Sentencia T-1006-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
- Sala Quinta de Revisión -
SENTENCIA T- /2001
Reiteración de Jurisprudencia
Acción de tutela instaurada por Francisco Oquendo Valencia contra la Penitenciaría Nacional de Valledupar.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., quincenoviembre (15) de noviembre dos mil dos (2002).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, en el trámite de la acción de tutela iniciada por Francisco Oquendo Valencia contra la Penitenciaría Nacional de Valledupar.
Francisco Oquendo Valencia, interpuso acción de tutela contra la Penitenciaría Nacional de Valledupar por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, en razón a que la demandada no ha realizado las gestiones necesarias para que le sea practicado un examen que requiere con urgencia.
Fundamentó su solicitud en los siguientes hechos.
Se encuentra recluido en la Penitenciaría de Valledupar. e I indica que hace 22 años sufrió un accidente de tránsito y que seis años atrás, cuando se encontraba recluido en la Penitenciaría de El Barne, otro interno lo golpeó con un ladrillo en la cabeza, desde entonces, afirma, el señor Oquendo Valencia, quedó con trastornos tales comomal de la cabeza, pues padece mareos y desmayos permanentes.
Estuvo recluido en la Cárcel de Popayán, y por solicitud de la Defensoría del Pueblo fue trasladado a Penitenciaría Nacional de Cúcuta, donde le iban a iniciar un tratamiento médico, pero nuevamente fue trasladado, esta vez a la Penitenciaría demanda lo que impidió la iniciación de su tratamiento.
En la Penitenciaría Nacional de Valledupar, el médico Edwin Torres luego de examinarlo le ordenó la práctica de un electroencefalograma para ser valorado después por el especialista, pero hasta la fecha de interposición de la tutela (junio 18 de 2002) no le había sido practicado el citado examen. Afirma que la demandada no cuenta con presupuesto para la práctica de procedimientos médicos como el que requiere.
IAfirmagualmente anota que en repetidas ocasiones ha debido ser trasladado a la sección de sanidad del penal, por los graves problemas de salud que padece. Concreta su petición en queSolicita en consecuencia se se ordene su traslado a unotro centro de reclusión en otra ciudad donde pueda ser atendido con miras a que se le realicey le puedan realizar el examen que requiere.
II. INTERVENCIÓN DE LA DEMANDADA.
El Director de la Penitenciaría Nacional de Alta Seguridad de Valledupar, en escrito de junio 24 de 2002 dirigido a la Sala Civil del Tribunal Superior de Valledupar, solicitó desestimar las pretensiones del demandante,. i Indicó que el demandante ha presentado manifestaciones de síndrome vertiginoso a causa de un trauma de hace 22 años las cuales han sido siempre atendidas de forma debida, así como otra serie de dolencias que ha sufrido en diferentes otras oportunidades.
Sobre la práctica del electroencefalograma, ordenado desde marzo 5 de 2002, informó que este no había sido posible realizarlo en razón a que la IPS- cConvenio INPEC,- no había realizado las subcontrataciones de exámenes especializados y sóolo estaba atendiendo urgencias,. En tanto y como el caso del demandante, según el peritazgo médico podría esperar, éste se reprogramó para el mes de junio.
Agregó que la no ejecución del examen médico que requiere el demandante no pone en peligro su vida, y que en efecto el interno sí necesita el examen, porque se hace necesario para aclarar su diagnóstico, situación que es clara para la división de sanidad de la penitenciaría.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Local Valledupar, por solicitud del Tribunal Superior de Valledupar, valoró al señor Oquendo Valencia. Indicó que para completar y confirmar el diagnóstico y proseguircompletar el el estudio del paciente, debe ser remitido al médico neurólogo, lo mismo que para ordenar exámenes complementarios, entre ellos el electroencefalograma. Concluyó que el demandante no presenta un estado grave por enfermedad, de acuerdo al artículo 362 del Código de Procedimiento Legal.
II. DECISIOÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIOÓN.
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, en sentencia de julio 2 de 2002 negó la protección solicitada por el demandante, consideró que: “Está acreditado que el paciente ha recibido atención médica adecuada, tal como se desprende de la historia clínica que en copias obra al expediente a folios 25 a 48, y de las fórmulas médicas aportadas por el propio actor y que militan a folios 8 a 123, de las que se sabe que ha recibido atención médica adecuada. Por lo demás, la valoración médico legal dio como resultado que el paciente no presenta estado grave de enfermedad alguna, sugiriendo remisión al médico neurólogo y la práctica de electroencefalograma con el fin de confirmar el diagnóstico de ‘epilepsia post traumática’, lo que debe programarse ambulatoriamente (fl. 48-50)
Del acervo probatorio se sabe que la actuación de los servidores públicos implicados en este asunto no han ocasionado violación alguna a los derechos fundamentales del accionante, pues si bien no se le ha practicado el examen recomendado, este no es de urgencia y debe ser programado dentro de los planes de atención en salud que se prestan el centro penitenciario, quedando de todas maneras obligada la dirección del penal a seguir las recomendaciones del médico legista.”
IV. PRUEBAS RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. El derecho a la salud de los reclusos y el derecho a un diagnóstico.
En abundante jurisprudencia1, esta Corporación ha recalcado que es el Estado el llamado a asumir la responsabilidad sobre el derecho a la salud de las personas recluidas en los centros penitenciarios y carcelarios, pues es su obligación garantizar la preservación de una vida digna mientras transcurre su detención o condena. Así entonces, debe entenderse que loslas personas privadas de la libertad en reclusos en ejercicio ejercicio de su derecho deben contar con la posibilidad depoder tener acceso acceder a todos los los servicios médicos que les llegaren a ordenar, necesitar pues ellos, son personas que dependen única y exclusivamente de los servicios de salud que el sistema carcelario les ofrece.
Igualmente, debe la Sala reiterar, que esta la obligación no sóolo se limita a la prestación de atención médico quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, sino, también a los exámenes que los reclusos que puedan requerir, pues de estos depende el diagnóstico de cualquier patología en la salud y su posterior tratamiento. De lo anterior se concluye que como lo ha venido señalando la jurisprudencia constitucional, que de no realizarse elun examen de diagnóstico requerido para detectar la una posible enfermedad y así determinar el tratamiento necesario, se está poniendo en peligro el derecho a la salud, en conexidad con el derecho fundamental a la vida.
La sentencia T-366 de 1999 definió el derecho al diagnóstico así:
“, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen.2”
En un caso similar, en el que la misma institución carcelaria aquí demandada no atendía las solicitudes de un interno para la práctica de una serie de procedimientos quirúrgicos, la Corte se pronunció en los siguientes términos:
señaló :
“Es inescindible el vínculo que existe entre los derechos a la dignidad, a la salud, a obtener un diagnóstico y a la vida, ya que existen casos en los cuales, de no obtenerse un diagnóstico a tiempo, el resultado puede ser fatal. Al respecto señaló la Corte que ‘El aplazamiento injustificado de una solución definitiva a un problema de salud, que supone la extensión de una afección o un malestar, vulnera el principio del respeto a la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida, el cual no puede entenderse como una existencia sin dignidad. En esta medida, la demora injustificada en el diagnóstico y, por consiguiente, en la iniciación de un posible tratamiento que logre el restablecimiento de la salud perdida o su consecución, atenta contra los derechos a la salud en conexidad con la vida.’3’”4
3. Hecho superado
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que en aquellos eventos en los cuales la pretensión fue satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia e inmediatez y, por ende su justificación constitucional, por lo que el amparo deberá negarse. Al respecto la corteCorte ha dicho que:
“El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental, presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados por la ley.
“En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta del derecho que se aduce.
“No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser..”5.
En el caso de la referencia, se tiene que el motivo que generó la presentación de la acción de tutela yaha desaparecido, desapareció, pues la petición en la demanda de tutela del señor Oquendo Valencia consistía precisamente en que el Juez de tutela ordenara su traslado a un centro de reclusión en otra ciudad, donde pudiera recibir el tratamiento que requiere demandaba para mejorar su salud.
