Sentencia C-100/07

INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda

Referencia: expediente D-6375

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley 1016 de 2006 “por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional”, las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” y la Ley 18 de 1989 “por medio de la cual se establecen requisitos y condiciones en el desempeño de la divulgación y prensa de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional”

Actor: Julio Ernesto Hencker Arcila

Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS

Bogotá D.C.,  catorce (14) de  febrero de dos mil siete (2007).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I.	ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Julio Ernesto Hencker Arcila presentó demanda de inconstitucionalidad contra la los artículo 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°  de Ley 1016 de 2006 “por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional”, las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” y la Ley 18 de 1989 “por medio de la cual se establecen requisitos y condiciones en el desempeño de la divulgación y prensa de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional”.

Mediante auto del treinta y uno (31) de julio de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda en relación con los artículo 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 1016 de 2006 respecto la supuesta vulneración del artículo 67 superior  y en contra de las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, por desconocer el artículo 48 de la Constitución Política.

En el mismo auto  se inadmitió la demanda en relación con la acusación formulada en  contra el parágrafo único del artículo 5° y los artículos 6° y 7° de la Ley 1016 de 2006, así como respecto de la Ley 18 de 1989 por la supuesta violación de los artículos 20, 73, 74 y 121 superiores, por considerar que ésta no cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos por el articulo 2° del Decreto 2067 de 1991. En consecuencia concedió un término de  tres (3) días al actor para efectos de que corrigiera la demanda. 

En el mismo auto del treinta y uno (31) de julio de 2006, el Magistrado Sustanciador dispuso correr traslado  al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las disposiciones acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, y al Presidente del Congreso de la República, así como también a los Ministro del Interior y de Justicia y de Comunicaciones, para que, de estimarlo oportuno, conceptuaren sobre la constitucionalidad de los artículos y expresiones acusadas.

El Magistrado Sustanciador, mediante auto del veinticuatro (24) de agosto de 2006, luego de examinado el respectivo escrito de corrección rechazó la demanda contra el parágrafo único del artículo 5° y los artículos 6° y 7° de la Ley 1016 de 2006 así como respecto de la Ley 18 de 1989, en lo atinente a la presunta vulneración de los artículos 20, 73, 74 y 121 superiores, por no reunir los presupuestos exigidos por el articulo 2° del Decreto 2067 de 1991. 

Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. NORMAS DEMANDADAS

A continuación se transcribe el texto de las normas referidas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 46.192 del veinticuatro (24) de febrero de 2006 y el  Diario Oficial No. 41.148 del veintitrés (23) de diciembre de 1993. Se subraya lo demandado.

“LEY 1016 DE 2006
(febrero 24)
por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Esta ley tiene por objeto la adopción de normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística a fin de garantizar su libertad e independencia profesional.

Para los efectos del inciso anterior se entiende que la actividad profesional que se reconoce en la presente Ley es de la rama de la comunicación en sus diferentes denominaciones.

Artículo 2°. Registro. Los títulos expedidos por las universidades o instituciones de educación superior legalmente reconocidas podrán registrarse en el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 3°. Revalidación, Convalidación y Homologación. Para los efectos de la revalidación, convalidación y homologación de los títulos respectivos se tendrán en cuenta las distintas denominaciones en la rama de la comunicación.

Artículo 4°. Títulos de Instituciones Extranjeras. Los títulos académicos expedidos por las instituciones extranjeras en la rama de la comunicación de que trata la presente ley podrán ser reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Artículo 5°. Efectos legales. Las normas legales que amparan el ejercicio del periodismo serán aplicables en su integridad a los profesionales que ejercen dicha actividad bajo las distintas denominaciones de que trata la presente ley.

Parágrafo. También, para todos los efectos legales, se reconocerá la categoría profesional, con miras a la protección laboral y social, a las personas que acrediten el ejercicio de su actividad como periodistas o comunicadores ante el Ministerio de la Protección Social, o ante la entidad que haga sus veces, o ante las instituciones de educación superior legalmente reconocidas, empresas de comunicación y organizaciones gremiales o sindicales del sector. Para los efectos de este reconocimiento, se tendrán como medios de prueba las acreditaciones académicas, laborales, gremiales y sindicales del sector. Tales acreditaciones se expedirán a partir de criterios objetivos, razonables y verificables.

Artículo 6°. Igualmente declárase el día cuatro (4) de agosto de todos los años como el Día del Periodista y Comunicador en conmemoración de la primera publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre, realizada el 4 de agosto de 1794 por Antonio Nariño Precursor de la Independencia.

