Sentencia C-340/14 

Referencia: expediente D-9985

Actor: Diego Alberto Pita Obando y Carlos Javier Palacios Sierra. 

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal a) (parcial) del artículo 5° de la Ley 70 de 1931 ‘Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables’.

Magistrada  Ponente: 
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil catorce (2014)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Diego Alberto Pita Obando y Carlos Javier Palacios Sierra presentaron demanda contra el literal a) (parcial) del artículo 5° de la Ley 70 de 1931 ‘Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables’ por considerar que vulnera los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución Política de Colombia, al establecer una trato discriminatorio en contra de las mujeres y de los hombres no casados. Mediante auto del veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013) se admitió la demanda de la referencia y ordenó comunicar la iniciación del proceso a las siguientes personas y entidades: al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a la organización Woman’s Link Worldwide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991; así mismo, al Procurador General de la Nación, como lo ordena el artículo 7° del Decreto 2067 de 1991. Por último, se ordenó fijar en lista la norma acusada para efectos de la intervención ciudadana, de conformidad con el inciso segundo del artículo 7 del Decreto 2067 de 1991. 

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. NORMA DEMANDADA 

El texto de las disposiciones acusadas se transcribe a continuación; el apartado resaltado corresponde a lo que se demanda del artículo 5° de la Ley 70 de 1931:

LEY 70 DE 1931

(mayo 28)

Que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables

Artículo 5o.– En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase:

a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;

b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al primero, y

c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.”

III. DEMANDA

Los demandantes consideran inconstitucional la expresión ‘por el marido’, contenida en el artículo 5° de la Ley 70 de 1931 –que autorizó la constitución de patrimonios familiares, como un medio legal de protección a la familia–, por violar el principio de igualdad (art. 13, CP), a propósito de la especial protección constitucional que tiene toda familia, sin importar su origen (arts. 42 y 43, CP). A su juicio, la norma acusada establece una distinción discriminatoria respecto de las mujeres dentro del vínculo matrimonial con relación a la constitución del patrimonio de familia inembargable. La demanda se sustenta en los siguientes argumentos, 

1. Los demandantes sostienen, en primer lugar, que la disposición cuestionada vulnera el principio de igualdad (art. 13, CP) superior porque radica la posibilidad de constituir el patrimonio de familia inembargable ‘únicamente en cabeza del marido’, lo que implica desigualdad en las facultades que surgen para los cónyuges pese a que éstas se justifican en una misma fuente, cual es el vínculo matrimonial. Para la demanda de la referencia, la norma legal acusada establece un trato diferente entre dos grupos de personas (hombres y mujeres), con relación a un aspecto en el cual deberían recibir el mismo trato, esto es, con relación a un aspecto respecto del cual son comparables. Sostienen que se presenta una violación al principio de igualdad ‘por establecerse en la normatividad acusada un trato desigual entre sujetos fáctica y jurídicamente iguales.’  

Para los demandantes, es claro que la norma en cuestión es una prueba de la histórica discriminación a la cual han sido sometidas las mujeres, la cual, bajo el orden constitucional y legal vigente, no tiene cabida alguna. No obstante, consideran que el pronunciamiento de la Corte Constitucional es determinante, por cuanto la norma legal demandada continúa vigente en el ordenamiento, aun cuando la Ley 28 de 1932, ‘Sobre reformas civiles’ –que modificó el ‘régimen patrimonial del matrimonio’– derogó la potestad marital, y el reciente Decreto 2817 de 2006 reglamentó el derecho a la igualdad entre hombre y mujer, respecto de la constitución del patrimonio de familia cuando se adelanta ante notario. Por esta razón, estiman que dicha disposición genera una contradicción con el principio de igualdad contemplado en el artículo 13 de la Carta Política, y las demás normas legales y reglamentarias del ordenamiento, que debe ser declarada expresamente por la Corte.  

2. Los ciudadanos dicen que el aparte demandado también desconoce el artículo 42 de la Constitución sobre los derechos y la protección especial que tiene la familia. Consideran que “[…] el hecho de que la norma solo tenga en cuenta al marido a la hora de constituir la figura del patrimonio inembargable sobre los bienes de la sociedad conyugal, se configura en una razón para creer que existe en la ley una disminución a la protección que debe tener la familia, protección que se podría apreciar con una mayor amplitud, si la norma en comento no excluyese a la mujer de poder constituir la figura del patrimonio sobre los bienes de la sociedad conyugal.”

3. Por último, los ciudadanos demandantes argumentan que la norma acusada quebranta el artículo 43 de la Constitución Política, pues, a su parecer, la exclusión implica una violación directa de la prohibición de discriminación de la mujer contenida en el artículo constitucional. Al estar la facultad de constitución del patrimonio inembargable “[…] solamente en cabeza del marido, resulta contraria a la igualdad que existe entre el hombre y la mujer, igualdad que se debe materializar en derechos y oportunidades para ambos sexos, tal y como lo establece el artículo 43 de la Constitución Política de Colombia.” 

