Sentencia T-281/18

 

 

Referencia: Expediente T-6.608.264

 

Acci�n de tutela instaurada por Agobardo C�rdoba Aragon�s, actuando en calidad de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza[1]. 

 

Magistrado Ponente:

JOS� FERNANDO REYES CUARTAS

 

 

Bogot�, D.C., veintitr�s (23) de julio de dos mil dieciocho (2018). 

 

 

La Sala Octava de Revisi�n de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas R�os y Jos� Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: 

 

SENTENCIA

 

Dentro del proceso de revisi�n de los fallos dictados por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali en primera instancia y del Juzgado 4 Civil del Circuito de la misma ciudad en segunda instancia, en la acci�n de tutela instaurada por Agobardo C�rdoba Aragon�s, actuando en calidad de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A[2].

 

El asunto lleg� a la Corte Constitucional por remisi�n que hizo el Juzgado 4 Civil del Circuito de Cali, en virtud de lo ordenado por el art�culo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 27 de febrero de 2018, la Sala de Selecci�n de Tutelas n�mero Dos de esta Corte[3] lo escogi� para revisi�n[4].

 

I. ANTECEDENTES

 

Hechos

 

Sobre la situaci�n familiar de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s

 

1.  El se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s naci� el 29 de junio de 1978 en Andaluc�a, Valle del Cauca. Ese d�a su madre biol�gica, la se�ora Rubiela Aragon�s Parga, lo abandon�.

 

2.  Desde ese momento, Clementina Aragon�s, t�a de Rubiela Aragon�s Parga, y Agobardo C�rdoba, su esposo y padre del se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, se hicieron cargo de �l.

 

3.   Pedro Pablo C�rdoba fue bautizado por Agobardo C�rdoba, pues no se sab�a qui�n era su padre biol�gico y no se ten�a conocimiento del paradero de su madre biol�gica.

 

4.  Cuando Pedro Pablo C�rdoba ten�a diez a�os empez� a presentar ciertas dificultades en su comportamiento, como no continuar con sus estudios y consumir drogas, por lo que el se�or Agobardo C�rdoba se vio en la obligaci�n de internarlo en centros de rehabilitaci�n en varias oportunidades.

 

5.  El 14 de marzo de 2008, falleci� la se�ora Clementina Aragon�s, seg�n se�ala el actor �de pena moral por verlos en ese estado�[5].

 

6.  Posteriormente, el 4 de agosto de 2011 Agobardo C�rdoba decidi� registrar a Pedro Pablo con su apellido, en la Notar�a de Andaluc�a, porque  �lo amaba mucho, le daba todo lo necesario. Para todas las cosas, hac�a como �padre putativo� pues depend�a emocional y econ�micamente de �l�[6].

 

7.  Actualmente, Pedro Pablo C�rdoba se encuentra en una casa de paso llamada Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza, donde se pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el Agobardo C�rdoba Aragon�s, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitaci�n �donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental, esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran $1.500.000�[7].

 

Sobre la solicitud de pensi�n de sobreviviente para un hijo de crianza

 

8.  El se�or Agobardo C�rdoba prest� sus servicios a la Empresa Ingenio Riopaila S.A.

 

9.  Mediante la Resoluci�n No. 01205 del 21 de mayo de 1986, el Instituto de Seguros Sociales le reconoci� la pensi�n de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla. 

 

10.       El 30 de marzo de 2014, el se�or Agobardo C�rdoba falleci�, raz�n por la cual el 20 de agosto de 2014 Agobardo C�rdoba Aragon�s solicit� a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo C�rdoba el reconocimiento de la sustituci�n pensional.

 

11.       El 12 de septiembre de 2014, el Director de Gesti�n Laboral del Ingenio Riopaila Castilla le inform� al peticionario que para iniciar el proceso de reconocimiento de dicha prestaci�n era necesario indicar qui�n era el representante legal o curador designado del se�or Pedro Pablo C�rdoba.

 

12.       Surtido el tr�mite correspondiente, mediante sentencia del 31 de octubre de 2016 el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali declar� en interdicci�n judicial definitiva por discapacidad mental absoluta a Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s y design� a Agobardo C�rdoba Aragon�s como su curador leg�timo[8].

 

13.       Los d�as 22 y 23 de diciembre de 2016 fueron radicados los documentos para el reconocimiento de la sustituci�n pensional ante el Director de Gesti�n Laboral de Riopaila y ante Colpensiones, respectivamente.

 

14.       A trav�s de la Resoluci�n No. GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 Colpensiones reconoci�  y orden� el pago de dicha prestaci�n a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s a partir del 30 de marzo de 2014, en calidad de hijo en condici�n de invalidez con una p�rdida de capacidad laboral del 70.25%.

 

15.       En oficio del 28 de julio de 2017 Riopaila Castilla S.A., neg� la solicitud al considerar que una vez revisada la documentaci�n, la realizaci�n de dos visitas domiciliarias y la pr�ctica de otras pruebas, �el se�or Pedro Pablo C�rdoba (registrado como Pablo Aragon�s) realmente es sobrino pol�tico del se�or Agobardo, hijo de una hermana de quien fuera su esposa, la se�ora Rubiela Aragon�s y no hijo del mencionado se�or�[9].

 

Solicitud a trav�s de acci�n de tutela

 

16.       El 25 de septiembre de 2017, el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s instaur� acci�n de tutela en calidad de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al m�nimo vital, a una vida digna y a la igualdad.

 

17.       Se�al� que la empresa Riopaila Castilla S.A., desconoci� la realidad f�ctica y jur�dica consistente en la intenci�n del se�or Agobardo C�rdoba de formalizar legalmente el reconocimiento como padre de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, seg�n consta en el registro civil de nacimiento, serial 39606715.

 

18.       Manifest� que �l y sus tres hermanos han asumido como t�os el sostenimiento de Pedro Pablo, pero sus actuales condiciones econ�micas no les permiten solventar los gastos mensuales que requiere, los cuales ascienden a la suma de $1.200.000 y eran cubiertos por el se�or Agobardo C�rdoba.

 

19.       Mencion� que las declaraciones extra juicio que anexa al expediente coinciden en se�alar que cuando Pedro Pablo C�rdoba naci� fue abandonado por su madre, por lo que Agobardo C�rdoba y Clementina Aragon�s se hicieron cargo de �l, �se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar, dado que nunca se conoci� qui�n era el padre biol�gico. Le brindaron apoyo econ�mico, emocional y material determinante para su adecuado desarrollo. Desde que naci� hasta que muri� don Agobardo asumi� todos los gastos de crianza, manutenci�n, estudio, aseo personal (�) siempre lo consider� como un hijo y le brind� educaci�n. (�) Les llamaba pap� y mam�[10].

 

20.       Por otro lado, hizo referencia a la historia cl�nica de Pedro Pablo C�rdoba, donde qued� registrado que su cuidado estaba a cargo de �sus padres adoptivos� y una vez fallecen �sus hermanas�. As� mismo, al informe de evaluaci�n del Instituto de terapia INTEI donde se consign� que �Pedro Pablo pertenece a una familia donde las relaciones son adecuadas�[11]. Finalmente, a una petici�n radicada ante la Nueva EPS el 5 de noviembre de 2013, donde se lee �Mi hijo Pedro Pablo Aragon�s (�)�[12].

 

21.  Con fundamento en lo anterior, solicit� que se le ordenara a la empresa accionada reconocer la sustituci�n pensional a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, incluyendo la liquidaci�n y el pago retroactivo desde la fecha en la que se consolid� su derecho, esto es, el 31 de marzo de 2014.

 

Tr�mite procesal

 

22.  Mediante Auto del 26 de septiembre de 2017, el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali avoc� conocimiento de la acci�n de tutela y vincul� al tr�mite a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.

 

23.  M�s adelante, a trav�s de Auto del 4 de octubre de 2017 vincul� a la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza.

 

Respuesta de las entidades accionadas

 

24.  La sociedad Riopaila Castilla S.A., resalt� que desde un principio la petici�n formulada por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s era hijo natural de Agobardo C�rdoba, y no hijo de crianza como se evidenci� posteriormente. Al respecto, indic� que esa empresa no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o afirmaci�n en ese sentido �lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional cualquier determinaci�n que pretenda reconocer sustituci�n a esa condici�n�[13]. As� mismo, puso de presente que el actor tambi�n se present� como hermano natural del se�or Pedro Pablo C�rdoba ante el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali, que conoci� el proceso de interdicci�n judicial, y ante Colpensiones, toda vez que la resoluci�n mediante la cual se reconoce la pensi�n de sobrevivientes en ning�n aparte considera la condici�n de hijo de crianza del causante, sino de hijo natural.

 

Destac� que en el Registro Civil de Nacimiento original se registr� como nombre �Pedro Pablo Aragon�s�, pero solo hasta 2011, esto es, tres a�os antes de la muerte de Agobardo C�rdoba, se modific� dicho registro incluyendo el apellido de este �ltimo, documento en el cual se dej� una inscripci�n para la toma de la huella y la firma a ruego, siendo que el se�or C�rdoba sab�a leer y escribir.

