Sentencia T-927/03

Referencia: expediente T-752412

Acción de tutela instaurada por Raquel Rivera Millán y Otros contra la Gobernación del Valle y Otra.

Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Bogotá D. C., diez (10) de octubre de dos mil tres (2003).

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisión del fallo adoptado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, dentro de la acción de tutela instaurada por los docentes Raquel Rivera Millán, Oscar Ibagué Sánchez, Francisco Cifuentes Zúñiga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar, Audelino Beltrán Perdomo, Mercedes Toro Villegas contra la Gobernación del Valle y la Secretaría de Educación.

I ANTECEDENTES

1. Hechos.

1.1. En su calidad de docentes al servicio del Departamento del Valle del Cauca los señores Raquel Rivera Millán, quien trabaja en el Liceo Mixto Departamental Narciso Cabal Salcedo-, Oscar Ibagué Sánchez y Audelino Beltrán Perdomo vinculados al servicio del Colegio Francisco Antonio Zea de Pradera, así como Francisco Cifuentes Zúñíga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar, estos últimos docentes al servicio del establecimiento educativo José María Villegas de la misma ciudad, presentan acción de tutela para que se les proteja el derecho fundamental a la igualdad; pues señalan que si bien participaron en el paro nacional indefinido que adelantó el magisterio por convocatoria realizada por la Federación Colombiana de Educadores, el cual se efectuó entre el 15 de mayo al 20 de junio de 2001 y que no fue declarado ilegal por las autoridades competentes; posteriormente con autorización del Consejo Directivo del Plantel recuperaron el tiempo dejado de laborar, cumpliendo con los programas previstos y culminando con el proceso académico 2000-2001, como lo acreditan las constancias expedidas por los respectivos rectores de los planteles educativos donde laboran.

Como sustento de su pretensión aducen además, que tanto en ese departamento como en otros lugares del país, se han cancelado los dineros a otros docentes que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo tanto, aspiran que a través de esta acción se les ampare el derecho a la igualdad y en esa medida se les cancele el tiempo que laboraron en el período de recuperación.

1.2. Con fundamento en hechos similares a los planteados por las docentes en mención, la señora Mercedes Toro Villegas educadora al servicio del centro educativo Manuel Antonio Sanclemente - antes Jhon F.- Kennedy de Buga, presenta acción tutela con el propósito de que se le amparen los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, pues estima que se le debe cancelar el tiempo que laboró en la recuperación, si se tiene en cuenta que no ha sido sometida a proceso alguno del que se haya derivado responsabilidad disciplinaria, que permita sancionarla con el no pago de salarios.

Cabe señalar que todos los actores expresaron en los escritos de demanda, que no han presentado anteriormente acción de tutela por los mismos hechos y en su mayoría aducen, que requieren de tales ingresos para el sostenimiento de ellos y sus familias y como consecuencia de los anterior, solicitan ordenar a la autoridad departamental accionada, el pago inmediato de todo lo adeudado por concepto de salarios y demás factores producto del tiempo recuperado y no pagado.

1.3. De los procesos conoció en primera instancia el Juzgado Segundo del Circuito de Tuluá, quien dio curso a los respectivos procesos, requiriendo a las entidades accionadas para que enviaran la información relacionada con los hechos expuestos por los actores, además solicitó a los respectivos centros educativos remitir copia auténtica de los actos administrativos mediante los cuales se aprobó la recuperación de los días no laborados y de los que acrediten que tal recuperación se realizó por parte de los tutelantes.  Asimismo, requirió al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social) para que informara si dicho movimiento fue o no declarado ilegal.

2. PRUEBAS 

Con la solicitud de Tutela los accionantes aportaron entre otros los siguientes documentos:

1. Certificación de los Consejos Directivos de los establecimientos educativos donde laboran los demandantes en la que consta la recuperación del tiempo dejado de laborar.
2.	Declaración del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la no -ilegalidad del paro nacional del magisterio.
3.	Fotocopias de los desprendibles de pago.
4.	Copia de fallos donde se ha concedido el amparo.

3.   DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

3.1     Fallos de primera instancia.

En decisiones adoptadas los días 13 de febrero 4 y 17 de marzo del año en curso, la Juez Segunda Civil del Circuito de Tuluá confirió a los docentes Raquel Rivera Millán (exp. 1309), Oscar Ibagué Sánchez (exp. 1310), Francisco Cifuentes Zúñiga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar (exp. 1311), Audelino Beltrán Perdomo (exp. 1314) y Mercedes Toro Villegas (exp. 1320), el amparo constitucional al derecho fundamental a la igualdad, al concluir, que éste efectivamente fue vulnerado por el Gobernador del Valle del Cauca y la Secretaría de Educación Departamental al negarse a cancelar a los tutelantes el período laboral que éstos recuperaron con posterioridad a su participación en el paro nacional indefinido que el magisterio realizó entre el 20 de mayo y el 15 de junio de 2001.

Para tal decisión tuvo en cuenta que está demostrado con las constancias y certificaciones allegadas a los procesos que el servicio se prestó por los demandantes, aduce además, que frente al silencio que guardaron las entidades demandadas ante el requerimiento que les hizo el juzgado opera la presunción contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Estimó igualmente, que si a otros docentes de otros colegios, pero de la misma entidad territorial, se les realizó el pago por la recuperación, a los demandantes debió efectuárseles el pago, pues estima que entre los educadores a quienes se canceló el período del paro recuperado y aquellos a quienes se les ha negado tal prestación concurren circunstancias comunes, como son haber participado en el paro, existir acuerdo para la recuperación del periodo dejado de laborar emanado del Consejo Directivo del establecimiento educativo donde laboran, a lo que se suma además que el cese de actividades no fue declarado ilegal por parte del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Con fundamento en los hechos descritos concluye, que se ha producido un desequilibrio o diferenciación en el trato que genera violación del derecho a la igualdad y mientras ella subsista se encuentran los tutelantes legitimados para intentar su protección ejerciendo la acción constitucional.

