Sentencia C-708-02
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Actor: Rodrigo Izasa Sánchez
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Rodrigo Izasa Sánchez contra el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas:
(agosto 19)
Por medio de la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
...
ARTICULO 147-. Permiso hasta de setenta y dos horas. La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar en la fase de mediana seguridad.
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
5. No estar condenado por delitos de competencia de jueces regionales.
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.
Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.”
“LEY 504 DE 1999
(junio 25)
por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 29. El numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 quedará así:
"Artículo 147. Permiso hasta de setenta y dos (72) horas.
5º. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados".
1. El demandante acusa de inconstitucional el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, el cual condiciona el otorgamiento, por parte de la Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario, de permisos de salida hasta por 72 horas a los condenados por la otrora Justicia Regional (hoy Justicia Especializada) que hayan cumplido con el 70% de la pena impuesta. Fundamenta su acusación en que “para acceder a la libertad condicional se exija el haber descontado el 60% de la pena y para el beneficio administrativo de “permiso de salida hasta por 72 horas” consagrado en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo de la Ley 504 de 1999, se exija el haber descontado el 70% de la misma.” A su juicio “(e)sta contradicción viola de manera flagrante los principios de Legalidad, Igualdad y Favorabilidad que se encuentran consagrados en el texto de la Constitución”.
2. La Corte en auto inadmisorio del catorce (14) de febrero de dos mil dos (2002), sostuvo que el demandante no daba razones para sustentar “por qué la diferente regulación legal de la libertad condicional y del permiso administrativo de salida hasta por 72 horas en materia del porcentaje de la pena cumplida, viola “los principios de Legalidad, Igualdad y Favorabilidad que se encuentran consagrados en el texto de la Constitución”, y agregó que “(d)ichas razones, para ser suficientes, tendrían que mostrar por qué el subrogado penal de la libertad condicional y el permiso administrativo de salida hasta por 72 horas deberían constitucionalmente ser regulados de manera igual en materia de la condición temporal.”
3. El demandante en su escrito de corrección de la demanda fundamenta la inconstitucionalidad de la norma demandada en que ella es violatoria del principio de igualdad. Ello porque da un tratamiento diferente e injustificado, en la regulación de los permisos administrativos de salida hasta por 72 horas, a los condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados, respecto de los condenados por delitos que no son de competencia de dichos jueces. Afirma que la norma acusada priva a los primeros del derecho a dicho beneficio al exigirles que para obtenerlo hayan cumplido el 70% de la pena impuesta, porque cumplido el 60% de la pena observando buena conducta adquieren el derecho a disfrutar de la libertad condicional sin que hubieran tenido oportunidad de gozar del beneficio administrativo que otros condenados ya habrían gozado con anterioridad. Manifiesta que en materia de derechos fundamentales todos los ciudadanos – incluso los condenados – gozan de las mismas oportunidades y derechos sin que las normas puedan introducir discriminación alguna. Estima que negarle el tratamiento penitenciario del beneficio de establecimiento abierto “a ciertos condenados con base en la gravedad de su delito o en la calidad de la justicia que los juzgó y condenó, es abiertamente violatorio del derecho a la igualdad ...”. Por lo tanto, considera que “el permiso de salida hasta por 72 horas, por tratarse de un derecho consagrado en la ley y por ser uno de los aspectos fundamentales del tratamiento penitenciario, debe ser otorgado en igualdad de condiciones para todos los condenados, antes (temporalmente hablando) del subrogado penal de la libertad condicional” (resaltado y subrayado originales).
4. Mediante auto del veintiocho (28) de febrero de dos mil dos (2002), fue admitida la demanda de inconstitucionalidad presentada por Rodrigo Izasa Sánchez contra el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999, en lo que hace al cargo de inconstitucionalidad por violación del derecho a la igualdad (art. 13 C.P.), como consecuencia de trato diverso e injustificado dado por el legislador a los condenados por la justicia especializada (antes justicia regional) y a los demás condenados con respecto a los requisitos para el otorgamiento del permiso de salida hasta por 72 horas del establecimiento carcelario.
1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderado intervino, en el proceso de constitucionalidad de la referencia y solicitó a la Corte proferir fallo inhibitorio por falta de legitimación del actor para accionar, “toda vez que, dada su condición jurídica de condenado a pena de prisión, está inhabilitado para el ejercicio de cualquier derecho político.” Cita en respaldo de su concepto la sentencia de esta Corporación C-536 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En subsidio de la solicitud principal, pide a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia C-392 de 2000, que declaró exequible la norma acusada.