 

Adicionalmente, expuso que durante la ejecuci�n del contrato de trabajo, el se�or Agobardo C�rdoba nunca inscribi� a Pedro Pablo C�rdoba como hijo natural ni como hijo de crianza. De igual modo, sostuvo que las declaraciones que anex� a la solicitud nunca fueron presentadas ante la empresa.

 

Finalmente, mencion� que no se acredita el requisito de inmediatez pues el fallecimiento del se�or Agobardo C�rdoba ocurri� en marzo de 2014 y el nombramiento del actor como curador en 2016, lo que desvirt�a la urgencia alegada por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s.

 

25.  La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza guardaron silencio[14].

 

Sentencias objeto de revisi�n

 

Primera instancia

 

26.  Mediante sentencia del 5 de octubre de 2017, el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali declar� improcedente el amparo invocado.

 

27.  En primer lugar, se�al� que no emitir�a ning�n juicio de valor en cuanto a la relaci�n afectiva que se estableci� entre el se�or Pedro Pablo y el causante Agobardo C�rdoba, dado que si bien es indiscutible que las familias de crianza surgen de presupuestos sustanciales y no formales, en los que prima la relaci�n de afecto que debe ser ponderada en cada caso concreto, se trata de un asunto que debe ser valorado ante la jurisdicci�n ordinaria laboral. A juicio del fallador, la controversia impone un an�lisis exhaustivo del material probatorio y uno detallado de la normatividad que gira en torno al reconocimiento de la pensi�n de sobrevivientes en las familias de crianza.

 

28.  En relaci�n con la afectaci�n al m�nimo vital encontr� que Colpensiones reconoci� y orden� el pago de la pensi�n solicitada con una mesada de $737.717 y un retroactivo de $25.421.304, suma que consider� suficiente para satisfacer las necesidades enunciadas en sede de tutela, referentes al tratamiento que requiere el se�or Pedro Pablo C�rdoba para su problema de drogadicci�n.

 

29.  Por otro lado, advirti� que no se cumpli� con el requisito de subsidiariedad, ya que no fueron agotadas las v�as ordinarias establecidas por el legislador cuando se presenta una inconformidad con la decisi�n emitida respecto al reconocimiento de un derecho pensional. Finalmente, concluy� que tampoco se acredit� el requisito de inmediatez, por cuanto las circunstancias f�cticas que originaron la solicitud de amparo constitucional ocurrieron el 30 de marzo de 2014 cuando falleci� el causante y solo hasta el 25 de septiembre de 2017 fue interpuesta la acci�n de tutela, es decir, m�s de tres a�os despu�s.

 

Impugnaci�n

 

30.  Agobardo C�rdoba Aragon�s present� escrito de impugnaci�n contra la decisi�n de primera instancia. En primer lugar, explic� que el 20 de agosto de 2014, esto es, 5 meses y 9 d�as despu�s del fallecimiento del causante, solicit� ante Riopaila Castilla S.A., la sustituci�n pensional a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s. El 12 de septiembre de 2014 la empresa le inform� que requer�a informaci�n sobre el curador leg�timo del beneficiario y el porcentaje de p�rdida de capacidad laboral. Indic� que ante dicho requerimiento, inici� el proceso de calificaci�n de p�rdida de capacidad laboral, as� como el tr�mite de interdicci�n judicial.  

 

Manifest� que el primer tr�mite culmin� el 4 de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determin� una p�rdida de capacidad laboral del 70.25%, mientras que el segundo finaliz� con la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali lo design� como curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba. Se�al� que una vez se completaron los documentos requeridos por Riopaila Castilla S.A., se reanud� ante esa entidad el tr�mite de sustituci�n pensional el 22 de diciembre de 2016, el cual termin� el 29 de junio de 2017 con la respuesta negativa por parte de la empresa.

 

31.       Sobre la presunta irregularidad relacionada con haber ocultado la calidad de hijo de crianza del se�or Pedro Pablo, mencion� que en la solicitud de sustituci�n pensional presentada ante la empresa accionada se hizo referencia a �hermano de parentesco� y no a �hermano natural� como lo se�ala la empresa. As� mismo, puso de presente que ante el juzgado que conoci� el proceso de interdicci�n se dej� claramente establecida la calidad de hijo de crianza del beneficiario, y la decisi�n adoptada en ese proceso fue allegada tanto a la empresa accionada como a Colpensiones. De igual forma, puso de presente que en el dictamen de p�rdida de capacidad laboral se ventil� ante Colpensiones dicha situaci�n: �hermano de crianza, abandono por la madre biol�gica�. Adem�s, resalt� que de la solicitud de entrega de medicamentos para Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, presentada el 5 de noviembre de 2013 por Agobardo C�rdoba ante la Nueva EPS, se evidenciaba que este lo ten�a afiliado como su beneficiario y lo reconoc�a como su hijo de parentesco.

 

Sobre el particular, adujo que en todo caso �no est� a cargo del accionante (sic) demostrar la calidad de hijo (as� sea de crianza) ante Riopaila Castilla por la v�a ordinaria,  toda vez que esta calidad se ventil� ante Colpensiones y ante un juez de familia en un proceso de interdicci�n�[15].

 

32.       Por otro lado, reiter� que el se�or Agobardo C�rdoba no sab�a leer ni escribir, para lo cual anex� una copia de la c�dula de ciudadan�a donde aparece consignado que �NO FIRMA�.

 

33.       Finalmente, resalt� que la cuota parte de la mesada pensional a cargo de Riopaila Castilla S.A., es necesaria para continuar con el proceso de rehabilitaci�n integral del representado.

 

Segunda instancia

 

34.  Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2017, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali confirm� el fallo impugnado.

 

35.  No encontr� razones para revocar el fallo de primera instancia a pesar de que, a su juicio, el a quo err� en la interpretaci�n sobre el requisito de inmediatez, pues la causa que origin� la presente acci�n obedeci� a la negativa de la empresa accionada de reconocer la sustituci�n pensional, lo cual ocurri� tan solo dos meses antes de la interposici�n del amparo.

 

Sin embargo, estim� el ad aquem que no se demostr� de manera contundente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera viable la intervenci�n del juez de tutela.

 

Al respecto, sostuvo que el curador cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, ya que si bien el representado es una persona en condici�n de discapacidad y, por lo tanto, sujeto de especial protecci�n constitucional, no se indicaron ni se demostraron las circunstancias que configuraran la afectaci�n al m�nimo vital. Por el contrario, encontr� acreditado que ha contado con el pago oportuno de la pensi�n reconocida por Colpensiones.

 

36.  Por �ltimo, destac� que con el nuevo sistema procesal de oralidad, el tiempo que conlleva la resoluci�n de esta clase de conflictos ante la jurisdicci�n ordinaria laboral es m�s expedita que en a�os anteriores, lo que hace id�neo y eficaz ese mecanismo judicial.

 

Pruebas

 

37.       Entre las pruebas aportadas en el tr�mite de la acci�n de tutela la Sala destaca las siguientes:

 

-         Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro Pablo Aragon�s, serial 3423162[16].

 

-         Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, serial 39606715, que reemplaza aquel de serial 3423162[17].

 

-         Copia del Registro Civil de Nacimiento de Mar�a Rubiela Aragon�s Parga[18].

 

-         Copia del Registro Civil de Defunci�n de la se�ora Clementina Aragon�s Parga[19].

 

-         Copia de la petici�n radicada por Agobardo C�rdoba Aragon�s el 20 de agosto de 2014 ante Recursos Humanos del Ingenio Riopaila Castilla, mediante la cual solicit� el reconocimiento de la pensi�n sustitutiva a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[20].

 

-         Copia de la respuesta emitida el 12 de septiembre de 2014 por el Director de Gesti�n Laboral de Riopaila Castilla, donde le indica al peticionario que se requiere informaci�n sobre el representante legal o curador de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s para efectos de la pensi�n sustitutiva[21].

 

-         Copia de la petici�n radicada por Agobardo C�rdoba Aragon�s el 22 de diciembre de 2016 ante el Director de Gesti�n Laboral de Riopaila Castilla, mediante la cual solicit� el reconocimiento de la pensi�n sustitutiva a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[22].

 

-         Copia de la respuesta emitida el 28 de julio de 2017 por el Gerente de Gesti�n Laboral de Riopaila Castilla, en la cual niega el reconocimiento de la sustituci�n de la cuota parte de la pensi�n de jubilaci�n a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, por no ser hijo del causante[23].

 

-         Copia de la Resoluci�n No. 46366 del 13 de febrero de 2017, a trav�s de la cual Colpensiones reconoce la pensi�n de sobrevivientes al se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[24].

 

-         Copia del dictamen de p�rdida de capacidad laboral del se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, emitido por el Grupo M�dico Laboral de Colpensiones[25].

 

-         Copia de la declaraci�n extra juicio rendida por Luis Arnulfo Rayo P�rez y Luzmila Rivera de Victoria el 24 de noviembre de 2011 ante la Notar�a �nica de Andaluc�a, Valle[26].

 

-         Copia de las declaraciones extra juicio rendidas por Rosenber Cata�o Jaramillo, Gloria Josefa Cata�o Jaramillo y Nohoralba Aragon�s, autenticadas, las dos primeras el 13 de septiembre de 2017 ante la Notar�a �nica de Andaluc�a, Valle, y la tercera el 20 de septiembre de 2017 ante la Notar�a 19 de Cali[27].