3.2    Impugnación.

Contra las decisiones adoptadas en los procesos en mención, la Gobernación del Valle, interpuso los correspondientes recursos en donde reitera los planteamientos esbozados en las contestaciones de las demandas, destacando además, que la recuperación fue en contravía del calendario escolar, pues sólo la Secretaría de Educación del Departamento es la que puede adoptar decisiones al respecto, que las facultades de esta dependencia para fijar el calendario escolar no se han delegado a las asociaciones de padres de familia o similares de los colegios, y que por consiguiente, las autorizaciones y certificaciones que estas expidan sobre el tiempo recuperado carecen de legalidad al no contar con el aval de la propia Secretaría de Educación quien es la que tiene potestad para definir el calendario escolar.

Precisó que la negativa a cancelar el período recuperado responde a la prohibición establecida en Decreto 1047 de 1967, en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), así como en las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional a través de circulares expedidas con motivo de la declaratoria y realización del cese de actividades de los educadores, cuya no declaración de ilegalidad por parte del gobierno no tiene incidencia alguna, toda vez que el denominado “paro” no se encuentra protegido ni por la constitución ni por la ley.

Sostiene que determinar si asiste o no derecho a los accionados para efectuar tales descuentos no es materia del trámite de tutela, porque existen otras vías judiciales para ello y no se dan los supuestos que permitan otorgar la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por consiguiente, solicita revocar las providencias adoptadas en primera instancia.

3.3   Fallo de segunda instancia.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, que entró a conocer en segunda instancia de las impugnaciones presentadas contra los fallos que concedieron el amparo de tutela a los educadores Raquel Rivera Millán, Oscar Ibagué Sánchez, Francisco Cifuentes Zúñiga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar, Audelino Beltrán Perdomo, Mercedes Toro Villegas, resolvió acumular los expedientes para resolverlas en un único fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 1382 de 2000.

De otra parte, consideró oportuno, solicitar a la entidad accionada, si en los registros que se llevan figuran o no acciones de amparo anteriormente presentadas por los mismos hechos y con igual objetivo por parte de los peticionarios del amparo, similar información se requirió de las oficinas de apoyo judicial de Tuluá, Buga, Palmira y Cali.

Tomando en consideración que en el curso de esa instancia, se logró allegar al proceso copias expedidas por los Juzgados Segundo Civil Municipal, Primero Laboral del Circuito y Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en las que aparece acreditado, que con anterioridad al caso sujeto análisis, las señoras María Nelcy Trujillo Bolívar, Mercedes Toro Villegas y Amanda Franco Taborda, habían instaurado acción de tutela contra la Gobernación del Departamento del Valle; del Cauca y la Secretaría de Educación Departamental, con el propósito de obtener el pago del período recuperado como consecuencia de su participación en el cese de actividades ocurrido entre los meses, de mayo y junio de 2001 entra a decidir la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga el asunto, mediante providencia de fecha 9 de mayo de 2003 en la que afirmó lo siguiente:

- Señala que en el expediente No. 1311, las docentes Amanda Franco Taborda y María Nelcy Trujillo Bolívar manifestaron bajo juramento que no habían presentado otra acción de tutela contra las entidades accionadas por los mismos hechos y que una vez requeridas las docentes por la Sala Civil de Tribunal, para que manifestaran si anteriormente habían instaurado otra acción contra las entidades accionadas para obtener la cancelación de los dineros correspondientes al periodo laboral que dicen haber recuperado con ocasión de su participación en el paro, guardaron silencio, conducta que estima la Sala evidencia temeridad y acarrea las consecuencias contempladas en artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 por consiguiente, decide revocar el fallo de primera instancia y en su lugar rechazar las pretensiones de dichas tutelantes, imponiéndoles además sanción pecuniaria y ordenando compulsar copias con destino a la Procuraduría Provincial de Buga para que se determine además si hay lugar o no a investigarlas disciplinariamente.

- Aparte de lo anterior y por la gravedad de la conducta asumida por la señora María Nelcy Trujillo Bolívar, quien no obstante obtuvo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga el amparo solicitado el día 19 de noviembre de 2001, lo que conllevó a que se ordenara al Departamento del Valle cancelarle los salarios y prima vacacional correspondientes al período recuperado, volvió a presentar demanda y por tanto, decide compulsar copias a la Fiscalía Seccional de Buga e imponerle una sanción pecuniaria superior a la impuesta a la señora Franco Taborda.

- Para el caso de la señora Toro Villegas la Sala del Tribunal estimó, que como en el escrito que originó el trámite contenido en expediente No. 1320, la accionante invoca un “nuevo hecho” no estructura conducta temeraria en este caso.

- En lo relativo a las solicitudes de amparo de los docentes Oscar Ibagué Sánchez, Raquel Rivera Millán, Francisco Cifuentes Zuñiga y Audelino Beltrán Perdomo, estima que, no resulta acertado el fallo del Juez de Primera Instancia, como quiera que la negativa de la Gobernación del Valle para cubrir los salarios y demás factores prestacionales que reclaman los actores para el período recuperado, se produjo no por una actitud arbitraria o caprichosa sino en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1647 de 1967 y en el Código Único Disciplinario, según lo cual, los nominadores no pueden ordenar el pago de servicios no prestados a menos que exista una justificación legal.

- Precisa que el carácter de nominador no radica en el Consejo Directivo de los planteles educativos en que los tutelantes laboran sino en el Departamento del Valle, ente que no autorizó tal recuperación y solo en el evento de que la entidad accionada hubiere autorizado la recuperación procedía el amparo impetrado.

