titular anterior, conferidos de acuerdo con
el presente Convenio.
ARTÍCULO 10. APLICACIÓN DEL
CONVENIO. El presente Convenio se aplicará a las inversiones
realizadas por los nacionales o empresas de una Parte Contratante en el
territorio de la otra Parte Contratante antes o después de la entrada en
vigencia de este Convenio.
ARTÍCULO 11. TRATO MAS
FAVORABLE. Si de las disposiciones legales de una de las Partes
Contratantes o de lo convenido por las Partes Contratantes más allá de lo
acordado en el presente Convenio, resultare una reglamentación general o
especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los
nacionales o empresas de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el
previsto en el presente Convenio, dicha reglamentación prevalecerá sobre el
mismo, en cuanto sea más favorable.
ARTÍCULO 12. ARREGLO DE
CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN
NACIONAL O EMPRESA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE.
(1) Las controversias de naturaleza jurídica que surjan entre
una Parte Contratante y un nacional o empresa de la otra Parte Contratante en
relación con las inversiones de que trata el presente Convenio deberán, en lo
posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia.
(2) Si una controversia no pudiera dirimirse de manera
amigable por las partes dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la
notificación escrita del reclamo, podrá someterse al tribunal competente de la
Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera realizado la inversión, o al
arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (en adelante denominado "el Centro").
(3) Cada Parte Contratante por este Convenio consiente en
someter al Centro cualquier controversia de naturaleza jurídica que surja entre
esa Parte Contratante y un nacional o empresa de la otra Parte Contratante
relacionada con una inversión de ésta en el territorio de la primera para su
arreglo por medio de conciliación o arbitraje, según lo dispuesto en el Convenio
sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados abierto para firmar en Washington el 18 de marzo de
1965.
(4) Una empresa que esté incorporada o constituida bajo la
ley vigente en el territorio de una Parte Contratante y en la cual antes de que
surja la controversia, la mayoría de las acciones eran de propiedad de los
nacionales o empresas de la otra Parte Contratante se tratará, de acuerdo con el
artículo 25 (2) (b) del Convenio, como una empresa de la otra Parte Contratante
para efectos de lo dispuesto en el mencionado Convenio.
(5) Si el nacional o empresa afectado también consiente por
escrito en someter la controversia al Centro para la resolución de ésta mediante
conciliación o arbitraje de acuerdo con el Convenio, cualquiera de las partes
puede iniciar el procedimiento dirigiendo una solicitud a tal efecto al
Secretario General del Centro conforme a lo previsto en los artículos 28 y 36
del Convenio. En caso de desacuerdo respecto de si la conciliación o el
arbitraje es el procedimiento más apropiado, el nacional o empresa que es parte
en la diferencia tendrá el derecho a elegir. La Parte Contratante que es parte
en la controversia no presentará como objeción en cualquier etapa del proceso o
del cumplimiento del laudo, el hecho de que el nacional o empresa, que es la
otra parte en la controversia, haya recibido una indemnización total o parcial
de sus pérdidas, en cumplimiento de un contrato de seguro.
(6) No obstante las disposiciones anteriores, el Centro no
tendrá jurisdicción si la parte que inicia el procedimiento ha acordado, acuerda
someter o somete la controversia a los Tribunales Administrativos o Judiciales
de la Parte Contratante que es parte en la controversia.
(7) Ninguna Parte Contratante buscará resolver por la vía
diplomática una controversia remitida al Centro, a menos que:
(a) El Secretario General del Centro o una comisión de
conciliación o un tribunal de arbitraje constituido por el mismo, decida que la
diferencia no se encuentra dentro de la jurisdicción del centro, o
(b) La otra Parte Contratante incumpla un laudo dictado por
un tribunal de arbitraje.
ARTÍCULO 13. ARREGLO DE
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.
(1) Las controversias que surgieren entre las Partes
Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio deberán,
en lo posible, ser dirimidas por los Gobiernos de ambas Partes Contratantes, a
través de sus canales diplomáticos.