 

-         Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicci�n judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo C�rdoba Aragon�s[28].

 

-         Copia del acta de la diligencia de posesi�n  de Agobardo C�rdoba Aragon�s en el cargo de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali[29].

 

-         Copia de la nota de urgencias siqui�tricas emitida por el Hospital Departamental Psiqui�trico Universitario del Valle el 15 de mayo de 2003 ante el ingreso de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[30].

 

-         Copia de la historia cl�nica de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s expedida por el Hospital Departamental Psiqui�trico Universitario del Valle[31].

 

-         Copia de la certificaci�n expedida por el m�dico Juli�n Llanos Romero del Hospital San Vicente Ferrer de Andaluc�a, Valle, donde consta que Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s depende totalmente de sus cuidadores (Mar�a Felinda C�rdoba Aragon�s � hermana del paciente)[32].

 

-         Copia de la historia cl�nica de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s expedida por el Hospital San Vicente Ferrer de Andaluc�a, Valle[33].

 

-         Copia de la certificaci�n expedida por el m�dico siquiatra Juan Pablo Villamar�n, sobre el estado de salud de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[34].

 

-         Copia del informe de evaluaci�n realizado por el Instituto de Terapia Integral -INTEI- sobre el estado de salud de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[35].

 

-         Copia de la solicitud de entrega de medicamentos para Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, presentada el 5 de noviembre de 2013 por Agobardo C�rdoba ante la Nueva EPS[36].

 

-         Copia de la solicitud de la historia cl�nica de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s presentada por Mar�a Felinda C�rdoba Aragon�s el 24 de julio de 2014 ante el Hospital San Vicente Ferrer de Andaluc�a, Valle[37].

 

-         Copia de la certificaci�n expedida 19 de septiembre de 2017 por el Director de la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza de Cali, donde consta que Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s es paciente en esa instituci�n, donde se sufraga un aporte mensual de $450.000[38].

 

-         Copia de la p�gina de la IPS RENASERES donde obra el portafolio de servicios y precios de esta instituci�n[39].

 

-         Copia de la certificaci�n expedida el 7 de julio de 2017 por la Coordinadora del Adulto Mayor de Baraya, Huila, donde consta que Mar�a Rubiela Aragon�s Parga �tiene discapacidad mental y habita en la casa del abuelo de este municipio�[40].

 

Actuaci�n en sede de revisi�n

 

38.  Mediante Auto del 8 de mayo de 2018 el magistrado sustanciador solicit� lo siguiente: i) a la empresa Riopaila Castilla S.A., que indicara a cu�nto asciende la cuota parte de la mesada pensional cuya sustituci�n se solicita en la presente tutela; ii) al se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s que manifestara a cu�nto ascienden sus ingresos y egresos mensuales, as� como los miembros de la familia que est�n a cargo del sostenimiento de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s; iii) a la Nueva EPS que informara desde qu� fecha fue afiliado el se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s en esa entidad en calidad de beneficiario del se�or Agobardo C�rdoba,  y cu�l es su estado de afiliaci�n actual; y iv)a Colpensiones le inform� que la presente acci�n se encuentra en esta Corporaci�n, para que se pronunciara sobre el asunto.

 

39.  La sociedad Rioapaila Castilla S.A., inform� que la �ltima mesada pensional que recibi� el se�or Agobardo C�rdoba en el a�o 2014 fue por un valor de $616.000[41].

 

40.  El se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, a trav�s de apoderado judicial, anex� los siguientes documentos:

 

-         Declaraci�n extra juicio rendida el 11 de mayo de 2018 por Agobardo C�rdoba Aragon�s donde indica que: i)se desempe�a como mensajero independiente de Fonaviemcali; ii) en promedio percibe $1�200.000; iii) tiene un cr�dito con el Banco Caja Social del cual debe 197 cuotas, cada una de $309.960, paga $227.300 de seguridad social y pensi�n, $70.000 aproximadamente de servicios p�blicos, $200.000 en transporte, ya que vive en una zona rural de Jamund� y debe desplazarse hasta Cali, y $200.000 en promedio de alimentaci�n; iv) le quedan libres $192.000 con lo que sufraga los gastos de vestido y recreaci�n, aunado a que ayuda a su hermano de crianza Pedro Pablo C�rdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordo�ez; v) su hermana Mar�a Felinda C�rdoba Aragon�s recibi� una indemnizaci�n sustitutiva, trabaja en casa de familia �y en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos env�a gallinas y frutos del campo�; vi) su hermano Sigifredo C�rdoba Aragon�s tampoco es pensionado y �se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ah� ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dej� nuestro padre, ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo�[42].

 

-         Constancia de pago de seguridad social del se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, correspondiente a los meses de abril y marzo de 2018[43].

 

-         Copia del recibo del agua del mes de abril de 2018 a nombre de Agobardo C�rdoba Aragon�s, estrato 2, por un valor de $60.300[44].

 

-         Certificado de afiliaci�n a la EPS S.O.S donde constan como sus beneficiarios de Agobardo C�rdoba Aragon�s la se�ora Jhamilet Valencia y el menor Diego Alejandro Ordo�ez Valencia[45].

 

-         Extracto del �ltimo a�o de la cuenta bancaria del se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s[46].

 

-         Estado de cr�dito de vivienda del se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s[47].

 

-         Resoluci�n No. GNR301382 del 12 de octubre de 2016, donde se documenta indemnizaci�n sustitutiva de pensi�n de vejez de la se�ora Mar�a Felinda C�rdoba Aragon�s[48].

 

-         Declaraci�n extra juicio rendida el 11 de mayo de 2018 por Nohoralba Aragon�s, donde indica que: i) vive con su hija y su nieto, su hija Paola no tiene un trabajo estable y cuando est� desempleada le ayuda con los gastos de su nieto; ii) es pensionada de Colpensiones por lo que recibe $687.442 mensuales, aunado al ingreso obtenido rentando piezas y el garaje de su casa, para un total de $2.287.422; iii) sufraga $600.000 por los gastos de alimentaci�n y de ayuda a Pedro Pablo y a sus hermanos[49], $95.000 por el colegio de su nieto, $165.130 por los servicios p�blicos, $84.700 por tel�fono, internet y parab�lica y $14.155 por el gas, $532.000 de cuota por un carro que tiene prenda, $349.000 mensuales por un cr�dito con el Banco Caja Social y $345.000 mensuales por un cr�dito con Mundo Mujer; iv) sus egresos suman un total de $2.185.000; y v) con lo que recibe �no alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitaci�n donde le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha tenido avance en la recuperaci�n de su salud y en otro lugar nos cuesta $1.500.000�[50].

 

-         Constancia de pago de la pensi�n para Nohoralba Aragon�s por un valor de $687.442, para mayo de 2018[51].

 

-         Copia del recibo del agua del mes de abril de 2018 a nombre de Nohoralba Aragon�s, estrato 3, por un valor de $165.130[52], recibo de UNE por un valor de $84.700[53] y recibo del gas por $14.155[54].

 

-         Tarjeta de propiedad del carro a nombre de Nohoralba Aragon�s donde se evidencia la pignoraci�n[55].

 

-         Constancia del cr�dito con el Banco Caja Social y con Mundo Mujer a nombre de Nohoralba Aragon�s[56].

 

-         Constancia del pago del colegio del nieto de Nohoralba Aragon�s por un valor de $94.817.

 

41.  La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-[57] indic� que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A., est� acreditada la falta de legitimaci�n por pasiva de Colpensiones.

 

Aclar� que esa administradora le reconoci� la sustituci�n pensional a Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, quien a trav�s de los medios id�neos, esto es, el Registro Civil de Nacimiento, prob� ser dependiente del causante, y a trav�s del fallo de interdicci�n y el dictamen de p�rdida de capacidad laboral, acredit� que es una persona en situaci�n de discapacidad que depend�a econ�micamente del causante.

 

Resalt� que la sociedad accionada neg� la prestaci�n pensional al no considerar cierto el v�nculo filial presentado entre el causante y el interdicto. Al respecto, hizo referencia al art�culo 103 del Decreto 1260 de 1970 en virtud del cual �[S]e presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el Registro del Estado Civil�, por lo tanto, se�al� que  la falta de veracidad de aquella inscripci�n deb�a acreditarse judicialmente.

 

Con sustento en lo anterior, solicit� a la Corte declarar la falta de legitimaci�n por pasiva respecto de Colpensiones, en la medida que no es la responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados por el actor.  

 

42.       Finalmente, la Nueva EPS inform� que el se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s se encuentra afiliado a esa entidad desde el 29 de febrero de 2012.

 

De la planilla enviada por esa entidad se evidencia que: i) estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el documento de identificaci�n del cotizante corresponde al del se�or Agobardo C�rdoba; ii) Pedro Pablo C�rdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS desde el 1� de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante[58].

 

II. CONSIDERACIONES

 

Problema jur�dico

 

De acuerdo con los hechos descritos corresponde a esta Sala de Revisi�n establecer si �la sociedad Riopaila Castilla S.A., vulner� los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al m�nimo vital y a la seguridad social de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s al negarle el reconocimiento de la sustituci�n pensional del se�or Agobardo C�rdoba, de quien se alega ser su hijo de crianza, al considerar que no se acreditan los presupuestos legales para tal reconocimiento en tanto es sobrino pol�tico del causante y no su hijo natural?

