Sentencia C-260/11

Referencia: Expediente D-8269

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 397 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
 
Demandante: Mauricio Pava Lugo 

Magistrado Ponente: 
JORGE IVAN PALACIO PALACIO

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil once (2011).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Mauricio Pava Lugo demanda parcialmente el artículo 397 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por considerar que vulnera los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El magistrado Sustanciador admitió la demanda mediante Auto del veintiuno (21) de septiembre de 2010, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso, al Ministro del Interior y de Justicia, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la Nación, e invitó al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho de las universidades de Antioquia, del Rosario, Nacional de Colombia, Externado de Colombia y Sergio Arboleda, para que intervinieran impugnando o defendiendo la norma acusada.

Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

II. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe la norma demandada y se subraya el aparte acusado, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.658 del 1º de septiembre de 2004:

“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:
(…)

ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.

III. LA DEMANDA

A juicio del ciudadano Pava Lugo la expresión impugnada vulnera los artículos 2, 29, 228 y 229 de la Constitución, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De manera previa advierte que si bien la Corte se ha pronunciado sobre la participación de la víctima en el proceso penal (Sentencias C-454/06, C-209/07, C-516/07), no lo ha hecho respecto de la norma ahora acusada. De igual forma, aclara que la Sentencia C-144/10 declaró exequible la misma norma ahora enjuiciada, pero sólo en lo que se refiere a la facultad del Juez y del Ministerio Público de realizar preguntas complementarias.

En cuanto a sus reparos de fondo, el demandante considera inconstitucional que no se permita a la víctima hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Sostiene que con ello el Congreso incurrió en una omisión legislativa relativa que desconoce las normas superiores antes mencionadas, de acuerdo con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional en la materia (sentencias C-543/96, C-635/00 y C-427/00). 

En primer lugar, señala que la norma efectivamente incurre en una omisión al excluir del supuesto de hecho “a un ciudadano que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse dentro de ese supuesto fáctico”. En efecto, continúa el demandante, “mientras se prevé la posibilidad de que el Ministerio Público y el Juez realicen preguntas complementarias para el mejor entendimiento del caso”, a la víctima, “que también está legitimada por los intereses de justicia y verdad, se le excluye de esta posibilidad”.

En segundo lugar, sostiene que no hay una razón objetiva y suficiente para justificar esa exclusión, ya que si bien la Fiscalía puede realizar esas actividades a nombre de las víctimas, también lo es que ellas tienen derecho a participar de manera directa y sin intermediarios ante la jurisdicción penal. Según sus palabras, “las facultades procesales de la víctima para ser oídas directamente y sin intermediarios, no pueden llevar a legitimar un ánimo vindicativo en el proceso penal; pero cuando su intervención se torna necesaria a efectos de que su voz sea tenida en cuenta y en relación con que sus intereses de verdad y justicia no se les afecte, es inconstitucional omitir la posibilidad de que sea oída, haciendo preguntas complementarias, para el mejor entendimiento del caso”.

En tercer lugar, aduce que por carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso penal.

Finalmente, en cuarto lugar, afirma que dicha omisión conlleva el incumplimiento del deber del Legislador de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal, “particularmente en lo que se refiere a las posibilidades de ser oída respecto de, ni más ni menos, el desarrollo material de la actividad probatoria”, en conexidad con los derechos a la verdad y a la justicia.

Explica que si bien la víctima no es parte en el proceso penal, es un interviniente especial que se encuentra legitimado para actuar, “ni más ni menos que por los intereses constitucionales de lograr justicia, verdad y reparación”. En su concepto, no tiene sentido que se le permita solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, para luego negársele la posibilidad de intervenir activamente en el juicio mediante la formulación de preguntas complementarias, sin tener en cuenta que esta prerrogativa “es de enorme importancia para el proceso y para los intereses de la víctima”.

De otra parte, apoyado en jurisprudencia y en algunos doctrinantes, el demandante destaca la importancia de la búsqueda de la verdad en aras de la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas. Es así como no encuentra motivo para que la víctima no pueda formular preguntas para una mejor comprensión del caso, más aún cuando ya no es un simple espectador sino uno de los protagonistas de primera línea del sistema penal vigente, que no es adversarial puro sino basado en un sistema de roles donde tienen cabida directa diferentes intervinientes (ciudadano imputado, ciudadano víctima, sociedad y Estado). 

Señala que la Carta Política y los compromisos internacionales suscritos por Colombia han potenciado el papel de la víctima en los entornos procesales, lo cual ha sido recogido en la jurisprudencia constitucional. 
 
Por las razones expuestas, solicita se declare la inconstitucionalidad parcial por vía de omisión legislativa relativa el artículo 397 de la Ley 906 de 2004, “en tanto a la víctima debe preservársele el derecho a hacer preguntas complementarias que tiendan a un mejor entendimiento del caso”.

IV. intervenciones

1.- Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia 

La ciudadana Ana Beatriz Castelblanco Burgos, actuando en representación del Ministerio del Interior y de Justicia, interviene para solicitar que se declare exequible la expresión acusada. 

Tomando como base las Sentencias C-454/06, C-209/07 y C-516/07, la interviniente recuerda que la Corte ha encontrado constitucionalmente válido limitar los derechos probatorios de la víctima en el juicio oral, porque de lo contrario se convertiría en un segundo acusador en desmedro de la dimensión adversarial del proceso.

En su concepto, los derechos de la víctima a la verdad, justicia y reparación, “no incluyen la facultad de controvertir los medios de prueba en la etapa del juicio oral, lo que en criterio de este Ministerio incluiría la facultad de hacer preguntas complementarias al testigo interrogado por las partes”. Así mismo, recuerda que a través de su apoderado la víctima puede solicitar al fiscal que realice las preguntas que ella considere pertinentes para el mejor esclarecimiento del caso.

2.- Intervención de la Fiscalía General de la Nación

El Fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, solicita a la Corte declarar exequible la norma acusada. 

Comienza por destacar el amplio poder de configuración del Legislador en el diseño del procedimiento penal y dentro de éste las facultades de intervención de cada uno de los sujetos. Con tal premisa, estima que “por ser la norma demandada aquella que determina la forma de los procedimientos interrogativos del juez (ejercicio de la función pública de administrar justicia), haber sido expedida en cumplimiento de la autorización expresa del Constituyente (artículo 150 numeral 23), y en últimas, por desarrollarse en el ámbito de la libertad de configuración del Congreso, lo más acertado, sería concluir que la misma es constitucional”.

En su concepto, no se cumplen los supuestos exigidos en la jurisprudencia para el éxito de una demanda de inconstitucionalidad por omisión relativa, por cuanto el Ministerio Público y el Juez se encuentran en una situación diferente a la de la víctima en el proceso penal. Al respecto sostiene que la víctima es un interviniente sui generis dentro del proceso, quien no tiene una situación asimilable a la que la norma contempla; además, continúa el Fiscal, “permitirle la posibilidad de hacer preguntas complementarias a la víctima cuando ya ha tenido su oportunidad, dificultaría aún más la labor del Juez y del Ministerio Público, en clara contradicción con las reglas generales para la prueba testimonial (artículos 383 a 404 de la Ley 906 de 2004)”.

Luego de referir algunas de las garantías especiales que tiene la víctima en el proceso penal (artículos 11, 133, 1334, 135, 136, 137, 326, 327, 328 y 329 de la Ley 906 de 2004), precisa que la dirección del proceso corresponde al juez penal, quien no sólo está llamado a concretar el ius puniendi del Estado sino también “es el encargado de buscar la verdad, procurar la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas”.

Finalmente, concluye que la norma debe ser declarada exequible por las siguientes razones: atiende los principios y fines del Estado en la búsqueda de una revelación clara de los hechos; no atenta contra los derechos de las víctimas, por cuanto el cabal entendimiento del asunto “está aludiendo a conocer mejor lo sucedido, en términos de hechos, de responsabilidad y de daños causados”; es una medida razonable y proporcional ya que no altera el principio de igualdad de armas sino que permite clarificar las declaraciones; y facilita la realización de los derechos y bienes jurídicos que interesan al proceso.
De todas maneras, concluye el interviniente, “en caso de que esta Corporación considere que la norma es contraria a la Constitución, solicito a la misma se declare inhibida para conocer el fondo de la demanda formulada (…) por cuanto los cargos por omisión legislativa relativa carecen de certeza, claridad y suficiencia” (sic). 

3.- Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 

El ciudadano Jaime Bernal Cuellar, actuando como comisionado de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del precepto impugnado, “en el entendido de que la víctima también podrá efectuar dichos cuestionamientos”.

Siguiendo los lineamientos del demandante, precisa que en relación con la norma acusada no existe pronunciamiento de constitucionalidad frente a los cargos ahora propuestos. De un lado, porque si bien las sentencias C-454/06, C-209/07 y C-516/07 abordaron lo relativo a los derechos de las víctimas, lo cierto es que no se ocuparon de examinar el artículo 397 de la Ley 906 de 2004. Y de otro lado, porque aún cuando la Sentencia C-144/10 declaró la exequibilidad de la precitada norma, en ella se limitó expresamente el alcance de la cosa juzgada a los cargos entonces analizados, los cuales versaron sobre las atribuciones del Juez y del Ministerio Público, sin hacer referencia a los derechos de las víctimas. 

En cuanto al examen de fondo, considera que “cuando el Legislador adoptó la preceptiva impugnada, incurrió en una omisión legislativa relativa, por cuanto se abstuvo de regular la forma como las víctimas pudiesen hacer uso de esa facultad excepcional”, en detrimento de los derechos de contradicción (art. 29 CP) y acceso a la administración de justicia (art. 229 CP). Lo anterior, por cuanto hay una restricción carente de justificación razonada. 

