Auto 022/10

FALLO DE REVISION DE TUTELA-Reiteración improcedencia de aclaración

ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia de oficio y a solicitud de parte respecto de conceptos o frases contenidas en la parte resolutiva o que influyan en ella

NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD-Efectos inter comunis otorgados en sentencia SU913/09

SOLICITUD DE ACLARACION SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por cuanto no corresponde a la Corte pronunciarse sobre organización, localización y distribución de notarías en el país en sentencia SU913/09

Referencia: Solicitud de aclaración de la sentencia SU 913 de  2009.

Expediente: T-2210489 AC

Solicitante: CLARET ANTONIO  PEREA FIGUEROA.

Magistrado Ponente:

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Bogotá D. C., quince (15) de febrero de dos mil diez (2010).

La Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere el presente Auto, con fundamento en los siguientes

I. ANTECEDENTES.

Mediante escrito radicado el día 12 de enero de 2010, al cual se dio alcance mediante comunicaciones radicadas el  18 y  25 de enero del año en curso, el ciudadano CLARET ANTONIO FIGUEROA, señaló:

• Que renunció al cargo  de Juez Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., al que accedió por concurso, para asumir el cargo de Notario Séptimo del Círculo de Bogotá, según decreto 912 de 16 de marzo de 2009 y acta de posesión  de 17 de abril de 2009, después de “…innúmeradas idas y venidas a la Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio del Interior y de Justicia; cansados, desesperados, aburridos y enfermos de  stress, depresión y ansiedad porque nunca se obtuvo de la administración  del concurso una respuesta oportuna y adecuada a derecho, que justificara franca e invitablemente la MORA oficial en cumplir con el deber constitucional  de producir los nombramientos de notarios en propiedad”.

• Su nombramiento como Notario Séptimo obedeció únicamente al mérito, después de haber cumplido con todos los requisitos de ley y haberse ubicado en los 76 mejores puntajes. En ese orden, el acto administrativo de nombramiento es un acto expedido por autoridad competente, con todas las formalidades legales, procesales y sustanciales y por tanto goza de protección especial como un derecho adquirido.

• Informa el solicitante que posesionado como notario buscó un local de área mínima de 700 metros cuadrados, de fácil acceso al público, aireado, de buena iluminación, capaz de albergar un protocolo que data del año 1947, con aproximadamente 6000 volúmenes; local que consiguió en el centro de Bogotá  en la calle 13 No. 8-39 interior 2, 3 y 7 edificio Bancoquia, el cual se encontraba en mal estado y tuvo que refaccionarse. Esa “multimillonaria” inversión la realizó convencido de que se encontraba nombrado en propiedad como Notario Séptimo.

• Señala que no obstante la claridad de las medidas señaladas en la sentencia SU 913 de 2009,  el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta que, con relación al Círculo de Bogotá, sólo se declaró la vacancia de notarías que estaban siendo ocupadas por personas que:

1. No concursaron y, por tanto se hallaban en interinidad o encargo;
2. Concursaron pero estaban por fuera de los 76 guarismos ganadores;
3. Se hallaban inhabilitados por sanción o por haber llegado a la edad de retiro forzoso; ó
4. Fueron nombrados, sin haber ganado el concurso, por órdenes judiciales.

• Con todo, el Decreto 5041 del 2009, por el cual se dio cumplimiento a la Sentencia SU 913 de 2009, no refleja la voluntad de la honorable Corte Constitucional. Al respecto, indica que las designaciones como notarios se produjeron por el simple hecho de haber ganado el concurso  y hallarse dentro de los 76 mejores puntajes en los términos del Acuerdo 142 de 2008. De manera que al cumplir con ésta orden, existían suficientes notarias vacantes, en las cuales podía y debía nombrarse, en estrito orden de resultados a todos los concursantes que estaban por fuera del servicio notarial y se encontraban en lista de elegibles prevista en el Acuerdo 142 de 2008.

• Sin embargo, el Consejo Superior de la Carrera Notarial procedió a revocar su nombramiento como Notario Treinta y Cuatro del Círculo de Bogotá, arropado bajo una simple “modificación” de la nomenclatura de la Notaría, sin su consentimiento, a pesar de que su nombramiento no fue  anulado por orden judicial, no tiene la connotación de un nombramiento “precario”, no ha decaído administrativamente pues el fundamento de éste no fue la medida cautelar ordenada por los jueces de la acción popular, sino el hecho de haber ganado y superado el concurso por encontrarse en los 76 mejores puntajes, por lo que considera que no es posible la modificación unilateral del  decreto de nombramiento.