En virtud de las anteriores razones, los ciudadanos solicitan la declaración de la inexequibilidad del aparte acusado.

IV. INTERVINIENTES

Ministerio de Justicia y del Derecho

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante apoderada, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad condicionada de la norma demandada, entendiendo que ésta debe ser “[…] leída, interpretada y aplicada de acuerdo con las modificaciones normativas del ordenamiento jurídico colombiano en materia de administración de los bienes de la sociedad conyugal dispuesta por la Ley 28 de 1932 y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres reconocida en el Estado colombiano a partir del Decreto 2820 de 1974”. 

2. Para fundamentar esta posición, la intervención hace un recuento de la evolución normativa sobre patrimonios de familia. Resalta que la Ley 70 de 1931 fue reformada por la Ley 495 de 1999 y reglamentada por el Decreto 2817 de 2006 en lo referido a la cuantía mínima necesaria, la ampliación de la protección al compañero o compañera permanente y la constitución del patrimonio inembargable mediante trámite notarial (constitución voluntaria o facultativa). También se menciona que al expedirse el Decreto 2817 de 2006 se permite constituir el patrimonio inembargable de familia por parte del padre, la madre, los dos o un tercero mediante escritura pública. De forma similar, en la Ley 861 de 2013, se faculta a la madre cabeza de familia, facultad que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se entiende que también cobija a los padres de familia.

3. Sostener que la norma excluye a la mujer de la facultad de constituir patrimonio inembargable de familia, conlleva una interpretación que desconoce los cambios normativos del ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, indica el Ministerio, hay que tener en cuenta textos jurídicos como la Ley 28 de 1932 que deroga todas las normas que consagran la incapacidad civil de la mujer y la necesidad de autorización marital o judicial para disponer sobre los bienes de la sociedad y los bienes propios. Así, introduce un sistema compartido de la administración de los bienes de la sociedad conyugal. Otro referente jurídico relevante es el Decreto 2820 de 1974 que profundizó la igualdad jurídica de hombres y mujeres en materia civil. Igualmente considera la interviniente que se deben tener en cuenta los instrumentos internacionales ratificados por Colombia como son la ‘Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer’ y la ‘Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer’.

Así pues, aunque literalmente la norma acusada pareciera violar la Constitución, a juicio del Ministerio debe ser declarada exequible, en tanto es obligación de toda persona, leerla e interpretarla a la luz de la Constitución Política, en especial del principio de igualdad (art. 13). 

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la norma demandada “bajo el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le corresponda a la mujer”. 

Para esa Jefatura se encuentra que la facultad de constituir un patrimonio de familia inembargable sobre los bienes de la sociedad conyugal que se otorga expresamente al marido, no se otorga a la mujer. Si bien se destaca que la norma fue expedida con miras a proteger a los cónyuges o a sus hijos, la omisión del legislador que reprocha el actor contraría la intención del constituyente de poner en un plano de igualdad al hombre y la mujer que contraen matrimonio. En palabras del Procurador:

“Conceder exclusivamente al marido la facultad para constituir patrimonio de familia sobre los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, priva injustificada e indebidamente a la mujer para perseguir y lograr, en beneficio suyo, de la pareja y de sus hijos, ese mismo propósito loable que es la razón del patrimonio de familia inembargable, cual es la protección de la familia”.

En ese sentido considera que el legislador incurrió en una omisión relativa pues debía otorgar también a la mujer casada, la facultad de constituir patrimonio inembargable de familia sobre los bienes de la sociedad.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas. 

La demanda de la referencia presenta cargos que cumplen con los requisitos para ser estudiados en sede de control abstracto, como fue resuelto en el auto admisorio de la demanda. Se trata de una norma expedida hace más de ochenta años que no ha sido derogada formalmente y que se sigue aplicando (de hecho, como se mostrará posteriormente, la Ley 70 de 1931 fue recientemente reformada mediante la Ley 495 de 1999). Los intervinientes coinciden con la demanda en este aspecto, por lo que solicitan la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma, luego de establecer que ésta está vigente y que de ella depende, aún hoy en día, la facultad de constituir el patrimonio de familia. 

En cualquier caso, el juez constitucional está llamado a ser deferente con la presente demanda, en virtud del principio pro actione, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que ésta reclama la defensa del principio de igualdad frente a una ley que  (i) se funda en un criterio sospechoso de discriminación –la categoría sexo– (art. 13, CP) y  (ii) impacta la igualdad de trato con relación a la ‘igualdad de derechos y deberes de la pareja’ [arts. 42 y 43, CP]. 