- Aduce que la entidad accionada ha pagado en algunos casos, pero en cumplimiento estricto de los fallos de tutela que han sido favorables a algunos docentes, por ello concluye, que es erróneo que por esa circunstancia el Juzgado de Primera Instancia, le otorgue un alcance que no reviste el derecho fundamental a la igualdad y otorgue la protección ante el hecho de la recuperación del periodo dejado de laborar con ocasión del paro.

- Sostiene que la Gobernación del Departamento del Valle y su Secretaría de Educación Departamental, adoptaron una misma posición frente a todos los educadores de esta región que participaron en el paro cumplido entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2001, negándose a cancelarles el tiempo que por fuera del calendario escolar legalmente establecido por la Secretaría laboraron.

- Tal negativa se basó en que el ente departamental no autorizó la reposición de tiempo dejado de laborar, la que por demás aclara se realizó en época vacacional que también se remunera a los profesores.

- Por lo expuesto, estima que es evidente que no se vislumbra diferenciación de trato de la parte accionada respecto a los docentes que trabajan en dicha entidad territorial y en ese orden de ideas revoca el amparo otorgado a los docentes Oscar Ibagué Sánchez, Raquel Rivera Millán, Francisco Cifuentes Zuñiga y Audelino Beltrán Perdomo por la juez de primera instancia.

Finalmente señala que como los expedientes materia del recurso a excepción del radicado bajo el No. 1320 (tutela instaurada por la señora Mercedes Toro Villegas), fueron remitidos para el trámite de las impugnaciones sin atender los términos que para ello contempla el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, o sea, dentro de los dos días siguientes e igualmente se observa que las notas secretariales de remisión de los expedientes no coinciden con las fechas en que efectivamente se enlistaron en el oficio mediante el cual se produjo su entrega ante la Secretaría del Tribunal, considera que debe informarse a la Presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle, tal situación, para que allí se determine si la Juez Segunda Civil del Circuito de Tuluá, al no haber estado atenta a que oportunamente el secretario del despacho a su cargo realizara su envío, debe ser o no investigada disciplinariamente.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.

1.	Competencia.

Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, en el expediente de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2.	Problema jurídico.

Deberá la Sala determinar, si la acción de tutela es la vía adecuada para ordenar a la Gobernación del Valle del Cauca, que cancele a los actores el tiempo que trabajaron por fuera del calendario escolar, conforme con la autorización emitida por los respectivos Consejos Directivos de los Colegios donde laboran, para recuperar el tiempo perdido con ocasión del paro nacional docente registrado en el período comprendido entre el 15 de mayo al 20 de junio de 2001.

Para el efecto, la Sala procederá a recordar brevemente su jurisprudencia respecto de los temas que están relacionados con el asunto, para luego entrar a tomar la decisión que sea del caso.

3. Prohibición de suspensión de actividades para el personal docente.

Sea lo primero señalar, que en el tema de la sindicalización la Constitución de 1991, introdujo un cambio de gran trascendencia al reconocer expresamente el derecho de los empleadores y de todos los trabajadores - sean estos públicos o privados -, de constituir organizaciones sindicales con la sola excepción de los miembros de la fuerza pública.

En efecto el artículo 39 la Constitución Política reconoce el derecho a la libertad de asociación sindical como un derecho fundamental que se predica, tanto de los trabajadores como de los empleadores para constituir sindicatos o agremiaciones profesionales, lo que está en armonía con el artículo 38 Superior, que garantiza el derecho a la libre asociación, para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad y con lo establecido por el artículo 55 del mismo ordenamiento constitucional, que garantiza el derecho a la negociación colectiva, para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley, siendo deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Ahora bien tomando en consideración que en el presente caso, el asunto hace referencia al “paro de educadores” convocado por la Federación Colombiana de Educadores –FECODE-, debe precisarse además, lo siguiente:

- Que el artículo 56 de la Constitución Política establece que se garantiza el derecho de huelga, salvo en “los servicios públicos esenciales” definidos por el legislador.

- Que la educación, está definida por el artículo 67 Superior, como “servicio público,” que tiene una función social y que la sociedad y la familia son responsables de la educación, correspondiendo al Estado, regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizando el adecuado cubrimiento del servicio.

- Que igualmente de acuerdo a lo señalado en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo está prohibida la huelga en los servicios públicos y para tal efecto este mismo artículo precisa que se considera como servicio público “toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas.”

- Que conforme al procedimiento que establecen los artículos 444 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, para que proceda la huelga, en los servicios y actividades permitidas por la constitución y la ley, ésta debe ser declarada y cumplir el trámite previamente fijado.

- Que así mismo de conformidad con el artículo 416 del mismo Estatuto, los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales, tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.

De acuerdo con lo anotado, los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones, ni celebrar convenciones colectivas, tampoco declarar la huelga, lo cual es comprensible, si se tiene en cuenta que su vinculación con el Estado es legal y reglamentaria y de permitirse tales conductas, se atentaría contra el interés colectivo en razón a la parálisis que se produciría en la función pública no pudiendo el Estado cumplir con las finalidades establecidas en los artículos 1o y 2o de la Constitución Política.

Ahora bien, se debe distinguir entre el paro colectivo de labores en actividades donde por la clase de servicios que realizan y por la calidad de los funcionarios, está prohibida cualquier suspensión de los mismos y el cese de actividad ocasionado por motivo de una huelga legalmente declarada, ya que son fenómenos que no se pueden equiparar jurídicamente, pues mientras que el derecho de huelga como derecho fundamental tutelado por la Constitución y la ley tiene una finalidad o propósito único definido en la misma ley, como es la solución de conflictos económicos o de interés y requiere una serie de pasos o trámites que deben ser agotados previamente, el denominado “paro,” no está protegido ni por la Constitución ni por la ley, pues se trata de un acto de fuerza, una medida de hecho que no cumple ni con la finalidad prevista para la huelga, ni con los pasos previos establecidos por la ley para ésta. De otra parte, se encuentra proscrita conforme a lo señalado en el artículo 379 literal e) del Código Sustantivo del Trabajo, como actividad prohibida a los sindicatos.