En su sentir, aún cuando ni la víctima, ni el juez, ni el Ministerio Público son en estricto sentido partes en el proceso penal, sí es censurable que únicamente se excluya al primero de la posibilidad de hacer preguntas una vez concluidos los interrogatorios, con lo cual se da un tratamiento inequitativo a la víctima, quien es la principal interesada en que se establezca la verdad y la justicia. 

Para el ciudadano, se hace imperativo que la Corte asuma el análisis constitucional no sólo frente a los artículos invocados en la demanda, sino también respecto del principio de igualdad, a partir del test de razonabilidad, por cuanto se están limitando garantías fundamentales de las víctimas y creando un privilegio a favor del juez y del Ministerio Público. Desde esta perspectiva, no encuentra fundamento alguno para que el objetivo buscado por la norma –mayor claridad y entendimiento del caso a partir de la prueba testimonial- no pueda alcanzarse si se le da la misma facultad a la víctima. Por el contrario, señala la intervención, ello puede resultar más difícil cuando la prueba fue decretada a instancia de la víctima pero simultáneamente se le impide formular preguntas adicionales para el cabal entendimiento del caso. 

De otra parte, sostiene que al otorgarse a la víctima un tratamiento desigual frente a los demás intervinientes, “se impide no sólo el acceso efectivo a la administración de justicia, sino la materialización de otros derechos como la verdad, la memoria y la justicia, los cuales están íntegramente ligados al principio de dignidad humana (art. 1º CP) y a los fines del Estado (art. 2º CP)”. Sobre el particular, explica que la jurisprudencia ha ampliado la garantía de los derechos de las víctimas, pasando de un simple interés patrimonial individual al de la búsqueda de la justicia y la verdad, lo que a su vez repercute en beneficio de toda la sociedad.

En este orden de ideas, concluye que el Congreso efectivamente incurrió en una omisión legislativa relativa “al pretermitir la posibilidad a las víctimas de efectuar cuestionamientos una vez culminado el interrogatorio de parte, para efectos del cabal entendimiento del caso, como sí lo hizo posible al juez y al Ministerio Público”. Omisión que califica como irrazonable y contraria a los principios de dignidad humana, a los fines esenciales del Estado y a los derechos de igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia. 

4.- Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal 

Acude ante la Corte por intermedio del ciudadano Julio Andrés Sampedro, quien considera que “la omisión legislativa que efectúa el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal demandado conlleva a una desigualdad entre las partes procesales, impidiendo que a la víctima se le garantice en su totalidad el derecho a la verdad”.

Recapitula algunas providencias judiciales para destacar que cada una de las etapas del proceso penal debe ir encaminada al esclarecimiento de los hechos. Con esta premisa, sostiene que no debe omitirse la actuación de la víctima en la realización de preguntas complementarias una vez agotados los interrogatorios y contra interrogatorios, por cuanto la intervención está encaminada a esclarecer los hechos y lograr un entendimiento pleno del caso, asegurando así la materialización del derecho a la verdad y la prevalencia del derecho sustancial. Aclara que esta prerrogativa no es una carga adicional para el procesado porque la víctima no adquiere el rol de segundo acusador.

5.- Intervención ciudadana

5.1.- Las ciudadanas Ingrid Katherine Guzmán Enciso y Ana Virginia Márquez Ávila intervienen ante la Corte para coadyuvar la demanda presentada, con el fin de que se otorgue a la víctima la facultad de hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.

Encuentran que el reproche es procedente por las siguientes razones: (i) la omisión es relativa; (ii) se ha identificado concretamente la norma; (iii) se genera una situación de desigualdad entre la víctima y el juez y el Ministerio Público; (iv) la regulación es incompleta respecto de una situación concreta; y (v) se omitió regular un elemento esencial. 

5.2.- Las ciudadanas Diana Rincón, Juliana Montaña y Ana Milena Galindo también presentan escrito de coadyuvancia a la demanda con argumentos similares a los de aquélla. Añaden que como la víctima es la mayor afectada, debe permitírsele realizar preguntas complementarias después del interrogatorio realizado, “debido a que eso daría realmente al juez las formas propias de cada juicio para tomar una decisión más justa garantizando no sólo el derecho a la justicia de la víctima sino además al acusado”. 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, mediante concepto 5045, radicado el ocho (8) de noviembre de dos mil diez (2010), solicita a la Corte declarar la existencia de cosa juzgada material y, en consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia C-209 de 2007. Dice al respecto:

“El actor acierta al reconocer que la Sentencia C-209 de 2007 es relevante en su caso, en la medida en que define la constitucionalidad de la no participación de la víctima en los interrogatorios dentro del proceso penal, pero yerra en cuanto considera que esta decisión no constituye cosa juzgada material respecto de su demanda. El ligero matiz de que no se trata del interrogatorio principal, sino de preguntas complementarias a éste, no es suficiente para desvirtuar la existencia de cosa juzgada material”.

Como primera medida, explica cuáles son los requisitos para que opere el fenómeno de la cosa juzgada material, a saber: (i) identidad de las normas objeto de control; (ii) identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad y los que sustentan la nueva solicitud; (iii) identidad de contexto fáctico y normativo, es decir, inexistencia de cambios normativos o sociales relevantes. 

Con base en estos requisitos estima que aún cuando el demandante intenta proponer una distinción en los cargos planteados, su esfuerzo es vano porque la controversia gira en torno al mismo aspecto, ya que no puede diferenciarse la facultad de las víctimas de interrogar y la de hacer preguntas complementarias en los interrogatorios. Dice al respecto:

“Si bien el actor se esfuerza en mostrar que sus cargos son diferentes a los hechos antes, su esfuerzo es vano, pues se trata de la misma temática. Para eludir los efectos de la cosa juzgada material, se arguye que una cosa es la facultad de las víctimas de interrogar y otra es hacer preguntas complementarias en los interrogatorios. Esta distinción no ocurre en la realidad, pues se trata de una prolongación de la misma diligencia o actuación. En ambos casos se plantea la misma controversia y se presenta una argumentación análoga. Basta revisar la demanda decidida en la Sentencia C-209 de 2007 y compararla con la presentada en este caso, para constatar que se configuran los precitados requisitos (…)”.

Recuerda que en la Sentencia C-209/07 la Corte declaró exequibles las normas que impiden a la víctima controvertir directamente los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planeen en el juicio oral (artículos 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004). 

En su sentir, el soporte argumentativo de la demanda es el mismo que se expuso en el caso resuelto en la Sentencia C-209/07, donde la Corte concluyó que la exclusión de la víctima busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral, dada la definición constitucional de sus rasgos esenciales. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1.- Competencia  

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto de la referencia, ya que se trata de una demanda interpuesta contra una norma que hace parte de una ley de la República, en este caso la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

2.- Asuntos procesales previos

Para abordar un análisis de fondo la Sala debe determinar previamente: (i) si ha operado o no el fenómeno de la cosa juzgada constitucional; y (ii) si la demanda fue presentada en debida forma, de manera que cumple las exigencias propias de un cargo de inconstitucionalidad por omisión relativa.

2.1.- Inexistencia de cosa juzgada constitucional

Como es sabido, el mandato de cosa juzgada constitucional se reconoció en el artículo 243 Superior, según el cual “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. Encuentra sustento en los principios de prevalencia del interés general, confianza legítima, igualdad de trato, debido proceso y, sobre todo, seguridad jurídica, que la jurisprudencia ha explicado en los siguientes términos:
"El artículo 243 de la Constitución Política le reconoce fuerza de cosa juzgada a los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional. Ello significa que las decisiones judiciales adoptadas por la Corporación en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta, adquieren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible replantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo
(...)
Así entendida, la cosa juzgada constitucional, además de salvaguardar la supremacía normativa de la Carta, está llamada a garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, pues, por su intermedio, se obliga al organismo de control constitucional a ser consistente con las decisiones que adopta previamente, impidiendo que casos iguales o semejantes sean estudiados y resueltos por el mismo juez en oportunidad diferente y de manera distinta”.

En esta oportunidad es importante mencionar bajo qué parámetros tiene cabida la cosa juzgada cuando una norma ha sido objeto de examen constitucional y la Corte la ha declarado exequible, reparando en las especificidades de la cosa juzgada relativa y de la cosa juzgada material. Al respecto, en la Sentencia C-729 de 2009 la Corte reseñó algunas de estas diferencias en los siguientes términos:

“4.2.- El efecto de cosa juzgada es claro cuando la norma demandada a través de la acción pública de inconstitucionalidad ha sido declarada inexequible, ya que la disposición contraria a la Carta desaparece del ordenamiento jurídico y, en el futuro, si se presentan demandas sobre la misma norma, no existe objeto sobre el cual pronunciarse. Sin embargo, el asunto presenta cierta complejidad cuando, como en el presente caso, una vez agotado un estudio de constitucionalidad la norma ha sido declarada exequible pero posteriormente se presentan nuevas demandas, pues no siempre es claro cuál es el alcance de la decisión previa. 

En la práctica la declaratoria de exequibilidad permite, al menos en principio, que en el futuro se presenten otras acusaciones en relación con la misma norma, a tal punto que el propio ordenamiento consagra la posibilidad de admitir nuevas demandas de inconstitucionalidad, aún cuando la Corte conserva la posibilidad de reconocer el efecto de cosa juzgada al momento de proferir sentencia, “caso en el cual se abstendrá de decidir de fondo y proferirá entonces la orden de estarse a lo resuelto en su anterior pronunciamiento, que generó el efecto de cosa juzgada”.