La especial protección de los derechos a la igualdad de las mujeres bajo el orden constitucional vigente, en un ámbito expresamente protegido, como lo es el contexto familiar, debe llevar al juez constitucional a tener en cuenta el principio pro actione y garantizar, en tanto sea posible, el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia. Independientemente de cual sea el resultado del análisis de la norma que haya sido acusada de inconstitucionalidad, los derechos fundamentales implican para los jueces la obligación de remover, y por supuesto no establecer, obstáculos y barreras irrazonables al acceso a la justicia, en pro de la defensa de la igualdad de las mujeres y de la superación de las discriminaciones estructurales a las cuales estos grupos de la sociedad han sido objeto, en mayor o menor grado, en diversos ámbitos de la vida pública, social, privada e íntima. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la Mujer, incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 51 de 1981, implica, entre otras obligaciones, ‘garantizar por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instrucciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación’ [art. 2, lit. c, CEDAW].    

2. Problema jurídico 

La demanda de la referencia plantea a juicio de esta Sala el siguiente problema jurídico:  ¿Una ley del Congreso de la República viola el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43, CP) así como la protección de toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42, CP), al expedir una norma que radica la facultad de constituir un patrimonio inembargable de familia únicamente en cabeza del ‘marido’, pese a que la norma es anterior a la Constitución de 1991 (fue expedida en 1931) y, posteriormente, ha habido un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal?

Según la demanda de la referencia la respuesta a este interrogante debe ser afirmativa y, por ello, se debe declarar la inexequibilidad de la disposición. El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público consideran que la respuesta debe ser afirmativa, pero en la medida en que se trata de una norma que aún sigue teniendo vigencia y aplicación en el ordenamiento jurídico, consideran que la solución no es declarar la inexequibilidad de la norma, sino establecer que sí es constitucional, pero bajo la condición de que se interprete de acuerdo al principio de igualdad entre el hombre y la mujer. En otras palabras, todas las personas que participan en el proceso coinciden en señalar que la norma acusada parcialmente, de forma clara y manifiesta, contradice el orden constitucional vigente. La diferencia radica, por tanto, en la solución propuesta.

Para analizar el problema jurídico planteado la Corte  (i) analizará la norma en cuestión, hará una breve alusión a su origen y delimitará su alcance;  (ii) posteriormente evaluará la violación al principio de igualdad, para, finalmente,  (iii) establecer cuál debe ser la decisión adoptar en el presente caso. 

3. El aparte del artículo 5° de la Ley 70 de 1931 sobre patrimonio inembargable desconoce el principio de igualdad, en materia de protección a la mujer

Como lo afirma la demanda y los intervinientes, la Sala Plena considera que la norma acusada, en su tenor literal, viola abiertamente el principio de igualdad. Como se mostrará a continuación, se trata de una norma que si bien surgió en su época como un avance jurídico en la protección de la familia, con el paso de los años perdió parte de su carácter y, ahora, se ha convertido en un motivo de discriminación para las mujeres. 

3.1. La facultad de constituir un patrimonio de familia, un avance de la legislación civil

3.1.1. La norma acusada en el presente proceso apareció en un contexto en el que los derechos de la mujer habían sido fuertemente restringidos, tanto por la adopción de la Constitución de 1886, como por la puesta en vigencia del Código Civil en todo el territorio nacional mediante la Ley 57 de 1887. Se estableció un régimen de incapacidad civil relativa para las mujeres casadas según el cual estaban viciados de nulidad la mayor parte de los actos judiciales y extrajudiciales desarrollados por éstas sin la representación del marido. Tal limitación llegaba al punto de impedir a las mujeres la representación legal de sus propios hijos. Esta lógica se mantuvo durante los primeros años del siglo XX y era justificada en la creencia de que era necesaria la existencia de un jefe varón que pudiera dirigir de manera eficaz la realización de los fines del matrimonio y que fuera el más apto para proporcionar la protección de la familia. En este contexto la incapacidad de la mujer dependía del deber de obediencia pues se consideraba al varón el consejero y protector natural de la mujer. 

3.1.2. Muchas normas vigentes en la época preveían un conjunto de derechos del marido sobre su cónyuge que se denominaba la potestad marital, extendida incluso a la administración y disposición de los bienes de la mujer. Esta figura, inspirada en el derecho romano, sujetaba a la mujer a la autoridad del marido de la misma forma que un hijo era sometido al padre en virtud de la patria potestad, y se justificaba indirectamente en la preponderancia del hombre en el ejercicio de la patria potestad y en la gestión económica de los bienes comunes. En tal medida, el marido actuaba frente a terceros como un verdadero dueño de los bienes. Tenía la posibilidad de disponer en alto grado sobre los bienes propios de la mujer, quien carecía de la capacidad de celebrar contratos sin autorización del marido, al punto que si éste no quería o no podía otorgar la autorización, el Juez tenía la potestad de hacerlo. 