En este punto resulta oportuno traer a colación, lo que dijo la Corte en la Sentencia C-1369 de 2000, en relación con el tema del no pago de los salarios durante el tiempo que dure la suspensión del servicio por la huelga legalmente declarada (art. 449 del Código Sustantivo del Trabajo):

“2.2. Como se infiere de la jurisprudencia de la Corte el derecho de huelga no es absoluto, y se encuentra condicionado a la reglamentación que establezca el legislador, quien puede imponer restricciones o limitaciones por razones de orden público, para proteger los derechos ajenos y de la colectividad y asegurar la prestación de los servicios públicos y, en general, con el fin de alcanzar una finalidad constitucional que se estime esencial o constitucionalmente valiosa.

(...)
De lo expuesto se colige que la reglamentación de la huelga, específicamente en lo que concierne con la calificación de las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de la cesación colectiva del trabajo no puede considerar exclusivamente los intereses de los trabajadores, en cuanto a las repercusiones económicas, familiares y sociales que de ella se derivan. Es necesario armonizar éstos con los intereses generales de la comunidad, en lo relativo a la continuidad en la prestación de ciertos servicios y a la necesidad de preservar las fuentes de producción y de empleo, y aún con los intereses del propio empleador, vinculados al derecho de propiedad, al desarrollo de la actividad económica y al reconocimiento de una ganancia lícita, justa y apropiada a su esfuerzo empresarial.

(...)
- Ciertamente el no pago de salarios a los trabajadores durante el periodo de la huelga los priva de unos ingresos económicos que los afectan tanto en lo personal como en lo familiar, con las consiguientes repercusiones sociales y políticas. Sin embargo, a juicio de la Corte, ello se justifica constitucionalmente por las siguientes razones:

a) El pago de salarios tiene como causa la prestación del servicio por los trabajadores. Por consiguiente, dada la naturaleza sinalagmática del contrato laboral, el cumplimiento de dicha prestación hace exigible a su vez el cumplimiento de la obligación del empleador de pagar aquéllos. El pago de salarios, sin la contraprestación de la prestación de servicios al empleador, puede configurar un enriquecimiento ilícito a favor de los trabajadores.

Si bien la falta de prestación del servicio no resulta de una omisión deliberada e individual de los trabajadores, sino que obedece a la consecuencia de una decisión y acción colectivas, de la cual no debe hacerse responsable individualmente a los trabajadores sino a la organización sindical, lo cierto es que si al trabajador puede no serle imputable el hecho de la huelga, tampoco, en principio, puede atribuírsele al empleador. En estas circunstancias, el derecho de huelga que se puede ejercer a través de la organización sindical y que determina la solidaridad de los trabajadores para cesar en el ejercicio de la actividad laboral no debe, en justicia, repercutir exclusivamente en la lesión del patrimonio del empleador y en la afectación de su derecho a la libertad de empresa.

(...)
b) La justificación del ejercicio del derecho constitucional de huelga, basado en la obligación del empleador de pagar salarios, podría implicar su desnaturalización y la afectación de principios constitucionales esenciales y valiosos, por la circunstancia de que se fomentaría el ejercicio abusivo, caprichoso y de mala fe del derecho de huelga por los trabajadores y se impediría el logro de la finalidad constitucional relativa a la solución pacífica de los conflictos por la vía del acuerdo o la concertación (preámbulo, arts.1, 2, 22, 55 y 56 C.P.), pues los trabajadores tendrían asegurada una especie de huelga contractual remunerada y no tendrían interés alguno en la solución del conflicto. Por consiguiente, el pago de salarios durante la huelga, antes que solucionar, conduciría a fomentar los conflictos colectivos de trabajo.

c) El efecto de la huelga en el no pago de salarios responde no sólo a razones jurídicas, sino a un principio de equidad, pues es injusto, irrazonable y desproporcionado que las consecuencias o perjuicios económicos que se derivan de la huelga deban recaer única y exclusivamente en una sola de las partes - los empleadores - y no en ambas, esto es, tanto en éstos como en los trabajadores.

A las cargas constitucionales que implican la función social de la propiedad y de la empresa y el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (arts. 2, inciso 2, 58, 95 y 333 de la C.P.) no puede sumarse la imposición de una carga que resulta inequitativa y desproporcionada, por afectar el patrimonio de la empresa en forma injustificada.

Adicionalmente, la huelga sufragada por los empleadores incidiría como una carga doble en el patrimonio de éstos, pues no sólo tendrían que pagar salarios durante el cese de actividades, sino adicionalmente los beneficios laborales obtenidos por la realización de éste.

- Distinta es la situación que se presenta en los casos en que la huelga de los trabajadores no sólo es lícita, sino que obedece a reclamaciones respecto de las condiciones de trabajo que se estiman perfectamente legítimas, y se origina en causas que son imputables al empleador.

Es posible imputar la huelga a la culpa del empleador, cuando ella se origina en una conducta antijurídica de éste, como sería el incumplimiento de sus obligaciones o de los deberes legales, contractuales o convencionales, que son jurídicamente exigibles v.gr., el pago de salarios.

De este modo, cuando la huelga obedece a una justa causa la suspensión de los contratos de trabajo equivale en la práctica a que el empleador haya dispuesto dicha suspensión y se justificaría el pago de los salarios, porque según el art. 140 del C.S.T. puede causarse el salario sin prestación del servicio, cuando durante la vigencia del contrato su omisión se deriva de la disposición o de la culpa de aquél.

