SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia de aclaración
La Jefe del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio de Neiva pretende que la Corte le aclare la manera de interpretar la Sentencia C-522 de 2002 en relación con su aplicación para el caso de inmuebles comerciales. Frente a dicha solicitud debe la Corte reiterar su jurisprudencia en el sentido que no tiene competencia para proferir nuevas decisiones sobre asuntos ya fallados, ni para adicionar las sentencias ya dictadas, como tampoco para aclarar sus fallos, los cuales son de obligatorio cumplimiento. En efecto, la Corte Constitucional carece de competencia para resolver sobre el asunto, mucho más si se tiene en cuenta que la Sentencia de que se trata fue notificada el 13 de agosto de 2002 y su texto no da lugar a ambigüedades, tal como se expuso en el Auto 090 del 13 de mayo de 2003.
Referencia: solicitud aclaración de la Sentencia C-522 de 2002
Expediente D-3830
Peticionaria: Sandra Constanza Clavijo Monroy
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005).
I. ANTECEDENTES
Sandra Constanza Clavijo Monroy, quien afirma actuar en su calidad de Jefe del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio de Neiva, presentó escrito mediante el cual solicita se aclare el alcance de la Sentencia C-522 de 2002, proferida por esta Corporación, “en el sentido de que si lo decidido por la Corte Constitucional se aplica únicamente para el caso de inmuebles destinados a vivienda o si por el contrario se podría aplicar para el caso de inmuebles comerciales”.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Improcedencia de aclaración de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional
En reiteradas oportunidades esta Corporación ha manifestado que, según lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991, contra las sentencias que profiere la Corte Constitucional no caben aclaraciones ni revisiones, máxime cuando la decisión resulta inequívoca y no hay lugar a imprecisión alguna1. Al respecto ha sostenido:
“Una vez proferido un fallo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, no puede la Corporación, inmiscuirse en la interpretación que de lo resuelto realicen funcionarios oficiales o por los particulares, careciendo además de competencia para resolver fuera de proceso consultas o inquietudes como la que se formula en el escrito petitorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política de 1.991” 2.
La labor de la Corte, cuando conoce de una demanda de inconstitucionalidad, es confrontar la norma objeto de impugnación con los preceptos de la Constitución y producto de ello se profiere un fallo que hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 241 de la Constitución Política, las funciones asignadas a la Corte Constitucional deberán cumplirse “en los estrictos y precisos términos de este artículo”; y en dicho precepto no se le confiere la facultad de revisar sus propias decisiones. Por consiguiente, no está dentro de su competencia absolver consultas o aclaraciones que se originen en la interpretación y cumplimiento de sus fallos3.
Sobre el punto la Sala Plena de la Corporación, en Sentencia C-113 del 25 de marzo de 19934, expresó que "ninguna de las normas de la Constitución que reglamentan la jurisdicción constitucional, confiere a la Corte la facultad de aclarar sus sentencias”.
La Jefe del Departamento Jurídico de la Cámara de Comercio de Neiva pretende que la Corte le aclare la manera de interpretar la Sentencia C-522 de 2002 en relación con su aplicación para el caso de inmuebles comerciales. Frente a dicha solicitud debe la Corte reiterar su jurisprudencia en el sentido que no tiene competencia para proferir nuevas decisiones sobre asuntos ya fallados, ni para adicionar las sentencias ya dictadas, como tampoco para aclarar sus fallos, los cuales son de obligatorio cumplimiento.
En efecto, la Corte Constitucional carece de competencia para resolver sobre el asunto, mucho más si se tiene en cuenta que la Sentencia de que se trata fue notificada el 13 de agosto de 2002 y su texto no da lugar a ambigüedades, tal como se expuso en el Auto 090 del 13 de mayo de 2003.
De conformidad con lo anterior, se rechazará la petición formulada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la petición formulada por Sandra Constanza Clavijo Monroy.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
1 Cfr. Corte Constitucional. Autos 021 del 28 de abril de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), 063 del 21 de junio de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y 001A del 20 de enero de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
2 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 054 del 17 de mayo de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
3 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 153 del 29 de noviembre de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
4 M.P. Jorge Arango Mejía.