Corte Constitucional - Sentencia 531-13

Demanda de inconstitucionalidad: en contra de una expresión y del literal b) del numeral 2 del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

La ciudadana Ángela Rosas Villamil, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandó constitucionalidad de una expresión y del literal b) del numeral 2 del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, cuyo texto -lo demandado con subraya-, es el siguiente:

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.

2.2. Pretensiones. La ciudadana demandante solicita se declare la inconstitucionalidad de la expresión demandada del numeral 2º y del literal b) del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, por vulnerar los artículos 2 y 243 de la Constitución.

2.3. Cargos. La demanda se centra en la hipótesis legal de que se debe aplicar la figura del desistimiento tácito en cualquier etapa procesal, incluso en aquella en la cual ya existe sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución.

Se afirma que la anterior hipótesis afecta el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Carta, pues se permitiría desconocer la efectividad de un derecho adquirido, si dentro de un tiempo preciso su titular no solicita o realiza ninguna actuación en el proceso, valga decir, si éste permanece inactivo.

Se dice que la hipótesis en comento vulnera el principio de cosa juzgada y, por ende, la seguridad jurídica, pues permitiría reabrir el proceso y, por lo tanto, facultaría a los funcionarios judiciales a conocer, tramitar y fallar sobre un asunto ya resuelto, pues se trata de un proceso que tiene identidad en su objeto, en su causa petendi y en sus partes. Para sustentar su dicho, alude a la Sentencia Corte Constitucional - Sentencia 543 de 1992.

3. Intervenciones.

3.1. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho: exequibilidad.

Caracteriza la institución del desistimiento tácito a partir de la Sentencia Corte Constitucional - Sentencia 1186 de 2008, en la cual la Corte estudió si ésta vulnera los derechos a acceder a la administración de justicia, al debido proceso y la garantía de los derechos adquiridos. Luego de una extensa cita de la sentencia, que va desde el punto 4 hasta el punto 5.7 inclusive, advierte que en este caso se está ante un problema jurídico semejante.

Ante la anterior circunstancia, considera pertinente recordar, a partir del discurso de la Corte, que el desistimiento tácito es una consecuencia constitucionalmente válida que se sigue de la omisión de la parte; que no se trata de una figura novedosa, sino que guarda una relación histórica con la perención; que las finalidades de esta institución: garantizar la libertad de acceso a la justicia, la eficiencia y prontitud de la administración de justicia, el cumplimiento diligente de los términos y la solución oportuna de los conflictos, son válidas en términos constitucionales.

3.2. Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal: exequibilidad.

Precisa que la cosa juzgada ofrece seguridad frente a lo definido en una providencia judicial en firme. Sin embargo, de la cosa juzgada no se sigue que los derechos reconocidos en la providencia judicial en firme “adquieran inmunidad contra los fenómenos que legalmente determinan su extinción”. Y es que las formas de extinción de los derechos y de las obligaciones afectan a todos los derechos, incluso a los reconocidos en providencias judiciales en firme.

El desistimiento tácito, previsto en las Leyes 1194 de 2008 y 1564 de 2012, pretende “conminar a las partes a cumplir con las cargas que la ley les exige y a realizar los actos procesales necesarios para evitar el estancamiento del proceso”, con la advertencia de que, de no hacerlo, “se tiene por desistida la demanda o la solicitud que hayan formulado”. Y es que la desidia de las partes, además de afectar sus propios intereses, afecta a los demás sujetos procesales, que ven postergada en el tiempo de manera injustificada la decisión sobre sus derechos, y a la propia administración de justicia, que se congestiona y satura. Esta desidia, pues, puede considerarse como una forma de abandono del propio derecho.

3.3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia: exequibilidad.

El desistimiento tácito revive la figura de la perención del proceso, en tanto implica una sanción procesal a la parte que omite cumplir su deber de impulsar la actuación, cuando su concurso es indispensable para ello. Se trata de una omisión objetiva, imputable a la parte, que no depende de la mera voluntad del juez.

La demandante parece desconocer que la sentencia puede requerir, para su cumplimiento, de actuaciones posteriores a ella, como ocurre con la diligencia de entrega de bienes, o del correspondiente proceso ejecutivo. La parte no tiene el derecho a mantener, por su inacción, el proceso abierto de manera indefinida. En caso de omitir su deber de impulsar el proceso y, por tanto, de configurarse el desistimiento tácito, la actuación termina, pero la parte interesada puede volver a presentar su demanda, luego de 6 meses, sin perjuicio de los efectos sustanciales y procesales que el transcurso del tiempo pueda tener para el ejercicio de sus derechos.

3.4. Intervención de la Universidad del Rosario: inexequibilidad.

Comparte los argumentos de la demanda y los apoya, pues normas como la demandada privilegian “el eficientismo” del proceso sobre el acceso y fortalecimiento de la administración de justicia. Obrar así “restringe la comprensión de la conflictividad social; hace patente la exclusión institucional de quien reclama la protección de sus derechos; deslegitima al Estado (en la medida en que le genera al ciudadano la expectativa de que le van a solucionar, o ya le solucionaron su conflicto, y de manera simultánea crea mecanismos como el que nos ocupa, que lo que hacen es arrebatarle lo decidido y sumirlo en la incertidumbre)”.

También genera una “disonancia cognitiva de carácter judicial y legal”, pues de manera simultánea permite que una decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada quede sin efectos, por el simple transcurso del tiempo. Además, pasa por alto que no toda omisión del demandante en atender su carga se debe a desidia, sino que puede haber otras circunstancias que es necesario comprender, como la de ignorar qué otros bienes tiene el ejecutado para denunciarlos ante el juez.

3.5. Intervención de la Universidad Externado de Colombia: exequibilidad.

El desistimiento tácito es la consecuencia jurídica que se sigue cuando una parte omitió cumplir con su carga procesal durante un determinado tiempo. Esta institución no limita de manera excesiva los derechos y garantías de la parte, pues no se trata de una afectación súbita o sorpresiva a la parte, que conoce su deber y es advertida por el juez de la necesidad de cumplirlo. Por el contrario, contribuye a realizar fines valiosos como evitar paralizar el aparato judicial, obtener la efectividad de los derechos y promover la certeza jurídica sobre los mismos.

Al repasar la historia procesal colombiana, trae a cuento instituciones como la caducidad de la instancia y la perención, y señala que de esta última se ocupa la Corte en las Sentencias Corte Constitucional - Sentencia 273 de 1998, Corte Constitucional - Sentencia 568, Corte Constitucional - Tutela 1215 y Corte Constitucional - Sentencia 1512 de 2000, Corte Constitucional - Sentencia 918, Corte Constitucional - Tutela 968 y Corte Constitucional - Sentencia 1104 de 2001, Corte Constitucional - Sentencia 043 y Corte Constitucional - Sentencia 292 de 2002, Corte Constitucional - Sentencia 123, Corte Constitucional - Tutela 359, Corte Constitucional - Tutela 607, Corte Constitucional - Tutela 736, Corte Constitucional - Sentencia 874, Corte Constitucional - Tutela 974 y Corte Constitucional - Tutela 1108 del 2003, Corte Constitucional - Sentencia 183 de 2007.

En el anterior contexto, examina los cargos a la luz del principio de libre configuración normativa en materia procesal y del principio de cosa juzgada material.

En cuanto a lo primero, al hacer un juicio de proporcionalidad trae a cuento la Sentencia Corte Constitucional - Sentencia 1186 de 2008, para concluir que el desistimiento tácito atiende a finalidades constitucionales legítimas e imperiosas. Agrega que no existe una institución jurídica alternativa con la misma eficacia, capaz de incidir menos en los derechos de las partes.

En cuanto a lo segundo, a partir de las Sentencias Corte Constitucional - Sentencia 774 de 2001, Corte Constitucional - Sentencia 310 de 2002, Corte Constitucional - Sentencia 004, Corte Constitucional - Sentencia 039 y Corte Constitucional - Sentencia 096 de 2003, Corte Constitucional - Sentencia 1122 de 2004, Corte Constitucional - Sentencia 1189 de 2005, Corte Constitucional - Sentencia 720 de 2007 y Corte Constitucional - Sentencia 469 de 2008, precisa el sentido amplio o lato de la cosa juzgada, para decir que esta se configura cuando “existe un pronunciamiento previo declarando la exequibilidad de la norma demandada cuyo contenido normativo es igual al actualmente atacado”. Advierte que si bien la norma demandada no es igual en su redacción a aquella cuya constitucionalidad se estudió en la Sentencia Corte Constitucional - Sentencia 1186 de 2008, sus contenidos normativos sí son idénticos en su deontología, utilidad y fondo.

3.6. Intervención de la Universidad de los Andes: inhibición.

Señala que la demanda es inepta, pues tiene notorias insuficiencias, ya que no tiene claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia. En efecto, se limita a enunciar la norma demandada y plantear su contradicción con las normas constitucionales, pero no muestra o demuestra cómo se vulneran estas últimas.

A las anteriores carencias se suman otras, ya no jurídicas sino lógicas. La interpretación que se hace en la demanda de la norma demandada conduce a un “absurdo lógico según el cual se desarchivarían procesos, y por ello no se cumpliría la finalidad de la norma”. La realidad contraría a este aserto, pues con el desistimiento tácito se archivan procesos inactivos. De otra parte, lo que en verdad es contrario a la seguridad es mantener procesos abiertos de manera indefinida, y no cerrarlos.

3.7. Intervención de los ciudadanos Jorge Kenneth Burbano Villamarín, Coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, y Nelson Enrique Rueda Rodríguez, Profesor de Derecho Procesal en la misma facultad: inhibición y, en subsidio, exequibilidad.

Afirman que la demanda no hace “una verdadera argumentación jurídica de los cargos”, pues carece de claridad, especificidad y suficiencia. Al no tener hilo conductor en la argumentación, la demanda no resulta clara; al presentar razones en forma vacilante y breve, sin mostrar cómo se vulnera la Carta, la demanda no plantea cargos específicos; y al dar argumentos truncos, que no se desarrollan, a partir de la cosa juzgada, la demanda no alcanza a ser suficiente para generar siquiera una mínima duda sobre la exequibilidad de las normas demandadas.

Dada su solicitud subsidiaria, al estudiar la exequibilidad de las normas demandadas, precisan que la perención y el desistimiento tácito son dos figuras diferentes, a las cuales no se puede dar el mismo trato. Para ilustrarlo critican la técnica legislativa, al regular en un solo título y artículo dos figuras diferentes, ya que el desistimiento tácito se presenta cuando no existe fallo mientras que la perención se configura luego de que hay sentencia ejecutoriada. En el primer caso se desiste de las pretensiones que no han sido acogidas o negadas por el juez. En el segundo la sentencia no sufre mengua alguna, ya que el juez se limita a declarar un hecho que no afecta el fondo del asunto. Para ilustrar su dicho, traen a cuento la Sentencia Corte Constitucional - Sentencia 1104 de 2001.

En vista de la anterior diferencia conceptual, no se puede prever, de manera técnica, que la consecuencia del desistimiento tácito sea la terminación del proceso, que ya ha terminado con la sentencia de instancia, al menos en los procesos declarativos, sino el levantamiento de las medidas cautelares practicadas durante el trámite. En los procesos ejecutivos, que no terminan con el mandato de continuar con la ejecución, sino con el pago o cumplimiento de la obligación, por el contrario, sí podría hablarse de manera técnica de la terminación del proceso y, como consecuencia de ello, del levantamiento de las medidas cautelares. A pesar de sus deficiencias técnicas, la norma demandada no vulnera la Constitución, por cuanto en ningún momento conculca la cosa juzgada y su falta de claridad puede remediarse por medio de la hermenéutica.

4. Concepto del Procurador General de la Nación: exequibilidad.

El desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del proceso, que se produce en razón de la inactividad de la parte que lo promovió. Esta figura, según se señala en las Sentencias Corte Constitucional - Sentencia 1186 de 2008 y Corte Constitucional - Sentencia 868 de 2010, busca evitar la paralización de la justicia, garantizar la efectividad de los derechos de los sujetos procesales y promover la certeza jurídica de sus derechos, de manera pronta y cumplida.

