Sentencia T-390-04

Reiteración de Jurisprudencia

Referencia: expediente T-838437

Acción de tutela instaurada por Claudia Patricia Mendoza Daza contra la E.P.S. Salud Total.

Magistrado Ponente:

Dr. JAIME ARAUJO RENTERÍA.

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil cuatro (2004).

SENTENCIA

dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos, respectivamente, por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar y por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad, en el trámite de la acción de tutela iniciada por la ciudadana CLAUDIA MENDOZA DAZA contra la E.P.S. SALUD TOTAL.

1. ANTECEDENTES.

La señora CLAUDIA MENDOZA DAZA interpuso acción de tutela contra la E.P.S. SALUD TOTAL, Sucursal Valledupar, y señaló en su escrito que considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la igualdad, vida digna, seguridad social, la niñez y la familia, entre otros, en razón de que la entidad demandada se niega a pagarle la licencia de maternidad a que tiene derecho.

La  demanda de tutela aparece sustentada en los siguientes hechos:

- Manifiesta la demandante que desde el mes de septiembre de 2000 se afilió a la empresa Salud Total E.P.S. a través de la Sociedad Instrumentadores Asociados LTDA, y durante su afiliación ha efectuado debidamente los pagos de sus aportes. Indica que el día 20 de enero de 2003 nació su hijo, y hasta la fecha de presentación de la tutela, agosto 20 de 2003, Salud Total no le ha cancelado la licencia de maternidad que por ley le corresponde, pese a los múltiples requerimientos de la actora.

- Señala que tiene todos los recibos correspondientes a los aportes desde la fecha de su vinculación, incluso anexa a su demanda los correspondientes a los últimos seis (6) meses. Explica que cuando se afilió a la E.P.S. mencionada, el asesor Luis Fernando Gnecco le expuso en forma clara y precisa que los pagos debían efectuarse dentro de los 10 primeros días de cada mes  una vez causado el mismo, y así lo hizo siempre, anotando que nunca recibió comunicación por parte de la E.P.S. demandada de que se encontraba en mora de pagar la respectiva cotización en salud.

2. PRUEBAS RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE.

- A folio 3 del expediente, escrito de petición de la demandante, de enero 29 de 2003, dirigido a la E.P.S. Salud Total, solicitando explicación sobre la negativa del pago de su licencia de maternidad.

- A folio 6 del expediente, nuevo escrito de petición de la actora, de 26 de febrero de 2003.

- A folios 17 y 18 del expediente, fotocopia simple de la cédula de ciudadanía y del carné de afiliación de la señora Claudia Patricia Mendoza Daza.

- En folios 7 a 13 del expediente, fotocopias simples de las planillas de pagos correspondiente a los últimos 7 meses anteriores al parto.

3. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA.

En escrito recibido el día 29 de agosto  de 2003 en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar, el Gerente de la sucursal Valledupar Salud Total E.P.S. sostuvo que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 806 de 1998, “al momento de generarse el derecho a la licencia, esto es para el nacimiento de su hijo, no debía encontrarse en mora en el sistema, igualmente el artículo 21 del decreto 1804 de 1999 exige la cancelación oportuna de los aportes durante los seis meses anteriores al parto. Los  aportes realizados durante el período de gestación de su hijo, presentaron mora en varias oportunidades respecto a la fecha de vencimiento establecida en el decreto 1406 de 1999”.

4. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.

En primera instancia el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar, mediante sentencia de septiembre 4 de 2003 negó la protección de los derechos invocados, tras considerar que: “no puede el despacho por este medio ordenar a una entidad reconozca un derecho que se pretende hacer valer, por la sencilla razón que existe un  mecanismo judicial que es la jurisdicción laboral la  encargada de ventilar este asunto que amerita un procedimiento probatorio y especializado para sea en últimas el que determine o dé la razón jurídica  a quien la tiene, sabemos que la acción de tutela procede como mecanismo preferencial cuando no exista otro medio judicial como debatirse”.

Esta decisión fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, a través de fallo de 16 de octubre de 2003, fundándose en que “la razón de peso que sirve de argumentación a la accionada para negarse a pagar la licencia de maternidad en cuestión es que la accionante o su patrono no hicieron los pagos oportunos dentro de los cuatro últimos períodos de cotización como lo establece la ley y efectivamente del reporte que éstos hacen se evidencia una ostensible mora en los mismos en la medida que esto sea cierto, pues es verdad también que ello puede ser controvertido y demostrado lo contrario, pero lo hemos dicho este no es el escenario para tal debate, solo traemos a colación este tema porque este tipo de situaciones generan consecuencias negativas para los usuarios de esta clase de servicios”.

5. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

1. Competencia.

Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.  Al igual que en cumplimiento del Auto de Selección No. 1 de 30 de enero de 2004.

2.        La licencia de maternidad y su protección constitucional.

Se debate en el presente caso si la  tutela es procedente para obtener pago  de la licencia de maternidad de una trabajadora cuyo empleador realizó algunos pagos extemporáneos de las cotizaciones en salud dentro del régimen contributivo.