3.1.3. En 1931, mientras el Congreso de la República discutía proyectos de ley orientados a ampliar el reconocimiento de los derechos a las mujeres en Colombia –como una forma de ponerse al tono con los avances que habían tenido en la materia varias naciones democráticas del mundo, desde finales del siglo XIX–, se tramitó un proyecto de ley que introdujo la figura del patrimonio de familia no embargable. La exposición de motivos de la Ley 28 de 1932, que reivindicó los derechos y la independencia económica de las mujeres, presentó los debates de la época en los siguientes términos, 

“Al mensaje que el Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Enrique Olaya Herrera, dirigió a las honorables Cámaras Legislativas en 1931, pertenece el siguiente concepto: 

‘Nuestro estatuto civil merece ser revisado en todo lo referente a la situación jurídica de la mujer casada, especialmente en cuanto toca con su estado patrimonial.  ||  Es aberrante la inferioridad artificial en que nuestras instituciones colocan a la mujer, que siendo plenamente capaz antes de su matrimonio, deja de serlo apenas se casa. || Al último Congreso presentó el Ministro de Gobierno un proyecto de ley, acompañado de un mensaje del Poder Ejecutivo, encaminado a facilitar la separación voluntaria de bienes y el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales después del matrimonio; medidas que, resguardando los derechos de terceros, están respaldadas por la justicia, la equidad, las conveniencias sociales y las normas de los códigos más modernos y sabios, como el alemán y el suizo’.

El proyecto a que se hace referencia en el pasaje transcrito no llegó a ser discutido a fondo en la legislatura de 1930, y aunque en 1931 el asunto ocupó durante algún tiempo la atención de los honorables Senadores y Representantes, y se llevaron al debate varios proyectos de ley sobre los mismo, ninguno logró convertirse en ley; pero el Gobierno ha seguido preocupándose por enaltecer la personería civil de la mujer casada, colocándola en el plano elevado a que por su inteligencia y por la cultura que ha alcanzado está llamada a ocupar.

[…]”. 

3.1.4. Durante los debates se tuvo en cuenta, entre otras legislaciones sobre derechos de las mujeres las siguientes:  Inglaterra (1882, 1893 y 1920), Estados Unidos de América (en muchos de los estados de la unión), Alemania (Código de 1900), Suiza (Código 1907), Holanda (Ley de 1907), Brasil (Código de 1916, 1919), Italia (Ley de 1919), Suecia (Ley de 1920), Islandia (Ley de 1923), Turquía (Código de 1926), Noruega (Ley de 1927), Dinamarca (Ley de 1929). Los debates de la época reclamaban que el país se pusiera a tono con la defensa de los derechos de la mujer. Expresamente se dijo al respecto, 

“Si a la reseña precedente se añaden las modernas instituciones citadas al principio, de países como Suecia, Islandia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, cuyas leyes tienen mucha analogía con las húngaras, se comprenderá cómo no es posible que Colombia se sustraiga al movimiento contemporáneo, que persigue la emancipación económica de la mujer y el reconocimiento de su capacidad civil, sin que esto haya ocasionado en ninguna parte del mundo los trastornos que aquí se han temido y que no podrían producirse sino en el supuesto inadmisible de que las mujeres colombianas fueran inferiores intelectual y moralmente a las de todos los países de la tierra en donde se les han otorgado aquellos derechos. La sola enunciación de semejante hipótesis patentiza su inexactitud y la carencia de razones de positivo mérito para oponerse a la reforma”.

3.1.5. Es dentro del contexto de estas discusiones que el 28 de mayo se expidió la Ley 70 de 1931, ‘que autoriza la constitución de patrimonios de familia inembargables’. La Ley introduce dos conceptos fundamentales: ‘constituyente’, para denominar la persona que establece el patrimonio, y ‘beneficiario’, para nombrar a la persona a cuyo favor se constituye, advirtiendo que ‘en la constitución de un patrimonio de familia pueden concurrir varios constituyentes y varios beneficiarios’ (art. 2). El artículo 4° se ocupa de establecer quiénes pueden ser los beneficiarios y el 5°, objeto de la presente demanda, quiénes pueden constituirlo. El texto en su versión original, que no ha sido derogado formalmente, dice lo siguiente, 

“Artículo 5o.– En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase:

a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;

b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al primero, y

c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.”

Las expresiones acusadas por la demanda de la referencia (‘por el marido’), implican que la norma deja por fuera a la cónyuge de la posibilidad de participar en un plano de igualdad en este acto de administración sobre los bienes de la sociedad conyugal, que se realiza en aras de la protección de la familia. Así, el marido según la norma constituye el patrimonio  (i) sobre los bienes propios, (ii) sobre los de la sociedad conyugal y  (iii) sobre los de la mujer, cuya administración corresponda al marido, de común acuerdo con ella.  La esposa, por su parte, podía constituir el patrimonio “sin necesidad de autorización marital”, únicamente sobre bienes cuyo dominio y administración “se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.” La norma acusada, por tanto, si bien refleja la discriminación a la que la mujer fue sometida, muestra también esos años en los que se comenzaba a luchar legalmente por materializar el principio de igualdad y respetar la dignidad y autonomía de las mujeres. Es así como los literales (b) y (c) aseguran, al menos, espacios de autonomía para la decisión de la mujer.  