 

Para ello, la Sala comenzar� por reiterar la jurisprudencia constitucional en relaci�n con: i) la seguridad social como derecho fundamental y su protecci�n por medio de la acci�n de tutela; ii) la sustituci�n pensional para hijos en condici�n de discapacidad; iii) el concepto de familia en el ordenamiento jur�dico colombiano. Protecci�n del pluralismo y la igualdad entre las diferentes modalidades de conformaci�n; iv) protecci�n a la familia de crianza; v)el derecho a la sustituci�n pensional para hijos de crianza en condici�n de discapacidad. Finalmente vi) se resolver� el caso concreto.

 

La seguridad social como derecho fundamental y su protecci�n por medio de la acci�n de tutela. Reiteraci�n de jurisprudencia[59]

 

43.       El art�culo 48 de la Constituci�n Pol�tica consagra el derecho a la seguridad social bajo una doble connotaci�n: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio p�blico de car�cter obligatorio que se presta bajo la direcci�n, coordinaci�n y control del Estado[60].

 

Esta garant�a fundamental �surge como un instrumento a trav�s del cual se le garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se encuentran ante la materializaci�n de alg�n evento o contingencia que meng�e su estado de salud, calidad de vida y capacidad econ�mica, o que se constituya en un obst�culo para la normal consecuci�n de sus medios m�nimos de subsistencia a trav�s del trabajo�[61]. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad humana en virtud del cual �resulta posible que las personas afronten con decoro las circunstancias dif�ciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepci�n de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos�[62].

 

Seg�n ha sido interpretado por esta Corporaci�n, los objetivos de la seguridad social guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho �como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales; promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condici�n econ�mica, f�sica o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminaci�n alguna de la primac�a de los derechos inalienables de la persona como sujeto, raz�n de ser y fin �ltimo del poder pol�tico�[63].

 

44.  La protecci�n de este derecho fundamental se refuerza adem�s seg�n lo consagrado en distintos instrumentos internacionales[64]. En primer lugar, se tiene el art�culo 22 de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos en virtud del cual �toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperaci�n internacional, habida cuenta de la organizaci�n y los recursos de cada Estado, la satisfacci�n de los derechos econ�micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad�.

 

En el mismo sentido lo consagra el art�culo 16 de la Declaraci�n Americana de los Derechos de la Persona cuyo tenor dispone que �toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupaci�n, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite f�sica o mentalmente para obtener los medios de subsistencia�.

 

De otro lado, el art�culo 9� del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales establece que �los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social�.As� mismo, el art�culo 9� del Protocolo Adicional a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales dispone que �toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite f�sica o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social ser�n aplicadas a sus dependientes�.

 

45.  Ahora bien, es claro que aun cuando el derecho a la seguridad social ostenta un car�cter fundamental, tal particularidad no puede ser confundida con la posibilidad de hacerlo efectivo, en todos los casos, por medio de la acci�n de tutela.

 

Al respecto, este Tribunal ha se�alado que el legislador previ� los mecanismos judiciales para la soluci�n de las controversias relativas al reconocimiento y pago de las prestaciones que cubren las contingencias amparadas por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, lo que significa que, por regla general, la acci�n de tutela resulta improcedente para resolver disputas de esa naturaleza[65].

 

Sin embargo, excepcionalmente, es plausible acudir a ese mecanismo constitucional para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Esto sucede en el evento en que el agotamiento de los medios ordinarios de defensa supone una carga procesal excesiva, porque quien la solicita es un sujeto de especial protecci�n constitucional (mecanismo principal de defensa) o se encuentra ante la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable (mecanismo de protecci�n transitorio). Sobre este punto, la Corte ha explicado lo siguiente:

 

�14. Para que la acci�n de tutela proceda como mecanismo principal y definitivo, el demandante debe acreditar que no tiene a su disposici�n otros medios de defensa judicial, o que, teni�ndolos, estos no resultan id�neos ni eficaces para lograr la protecci�n de los derechos presuntamente conculcados. El ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio implica, a su turno, que los medios de protecci�n judicial ordinarios, aun siendo id�neos y eficaces,  puedan ser desplazados por la tutela ante la necesidad de evitar la consumaci�n de un perjuicio irremediable[66]. En esos eventos, la protecci�n constitucional opera provisionalmente, hasta que la controversia sea resuelta por la jurisdicci�n competente, de forma definitiva.

 

El examen de procedibilidad formal de las tutelas instauradas para obtener el reconocimiento o el pago de derechos pensionales resulta as�, inevitablemente vinculado al an�lisis de la aptitud que los instrumentos judiciales ordinarios tengan para el efecto en cada caso concreto. La decisi�n sobre la viabilidad de resolver en esta sede acerca del reconocimiento de un derecho pensional debe considerar, por eso, el panorama f�ctico y jur�dico que sustenta la solicitud de amparo�[67].

 

Lo anterior significa entonces que el juez constitucional debe valorar las circunstancias particulares del accionante, considerando aspectos como, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde que formul� la primera solicitud de reconocimiento pensional, la edad, la composici�n de su n�cleo familiar, las circunstancias econ�micas, el estado de salud, el grado de formaci�n escolar, entre otros.

 

En este punto es preciso mencionar adem�s que �la Corte ha llamado la atenci�n sobre la importancia de verificar que quien acude a la acci�n de tutela para obtener el reconocimiento de su pensi�n haya buscado antes, con un grado m�nimo de diligencia, la salvaguarda del derecho que invoca y que su m�nimo vital se haya visto efectivamente afectado como consecuencia de la negaci�n del derecho pensional�[68].

 

Bajo ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido varias reglas para evaluar la procedencia de la acci�n de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales como manifestaci�n del derecho a la seguridad social, a saber: i) que la falta de pago de la prestaci�n o su disminuci�n genere un alto grado de afectaci�n de los derechos fundamentales, en particular del derecho al m�nimo vital; ii) que el accionante haya desplegado cierta actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea reconocida la prestaci�n reclamada; iii) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protecci�n inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados; iv) y que exista una mediana certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del derecho reclamado[69].

 

46.  En definitiva, el derecho a la seguridad social busca proteger al trabajador cuando por alg�n evento o contingencia que mengua su salud, calidad de vida o capacidad econ�mica, requiere de la ayuda del Estado y de la comunidad para proveerse los medios m�nimos que le garanticen una subsistencia en condiciones dignas. Si bien esta prerrogativa constitucional ostenta un car�cter fundamental, no por ello puede hacerse efectiva, en todos los casos, a trav�s de la acci�n de tutela, porque para ello existen otros mecanismos de defensa judicial previstos por el Legislador. La procedencia de la acci�n de tutela para obtener la protecci�n del derecho a la seguridad social es excepcional y depende de las circunstancias propias de cada asunto, debiendo el juez constitucional evaluar criterios como la edad, el estado de salud, la composici�n del n�cleo familiar, la situaci�n econ�mica, as� como cualquier aspecto que permita identificar por qu� este debe ser el mecanismo principal o transitorio de protecci�n.

 

La sustituci�n pensional para hijos en condici�n de discapacidad. Reiteraci�n jurisprudencial

 

47.       Con la implementaci�n del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones el Legislador consagr� diferentes prestaciones econ�micas dirigidas a prevenir las contingencias de los trabajadores, como la viudez, la invalidez, la muerte y la vejez. Para ello, fueron creados derechos pensionales cuyo reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos establecidos seg�n la eventualidad acaecida[70]. 

 

La sustituci�n pensional es una figura dirigida a que la familia de la persona que ostentaba una pensi�n ya constituida pueda acceder a la misma con el fin de que no se vea desmejorado ostensiblemente su m�nimo vital y para evitar que haya una doble afectaci�n, tanto moral, como material. En otras palabras, como su mismo nombre lo indica, lo que pretende tal prestaci�n es sustituir el derecho que otro ha adquirido, situaci�n que se puede llevar a cabo siempre y cuando el titular del mismo haya fallecido, con el prop�sito de que el apoyo monetario recaiga en quienes depend�an econ�micamente del causante[71]. En ese sentido, la Ley 100 de 1993 en su art�culo 46 estipula:

 

�Tendr�n derecho a la pensi�n de sobrevivientes:

 

1.  Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo com�n, que fallezca.

 

2.  Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que �ste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

 

a)  Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintis�is (26) semanas al momento de la muerte, y

 

b)  Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintis�is (26) semanas del a�o inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.

 

PARAGRAFO.-Para efectos del c�mputo de las semanas a que se refiere el presente art�culo se tendr� en cuenta lo dispuesto en los par�grafos del art�culo 33 de la presente ley�.[72] (Resaltado fuera de texto).

 

Por lo tanto, es del numeral primero del art�culo transcrito que se desarrolla la sustituci�n pensional, cuya finalidad se asimila a la de la pensi�n de sobrevivientes, salvo que, en esta �ltima no se ha consolidado el derecho pensional en favor del afiliado; es decir, se diferencia de la pensi�n de sobrevivencia en el hecho de que en la primera, para su configuraci�n ya debe estar causada la pensi�n de vejez o invalidez que se pretende sustituir, mientras que para solicitar la segunda, es preciso demostrar que se cumplen los requisitos que estipula de Ley 100 de 1993, para poder otorgar la prestaci�n a los causantes de la persona que estaba pr�xima a obtener su pensi�n de vejez o invalidez.