• Advierte, que resultó trasladado a la Notaria 58 del Círculo de Bogotá que corresponde a la localidad de Tunjuelito, limitación territorial o subcategorización  de notarias que no fue informada en el concurso  y que vulnera el  derecho a la igualdad, por ser todas las notarías de Bogotá de primera categoría, lo que hace imposible su relocalización en el lugar en el que viene ejerciendo el servicio, mientras otros, con inferior puntaje que el suyo, se favorecen con notarías sin tales límites, lo que acarrea una ventaja comparativa que no fue advertida en la reglas del concurso.

Por lo expuesto, solicita proteger sus derechos fundamentales, antes de que se consolide una devastadora injusticia que lo lleve a la quiebra, además de proponer a la Corte que las notarías vacantes sean provistas por las personas a quienes se protegieron sus derechos en orden de puntaje  y que los  notarios ya nombrados sigan en el lugar en que actualmente se encuentren ó solo cambien el número de notaría, lo cual causa un impacto menos grave  que el que causa la aplicación del Decreto 5041  de 2009.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

1. La Corte Constitucional ha señalado que, por regla general, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en desarrollo de su función de revisión de los fallos de tutela no son objeto de adición o aclaración en los términos del artículo 241 de la Constitución Política. Esto por cuanto, como lo ha expresado la Corte en varias oportunidades1, solo se aclara lo que ofrece duda, lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando lo expuesto en la parte motiva influye en aquella.

En otras palabras, entretanto la falta de claridad no se halle establecida de modo pleno, se mantiene incólume la prohibición a quien juzga, de pronunciarse nuevamente sobre la sentencia ya proferida, por cuanto, se insiste, ella es intangible para la autoridad judicial que la hubiere dictado, a quien le está vedado revocarla o reformarla so pretexto de aclararla. Se considera pues que una decisión encaminada exclusivamente a precisar el contenido de una decisión judicial es innecesaria, cuando esta es clara, al punto de correr el riesgo de modificar sus alcances, alterar su contenido, reducir su espectro de acción o modificar las condiciones en que se concedió el amparo de tutela, lo cual implica la producción de una nueva providencia judicial y la consecuente afectación de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica2.

2. Excepcionalmente, la Corte ha admitido la procedencia de solicitudes de aclaración, en los términos del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil “dentro del término de la ejecutoria de la sentencia y a petición de parte o de oficio”, respecto de “frases o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión.”

3. De conformidad con lo expresado, resulta claro que, en principio, la aclaración o corrección de lo resuelto en un fallo de tutela solamente es posible cuando sea manifiesta la duda que a partir de él se genere.

4. Es pertinente observar que en el presente caso los cuestionamientos presentados obedecen a solicitudes que no tiene origen en puntos oscuros o que ofrezcan ambigüedad o duda, más aun cuando la Corte Constitucional reconoció la validez y obligatoriedad de las listas de elegibles, así como que la asignación de notarías entre los mejores puntajes debería efectuarse conforme a lo dispuesto por la Ley, aspecto previsto en la parte considerativa de la sentencia SU 913-09, en el numeral 14.5.1.6, según el cual:

“14.5.1.6  Orden de preferencia en la distribución de notarías.

En relación con la distribución de las notarías que deben ser asignadas a los primeros mejores puntajes en orden descendente, la Corte encuentra que por disposición  del  artículo 6 de la Ley 588 de 2000, el aspirante debía indicar la notaría de preferencia, si en el Círculo para el cual concursó existía más de una notaría, de la siguiente manera:

Artículo 6o. Postulaciones. El aspirante al cargo de notario, en la solicitud de inscripción anotará el círculo al que aspira, si en el círculo existe más de una notaría indicará también el orden de su preferencia.

En caso de empate habrá derecho de preferencia para el titular de la notaría.

Atendiendo este criterio de distribución de notarías entre los mejores puntajes el Decreto 3454 de 2006, estableció en su artículo 4º, que:

Artículo 4°. Inscripción. La inscripción se realizará por vía electrónica en el sitio web que indique el Consejo Superior, en la fecha que determine el reglamento.

El postulante diligenciará en forma completa el formulario electrónico que para tal fin sea aprobado por el Consejo Superior, indicando el círculo al que aspira. Si en el círculo existe más de una notaría, indicará también el orden de su preferencia. Serán eliminados del proceso los aspirantes que presenten más de una aplicación en el concurso, y quienes se presenten para más de un círculo notarial.