Artículo 7°. Estatutos, Código de Etica y Protección Profesional. Las organizaciones gremiales o sindicales de los profesionales de que trata la presente ley deberán adoptar o actualizar y divulgar sus estatutos y sus respectivos códigos de ética, al tenor de las normas aquí establecidas en un término no mayor a seis (6) meses a partir de la sanción de la presente ley.

Todo profesional de los definidos en la presente ley, que sea contratado bajo cualquier modalidad o enviado por un medio de comunicación u organización a cubrir una noticia o evento en situación, lugar o condición que implique riesgos para su vida o integridad personal o para su libertad, tendrá derecho a que el contratante o quien utilice sus servicios previamente constituya seguros mediante los cuales lo proteja de dichos riesgos.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga todas las normas que le sean contrarias.

(…)
LEY 100 DE 1993
(diciembre 23)
por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 139. Facultades Extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para:   (…)
2. Determinar, atendiendo a criterios técnico-científicos y de salud ocupacional, las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador, que requieran modificación en el número de semanas de cotización y el monto de la pensión. Las demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión, se regirán por las disposiciones previstas en esta Ley, sin desconocer derechos adquiridos y en todo caso serán menos exigentes. Quedando igualmente facultado para armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional.
Esta facultad incluye la de establecer los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador y el trabajador, según cada actividad. (…)
PARAGRAFO. Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el numeral 2o. del presente artículo, el Gobierno deberá escuchar el concepto no vinculante de dos (2) representantes del Congreso, dos (2) representantes de los trabajadores y dos representantes de los empleadores
(…)

III.	LA DEMANDA 

El actor afirma que los artículos 2° 3°  4° y 5° de la Ley 1016 de 2006, vulneran el artículo 67 superior,  toda vez que al Ministerio de Educación Nacional  en armonía con el referido artículo  superior siempre se le ha concedido la potestad de vigilar, llevar, controlar y registrar los títulos expedidos por las universidades e instituciones de educación superior, en cualquier profesión y que tal situación no es clara  en el caso de las normas demandadas. 

Precisa al respecto que  “está claramente establecido que todas las universidades o instituciones de educación superior deben estar legalmente reconocidas en el Ministerio de Educación Nacional y en cumplimiento de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) para, todos los efectos legales de registro, revalidación, convalidación y homologación de títulos de las universidades e instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, cualquier otras situación dada se presta a confusiones y malos entendidos legales y constitucionales, como sucedería con la ley 1016/06, ahora demandada, que no debe existir en el ordenamiento jurídico-legal”.

De otra parte, sostiene que las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 vulnera el mandato constitucional previsto en el artículo 48 superior, en la medida en que desconoce que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y por lo tanto un derecho al que deben tener acceso todas las personas, sin que pueda estar condicionado en manera alguna por el hecho de tener determinada profesión o realizar un oficio en particular.

Aduce que “El texto demandado viola el artículo 48 superior, que no pone la condición (sic) de tener una determinada profesión u oficio para tener acceso y poder disfrutar de una seguridad social de obligatorio cumplimiento por parte del Estado”. 

IV. INTERVENCIONES

1.- Ministerio de Comunicaciones

La Ministra de Comunicaciones  doctora María del Rosario Guerra de Mesa intervino en el presente proceso  para solicitar que la Corte se abstenga de pronunciarse en el presente caso. 

En cuanto a la acusación formulada en contra de  algunas disposiciones de  Ley 1016 de 2006, recuerda  que mediante  la Sentencia C-650 de 2003 se decidieron las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley 030 de 2001. Sostiene que como consecuencia del fallo aludido, cuya parte resolutiva transcribe, se expidió la Ley 918 de 2004, “Por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicaciones a fin de garantizar su libertad e independencia profesional”. Esta ley fue objeto de demanda de inconstitucionalidad decidida por la Corte Constitucional mediante sentencia C-927 de 2005. Como consecuencia de este fallo, fue expedida finalmente la Ley 1016 de 2006. 

Advierte  que respecto del parágrafo del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, el mismo se refiere a la tarjeta profesional a la que hacía referencia la Ley 51 de 1975, razón por la cual “debe entenderse por inexistente la referencia a dicha tarjeta”. 

2. Academia Colombiana de Jurisprudencia

La Secretaría General de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, hizo llegar el concepto que prepararon los Académicos Lucy Cruz de Quiñónez y Carlos Ariel Sanchez, donde solicitan a la Corte Constitucional que se inhiba de proferir un fallo de fondo, de acuerdo con las razones que a continuación se sintetizan.