 

48.       Pese a que la figura est� regulada en la legislaci�n colombiana, esta Corporaci�n en m�ltiples sentencias se ha referido a ella para delimitar su �mbito de aplicaci�n y su importancia para quienes la solicitan, con el fin de evitar la vulneraci�n desmesurada de los derechos fundamentales al m�nimo vital, a la seguridad social y la vida digna.

 

Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte explic� que la sustituci�n pensional �tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotecci�n. Principios de justicia retributiva y de equidad justifican que las personas que constitu�an la familia del trabajador tengan derecho a la prestaci�n pensional del fallecido para mitigar el riesgo de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del trabajador fallecido. (...)�[73].

 

As� mismo, ha se�alado que esta figura persigue �suplir la ausencia repentina del  apoyo econ�mico que el pensionado ofrec�a a sus familiares, y que el deceso de �ste no determine el cambio sustancial de las condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues es un hecho cierto que en la mayor�a de los casos la sustituci�n tiene el alcance de una ayuda vital para dichos beneficiarios, es decir, indispensable para su subsistencia�^[74].Concretamente, se ha pronunciado en los siguientes t�rminos:

 

�Esta Corporaci�n en distintas ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de medidas legislativas relacionadas con la pensi�n de sobrevivientes, se�alando que la misma busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes depend�an de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. Desde esta perspectiva, la Corte ha dicho que la sustituci�n pensional responde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y econ�mica con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotecci�n y posiblemente a la miseria. Por ello, la ley prev� que, en aplicaci�n de un determinado orden de prelaci�n, las personas m�s cercanas y que m�s depend�an del causante y que, adem�s, en muchos casos compart�an con �l su vida, reciban una pensi�n para satisfacer sus necesidades m�nimas�[75].

 

As� pues, se puede evidenciar que tanto la legislaci�n colombiana como la Corte Constitucional han abordado el tema de la sustituci�n pensional, siempre generando una garant�a de estabilidad econ�mica para las personas que solicitan dicho beneficio, en el entendido que el m�nimo vital es considerado como un derecho fundamental, adem�s de estar intr�nsecamente relacionado con la vida en condiciones dignas.

 

49.  Ahora bien, en cuanto a los posibles beneficiarios de la sustituci�n pensional, la Ley 100 de 1993 en su art�culo 47 estipula a qui�n se le puede otorgar dicha prestaci�n, bajo los siguientes requisitos espec�ficos:

 

�Son beneficiarios de la pensi�n de sobrevivientes:

 

a)  En forma vitalicia, el c�nyuge o la compa�era o compa�ero permanente sup�rstite.

 

En caso de que la pensi�n de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el c�nyuge o la compa�era o compa�ero permanente sup�rstite, deber� acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que �ste cumpli� con los requisitos para tener derecho a una pensi�n de vejez o invalidez hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) a�os continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o m�s hijos con el pensionado fallecido;

 

b)  Los hijos menores de 18 a�os; los hijos mayores de 18 a�os y hasta los 25 a�os, incapacitados para trabajar por raz�n de sus estudios y si depend�an econ�micamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inv�lidos si depend�an econ�micamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez;

 

c)  A falta del c�nyuge, compa�ero o compa�era permanente e hijos con derecho, ser�n beneficiarios los padres del causante si depend�an econ�micamente de �ste, y

 

d)  A falta de c�nyuge, compa�ero o compa�era permanente, padres e hijos con derecho, ser�n beneficiarios los hermanos inv�lidos del causante si depend�an econ�micamente de �ste�.[76] (Resaltado fuera de texto).

 

La norma es clara en se�alar que son beneficiarios de la sustituci�n pensional los hijos en condici�n de invalidez si depend�an econ�micamente del causante y mientras subsistan las condiciones de invalidez. Sin embargo, ha surgido la controversia en asuntos en que, como en el caso objeto de estudio, las entidades encargadas del reconocimiento de esa prestaci�n social la niegan bajo el supuesto que se trata de un hijo de crianza del causante. Por esa raz�n, la Sala se pronunciar� sobre el concepto ampliado de familia y el reconocimiento de los derechos pensionales en virtud de la protecci�n de la familia de crianza.

 

El concepto de familia en el ordenamiento jur�dico colombiano.  Protecci�n del pluralismo y la igualdad entre las diferentes modalidades de conformaci�n. Reiteraci�n de jurisprudencia

 

50.  El art�culo 42 de la Constituci�n Pol�tica de 1991 defini� la familia como el n�cleo esencial de la sociedad[77]. El numeral primero de esa disposici�n establece que la familia se constituye por v�nculos naturales o jur�dicos, por la decisi�n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla[78].

 

Es a partir del referido art�culo que se pueden observar tanto los derechos que les asisten a las familias consagradas en el Estado colombiano, como los deberes a tener en cuenta al momento de la constituci�n de la misma, protegi�ndose as� sus derechos patrimoniales, derechos a la igualdad entre c�nyuges e hijos, y deja abierta la puerta para la protecci�n a dem�s derechos e imposici�n de deberes dependiendo del desarrollo social de la figura.

 

51.       Ahora bien, en relaci�n con el bloque de constitucionalidad, el cual hace parte del ordenamiento jur�dico colombiano seg�n lo dispuesto en el art�culo 93 de la Carta, existen diversos instrumentos internacionales que han tratado la figura de la familia, consagrando su importancia y la trascendencia de su protecci�n por parte del Estado.

 

En ese sentido, la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol�ticos, el Pacto Internacional de los Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales y en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San Jos� de Costa Rica-, coinciden en describir la familia como el n�cleo fundamental de la sociedad, sobre la que se construye la misma, asign�ndole al Estado la responsabilidad de protecci�n y asistencia.

 

El numeral 3� del art�culo 16 de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos establece que �la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci�n de la sociedad y del Estado�; esta definici�n fue reproducida en los mismos t�rminos en el numeral 1� del art�culo 17 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San Jos� de Costa Rica-[79]; por otro lado, el numeral 1� del art�culo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol�ticos[80] dispone que �la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protecci�n de la sociedad y del Estado�; y el numeral 1� del Pacto Internacional de los Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales[81] se�ala que �se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la m�s amplia protecci�n y asistencia posibles, especialmente para su constituci�n y mientras sea responsable del cuidado y la educaci�n de los hijos a su cargo�.

 

52.  Esta Corporaci�n ha definido el alcance del concepto de familia y, de manera general, ha se�alado que es �un fen�meno sociol�gico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida com�n, construida bien por la relaci�n de pareja, la existencia de v�nculos filiales o la decisi�n libre de conformar esa unidad familiar�[82]. De igual forma, ha sostenido que es un concepto din�mico, por lo que debe guardar correspondencia con la constante evoluci�n e interacci�n de las relaciones humanas, de modo que �no es posible fijar su alcance a partir de una concepci�n meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y sustanciales surgidos de las diversas maneras que tienen las personas de relacionarse y de la solidez y fortaleza de los v�nculos que puedan surgir entre ellos�[83].

 

Bajo ese entendido, la conformaci�n del grupo familiar no corresponde necesariamente a una estructura de tipo parental, sino que su existencia se determina a partir de la verificaci�n de los lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida com�n, seg�n se mencion� previamente[84]. Este Tribunal entiende entonces que �la Constituci�n Pol�tica de 1991, no solo protege un �nico concepto de familia, en tanto esta protecci�n se extiende a un sinn�mero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jur�dicas, no implica el desconocimiento como familia�.^[85]

 

De lo anterior surge el reconocimiento y la protecci�n equitativa de las diversas modalidades de familia, lo cual encuentra sustento adem�s en cuatro argumentos de �ndole constitucional, seg�n se explica a continuaci�n[86]:

 

(i) La protecci�n del derecho a la igualdad, la autonom�a y el libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha explicado que una de las v�as para la construcci�n de la familia es la �voluntad responsable de conformarla�, seg�n lo establece el art�culo 42 de la Constituci�n, lo que significa que involucra un amplio grado de autonom�a, esto es, que las personas pueden optar por �configurar su grupo familiar de acuerdo con su personal criterio, con la sola condici�n que se trate de una decisi�n responsable�[87]. 

 

(ii) La vigencia del derecho a la intimidad. Sobre el particular, este Tribunal ha se�alado que, en los t�rminos del art�culo 15 de la Carta, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal o familiar, por lo que cuando se privilegia injustificadamente una modalidad constitutiva de familia sobre otra, se est� afectando este derecho, en tanto el Estado invade la �rbita interna del sujeto,  al indicarle qu� modo de familia debe conformar con el fin de hacerse acreedor de la protecci�n jur�dica correspondiente[88]. 