Es evidente que en aquellos casos en que la huelga es causada por culpa exclusiva del empleador, las consecuencias jurídicas de la misma relativas a la suspensión de los contratos de trabajo resultan inaplicables, toda vez que la conducta del empleador al incidir directamente en el origen del conflicto colectivo genera una clara responsabilidad, que justifica la reparación del perjuicio causado a los trabajadores, como consecuencia de la referida suspensión.

Y, en razón de la sujeción de los particulares a la Constitución, puede predicarse una especie de obligación general social de los empleadores que los obligan a adecuar su comportamiento a hacer viable el derecho de huelga, a no activar con su conducta los conflictos colectivos, a buscar la solución de éstos y a asegurar y fomentar las relaciones armónicas entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social, de cuyo incumplimiento se derivan las correspondientes responsabilidades (arts. 4, 6, 55 y 56 C.P.).

Conviene anotar que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 23 de abril de 1999, señaló que no puede exigirse el pago del salario y de las prestaciones económicas dejados de percibir cuando la huelga es declarada de acuerdo con las disposiciones legales, lo cual significa, visto desde otra perspectiva, que en aquellos eventos en que se acredite que la conducta del empleador resultó determinante para que los trabajadores se declararan en huelga, conlleva necesariamente a que éste deberá responder por los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el término en que ella dure”.

En este mismo sentido la OIT ha señalado que “la deducción salarial de los días de huelga no plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de libertad sindical.”

De lo expuesto se puede concluir, que si en el caso de una huelga legalmente declarada, es legítimo el no pago de los salario por los días no laborados (salvo que las causas son imputables a culpa del empleador), con mayor razón procede el descuento autorizado por la misma ley, por la inasistencia al trabajo, con motivo de un cese de actividades o paro no autorizado legalmente, sino por el contrario prohibido específicamente por la ley; pues recuérdese que el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo establece que está prohibido a los Sindicatos: “...e) Promover cualesquiera cesaciones o paros en el trabajo, excepto en los casos de huelga declarada de conformidad con la ley y de huelga imputable al empleador, por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores...”.

Cabe señalar al respecto, que esta Corporación al analizar un caso similar al planteado, tuvo oportunidad de fijar de la siguiente manera, los lineamientos en relación con el tema de la no prestación de servicios con motivo de un paro docente. En efecto, sobre el tema en la Sentencia T-1059 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, dijo lo siguiente:

 “El Decreto 1647 de 1967, en su artículo 1º establece que los pagos por sueldo o cualquier otra forma de remuneración a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales, serán por servicios rendidos.

A su vez el artículo 2º ibídem señala que los funcionarios que deban certificar los servicios rendidos por los servidores públicos, estarán obligados a ordenar el descuento de todo día no trabajado sin la correspondiente justificación legal.

Norma que impone a la administración la obligación de descontar del salario de la actora, o más bien, de abstenerse de pagar el valor del salario equivalente a los días no laborados, pues de pagarlos estaría permitiendo que se enriqueciera sin justa causa en perjuicio de la misma administración pública, además de incumplir con el deber de todo servidor público de hacer cumplir la Constitución y la leyes, incurriendo presuntamente en la falta disciplinaria prevista en el Código Unico Disciplinario, artículo 40 de la ley 200 de 1995.

La remuneración a que tiene derecho el servidor público como retribución por sus servicios personales, en razón a un vínculo legal y reglamentario existente entre éste y el Estado, presupone el correlativo deber de prestar efectivamente el servicio, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias que rigen la administración del personal al servicio del Estado. Por lo tanto, no existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración por los días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el Estado la obligación de pagarlos. De hacerlo se incurriría en presuntas responsabilidades penales y disciplinarias, procediendo el descuento o reintegro de las sumas canceladas por servicios no rendidos, por resultar contrario a derecho.

Operativamente el pago del salario a los servidores públicos se realiza a través de una nómina suscrita por los funcionarios competentes en cada entidad y acorde a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1647 de 1967, debe el funcionario a quien corresponda certificar que los servicios se prestaron efectivamente, producir y comunicar la novedad relacionada con la ausencia y por ende el descuento por días no laborados sin justificación legal. Pues, no existe causa legal para su pago.

En el Decreto aludido, no se observa la exigencia de formalidad sustancial o procedimiento especial para aplicar el descuento o no pago que procede ipso jure, cuandoquiera que un servidor público no presta el servicio a que se encuentra obligado sin justificación de ley.

(..)

Tradicionalmente se ha dicho que la administración actúa por medio de los siguientes mecanismos jurídicos: los actos, los hechos, las operaciones, las omisiones y los contratos. En nuestro ordenamiento Contencioso Administrativo, se hace diferencia respecto de estos mecanismos , pero, todos ellos son susceptibles de ser juzgados a través de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como se dispone en el artículo 83 del C. C. A.

En el presente caso, nos interesa referirnos sólo a los actos administrativos, definidos como, las manifestaciones o expresiones de voluntad de la administración, tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos, como consecuencia del ejercicio de una competencia, cumpliendo ciertos procedimientos y utilizando ciertas formalidades.

La voluntad de la administración, como antes se señaló, se manifiesta a través del ejercicio de una competencia, cumpliendo ciertos procedimientos y adoptando ciertas formalidades que se refieren a la forma de presentación del acto. Por lo tanto, los actos administrativos pueden ser formales o informales, según que su presentación se haga por escrito y a través de la forma tradicional (decreto, ordenanza, resolución, acuerdo) o que la voluntad de la administración se manifieste a través de la forma escrita pero no tradicional (carta, circular, oficio) o en forma verbal. Lo importante es que esa manifestación de voluntad contenga una decisión, es decir, que modifique en alguna forma el ordenamiento jurídico.