4.3.- Frente a este tipo de situaciones la jurisprudencia ha explicado que puede haber (i) cosa juzgada absoluta o (ii) cosa juzgada relativa. Existe cosa juzgada absoluta, “cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional”. Respecto de la cosa juzgada relativa, esta Corporación ha dicho que se configura cuando “el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro ‘se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado’ (Auto 171/01)”. 

La Corte también ha distinguido entre (ii.a) cosa juzgada relativa explícita y (ii.b) cosa juzgada relativa implícita: “explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve”.

Así mismo, algunos eventos se circunscriben a lo que la jurisprudencia ha llamado (iii) cosa juzgada aparente (o cosa juzgada absoluta aparente), “si pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales”. 

Por último, la jurisprudencia ha diferenciado la (iv) cosa juzgada formal y la (v) cosa juzgada material. La primera se presenta “cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”; en estos casos se impide volver a revisar la decisión adoptada. Por su parte, la cosa juzgada material se presenta “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica”. (Resaltado fuera de texto)
En relación con la norma aquí demandada, algunos intervinientes han planteado la existencia de cosa juzgada formal (Sentencia C-144 de 2010) o material (Sentencia C-209 de 2007). Sin embargo, como pasa a explicarse, la Sala considera que estas apreciaciones no son correctas.

a.- Inexistencia de cosa juzgada formal

En la Sentencia C-144 de 2010 la Corte declaró exequible la misma expresión que ahora se acusa del artículo 397 de 2010. En aquella oportunidad el demandante invocó la violación de los artículos 29, 250 y 277 de la Constitución, así como del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por permitirse al Juez y al Ministerio Público formular preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. A juicio del demandante, ello afectaba el principio de igualdad de armas en detrimento del derecho al debido proceso del acusado y del principio de legalidad. La Corte reseñó el siguiente problema jurídico:

“Respecto del artículo 397 (parcial), debe establecer la Corte si la facultad reconocida en cabeza del juez de conocimiento y del Ministerio público para que, una vez concluidos los interrogatorios de las partes, hagan preguntas complementarias a los testigos del proceso para el cabal entendimiento del caso, vulnera el derecho al debido proceso por suponer una ruptura tanto del principio de pasividad del juez en el sistema penal colombiano con tendencia acusatoria, como de la igualdad de armas. Igualmente, debe establecerse si la intervención del Ministerio público en la práctica de la prueba testimonial vulnera el principio de legalidad, en la medida en que tal atribución no hace parte de las que contemplan los artículos 250 y 277 de la C.P.”
  
Luego de examinar cuál es la función que en el proceso penal colombiano tiene el juez y el Ministerio Público en materia probatoria, la Corte desestimó la acusación por considerar, entre otros aspectos, que la facultad prevista en la norma no afecta el debido proceso sino que por el contrario es una “manifestación de la especificidad de nuestro orden procesal penal constitucional y también, mucho, del poder de libre configuración del legislador en esta materia”. En consecuencia, declaró exequible la expresión impugnada pero limitó expresamente el alcance de la cosa juzgada. Resolvió entonces: 

“(…) Séptimo: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos, la proposición normativa “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo 397 del CPP”. (Resaltado fuera de texto) 

Como se observa, la Sentencia C-141 de 2010 constituye cosa juzgada relativa, limitada a los cargos entonces propuestos, los cuales son sustancialmente diferentes a los que ahora se plantean. En efecto, mientras en aquella oportunidad el demandante reprochó la facultad del juez y del Ministerio Público de formular preguntas complementarias una vez terminados los interrogatorios (que en su sentir afectaban los derechos del acusado), en esta oportunidad se cuestiona que dicha atribución no se haga extensiva a la víctima (según el ciudadano en desmedro del derecho que ella tiene a intervenir directamente en el proceso penal). 

b.- Inexistencia de cosa juzgada material

El Procurador General de la Nación considera que la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007, por cuanto ha operado la cosa juzgada material. Sobre el alcance de esta figura y los requisitos para su configuración la jurisprudencia ha precisado que únicamente se  presenta cuando concurren las siguientes condiciones:

“(i) Que exista una sentencia de constitucionalidad sobre el mismo precepto normativo e incluido en el mismo cuerpo normativo, respecto del cual se solicita estudio posterior (identidad formal).

(ii) Que exista identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta Corporación y aquellos que sustentan la nueva solicitud de estudio. 

(iii) Que no se hayan producido cambios económicos, sociales, culturales, políticos e, incluso, ideológicos sustancialmente significativos que hagan insostenible, a la luz de la Constitución, el pronunciamiento anterior. Esto es, que se presente una identidad en el contexto fáctico y normativo entre el momento en que la Corte hizo su anterior pronunciamiento y el momento en que se solicita el nuevo análisis (C-1121 de 2005)”.

La Vista Fiscal recuerda que en la Sentencia C-209 de 2007 la Corte declaró exequibles varias normas del CPP que impiden a la víctima controvertir directamente las pruebas, interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planeen en el juicio oral. Sostiene, además, que la facultad de la víctima de hacer preguntas complementarias que ahora se demanda coincide con la facultad de interrogar a los testigos y en el fondo es una prolongación de la misma diligencia o actuación, de manera que la controversia propuesta versa sobre el mismo tópico examinado en dicha providencia y desestimada por el tribunal constitucional. Con base en ello, concluye que existe cosa juzgada material.

La Corte no comparte la apreciación del Ministerio Público porque si bien es cierto que existe alguna similitud entre los contenidos normativos examinados en la Sentencia C-209 de 2007 y el que ahora se demanda, lo cierto es que entre ellos no existe identidad en cuanto al texto normativo (identidad formal), ni en cuanto a su contenido deóntico (identidad material), que en últimas constituye un presupuesto indispensable para la existencia de cosa juzgada. 

En efecto, en la Sentencia C-209 de 2007 la Corte examinó, entre otros asuntos, la constitucionalidad de las normas que sólo permiten a las partes (excluyendo así a la víctima) controvertir directamente los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral (art. 378 CPP), interrogar al testigo (art. 391 CPP) y oponerse a las preguntas que se planeen en el juicio oral (art. 395 CPP). Sin embargo, en esa oportunidad no se analizó la norma que regula la facultad de hacer preguntas complementarias por parte del Juez y del Ministerio Público (art. 397 CPP). 

Adicionalmente, se observa que el artículo 397 del CPP, en el aparte ahora acusado, tiene un contenido normativo o deóntico diferente al de los artículos que fueron examinados en la Sentencia C-209 de 2007. Ello se explica al menos por tres razones: (i) en primer lugar, porque el art. 397 no regula la facultad genérica de contradicción probatoria ni la potestad de interrogar al testigo en toda su dimensión, sino únicamente se refiere a la posibilidad de hacer preguntas complementarias una vez concluidos los interrogatorios; en segundo lugar, porque esa norma no contempla una atribución a todas las partes del proceso penal, sino que la restringe a dos sujetos (juez y Ministerio Público); y finalmente, porque su propósito no es la contradicción del testimonio sino la formulación de preguntas complementarias para el cabal entendimiento de caso. 

De esta manera, como se trata de contenidos normativos diferentes a los que fueron analizados en la Sentencia C-209 de 2007, es claro que no se cumple el primer presupuesto exigido por la jurisprudencia para la existencia de la cosa juzgada material, lo que en todo caso no implica que los argumentos y consideraciones allí expuestas no sean relevantes para el análisis que ahora ocupa la atención de la Sala. 

2.2.- Aptitud de la demanda

Aún cuando no ofrece explicación alguna sobre el particular, la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte declararse inhibida, “por cuanto los cargos por omisión legislativa relativa carecen de certeza, claridad y suficiencia”. Entre la Sala a valorar ese reparo. 

Como es sabido, la inactividad del Legislador puede ser objeto de control a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Ello tiene cabida frente a omisiones legislativas relativas (no absolutas); es decir, en aquellos eventos en los cuales el Legislador ha desplegado una actividad reguladora en algún ámbito, pero al hacerlo incurre en deficiencias de orden constitucional, con lo cual “ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos”. 

Respecto de las demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, la Corte ha explicado que para abordar un examen de fondo es necesario que el ciudadano demande el contenido normativo vinculado directamente con la omisión que se reprocha. En palabras de esta Corporación: 

“Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un conjunto indeterminado de normas (c-543/96) con el argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante echa de menos”.

En la misma dirección, ha sido enfática en reconocer que “sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada”. De lo contrario la demanda incumplirá el requisito de certeza en la formulación del cargo y, por lo tanto, habrá de proferirse un fallo inhibitorio, más aún cuando no corresponde a la Corte abordar un análisis oficioso de las leyes ordinarias. Ha dicho al respecto:

“La existencia de cargos y la necesidad de que éstos se prediquen de la preceptiva impugnada, constituye, entonces, condición indispensable para activar el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Por su intermedio, además de preservarse el origen popular y participativo que caracteriza esta clase de juicio - promovido mediante el ejercicio de una acción pública con intervención activa de la sociedad -, se persigue limitar el ámbito de competencia funcional del organismo de control constitucional, definiendo con antelación las normas que han sido válidamente acusadas y sobre las cuales aquél debe pronunciarse de fondo. 

Así las cosas, al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción -acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta-, sino además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241.4-5)”.

Adicionalmente, en las demandas en las cuales se invoca una omisión relativa, es necesario que el ciudadano plantee una problemática de orden constitucional, relacionada con las deficiencias en la actividad del Legislador, la ausencia de motivos fundados para ello y el incumplimiento de un deber constitucional en la materia. Así, los requisitos de este tipo de demandas se han concretado en los siguientes términos:

 “Como se ve, esta Corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente manera:  a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”.