 

(iii) La obligaci�n de tratamiento jur�dico paritario entre los hijos. Seg�n el inciso 7� del art�culo 42 de la Constituci�n, los hijos habidos en el matrimonio o fuera de �l, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cient�fica, tienen iguales derechos y deberes. A ra�z de lo anterior, la Corte ha establecido que existe un mandato imperativo de protecci�n jur�dica equitativa a los hijos, sin que puedan establecerse discriminaciones entre ellos por ninguna circunstancia, pues asumir una postura contraria implicar�a una distinci�n fundada en la naturaleza de la filiaci�n, la cual se encuentra prohibida por la Carta. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha referido que �lo previsto en el art�culo 42 C.P. no puede ser comprendido �nicamente como la igualdad entre los hijos, sino que tambi�n incorpora la necesidad de equiparar a las diferentes formas de filiaci�n y, de una manera m�s general, de v�nculo familiar fundado en caracter�sticas de car�cter material, seg�n se ha explicado en precedencia�[89].

 

(iv) La necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del pluralismo, como elemento definitorio del Estado Social y Democr�tico de Derecho. En cuanto a este argumento, la Corte ha indicado que la conformaci�n de la familia constitucionalmente protegida no se limita a las opciones que confiere la filiaci�n biol�gica, sino que adopta m�ltiples posibilidades, todas ellas sujeto de protecci�n, �no solo porque esto es corolario del reconocimiento de la diversidad al interior de la sociedad, sino debido a que es la concepci�n m�s garantista de los derechos de sus integrantes�[90].

 

De ese modo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la figura de la familia de una forma clara y precisa, demostrando adem�s que no existe una forma de familia inmodificable, sino que la misma responde al desarrollo social y puede estar constituida de diversas formas, tradicionales, monoparentales, de crianza, entre otras. Al respecto, en la sentencia T-292 de 2016 se�al�:

 

�El concepto de esta instituci�n social puede estudiarse, entre otras, desde dos �pticas, por lo general, complementarias entre s�. La primera, concibi�ndola como un conjunto de personas emparentadas por v�nculos naturales o jur�dicos, unidas por lazos de solidaridad, amor y respeto, y caracterizadas por la unidad de vida o de destino, presupuestos que, en su mayor�a, se han mantenido constantes. La segunda, se puede desarrollar en consideraci�n a sus integrantes, desde esta perspectiva el concepto de familia se ha visto permeado por una realidad sociol�gica cambiante que ha modificado su estructura. En este sentido se ha se�alado que �el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo�, porque �en una sociedad plural, no puede existir un concepto �nico y excluyente de familia, identificando a esta �ltima �nicamente con aquella surgida del v�nculo matrimonial�[91]

 

53.       En el �mbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha protegido la diversidad en las familias, y se han establecido directrices tendientes a garantizar el acceso en materia de derechos a todas sus formas, sin discriminaci�n. Por ejemplo, el Comit� de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observaci�n n�mero 19 sobre la familia, resalt� la importancia del art�culo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, sosteniendo que[92]:

 

�El Comit� observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definici�n uniforme del concepto. Sin embargo, el Comit� destaca que, cuando la legislaci�n y la pr�ctica de un Estado consideren a un grupo de personas como una familia, �ste debe ser objeto de la protecci�n prevista en el art�culo 23. (�) Cuando existieran diversos conceptos de familia dentro de un Estado, "nuclear" y �extendida�, deber�a precisarse la existencia de esos diversos conceptos de familia, con indicaci�n del grado de protecci�n de una y otra. En vista de la existencia de diversos tipos de familia, como las de parejas que no han contra�do matrimonio y sus hijos y las familias monoparentales, los Estados Partes deber�an tambi�n indicar en qu� medida la legislaci�n y las pr�cticas nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus miembros.�

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunci� de manera similar en el caso Atala Riffo y ni�as contra el Estado de Chile, estableciendo que no hay modelos espec�ficos de familia, en la medida en que la sociedad ha venido evolucionando y generando diferentes formas de convivencia y vida[93]:

 

�El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contempor�neas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos m�s incluyentes de todas las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptaci�n social de parejas interraciales, las madres o padres solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros momentos no hab�an sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el Derecho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y consolidar distintas formas de discriminaci�n violatorias de los derechos humanos.

(�)

En efecto, esta Corte considera que la imposici�n de un concepto �nico de familia debe analizarse no s�lo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, seg�n el art�culo 11.2 de la Convenci�n Americana, sino tambi�n, por el impacto que ello pueda tener en un n�cleo familiar, a la luz del art�culo 17.1 de dicha Convenci�n.�

 

54.  En definitiva, tanto en el plano internacional como la jurisprudencia constitucional se ha reconocido el concepto amplio de familia y, as� mismo, su �mbito de protecci�n m�s all� del concepto formal. Esta Corporaci�n ha desestimado la estructura parental de la familia como �nica reconocida en el ordenamiento jur�dico y ha fijado el alcance de su existencia a los lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida com�n, como par�metros que consolidan la conformaci�n del grupo familiar.

 

La familia de crianza es una de las tipolog�as reconocidas por la jurisprudencia constitucional, raz�n por la cual a continuaci�n la Sala se referir� al respecto, particularmente, sobre la protecci�n de los derechos pensionales en favor de los hijos de crianza.

 

Protecci�n a las familias de crianza. Reiteraci�n de jurisprudencia

 

55.  Esta Corporaci�n ha definido a la familia de crianza como aquella que no se conforma por v�nculos biol�gicos, sino por la comprobaci�n de criterios materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protecci�n constitucional[94]. Se trata de una figura de creaci�n jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en una relaci�n entre padres e hijos que no tienen un lazo consangu�neo ni jur�dico, y de caracter�sticas precisas que se abordar�n m�s adelante; y por el otro, ante la ausencia de regulaci�n sobre el particular en la legislaci�n colombiana.

 

Seg�n se desprende del art�culo 67 del C�digo de la Infancia y la Adolescencia, el Legislador reconoce que la figura de familia por lazos de solidaridad puede ocurrir y les da una prelaci�n a las personas que tengan a su cuidado a menores de edad sin lazos de consanguinidad, para que al momento de iniciar un proceso de adopci�n sean tenidos en cuenta de manera preferente. Pese a ello, no ha habido un desarrollo normativo amplio que aborde el tema de las familias de crianza y determine sus derechos y deberes en el ordenamiento jur�dico colombiano, para evitar inseguridad jur�dica al momento de buscar la satisfacci�n por parte de un miembro de una familia de crianza respecto de los beneficios patrimoniales o morales.

 

56.  Este reconocimiento ha sido producto, en su mayor�a, de pronunciamientos en fallos de revisi�n de tutela, por lo que se har� una referencia a las principales decisiones que sobre el particular ha adoptado esta Corporaci�n[95]:

 

En la sentencia T-495 de 1997 la Corte estudi� el caso de un soldado que falleci� en raz�n del servicio y sus padres de crianza, quienes asumieron su cuidado personal desde la ni�ez sin que se formalizara la relaci�n, solicitaron al Ej�rcito Nacional el pago de la indemnizaci�n prevista en la ley.  Esta prestaci�n les fue negada debido a la ausencia de v�nculo filial. En esa oportunidad se determin� que a pesar de no concurrir dicha formalizaci�n, se estaba ante una verdadera familia objeto de protecci�n, atendi�ndose a un criterio material para su conformaci�n.  Se destac� c�mo hab�a surgido entre el causante y los solicitantes �una familia que para propios y extra�os no era diferente a la surgida de la adopci�n o, incluso, a la originada por v�nculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianz� los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron�.

 

M�s adelante, en la sentencia T-586 de 1999 esta Corporaci�n revis� el caso de una menor a la que le fue negado un subsidio por parte de una caja de compensaci�n familiar, al no ser considerada hijastra, toda vez que la afiliada  -compa�era permanente del padre de la ni�a- no se encontraba casada con el progenitor de la menor. La Corte concluy� que esa distinci�n contrariaba tanto el mandato de protecci�n equitativa de las distintas formas de familia, como la igualdad ante los hijos, al considerar que �si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la uni�n de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminaci�n procedente de la clase de v�nculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son �hijastros� los hijos que aporta uno de los c�nyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compa�ero a una uni�n de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jur�dico no puede tolerar�.

 

Tiempo despu�s, mediante la sentencia T-606 de 2013 concedi� la protecci�n de los derechos de una persona trasgredidos por una empresa al no llevar a cabo el procedimiento administrativo requerido para inscribir a su hija de crianza como beneficiaria de ciertas prerrogativas convencionales, por no tener filiaci�n biol�gica. A juicio de este Tribunal, �el derecho de los ni�os a tener una familia se puede materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Pol�tica^[96], habida cuenta de que el primer espacio al cual el infante tiene derecho a pertenecer es su n�cleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones personales y afectivas m�s adecuadas para que su proceso de educaci�n moral y formaci�n ciudadana sea llevado a cabo cabalmente�.

 

En similar sentido se pronunci� a trav�s de la sentencia T-070 de 2015, en donde se neg� el subsidio educativo al hijo de crianza de un trabajador, en raz�n a que carec�a de una filiaci�n biol�gica o adoptiva, pues era hijo de su pareja. En esa ocasi�n se�al� que �[l]as familias conformadas por padres e hijos de crianza han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como aquellas que nacen por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensi�n y protecci�n, pero no por lazos de consanguinidad o v�nculos jur�dicos. Sin embargo, la protecci�n constitucional que se le da a la familia, tambi�n se proyecta a este tipo de familias�.