En nuestro sistema jurídico y por regla general, se tiene una concepción muy amplia del acto administrativo desde el punto de vista de la forma y sólo en algunos casos se exigen formas estrictas de presentación de los actos, permitiendo que la voluntad de la administración se manifieste por diferentes formas y medios, unos más formales otros menos formales, según el caso y la complejidad o relevancia del asunto.

Lo anterior quiere decir que las formalidades de presentación del acto son, requisito indispensable para su validez y legalidad, sólo cuando sean sustanciales.

Cuandoquiera que se considere que el acto administrativo ha sido expedido en forma irregular puede ser controvertido por vicios de legalidad cuando las formas y trámites pueden calificarse de sustanciales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El acto como manifestación de la voluntad de la administración existe y puede ser controvertido, así su expresión conste por escrito o no, mediante un acto más o menos formal y así conste en uno o varios actos.

En la Jurisprudencia y doctrina colombianas, se ha considerado que no toda anormalidad formal o procedimental constituye factor de irregularidad del acto administrativo, diferenciándose para tal efecto, entre los llamados vicios de forma sustanciales y los accidentales, generando su nulidad los primeros, por cuanto se trata de violación a los requerimientos indicados expresamente en la ley como indispensables para la producción del acto.

Para el presente asunto se observa que la norma aplicada por la administración la cual es de imperativo cumplimiento, no contiene exigencia alguna de formalidad, a través de resolución o acto administrativo formal y escrito; por lo tanto, la actividad de la administración se ha concretado en una serie de actos que en su conjunto conforman su actuación, lo cual no es óbice para que la actora no pudiese ejercer sus derechos a controvertirlos por la vía gubernativa y jurisdiccional. Tampoco es óbice, para que se afirme que no existió acto administrativo, pues de suyo lo constituye la usual nómina de pago a los servidores del estado y las novedades para su producción y liquidación.

No existe vulneración al debido proceso, por cuanto el descuento del salario por lo días no laborados por la actora, se realizó por la causa señalada en la ley, con la observancia de las formas y mediante los procedimientos propios de este tipo de actuaciones administrativas en materia de administración de personal.

Ahora, considera esta Sala que la aplicación del Decreto 1647 de 1967 no requiere de proceso disciplinario previo, pues la norma no establece una responsabilidad disciplinaria para el servidor público, pero, sí ordena aplicar de plano y en forma inmediata el descuento o no pago de días no laborados sin justificación legal. Por lo tanto, no se trata de una pena o sanción, sino simplemente es la consecuencia que deviene ante la ocurrencia del presupuesto de hecho de la norma. No prestación del servicio por ausencia al trabajo sin justificación legal, luego, no procede el pago de salario por falta de causa que genere dicha obligación.

Desde el punto de vista probatorio tenemos que es un deber u obligación del servidor público asistir al sitio de trabajo y cumplir con las funciones que le han sido asignadas al cargo, dentro del horario y jornada laboral pre-establecidos; por lo tanto, ante la verificación de la no asistencia sin justa causa (supuesto normativo), debe proceder a ordenar el descuento (efecto jurídico), a menos que el servidor público demuestre que el motivo de la ausencia constituye “justa causa” a fin de que se extingan los efectos jurídicos de la norma.

Lo anterior, sin perjuicio de que además del no pago, la administración inicie el respectivo proceso disciplinario por las presuntas faltas disciplinarias que puedan derivarse y en que haya podido incurrir el servidor público con su conducta omisiva, imponiendo las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

Esto, en razón a que la ley contempla, como deberes de los servidores públicos, entre otros: “Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas”; “Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas...”; “Cumplir con eficiencia, diligencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial...”. (Decreto 2277/79, Ley 115/94 y Ley 200 de 1995).

Por lo tanto, de una parte, existía para la administración pública Departamental el deber de hacer cumplir los deberes de los servidores públicos y adelantar los procesos disciplinarios a que hubiere lugar y de otra, la obligación de cumplir con el mandado contenido en el Decreto 1647/67, ordenando el descuento o no pago por los días no laborados de plano y en forma inmediata.

Con relación a la manifestación que hace la actora de haber recuperado el tiempo no laborado con ocasión de su participación en el paro convocado por FECODE, no existe prueba de tal hecho y en todo caso, resulta discrecional para la administración en cabeza del funcionario competente el adoptar tal determinación, de permitir o no dicha recuperación, según las particularidades propias de cada servicio y las necesidades del mismo. El pago del tiempo recuperado tampoco procede por vía de la acción de tutela debiéndose acudir al otro medio de defensa judicial idóneo en defensa de los derechos e intereses que considere vulnerados, como lo es la Jurisdicción Laboral.

En conclusión, no se considera vulnerado el derecho al debido proceso, en razón a que no se considera por esta Sala que haya existido una actuación arbitraria por parte de las demandadas, pues se ha demostrado que éstas no se han apartado de las normas aplicables (Decreto 1647 de 1967) para realizar su propia voluntad; lo que hicieron fue precisamente aplicar la ley en cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.

4. Análisis del caso concreto.

En el presente asunto manifiestan los actores, que estiman vulnerados sus derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, por la no cancelación de los salarios en el período comprendido entre el 15 de mayo al 20 de junio de 2001, que realizó la Gobernación del Valle del Cauca con motivo del “paro nacional indefinido” en el que participaron por convocatoria que realizó FECODE, como expresión del rechazo hacia las políticas y reformas a adoptarse por el Gobierno Nacional, no obstante que aclaran que posteriormente a esas fechas, repusieron el tiempo dejado de laborar, como lo acreditan las certificaciones de los respectivos Rectores de las instituciones educativas donde laboran.