2. El señor Fiscal General de la Nación, solicitó a la Corte Constitucional declararse inhibida para proferir decisión de mérito porque el demandante “actualmente tiene suspendidos sus derechos políticos”1, lo que lo inhabilita para incoar la acción pública de inconstitucionalidad a que se refieren los artículos 40-6 y 241 de la Constitución. Considera además que la Corte no debe pronunciarse nuevamente sobre los artículos acusados, porque ellos ya fueron analizados en sentencias C-392 de 2000 y C-394 de 1995, encontrándose ajustados al máximo Estatuto.
El señor Procurador General de la Nación, en concepto del doce (12) de abril de dos mil dos (2002), solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo porque el demandante “en la actualidad no puede ejercer sus derechos políticos, uno de ellos el consagrado en el artículo 40, numeral 6 constitucional y porque las normas por él acusadas ya fueron analizadas y declaradas exequibles, es decir, existe cosa juzgada constitucional”.
En respaldo de su solicitud aduce que en desarrollo del artículo 98 de la Constitución, el cual permite que la ciudadanía sea objeto de suspensión en los casos que determine la ley, el legislador establece en el artículo 44 del Código Penal como pena accesoria a la pena privativa de la libertad, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, entre los que se encuentra el derecho de todo ciudadano de interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (art. 40 num. 6 C.P.).
Concluye entonces que cuando un ciudadano ha sido suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos por haber sido condenado a una pena privativa de la libertad no puede presentar acciones públicas de inconstitucionalidad, por lo que la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse de fondo. Adicionalmente, aduce que las normas demandadas ya fueron declaradas exequibles en sentencias C-392 de 2000 y C-394 de 1995.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Problemas Jurídicos
A juicio del demandante, las normas acusadas son violatorias del principio de igualdad por cuanto establecen una diferenciación entre los condenados por delitos de competencia de los jueces penales especializados y los condenados por delitos cuyo conocimiento no es competencia de los jueces penales especializados para efectos del otorgamiento de permisos administrativos de salida de la cárcel hasta por 72 horas.
Los intervinientes y el supremo director del Ministerio Público, estiman en primer lugar que la Corte debe inhibirse de pronunciarse sobre las normas demandas por cuanto el actor no estaba legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad de la referencia al haber sido condenado a una pena privativa de la libertad y consecuencialmente a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas (Art. 44 del Código Penal). En segundo lugar, consideran que en todo caso existe cosa juzgada constitucional sobre las disposiciones acusadas.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Corte establecer: i) si el señor Rodrigo Isaza Sánchez estaba legitimado para iniciar este proceso de constitucionalidad, ii) la vigencia de las normas demandadas y el ámbito del control de constitucionalidad y iii) si operó la cosa juzgada constitucional respecto de las normas objeto de control.
2. Legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad
La acción de inconstitucionalidad constituye un derecho político y ciudadano de aplicación inmediata y mediante ella la Corte Constitucional en su condición de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Fundamental decide, con fuerza erga omnes, si el contenido material de las disposiciones demandadas se ajustan o no a la Lex Superior.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido uniforme2 en sostener que al tratarse de un derecho político, son los ciudadanos en ejercicio los únicos legitimados en la causa para interponer acciones de inconstitucionalidad. Sobre el particular en la Sentencia C-536/98 se señaló:
Ahora bien, el artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede "interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley" (numeral 6), pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun tratándose de un ciudadano, éste ha sido afectado por la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas según decisión judicial, en los términos de las normas legales que se comentan.
No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse.
El derecho político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver por falta de legitimación del accionante......”3
En el caso que ocupa la atención de la Corte, el Magistrado Ponente advierte que la demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el actor, interno en la Penitenciaria Central de Colombia “La Picota”, el 13 de diciembre de 2001 y remitida a esta Corporación el 18 de enero de 2002 por el asesor jurídico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Además se constató que el once (11) de diciembre de 2001 se profirió por parte del Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá D.C. sentencia en contra del señor Rodrigo Isaza Sánchez mediante la cual se le declaró penalmente responsable como autor del delito de estafa y en consecuencia fue condenado a las penas principales de 56 meses de prisión y de multa de $650.000. También se le impuso como accesoria la pena de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de la pena principal.
Dicha providencia cobró ejecutoria material, según la certificación del citado juzgado penal, el catorce (14) de marzo de 2002, fecha en que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el sindicado contra la sentencia condenatoria.4
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 y 248 de la Carta Política y el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal y únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en firme tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales.
