|
|
Twittear |
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia exclusiva y excluyente para ejercer control abstracto de constitucionalidad y control concreto mediante revisión eventual de acciones de tutela
JURISDICCION CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Integrada por todos los jueces de la República/CORTE CONSTITUCIONAL-Jueces de la República son jerárquicamente inferiores por cuanto este Tribunal actúa como órgano límite o de cierre de la jurisdicción constitucional
CORTE CONSTITUCIONAL-Decisiones adoptadas en sede de revisión son definitivas y hacen tránsito a cosa juzgada
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Competencia radica prima facie en cabeza del juez de primera instancia/CORTE CONSTITUCIONAL-Conserva competencia preferente para intervenir en cumplimiento de sus providencias
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA EN PROCESO DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Solicitud informe sobre gestión de cumplimiento a sentencia T-349/12
Referencia: cumplimiento de lo resuelto en la Sentencia T- 349 de 2012
Peticionario: Jhon Carlos Martínez Borja.
Entidad accionada: Inspección Primera de Policía de Yopal, la Alcaldía Municipal de Yopal y la Gobernación de Casanare.
Magistrado Sustanciador:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a dictar el siguiente Auto:
ANTECEDENTES
“PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos para fallar el presente asunto, decretada por la Sala Séptima de Revisión.
SEGUNDO. REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, el 14 de diciembre de 2010 y, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta misma ciudad, el 9 de noviembre de 2010. En su lugar CONCEDER la protección del derecho fundamental a la vivienda adecuada de los accionantes residentes en el predio denominado “La manga de coleo” en Yopal, y de las demás personas asentadas en el predio, en situación de vulnerabilidad, que pudieran resultar afectadas con la orden de desalojo que profirió la Inspección Primera de Policía de este municipio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a la Alcaldía Municipal de Yopal, a la Gobernación de Casanare y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, quienes deberán convocar a las instituciones que conforman el Sistema de Atención Integral a la Población en Situación de Desplazamiento SNAIPD, que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo, instalen una mesa de concertación con los representantes de la población asentada en el lote denominado “La manga de coleo” (teniendo en cuenta el censo que realizó el Cuerpo Técnico de Investigación de Yopal y la Defensoría del Pueblo –Regional Casanare-) para buscar una solución temporal de vivienda adecuada, lo cual no deberá superar el término de tres (03) meses, que cobije tanto a la población en situación de desplazamiento como a otras poblaciones vulnerables que se encuentren residiendo en dicho predio.
Acerca de la conformación de la mesa de concertación así como de los acuerdos y compromisos que se adopten en desarrollo de ésta, las entidades territoriales deberán enviar un informe conjunto, en el término de tres (03) meses, al juez de primera instancia, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría –Regional Casanare-
CUARTO. ORDENAR a la Gobernación de Casanare, a la Alcaldía Municipal de Yopal y a la Inspección Primera de Policía de este municipio, que se abstengan de realizar cualquier actuación tendiente a ejecutar la diligencia de desalojo en el predio objeto de ocupación, hasta tanto la Alcaldía Municipal de Yopal de manera principal y la Gobernación de Casanare, de forma subsidiaria, le garanticen a la población afectada que reside allí una solución de vivienda adecuada, en principio temporal, lo cual no debe superar el término de tres (03) meses, bajo la aplicación estricta de todos los estándares internacionales en materia de desalojos forzosos para asegurar la protección de los derechos fundamentales de la comunidad, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
QUINTO. ORDENAR a la Alcaldía del Municipio de Yopal que realice el acompañamiento necesario al accionante y a todas las familias objeto del desalojo que deseen postularse a los subsidios de vivienda otorgados por el municipio y por el Gobierno Nacional, de manera que se les brinde la atención suficiente durante el diligenciamiento de los documentos para ser beneficiario y demás trámites pertinentes, incluido el asesoramiento para la gestión de créditos complementarios de ser necesarios.
SEXTO. ADVERTIR al accionante y a los demás miembros de la comunidad objeto del desalojo, que deberán iniciar diligentemente los trámites necesarios en la postulación para acceder a los subsidios de vivienda otorgados a nivel nacional por FONVIVIENDA y a nivel municipal, lo cual se hará con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Yopal, conforme a la orden anterior.
SÉPTIMO. COMUNICAR el presente fallo a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo –Regional Casanare- para que realicen el acompañamiento respectivo conforme a los ordinales anteriores y hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.
OCTAVO. Por secretaría general librar las comunicaciones de que trata el Decreto 2591 de 1991
1.2. En escrito dirigido a esta Corporación, los ciudadanos Jhon Carlos Martínez Borja y Gabriel González, solicitan el cumplimiento de la sentencia T-349 de 2010, en su calidad de amparados por el fallo en mención; específicamente, por las órdenes tercera y cuarta relacionadas con la concertación de una solución temporal de vivienda y la suspensión de las acciones de desalojo.