La Sala constata que en esta oportunidad la demanda ha sido formulada conforme a las exigencias trazadas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y desarrolladas en la jurisprudencia de esta Corporación, particularmente en cuanto al cargo por omisión legislativa relativa y el deber de exponer de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente las razones de inconstitucionalidad. Lo anterior, teniendo como base el principio pro actione, según el cual “el examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta Corte”.

Al presentar su acusación el ciudadano tuvo el buen cuidado de exponer, uno a uno, por qué consideraba que se cumplían los requisitos propios de una inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. En efecto:

(i) Su demanda recae sobre el artículo 397 del código de procedimiento penal (en adelante CPP), que está vinculada directamente a la omisión que reprocha, por cuanto es ésta la norma que regula la facultad de hacer preguntas complementarias una vez concluidos los interrogatorios en el proceso penal.

(ii) Explica que esa norma excluye del supuesto de hecho “a un ciudadano que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería subsumirse dentro de ese supuesto fáctico”, refiriéndose a la víctima en comparación con el Juez y el Ministerio Público. 
 
(iii) Señala por qué, en su sentir, no existe una razón objetiva y suficiente para justificar la exclusión de la víctima. Dice al respecto: “las facultades procesales de la víctima para ser oídas directamente y sin intermediarios, no pueden llevar a legitimar un ánimo vindicativo en el proceso penal; pero cuando su intervención se torna necesaria a efectos de que su voz sea tenida en cuenta y en relación con que sus intereses de verdad y justicia no se les afecte, es inconstitucional omitir la posibilidad de que sea oída, haciendo preguntas complementarias, para el mejor entendimiento del caso”.

(iv) Ligado a ello, precisa que por carecer de razón objetiva y suficiente, la omisión genera una desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso penal.

(v) Finalmente, considera que el Legislador ha incumplido el deber de configurar una intervención directa de la víctima en esta fase del proceso penal, derivada de los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

En este orden de ideas, el ciudadano ha expuesto un hilo argumentativo serio y coherente que plantea una problemática seria de orden constitucional, relacionada con los derechos de la víctima y la existencia de una omisión legislativa que, a su parecer, es contraria a la Carta Política. Ello, como es obvio, sólo activa la competencia de la Corte para abordar un análisis material del asunto, sin que de ninguna manera implique que los reproches de inconstitucionalidad están por ese solo hecho llamados a tener éxito. 
3.- Problema jurídico 

Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados, corresponde a la Corte establecer si una norma del código de procedimiento penal que permite al Juez y al Ministerio Público hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso una vez concluidos los interrogatorios de las partes, pero que excluye a la víctima de esa facultad, configura una omisión legislativa que vulnera los derechos de la víctima al debido proceso y acceso efectivo a la justicia (arts. 2, 29, 228 y 229 de la Constitución, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Para tal fin la Sala (i) se referirá brevemente a las características del proceso penal en el ordenamiento jurídico colombiano; (ii) reseñará los derechos de las víctimas y la prohibición de protección deficiente por el Legislador; (iii) analizará si la intervención directa de la víctima puede ser limitada durante el juicio oral debido a las particularidades de esa etapa procesal; y finalmente, (iv) procederá al examen constitucional de la norma demandada. 
 
4.- Generalidades del proceso penal colombiano 

4.1.- El Acto Legislativo 3 de 2002 sentó las bases constitucionales de un nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento penal en Colombia, cuyo desarrollo se encomendó al Congreso de la República y se materializó por éste a través de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, y las demás normas que la modifican.

El nuevo sistema ha sido calificado por la jurisprudencia como de partes en un proceso adversarial modulado con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta integralmente las características de un modelo acusatorio puro, sino que mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes ajustes que pretenden responder a las necesidades y particularidades de la realidad colombiana. Desde las primeras decisiones que examinaron el alcance de la reforma constitucional introducida, esta Corporación ha venido recogiendo algunas de las diferencias más sobresalientes, que han sido explicadas en los siguientes términos:

“Ahora bien, de la interpretación teleológica y sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en sostener que dentro de las características claras del sistema penal acusatorio se encuentran, entre otras, las siguientes:

“i) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral (…). 

“ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los derechos sustanciales en juego (…). 

“iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas (250- 4, 5, 6 y 7). 

“iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público.

“v) Es posible que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza de la ocurrencia de un delito porque existió aplicación del principio de oportunidad o porque hubo acuerdo entre las partes. Por regla general, en los casos de terminación anticipada del proceso, existirá control judicial material y formal de la decisión adoptada. 

“vi) Las funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para los jueces penales. El primero, el que tiene a su cargo la protección de las garantías y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación y, el segundo, el juez que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal con todas las garantías procesales y sustanciales propias del debido proceso”. (Resaltado fuera de texto).

Para el asunto que ahora ocupa la atención de la Sala es importante examinar dos aspectos concretos, el primero relacionado con las etapas constitutivas del proceso penal, y el segundo que versa sobre los diferentes actores del proceso y su rol en cada una de ellas.

4.2.- En lo referente a la estructura general del proceso, el diseño adoptado por el Legislador se divide en dos grandes fases: (i) la investigación y (ii) el juicio. En algunas ocasiones la Corte ha mencionado la imputación y la acusación y en otras se ha referido a la indagación preliminar y la preparación como etapas intermedias. Sin embargo, siempre ha dejado claro que el proceso penal gira en torno a las etapas de investigación y juicio, donde esta última cobra especial protagonismo en virtud de su carácter oral, público, con inmediación de las pruebas, contradictorio y concentrado (art. 250-4 CP). Por lo mismo, la Corte no ha dudado en calificar dicha etapa como “el centro de gravedad del proceso penal”. Ha dicho al respecto:

“(a) En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre la fase de investigación –encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de investigación. En efecto, bajo el sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial  y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del acusado”.

4.3.- De otra parte, en cuanto tiene que ver con los actores en el proceso penal, la reforma constitucional y la posterior implementación legislativa han dado cuenta de diferentes partícipes, a saber: 

“Con respecto a los actores que intervienen en la relación jurídica y en el proceso penal, se resalta que el nuevo esquema constitucional prevé la intervención (a) del imputado, (b) del Fiscal, (c) del Juez de conocimiento de la causa, (d) del Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, (e) del juez de control de garantías, y (f) de los jurados, encargados ahora de administrar justicia en forma transitoria en los términos que señale la ley. Así mismo, el Acto Legislativo faculta al Legislador para fijar los términos precisos en los cuales (g) las víctimas del delito habrán de intervenir en el proceso penal”.

Para comprender el rol que cada uno de ellos tiene asignado es necesario insistir en que no estamos ante un proceso adversarial puro, entre acusación y defensa, sino que existen algunas variables que reconfiguran la actividad de  otros intervinientes. Sobre el particular, en la Sentencia C-591 de 2005 la Corte explicó:

“Además, cabe recordar, que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia; ya que, por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la víctima. Cabe recordar, que en desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”.

Concordante con esta postura, en la reciente Sentencia C-144 de 2010 esta Corporación recordó cómo en el caso colombiano el procedimiento penal presenta algunos ajustes, especialmente en lo concerniente a las atribuciones del Juez, del Ministerio Público y de la víctima:

“26. Con todo, a la par con tales características comunes a los regímenes acusatorios propiamente dichos, se observan otras que alteran la fisonomía del procedimiento y le imprimen su identidad variada y compleja, adecuada a las necesidades y al entorno social e institucional colombianos. Es el caso de la condición del juez no como un árbitro, del todo neutral en el proceso, sino encargado de definir, de manera justa y garantista, la responsabilidad penal del implicado y la eficacia de los derechos de la víctima y de la sociedad frente al delito. Lo es también la inserción del Ministerio público como interviniente garante de la legalidad y del respeto a los derechos humanos, así como la participación de la víctima en el proceso, introducida de manera clara por la jurisprudencia constitucional, a modo de garantizar la defensa directa de sus derechos”. 

La identificación de los diferentes actores en el proceso penal ha permitido diferenciar aquellos que en estricto sentido son “partes”, esto es, el imputado y el Fiscal, de quienes no tiene esa calidad y, por lo tanto, han sido llamados genéricamente “intervinientes” o “intervinientes especiales”, como ocurre con el Ministerio Público o la víctima. Teniendo en cuenta que en esta oportunidad el debate se centra en las atribuciones de la víctima, la Sala considera necesario examinar con detalle sus derechos en el proceso penal.

5.- Los derechos de las víctimas y la prohibición de protección deficiente por el Legislador

5.1.- En una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional (arts. 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250), concordante con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos (integrados a través de los arts. 93 y 94 CP), la Corte ha explicado que a las víctimas de un delito les asiste una pluralidad de derechos que trascienden la dimensión estrictamente económica o indemnizatoria y se sitúan en el plano de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Esta conceptualización sobre los derechos de las víctimas se recoge en la Sentencia C-228 de 2002, que señaló:

“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia –no restringida exclusivamente a una reparación económica – fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.

“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. 

“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo – porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público – pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal”.

Decisiones posteriores han precisado y delimitado el alcance de los derechos de las víctimas de un hecho punible. Por ejemplo, la Sentencia C-454 de 2006 la Corte se refirió en concreto a cada uno de ellos en los siguientes términos:

“En desarrollo de esos postulados, el alcance de los derechos de las víctimas de la criminalidad compleja de que se ocupa el derecho internacional, aplicables a las víctimas de los delitos en general, ha sido sistematizado así:

a. El derecho a la verdad.

31. El conjunto de  principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber.

El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima.

El derecho a la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.

32. Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que  el  derecho  de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima. 

b.  El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

33. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal , y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa en " que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas"

c. El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.

34. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. 

La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación”.
 
5.2.- Concordante con ello, la Constitución (artículos 29 y 229) y las normas internacionales que se integran a ella a través del bloque de constitucionalidad (arts. 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos), reconocen a las víctimas el derecho a un recurso judicial efectivo como instrumento imprescindible para hacer efectivo los mencionados derechos a la verdad, justicia y reparación integral. En este sentido, la Sentencia C-454 de 2006 puntualizó:

36. Con fundamento en el artículo 93 constitucional, que establece que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha examinado la evolución que en el derecho internacional, ha tenido la protección de los derechos de las víctimas,  particularmente el derecho a un recurso judicial efectivo, como elemento fundamental de esa  protección. Los más relevantes instrumentos internacionales consagran explícitamente este derecho.
(…)
38. De otra parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, consagran el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales.
(…)
40. En el orden interno colombiano, la Constitución Política, consagra en su artículos 29 y 229, el derecho de acceso a la justicia como un derecho fundamental, susceptible de ser amparado a través de la acción de tutela (Art. (86 C.P.), pero además  como expresión medular del  carácter democrático y participativo del Estado. En su ámbito se inscribe el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, del cual forman parte las garantías de comunicación e información,  que posibilitan el agotamiento de las acciones y los recursos judiciales, los cuales se constituyen en los mecanismos más efectivos para proteger y garantizar eficazmente los derechos  de quienes han sido víctimas de una conducta punible. Del deber del Estado de proteger ciertos bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de garantizar la protección judicial efectiva de los mismos. 

41. Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia que su garantía  depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención  no sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y  a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la Corte constitucional estableció una doctrina en la que explícitamente abandonó una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

5.3.- En el marco de la reforma introducida por el Acto Legislativo 3 de 2002 el Constituyente encomendó a la Ley la regulación de los términos bajo los cuales las víctimas pueden intervenir en el proceso penal. Dice la norma: 

“Artículo 250.- (…) En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
(…)
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. (Resaltado fuera de texto) 

No obstante, conviene advertir que a pesar de su amplia potestad de configuración para el diseño de los mecanismos concretos de intervención de la víctima en el proceso penal, en todo caso el Legislador debe otorgarle un recurso judicial que le permita hacer efectivos sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Para ello es necesario tomar en consideración al menos dos referentes constitucionales: 

(i) De un lado, la especial consideración de la víctima y de sus intereses en el proceso, en una dimensión que supera las expectativas meramente económicas. En esa medida, como lo ha señalado la jurisprudencia, la intervención de la víctima es una de las particularidades de nuestro sistema procesal penal, quien además ocupa un papel protagónico independiente de su calificativo como parte o interviniente. 

(ii) Sin embargo, de otro lado, al regular la intervención de la víctima el Legislador no puede pasar inadvertidos los rasgos y características estructurales del sistema, que como se dijo anteriormente es adversarial (de partes) modulado con tendencia acusatoria. Es así como la Corte ha insistido en que la protección de los derechos de la víctima se debe garantizar de acuerdo con las especificidades de cada una de las etapas del proceso: 

“También resalta la Corte que el numeral 7 del artículo 250 Superior esboza los rasgos básicos del rol que cumplen las víctimas dentro del proceso penal. En primer lugar, este numeral establece el carácter de interviniente que tienen las víctimas dentro del proceso penal acusatorio colombiano al decir que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal.” En segundo lugar, la facultad de intervención que tienen las víctimas se ejerce de manera autónoma de las funciones del Fiscal. Si bien el Acto Legislativo 03 de 2002 radicó en cabeza del Fiscal la función de acusar, no supedita la intervención de la víctima a la actuación del Fiscal. En tercer lugar, el legislador en ejercicio del margen de configuración que le reconoce la Carta, deberá determinar la forma como las víctimas harán ejercicio de ese derecho a “intervenir” en el proceso penal. En cuarto lugar, la intervención de las víctimas difiere de la de cualquier otro interviniente, en la medida en que éstas pueden actuar, no solo en una etapa, sino “en el proceso penal.” El artículo 250 no prevé que la participación de las víctimas esté limitada a alguna de las etapas del proceso penal, sino que establece que dicha intervención se dé en todo el proceso penal. Sin embargo, tal posibilidad ha de ser armónica con la estructura del proceso acusatorio, su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa del proceso.
(…)
6.4. Ya en el contexto del nuevo código de procedimiento penal, Ley 906 de 2004, que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación también han sido protegidos, pero siempre dentro del respeto de los rasgos estructurales y características esenciales de ese procedimiento”. (Resaltado fuera de texto) 

5.4.- Con estas premisas, en numerosas oportunidades la jurisprudencia ha reivindicado los derechos de las víctimas, reconocidos genéricamente en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, así como en los artículos 132 a 137 del mismo estatuto, cuyo ejercicio concreto se desarrolla en otras normas que regulan su participación en cada etapa del proceso penal. De esta manera, cuando la Corte ha advertido una protección deficiente en las reglas sobre la participación directa de la víctima en el proceso penal, no ha vacilado en declarar su inexequibilidad o su exequibilidad condicionada con el fin de asegurar la protección efectiva de sus derechos constitucionales. A continuación se reseñan algunos de los precedentes más relevantes en la materia.

5.4.1.- En la Sentencia C-979 de 2005 la Corte declaró inexequible la expresión “absolutorio” del numeral 4° del artículo 192 del CPP, que no permitía la revisión extraordinaria del fallo condenatorio, por considerar que entrañaba una vulneración de los derechos de las víctimas.
5.4.2.- En la Sentencia C-1154 de 2005 la Corte precisó que los órganos de investigación deben proporcionar a la víctima información sobre sus derechos desde el momento en que entren en contacto con las autoridades. Así mismo, con el fin de salvaguardar los derechos de la víctima, declaró la constitucionalidad condicionada de la norma que autoriza al Fiscal a archivar las diligencias cuando constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito (art. 79 CPP), en el entendido que la decisión “será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones”.

5.4.3.- Similares consideraciones se expusieron en la Sentencia C-1177 de 2005, al examinar la norma que permite la inadmisión de denuncias sin fundamento (art. 69 CPP). La Corte declaró la constitucionalidad condicionada, exigiendo la motivación del acto y su comunicación al denunciante y al Ministerio Público.  

5.4.4.- Desde la óptica del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso efectivo a la administración de justicia), en la Sentencia C-454 de 2006 la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 135 del CPP, “en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. Cabe recordar que la norma sólo se refería a la comunicación acerca de la pretensión indemnizatoria, pero excluía la mención de los otros derechos que también asisten a las víctimas como la verdad y la justicia.

En la misma providencia (Sentencia C-454 de 2006) la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 357 del CPP, referente a las solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, “en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”. 

5.4.5.- En otra oportunidad (Sentencia C-047 de 2006), al examinar la posibilidad de que tanto la sentencia condenatoria como la absolutoria sean susceptibles del recurso de apelación (art. 176 CPP), la Corte precisó que ello constituye una garantía de los derechos de las víctimas.

5.4.6.- Posteriormente, en la Sentencia C-209 de 2007, la Corte declaró inexequible la expresión “y contra esta determinación no cabe recurso alguno”, del artículo 327 del CPP, por considerar que la imposibilidad de controvertir la decisión del juez de aplicar el principio de oportunidad vulneraba los derechos de la víctima. 

En aquel entonces la Corte también analizó otros artículos del estatuto procesal penal. Siguiendo las consideraciones expuestas en la Sentencia C-454 de 2006, declaró la constitucionalidad condicionada de las siguientes normas, con el fin de hacer extensivos los derechos y prerrogativas allí previstas a las víctimas: 

•	El numeral 2º del artículo 284, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías. 
•	El artículo 289, en el entendido de que la víctima también puede estar presente en la audiencia de formulación de la imputación.
•	El artículo 333 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a la petición de preclusión del fiscal.
•	El artículo 344, en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica.
•	El artículo 356, en el entendido de que la víctima puede hacer observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia del juicio oral. 
•	El artículo 358, en el entendido de que la víctima también puede hacer la solicitud de exhibición de los elementos materiales de las pruebas durante la audiencia preparatoria.
•	El inciso primero del artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba en la audiencia preparatoria.
•	Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar las medidas de aseguramiento (art. 306), reclusión en establecimiento carcelario (art. 316) o medidas de protección (art. 342).
•	El artículo 339, en el entendido de que la víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.

5.4.7.- De otra parte, en la Sentencia C-516 de 2007 la Corte declaró inexequible la norma que sólo autorizaba la asistencia de un abogado a la víctima durante el juicio cuando “el interés de la justicia lo exigiere” (art. 11, ordinal h, del CPP), así como la que limitaba el derecho de postulación en caso de pluralidad de víctimas (art. 137-4 CPP). Tales preceptos involucraban una restricción desproporcionada de sus derechos.

También declaró inexequibles las expresiones “directa” de los incisos primero y segundo  del artículo 92; “directo” del artículo 132; el inciso segundo del artículo 102; y el numeral 4° del artículo 137, que limitaban indebidamente el concepto de víctima del delito a quien hubiere sufrido un daño “directo”. Esta Corporación precisó que conforme a la jurisprudencia constitucional y a los estándares internacionales en la materia, víctima es toda persona que ha sufrido un daño (real, concreto y específico) a consecuencia del delito, cualquiera que sea su naturaleza. 