En este orden de ideas, si bien es cierto para la fecha de presentación de la demanda de inconstitucionalidad ya se había proferido sentencia condenatoria en contra del actor, también lo es que ésta no se encontraba ejecutoriada y en consecuencia los efectos de la misma no se habían producido. Es decir, al no encontrarse en firme, para el 13 de diciembre de 2001, la sentencia condenatoria proferida en contra de Rodrigo Isaza Sánchez, éste aún no había sido suspendido en el ejercicio de su ciudadanía, motivo por el cual estaba legitimado en la causa para interponer la demanda de la referencia.
Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de inhibición formuladas por los intervinientes y por el señor Procurador General de la Nación y adoptará una decisión de fondo sobre el tema planteado.
3. Delimitación de las normas objeto de control
El actor acusa de inconstitucionales dos preceptos, 1) el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 por medio de la cual el legislador expidió el Código Penitenciario y Carcelario; dicha disposición excluía a los condenados por delitos de competencia de los jueces regionales5 del beneficio penitenciario de permiso hasta de 72 horas, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-394/956 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
2) El 25 de junio de 1999 fue expedida la Ley 504, la cual en su artículo 29 derogó la prohibición que traía el numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 e introdujo una nueva disposición en el sentido que a partir de su entrada en vigencia7 los condenados por los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados, si podían acceder al beneficio carcelario de permiso hasta de 72 horas, siempre y cuando hayan descontado el 70% de la pena impuesta.
La Corte no puede hacer en este caso un pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad del numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, ya que existe una regulación legal integral posterior y más favorable, lo cual indica además que no está produciendo efecto jurídico alguno. El control de constitucionalidad se circunscribirá, en consecuencia, al artículo 29 de la Ley 504 de 1999 que es la disposición que se encuentra vigente.
4. Cosa juzgada constitucional respecto del artículo 29 de la Ley 504 de 1999
La Corte Constitucional ya tuvo oportunidad de hacer el juicio de constitucionalidad sobre el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 mediante la Sentencia C-392/008 en la que sostuvo lo siguiente:
2.2.14. Permiso hasta de 72 horas (art. 29). Incumplimiento de las obligaciones (art. 30).
Las referidas normas, en su orden, se refieren al permiso por 72 horas que pueden obtener los condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, cuando hayan descontado el 70% de la pena impuesta, asi como a la circunstancia de que los condenados que se encuentren sindicados o condenados por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión no podrán gozar de los beneficios de establecimiento abierto.
No encuentra la Corte contradicción alguna entre las normas mencionadas y la Constitución. En tal virtud, serán declaradas exequibles.
De esta manera, al haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (Art. 243 C.P.), la cual en este evento es absoluta, ya que la sentencia expresamente no limitó su alcance a ciertos cargos sino que por el contrario, el análisis se realizó frente a toda la Constitución, no puede la Corte hacer un nuevo pronunciamiento en torno a la norma que ya fue materia de resolución definitiva y que produjo efectos erga omnes sobre su constitucionalidad.9
Sin embargo, esta Corporación considera necesario precisar que la cosa juzgada en este caso, hay que comprenderla no solamente en relación con la parte resolutiva de la Sentencia C-392/00, sino también con la parte motiva, con la que necesariamente forma una unidad de sentido.
Del análisis de dicho fallo se concluye que el estudio de la Ley 504 de 1999 se realizó frente a normas constitucionales, entre ellas el artículo 13 Superior, que es el fundamento del cargo que formula el actor en su demanda.
Así, si bien en el apartado “2.2.14” de la Sentencia C-392/00 no se hizo alusión específica al artículo 13 de la Carta, es claro que la conclusión a la que en ella se llega en el sentido de no encontrar “contradicción alguna entre las normas mencionadas y la Constitución” es producto del análisis que se realizó en el contexto integral del fallo. Debe precisarse que tanto uno de los ciudadanos demandantes como el Fiscal General de la Nación que también actuó como interviniente en dicha ocasión, hicieron expresa referencia al tema de la igualdad, aspecto que fue objeto del examen integral de la Corte.
Una interpretación aislada del pasaje citado permitiría inferir que hay ausencia de argumentación y que existe cosa juzgada aparente de la decisión contenida en la Sentencia C-392/00, por ello se insiste que no basta remitirse al apartado específico en el que se hace alusión a la disposición objeto de demanda, sino que debe analizarse desde la perspectiva del tema general de la sentencia.