 

En reciente jurisprudencia, sentencia T-074 de 2016, estudi� el caso de un menor de edad que como hijo de crianza de su abuelo solicitaba el reconocimiento y pago de la pensi�n de sobrevivientes. En esa oportunidad, se dijo al respecto de la figura: �[e]sta protecci�n constitucional de la familia tambi�n se proyecta a aquellas conformadas por madres, padres e hijos de crianza; es decir, a las que no surgen por lazos de consanguineidad o v�nculos jur�dicos, sino por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensi�n y protecci�n. Lo anterior, puesto que el concepto de familia se debe entender en sentido amplio, e incluye a aquellas conformadas por v�nculos biol�gicos, o las denominadas �de crianza�, las cuales se sustentan en lazos de afecto y dependencia, y cuya perturbaci�n afecta el inter�s superior de los ni�os�.

 

Luego, en la sentencia T-354 de 2016, se analiz� el caso de una familia de crianza, donde uno de sus miembros ten�a derecho a beneficios contenidos en una convenci�n colectiva de trabajo, los cuales no pod�a extender a sus padres de crianza, pues la norma solo confer�a el beneficio a los padres biol�gicos o adoptivos. La Corte concluy� que esta distinci�n era contraria a la Constituci�n, aduciendo que �las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislaci�n y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los v�nculos entre sus miembros se han extendido m�s all� de los meramente jur�dicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto m�s amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la imposici�n de deberes�.

 

Posteriormente, en la sentencia T-525 de 2016 donde se revis� el caso de dos menores que solicitaban a Colpensiones el reconocimiento de la sustituci�n pensional de su abuelo, de quien alegaban ser hijos de crianza, se dijo puntualmente: �[s]e puede colegir que las familias de crianza son las que no necesariamente surgen por lazos de consanguinidad o v�nculos jur�dicos, sino principalmente por relaciones de facto que involucran sentimientos de afecto, respeto, solidaridad, comprensi�n y protecci�n que consolidan el n�cleo familiar (�) Se generan, normalmente, cuando padres de crianza toman como suyos hijos que en principio no lo son, ante la ausencia de uno o todos los integrantes de la familia consangu�nea o jur�dica. Estas familias generan derechos y obligaciones, y es responsabilidad del Estado concebir escenarios de protecci�n que faciliten el cumplimiento de sus deberes a las familias de crianza (�)�.

 

De igual modo lo consider� la Corte en la sentencia T-316 de 2017 cuando estudi� el caso de una persona a quien Ecopetrol le neg� la sustituci�n pensional por considerar que la entidad tiene un r�gimen especial y que la condici�n parental de nieto del pensionado fallecido no se encontraba incluida dentro de los beneficiarios legales. En esa ocasi�n, indic� que �en Colombia, como consecuencia de la evoluci�n de las relaciones humanas y de la aplicaci�n del principio de solidaridad, existen diferentes tipos de familia. Entonces, el derecho debe ajustarse a las realidades sociales, de manera tal que reconozca y brinde la protecci�n necesaria a las relaciones familiares, donde las personas no est�n unidas �nica y exclusivamente por v�nculos jur�dicos o biol�gicos, sino en virtud de los lazos de afecto, solidaridad, respeto, protecci�n y asistencia�.

 

As� pues, se vislumbra c�mo las definiciones que se han dado en diferentes providencias de esta Corporaci�n, manejan una misma l�nea conceptual respecto a las familias de crianza, describiendo sus caracter�sticas espec�ficas y otorg�ndoles las mismas preferencias en cuanto a los derechos y beneficios que tradicionalmente hab�an sido privativos de familias conformadas de forma natural o jur�dica.

 

57.  Recientemente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC6009-2018 del 9 de mayo de 2018[97], conoci� una acci�n de tutela interpuesta por una ciudadana contra el Juzgado de Familia de Soacha, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci�n de justicia, desconocidos por ese despacho judicial al rechazar una demanda por ella promovida con el objeto de que los se�ores Te�filo Romero R�os (q.e.p.d) y Berenice Romero de Romero fueran declarados sus padres de crianza, quienes asumieron ese rol desde que ella ten�a 3 a�os de edad. El juzgado accionado rechaz� esa demanda bajo el argumento de que �la figura de padres de crianza no existe en la ley y tampoco se halla previsto procedimiento para tramitarlo�[98] y porque �tampoco acredit� a trav�s de la prueba de ADN existencia de lazos de consanguinidad entre ella y los padres de crianza�[99].

 

Al conocer el asunto, la Sala Civil hizo referencia de manera preliminar al art�culo 42 de la Constituci�n y se�al� que, a partir de la definici�n del concepto de familia all� contenido, la jurisprudencia desarrollada por las Altas Cortes ha sido coincidente en ir m�s all� de los l�mites trazados en esa disposici�n, �entendiendo que la familia no solo se constituye por el v�nculo biol�gico o jur�dico, sino tambi�n a partir de las relaciones de hecho o crianza, edificadas en la solidaridad, el amor, la protecci�n, el respeto, en cada una de las manifestaciones inequ�vocas del significado ontol�gico de una familia�[100].

 

Luego de ello, cit� la jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se ha fijado el alcance de la protecci�n al n�cleo familiar, la cual no se predica �nicamente de la acepci�n r�gida normal concebida de anta�o, sino del criterio eminentemente sustancial[101]. As� mismo, hizo referencia a la sentencia SCE, 2 sep. 2009, rad. 17997 de la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, reiterada en la SCE, 11 jul. 2013, rad. 31252, en la cual se dijo que:

 

�[L]a familia no solo se constituye por v�nculos jur�dicos o de consanguinidad, sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir de la constataci�n de una serie de relaciones de afecto, de convivencia, de amor, de apoyo y solidaridad, que son configurativas de un n�cleo en el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una pareja, y el respeto rec�proco de los derechos y libertades de todos los integrantes. (�) [L]a familia no se configura solo a partir de un nombre y un apellido, y menos de la constataci�n de un par�metro o c�digo gen�tico, sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese conjunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el d�a a d�a, y que se refieren a ese lugar metaf�sico que tiene como ingredientes principales el amor, el afecto, la solidaridad y la protecci�n de sus miembros entre s�, e indudablemente, tambi�n a factores sociol�gicos y culturales�.

 

Acto seguido, la Corte Suprema destac� que a partir del reconocimiento dado por la v�a jurisprudencial a las familias de crianza, se han reconocido derechos patrimoniales para sus integrantes, como sucedi� en las sentencias T-459 de 1997, T-586 de 1999, T-403 de 2011, T-606 de 2013, T-233 de 2015, T-074 de 2016 y T-177 de 2017 de la Corte Constitucional, y en la sentencia 18846 del 16 de marzo de 2008 proferida por la Secci�n Tercera del Consejo de Estado, a partir de la cual se admiti� el v�nculo de crianza como forma v�lida de familia, reconoci�ndole a cualquiera de sus integrantes legitimidad para reclamar el resarcimiento de perjuicios por da�os antijur�dicos imputables al Estado.

 

Sobre el caso concreto, concluy� que el operador judicial incurri� en un defecto sustantivo, pues sin detenerse a verificar si la demanda reun�a los requisitos formales del C�digo General del Proceso se apresur� a rechazarlo bajo un argumento que no constituye una causal enunciada en la norma. Si bien encontr� que el juez err� en su decisi�n, resalt� que con ello no se indicaba que la pretensi�n de la demandante deb�a ser acogida por el juzgador al momento de dictar sentencia, sino que se pretend�a poner de presente �la existencia de m�ltiples decisiones judiciales que evidencian una situaci�n sensible en el devenir humano, que por lo menos amerita dar curso a la demanda, con independencia  de la resoluci�n final que se adopte�.

 

Con sustento en ello, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revoc� el fallo de primera instancia que neg� el amparo invocado y, en su lugar, orden� al Juzgado de Familia de Soacha, dejar sin efectos el auto mediante el cual se rechaz� la demanda interpuesta por la accionante y adoptar las medidas pertinentes para dar tr�mite al proceso.

 

58.  Se puede interpretar entonces que la familia de crianza naci� como una necesidad de brindar protecci�n a los menores que resultaban en estado de abandono por parte de sus padres biol�gicos, ya que estos no pod�an o no ten�an la voluntad de velar por su integridad y cuidados b�sicos, por lo que otras personas voluntariamente se hac�an con dicha obligaci�n de crianza y protecci�n de forma permanente, sin la intervenci�n del Estado, generando as� una relaci�n interpersonal estrecha de aprecio, acompa�amiento y apoyo continuo, tanto econ�mico como emocional, que se evidencia claramente por parte de la sociedad, de tal manera que sean vistos como una familia tradicional.

 

En ese sentido, es deber del Estado colombiano velar por la protecci�n de los derechos de las familias de crianza sin discriminaci�n alguna, ofreciendo las mismas garant�as y prerrogativas, toda vez que al generarse este tipo de relaciones, se crea impl�citamente en ellas la expectativa de que recibir�n el mismo trato y beneficios de una familia con lazos naturales, en cuanto al v�nculo padre e hijo, teniendo de esta manera la posibilidad de acceder tanto a indemnizaciones, como a prestaciones que le corresponder�an por derecho a sus familiares.

 

Derecho a la sustituci�n pensional para hijos de crianza en condici�n de discapacidad

 

59.  Como se expuso en ac�pites anteriores, la legislaci�n en materia laboral determina cu�les son los parentescos y uniones que se deben verificar para efectos del reconocimiento de la sustituci�n pensional.