Finalmente, en dicha sentencia se declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido  que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo”. De nuevo la Corte concluyó que se introducía “una restricción desproporcionada al derecho de las víctimas de acceder a la justicia, por cuanto  el condicionamiento que impone la norma para garantizar el derecho de asistencia técnica de las víctimas  en el juicio y en el incidente de reparación integral es de tal ambigüedad que ni siquiera permite identificar, si existe una finalidad legítima en la restricción, y cuáles serían los intereses que se encontrarían en pugna para efectuar una labor de ponderación”.

5.5.- Del anterior recuento puede observarse cómo la jurisprudencia ha exigido que las normas que regulan la participación de las víctimas en el proceso penal tomen en cuenta sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, así como la existencia de mecanismos idóneos para asegurar su protección efectiva. 

No obstante, como se explica a continuación, el examen de constitucionalidad de las normas del proceso concernientes a la intervención de las víctimas debe adelantarse atendiendo siempre los rasgos y características estructurales del sistema penal en cada una de sus etapas, porque de lo contrario pueden verse afectados otros derechos y principios constitucionales no menos importantes.

6.- La intervención directa de la víctima puede ser limitada durante juicio oral de acuerdo con las características de esa etapa procesal 

6.1.- La intervención directa de la víctima en todas y cada una de las instancias del proceso puede alterar los rasgos estructurales del sistema penal colombiano y por esa vía menoscabar otros derechos o principios como el de igualdad de armas. Es por ello que no en todos los casos es admisible que los derechos y garantías otorgadas a las partes u otros intervinientes se hagan extensivos a las víctimas y demás actores procesales. 

Esta circunstancia se hace particularmente notoria durante el juicio oral y se explica por varias razones que ya han sido recogidas en la jurisprudencia, las cuales se relacionan con la naturaleza adversarial de esa etapa según la configuración dada por el Constituyente, el rol que cumple la Fiscalía durante el juicio y la función constitucional de velar por los derechos e intereses de la víctima y de garantizar una comunicación efectiva con ella durante todo el proceso.

6.2.- En este apartado es necesario hacer referencia detallada a la Sentencia C-209 de 2007, cuyos fundamentos cobran especial relevancia para el análisis que ahora ocupa la atención de la Sala. En aquella oportunidad la Corte examinó varias normas que no contemplaban la intervención directa de las víctimas en diferentes instancias del proceso y limitaban su actividad probatoria, en especial durante el juicio. El demandante planteó un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa aduciendo que restringían injustificadamente los derechos de las víctimas. 

Para examinar las normas demandadas, la Sala comenzó por explicar que las características de las etapas del proceso repercuten directamente en el grado de participación de los actores en cada una de ellas. Dijo al respecto:

“La definición y caracterización de las distintas etapas del proceso penal (investigación, imputación, acusación y juzgamiento) también tiene incidencia en la forma como la víctima puede participar dentro del proceso para asegurar el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Resalta la Corte que sólo respecto de la etapa del juicio, el constituyente precisó sus características, enfatizando su carácter adversarial, así no haya seguido un modelo puro en este aspecto. Este hecho, tiene incidencia en la forma como pueden actuar las víctimas durante esta etapa. Como quiera que este carácter adversarial supone la confrontación entre el acusado y el acusador, la posibilidad de actuación directa y separada de las víctimas, al margen del fiscal, se encuentra restringida por el propio texto constitucional que definió los rasgos del juicio. 

Cada país en donde existe un sistema penal acusatorio ha definido diferentes modalidades para la intervención de las víctimas dentro del proceso penal. En el sistema acusatorio tradicional se ha considerado generalmente a la víctima como un testigo, el cual tiene interés predominante particular en el proceso penal, por lo que generalmente obtiene reparación por fuera del proceso penal. No obstante, esta posición tradicional ha ido variando, hasta otorgarle incluso el derecho a impulsar sin excluir ni sustituir al Fiscal, la investigación criminal y el proceso penal, y permitiendo su intervención en algunas etapas previas y posteriores al juicio. En estos sistemas se le reconoce a las víctimas, por ejemplo, el derecho a aportar pruebas dentro del proceso, el derecho a ser oídas dentro del juicio y a ser notificadas de actuaciones que puedan afectarlas, el derecho a que se adopte una resolución final dentro de un término prudencial, el derecho a que se proteja su seguridad, el derecho a una indemnización y a conocer la verdad de lo sucedido”. (Resaltado fuera de texto) 

Seguidamente la Sala se refirió a las especificidades del sistema penal colombiano, destacando que la víctima no tiene la condición de “parte” sino de “interviniente especial”. Con tal premisa explicó que sus atribuciones son también diferentes, en particular durante la etapa del juicio, donde la facultad de participación directa se reduce debido a su carácter adversarial:
 
“Se pregunta entonces la Corte Constitucional, si dado que nuestro sistema penal tiene elementos distintivos tan particulares y propios, la participación de la víctima en cada una de las etapas procesales debe tener las características de un interviniente especial o la de una parte procesal como alega el accionante. 

En primer lugar, considera esta Corporación que si bien la Constitución previó la participación de la víctima en el proceso penal, no le otorgó la condición de parte, sino de interviniente especial. La asignación de este rol particular determina, entonces, que la víctima no tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, pero si tiene algunas capacidades especiales que le permiten intervenir activamente en el proceso penal.

En segundo lugar, dado que el constituyente definió que la víctima podría intervenir a lo largo del proceso penal, es preciso tener en cuenta los elementos específicos de cada etapa procesal y el impacto que tendría la participación de la víctima en cada una de ellas. En ese contexto, es necesario resaltar que cuando el constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un carácter adversarial, enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: el acusador y el acusado, dejando de lado la posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado. La oralidad, la inmediación de pruebas, la contradicción y las garantías al procesado se logran de manera adecuada si se preserva ese carácter adversarial. Por el contrario, la participación de la víctima como acusador adicional y distinto al Fiscal generaría una desigualdad de armas y una transformación esencial de lo que identifica a un sistema adversarial en la etapa del juicio. Por otra parte, el constituyente no fijó las características de las demás etapas del proceso penal, y por lo tanto delegó en el legislador la facultad de configurar esas etapas procesales. 

De lo anterior surge entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”. (Resaltado fuera de texto) 

6.2.1.- Según fue explicado anteriormente, al examinar el contenido específico de las normas objeto de control, la Corte constató que algunas normas excluían a las víctimas del presupuesto fáctico en ellas previsto, generando una desigualdad injustificada que entrañaba el incumplimiento del deber del Legislador de asegurar a las víctimas una intervención efectiva en defensa de sus derechos en el proceso penal  (fundamento jurídico 5.4.6).

6.2.2.- Sin embargo, en cuanto a las normas que no incluían a la víctima dentro de  los sujetos procesales facultados para controvertir las pruebas durante el juicio oral, la Corte consideró que las especificidades de dicha etapa y su carácter adversarial justificaban plenamente la regulación adoptada por el Legislador. De esta manera, declaró exequible la norma que reserva a las partes la facultad de contradicción de los medios de prueba, de los elementos materiales y de la evidencia presentada en el juicio o practicada fuera de la audiencia (art. 378 CPP); la norma que restringe a las partes la realización del interrogatorio cruzado al testigo (art. 391 CPP); y la norma que sólo permite a “la parte que no esté interrogando o el Ministerio Público” oponerse a las preguntas formuladas (art. 395 CPP). 

En criterio de la Corte, la participación directa de la víctima en el juicio oral implicaría una “modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio”, en lo concerniente al principio de igualdad de armas, convirtiéndola en un segundo acusador en desmedro del carácter adversarial entre Fiscalía e imputado. En consecuencia, concluyó que en este caso sí existía “una razón objetiva que justificaba la limitación de los derechos de la víctima”. Señaló entonces lo siguiente:

“7.4.6. En relación con la expresión “las partes”, empleada en el artículo 378, el artículo 391 y la expresión “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público”, utilizada en el artículo 395 de la Ley 906 de 2004, es necesario por las mismas razones invocadas anteriormente efectuar una integración con el correspondiente artículo, visto globalmente. Sobre tales disposiciones, la Corte observa que: 

(i) excluyen a la víctima de los actores procesales que pueden controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral; 

(ii) sin embargo, dado que la posibilidad de ejercer estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como quiera que su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso; 
(iii) por ello, esta omisión no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral dados sus rasgos esenciales definidos por el propio constituyente; y

(iv) tampoco supone un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, como quiera que la posibilidad de que la víctima (o su apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal con base en la actividad propia y en la de las víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en la ley. En efecto, a lo largo del proceso penal, en las etapas previas, la víctima ha podido participar como interviniente especial en la construcción del caso para defender sus derechos, de tal forma que en el juicio mismo éstos se proyectarán mediante la actividad fiscal. 

No obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004. 

Cabe agregar que en el sistema colombiano el Ministerio Público es un interviniente sui generis que también puede abogar por los derechos de todos, incluidas las víctimas en dicha etapa, sin sustituir ni al Fiscal ni a la defensa.

En esa medida, el artículo 378, el artículo 391 y el artículo 395 de la Ley 906 de 2004 serán declarados exequibles, por el cargo analizado”. (Resaltado fuera de texto) 

6.2.3.- Con una argumentación similar, la Corte también desestimó el cargo de inconstitucionalidad por omisión relativa frente a la norma que sólo permite a la Fiscalía y a la Defensa presentar su “teoría del caso” al comienzo del juicio (art. 371 CPP). La Sala consideró que esa limitación de los derechos de las víctimas estaba justificada y declaró exequible la norma acusada. Dijo al respecto:
 
“De conformidad con lo que establece el artículo 371, en la etapa del juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo mismo hará la defensa, pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga participación alguna en este momento del juicio oral. No obstante, tal como se señaló al rechazar la posibilidad de que la víctima interviniera directamente en la audiencia del juicio oral para controvertir pruebas o interrogar a los testigos, aquí también está justificada la limitación de sus derechos. Dado el carácter adversarial de esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger la igualdad de armas, no puede la víctima participar de manera autónoma y al margen de la actuación del fiscal.