(2) Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa
manera, dentro del plazo de tres meses, contado desde la fecha en que una de las
Partes Contratantes en la controversia la haya promovido, será sometida a un
tribunal arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.
(3) El tribunal arbitral será constituido ad-hoc. Cada Parte
Contratante nombrará un miembro y los dos miembros se pondrán de acuerdo para
elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por
los Gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro
de un plazo de dos meses y el Presidente dentro de un plazo de tres meses,
después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la otra que
desea someter la controversia a un tribunal arbitral.
(4) Si los plazos previstos en el párrafo (3) no fueran
observados, y a falta de otro arreglo, cada Parte Contratante podrá invitar al
Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos
necesarios. En caso de que el Presidente fuere nacional de una de las Partes
Contratantes o se hallase impedido por otra causa de realizar dichos
nombramientos, corresponderá al Vicepresidente efectuar los mismos. Si el
Vicepresidente también fuere nacional de una de las dos Partes Contratantes o si
se hallase también impedido de realizar dichos nombramientos, corresponderá al
miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea
nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los mismos.
(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de
votos. Sus decisiones serán obligatorias. Cada Parte Contratante sufragará los
gastos ocasionados por la actividad de su Arbitro, así como los gastos de su
representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como
los demás gastos, serán sufragados en partes iguales por las dos Partes
Contratantes. El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.
ARTÍCULO 14. INTERRUPCIÓN DE
RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES.
Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables
independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o consulares
entre las Partes Contratantes.
ARTÍCULO 15. ENTRADA EN VIGOR,
DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONVENIO.
(1) Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente cuando
las exigencias de sus respectivas legislaciones para la entrada en vigencia del
presente Convenio se hayan cumplido.
(2) El presente Convenio entrará en vigencia treinta días
después de la fecha de la segunda notificación. Su validez será de diez años y
se prorrogará después por tiempo indefinido, a menos que una de las Partes
Contratantes comunique por escrito a la otra Parte contratante su intención de
darlo por terminado doce meses antes de su expiración.
(3) Para inversiones realizadas antes de la fecha de
terminación del presente Convenio, éste seguirá rigiendo durante los diez años
subsiguientes a dicha fecha.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos,
han suscrito el presente Convenio.
HECHO en la ciudad de Lima, el día veintiséis de abril
de 1994, en dos ejemplares en idioma castellano,
siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de Colombia,
La Ministra de Relaciones Exteriores,
NOEMÍ SANÍN DE RUBIO.
Por el Gobierno de la República del Perú,
El Presidente del Consejo de Ministros
y Ministro de Relaciones Exteriores,
EFRAÍN GOLDENBERG SCHREIBER.
El suscrito Jefe (E.) de la Oficina Jurídica
del Ministerio de Relaciones exteriores,
HACE CONSTAR:
Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada del
texto original del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones hecho en Lima el 26 de abril de 1994, que reposa en los archivos de
la Oficina Jurídica de este Ministerio.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los treinta y un (31) días
del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El Jefe Oficina Jurídica (E.),
JOSÉ JOAQUÍN GORI CABRERA.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Santa Fe de Bogotá, D.C.
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable
Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.). ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA.
DECRETA:
ARTÍCULO
1A. Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994.
ARTÍCULO
2A. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la
Ley 7a de 1994, el Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República del Perú sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, suscrito en Lima el 26 de abril de 1994, que por el artículo 1o. de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO
3A. La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JULIO CÉSAR GUERRA TULENA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
PEDRO PUMAREJO VEGA.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
RODRIGO RIVERA SALAZAR.
El Secretario General de la honorable Cámara de
Representantes,
DIEGO VIVAS TAFUR.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y publíquese.
Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional,
conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 13 de mayo de 1996.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
RODRIGO PARDO GARCÍA-PEÑA.
El Ministro de Comercio Exterior,
MORRIS HARF MEYER.
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