“(…)Desde ese punto de vista es claro que los mejores puntajes en orden descendente deben ocupar los cargos de notario, según el número de notarías a proveer en estricto orden descendente. Así, si se convocaron 76 notarías para el Círculo de Bogotá, éstas deben invariablemente asignarse entre los mejores 76 mejores puntajes en orden descendente.

Sin embargo, otra cosa es la distribución de esas 76 notarías entre los ganadores, la cual según la información enviada por la Superintendencia y las normas antes trascritas se ha efectuado atendiendo el orden de preferencia anotado en el formulario de acuerdo con el puntaje. Esto quiere decir que si dos personas anotaron como de preferencia la Notaria 15, por ejemplo, se adjudicará a aquel que hubiese obtenido el mayor puntaje.

De esta forma se han distribuido la mayoría de notarías en el país. Sin embargo el caos generado con ocasión de la medida cautelar y  las tutelas interpuestas que ordenaron nombramientos, alteraron la forma de distribución de las notarías (…)’.

En esos términos por equidad y justicia el Consejo Superior de la Carrera Notarial deberá revisar nuevamente las preferencias señaladas por los puntajes con derecho a asignación de notaria de manera que se distribuyan atendiendo los criterios generales señalados por la ley.  (subrayado y resaltado fuera de texto) 

De la parte considerativa de la sentencia SU 913-09 y de la ley resulta suficientemente claro que la Corte Constitucional no ordenó desconocer o revocar la condición de notario de ningún ciudadano que de acuerdo con su puntaje debiese acceder a una Notaría. Cosa distinta es que la asignación de ésta debía atender el puntaje obtenido dentro del concurso por cada concursante, así como las preferencias referidas en los formularios de inscripción al momento de asignar las notarías, es decir, ajustar el nombramiento a las condiciones previstas por la ley. Por tal razón se expresó en la parte resolutiva de la mencionada sentencia:

“DÉCIMO OCTAVO. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL que una vez seleccionados los mejores puntajes de las listas de elegibles en orden descendente por Círculo Notarial de acuerdo con el número de notarías por proveer para cada Círculo, estas sean distribuidas atendiendo lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 588 de 2000, el inciso 2 del artículo 4 del Decreto 3454 de 2000 y demás normas concordantes y reglamentarias. En ningún caso podrá excluirse a quien por su puntaje tenga derecho a una notaría bajo el pretexto de que las notarias señaladas como de preferencia fueron ocupadas, pues en ese caso, se deberá asignar la notaría que se encuentre disponible en estricto orden descendente de puntaje.”(resaltado y subrayado fuera de Texto)

5. Por lo expuesto, la Corte considera necesario reiterar que la procedencia excepcional de una aclaración se encuentra condicionada a que exista una razón objetiva de duda que impida el entendimiento de la providencia, situación que a juicio de la Sala no se evidencia en este caso particular, puesto que los cuestionamientos del peticionario no están dirigidos a controvertir la claridad de las expresiones relacionadas con la parte resolutiva, sino a que se emita un pronunciamiento adicional que resuelva su caso particular.

6. Conviene en todo caso recordar que la calidad de notario, que ha sido  reconocido mediante acto administrativo por haber superado el concurso y haber obtenido los mejores puntajes dentro de la lista, es una situación protegida expresamente por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU 913 de 2009, de manera independiente a la nomenclatura de la notaria que en los términos de ley corresponda a cada participante.

De manera que no corresponde a la Corte pronunciarse en fallo adicional sobre las características que las normas vigentes han otorgado a la organización, localización y distribución  de las notarías en el país. Así, la facultad para efectuar modificaciones a tales aspectos, en aras de la efectiva prestación del servicio público notarial corresponderá,  dentro de los límites constitucionales y legales, al Consejo Superior de la Carrera Notarial y su Secretaría Técnica la Superintendencia de Notariado y Registro, quien deberá estudiar las circunstancias particulares de cada caso  y su concordancia y pertinencia con el interés general con el fin de autorizar las medidas pertinentes.   

III. DECISIÓN.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

DENEGAR la solicitud de aclaración de la Sentencia T-2210489 AC, presentada por el señor  CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA.

Comuníquese y cúmplase,

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Presidente

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada 
Impedimento aceptado

 JUAN CARLOS HENAO PÉREZ

Magistrado 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado 
Impedimento aceptado 

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Magistrado 

NILSON PINILLA PINILLA

Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado 
 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

Magistrado 

  
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado 

 
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

1 A 199 de 30 de agosto de 2007.

2 A-194A de 2008.