Los intervinientes  advierten  la ausencia de un desarrollo de cargos específicos contra las disposiciones atacadas y  la explicación clara de su discordancia con las normas superiores incoadas. Señalan que  si bien el actor menciona unas disposiciones constitucionales que a su juicio se ven infringidas con las normas demandadas, no estructura en el texto de la demanda la formulación adecuada de los sustentos fácticos-jurídicos que permitan llevar acabo el análisis de constitucionalidad de dichas disposiciones. 

Al respecto, manifiesta que la Corte Constitucional ha precisado en numerosas providencias que las demandas de inconstitucionalidad, no obstante, la naturaleza pública e informal que las caracteriza, deben cumplir con unos requisitos mínimos como condición necesaria para su admisibilidad y pronunciamiento de fondo, así lo prevé el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, que señala los requisitos formales que se deben cumplir, entre los cuales se contempla en el numeral 3°, el exponer razones por las cuales los textos constitucionales se estiman violados. 

Plantea en consecuencia  que se opte por  un fallo inhibitorio pues “no puede pretender el accionante que la Corte entre a “hacer un análisis de fondo”, cuando el análisis de inconstitucionalidad debe ser presentado o propuesto por quien considera la vulneración o desconocimiento de los principios superiores con la expedición de normas acusadas”. 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 4180, el doce (12) de octubre de 2006, en el cual solicita a la Corte que se inhiba para pronunciarse de fondo en relación con los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 1016 de 2006 y la expresión “y los periodistas con tarjeta profesional” contenida en el inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 de 1993 por ineptitud sustantiva de demanda. 

Respecto de los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 1016 de 2006, señala que el actor considera inconveniente que estos artículos contengan disposiciones sobre registro, revalidación, convalidación, homologación y obtención de títulos en el extranjero en la rama de la comunicación por considerar que generan confusiones y malos entendidos legales y constitucionales. 

Manifiesta que esta clase de acusaciones carecen de pertinencia dentro del proceso de constitucionalidad. Recuerda que reiteradamente la Corte Constitucional ha señalado que no prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos. En ese orden, la Vista Fiscal solicita a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse de fondo en relación con los artículos 2º, 3º y  4º acusados.

En cuanto al artículo 5° de la ley 1016 de 2006, advierte que en la demanda no hay argumento alguno en relación con el mismo, razón por la que no cabe examinar su constitucionalidad y de igual forma, solicita a la Corte Constitucional inhibirse para pronunciarse al respecto.

El Procurador encuentra que las razones que respaldan los cargos contra la expresión “y los periodistas con tarjeta profesional” contenida en el inciso 2o. del numeral 2o. del artículo 139 de la Ley 100 de 1993, no son ciertas porque surgen de una proposición deducida por el actor que no se desprenden del texto normativo acusado.  En efecto, mediante la norma acusada el legislador le otorga facultades  extraordinarias al Presidente de la Republica para “armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional.” 

Sostiene que no se ve de qué manera la norma está condicionando la prestación de la seguridad social a los periodistas por razón de su profesión y, menos aún,  surge que la disposición le está imponiendo a los periodistas, como requisito para el cubrimiento de la seguridad social la obtención de la tarjeta profesional.

En ese orden, concluye que dado que el ciudadano demandante, mediante su argumentación ha creado un falso problema de constitucionalidad el mismo no debe ser objeto de análisis por este Tribunal.    

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

1. Competencia

La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política pues las disposiciones  acusadas hacen parte de Leyes  de la República.

2. La materia sujeta a examen

Para el actor los artículos 2° 3°  4° y 5° de la Ley 1016 de 2006, vulneran el artículo 67 superior,  toda vez que al Ministerio de Educación Nacional  en armonía con el referido artículo  superior siempre se le ha concedido la potestad de vigilar, llevar, controlar y registrar los títulos expedidos por las universidades e instituciones de educación superior, en cualquier profesión y que tal situación no es clara  en el caso de las normas demandadas que se prestan para confusiones y malentendidos al respecto. 

De otra parte, sostiene que las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 vulnera el artículo 48 superior, en la medida en que desconoce que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y por lo tanto un derecho al que deben tener acceso todas las personas, sin que pueda estar condicionado en manera alguna por el hecho de tener determinada profesión o realizar un oficio en particular.

Los intervinientes en representación del Ministerio de Comunicaciones y de la Academia de Jurisprudencia solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo pues no encuentran  que el demandante haya  formulado un cargo concreto en contra de las  disposiciones acusadas que pueda ser objeto de análisis por la Corte.