Las reglas que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido para la procedencia de una acción de tutela dirigida al pago de una licencia de maternidad son las siguientes:

1. En principio se trata de un derecho prestacional y, en consecuencia, no es susceptible de protección por vía del amparo constitucional. No obstante, cuando se halla en relación inescindible con derechos fundamentales de la madre o del recién nacido - tal es el caso de los derechos a la vida digna, a la seguridad social y a la salud -, el derecho al pago de la licencia de maternidad configura un derecho fundamental por conexidad y, por tanto, susceptible de protección por vía de tutela. (Sentencias T-175/99, T-210/99, T-362/99,         T-496/99, T-497/02 y T-664/02).

2. Cuando la satisfacción del mínimo vital de la madre y del recién nacido dependen del pago de la licencia de maternidad, el reconocimiento de este derecho deja de plantear un tema exclusivamente legal, sometido a la justicia laboral, y se torna constitucionalmente relevante. En estos supuestos excepcionales, el pago de la licencia de maternidad puede ser ordenado por el juez de tutela. (Sentencias T-568/96, T-270/97, T-567/97, T-662/97,              T-104/99, T-139/99, T-210/99, T-365/99, T-458/99, T-258/00, T-467/00,      T-1168/00, T-736/01, T-1002/01 y T-707/02).

3. La entidad obligada a realizar el pago es la empresa promotora de servicios de salud, con cargo a los recursos del sistema de seguridad social integral. No obstante, si el empleador no pagó los aportes al sistema de seguridad social en salud o si los aportes fueron rechazados por extemporáneos, es él el obligado a cancelar la prestación económica. (Sentencias T-258/00 y T-390/01).

4. Si el empleador canceló los aportes en forma extemporánea y los pagos  fueron aceptados en esas condiciones por la entidad promotora del servicio de salud,  hay allanamiento a la mora, y por tanto ésta no puede negar el pago de la licencia (Sentencias T-458/99, T-765/00, T-906/00, T-950/00, T-1472/00, T-1600/00, T-473/01, T-513/01,T-694/01, T-736/01, T-1224/01, T-211/02,  T-707/02 y T-996/02).

e. Para que la vulneración del mínimo vital por la falta de pago de la licencia de maternidad genere amparo constitucional es preciso que el cumplimiento de esa prestación económica sea planteado por la madre ante los jueces de tutela dentro del año siguiente al nacimiento de su hijo, de conformidad con la última jurisprudencia planteada por esta misma Sala, conforme a la cual “ siendo la voluntad del Constituyente que los derechos del niño prevalezcan sobre todos los de los demás, y que durante el primer año de vida gocen de una protección especial, el plazo para reclamar el derecho a la licencia por vía de tutela no puede ser inferior al establecido en el artículo 50 de la Constitución Política o sea 364 días y no 84 como hasta ahora lo había señalado jurisprudencialmente esta Corporación”. T-999 de 2003 M.P. Jaime Araújo Rentería.

El mencionado fallo estableció que el plazo para demandar en tutela cuando se trata del pago de la licencia de maternidad no puede ser tan perentorio que haga írrito o nugatorio el derecho que ya existe en cabeza de la madre, por ello dijo la Corte “el plazo no puede desconocer valores, principios o normas constitucionales como el artículo 43 que establece que después del parto la madre goza de especial protección del Estado; o el 53 que reitera la protección especial a la maternidad; o el artículo 44 que ordena que los derechos de los niños prevalezcan sobre los derechos de los demás o el artículo 50 que manda a proteger y dar seguridad social a todo niño menor de un año.”

6. Estimó la Corte en esa oportunidad que frente a reclamos de tal naturaleza existe una protección doblemente reforzada, pues concurren los derechos constitucionales del hijo y de la madre al mismo tiempo, que forman una unidad, mayor que la suma de los elementos que la integran (madre e hijo) y que por lo mismo debe protegerse como tal.1

3.        Caso concreto.

Aplicando las reglas jurisprudenciales referidas a la presente acción de tutela las conclusiones que se obtienen son las siguientes:

1. El empleador de la actora incumplió la obligación legal que le asiste de pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social en salud. Tratándose de un pequeño aportante, y según el último dígito de afiliación, debía realizar los aportes como fecha máxima el 4º día hábil de cada mes. No obstante, en algunos meses lo hizo varios días más tarde, como lo expuso la entidad demandada en su escrito de respuesta. 

2. La E.P.S. recibió los aportes a pesar de haber sido pagados de manera extemporánea. Por tanto, en principio, obraría, como adelante se expondrá, el allanamiento a la mora y aquella estaría en la obligación de cancelar la prestación económica que se encuentra pendiente.

3. En cuanto a la oportunidad de la presentación de la acción de tutela, fundamento de la sentencia de segunda instancia para negar el amparo reclamado, se observa que la solicitante presentó la demanda de tutela el 20 de agosto  de 2003, dentro del año siguiente al nacimiento de su hijo, acaecido  en el mes de enero de 2003.