Advierte la Corte que el artículo 443 de la Ley 906 de 2004 prevé la posibilidad de que el abogado de las víctimas intervenga para hacer alegatos finales al concluir el juicio. Esta participación del abogado de la víctima no introduce un desbalance en el juicio ni le resta su dinámica adversarial puesto que ella se presenta al final de esta etapa, con miras precisamente a que la voz de las víctimas se escuche antes de concluir esta etapa del proceso.

Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del Fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación”. (Resaltado fuera de texto) 

6.3.- Por otra parte, en la Sentencia C-396 de 2007 la Corte declaró exequible la norma que impide al juez decretar la práctica de pruebas de oficio (art. 361 CPP), por considerar que ello constituye una eventual garantía de imparcialidad, asumible dentro del marco de opciones del Legislador. No obstante, atendiendo las características de las diferentes etapas del proceso, la Corte aclaró que esta prohibición sólo tiene cabida en la audiencia preparatoria y en el juicio oral:

“29. A juicio de esta Sala, la prohibición contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta, en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas de oficio en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial. A esa conclusión se llega después de adelantar el análisis sistemático y teleológico de la norma acusada que a continuación se expone: 
(…)
32. Además, si como se explicó en precedencia, la justificación de la pasividad probatoria del juez de conocimiento encuentra respaldo constitucional desde la perspectiva de la neutralidad judicial y la igualdad de armas entre las partes en el sistema penal acusatorio, no tiene sustento alguno pretender aplicar esa misma tesis en la etapa procesal en la que no existen partes, ni controversia de pruebas, ni debate en torno a la validez y eficacia de la prueba dirigida a demostrar supuestos abiertamente contradictorios. Luego, es fácil concluir que la prohibición acusada no se aplica en el ejercicio de las funciones propias del juez de control de garantías, sino únicamente ante el juez de conocimiento y, en estos términos, la norma acusada se ajusta a la Constitución”. (Resaltado fuera de texto) 

Además de lo anterior, con base en lo allí mismo argumentado puede señalarse que la exclusión de la actividad oficiosa del juez en el acopio del material probatorio se refleja como una expresión legítima del Legislador dentro del amplio marco de configuración asignado por el Constituyente para el diseño del proceso penal.

6.4.- Finalmente la Corte llama la atención sobre la Sentencia C-516 de 2007. Con el mismo criterio esta Corporación encontró razonable y proporcionado que en la audiencia de imputación el juez limite el número de representantes de las víctimas en caso de existir un número plural (art. 340 CPP). De nuevo insistió en que el canal previsto para velar por los derechos de las víctimas durante el juicio es, principalmente, la Fiscalía, por supuesto sin perjuicio de algunas atribuciones directas como la de presentar los alegatos finales (art. 443 CPP). En palabras de este Tribunal:

“El derecho de intervención de las víctimas no se ve drásticamente afectado puesto que, como se advierte,  pueden canalizar su derecho de intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de argumentación.
(…)
Así las cosas, encuentra la Corte que la medida que se analiza no grava de manera desproporcionada el interés de la víctima de intervenir de manera efectiva en el juicio oral; por el contrario, ella resulta compatible con los rasgos del sistema adversarial que se proyectan de manera preponderante en esta etapa del proceso en donde la intervención de la víctima se canaliza (para efectos de la contradicción de la prueba y de la presentación de la teoría del caso) a través del fiscal.  La ley prevé la posibilidad de que el representante de la víctima presente directamente los alegatos finales (Art. 443), momento en el que operará el umbral de intervención numérica a que se refiere el precepto examinado. Esta  medida resulta razonable, en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a la vez genere una intolerable restricción de los derechos de las víctimas que se encuentran garantizados, mediante sus aportes previos  para la construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de las víctimas en el juicio oral”. (Resaltado fuera de texto).

6.5.- Los precedentes referidos permiten a la Corte concluir que la intervención directa de la víctima puede ser limitada por el Legislador durante el juicio oral, lo cual se explica por las siguientes razones:

(i) En primer lugar, porque el Constituyente diseñó un modelo enfatizando en el carácter adversarial de confrontación entre la Fiscalía y la defensa durante la etapa del juicio, con lo cual limitó desde el propio texto constitucional la facultad de intervención directa de otros intervinientes como el Ministerio Público o la propia víctima.

(ii) En segundo lugar, porque sin desconocer la relevancia que la víctima tiene en el proceso penal, lo cierto es que la Constitución no le otorgó la calidad de “parte” sino de interviniente especial, de manera que no tiene las mismas facultades del procesado ni de la Fiscalía, aún cuando en todo caso le asisten amplias facultades para asegurar la protección efectiva de sus derechos que no pueden ser desconocidos cuando se fijan las reglas de procedimiento.

(iii) En tercer lugar, porque el Acto Legislativo 3 de 2002 asignó expresamente a la Fiscalía la función de velar por la protección de la comunidad, de los intervinientes y de las víctimas. En consecuencia, debe cumplir sus labores tomando en consideración esos intereses en todas y cada una de las instancias, con especial rigor durante el juicio, donde la Fiscalía representa la principal vía de comunicación de la víctima.

(iv) Finalmente, porque en concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha destacado que durante el juicio oral, “dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación”.

En este escenario la función del juez constitucional consiste en examinar si la  regulación adoptada por el Legislador es garante de los derechos de las víctimas y si existen instrumentos para asegurar su protección efectiva, de manera que cuando se cumplen esos presupuestos -aún cuando no se contemple su participación directa en todas las etapas del proceso-, habrá de respetar el diseño normativo del Legislador. 

Con estas precisiones conceptuales entra la Corte a examinar la norma parcialmente acusada.

7.- Constitucionalidad de la expresión demandada

7.1.- Al fijar las reglas sobre la práctica de la prueba testimonial, el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal se refiere a las facultades excepcionales que tiene el juez para conseguir que el testigo responda a las preguntas formuladas en el interrogatorio. Al mismo tiempo -en el aparte que ahora se acusa-, consagra la posibilidad de que al término del interrogatorio el Juez y el Ministerio Público formulen preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Dice la norma:

ARTÍCULO 397. INTERROGATORIO POR EL JUEZ. Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”.

Como ya fue explicado, el demandante considera que el Congreso incurrió en una omisión legislativa relativa que vulnera los derechos de las víctimas al debido proceso y acceso efectivo a la justicia. En su sentir, no existe ninguna justificación para que no se permita a la víctima intervenir directamente y formular preguntas complementarias, quien también está legitimada para hacerlo en virtud de los intereses que le asisten.

7.2.- Antes de abordar el análisis concreto del cargo planteado debe recordarse que en la Sentencia C-144 de 2010 la Corte encontró legítima la facultad otorgada al Juez y al Ministerio Público, declarando su exequibilidad pero limitando el alcance de la cosa juzgada constitucional. De esta manera, la Corte insistió en la amplia potestad de configuración del Congreso y en la razonabilidad y proporcionalidad de la norma, encaminada también a proteger los derechos de la víctima, por supuesto sin suplantar a las partes ni alterar el principio de igualdad de armas. Dijo al respecto:

“84. Conforme a lo anterior, el juez y el Ministerio público pueden complementar el interrogatorio de testigos en el proceso, sin que resulte contrario al debido proceso, sino manifestación de la especificidad de nuestro orden procesal penal constitucional y también, mucho, del poder de libre configuración del legislador en esta materia.

85. Naturalmente, cosa que también se ha dicho, esta atribución no representa un poder absoluto, de modo que su ejercicio debe cohonestar con todos los demás bienes constitucionales. Así, retomando los criterios que debe atender la Corte constitucional a la hora de enjuiciar una norma jurídica de carácter legal sobre un asunto donde el legislador tiene amplio poder de configuración normativa, se encuentra que en lo regulado en el art. 398: a) La ordenación atiende los principios y fines del Estado, pues al habilitar al juez y al Ministerio público a formular preguntas que completen el cabal entendimiento del caso, es claro que se procura que la prueba testimonial revele de manera más diáfana, los hechos que se pretenden probar en el proceso, lo que a su vez representa un mejor comprensión de lo sucedido y mejores opciones para resolver con justicia. b) No atenta contra el debido proceso del acusado, ni contra los derechos de las víctimas, pues el cabal entendimiento del asunto, precisamente está aludiendo a conocer mejor lo sucedido, en términos de hechos, de responsabilidad y de daños causados. También porque la intervención del juez y del Ministerio público ocurre, una vez se han terminado los interrogatorios por las partes, es decir cuando ellas han agotado la oportunidad de formular las preguntas, según las reglas previstas en el C.P.P., en especial artículos 390 y siguientes. O sea que en caso de echar mano de esta facultad, no suplantan a las partes, no interrumpen la forma como cada una de ellas pretende construir la declaración del testigo. Su intervención, bien la del juez, bien la del Ministerio público, tiene como propósito lo que de manera clara establece el precepto, esto es, formular las preguntas complementarias que se estimen pertinentes para el cabal entendimiento del caso. c) Se trata, por demás, de una medida razonable y proporcional pues no supone una alteración radical ni siquiera significativa del principio de igualdad de armas, que ocurre en un momento oportuno, cuando el testigo está en la audiencia, con un objeto, el complementar la declaración, para una finalidad legítima cual es, como tantas veces se ha repetido, el cabal entendimiento del caso. d) Del mismo modo, facilita la realización material de los derechos y bienes jurídicos objetivos que interesan al proceso, pues con la autorización reconocida por el artículo 397 para el juez y el Ministerio público, lo que se busca no es otra cosa que mejorar esa aprehensión del caso por parte del juez de conocimiento y la capacidad de administrar justicia”. (Resaltado fuera de texto).