El Señor Procurador General de la Nación solicita igualmente a la Corte inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por considerar que la demanda es inepta en cuanto i) los argumentos que se exponen para sustentar la acusación en contra de los artículos 2°, 3° y 4° de  la Ley 1016 de 2006  se basan en un análisis de conveniencia y no en  fundamentos de  inconstitucionalidad predicables de las normas demandas, ii) contra el artículo 5° acusado  no encuentra ninguna afirmación  en la demanda relativa a su contenido y iii) en relación con la acusación formulada  en contra de las expresiones  “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 el actor plantea un falso problema de constitucionalidad que no se desprende del texto de la norma acusada.  

Corresponde a la Corte en consecuencia examinar   ante todo si la acusación formulada  en contra de los artículos 2° 3°  4° y 5° de la Ley 1016 de 2006, por la supuesta violación del artículo 67 superior, y en contra de las expresiones  “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 por la supuesta vulneración de  artículo 48 de la Constitución, es apta o no para propiciar  el juicio de constitucionalidad.

3. El examen de las solicitudes de inhibición

3.1 Esta Corporación ha manifestado en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia, la obligación que asiste al actor, conforme al Decreto 2067 de 1991, de determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados. 

Al respecto, ha destacado esta Corporación que el juicio de constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por lo que no es dable resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan  de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan. 

En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que al ciudadano se le impone entonces, como carga mínima, que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. 

Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo. 

En efecto, el artículo 241 de la Constitución determina de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos allí expuestos. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente existe demanda, esto es, una acusación de un ciudadano contra una norma legal planteada en los términos que señala el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991.

En ese orden de ideas la Corte ha establecido que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad  sólo si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. 

En relación con el presupuesto procesal de la demanda en forma debe la Corte aclarar que si bien en su momento el Magistrado sustanciador procedió a admitir la demanda expresó, como correspondía a ese momento procesal, que la admisión de la demanda atendía a la constatación del cumplimiento de los requisitos formales mínimos a que se refiere el Decreto 2067 de 1991, esto es, el señalamiento de las normas legales que se dicen transgresoras, así como la trascripción de las mismas, la enunciación de las normas constitucionales que el demandante estima transgredidas y el concepto de la violación. 

Al respecto cabe recordar que  “De acuerdo con el entendimiento que tradicionalmente y de acuerdo con las normas positivas se ha hecho acerca del examen que procede en el momento de admisión de la demanda, por una parte, y en la sentencia por otra, es claro que la circunstancia de que se admita la demanda mediante la constatación formal de la existencia de los requisitos legales no significa que se elimine por ello el análisis que corresponde a la parte final del proceso por cuanto en este último momento cabe entrar ya a los aspectos sustanciales de la demanda para constatar si ella permite o no que se formule el estudio en el fondo y se arribe o no a una conclusión estimatoria que permita decidir efectivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición o disposiciones acusadas.”  

Igualmente que “Si se aceptara que en el momento inicial del proceso debía proceder éste último análisis se estaría permitiendo que se llegara a una decisión  sin que hubiese la confrontación argumental entre quienes postulen la inconstitucionalidad de la norma y su consecuente inexequbilidad y aquellos ciudadanos intervinientes que postulen la constitucionalidad  de la misma. En otras palabras, so pretexto del análisis de los requisitos formales de la demanda, se estaría incurriendo en una decisión de fondo lo cual es claramente improcedente de acuerdo con la Constitución y la ley.”

Ahora bien, como se ha puesto de presente en el relato de antecedentes, el demandante acusa los artículos 2° 3°  4° y 5° de la Ley 1016 de 2006, vulneran el artículo 67 superior,  toda vez que al Ministerio de Educación Nacional  en armonía con el referido artículo  superior siempre se le ha concedido la potestad de vigilar, llevar, controlar y registrar los títulos expedidos por las universidades e instituciones de educación superior, en cualquier profesión y que tal situación no es clara  en el caso de las normas demandadas que se prestan para confusiones y malentendidos al respecto. De otra parte, sostiene que las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 vulnera el artículo 48 superior, en la medida en que desconoce que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y por lo tanto un derecho al que deben tener acceso todas las personas, sin que pueda estar condicionado en manera alguna por el hecho de tener determinada profesión o realizar un oficio en particular.

Frente a dichos planteamientos debe señalar la Corte que, como lo advierten los intervinientes y el señor Procurador,  ninguno de los elementos de la acusación formulada por el demandante permite el pronunciamiento de la Corporación, pues adelantado el examen de la demanda que corresponde a esta etapa procesal para efectos de la redacción del proyecto de fallo, se observa que ninguna de las pretensiones planteadas cumple los requisitos -ya recordados en esta misma providencia- establecidos por el ordenamiento jurídico para los procesos de control abstracto de constitucionalidad que se adelantan ante esta Corporación. 

3.2 En efecto, la Corte constata, en primer término, que, la acusación  formulada en contra de los artículos 2° 3°  4° y 5° de la Ley 1016 de 2006, por la supuesta vulneración del artículo 67 superior,   al tiempo que no contiene una exposición  de las razones concretas por las cuales cada uno de dichos artículos  vulnera el referido artículo constitucional,  se  sustenta en consideraciones de conveniencia que no pueden ser objeto de análisis  en el marco del control abstracto de constitucionalidad.

Al respecto cabe reiterar las consideraciones hechas  en este sentido en la sentencia C-777 de 2003 donde la Corte  se declaró inhibida  para resolver la demanda  formulada en contra del artículo 24 de la Ley 633 de 2000 por ineptitud de la misma. En dicha sentencia la Corporación afirmó:

“Lo expresado hasta este punto conduce a señalar que el juicio abstracto de constitucionalidad no puede abarcar ni remediar las inconveniencias señaladas por el demandante, como quiera que aún cuando ellas se comprobaren, éstas estarían relacionadas no con la formulación normativa, ni con efectos directos de ella, sino con la eficiencia o ineficiencia de la administración tributaria.  La jurisprudencia constitucional ya ha tenido la oportunidad de advertir que el juicio de constitucionalidad no puede realizarse en dichos términos.

“La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.”

Así las cosas, al estudiar la norma acusada resulta claro que de acuerdo con la competencia por ella misma asignada –respecto de la cual no se expresa reparo de constitucionalidad alguno-, es el Gobierno Nacional y no esta Corporación quien debe evaluar la conveniencia de aplicar o no el tope máximo del porcentaje de retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas allí dispuesto”.

No cabe entonces que la Corte se pronuncie en el presente caso  en relación con la acusación formulada a partir de argumentos  de conveniencia en contra de los artículos 2° 3°  4° y 5° de la Ley 1016 de 2006, por lo que la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo al respecto por ineptitud sustantiva de la demanda  y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 

3.3 En relación con la acusación formulada en contra de las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993  por la supuesta vulneración del artículo 48 superior -respecto de la cual cabe aclarar no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en la Sentencia C-376 de 1995-,  y que el actor sustenta  afirmando que “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio y por lo tanto un derecho al que  deben tener acceso todas las personas, sin que pueda estar condicionado en manera alguna por el hecho de tener determinada profesión o realizar un oficio en particular” la Corte constata que  la misma tampoco es apta para proceder a efectuar el juicio de constitucionalidad.

En efecto,  debe señalarse por la Corporación  que de las expresiones acusadas  en manera alguna se desprende la consecuencia jurídica que el actor predica de las mismas,  pues con ellas  no se está estableciendo ninguna condición  para tener  acceso a la seguridad social  por parte de los periodistas.  En dicho artículo se confirieron facultades extraordinarias  simplemente para “armonizar y ajustar las normas que sobre pensiones rigen para los aviadores civiles y los periodistas con tarjeta profesional” .

En ese sentido, como acertadamente  lo señala el señor Procurador, no se ve de qué manera las disposiciones acusadas  condicionen  la prestación de la seguridad social a los periodistas por razón de su profesión. Esa es una interpretación que el actor hace de las mismas  que no se desprende  de su contenido.

Cabe precisar que tampoco, como el mismo Procurador lo señala,   puede  afirmarse que con dichas disposiciones  se les  haya impuesto a los periodistas, como requisito para el cubrimiento de la seguridad social la obtención de la tarjeta profesional. Ese no es el alcance que las expresiones acusadas tienen  pues  ellas se contienen en un artículo que confiere  facultades extraordinarias  atinentes a la armonización de la legislación vigente para ese momento  en materia de pensiones pero que no está definiendo  el alcance de los  derechos   reconocidos a los periodistas en esta materia. 

No se reúnen entonces en la acusación así formulada los presupuestos de especificidad y pertinencia y por lo tanto lo que procede es inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda. 

Dado entonces que  de la norma acusada no se desprende  el contenido jurídico que el actor ataca, lo que procede es inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de la sentencia. 

VII. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la Ley 1016  de 2006 “por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional” y en contra de   las expresiones “y los periodistas con tarjeta profesional” que hacen parte del inciso 2° del numeral 2° del artículo 139 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, por ineptitud sustantiva de la demanda. 

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente

JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado

ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado

CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General