Tales circunstancias se ajustan a los presupuestos diseñados por la jurisprudencia vigente sobre la materia, por lo cual debe accederse al amparo reclamado, teniendo en cuenta que la razón de fondo que aduce la entidad demandada para negar la tutela es la del pago tardío de las cotizaciones, tema que ya la Corte ha resuelto señalando que una “mujer tiene derecho a percibir lo correspondiente a su licencia de maternidad, aunque haya cotizado extemporáneamente al Seguro Social, cuando la mora ha quedado saneada, es decir, cuando la cotización no ha sido devuelta o ha sido recibida sin objeción alguna”.2 En este caso además, esta probado que la peticionaria hacía sus aportes los primeros 10 días  de cada mes, y Salud Total no hizo ningún requerimiento al respecto, sólo ahora ante el reclamo por el  pago de la licencia, aduce que las cotizaciones han sido extemporáneas.

En aplicación, pues, del principio de buena fe, entendido como la confianza en las relaciones jurídicas entre las partes, las E.P.S. no pueden desconocer el pago de la licencia de maternidad cuando se hubieren allanado a  la mora del empleador. En efecto, “si una empresa promotora de salud no alega la mora en la cancelación de los aportes que realiza el empleador a la seguridad social, posteriormente no puede negar la prestación económica del trabajador por ese hecho, pues aceptar lo contrario implicaría favorecer la propia negligencia en el cobro de la cotización e impondría “una carga desproporcionada a la parte más débil de esta relación triangular, esto es, al trabajador”3. Además, debe recordarse que el Seguro Social está en todo el derecho de reclamar al empleador el pago oportuno de las cotizaciones y de los intereses moratorios que se originan con el incumplimiento, “pues esa entidad tiene los medios jurídicos que expresamente se disponen para ello, y en caso de que éstos sean insuficientes, es deber del Legislador desarrollar tales mecanismos a fin de asegurar la eficacia del sistema de seguridad social”4.

4. Lo anterior permite concluir que los jueces de instancia han debido conceder el amparo invocado por la actora, en el entendido de que se afectó su mínimo vital, pues el monto de la licencia se constituía en su salario durante la época posterior al parto, en relación con lo cual obran los dos escritos de petición que la demandante le formuló a la E.P.S., y que contra toda lógica y derechos de la madre e hijo, esta entidad se resistió a pagar.  La jurisprudencia a este respecto ha hecho hincapié en  que la  misión del juez de tutela  que  constata que por la omisión de las autoridades o los particulares se afectan los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la subsistencia en condiciones dignas, por carencia de un mínimo vital, debe ordenar lo pertinente para no vaciar el contenido de los derechos que se busca proteger, tanto a la madre como a su hijo. “No enaltece ni a la maternidad, ni a la dignidad, ni a la igualdad, y ni a la especial protección al niño, la negativa de la entidad accionada en (sic) reconocer un derecho de contenido económico que hace parte del mínimo vital.” T-999 de 2003.

5. Finalmente, y en atención a las consideraciones de la sentencia de primera instancia para negar el amparo deprecado,  relativas  a la existencia de otra vía judicial para lograr el pago de la licencia de maternidad, valga reiterar la jurisprudencia seguida por esta misma Sala en oportunidad anterior ( T- 1068 de 2003) según la cual “ El principio del derecho al pago oportuno de la licencia de maternidad, que se traduce en que la titular de tal derecho, como regla general, no tenga que someterse a esperar, por un largo tiempo, una decisión del juez laboral, para lograr el reconocimiento económico correspondiente. Sino que pueda gozar, simultáneamente, con el nacimiento de su hijo, de la tranquilidad que le significa el pago oportuno. Cabe recordar que tales consideraciones radican en la importancia de este período, que resulta irrecuperable, para fortalecer las relaciones entre la madre y su hijo, aspectos que, según enseña la experiencia, puede contribuir a erradicar, en medida importante, la violencia que se produce en el seno de las relaciones familiares, cuando, frente al nacimiento de un hijo, no se reconocen los derechos económicos a que la familia tiene derecho. T-568 de 1996 ; T-339 de 19945.

6. En consecuencia, se revocarán las sentencias revisadas para en su lugar acceder a lo pedido.

V. DECISIÓN.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Primera Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero. REVOCAR las sentencias proferidas, respectivamente, por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Valledupar y por el Juzgado Cuarto Penal  del Circuito de Valledupar, y en su lugar, CONCEDER la tutela por los derechos fundamentales a la maternidad, a la protección del recién nacido y al mínimo vital de la señora CLAUDIA MENDOZA DAZA.

Segundo. ORDENAR a Salud Total E.P.S., Seccional Valledupar que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a pagar a la actora el valor de la licencia de maternidad que le corresponde, de conformidad con las razones expuestas en este fallo.

Tercero. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Magistrado Ponente

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Magistrado

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO

Secretario General (e)

1 Sentencia T-999 de 2003

4 Sentencia T-664 de 2002.

3 Sentencia C-177 de 1998 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero

4 Ibídem.

5 Argumento utilizado en la sentencia T-880 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra