Sentencia C-133/09
                                                                     Referencia: expediente D- 7385
                                                                   Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 70 de la ley 510 de 1999.

Demandante: Francisco José Vergara Carulla.

Magistrado Ponente: 
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil nueve (2009).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

S E N T E N C I A 

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José Francisco Vergara Carulla, presentó demanda contra  el artículo 70 de la ley 510  de 1999.

Mediante auto de septiembre  dieciocho (18) de dos mil ocho (2008), fue admitida por el Despacho la demanda presentada.

Así entonces, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inexequibilidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. NORMA  DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, acorde con su publicación en el Diario Oficial No. 43.654 del 4 de agosto de 1999.

“LEY 510 DE 1999 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades. 

DECRETA:

(…) 

ARTICULO 70. A los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de veinte (20) años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales, la sociedad podrá, previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignando el precio que corresponda, de acuerdo con el valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición, en una partida a disposición del o los accionistas. “

III. DEMANDA

El demandante afirma que la norma acusada vulnera los artículos 29 y 58 de la  Constitución por las siguientes razones:

Respecto de la vulneración del artículo 29 señala que la norma acusada autoriza a sociedades anónimas inscritas en bolsa de valores de Colombia a apropiarse de acciones por ellas emitidas pertenecientes a accionistas, bajo el supuesto de que no ejercieron derechos de socios durante 20 años, sin que la norma acusada exija el agotamiento de procedimiento alguno que les permita defenderse.  Nunca se pueden presentar pruebas, ni controvertir las que se presenten en su contra, si es que se presentan, porque la norma acusada no fija ningún  estándar probatorio.

No existe tampoco un juez imparcial, en la medida que la misma sociedad anónima es la que declara el cumplimiento de los deberes sociales por parte del socio y la que obtiene los beneficios que tal declaración conlleva.    Además el hecho de que la sociedad anónima inscrita en bolsa de valores que hace la calificación de la conducta de socio, sea un particular, no libera el procedimiento del artículo 29 constitucional.  

Así entonces, la norma acusada no crea un procedimiento con los estándares constitucionales mínimos respecto del derecho de defensa, ni acoge otro procedimiento creado previamente por la ley, constitucionalmente aceptable, como bien hubiere podido hacerlo.

En relación con la supuesta vulneración del artículo 58 constitucional, afirma el demandante que , la norma legal acusada limita el derecho de dominio que el socio tiene sobre las acciones de sociedades inscritas en bolsas de valores, al permitir que sea privado de su propiedad , sin que tal limitación esté autorizada por la norma constitucional invocada.  Se indica que la norma acusada vulnera la mencionada disposición constitucional porque en ella confluyen dos elementos a saber: a.  restringe el derecho de dominio y b. esa restricción no está autorizada por la norma constitucional invocada.

Así entonces, se señala que la norma demandada es inconstitucional porque limita el derecho de dominio, también llamado la propiedad privada ( sic ) , en una circunstancia no autorizada por la norma constitucional.  La circunstancia constitucional invocada por el legislador para restringir el derecho a la propiedad privada con la norma demandada es el interés público.  La necesidad práctica de la norma legal fue identificada por el legislador en “ permitir una administración diligente de la sociedad “ .  

Expresó por último el demandante, que la administración diligente de la sociedad, ni beneficia necesariamente a la mayoría de los socios ni muchos menos coincide con el interés público.    Así pues, la norma viola el artículo 58 constitucional por cuanto limita el derecho de dominio sin que los intereses y derechos a los que brinda prevalencia sean aquellos superiores a favor de los cuales la norma constitucional consagró las excepciones al derecho a la propiedad privada.

IV. INTERVENCIONES

1.  Intervención de la Universidad Santo Tomás.

El ciudadano José Joaquín Castro Rojas  actuando como director del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, interviene en el presente proceso con el propósito de que la Corte declare inexequible la norma acusada.  Los argumentos son los siguientes:

Se indica que acorde con la jurisprudencia constitucional el debido proceso consiste entre otras, que todo acto que pretende imponer sanciones respeto sus postulados.  Así las cosas, las facultades otorgadas a las sociedades comerciales, para readquirir acciones en los términos consagrados en la norma demandada, sin que medie para ello un juez de la República, desconocen el derecho al debido proceso de los accionistas.  En efecto, estas sociedades son personas jurídicas sin capacidad jurisdiccional que haya sido reconocida por la constitución.  Por ende, la sanción por inactividad de los asociados, supera y excede las atribuciones permitidas por la carta al ejercicio de los particulares, ello por cuanto en un Estado de Derecho, solo a los jueces compete la facultad de declarar o extinguir derechos.  Así entonces, el acto jurídico que autoriza la norma cuestionada, supera los límites impuestos por la Constitución a la actuación de los particulares, por cuanto les confiere, en la práctica, una atribución jurisdiccional no contemplada dentro de las permitidas en el artículo 116 de la normatividad superior.

2.  Intervención de la Superintendencia Financiera.

Patricia Cárdenas Heredia, en su calidad de apoderada judicial de la Superintendencia Financiera de Colombia, interviene en el presente proceso para solicitar que la Corte declare exequible la norma demandada.  Los fundamentos son los siguientes:

Se afirma que la voluntad del legislador con la expedición de la ley 510 de 1999 fue, entre otras principales, la implementación de medidas e institutos que propendieran por garantizar y preservar el correcto funcionamiento del mercado.  La norma demandada se encuadra y es consecuente con dicho propósito.  Ese correcto funcionamiento del mercado de valores no se logra cuando, a la sazón, los poseedores de la riqueza mobiliaria que se transan en dicho mercado hacen dejación de sus derechos durante el extenso término de 20 años.    

En este orden de ideas, con el único fin de que el mercado accionario representado en los títulos inscritos en el registro nacional de valores continúe siendo profundo, productivo, dinámico, participativo y acompasado con el interés colectivo, la ley 510 de 1999 consagró que a los accionistas que no ejercieran sus derechos sobre los títulos que se negocian en este tipo de mercado durante el lapso de tiempo igual al máximo de la prescripción vigente en las normas civiles, les fuese compensado el valor real de aquellas a través de una razonable partida a su favor.

Se agrega que contrario a lo expresado por el demandante, la norma acusada está dotada de un procedimiento específico que no puede dar lugar a equívocos o a interpretaciones distintas de lo señalado en el propio texto del artículo demandado.  La decisión se adopta en el foro natural de decisiones de las sociedades comerciales que no es otro que la asamblea general de accionistas, previo por supuesto del debate , las disertaciones , discusiones y oposiciones que en ella pueda formular libremente los accionistas previamente convocados a ella.  La decisión de readquirir no es entonces clandestina, ni subrepticia, se toma con la participación de todos los socios y con las mayorías que el juego democrático societario prevé para el efecto.  Esa voluntad social, que por mayorías decide readquirir sus propias acciones, se ve sujeta, no obstante, a reconocer por ellas un precio de adquisición normativamente previsto en el texto ahora demandado.

Se señala que en el caso de la norma demandada, no hay una expropiación económica, pues con todo y que la readquisición se presenta como una sanción al accionista negligente y absolutamente inactivo en el ejercicio de sus derechos, en guarda de la dinámica del mercado y en defensa del interés público en él representado, se estable, aún así, un mas que razonable precio de adquisición, fundamentado en el valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición.

Ahora bien, es de manifestar que el artículo 70 demandado remite de manera directa al procedimiento que rige la adopción e impugnación de las decisiones de la asamblea de accionistas, regulado en los artículos 190 a 195 del Código de Comercio.  En este orden de ideas, el cargo por violación del debido proceso no es procedente, pues no solo es claro que la propia norma, como se vio, si prevé un procedimiento, sino que adicionalmente, se ubica en el contexto jurídico dentro del cual existen, no una, sino varias posibilidades, de que el accionista que crea vulnerados sus derechos, entable las acciones legales correspondientes.

Se afirma que el no ejercicio de su derecho por un lapso tan extenso de 20 años , no permite menos que concluir que no existe interés alguno por participar en las decisiones que afectan a la sociedad, inherentes a la movilidad, valor y estado de sus acciones, lo cual conlleva a que la sociedad las readquiera para ejercer la titularidad y los derechos de uso, goce y disposición de las mismas, en aras de lograr, un mejor funcionamiento de las mismas y por ende, del mercado público de valores y , por contera, en defensa de los intereses públicos que en ese foro están implícitos.  Como se deriva de lo anterior, indica la interviniente, es evidente que la norma no vulnera la propiedad privada, ni expropia a su titular de tal derecho ( no puede haber expropiación cuando precisamente hay un título de adquisición – compraventa – y un pago razonable por las acciones).

Por último, no debe pasarse por alto , se indica, que el artículo 2512 del código civil establece que la prescripción es un  modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido las acciones y derechos durante un lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

3. Intervención de la Bolsa de Valores de Colombia.

 Alberto Velandia Rodríguez, actuando en su calidad de representante legal de la Bolsa de Valores de Colombia, interviene en el presente proceso con el fin de solicitar a ésta Corporación que se declare la constitucionalidad de la norma acusada.  Los argumentos son los siguientes:

Se indica que el artículo 70 se ajusta a la Constitución  por cuanto la titularidad sobre acciones tiene unos derechos y en ese artículo específicamente se establece una carga, por medio de la cual, en caso de que un accionista no ejerza ninguno de los derechos sociales, la sociedad podrá, readquirir tales acciones.

Se agrega que se puede entender que la norma demandada no desconoce el derecho a la propiedad privada, claramente protegido por el ordenamiento jurídico.  Lo que hace es establecer una carga a los accionistas , de las sociedades que se encuentran listadas y que sus acciones se negocian en bolsa, que deben ejercer alguno de sus derechos legales o aquellos pactados estatutariamente, por lo menos una vez cada veinte años, para evitar que su condición de accionista derive en la de acreedor de la sociedad.

El artículo 70 de la ley en cuestión, se debe entender no como una sanción judicial, sino como un mecanismo que permite la modificación de un activo por otro, facilitando un manejo más eficiente de la sociedad que busca el fomento de la riqueza como pilar del desarrollo económico.  Señala el interviniente que los accionistas disidentes de las decisiones o aquellos ausente de las asambleas de accionistas, cuentan con un procedimiento especial, que permite la adecuada protección de sus derechos, para controvertir las decisiones de la misma, cuando entiendan que tales decisiones no se encuentran ajustadas a las normas legales y estatutarias.  Esa protección se encuentra recogida en el código de comercio en el artículo 191 donde se establece un procedimiento especial para la impugnación de las actas de la asamblea de accionistas.

4.  Intervención Ciudadana.

El ciudadano Herlyn A. Moreno Parada interviene en el presente proceso para solicitar a la Corte declare la constitucionalidad de la norma acusada.  Lo anterior con base en los siguientes fundamentos:

Señala que es la asamblea la competente para decidir el destino de la sociedad, y será el enajenante el que se allane o no a la decisión de la mayoría en los términos previstos en la ley.  No puede pretenderse que la voluntad de una asamblea general quede supeditada al capricho del un accionista, para evitarlo, la ley estableció el mecanismo del voto.

Es evidente que si una persona va a ser privada de un derecho, por incumplimiento de obligaciones consagradas en la ley, debe mediar entre la consumación del hecho y la imposición de la sanción o la medida el debido proceso.  En el presente caso, la sanción o la medida será borrar al accionista del libro de accionistas de la sociedad y en su lugar inscribir el nombre de la respectiva sociedad.

La circunstancia fácil, señala el interviniente, es aquella en la cual el accionista se allane a la decisión de la asamblea general y en ese caso la enajenación se hará en la forma indicada para la colocación de acciones en reserva, como lo indica el Código de comercio.  La circunstancia contenciosa, en la cual el accionista no se allana a la decisión de la asamblea general y debe procederse a hacer una readquisición forzosa, caso en el cual la ley previó el procedimiento de la consignación.

5. Intervención Ciudadana.

El ciudadano Carlos F. Remolina Botia, interviene en el presente proceso de constitucionalidad, con el fin de que ésta Corporación se declare inhibida para pronunciarse respecto de la presente demanda por cuanto se presenta el fenómeno de la carencia actual de objeto por haberse configurado la derogación tácita de la  norma atacada.  Los argumentos son los siguientes:

Se señala que el artículo 70 de la ley 510 de 1999 fue derogado tácitamente por el artículo 42 de la ley 964 de 2005, razón por la cual esta demanda de inconstitucionalidad deviene carente de objeto formal y material sobre el cual la Corte pudiere pronunciarse de fondo.  En efecto, la ley 510 de 1999 fue modificada y derogada en muchos de sus artículos por la ley 964 de 2005.  Así las cosas, la disposición contenida en el artículo 42 de la ley 964 de 2005 regula en su integridad la materia de que se ocupaba el artículo 70 de la ley 510 de 1999, estableciendo un procedimiento general y diferente al cual deben someterse las sociedades inscritas entratándose de la readquisición de sus propias acciones.

Afirma el interviniente que de tal magnitud fue el cambio de legislación que por ejemplo, en el artículo 70 demandado se establecía que el precio de readquisición correspondería al valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior, mecanismo valuativo totalmente diferente al señalado en el artículo 42 de la ley 964 de 2005 que determinó que el precio se fijaría con base en un estudio realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente.  Siendo así lo anterior, en los términos del artículo 71 del Código Civil es evidente que el contenido del artículo 42 señalado no puede conciliarse con la disposición del artículo 70 en cuestión y por lo tanto, se configuró la derogatoria tácita de la norma demandada.

Así las cosas, indica el interviniente, que con base en reiterados pronunciamientos de la corte Constitucional, cuando se presenta la derogatoria tácita de la norma demandada, la decisión no puede ser otra que la declaración inhibitoria por carencia actual de objeto.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Mediante el Concepto No. 4649  presentado el siete (7) de Noviembre   de 2008, el Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón, solicita a la Corte que se declare inexequible el artículo 70 de la ley 510 de 1999.  Los argumentos que expone son los siguientes:

“3.	La garantía del derecho de propiedad privada exige que decisiones unilaterales que recaigan sobre la misma y la comprometan se ajusten a las limitantes constitucionales y estén amparadas por el debido proceso que permita el derecho a la defensa de quienes puedan perder el dominio de la misma ante tales decisiones unilaterales.

3.1.	Para resolver el problema de vulneración del derecho de propiedad y el debido proceso ante situaciones de readquisición unilateral de la misma en materia de acciones de sociedades anónimas inscritas en bolsa cuando sus poseedores no han ejercido ningún derecho durante 20 años, se analizará la naturaleza de ese derecho y la procedencia de sus limitaciones constitucionales. 

3.2.	El derecho de dominio o propiedad es el consistente en poder usar, gozar y disponer de un bien de modo exclusivo, mientras no vaya contra la Constitución, la ley o derecho ajeno. A partir de esta definición, en un sistema de libertades, la propiedad se garantiza como una de las expresiones fundamentales del mismo, especialmente para garantizar la convivencia pacífica y la existencia de un orden justo (Constitución Política, artículo 2). 

Por eso en Colombia se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Sólo cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resulten en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad reconocida por la norma, el interés privado debe ceder al interés público o social (Ibídem, artículo 58). 

Es decir, las limitaciones que establezca el legislador a la propiedad deben obedecer a consideraciones de interés público o social; de lo contrario, no resultan válidas desde el punto de vista constitucional.

3.3.	El artículo 70 de la Ley 510 de 1999 establece una readquisición unilateral de acciones de sociedades anónimas inscritas en bolsa, por parte de la persona jurídica, cuando los poseedores de las mismas no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos. Esto requiere la previa aprobación de la asamblea de accionistas, y el precio a pagar es el que corresponda al valor patrimonial de cada acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición. 

Esta medida, en los términos establecidos por el legislador, compromete la garantía del derecho de propiedad de los propietarios a quienes se les compren unilateralmente las mismas, por las siguientes razones:

3.3.1.	Se trata de una decisión unilateral de readquisición que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la utilidad pública o del interés social, ya que la medida sólo está encaminada a tener efectos al interior de las sociedades y de sus intereses particulares pero sin ninguna trascendencia directa y generalizada para beneficiar el interés general de la población (participación de todos en la economía y sus beneficios). 

En ese sentido, no es claro si la medida es para socios minoritarios o mayoritarios, pensando en que se trate de solucionar problemas de gobernabilidad al interior de las personar morales. La experiencia indica que los socios mayoritarios fincan su expectativa de ganancia en el éxito de la empresa, mientras que los socios minoritarios tienden a tener interés en los dividendos de cada ejercicio, por lo que los primeros siempre ejercen sus derechos, mientras que algunos de los segundos no. 

En ese sentido, se trata de una medida que es contraria a la garantía de la propiedad privada en cuanto que permite la expropiación privada accionaria, especialmente de los socios minoritarios, mediante la decisión de la asamblea de los accionistas (los socios mayoritarios). En nuestro país la expropiación NO le está permitida a los particulares; sólo al Estado de manera excepcional por razones de utilidad pública o de interés social expresamente definidos por el legislador, para lo cual se deben consultar los intereses de la comunidad y del afectado, lo que incluye el precio que se debe pagar por el bien (un debido proceso para ello). 

3.3.2.	Lo anterior se hace más evidente en lo relacionado con el precio que estableció el legislador para la adquisición unilateral de tales acciones, puesto que el valor patrimonial de la acción en el último ejercicio contable puede resultar enormemente desfasado frente el valor comercial de la acción, bien sea en el momento de la compra o en las expectativas futuras que se tengan sobre el precio de la misma. Fácilmente, en un momento dado, el precio en bolsa de una acción puede ser diez o más veces mayor que el valor contable de la misma.

Esas expectativas tan elevadas de ganancia son las que realmente motivarían las compras unilaterales de acciones inscritas en bolsa, máxime los fenómenos especulativos que, en veces, suelen presentarse en este tipo de negocios. Eso se puede constituir en una verdadera confiscación de la propiedad accionaria en contra de la garantía que le asiste a todo poseedor de acciones, lo cual está prohibido en Colombia (ibídem, artículo 34).

En estos casos, si se quiere adquirir acciones de quien no quiere venderlas el camino es hacerle ofertas de compra irrehusables (precios que superan el valor comercial con creces). 

3.3.3.	Por último, la garantía de la propiedad privada de los accionistas se ve comprometida en cuanto que el legislador no estableció un debido proceso que el permita al accionista cuyas acciones son objeto de readquisición defender su derecho de propiedad frente a la decisión que al respecto tome la asamblea de accionistas. Es decir, este comportamiento unilateral permitiría tanto a la junta de accionistas como a la misma sociedad hacer una interpretación de lo que se entiende como no ejercicio de derechos por parte del accionista, no sujeta a ningún tipo de control, lo cual aumenta el riesgo de expropiación o confiscación de la propiedad accionaria ya referida.

3.4.	Por tanto, habiendo observado que la manera como el legislador aprobó el mecanismo de readquisición unilateral de acciones inscritas en bolsa, por parte de la sociedad, cuando el poseedor de las mismas no ha ejercido ningún derecho durante los últimos 20 años, vulneró la garantía que el Estado debe dar a su derecho de propiedad, la Vista Fiscal solicitará la inexequibilidad del mismo. 

4.	Conclusión
Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar INEXEQUIBLE el artículo 70 de la Ley 510 de 1999.”

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

1. Competencia

Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2.  Afirma el demandante que se vulnera el artículo 29 de la Constitución por cuanto  la norma acusada autoriza a sociedades anónimas inscritas en bolsa de valores de Colombia a apropiarse de acciones por ellas emitidas pertenecientes a accionistas, bajo el supuesto de que no ejercieron derechos de socios durante 20 años, sin que la norma  exija el agotamiento de procedimiento alguno que les permita defenderse.  Nunca se pueden presentar pruebas, ni controvertir las que se presenten en su contra, si es que se presentan, porque la norma acusada no fija ningún  estándar probatorio.

Agrega que no existe tampoco un juez imparcial, en la medida que la misma sociedad anónima es la que declara el incumplimiento de los deberes sociales por parte del socio y la que obtiene los beneficios que tal declaración conlleva.    Además el hecho de que la sociedad anónima inscrita en bolsa de valores que hace la calificación de la conducta de socio, sea un particular, no libera el procedimiento del artículo 29 constitucional.  

En relación con la supuesta vulneración del artículo 58 constitucional, afirma el demandante que , la norma legal acusada limita el derecho de dominio que el socio tiene sobre las acciones de sociedades inscritas en bolsas de valores, al permitir que sea privado de su propiedad , sin que tal limitación esté autorizada por la norma constitucional invocada.  Se indica que la norma acusada vulnera la mencionada disposición constitucional porque en ella confluyen dos elementos a saber: a.  restringe el derecho de dominio y b. esa restricción no está autorizada por la norma constitucional invocada.

Así entonces, se señala que la norma demandada es inconstitucional porque limita el derecho de dominio, también llamado la propiedad privada ( sic ), en una circunstancia no autorizada por la norma constitucional.  La circunstancia constitucional invocada por el legislador para restringir el derecho a la propiedad privada con la norma demandada es el interés público.  La necesidad práctica de la norma legal fue identificada por el legislador en “ permitir una administración diligente de la sociedad “.  

Expresó por último el demandante, que la administración diligente de la sociedad, ni beneficia necesariamente a la mayoría de los socios ni muchos menos coincide con el interés público.    Así pues, la norma viola el artículo 58 constitucional por cuanto limita el derecho de dominio sin que los intereses y derechos a los que brinda prevalencia sean aquellos superiores a favor de los cuales la norma constitucional consagró las excepciones al derecho a la propiedad privada.

3. De un lado,  la intervención en nombre de la Universidad Santo Tomás indica que las facultades otorgadas a las sociedades comerciales, para readquirir acciones en los términos consagrados en la norma demandada, sin que medie para ello un juez de la República, desconocen el derecho al debido proceso de los accionistas, lo que hace que la norma sea inconstitucional.

De otro lado, las intervenciones de la Superintendencia Financiera, de la Bolsa de Valores de Colombia y del ciudadano Moreno Parada, solicitan que la norma se declare exequible, en esencia bajo los siguientes argumentos:  Se afirma que con el único fin de que el mercado accionario representado en los títulos inscritos en el registro nacional de valores continúe siendo profundo, productivo, dinámico, participativo y acompasado con el interés colectivo, la ley 510 de 1999 consagró que a los accionistas que no ejercieran sus derechos sobre los títulos que se negocian en este tipo de mercado durante el lapso de tiempo igual al máximo de la prescripción vigente en las normas civiles, les fuese compensado el valor real de aquellas a través de una razonable partida a su favor.  Se agrega que no hay una expropiación económica, pues con todo y que la readquisición se presenta como una sanción al accionista negligente y absolutamente inactivo en el ejercicio de sus derechos, en guarda de la dinámica del mercado y en defensa del interés público en él representado, se establece, aún así, un mas que razonable precio de adquisición, fundamentado en el valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición. Se indica, que el artículo 2512 del código civil establece que la prescripción es un  modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido las acciones y derechos durante un lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

Se manifiesta que la norma acusada lo que hace es establecer una carga a los accionistas, de las sociedades que se encuentran listadas y que sus acciones se negocian en bolsa, que deben ejercer alguno de sus derechos legales o aquellos pactados estatutariamente, por lo menos una vez cada veinte años, para evitar que su condición de accionista derive en la de acreedor de la sociedad. Finalmente se afirma que si una persona va a ser privada de un derecho, por incumplimiento de obligaciones consagradas en la ley, debe mediar entre la consumación del hecho y la imposición de la sanción o la medida el debido proceso.  En el presente caso, la sanción o la medida será borrar al accionista del libro de accionistas de la sociedad y en su lugar inscribir el nombre de la respectiva sociedad.

Por último,  el ciudadano  Remolina Botia solicita a la Corte que se inhiba para emitir un pronunciamiento de fondo por cuanto, según él, el artículo 70 de la ley 510 de 1999 fue derogado tácitamente por el artículo 42 de la ley 964 de 2005, razón por la cual esta demanda de inconstitucionalidad deviene carente de objeto formal y material sobre el cual la Corte pudiere pronunciarse de fondo.

4. El Ministerio Público al momento de rendir su concepto solicita que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la norma acusada.  Los argumentos se centran esencialmente en que la garantía de la propiedad privada de los accionistas se ve comprometida en cuanto que el legislador no estableció un debido proceso que el permita al accionista cuyas acciones son objeto de readquisición defender su derecho de propiedad frente a la decisión que al respecto tome la asamblea de accionistas. Es decir, este comportamiento unilateral permitiría tanto a la junta de accionistas como a la misma sociedad hacer una interpretación de lo que se entiende como no ejercicio de derechos por parte del accionista, no sujeta a ningún tipo de control, lo cual aumenta el riesgo de expropiación o confiscación de la propiedad accionaria ya referida.

Agregó que se trata de una medida que es contraria a la garantía de la propiedad privada en cuanto que permite la expropiación privada accionaria, especialmente de los socios minoritarios, mediante la decisión de la asamblea de los accionistas (los socios mayoritarios). En nuestro país la expropiación NO le está permitida a los particulares; sólo al Estado de manera excepcional por razones de utilidad pública o de interés social expresamente definidos por el legislador, para lo cual se deben consultar los intereses de la comunidad y del afectado, lo que incluye el precio que se debe pagar por el bien (un debido proceso para ello). 

Problema Jurídico y Esquema de Solución.

5.  Corresponde a esta Corte establecer - como problema jurídico central - ¿ Si al permitir la norma acusada que a los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de 20 años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales; la sociedad pueda previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignado el precio que corresponda, de acuerdo al valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición , en una partida a disposición del o los accionistas; se les está violando el derecho a la propiedad privada y al debido proceso?  

6.  Así las cosas, para resolver el problema jurídico planteado esta Corte analizará (i) el derecho de propiedad privada y sus límites constitucionales, así como el derecho fundamental al debido proceso;  (ii) las generalidades del Mercado Público de Valores y la propiedad accionaria,  (iii) para posteriormente analizar el Caso concreto.

i. La Propiedad Privada.

7.  La Constitución de 1991 estableció unos parámetros nuevos según los cuales debía guiarse el Estado Colombiano.  Así entonces, el modelo de Estado Social de Derecho influyó todo el ordenamiento jurídico y se convirtió en mecanismo de interpretación ineludible – respeto por la dignidad humana y democracia pluralista-.  Una de las determinaciones fundantes de la Constitución de 1991 fue establecer la prioridad del interés general sobre cualquier interés privado, siempre y cuando no se vulnerara ningún derecho fundamental.

En consecuencia, y acorde con los fines del Estado, cualquier interés sea público o privado, debe servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, entre otras.  

De su parte, las autoridades de la República tienen un deber constitucional con    los intereses privados de las personas residentes en Colombia, el cual se circunscribe a proteger su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  En este orden de ideas, el Estado Social de Derecho garantiza y protege la propiedad privada ( bienes ) de instrumentos y medios de producción.

Así las cosas, el ordenamiento jurídico Colombiano desarrolla  tanto desde el punto de vista constitucional ( i) como legal ( ii) uno de los derechos en cabeza de la persona, que interesa de manera especial en ésta providencia,  esto es el de propiedad privada. 

8.  Pues bien,  la Constitución Política de 1991 estableció dentro de los derechos, garantía y deberes ( Título II Constitucional ) la propiedad privada como derecho constitucional.  Por consiguiente, las disposiciones constitucionales regulan y desarrollan lo atinente a éste derecho y a todos aquellos derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, siempre entendiendo que el interés privado debe ceder ante el interés público o social.  

La propia Constitución señala que la propiedad privada debe cumplir una función social que implica obligaciones.   Indica igualmente, la procedencia de la expropiación  (Arts. 58 y 59), la promoción estatal del acceso a la propiedad  (Art.60),  la protección de la propiedad intelectual  (Art. 61), la imposibilidad de variar el destino de las donaciones (Art. 62), la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de uso público  (Art. 63) y la promoción del acceso progresivo a la propiedad de la tierra (Art. 64).

Es de resaltar, que de manera específica, la norma superior indica que por sentencia judicial se puede declarar la extinción del dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social.  La misma norma y de manera expresa, prohíbe como pena la confiscación.

9.  Desde el lado legal, el Art. 669 del Código Civil consagra el derecho de dominio o propiedad como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.

Se indica igualmente, que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad.  Por ende, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.  Así las cosas, para alcanzar la propiedad mencionada en el Código Civil y protegida de manera especial por la Constitución, se han destacado unos modos para adquirir el dominio, estos son: La ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

Es de agregar, que una serie de normas nacionales e internacionales protegen la propiedad; algunas de ellas son la Declaración Universal de Derechos del Hombre, artículo 17 , expedida por la ONU; el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de los Códigos penales, comerciales, de minas , petróleos , entre otros. 

10. La doctrina jurídica ha considerado que el derecho de propiedad comprende tres elementos, que son el uso (usus), el goce o disfrute (fructus) y la disposición. Esta Corporación señaló a través de la Sentencia C- 189 de 2006, las características del derecho de propiedad privada de la siguiente manera:

“              Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar las siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas.

                  En cuanto a sus atribuciones, las mismas persisten desde el derecho romano y se resumen en los actos materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, reconocido como el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de ius fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina ius abutendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien.” ( Negrilla expresa ) 

Así las cosas, la propiedad privada ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un “derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho (C.P. arts 1° y 95, nums, 1 y 8). De manera que el mismo ordenamiento jurídico a la vez que se encuentra comprometido con el respeto a su núcleo esencial, debe adoptar medidas que permitan asegurar el logro de las citadas funciones, lo que conduce -en últimas- a consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas en el Texto Superior.” 

Respecto del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada , esta Corporación señaló en la Sentencia mencionada supra que :

“       … en las sentencias T-427 de 1998, T-554 de 1998,  C-204 de 2001, T-746 de 2001, C-491 de 2002 y C-1172 de 2004, ha reconocido que el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada lo constituye el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular. Así lo sostuvo inicialmente en la citada sentencia T-427 de 1998, al manifestar que: 

         “En ese orden de ideas y reivindicando el concepto de la función social, el legislador le puede imponer  al propietario una serie de restricciones  a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo,  relativo al nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad”.

         La misma posición jurisprudencial fue reiterada en las sentencias T-554 de 1998 y C-204 de 2001. En este último caso, al declarar exequible el artículo 2529 del Código Civil que exige al poseedor de un bien cuyo propietario resida en el extranjero, el doble del tiempo que se impone al poseedor cuyo dueño habita en el territorio colombiano, para adquirir por prescripción. En relación con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, la Corte señaló:  

        “De otro lado, sí el legislador puede imponer restricciones al derecho de dominio, también puede condicionar el acceso a él por prescripción señalando distintos periodos de tiempo para ello, sin que de ninguna manera desconozca el núcleo esencial del derecho a la propiedad, porque el mínimo de goce y disposición de un bien se mantiene, aún cuando el titular no los ejerza.  Tampoco resultan afectados los derechos del poseedor, ya que las facultades de uso y goce con ánimo de señor y dueño se mantienen, pero nunca la de disposición, de la cual tan solo existe una mera expectativa.  En estos términos, la Corte considera que la norma acusada no resulta desproporcionada en detrimento del poseedor, porque sus derechos quedan siempre a salvo, y que en cambio si permite compensar la situación del propietario ausente”.

          En idéntico sentido, este Tribunal se pronunció en las sentencias T-746 de 2001 y C-491 de 2002. En esta última oportunidad, el fallo de esta Corporación se originó en una demanda ciudadana impetrada contra el artículo 217 del Decreto 1355 de 1970, que establece que los alcaldes pueden imponer una construcción de obra, cuando los muros de un antejardín o los frentes de una casa se encuentran en mal estado de conservación o de presentación. En criterio de la Corte, dichas atribuciones no vulneran el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, salvo la correspondiente al mal estado de presentación, la cual tan sólo se ajusta al Texto Constitucional, en el entendido que para su ejercicio el alcalde “debe ceñirse exclusivamente a las normas que, en materia urbanística, o de conservación del patrimonio cultural o histórico, establezcan los parámetros estéticos o de presentación que deben cumplir dichas edificaciones”.
          Finalmente, en sentencia C-1172 de 2004, al declarar exequible el artículo 723 del Código Civil, que reconoce la extinción del derecho a la propiedad privada por la inundación de una heredad por un término superior a diez años, esta Corporación manifestó -en relación con el núcleo esencial del citado derecho- que el mismo se constituye por el mínimo espacio de libertad para que las personas puedan usar y disponer libremente de sus bienes dentro del marco jurídico.   

         9.  En virtud de lo anterior, es claro que si bien los atributos del derecho a la propiedad privada pueden ser objeto de limitación o restricción, en aras de cumplir con las funciones sociales y ecológicas que reconoce la Constitución Política, no por ello puede llegarse al extremo de lesionar su núcleo esencial que se manifiesta en el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular.

          En cuanto se refiere al atributo de la libre disposición o enajenación de los bienes (ius abutendi), independientemente de que ya no exista en la actual Carta Política, una cláusula como la prevista en el artículo 37 de la Constitución de 1886 que establecía: “No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles”; lo cierto es que como lo ha reconocido esta Corporación, la regla general es que dicha atribución al constituir una de las expresiones inherentes al ejercicio del derecho a la propiedad privada, no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas, que se traduzcan en el desconocimiento del interés legítimo que le asiste al propietario de obtener una utilidad económica sobre los mismos, tal y como se deduce de la protección de su núcleo esencial, en los términos jurisprudenciales previamente expuestos.”  

Limites constitucionales de la propiedad privada.

11.   El artículo 58 constitucional indica que se garantiza la propiedad privada, no obstante señala que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

Este primer límite  de la propiedad privada, referente a la utilidad pública o al interés social exige que exista una ley previa que defina los motivos de utilidad pública o de interés social.  No basta simplemente con alegar dichas motivos, sino que por exigencia constitucional es indispensable que quien establezca los motivos ya referidos sea el legislador a través de una ley de la República.

12.  El mismo artículo constitucional expresa que la propiedad es una función  social que implica obligaciones.  Como tal le es inherente una función ecológica.

La función social de la propiedad se estableció en Colombia mediante el artículo 10 de la reforma constitucional de 1936.  En la Constitución de 1991 se señaló que la propiedad sea privada o estatal;  individual o colectiva, no puede concebirse ni desarrollarse bajo el exclusivo marco de sus titulares. Específicamente y en relación con la función social de la propiedad esta Corporación manifestó:

“Por el contrario, el carácter trascendente de la propiedad se pone de manifiesto a partir del Preámbulo de la Constitución, pues, ¿cómo asegurarle a los integrantes de la Nación, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, al amparo de unas condiciones de existencia desprovistas de la titularidad y goce de bienes materiales?  Por esto mismo, la propiedad, en su sentido individual y social está llamada a jugar un rol definitorio en las relaciones de la familia, la sociedad y el Estado, a través de expresiones tales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud y la seguridad social, a la educación, a la recreación y la cultura, y por tanto, a la vida en condiciones dignas.  La propiedad y las decisiones que sobre ella se tomen, tienen efectos individuales y colectivos que no pueden ser desconocidos por nuestro Estado Social de Derecho, especialmente en la perspectiva de su función de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes de estirpe constitucional.

A la luz de la Constitución la propiedad está llamada a realizar su función social –fundamentalmente- a través de un proceso dinámico que abarca tanto los fenómenos de la producción, circulación, distribución, utilización y consumo de los bienes, como la prestación de servicios públicos y privados.  

De allí que cuando un bien se subsuma dentro de alguna de las hipótesis de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, podrá haber expropiación del mismo a través de sentencia judicial e indemnización previa, para cuya fijación se consultarán los intereses de la comunidad y del afectado.  En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa.  Vale decir, en primer término los titulares de la propiedad deben colaborar con la materialización de su función social, de manera voluntaria, para lo cual no basta el predicado deontológico del segundo inciso del artículo 58 superior, pues, considerando que la voluntad se manifiesta en razón de algún interés, en el plano práctico éste adquiere fisonomía merced a los estímulos, beneficios y ventajas de todo orden que el Estado tenga a bien dispensarle a las personas, (…) 

En segunda instancia, la función social de la propiedad tiende a materializarse a partir de medidas legislativas, ejecutivas y reglamentarias de talante coactivo, cuyos destinatarios se ven compelidos a observar y satisfacer, en tanto titulares de derechos sobre la propiedad afectada por la respectiva medida.  A manera de ejemplo obran los procesos de expropiación judicial y los títulos de deuda pública de inversión obligatoria.  Igualmente la afectación que puede sufrir la propiedad de los particulares al tenor del artículo 365 superior, conforme al cual, el Estado, por razones de soberanía o de interés social puede mediante ley reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, previa indemnización a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.  Así también la ocupación y expropiación de la propiedad en caso de guerra (art. 59 C.P.), como los varios tributos que recaen o pueden recaer sobre la titularidad, enajenación y explotación de la propiedad (arts. 338 y 317 C.P.).     

Por su parte, la actividad empresarial puede fungir como vehículo y ejemplo de uno de los casos en que la función social de la propiedad toma cuerpo a instancias de estímulos, beneficios y ventajas fiscales o de mercado, como de medidas coactivas de los correspondientes órganos del  Estado.  Dicho sea de paso que, la empresa, en cuanto se basa en la propiedad y el trabajo, tiene una función social que implica obligaciones para con sus trabajadores y los interlocutores comerciales de todo orden, lo cual, respectivamente, pasa por el pago de salarios justos y por el suministro de bienes y servicios que al abrigo de unos precios razonables, sean cuantitativa y cualitativamente aptos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (arts. 333 y 334 C.P.).

13.  Ahora bien, otra de las limitantes constitucionales a la propiedad privada es la expropiación. La Constitución en el mismo artículo 58 indica que  por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, puede presentarse la expropiación la cual debe efectuarse a través de sentencia judicial e indemnización previa.  Solamente en los casos que establezca el legislador la expropiación puede adelantarse por vía administrativa, aunque está sujeta a una posterior acción contenciosa administrativa.

En este orden de ideas, la privación de la titularidad del derecho de propiedad privada contra la voluntad de su titular, requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos:

i) Que existan motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador.

ii) Que exista decisión judicial o administrativa, esta última sujeta a posterior acción contencioso administrativa incluso respecto del precio.

La adopción de dicha decisión presupone que se adelante el procedimiento establecido en la ley, con garantía del derecho fundamental al debido proceso del titular del derecho de propiedad. Dicho procedimiento comprende una etapa previa, lógicamente fallida, de enajenación voluntaria o negociación directa, con base en una oferta por parte de la entidad pública.

iii) Que se pague una indemnización previamente al traspaso del derecho de propiedad a la Administración, la cual debe ser justa, de acuerdo con lo previsto en el Num. 21.2 del Art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Así mismo,  de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho es el principio de legalidad o de supremacía del Derecho, en virtud del cual la actividad de todas las personas y entidades, incluido el Estado mismo y sus autoridades, están sometidos al ordenamiento jurídico positivo, en primer lugar a la Constitución Política, de suerte que la vulneración de aquel les acarrea responsabilidad de diversos tipos.

Dicho principio está consagrado en el Art. 6º superior, en virtud del cual “los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”, y en el Art. 121 ibidem, conforme al cual “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

14.  La norma superior en su artículo 34 señala dos limitantes constitucionales a la propiedad privada.  Éstas son la extinción de dominio y la confiscación.

En primer lugar, y en relación con la extinción de dominio, esta Corte ha señalado, acorde con la Constitución y la ley, que las causales de improcedencia de la extinción radican esencialmente en la exigencia de licitud para el título que origina el derecho de propiedad. Así las cosas, en caso de que no se reúna el éste requisito procede la declaratoria de extinción de dominio por manifestación expresa de la Constitución. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional:

“En relación con la declaratoria de extinción de dominio por no satisfacerse la exigencia relacionada con la licitud del título que lo origina, hay que indicar que ello es así en cuanto el ordenamiento jurídico sólo protege los derechos adquiridos de manera lícita, es decir, a través de una cualquiera de las formas de adquirir el dominio y reguladas por la ley civil:  la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción y siempre que en los actos jurídicos que los formalizan concurran los presupuestos exigidos por ella.  Ese reconocimiento y esa protección no se extienden a quien adquiere el dominio por medios ilícitos.  Quien así procede nunca logra consolidar el derecho de propiedad y menos puede pretender para sí la protección que suministra el ordenamiento jurídico.  De allí que el dominio que llegue a ejercer es sólo un derecho aparente, portador de un vicio originario que lo torna incapaz de consolidarse, no susceptible de saneamiento y que habilita al Estado a desvirtuarlo en cualquier momento”.

Debe recordarse que la extinción de dominio tiene una naturaleza constitucional.  Es decir, “… no se trata de una pena a imponer con ocasión de una declaratoria de responsabilidad penal sino de acción constitucional pública, jurisdiccional, autónoma, directa y expresamente regulada por el constituyente, relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad y en virtud de la cual se extingue el dominio sobre los bienes adquiridos de manera ilícita…”.
En segundo lugar, y respecto de la Confiscación debe afirmarse que es una pena, que afecta el patrimonio de la persona que ha sido condenada como responsable de un delito, pues implica la pérdida de sus bienes a favor del Estado.  Así las cosas, la confiscación que la Constitución prohíbe es la apropiación oficial indebida, sin causa y procedimiento legal, por vía de simple aprehensión, del patrimonio de una persona.

Es decir, donde  existe la confiscación, la titularidad del derecho de dominio de los bienes se pierde por el condenado y pasa al Estado sin que hubiere lugar a indemnización alguna y contra la voluntad del condenado.

La Constitución Colombiana de manera expresa prohíbe esa pena, como ya lo había hecho la Constitución precedente.

15.  Ahora bien, es de resaltar que la propiedad es una institución social y aún en el liberalismo clásico, como en el caso de Locke, se la concibe como el derecho a una propiedad “media”, sin justificar grandes propiedades, ni toda clase de propiedad.   Por ende, son legítimas las limitaciones constitucionales a la propiedad privada.

Por se de trascendencia, es importante señalar la Sentencia C- 189 de 2006 donde se trató el tema del núcleo esencial de la propiedad privada y sus límites legales y temporales:

“
Por ello, esta Corporación ha admitido que no se desconoce el citado núcleo esencial cuando se imponen por el legislador prohibiciones temporales de enajenación sobre algunos bienes, o en ciertos casos, limitaciones intemporales o por extensos períodos de tiempo, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior orientado a realizar los fines del Estado Social de Derecho, mantienen incólume los atributos de goce, uso y explotación que le permitan a su titular -de acuerdo con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico- obtener algún tipo de utilidad económica que justifique la presencia de un interés privado en la propiedad. Veamos a continuación algunos ejemplos que ilustran la anterior conclusión: 

- En primer lugar, el artículo 1866 del Código Civil establece el principio general en materia de enajenabilidad de bienes. De acuerdo con esta disposición, “pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley”, sopena de considerar que dicho acto está incurso en nulidad absoluta por la existencia de un objeto ilícito. Dichas prohibiciones en el citado estatuto normativo, se encuentran previstas, entre otras, (i) en el artículo 424 al proscribir la cesión a cualquier título del derecho a pedir alimentos; (ii) en el artículo 1520 al excluir del comercio la venta de los derechos herenciales de persona no fallecida; (iii) en el artículo 1942 al impedir la cesión del derecho que nace del pacto de retroventa, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte; (iv) en el artículo 878 al prohibir de manera absoluta la transmisión de los derechos de uso y habitación; y finalmente, (v) en el artículo 1521 al considerar que existe objeto ilícito en la enajenación: “(a) De las cosas que están fuera del comercio; (b) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; (c) De las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”.  

Obsérvese cómo respecto de algunas de las mencionadas prohibiciones de enajenación su alcance es intemporal, como ocurre con la prohibición de cesión del derecho a pedir alimentos, la venta de los derechos herenciales de persona no fallecida, la transmisión de los derechos que surgen del pacto de retroventa y la cesión de los derechos de uso y habitación; mientras que otras se encuentran sujetas a término cierto pero indefinido, como sucede con las cosas embargadas por decreto judicial, pues es claro que la misma perdurará hasta tanto subsista la cautela judicial o se obtenga, en su lugar, el consentimiento del acreedor o la autorización judicial para proceder a su levantamiento.

Estas limitaciones a pesar de prohibir la enajenación de derechos que se incorporan al patrimonio de una persona a manera de derechos personales sobre los cuales se ejerce propiedad privada, no implican el desconocimiento del núcleo esencial del citado derecho, porque además de preservar sobre ellos los atributos de goce, uso y explotación, responden a la necesidad de asegurar un interés superior que goza de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado Social de Derecho. Así ocurre, por ejemplo en el caso del derecho a pedir alimentos, en la medida en que se garantiza a través de su prohibición que efectivamente el titular de los mismos satisfaga su derecho al mínimo vital; en tratándose de la limitación de venta de derechos herenciales de persona no fallecida, al mantener con carácter de orden público la intangibilidad del patrimonio de quien se espera suceder, como uno de los atributos que integran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (C.P. art. 14); en cuanto a los derechos de uso y habitación, al velar en su condición de derechos personalísimos porque se satisfagan integralmente las necesidades esenciales del usuario o del habitador, incluyendo -en algunos casos- a su familia; y frente a las cosas embargadas, con miras a afianzar la prenda general de los acreedores, como medio para lograr el cumplimiento del fin del Estado consistente en alcanzar la convivencia pacífica (C.P. art. 2).  

-  En segundo lugar, una de las manifestaciones del derecho a la propiedad intelectual previsto en el artículo 61 del Texto Superior, son los denominados derechos de autor. Éstos comprenden tanto derechos patrimoniales como derechos morales a favor del creador de una producción del intelecto. Mediante los derechos patrimoniales se conceden al inventor o a sus causahabientes los beneficios económicos derivados del aprovechamiento o explotación de la obra, los cuales se extienden durante el período de tiempo establecido en la ley. A través de los derechos morales se reconoce -entre otras prerrogativas- la facultad del autor de decidir sobre la divulgación de su creación, la posibilidad de reclamar en todo tiempo su paternidad y el derecho a oponerse a cualquier alteración que modifique sustancialmente su naturaleza.  

De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, la normatividad comunitaria andina y los convenios internacionales sobre derechos de autor los derechos morales del creador de una producción del intelecto se consideran derechos perpetuos, inalienables e irrenunciables, que por encontrarse fuera del comercio, no son susceptibles de negociación. 

A juicio de esta Corporación, la razón que fundamenta la existencia de la citada prohibición de enajenación, es el hecho de considerar que los derechos morales constituyen una manifestación de la personalidad de su titular, los cuales como expresión de su ser racional, son susceptibles de protección como derechos inalienables de rango fundamental (C.P. art. 5). 

En este orden de ideas, es innegable que el reconocimiento de los derechos morales de autor implica la existencia de una prohibición absoluta de enajenación que no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues además de velar por la defensa de un derecho fundamental que goza de primacía en nuestro ordenamiento constitucional (C.P. art. 5), mantiene incólume a través de su carácter netamente patrimonial el ejercicio de los atributos de uso, goce y explotación sobre dichos derechos.  

- En tercer lugar, la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo No. 023 de 1995 establecen que los predios rurales adjudicados por el INCORA con anterioridad a la vigencia de dicha ley, no pueden ser objeto de transferencia de dominio hasta tanto se cumpla un plazo de quince (15) años contados a partir de la primera adjudicación en propiedad que se haga sobre la respectiva parcela o cuota del predio, a menos que dicha transferencia se realice a favor de campesinos de escasos de recursos, siempre y cuando se acompañe de la autorización previa y expresa de la Junta Directiva del citado Instituto. Pasado el mencionado término, el propietario deberá informar a la entidad su intención de enajenar el inmueble, la cual tendrá la primera opción de readquirirla dentro de los tres (3) meses siguientes a la recepción del aviso.

En criterio de esta Corporación, aun cuando las normas en cuestión establecen una prohibición temporal de enajenación, es claro que las mismas no resultan contrarias al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues no sólo mantienen intacto el ejercicio de los atributos de goce y explotación sobre los predios rurales debidamente adjudicados, sino que también propenden por la realización del principio de democratización de la propiedad a favor de trabajadores agrarios y campesinos, previsto -entre otros- en los artículos 58, 60 y 64 del Texto Superior. Así, al pronunciarse sobre prohibiciones de enajenación en materia de bienes baldíos, este Tribunal señaló:
“Como es sabido, atendiendo al sentido y alcance del artículo 58 de la Constitución, la adquisición y ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestos por el Estado, en razón de que la propiedad no se concibe como un  derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que "la propiedad es una función social que implica obligaciones". 

Ahora bien, si la relativización de la propiedad se predica del dominio privado, con mayor razón debe predicarse del que se genera cuando la Nación adjudica los bienes baldíos, si se repara que éstos indefectiblemente están destinados a contribuir al logro de fines esenciales del Estado (C.P. art. 2), en lo económico y social, particularmente en lo que concierne con la creación de las condiciones materiales que contribuyan a la dignificación de la vida de los trabajadores del campo, mediante su acceso a la propiedad y a los bienes y servicios complementarios requeridos para la explotación de ésta y para su mejoramiento social y cultural. (...)

La limitación introducida por la norma acusada sobre el tamaño transferible de la propiedad originada en una adjudicación de baldíos, no atenta contra el derecho de propiedad ni su libre enajenación. En efecto, ha sido la voluntad del legislador, amparada como se dijo en la previsión del art. 150-18 y en la persecución de los fines constitucionales de lograr el acceso de los campesinos a la propiedad rural, el de limitar la adjudicación de baldíos, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva del INCORA, a una unidad de explotación económica denominada UAF (ley 160/94 art. 66). Por lo tanto, este límite a la adjudicación guarda congruencia con el precepto acusado, que prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF, precepto que consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios…con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos"  (art. 64 C.P.).

Es evidente que si se limita la posibilidad de adquirir la propiedad de los baldíos, o la que se deriva de un título de adjudicación de baldíos a una UAF, como lo prevé el acápite normativo acusado, más posibilidades tendrá el Estado de beneficiar con dicha propiedad a un mayor número de campesinos, aparte de que se logrará el efecto benéfico de impedir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico”.

- En cuarto lugar, el Decreto 2007 de 2001, en los artículos 1 y 4, establecen que una vez el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, declara la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia en una zona determinada del territorio sometido al ámbito de su competencia, los predios rurales afectados no podrán ser objeto de enajenación o transferencia a ningún título mientras permanezca dicha declaratoria, a menos que se obtenga la autorización correspondiente por parte del citado Comité y siempre que la enajenación no se haga a favor del INCORA. A juicio de la Corte, la citada limitación de enajenación no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues su objetivo es precisamente preservar la plena disponibilidad de los bienes patrimoniales de la población sometida a actos arbitrarios de desplazamiento contrarios a su derecho fundamental de locomoción. 

- En quinto lugar, el patrimonio cultural de la Nación aunque pertenece al Estado admite algunas excepciones en cuanto a su apropiación por parte de los particulares. Una de ellas es la prevista en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997, conforme a la cual se reconoce el derecho de las Iglesias y Confesiones Religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con sus propios recursos o que esté bajo su legítima posesión. En estos casos, la posibilidad de enajenación de dicho patrimonio, se somete al convenio que se celebre entre las Iglesias y el Estado, a fin de preservar el derecho de este último de readquirirlo en los términos establecidos en el artículo 72 Superior. Obsérvese cómo, en la citada disposición, el legislador consagra una limitación al derecho a la libre disponibilidad que no resulta contrario al núcleo esencial de la propiedad privada, pues mediante su establecimiento se pretende garantizar el acceso a la cultura como uno de los valores que orientan al Estado Social de Derecho, dejando a salvo los atributos de uso y goce propios del interés particular en la propiedad.

- En sexto lugar, en el derecho administrativo se reconoce la figura de la congelación como un instrumento jurídico mediante el cual se puede restringir la facultad de disposición de un bien de propiedad privada. En estos casos, el vendedor únicamente puede enajenar el bien a la entidad de derecho público que esté encargada de la ejecución y desarrollo de una obra de beneficio común. Así, por ejemplo, en materia de obras públicas para la generación de electricidad, acueductos y demás sistemas de regadío, la Ley 56 de 1981 establece que una vez declarada la utilidad pública de la zona, la entidad encargada del proyecto tiene la primera opción de compra de todos los bienes inmuebles en ella comprendidos durante el término de dos (2) años. En idéntico sentido, la Ley 9 de 1989, aplicable a zonas urbanas y suburbanas estableció que la congelación de propiedades para la realización de una obra de beneficio común o utilidad pública tendrá una duración de tres (3) años prorrogables hasta por otros tres (3), luego de lo cual el inmueble puede ser enajenado a cualquier persona. 

- Finalmente, el artículo 14 de la Ley 226 de 1995, le otorga al gobierno nacional la atribución de disponer en el programa de enajenación de participaciones en entidades estatales distintas medidas dirigidas a garantizar la realización del principio de democratización de la propiedad accionaria. Entre estas alternativas se consagra la posibilidad de “incluir la limitación de la negociabilidad de las acciones, a los destinatarios de condiciones especiales, hasta por dos (2) años a partir de la fecha de la enajenación”. En criterio de este Tribunal, la citada cláusula limitativa de la disponibilidad de las acciones se enmarca dentro del principio de democratización de la propiedad y, por lo mismo, no resulta lesiva del citado derecho, en cuanto pretende hacer efectivo los mandatos de la democracia participativa en el campo económico. 

10. En conclusión, es compatible con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que el legislador establezca prohibiciones temporales o absolutas de enajenación sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado Social de Derecho, mantienen a salvo el ejercicio de los atributos de goce, uso y explotación, los cuales no sólo le confieren a su titular la posibilidad de obtener utilidad económica, sino también le permiten legitimar la existencia de un interés privado en la propiedad.

El derecho fundamental al debido proceso.

16. La Constitución establece el debido proceso como un derecho fundamental.  Este derecho fundamental debe hacerse valedero en todo tipo de actuaciones judiciales, administrativas o de cualquiera otra naturaleza.  

Así pues, nadie puede ser sometido a un juicio sino de acuerdo con las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

17. Específicamente y en lo relacionado con los temas que esta providencia trata, es necesario mencionar que el derecho de defensa hace parte intrínseca del debido proceso.

Implica lo anterior, que ni el legislador ni los particulares  poseen una total discrecionalidad al momento de establecer los procedimientos para establecer algún tipo de sanción, sino que deben respetar los derechos fundamentales de las personas, los cuales no sólo son sujetos de protección y garantía por parte del Estado sino que igualmente devienen como un límite inherente y normativo de origen constitucional al ejercicio del poder punitivo del Estado o de los particulares. 

Así las cosas, uno de estos derechos fundamentales de origen constitucional que actúa como sujeto de protección estatal y como límite normativo de cualquier tipo de sanción  es el derecho de defensa.  

En efecto, el derecho de defensa apareja consigo que tanto el Estado como el ordenamiento jurídico , al cual están sometidos los particularestienen el deber constitucional de salvaguardar a cualquier persona sin distingo del  tipo de proceso sea judicial, administrativo o particular - de la “plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga “

En otras palabras, el derecho de defensa se centra en la posibilidad de que una persona dentro de un proceso estatal o particular, pueda ser oída, controvertir las pruebas existentes e interponer los recursos de ley. Por lo anterior, debe afirmarse que el derecho de defensa es un derecho fundamental autónomo no obstante estar ligado inexorablemente al debido proceso.

En últimas, el derecho de defensa lo que pretende, basado en la Constitución, es la “ interdicción a la indefensión “ .  Esta se presentaría  “cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial, de sus derechos, o la de realizar dentro de dicho proceso, las adecuadas pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que dificulte la actividad probatoria, o cuando se le niega una justa legal facultad de que su negocio sea conocido en segunda instancia.(...)”. Efectivamente, se produce una indefensión de las personas cuando se les coarta la posibilidad de acceder al aparato judicial o cuando se les dificulta realizar las actividades encaminadas a propiciar su defensa dentro de un proceso.”

ii. Generalidades del Mercado Público de Valores y la propiedad accionaria.

18.  En Mercado Público de Valores el término valor se refiere a todo derecho de naturaleza negociable que haga parte  de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público.
Dentro de los valores a que se hace referencia encontramos: Las acciones, los bonos, los papeles comerciales, los certificados de depósito de mercancías, cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, cualquier título representativo de capital de riesgo, los certificados de depósito a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias y cualquier título de deuda pública.
 
Los valores tendrán las características y prerrogativas de los títulos valores. En este orden de ideas, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora.  Son requisitos comunes a todos los títulos valores: La mención del derecho que en el título se incorpora y  la firma de quien lo crea.  Así las cosas, acorde con lo establecido por el legislador, las acciones tienen las mismas características y prerrogativas de los títulos valores.
Dentro de las actividades del mercado de valores encontramos : la emisión y la oferta de valores, la intermediación de valores, la administración de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales, el depósito y la administración de valores, la administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados, la compensación y liquidación de valores; la calificación de riesgos, la autorregulación,  y el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y procesamiento de la misma.

19.  Acorde con lo señalado por el legislador serán sociedades inscritas en el mercado de valores las sociedades anónimas que tengan acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. En consecuencia, solo pueden ser negociadas las acciones emitidas por las sociedades anónimas.     
 
La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. El capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títulos negociables.

En este orden de ideas, sobre la acción se ejerce el derecho de propiedad privada.  Así pues, acorde con la ley, cada acción conferirá a su propietario los siguientes derechos:

•	El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella;

•	El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos;

•	El de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos;

•	 El de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y

•	El de recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.

Los derechos anteriormente mencionados se radican igualmente en cabeza del usufructuario de las acciones, salvo estipulación expresa en contrario, excepto el derecho de enajenarlas o gravarlas y el de su reembolso al tiempo de la liquidación.   Ahora bien, con base en el planteamiento teórico expuesto en el numeral 16 precedente, las acciones tienen las mismas características y prerrogativas de los títulos valores.  Así pues, se considera tenedor legítimo del título, en este caso de la acción,  a quien lo posea conforme a su ley de circulación.

iii. Caso Concreto.

20.  Acorde con las consideraciones anteriores entrará la Corte a determinar si el artículo 70 de la ley 510 de 1999 al establecer que a los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de 20 años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales; la sociedad pueda previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignado el precio que corresponda, de acuerdo al valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición , en una partida a disposición del o los accionistas; se les está violando el derecho a la propiedad privada.
 21.  Así entonces, y con base en los postulados teóricos expuestos en la presente providencia, encuentra esta Corte que la norma acusada es inconstitucional por las siguientes razones:

21.1.  La disposición acusada establece como sujetos destinatarios del contenido normativo que la compone, a los poseedores de acciones inscritas en el registro nacional de valores y en una o más bolsas de valores del país.

21.2.  Pues bien, según lo estipulado por la ley, las acciones son valores que pueden estar sujetas a las actividades desarrolladas por el Mercado Público de Valores (numeral 19).  Igualmente por su connotación de valores,  las acciones tienen las mismas características y prerrogativas de los títulos valores.    En este orden de ideas,  se considera tenedor legítimo del título valor a quien lo posea conforme a su ley de circulación.  

Así las cosas, cuando la norma acusada hace referencia a los poseedores de acciones inscritas en el registro nacional de valores, esta denotando al tenedor legítimo del titulo valor conforme a su ley de circulación.   

21.3.  Ahora bien, con base en los sustentos teóricos que soportan esta providencia ( numeral 20 ), las sociedades que pueden ser inscritas en el Mercado Público de Valores son las sociedades anónimas.  Por consiguiente, los poseedores o tenedores legítimos que relaciona la norma acusada no son otros que aquellos que lo sean respecto de acciones en sociedades  anónimas. 

Para tal efecto, los derechos que puede ejercer el propietario o el usufructuario – salvo estipulación expresa y con las excepciones mencionada atrás – de acciones en una sociedad anónima son: El de participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella; el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos; el de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos; el de inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio, y el de recibir una parte proporcional de los activos sociales, al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.

Así pues, los anteriores son los derechos que se derivan de la propiedad accionaria en una sociedad anónima.  

21. 4.  Así las cosas, la Constitución Política de 1991 estableció dentro de los derechos, garantía y deberes ( Título II Constitucional ) la propiedad privada como derecho constitucional.  Dentro de este concepto es que se encuentra la propiedad accionaria que se viene mencionando. Las disposiciones constitucionales regulan y desarrollan lo atinente a éste derecho y a todos aquellos derechos adquiridos con arreglo a las leyes.

De un lado, dentro de las características del derecho de  la propiedad y por ende de la   propiedad accionaria encontramos las siguientes:  i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas.

Como atribuciones de la misma propiedad se han señalado i. el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir, ii. el ius fruendi o fructus,  que es la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el derecho de disposición  consistente  en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien. 

En este orden de ideas, todas las características de la propiedad como sus atribuciones están intrínsecas en la propiedad accionaria.

21. 5.  Así las cosas, la propiedad que se ejerce sobre acciones inscritas en el registro nacional de valores y en una o más bolsas de valores del país no es ajena a la protección constitucional que brinda la norma superior.  En consecuencia, dicha propiedad solamente puede ser limitada a través de las excepciones que la misma Constitución señala para restringir  este derecho constitucional.