Así, de acuerdo a la comunicación allegada por el Director de la Penitenciaría Nacional de Valledupar, mediante Resolución No. 2455 de agosto 15 de 2002, el señor Francisco Oquendo Valencia fue trasladado a la Penitenciaría El Barne., entidad que ya emitió la orden de atención médica al demandante. En efecto,De otro lado, el oficio de octubre 22 enviado por el Coordinador de la Sección Sanidad del Complejo Penitenciario El Barne, al Director de la Penitenciaría Demandada, indica que: :
“…revisando la Historia Clínica del paciente FRANCISCO OQUENDO VALENCIA se encuentra la solicitud para la realización del Electroencefalograma. Los procedimientos para lograr la cita para dicho examen en la ciudad de Tunja, como son consulta con el médico de la penitenciaría, transcripción de la orden, cotizaciones y autorización, ya se realizaron y el interno tiene programada su cita para la realización del Electroencefalograma para el día 29 del mes en curso.”.
de octubre 16 de 2001 suscrita por el señor Carlos Alberto Herrera, esposo de la demandante, la cirugía que solicitaba la demandante fue practicada, indicó que: “Magistrados de la Corte Constitucional. La presente es para retirar la demanda en contra del Doctor Oscar; Les pido mil disculpas por los daños causados al presente y demas contrariedades, por lo tanto dejo en claro mi última palabra.
Les doy las gracias por toda la colaboración, desempeño e interes que mostraron para la operación y recuperación de: María Noelia Rico con # cc 43.161.035 la cual fue realizada en el Hospital Marco en el Hospital Marco Fidel Suárez de Medellín…”
Por consiguiente y, en vista de que se está frente a un hecho superado, la Sala confirmará la providencia, pero por los motivos expuestos en esta sentencia.
El derecho a un diagnóstico
La Corte Constitucional considera que el derecho a la seguridad social no se limita a prestar la atención médica quirúrgica, hospitalaria y terapéutica, tratamientos y medicinas, sino que también incluye el derecho al diagnóstico, el cual puede entenderse como “, la seguridad de que, si los facultativos así lo requieren, con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la terapéutica indicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen.6”
Esta Corporación ha manifestado en reiteradas ocasiones, que al no realizarse el examen de diagnóstico requerido para ayudar a detectar la enfermedad y así determinar el tratamiento necesario, se está poniendo en peligro el derecho a la salud, en conexidad con el derecho fundamental a la vida.
Un caso distinto que también ha sido estudiado por la Corte, es aquél en el que ya hubo un diagnóstico médico pero el tratamiento recomendado, o la cirugía ordenada no se han llevado a cabo. En sentencia T-281 de 19967 dijo la Corte que “Cuando existe un nexo directo e inescindible entre el funcionamiento del servicio de salud y un estado de disminución recuperable de la integridad física, como ocurre en el caso de un aplazamiento injustificado de una cirugía recomendada previamente, que termina en la disminución de la capacidad de locomoción del paciente afiliado a la entidad, es preciso ordenar en sede de tutela que, si es prudente y razonable, se continúe el tratamiento recomendado e iniciado, salvo concepto obligatorio en contrario, siempre que el paciente sea informado y acepte la continuación del procedimiento con sus riesgos clínicos.”
Es inescindible el vínculo que existe entre los derechos a la dignidad, a la salud, a obtener un diagnóstico y a la vida, ya que existen casos en los cuales, de no obtenerse un diagnóstico a tiempo, el resultado puede ser fatal. Al respecto señaló la Corte que “El aplazamiento injustificado de una solución definitiva a un problema de salud, que supone la extensión de una afección o un malestar, vulnera el principio del respeto a la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida, el cual no puede entenderse como una existencia sin dignidad. En esta medida, la demora injustificada en el diagnóstico y, por consiguiente, en la iniciación de un posible tratamiento que logre el restablecimiento de la salud perdida o su consecución, atenta contra los derechos a la salud en conexidad con la vida.8”
IVI. DECISIOÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR el fallo de julio 2 de 2002, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, que negó la protección solicitada por el señor Francisco Oquendo Valencia, pero únicamente por los motivos expuestos en esta providencia.
Segundo. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1 Sentencias 583 de 1998 y 606 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo entre otras
2 Sentencia T-366 de 1999, M.P.José Gregorio Hernández Galindo
3 Sentencia T-862 de 1999, M.P .Carlos Gaviria Díaz
4 Sentencia T-775 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
5 Sentencia T-495 de 2001 Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil
6 Sentencia T-366 de 1999, M.P.José Gregorio Hernández Galindo
7 Sentencia T-281 de 1996, M.P.Julio César Ortíz Gutiérrez
8 Sentencia T-862 de 1999, M.P .Carlos Gaviria Díaz