3.1.6. No obstante la Ley 28 de 1932 transformó el panorama al derogar la potestad marital y la incapacidad relativa de la mujer en asuntos civiles. A partir de 1933 la mujer no necesitaba la autorización marital para celebrar contratos y realizar otros actos civiles, y el esquema de la administración de los bienes de la sociedad conyugal se transformó a un régimen de manejo compartido, en el que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos y deberes. Esto sería reforzado por normas posteriores como el Decreto 2820 de 1975 y, por supuesto, la Constitución de 1991, así como los pactos de derechos humanos suscritos por Colombia. Visto el texto de la norma acusada, en su sentido literal, la norma claramente es inconstitucional. 

De hecho, aunque los literales (b) y (c) de la norma no son objeto del presente proceso, es preciso que la Corte resalte el hecho de que tales normas sí se deben entender excluidas del ordenamiento, en cuanto suponían el régimen de incapacidad de la mujer y, por tanto, se deben fueron derogadas por la Ley 28 de 1932.

3.2. Análisis de la violación al derecho a la igualdad

3.2.1. Como se dijo, la demanda de la referencia considera que la expresión “el marido” contenida en el artículo 5 de la Ley 70 de 1931 –una norma que no está formalmente derogada– viola el principio de igualdad (art. 13, CP) en tanto otorga a éste la facultad de constituir un patrimonio de familia inembargable sobre los bienes de la sociedad conyugal, en el contexto de la protección constitucional a toda familia como núcleo esencial de la sociedad (arts. 42 y 43, CP). Siguiendo esto, y teniendo en cuenta que la igualdad es un concepto relacional, la expresión señalada estaría estableciendo un trato diferente a la mujer casada con respecto del hombre casado, en el cual la mujer sería el sujeto afectado por la discriminación, pues se le estaría quitando la posibilidad de constituir un patrimonio de familia inembargable sobre los bienes de la sociedad conyugal al no mencionarla en la disposición. 

3.2.2. Como se dijo, los grupos que compara la demanda son el de los hombres casados, por una parte, y el de las mujeres en la misma condición, por otra. El aspecto sobre el cual se les da un trato diferente es sobre la posibilidad de constituir un patrimonio de familia, el cual se permite al primero de los grupos, el de los hombres casados, pero no así al segundo, al de las mujeres casadas. Y el criterio con base en el cual se hace el trato diferente es el sexo, el ser mujer o el ser hombre. El análisis de igualdad, por tanto, debe definir si el criterio con base en el cual se fijó un trato diferente entre los dos grupos en cuestión, con respecto a la facultad mencionada, es razonable constitucionalmente.

3.2.3. Antes de entrar a considerar en detalle la regla legal acusada, la Sala precisa que la demanda debe ser sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, por varias razones. Primero, se trata de una norma anterior a la Constitución de 1991, que fue expedida sin considerar el orden constitucional vigente en la actualidad. De un texto que pretendía desarrollar un orden de valores, de principios y de derechos diferentes.  Segundo, la regla legal acusada se funda en dos criterios sospechosos de discriminación, a saber, el sexo y el origen familiar. En tal medida, el juez constitucional está llamado a hacer un control riguroso y evitar que se mantengan discriminaciones e injusticias en contra de las mujeres en el ordenamiento legal.  Por tanto, el trato diferente impuesto por la norma acusada se considerará irrazonable si no propende por un fin imperioso, mediante un medio no prohibido que sea necesario para cumplir dicho fin. 

3.2.4. El fin de la norma acusada es introducir la figura del patrimonio de familia, con el propósito de evitar que ante una quiebra, todas las personas que pertenecieran a un mismo núcleo familiar se vean afectadas, con el consecuente problema social que esto representaría. Es decir, se trata de una medida que busca proteger a la familia.  Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de sólo permitir al hombre casado constituir el patrimonio de familia con los bienes de la sociedad conyugal? Para la Sala el propósito de este trato diferente no era otro al de ajustar la reglamentación de constitución de este patrimonio con las reglas jurídicas sobre administración de los bienes de la sociedad conyugal, vigentes para aquel momento. Esta finalidad, puede tenerse como imperiosa, por cuanto busca ajustar las reglas fijadas al ordenamiento jurídico existente para hacer viable y efectiva la figura del patrimonio de familia, y con ello, garantizar la protección a la familia. 

3.2.5. No obstante, así se tenga por imperiosa la finalidad buscada (ajustarse al régimen de administración de la sociedad conyugal, para hacer efectiva la medida de patrimonio de familia), la medida de protección a la familia, bajo el orden constitucional vigente, ha devenido claramente inconstitucional. Establecer diferencias de trato entre el hombre y la mujer, en el contexto de las relaciones familiares y en su dirección, es una herramienta jurídica prohibida por la Constitución de 1991, de forma expresa y manifiesta al señalar que ‘las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja’ (art. 42, CP). Más aún si se trata de una figura como el patrimonio de familia, que tiene estatus constitucional desde 1936 y lo conserva en la Constitución de 1991.