Para resolver se considera:

- En diferentes oportunidades esta Corporación ha señalado, que la acción de tutela al tenor de lo establecido en el artículo 86 de la Carta Política y reiterado en el artículo 6o del Decreto 2591 de 1991, sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

- De igual manera esta Corporación, ha sido enfática en señalar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para lograr la cancelación de acreencias laborales, pues para ello existen medios de defensa judicial ordinarios a los que pueden acudir los afectados con miras a satisfacer sus pretensiones, salvo que el no pago de ellas esté afectando su mínimo vital o el de su familia.

Ahora bien, al abordar el asunto sometido a consideración, la Sala estima que lo primero que debe analizarse es la causa o razón del no pago de los salarios correspondientes al período reclamado, así como también se debe establecer si realmente con dicha actuación se vulneraron los derechos fundamentales que señalan los actores como lesionados.

Conforme con las pruebas que obran en el expediente, aparece que el no pago o descuento del salario realizado a los actores, se hizo en razón a su inasistencia al sitio de trabajo, sin autorización ni permiso previo por parte de la entidad nominadora, incumpliendo así con su deber de prestar los servicios a que estaban obligados en virtud de la relación laboral existente como docentes vinculados al Departamento del Valle del Cauca, motivo por el cual no había lugar al pago de contraprestación como lo establece el Decreto 1647 de 1967.

De otra parte, cabe además destacar, que la causa del descuento se originó en un hecho propio, libre y voluntario de los actores que decidieron no asistir a sus labores durante los días que se realizó el paro, para participar en el mismo, debiendo asumir las consecuencias legales que tal conducta implica, como es precisamente el no pago de los salarios, pues ello se originó en una decisión personal de participar en una actividad que está prohibida por el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo anterior resulta a todas luces manifiesto, que la presunta afectación de los actores por no recibir su remuneración en el periodo solicitado, la propiciaron ellos mismos cuando libremente decidieron asistir al paro en lugar de acudir al trabajo en cumplimiento de sus deberes, generando muy seguramente una disminución en los ingresos familiares, pero sin estar acreditada realmente la vulneración al mínimo vital, pues tal situación no se alegó y menos aún, se aportaron pruebas que así lo demuestren y además cabe destacar que entre la ocurrencia de los hechos y la interposición de la tutela pasó más de un año y medio.

Debe tenerse en cuenta así mismo que para el caso, la actuación del empleador resulta legítima, por cuanto se ajusta a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. En efecto como se expresó anteriormente, el no pago de los salarios reclamados por los actores, obedece a una causa imputable a los propios actores, hecho que dio lugar a la aplicación de la ley contenida en los artículos 1o. y 2o. del Decreto 1647 de 1967. Además se estima que de persistir la inconformidad por parte de los actores frente a la actuación de la administración departamental, existe otro medio de defensa judicial ante el cual pueden acudir, para controvertir la legalidad en la aplicación de ésta medida, resultando improcedente la acción de tutela.

Ahora bien, respecto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad, se considera que no le asiste razón a los actores en su reclamación, ya que los mismos no demostraron que a otros docentes del mismo Departamento de Valle del Cauca en idénticas condiciones que las suyas, se les haya autorizado mediante una decisión de carácter administrativo del propio nominador y ordenador del gasto, la recuperación del tiempo no laborado con motivo del paro nacional docente efectuado entre el 15 de mayo al 20 de junio del 2001 y en consecuencia de lo anterior se les haya autorizado cancelar los salarios por los servicios prestados posteriormente, siendo este el presupuesto necesario para poder inferir o predicar la vulneración de éste derecho.

Y en relación con el argumento de que a los educadores pertenecientes a otros Departamentos, ya se les canceló el tiempo de la recuperación, debe recordarse que como se expresó en la Sentencia T-700 de 2001, las entidades territoriales tienen plena autonomía para la administración y el manejo del recurso docente a su cargo y en tal medida pueden tomar decisiones distintas entre ellas.

De otra parte se estima además, que si bien los accionantes aducen haber trabajado por fuera del calendario académico, debidamente autorizados por el Consejo Directivo de los respectivos Planteles y los Rectores de dichos establecimientos educativos así lo certifican, en razón de que la Gobernación del Valle del Cauca como nominador y ordenador del gasto no autorizó directamente ni a través de su Secretaría de Educación la recuperación del tiempo que duró el paro, ni los docentes, ni inclusive los propios planteles educativos a través de sus directivas (Consejo Directivo o Rector del Plantel) pueden autorizar unilateralmente esa clase de prestación de servicios, pues no tienen competencia para modificar o alterar el calendario escolar fijado por la Secretaría de Educación Departamental, ni pueden tomar decisiones como ruedas sueltas, ya que hacen parte del sistema educativo nacional que tiene unos órganos de dirección que fijan las directrices dentro del ámbito de su competencia.

Así mismo recuérdese, que como se indicó anteriormente de conformidad con los artículos 56 y 67 de la Constitución Política el cese de actividades no está permitido en la educación por ser un servicio público.

De otra parte debe tenerse en cuenta, que en los artículos 44 y 45 del Decreto 2277 de 1979, se exige el cumplimiento de la jornada laboral y el deber de desarrollar las funciones de sus cargos sin poder suspender sus actividades, salvo claro está circunstancias debidamente justificadas, que para el caso no se configuran, de ahí pues, que no estaban habilitados para sustituir unilateralmente y a su arbitrio unos días por otros, así existieran nobles motivos.