1.3. Manifiestan los peticionarios que no existe voluntad por parte de las autoridades municipales y departamentales encargadas de dar cumplimiento a la sentencia de tutela, quienes, según indican, se han mostrado indiferentes y negligentes ante su situación.
1.4. Además de otras descripciones sobre la casi nula actividad de las entidades encargadas de cumplir con las órdenes impartidas en la sentencia de tutela, los peticionarios señalan que se presentaron dos escritos de incidente de desacato ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, los días 29 de noviembre de 2012 y 21 de mayo de 2013, sin que hasta la fecha de interpuesta la presente solicitud se haya resuelto de fondo alguno de ellos. En tal sentido, anexan copia de cada uno.
2. CONSIDERACIONES
2.1.
El artículo 241 de la Carta ha
confiado a la Corte
Constitucional “la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”. En cumplimiento de ese
objetivo, la norma citada le
asigna competencia
exclusiva y excluyente para ejercer el control
abstracto de constitucionalidad de los actos reformatorios de
la
Constitución y de las leyes en sentido formal
y material -entre otras
competencias-, y para
ejercer un control concreto mediante la
revisión
eventual de las decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de los derechos fundamentales y de los
directamente
conexos con ellos.
2.2. En lo que se
refiere específicamente al mecanismo de amparo y
protección de los derechos fundamentales, es decir, a la acción
de
tutela, ésta se ejerce y desarrolla a través
de la jurisdicción
constitucional, la cual, por
expresa disposición superior la integran
todos
los jueces de la República (art. 86), quienes a su vez “son
jerárquicamente inferiores a la Corte Constitucional”, por
cuanto
dicho Tribunal actúa como órgano límite
o de cierre de esa
jurisdicción, a través de la
revisión de las decisiones judiciales que
por la
vía del amparo se profieran; atribución que ejerce la Corte
en
forma libre y discrecional “con el fin de unificar la jurisprudencia
sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que los
demás
administradores de justicia se puedan
inspirar al momento de
pronunciarse acerca de los
derechos fundamentales dentro del
ordenamiento
jurídico colombiano”1
En este sentido, las decisiones adoptadas
por la Corte Constitucional
en sede de revisión
de tutela, son definitivas y hacen tránsito a cosa
juzgada, y por tanto, son de obligatorio cumplimiento para las
partes2
.
2.3. Mediante el
Auto 249 de 2006, esta Corporación consideró que de
conformidad con lo prescrito en los artículos 37 y 52 del Decreto
2591
de 1991, la competencia para hacer cumplir
los fallos de tutela,
incluso tratándose de
sentencias de segunda instancia o de aquellas
proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión,
radica,
prima facie, en cabeza de los jueces de
primera instancia. Sin
embargo, la jurisprudencia
ha precisado que en ciertas
circunstancias
especiales, la Corte conserva la competencia
preferente, de forma tal que se encuentra habilitada para
intervenir
en el cumplimiento de sus propias
decisiones, “ora porque
el juez a
quien le compete pronunciarse sobre el
cumplimiento de la sentencia
dictada por ella no
adopta las medidas conducentes al mismo, ya porque el
juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la
desobediencia persiste” (Subrayas
fuera del texto original).
2.4. Conforme a lo anterior esta Corporación considera necesario conocer en qué medida se han cumplido las órdenes impartidas mediante la sentencia de la referencia, para así, poder determinar con posterioridad si avoca o no el cumplimiento de la misma. En razón a ello, oficiará al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal (Casanare), a la Alcaldía Municipal de Yopal, a la Gobernación de Casanare y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que, en un término de diez (10) hábiles a partir de la notificación del presente auto, informen a este despacho qué gestiones han realizado para dar cumplimiento a lo ordenado en Sentencia T-349 de 2012.
RESUELVE:
PRIMERO.- OFICIAR al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal para que, en un término de diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente auto, informe a este despacho qué gestiones ha realizado para dar cumplimiento a lo ordenado en Sentencia T-349 de 2012.
SEGUNDO.- OFICIAR a la Alcaldía Municipal de Yopal, a la Gobernación de Casanare y a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para que, en un término de diez (10) días hábiles, a partir de la notificación del presente auto, informe a este despacho qué gestiones han realizado para dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-349 de 2012.
TERCERO.- ORDENAR copia del presente auto a los peticionarios de la solicitud de la referencia.
Comuníquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
1 Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
2 En la Sentencia SU-1219 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se señaló:
“Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional2), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.”