3.2.6. Finalmente, es claro que la regla legal en cuestión ya no es un medio idóneo para alcanzar el fin propuesto. En primer lugar, el propósito de acoplarse a las reglas existentes sobre propiedad y administración de los bienes por parte de los esposos es un fin que ya no se consigue introduciendo un trato diferente entre hombre y mujer. Si bien cuando la norma fue establecida la diferencia de trato en los sexos sí permitía que ésta se acoplara al resto del ordenamiento jurídico, que funcionaba de la misma manera, en la actualidad es al contrario. La diferencia de trato entre sexos, aleja la norma del resto del ordenamiento jurídico y, en especial, de las reglas de administración de los bienes por parte de los miembros de una pareja. 

3.2.7.  Puede entonces concluirse que la norma legal acusada, tal cual como es de acuerdo con su tenor literal, vulnera abiertamente el derecho a la igualdad, por cuanto busca un fin que puede ser imperioso constitucionalmente, pero por un medio que está prohibido bajo el orden constitucional vigente (establecer un trato diferente entre la mujer y el hombre, en relación a la administración de bienes familiares). Adicionalmente, es un medio que no logra el fin propuesto porque, como se anotó, las reglas de administración de los bienes de la sociedad conyugal ya no recaen sobre el hombre, como ocurría en aquella época. 

3.2.8. De hecho, como lo señala la demanda, la violación del principio de igualdad no sólo se da con relación al hombre y la mujer casados. En la medida que en aquellos años en que se expidió la norma, la única forma de familia amparada jurídicamente era el matrimonio, el efecto discriminatorio de la norma se extiende al compañero y la compañera permanente. Así, cuando fue expedida se ajustaba al parámetro que por entonces se había establecido que las familias casadas eran las familias objeto de protección, pero en la actualidad, la medida deja de ser protectora de la familia, para abrigar sólo una parte de las familias. Claramente, bajo el orden constitucional y legal vigente, la competencia de constituir un patrimonio de familia no sólo no puede introducir tratos discriminatorios entre los miembros de la pareja sino que, además, no puede introducir tratos discriminatorios entre los tipos de familia, en razón a si éstas se conformaron o no mediante un matrimonio. Desde esta perspectiva, se puede decir que la norma discrimina a todas las mujeres y a aquellos hombres que conformen una familia que no esté constituida mediante matrimonio.   

3.2.9. Por tanto, si se tiene en cuenta el tenor literal de la regla acusada mediante la demanda de la referencia, es evidente que se trata de una norma que contraría abiertamente el principio de igualdad, tanto por establecer una discriminación en razón al sexo, como por establecer una discriminación en razón al tipo de familia de que se trate. En tal medida, debería la Corte, en principio, resolver la inexequibilidad de los apartes acusados, tal como se le reclama en este proceso por parte de la demanda. 

3.2.10. Sin embargo, como lo señalan los intervinientes, con posterioridad a la Ley 70 de 1931 la figura del patrimonio de familia se ha visto afectada por las reformas introducidas tanto al régimen patrimonial de una sociedad conyugal, como las relativas al concepto de familia, al principio de igualdad y, por supuesto, a la figura misma del patrimonio de familia inembargable mediante la reciente Ley 495 de 1999, sin embargo el literal a) acusado parcialmente no ha sufrido ninguna modificación.

El argumento presentado por los intervinientes en tal sentido, busca señalar que hoy por hoy el texto no puede ser leído literalmente. Es imperioso para toda persona, interpretar la norma de forma tal que se respete el derecho a la igualdad de las mujeres, por una parte, y el derecho a la igualdad de toda familia no conformada mediante un matrimonio. De esta forma, se alegaría que si bien el aparte del literal objeto de la demanda, leído parcialmente, es contrario a la Constitución, si es interpretado a la luz de la Carta Política y del resto del ordenamiento civil y de familia, deja de contrariar tales principios y derechos. Pasa la Sala a analizar esa cuestión.  

3.3. El sentido actual del patrimonio de familia

3.3.1. A través de la Ley 495 de 1999, por medio de la cual se modifica el artículo 3º, 4º (literal A y B) 8º y 9º de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia, se actualizó la institución. Se introdujo modificaciones en cuanto a las familias que podían ser beneficiarias de la institución, incluyendo aquellas familias con hijos y aquellas sin hijos, así como aquellas familias casadas y aquellas que no lo están. Además, se actualizó el monto hasta el cual podía llegar un patrimonio de familia (de 10.000 pesos, que se estableció en 1931, se pasó a 250 salarios mínimos mensuales vigentes, art. 9° de la Ley 70 de 1931, de acuerdo con la modificación de la Ley 495 de 1999). 