La norma demandada se enmarca dentro del margen de que goza el Congreso para configurar los procedimientos. Dado que la carga procesal de la parte no culmina siempre con la sentencia, sino que puede extenderse en el tiempo más allá de ella, es posible que no atenderla conlleve consecuencias, sin que esto implique menoscabo alguno a sus derechos adquiridos.

No se aprecia de qué manera se puede vulnerar la cosa juzgada, ya que no se vuelve a juzgar el caso, no se abre otro proceso con las mismas partes, causa y objeto, sino que se declara la terminación del proceso como sanción a la parte que no cumplió con su carga procesal durante un tiempo determinado.

La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión: “en cualquiera de sus etapas”, contenida en el numeral 2 del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 y del literal b) del mismo numeral y artículo.

2.1. Dado que los ciudadanos Jorge Kenneth Burbano Villamarín y Nelson Enrique Rueda Rodríguez y la Universidad de los Andes consideran que la demanda carece de aptitud sustancial, debe considerarse la aptitud de la demanda. Los ciudadanos señalan que la demanda no satisface los mínimos argumentativos de claridad, especificidad y suficiencia. La universidad advierte lo mismo y agrega el mínimo argumentativo de pertinencia.

2.2. El Decreto 2067 de 1991, que contiene el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional, precisa que las demandas de inconstitucionalidad deben presentarse por escrito, en duplicado, y deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) señalar las normas cuya inconstitucionalidad se demanda y transcribir literalmente su contenido o aportar un ejemplar de su publicación oficial; (ii) señalar las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) presentar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) si la demanda se basa en un vicio en el proceso de formación de la norma demandada, se debe señalar el trámite fijado en la Constitución para expedirlo y la forma en que éste fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda. El tercero de los requisitos antedichos, que se conoce como concepto de la violación, implica una carga material y no meramente formal, que no se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de tal suerte que dichas razones o motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia constitucional.

2.3. Entre otras, en las Sentencias Corte Constitucional - Sentencia 1052 de 2001 y Corte Constitucional - Sentencia 856 de 2005, la Corte precisa el alcance de los mínimos argumentativos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, al decir que hay claridad cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el actor deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; hay especificidad cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta Política; hay pertinencia cuando se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no estirpe legal, doctrinal o de mera conveniencia; y hay suficiencia cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada.

2.4. En la Sentencia Corte Constitucional - Sentencia 623 de 2008, reiterada, entre otras, en las Sentencias Corte Constitucional - Sentencia 894 de 2009, Corte Constitucional - Sentencia 055 y Corte Constitucional - Sentencia 281 de 2013, este tribunal precisó la oportunidad procesal para definir la aptitud de la demanda en los siguientes términos:

Aun cuando en principio, es en el Auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del Pleno de la corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5).

2.5. Merece la pena destacar que solo después del auto admisorio los ciudadanos y el Ministerio Público tienen la oportunidad de intervenir en el proceso y de manifestar sus opiniones y su concepto a la Corte. Estas opiniones y concepto deben ser considerados por este tribunal al momento de tomar una decisión, ya que contienen elementos de juicio relevantes1. Dado que uno de los temas que se puede trabajar en dichas opiniones y concepto es el de la aptitud de la demanda, y en vista de que la decisión definitiva sobre la misma corresponde a la Sala Plena de la Corte, esta cuestión puede y, cuando hay solicitud sobre el particular, debe ser analizada por este tribunal incluso con posterioridad al auto admisorio de la demanda.

2.6. La demanda plantea que la norma objeto de su censura vulnera el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 C.P.) y el principio de cosa juzgada (art. 243 C.P.). Y los vulnera porque permite aplicar el desistimiento tácito incluso cuando ya existe sentencia ejecutoriada. Con apoyo en estas razones, se satisface el requisito de claridad.

2.7. La demanda parte de una inteligencia objetiva de las normas demandadas, en cuanto asume que el desistimiento tácito se aplica en el proceso incluso después de que existe sentencia ejecutoriada, si la parte que tiene la carga de impulsarlo no solicita o realiza ninguna actuación durante el término de dos años.