En consecuencia, la posibilidad de que a los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de 20 años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales; la sociedad pueda previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignado el precio que corresponda, de acuerdo al valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición , en una partida a disposición del o los accionistas; deviene inconstitucional; por cuanto no es una limitación a la propiedad con respaldo constitucional.  Veamos:

21.5.1.  El artículo 58 constitucional indica que se garantiza la propiedad privada, no obstante señala que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.  

Este primer límite  de la propiedad privada, referente a la utilidad pública o al interés social exige que exista una ley previa que defina los motivos de utilidad pública o de interés social.  No basta simplemente con alegar dichas motivos, sino que por exigencia constitucional es indispensable que quien establezca los motivos ya referidos sea el legislador a través de una ley de la República.

En consecuencia, no puede esta Corte compartir los argumentos esbozados por la Superintendencia Financiera en el sentido de que la norma acusada esta pensada “…en guarda de la dinámica del mercado y en defensa del interés público en él representado.” Por cuanto a la luz de los lineamientos del artículo 58 constitucional, cuando se pretenda limitar la propiedad en aras de un interés público , por utilidad pública o por interés social, debe mediar una ley previa que defina los motivos atrás relacionados como limitante a la propiedad.

Así pues, la norma acusada señala que la sociedad puede previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignado el precio que corresponda.  Por ende, no es la ley quien define la utilidad pública o el interés social a proteger, sino que es una aprobación previa de la asamblea de accionistas quien determina la readquisición de acciones, vulnerando el derecho de propiedad que sobre las acciones tiene su propietario. 

Por consiguiente, mal puede afirmarse como lo señala un interviniente, que lo que busca la norma es facilitar la gobernabilidad dentro de la sociedad, por cuanto dicho concepto es totalmente ajeno a los conceptos de utilidad pública o interés social, que en realidad son los que protege la constitución.

21.5.2.  Otra de las limitantes constitucionales a la propiedad privada es la expropiación. La Constitución en el mismo artículo 58 indica que  por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, puede presentarse la expropiación la cual debe efectuarse a través de sentencia judicial e indemnización previa.  Solamente en los casos que establezca el legislador la expropiación puede adelantarse por vía administrativa, aunque está sujeta a una posterior acción contenciosa administrativa.

Por consiguiente, la norma acusada tampoco se encuadra dentro de la limitante indicada por cuanto para poder restringir la propiedad, así sea la accionaria, por motivos de utilidad pública o interés social es indispensable que dichos motivos los haya definido el legislador a través de una ley- situación que como se señaló no presenta la norma acusada – y no bastando lo anterior,  dicha limitación debe ser establecida por medio de una sentencia judicial.

Por ende, y como se viene afirmando, al despojarse de su dominio a los poseedores de acciones inscritas en el registro nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país por no haber ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales por un término de 20 años; se está violentando la Constitución por cuanto dicha dejación forzosa del dominio accionario no deviene ni de motivación señalada por la ley ni de sentencia judicial que la reconozca.  Por el contrario, es un órgano particular como la asamblea de accionistas quien decide despojar de su domino al propietario de las acciones, desconociendo entonces las exigencias constitucionales de “ ley previa “ y de “ sentencia judicial “ como limitantes de la propiedad.  He acá otra de las razones de la inconstitucionalidad de la norma atacada.

21.5.3.   Igualmente, la norma acusada no puede estructurarse dentro de la limitante señalada en el artículo 34 constitucional, esto es la extinción de dominio.  Lo anterior, por cuanto como se afirmo de manera precedente, para poder que se presente esta restricción constitucional a la propiedad es indispensable que se realice a través de una sentencia judicial.  Situación anterior ajena a la disposición demandada como se viene demostrando. 

Ahora bien, si la norma atacada estableciera una confiscación,  claramente sería inconstitucional por cuanto la norma superior prohíbe dicho tipo de limitación a la propiedad. 

22. Así pues, siendo la propiedad – como lo es la propiedad accionaria - un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso;  siendo la propiedad- como lo es la propiedad accionaria - un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero; solamente puede ser limitado o restringido acorde con las limitaciones y restricciones señaladas manifiestamente por la Constitución.  

Así entonces, la pérdida del dominio de sus propietarios sobre las acciones, previa decisión y aprobación de la asamblea de socios, por la supuesta inactividad en el ejercicio de sus derechos por un término de 20 años; no es ni siquiera una de las limitaciones al derecho a la propiedad.    En el presente caso, lo que se presente claramente es una perdida del dominio no una limitación a éste, perdida que no cuenta con ningún respaldo constitucional.  Esta perdida del dominio accionario no cuenta en momento alguno  ni siquiera con la  determinación de legislador a través de una ley y la declaración por medio de una sentencia judicial, acá lo que sucede es la perdida de la propiedad por determinación de un particular.

23.  Debe agregarse que la norma acusada, esto es “A los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de veinte (20) años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales, la sociedad podrá, previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignando el precio que corresponda, de acuerdo con el valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición, en una partida a disposición del o los accionistas. “ hace absolutamente nugatorio el derecho de defensa del propietario de las mencionadas acciones.

En efecto, la norma demandada no señala en que eventos, o a través de que procedimiento puede el propietario accionario defender sus intereses ante la asamblea de accionistas quien emite la aprobación para la perdida de la propiedad de las acciones;  igualmente la norma acusada no señala mecanismo alguno por medio del cual el propietario de las acciones puede refutar el precio que se establezca a sus acciones y menos aún , especifica la norma, los recursos con que debe contar el mencionado propietario accionario para atacar las decisiones tomadas respecto de alguna de las decisiones mencionadas.

En consecuencia, la norma acá estudiada establece una serie de prerrogativas para  la sociedad y la asamblea de accionistas con el propósito de decretar la perdida de la propiedad de unas acciones, es decir facultades respecto de quienes pretenden despojar de la propiedad;  pero no determina ni dice nada en relación  con los derechos de reconocimiento constitucional en cabeza de quien no desea dar por perdida su propiedad.

24. Por último, de un lado, mal puede compararse como lo pretende hacer uno de los intervinientes, los postulados de la norma sujeta a estudio con los postulados del artículo 2512 del código civil que establece que la prescripción es un  modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por no haberse ejercido las acciones y derechos durante un lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.

Lo anterior, por cuanto la propia prescripción establecida por el Código Civil requiere ser declarada por vía judicial. En consecuencia, dichos argumentos que pretendían defender la constitucionalidad de la norma, reafirman su contrariedad con el ordenamiento constitucional.

De otro lado, no encuentra esta Corte que el artículo 70 de la ley 510 de 1999 haya sido derogado tácitamente por el artículo 42 de la ley 964 de 2005, como lo señala uno de los intervinientes; en primer lugar, por cuanto la disposición posterior ( art. 42 ley 964 de 2005 ) no abarca todo el contenido normativo de la disposición anterior ni maneja los mismos presupuestos normativos( art. 70 de la ley 510 de 1999).  En segundo lugar, por cuanto la disposición posterior no resulta inconciliable con la anterior y en tercer lugar, por cuanto la norma posterior no regula íntegramente la materia de que trata la norma anterior.

Ésto se puede observar de un simple cotejo entre las dos normas:

LEY 510 DE 1999. 

ARTICULO 70. A los poseedores de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores y en una o más bolsas de valores del país que durante un término de veinte (20) años no hayan ejercido ninguno de los derechos consagrados en la ley o en los estatutos sociales, la sociedad podrá, previa aprobación de la asamblea de accionistas, readquirir sus acciones consignando el precio que corresponda, de acuerdo con el valor patrimonial de la acción al último ejercicio contable anterior a la readquisición, en una partida a disposición del o los accionistas. “

LEY 964 DE 2005.

ARTÍCULO 42. READQUISICIÓN DE ACCIONES Y ENAJENACIÓN POSTERIOR. Las sociedades inscritas podrán readquirir sus acciones con sujeción a lo dispuesto en el artículo 396 del Código de Comercio, siempre que la readquisición se realice mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas. En estos casos, el precio de readquisición se fijará con base en un estudio realizado de conformidad con procedimientos reconocidos técnicamente.
 
La enajenación de las acciones readquiridas por las sociedades inscritas deberá realizarse mediante mecanismos que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas sin que resulte necesaria la elaboración de un reglamento de suscripción de acciones.
 
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

25.  En este orden de ideas, y con base a las motivaciones expresadas en esta providencia, esta Corte declarará inexequible el artículo 70 de la ley 510 de 1999, por vulnerar el derecho de propiedad privada  y el derecho de defensa, ambos de origen constitucional.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

1. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 70 de la Ley 510 de 1999.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

NILSON PINILLA PINILLA
Presidente

JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado 

CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ
Magistrado

JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA 
Magistrado 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado

CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrado 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General