3.3.2. La jurisprudencia constitucional en el pasado abordó esta cuestión, con ocasión de una demanda presentada, justamente, contra el nuevo monto máximo de un patrimonio de familia inembargable. Se alegó que era discriminatorio, puesto que aquellas familias cuyas casas costaran menos de 250 salarios mínimos mensuales vigentes recibían una protección plena, en tanto que aquellas con casas de mayor valor, no podía proteger toda su vivienda. La Corte Constitucional decidió rechazar el argumento, por considerar que en esta ocasión no existía una diferencia de trato que implicara una violación al principio de igualdad. En aquella oportunidad la Corte analizó la institución, presentado algunos de sus orígenes en otras legislaciones y señalando cuál es el sentido y el alcance de la figura, bajo el orden constitucional y legal vigente. Dijo la Corte, 

“2.2 La regulación del Patrimonio de Familia en Colombia de manera voluntaria o facultativa y por ministerio de la ley

[…] En primer lugar, se debe tener en cuenta que la figura del patrimonio de familia de la Ley 70 de 1931 fue reformado por la Ley 495 de 1999 y por el Decreto 2817 de 2006, en lo que tiene que ver con la cuantía mínima necesaria, la ampliación de la protección al compañero o compañera permanente y la posibilidad la constitución del patrimonio mediante trámite notarial. Esta primera modalidad de patrimonio se puede denominar constitución como voluntaria o facultativa de propiedad plena.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el patrimonio de familia también ha sido regulado de manera voluntaria o facultativa en la Ley 861 de 2003, en lo que se refiere a la madre y al padre cabeza de familia, y, en el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, cuando se trata de la vivienda adquirida mediante el sistema de financiación y ahorro que se consagra en dicha ley cuando todavía se tenga una deuda para adquirir la propiedad plena del bien. 

Por último, hay que tener en cuenta que la figura del patrimonio de familia, se consagra por ministerio de la ley, cuando se trata de vivienda de interés social (VIS), salvaguardia que ha sido regulada mediante las Leyes 91 de 1936, 9ª de 1989 y 3ª de 1989. En los siguientes apartados, la Corte analizará dichas regulaciones de manera comparada haciendo énfasis en lo que tiene que ver con el monto máximo del bien inmueble que se establece en las leyes para poder constituirlo.

[…]  La Ley 70 fue aprobada definitivamente el 28 de mayo de 1931. Dicha normatividad autoriza la constitución a favor de toda la familia, de un patrimonio especial, con la calidad de no embargable, y bajo la denominación de patrimonio de familia (art. 1º).  ||  Sin embargo, el uso de esta figura había quedado sin efectividad desde hace varias décadas, en especial por la falta de actualización del monto que se establecía en 1931 y que disponía que: “El patrimonio de familia no puede constituirse sino sobre el dominio pleno de un inmueble que no se posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis, y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de diez mil pesos ($10.000)” (artículo 3º).

Igualmente, el artículo cuarto de la Ley 70 de 1931 establecía que el patrimonio de familia podía constituirse a favor: a) De una familia compuesta de marido y mujer y sus hijos menores de edad, y b) De una familia compuesta únicamente de marido y mujer. Esta legislación desconocía los derechos de las uniones de hecho que no podían proteger su vivienda familiar mediante la figura del patrimonio de familia.

[…] Hay que destacar, que con la reforma constitucional de 1936 se estableció directamente en la Constitución la posibilidad de constituir patrimonio de familia inembargable haciendo una remisión directa en su regulación al legislador. Dicha posibilidad se consagró en el artículo 18 del Acto Legislativo N° 1° de 1936 que dijo que “Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes. Asimismo, podrán establecer el patrimonio familiar inalienable e inembargable”. Con la promulgación de la Constitución de 1991 nuevamente se consagró a nivel constitucional la figura del patrimonio de familia, al establecerse en el inciso tercero del artículo 42 que “la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”.

[…] Siguiendo con la Ley 70 de 1931, hay que subrayar que ésta no sufrió modificaciones sino hasta la Ley 495 de 1999, objeto de la demanda, y que lo que se ha presentado hasta la fecha son regulaciones paralelas que establecen la constitución del patrimonio de familia obligatorio o voluntario en circunstancias específicas como en los casos de la vivienda de interés social, la vivienda financiada mediante los mecanismos consagrados en la Ley 546 de 1999 y en los casos de la vivienda de la madre o padre cabeza de familia de la Ley 861 de 2003. ||  […] en el artículo 2º de la Ley 495 de 1999, consagra que el patrimonio de familia se puede constituir a favor: a) De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad, y  b) a favor de una familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente. De tal manera, se amplió la posibilidad de constituir patrimonio de familia a las parejas que conforman una unión de hecho.

[…] Hay que anotar que con la expedición del Decreto 2817 de 2006 el trámite para la constitución del patrimonio de familia se facilita, ya que se da la posibilidad de que éste se pueda constituir por el padre, la madre, los dos o un tercero mediante escritura pública ante notario (art. 1). El Decreto establece como requisito para la constitución “que su valor catastral no sea superior a 250 salarios mínimos mensuales vigentes”. 

[…] Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Ley 861 de 2003 dio la posibilidad a las madres cabeza de familia y al padre cabeza de familia – esta última posibilidad con la  sentencia C-722 de 2004 – de constituir patrimonio de familia de manera voluntaria o facultativa sobre el único bien inmueble urbano o rural del cual sean propietarios. Dicho bien se constituye en patrimonio de familia inembargable a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer (art. 1°).  ||  Según el artículo 2º de la Ley 861 de 2003, la constitución del patrimonio de familia en el caso de la madre o el padre cabeza de familia se hará ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble. […]

[…] También hay que subrayar que el patrimonio de familia se puede constituir de manera voluntaria o facultativa sobre las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno. El parágrafo del artículo 5º de la Ley 258 de 1996, sobre afectación de vivienda, establece que: “Las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno podrán registrarse como tales en el Folio de Matrícula Inmobiliaria del inmueble respectivo y sobre ellas constituirse afectación a vivienda familiar o patrimonio de familia inembargable sin desconocimiento de los derechos del dueño” (negrilla fuera del texto). 

[…] En conclusión, la Corte encuentra que en Colombia la regulación del patrimonio de familia y la cuantía máxima del bien inmueble que puede ser objeto de dicha garantía ha sido prolífica y variada. Por una parte, con relación al patrimonio de familia de carácter voluntario o facultativo de propiedad plena de la Ley 70 de 1931, reformado por la Ley 495 de 1999 que es objeto de estudio en esta demanda, se establece que el bien inmueble no puede superar los 250 salarios mínimos legales vigentes. En cambio, cuando se trata del patrimonio de familia voluntario de las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno que establece el parágrafo del artículo 5º de la ley 258 de 1996, las viviendas financiadas conforme a la Ley 546 de 1999, y las viviendas de las madres o padres cabeza de familia que se establecen la Ley 861 de 2003, no se establece monto límite alguno, es decir que puede constituirse dicha garantía por el valor total del respectivo inmueble.  ||  Por otra parte, cuando se trata de la constitución del patrimonio de familia obligatorio, en el caso de la vivienda de interés social, aunque el tope límite se eliminó con la reforma del artículo 60 de la Ley 9 de 1989, hay que tener en cuenta que en el artículo 83 de la Ley 1151 de 2007, del Plan Nacional de Desarrollo dispone que, “el valor máximo de una vivienda de interés social será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 smlm)”, constituyéndose dicho valor en el tope máximo del patrimonio de familia en este tipo de viviendas.”

3.3.3. Para la Corte es claro entonces, que la regulación sobre el patrimonio de familia ha avanzado a lo largo de estos años. La legislación ha sido modificada tanto para incluir las diferentes formas de familia que pueden ser constituidas, como para incluir la protección a la mujer, bien sea en calidad de esposa o de compañera. En tal medida, es evidente que bajo el orden constitucional vigente el literal a) del artículo 5° de la Ley 70 de 1931 no puede ser interpretado ni aplicado literalmente. 

3.4. Decisión a tomar

En el presente caso la Sala está ante una norma que en su tenor literal es claramente violatoria de los principios de igualdad y de equidad de género, y que, en consecuencia, debe ser interpretada de tal suerte que sea aplicada de acuerdo al orden constitucional vigente, sin incurrir en discriminación alguna. Ahora bien, teniendo en cuenta que la norma acusada (i) forma parte de una Ley vigente, que sigue siendo en la actualidad la que rige la figura del patrimonio de familia;  (ii) se ocupa de un aspecto determinante del ejercicio y la aplicación de dicha figura (la capacidad para constituir el patrimonio de familia);  (iii) cuyo texto sigue sin ser modificado desde 1931, a pesar de que se dio una reforma legal a través de la Ley 495 de 1999, y (iv) el especial deber de protección que se debe a las mujeres en materia de igualdad. 

En materia de protección de igualdad de las mujeres, Colombia, como cualquier otro estado parte, tiene entre muchas otras la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para modificar ‘los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres’, con el fin de eliminar ‘los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole’, que se funden ‘en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos’ o ‘en funciones estereotipadas de hombres y mujeres’ [art. 5, lit. a, CEDAW]. 

Por tanto, la Sala de acuerdo a los cargos analizados, declara la exequibilidad de la expresión demandada del literal a) del artículo 5° de la Ley 70 de 1931, bajo el entendido de que la facultad allí contemplada debe ser interpretada a la luz del orden constitucional vigente, en especial de los principios de igualdad y equidad de género. 

4. Conclusión

Una ley del Congreso de la República viola el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres (arts. 13 y 43, CP) así como la protección de toda familia, como núcleo fundamental de la sociedad (art. 42, CP), al expedir una norma que radica la facultad de constituir un patrimonio inembargable de familia únicamente en cabeza del ‘marido’, a pesar de que la norma es anterior a la Constitución de 1991, (fue expedida en 1931) y, posteriormente, ha habido un desarrollo normativo que establece la igualdad entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal. 

VII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘Por el marido’ contenida en el literal (a) del artículo 5° de la Ley 70 de 1931, en el entendido de que la facultad que allí se concede al marido sobre los bienes de la sociedad, también le corresponda a la mujer.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con salvamento de voto

MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente en comisión

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado

NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General