En consecuencia, se dispondrá, en aplicación del artículo 243 de la Constitución Política, estarse a lo resuelto en la Sentencia C-392/00 al haber operado la cosa juzgada constitucional respecto del artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
DECISION
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: Declararse INHIBIDA para conocer de la inconstitucionalidad del numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993 por haber sido derogado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
SEGUNDO: ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia C-392 de 2000 respecto al artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA Magistrado |
ALFREDO BELTRAN SIERRAMagistrado |
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MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado |
JAIME CORDOBA TRIVIÑO Magistrado |
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RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado |
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado |
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ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado |
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ Magistrada |
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MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General |
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Referencia: expediente D-3900
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Magistrado Ponente:
Con el debido respeto manifiesto las razones por las cuales me aparto de la decisión contenida en la sentencia de la referencia, en cuanto la Corte resolvió Estarse a lo Resuelto en la Sentencia C-392 de 2000, respecto al artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Al respecto, se expresa en la providencia que no comparto, “Del análisis de dicho fallo se concluye que el estudio de la Ley 504 de 1999 se realizó frente a normas constitucionales ,entre ellas el artículo 13 superior, que es el fundamento del cargo que formula el actor en su demanda.
Así, si bien en el apartado “2.2.14 de la Sentencia C-39200 no se hizo alusión específica al artículo 13 de la Carta, es claro que la conclusión a la que en ella se llega en el sentido de no encontrar “contradicción alguna entre las normas mencionadas y la Constitución” es producto del análisis que se realizó en el contexto integral del fallo. Debe precisarse que tanto uno de los ciudadanos demandantes como el fiscal general de la Nación que también actuó como interviniente en dicha ocasión, hicieron expresa referencia al tema de la igualdad, aspecto que fue objeto del examen integral de la Corte.”
En efecto, si bien allí se expresa que a pesar de que en el apartado “2.2.14” de la Sentencia C-392 de 2000 no se hace alusión específica al artículo 13 de la Carta, es claro que la conclusión a que se llega de no encontrar contradicción alguna entre las normas mencionadas y la Constitución, es producto del análisis que se realizó en el contexto general del fallo y por eso para la Corte sólo en una interpretación aislada del pasaje citado permitiría inferir que hay ausencia de argumentación y que existe cosa juzgada aparente de la decisión contenida en la Sentencia C-392/00.
No obstante, considero que las referencias excesivamente amplias que se derivan del texto de la sentencia C-392 de 2000 (Desde la perspectiva de su tema general), en torno del artículo 13 de la Carta, no permiten inferir el examen de la norma acusada frente a la norma constitucional superior; y es evidente que con una mención apenas tangencial de conformidad, no de la norma acusada, sino del conjunto de normas de una ley con el texto Superior sino está precedida del examen específico aunque no exhaustivo, de esa conformidad o disconformidad, no puede llevar a la Corte a la conclusión de que en tales circunstancias pudo darse el análisis que corresponde efectuar a la Corte en su función como encargada de la suprema guarda de la integridad constitucional.
Por lo anterior reitero mi posición expresada en la Sala Plena, en el sentido de que en el presente caso se está ante una cosa juzgada aparente, y por lo tanto lo procedente era efectuar el análisis de fondo de confrontación concreta del texto acusado con la regla Superior del artículo 13, propio de control constitucional encomendado a la Corporación.
Fecha ut supra
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
1 En el oficio 7103-APE-4438, del 12 de marzo de 2002 dirigido al despacho del Fiscal General de la Nación por el Jefe de Asuntos Penitenciarios del INPEC, se informa que Rodrigo Isaza Sánchez se encuentra recluido en la Penitenciaria Central de Colombia por la condena a cinco años de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas que le impuso el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá D.C.
2 Sobre la necesidad de ostentar la condición de ciudadano en ejercicio para ser sujeto activo de la acción de inconstitucionalidad pueden estudiarse las sentencia de la Corte Constitucional C-003/93 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-275/96 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-536/98 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-592/98 M.P. Fabio Morón Díaz, C-113/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-366/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-562/00 M.P.Vladimiro Naranjo Mesa y C-1647/00 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, entre otras.
3 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
4 Folio 73 del expediente.
5 Por mandato del artículo 205 transitorio de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, la Justicia Regional dejó de funcionar el 30 de junio de 1999.
6 Esta decisión tuvo un salvamento de voto por parte del Magistrado Alejandro Martínez Caballero.
7 Según lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 504, ésta inició su vigencia el 1º de julio de 1999.
8 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-397/95 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.