2.8. Del anterior punto de partida, que es cierto, la demanda se desvía en su discurso, al punto de incurrir en dos yerros graves. El más notorio es el de que, para referirse a la cosa juzgada en el ámbito del Código General del Proceso, trae a cuento la cosa juzgada constitucional. Y es grave porque se trata de asuntos disímiles, al punto de que en ningún evento se aplica el desistimiento tácito en el proceso constitucional, por lo cual no es posible siquiera que la cosa juzgada constitucional pueda ser vulnerada o desconocida por la norma demandada. Por lo tanto, al no haber en este aspecto una contradicción posible entre la norma demandada y el artículo 243 de la Constitución, el segundo cargo no satisface los requisitos de certeza y especificidad.

2.9. El segundo yerro es menos notorio, porque del artículo 2 de la Constitución sí es probable afirmar una posible vulneración. Sin embargo, la inteligencia que hace el actor tanto de la norma demandada como de la norma constitucional es subjetiva e injustificada.

2.10. La interpretación de la norma demandada es subjetiva en cuanto la aplicación de ésta no afecta el derecho reconocido en la sentencia judicial en firme, sino su ejecución, objetos jurídicos que son diferentes y separables. En la primera hipótesis de hecho de la norma el desistimiento tácito no implica la renuncia a las pretensiones de la demanda sobre las cuales se pronunció el juez en la sentencia, sino a la pretensión de ejecutar esta sentencia, sea en incidente posterior o sea en un proceso de ejecución independiente. En la segunda hipótesis de hecho de la norma, valga decir, cuando hay auto que ordena seguir adelante con la ejecución, el desistimiento tácito sí implica la renuncia a las pretensiones de la demanda, pues en el proceso ejecutivo no se trata de declarar la existencia de un derecho sino de hacer cumplir la obligación correspondiente.

2.11. La interpretación de la norma demandada es injustificada porque ninguna de las hipótesis antedichas implica per se la extinción o afectación del derecho, sea que esté reconocido en la sentencia en firme o sea que esté incorporado a un título que preste mérito ejecutivo. Esta circunstancia es evidente, pues basta leer el literal f) del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 para constatarla. En efecto, este literal prevé que “el decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad (…)”.

2.12. Y es que de la circunstancia de que se decrete el desistimiento tácito no se sigue el titular del derecho reconocido por la sentencia judicial en firme o contenido en el título que preste mérito ejecutivo, no pueda volver a acudir ante la jurisdicción para hacerlo efectivo, por medio del proceso de ejecución. Lo que se afecta con el decreto del desistimiento tácito no es el derecho el comento, sino la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad.

2.13. La interpretación de la norma que se señala como vulnerada es también subjetiva e injustificada. Y lo es, porque pretende que el Estado tiene el deber de garantizar la efectividad de los derechos a todo trance, a pesar y aún en contra de la voluntad, sea explícita o tácita, de su titular. Según esta particular inteligencia de la norma superior, si un proceso o actuación permanece inactivo, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante dos (2) años, y así lo constata el juez, la responsabilidad de la omisión de la persona a quien corresponde hacer dicha solicitud o actuación no se le puede imputar a ella, sino al Estado, que tiene el deber de garantizar la efectividad de los derechos de dicha persona, pese a su conducta e incluso en contra de ella. Vistas así las cosas, también podría plantearse que al Estado le correspondería acudir por segunda vez a la jurisdicción para hacer efectivo el derecho.

2.14. Al partir de interpretaciones subjetivas e injustificadas, la argumentación de la demanda es incierta, en tanto no corresponde en realidad ni a la norma demandada ni a la norma que se señala como vulnerada y, además, esta carencia le impide mostrar y demostrar cómo la primera podría vulnerar a la segunda.

2.15. Como se acaba de ver, el concepto de la violación de los dos cargos de la demanda no satisface los mínimos argumentativos de certeza y especificidad, por lo cual este tribunal se inhibirá de pronunciarse de fondo sobre la exequibilidad de las expresiones demandadas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de las expresiones “en cualquiera de sus etapas” y “b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”, contenidas en el numeral 2 del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

Magistrada

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Magistrado

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA M.

Magistrado

NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA

Magistrado

Con aclaración de voto

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Magistrado