Ciertamente se estima entonces, que el paro o protesta en que participaron los actores, no consistió en una actividad legítima, puesto que no se trataba del ejercicio del derecho a la huelga derivado del derecho de asociación sindical; así como tampoco se trataba del ejercicio del derecho de huelga en actividades o servicios permitidos por la ley; sino de un paro como protesta por inconformidad con políticas gubernamentales anunciadas, no pudiendo constituirse en una justa causa para no asistir al lugar de trabajo.

Consecuente con lo anterior, debe señalarse que para nada incidía entonces el que no se hubiese declarado como ilegal el paro, porque sencillamente no hubo declaratoria de huelga de conformidad con lo establecido en la ley, artículos 444 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, por lo tanto, mal podría haber pronunciamiento sobre su legalidad o ilegalidad.

En conclusión se estima, el argumento de no haber sido declarada la ilegalidad de la huelga, tampoco podía tenerse como justificativo de la falta al trabajo por parte de los accionantes, por las razones expuestas anteriormente.

La conducta desplegada por la Gobernación del Valle de pagar a los tutelantes solo el tiempo efectivamente laborado de acuerdo con el calendario escolar definido por la Secretaría de Educación, no constituye un desconocimiento al debido proceso, pues tal actuación se encuentra debidamente justificada, si se tiene en cuenta que no se pueden cancelar los salarios y demás prestaciones sociales a quien no ha prestado el servicio para el que fue contratado.

En ese orden de ideas se estima entonces, que la ausencia de pago de los días no trabajados en el período en discusión, antes de constituir una consecuencia disciplinaria por la participación de los actores en el cese de actividades es el resultado de la conducta asumida por los accionantes, y debía producirse, necesariamente, sin que para el efecto cuenten las causas que motivaron su inasistencia a la jornada escolar, previamente programada por el ente territorial de acuerdo al calendario escolar.

De acuerdo con los argumentos expuestos y ante la ausencia de vulneración de los derechos invocados por los actores, se concluye que la acción de tutela no resulta procedente en el presente caso - artículo 86, C.P.-. dado que el mismo puede ser ventilado por los demandantes ante la justicia ordinaria.

Por lo anterior se considera, que tuvo razón la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga, cuando mediante sentencia del 9 de mayo de 2003 resolvió revocaron los fallos proferidos los días 13 de febrero 4 y 17 de marzo de 2003, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá que concedían el amparo al derecho a la igualdad de los docentes dentro de los expedientes de tutela radicados en esa instancia con los siguientes números: Raquel Rivera Millán (exp. 1309), Oscar Ibagué Sánchez (exp. 1310), Francisco Cifuentes Zúñiga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar (exp. 1311), Audelino Beltrán Perdomo (exp. 1314) y Mercedes Toro Villegas (exp. 1320).

Así mismo, se estima acertada la decisión del ad quem, de rechazar las demandas interpuestas por las educadoras Amanda Franco Taborda y María Nelcy Trujillo Bolívar, por haber presentado previamente otra acción de tutela contra las mismas entidades accionadas y por los mismos hechos e imponerles la sanción de multa a dichas docentes en la cuantía de uno (1) y dos (2) salarios mínimos respectivamente.

La Sala comparte igualmente, la decisión adoptada por el H. Tribunal en lo relativo a que se remita a la Procuraduría Provincial de Buga copia del fallo en mención, así como copias de las actuaciones que reposan a folios 2 a 12, 18, 21, 24 a 30 del cuaderno No. 1º (exp. 1311), 2 y 3 del cuaderno No. 2º y 52 a 87 del cuaderno No. 3º, a fin de que dicha entidad determine, si hay lugar o no a investigar disciplinariamente a las docentes Amanda Franco Taborda y María Nelcy Trujillo Bolívar vinculadas al servicio de la institución educativa José María Villegas Amanda Franco Taborda y María Nelcy Trujillo Bolívar.

Así como la decisión adoptada en el mismo fallo, de enviar copia de lo actuado a la Fiscalía Seccional de la ciudad de Buga, para que se investigue la actuación realizada por la educadora María Nelcy Trujillo Bolívar, quien al parecer volvió a presentar acción de tutela contra las mismas autoridades y por los mismos hechos, no obstante haber obtenido el día 19 de noviembre del 2001, fallo favorable por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad.

Igualmente estima que se encuentran ajustadas a derecho, las razones que expuso el organismo judicial de segunda instancia para declarar improcedentes las acciones presentadas por los educadores Raquel Rivera Millán, Oscar Ibagué Sánchez, Francisco Cifuentes Zúñiga, Audelino Beltrán Perdomo y Mercedes Toro Villegas.

Y se está de acuerdo con la remisión que se hizo de algunas piezas procesales con destino a la presidencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle con el fin de que se determine si hay lugar o no a investigar disciplinariamente a la Juez Segunda Circuito de Tuluá , por no remitir oportunamente el despacho los expedientes para su tramite de segunda instancia en los términos establecidos en artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Conclusión.

Por las razones expuestas se confirmará en su integridad, el fallo proferido por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Buga del 9 de mayo de 2003, dentro de la acción de tutela instaurada por los docentes Raquel Rivera Millán, Oscar Ibagué Sánchez, Francisco Cifuentes Zúñiga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar, Audelino Beltrán Perdomo, Mercedes Toro Villegas contra la Gobernación del Valle y la Secretaría de Educación.

III.	DECISION

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

R E S U E L V E :

Primero.- CONFIRMAR en su integridad y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el fallo proferido por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Buga del 9 de mayo de 2003, dentro de la acción de tutela instaurada por los docentes Raquel Rivera Millán, Oscar Ibagué Sánchez, Francisco Cifuentes Zúñiga, Amanda Franco Taborda, María Nelcy Trujillo Bolívar, Audelino Beltrán Perdomo, Mercedes Toro Villegas contra la Gobernación del Valle y la Secretaría de Educación.

Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1.991.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ 
Magistrada

JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretaria General (E)