En la misma providencia la Corte explicó que la facultad otorgada es solamente para hacer preguntas destinadas a precisar o añadir algunas cuestiones puntuales con el fin de lograr una íntegra y completa declaración testimonial pero sin convertirla en una nueva diligencia, respetuosa además de los principios y garantías del estatuto procesal penal. 

7.3.- Hecha esta acotación, siguiendo con la metodología trazada en otras oportunidades al analizar cuestiones relacionadas con la presunta existencia de omisiones legislativas relativas, la Corte debe resolver los siguientes interrogantes:

(i) Si la norma excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que en principio debería estar incluido por encontrarse en una situación asimilable;

(ii) Si existe una razón objetiva y suficiente que explique válidamente esa exclusión;

(iii) Si se genera una situación de desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso penal o en general se afecta alguno de sus derechos constitucionales;

(iv) Si esa omisión entraña el incumplimiento, por parte del Legislador, del deber constitucional de consagrar la participación de la víctima para formular preguntas directamente una vez concluidos los interrogatorios.

7.4.- Al respecto la Sala estima que las consideraciones expuestas, de la mano de los fundamentos de las Sentencias C-209 de 2007, C-516 de 2007 y C-144 de 2010, permiten concluir que es constitucionalmente legítimo que el Legislador haya limitado la participación directa de las víctimas en esta instancia del juicio, concretamente al no autorizarlos para formular preguntas complementarias al término de los interrogatorios. Veamos.

(i) Es claro que la norma efectivamente excluye a las víctimas de la facultad de formular directamente preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso, atribución que sí se otorga a otros sujetos procesales como el Juez y el Ministerio Público, quienes en principio se encuentran en una situación asimilable por ser todos actores importantes del proceso penal.

(ii) Sin embargo, la Corte considera que en este caso sí existen motivos fundados que justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma. En efecto, a diferencia del Juez y del Ministerio Público, quienes en el cumplimiento de sus roles deben siempre mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, es razonable suponer que a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.

- Frente a las atribuciones del Ministerio Público, en la Sentencia C-144 de 2010 este Tribunal explicó que sus funciones no desvanecen la naturaleza adversarial del proceso por cuanto se trata de un interviniente “principal” pero a la vez “discreto”, que debe velar por los intereses de la sociedad y el respeto de los derechos de los sujetos procesales, evitando en todo caso desequilibrios y exceso a favor o en contra de una de las partes o intereses en disputa. Dijo entonces la Corte:

“51. Ahora bien, las diferentes funciones del Ministerio público en el proceso penal no pueden ser interpretadas como piezas con las cuales se desvirtúa enteramente la fisonomía adversarial y acusatoria del procedimiento en cuestión. Porque como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en reciente pronunciamiento, el “Ministerio Público, como interviniente, tiene unas facultades limitadas en el curso del juicio oral, de acuerdo con las cuales únicamente cuando observe la manifiesta violación de garantías y derechos fundamentales puede solicitar el uso de la palabra ante el juez, y excepcionalmente, con el único propósito de conseguir el ‘cabal conocimiento del caso’, el Representante de la Sociedad también podrá interrogar a los testigos, de lo cual se desprende que no tiene derecho a contrainterrogar y menos a utilizar la técnica propia de este tipo de preguntas, pues aquella facultad no lo autoriza para suplir las deficiencias de las partes ni para introducir respuestas a interrogantes que fueran válidamente objetados entre ellas. Lo contrario sería permitirle que tome partido por una de las partes o se recargue y que en el juicio se desequilibre la igualdad que debe existir entre ellas” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 20 de mayo de 2009, Proceso No 30782).

52. Las consideraciones que preceden permiten a la Corte concluir que el Ministerio público es a la vez un interviniente “principal” y “discreto” del proceso penal. Lo primero por cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una función de doble cariz consistente en velar por el respecto de los intereses de la sociedad, así como de los derechos humanos y de los derechos fundamentales afectos al proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse a los condicionamientos establecidos en la ley y precisados por la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que en principio o tendencialmente articulan el sistema, relacionados con la igualdad de armas y el carácter adversarial del procedimiento. 

53. El ejercicio de sus funciones plantea por tanto el riguroso cumplimiento de la legalidad, así como la procura de los fines para los cuales desde tiempo atrás se le ha instituido como interviniente procesal, evitando desequilibrios y excesos a favor o en contra de alguna de las partes o intereses en disputa, con el despliegue de una actuación objetiva que en definitiva mejore las condiciones para que en el proceso se alcance una decisión justa y conforme a Derecho”.  (Resaltado fuera de texto)

- En cuanto al juez, en la misma providencia se destacó que cumple un rol activo en el proceso con miras a lograr tanto la justicia formal como la justicia material, asegurando la protección efectiva de los derechos del procesado y también de las víctimas, pero siempre “sin romper su imparcialidad”:

“82. Los anteriores supuestos explican por qué en nuestro sistema procesal penal se ha entendido conforme al orden superior, que el juez no sea un convidado de piedra en el proceso, sino que al contrario, a través de las diversas actuaciones cumpla con su función de dirigirlo hacia la finalidad común a todo juicio, a saber, alcanzar la justicia formal y sobre todo material. En este sentido, no sólo es quien está llamado a concretar el ius puniendi del Estado, sino que también es el encargado de buscar la verdad, procurar la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas. 

Por esto, aunque se ha admitido, como manifestación del poder de libre configuración del legislador, que el juez de conocimiento tenga prohibida la posibilidad de decretar pruebas de oficio [C-396 de 2007], también, por ello mismo, ha resultado legítimo y admisible que, en el esquema colombiano, a diferencia de otros países, pueda el juez adoptar un conjunto de medidas que, sin involucrar su imparcialidad, sí lo vinculen positivamente con las resultas del proceso, como forma de garantizar una correcta administración de justicia [C-396 de 2007]”. (Resaltado fuera de texto) 

En este orden de ideas, la exclusión prevista en la norma se justifica si se tiene en cuenta que la participación directa de la víctima, aun para formular preguntas complementarias, puede por esa vía convertirla en un segundo acusador o contradictor, afectando el principio de igualdad de armas en desmedro de los derechos del imputado, quien además de hacer frente a los reproches de la Fiscalía debería estar atento de eventuales interrogatorios, cuestionamientos o incluso ataques de la víctima, alterando con ello la esencia adversarial del proceso durante el juicio oral. 

De igual forma, considera la Sala que esa intervención puede, de un lado, ser utilizada para corregir deficiencias de la acusación o, de otro, interferir en la estrategia diseñada por el fiscal para el desarrollo de las diligencias testimoniales, en ambos casos permitiendo que un tercero cumpla un rol activo en esa instancia procesal cuando es evidente que –a diferencial del Juez y del Ministerio Público- tiene un interés directo en las resultas del proceso y particularmente en la condena del imputado.

(iii) Concordante con lo anterior, no puede afirmarse que la omisión prevista en la norma genera una situación de desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso penal, cuando precisamente lo que subyace es el interés porque los rasgos básicos del proceso penal no se vean alterados. 

En los precedentes en los cuales se ha examinado una problemática similar, la jurisprudencia ha destacado cómo la víctima puede asegurar sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral por conducto de la Fiscalía, quien tiene un claro mandato constitucional de velar por sus intereses, a tal punto que incluso puede solicitarse al juez que decrete un receso en el curso de la audiencia para asegurar una comunicación efectiva ellos.

La Corte no desconoce que entre la Fiscalía y la víctima, o entre ésta y su apoderado, pueden presentarse divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor estrategia para promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Fiscalía es la autoridad a la que se ha asignado la misión constitucional de promover la acción penal, y que en su calidad de “parte” le corresponde dirigir la acusación, exponer su teoría del caso y defenderla durante el juicio oral, la Sala considera que, de la misma manera, es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, por supuesto asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al ejercicio de la función pública en caso de incumplimiento de los deberes funcionales en relación con la protección efectiva de los derechos de las víctimas.

Ligado a lo anterior, la jurisprudencia ha explicado que tanto el juez como el Ministerio Público tienen la obligación de velar por la protección integral de los derechos de las víctimas en las diferentes instancias del proceso, siendo también responsables en caso de un irregular desempeño en el cumplimiento de las labores asignadas.

De esta manera, es equivocado sostener que la restricción prevista en la norma deja a la víctima sin recursos idóneos para reclamar la protección efectiva de sus derechos, más aún cuando en otras instancias del proceso, previas y posteriores, e incluso dentro del propio juicio oral (por ejemplo al presentar sus alegatos de conclusión), están facultadas para intervenir, exponer sus argumentos y controvertir directamente la decisiones adoptadas.

(iv) Finalmente, no existe un deber constitucional que imponga al Legislador la obligación de consagrar la participación directa de la víctima para formular preguntas complementarias una vez concluidos los interrogatorios. Por el contrario, lo que se observa es que la Constitución le otorgó amplias facultades para fijar “los términos en que podrán intervenir la víctimas en el proceso penal” (art. 250-7 CP).

7.5.- En suma, las consideraciones expuestas llevan a la Corte a concluir que la expresión “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, no incurre en una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de las víctimas. En consecuencia, se declarará su exequibilidad.

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución: 

RESUELVE

Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso”, del artículo 397 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. 

JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente

MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada

MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento aceptado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General