 

Esta Corporaci�n  ha sostenido que debe garantizarse la igualdad de trato a todas las familias, incluyendo la verificaci�n de los requisitos para acceder a tales derechos pensionales. Al respecto, ha resaltado que �limitar la protecci�n de estos derechos a las familias expresamente reconocidas por mecanismos formales y jur�dicos no se compagina con los fines del Estado en materia de protecci�n, ni con las manifestaciones propias del principio de solidaridad, ya que la voluntad del constituyente ha sido la de defender la maleabilidad del v�nculo familiar en el marco de un Estado pluricultural�[102].

 

Bajo ese entendido es que ha protegido todas las formas de familia superando las concepciones b�sicas de aquellas que han sido creadas por v�nculos de consanguinidad y/o formalidades jur�dicas. Por esa raz�n, ha reconocido a los hijos y padres de crianza sus derechos en igualdad de condiciones a las dem�s familias. Por ejemplo, en la sentencia T-074 de 2016 reconoci� el derecho a la pensi�n de sobrevivientes de las familias de crianza determinando la existencia de una familia por asunci�n solidaria de la paternidad, a partir de la figura del co-padre de crianza, bajo las siguientes consideraciones:

 

�De esta manera, el reconocimiento y protecci�n de esa relaci�n material que surge dentro de la familia, se extiende a todos los �mbitos del derecho, por lo que es claro que los hijos de crianza por asunci�n solidaria de la paternidad, son beneficiarios de la pensi�n de sobrevivientes, al igual que los naturales y adoptados, toda vez que la Ley 100 establece como beneficiarios a los hijos del causante.

 

Este reconocimiento encuentra fundamento en el principio de solidaridad, y en la igualdad, ya que todos los hijos son iguales ante la ley, y gozan de los mismos derechos y merecen una protecci�n similar.

 

Adicionalmente, la naturaleza y finalidad de la prestaci�n misma permite la creaci�n de esta regla puesto que el objetivo de la pensi�n de sobrevivientes es amparar a los beneficiarios de un afiliado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones al momento de su fallecimiento. Para as� obtener una suma econ�mica que les facilite suplir el auxilio material con que les proteg�a antes de su muerte�.[103] (Resaltado fuera de texto).

 

En esa sentencia tambi�n se explic� que la expresi�n hijos contenida en el literal b) del art�culo 47 de la Ley 100 debe entenderse en sentido amplio, esto es, incluyendo como beneficiarios a los hijos naturales, adoptivos, de simple crianza y de crianza, por asunci�n solidaria de la paternidad.

 

Entre tanto, en la sentencia T-525 de 2016 abord� el asunto de un joven que promovi� acci�n de tutela en nombre propio y como agente oficioso de su hermana menor, en contra de Colpensiones, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, al m�nimo vital y a la seguridad social, debido a que no se les concedi� la sustituci�n pensional de su abuelo. En esa ocasi�n, se dijo respecto de la sustituci�n pensional para hijos de crianza, lo siguiente:

 

�Queda claro, entonces, que la figura de la pensi�n de sobrevivientes, o la sustituci�n pensional de ser el caso puede llegar a proceder en favor de los hijos de crianza en condiciones de igualdad a los hijos de las otras formas y tipolog�as de familia, siempre y cuando se den las condiciones para tal sustituci�n, as� como algunos presupuestos que permitan entrever la existencia de una familia de crianza. Estos �ltimos deben ser analizados en cada caso concreto por parte del juez o las instituciones administradoras de pensiones, sin acudir a ninguna clase de taxatividad, ya que lo que primar� al final ser�n las particularidades de cada caso. Lo anterior, con el fin de no vulnerar los derechos a la igualdad de que puede llegar a tener una familia de crianza, as� como los derechos al m�nimo vital, dignidad y seguridad social de sus miembros, que quedan en una situaci�n de desamparo ante la muerte de quien garantizaba, a partir de sus aportes econ�micos y emocionales, el adecuado desarrollo del hogar�[104].

 

60.  Teniendo claro, entonces, que la sustituci�n pensional procede en favor de los hijos de crianza, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en la ley para tal sustituci�n, se deben acreditar adicionalmente los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de una familia de crianza, los cuales han sido delimitados por la jurisprudencia de esta Corporaci�n en los siguientes t�rminos[105]:

 

(i) La solidaridad. Se eval�a en la causa qu� motiv� al padre o madre de crianza a generar una cercan�a con el hijo, que deciden hacer parte del hogar y al cual brindan un apoyo emocional y material constante y determinante para su adecuado desarrollo. Esta se encuentra justificada en los art�culos 1 y 95 de la Constituci�n, la jurisprudencia constitucional y en el art�culo 67 del C�digo de la Infancia y la Adolescencia. 

 

(ii) Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas). Se sustituyen los v�nculos consangu�neos o civiles por relaciones de facto. Podr� observarse si el padre de crianza tiene parentesco con el hijo, pero no ser� determinante en la evaluaci�n de la existencia de la familia de crianza, ya que en la b�squeda de la prevalencia del derecho sustancial se privilegiar� la crianza misma as� provenga de un familiar.

 

(iii) La dependencia econ�mica. Se genera entre padres e hijos de crianza que hace que estos �ltimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna sin la intervenci�n de quienes asumen el rol de padres. Es el resultado de la asunci�n del deber de solidaridad, las normas legales y constitucionales que regulan la instituci�n de la familia y las disposiciones que buscan garantizar ambientes adecuados para los menores, como el C�digo de la Infancia y la Adolescencia, que generan el surgimiento de los dem�s deberes que acarrea la paternidad responsable.

 

(iv) V�nculos de afecto, respeto, comprensi�n y protecci�n. Se pueden verificar con la afectaci�n moral y emocional que llegan a sufrir los miembros de la familia de crianza en caso de ser separados, as� como en la buena interacci�n familiar durante el d�a a d�a.

 

(v) Reconocimiento de la relaci�n padre y/o madre, e hijo. Esta relaci�n debe existir, al menos impl�citamente, por parte de los integrantes de la familia y la cual debe ser observada con facilidad por los agentes externos al hogar.

 

(vi) Existencia de un t�rmino razonable de relaci�n afectiva entre padres e hijos. La relaci�n familiar no se determina a partir de un t�rmino preciso, sino que debe evaluarse en cada caso concreto con plena observancia de los hechos que rodean el surgimiento de la familia de crianza y el mantenimiento de una relaci�n estable por un tiempo adecuado para que se entiendan como una comunidad de vida. Es necesario que transcurra un lapso que forje los v�nculos afectivos.

 

(vii) Afectaci�n del principio de igualdad. Se configura en id�nticas consecuencias legales para las familias de crianza, como para las biol�gicas y jur�dicas, en cuanto a obligaciones y derechos y, por tanto, el correlativo surgimiento de la protecci�n constitucional. En la medida en que los padres de crianza muestren a trav�s de sus actos un comportamiento tendiente a cumplir con sus obligaciones y deberes en procura de la protecci�n y buen desarrollo de los hijos, se tendr� claro que act�an en condiciones similares a las dem�s familias, por lo que ser�n beneficiarias de iguales derechos y prestaciones.

 

Estos presupuestos deben ser evaluados de acuerdo a las circunstancias propias de cada caso, y pueden ser m�s amplios o restringidos conforme cada situaci�n o familia. Por ejemplo, el �ltimo de ellos, referido a la igualdad solo se podr�a analizar en aquellos casos en los que se encuentre a una familia que ha sido discriminada o tratada en forma desigual por ser una uni�n de facto[106].

 

61.       En conclusi�n, para esta Corporaci�n no se debe distinguir la naturaleza de la relaci�n familiar que se tenga entre hijo y padre, al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional por medio de la figura de la sustituci�n, cuando se produce el fallecimiento del titular de la prestaci�n; en consecuencia, a las entidades estatales o particulares encargados del reconocimiento de dicha prestaci�n, les est� prohibido realizar distinciones entre familias configuradas por v�nculos de facto, pues ello se traduce en la vulneraci�n de los derechos fundamentales que los revisten como parte de un grupo familiar. En todo caso, se deber� analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la sustituci�n pensional y constatar la configuraci�n de los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de la familia de crianza.

 

Con los elementos de juicio explicados en los cap�tulos precedentes, entrar� la Sala de Revisi�n a evaluar el caso concreto.

 

El caso concreto

 

Breve presentaci�n del asunto

 

62.       El representado Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, de 40 a�os de edad, fue abandonado por su madre biol�gica el d�a de su nacimiento y de su padre biol�gico no se conoce su paradero. Desde ese momento, Clementina Aragon�s, t�a de la madre de Pedro Pablo, y Agobardo C�rdoba, su esposo y padre del se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, se hicieron cargo �l. El 4 de agosto de 2011, Agobardo C�rdoba decidi� registrar a Pedro Pablo con su apellido, en la Notar�a de Andaluc�a de Cali.

 

Cuando ten�a diez a�os empez� a presentar ciertas dificultades en su comportamiento, como no continuar con sus estudios y consumir drogas, por lo que el se�or Agobardo C�rdoba se vio en la obligaci�n de internarlo en centros de rehabilitaci�n en varias oportunidades. Actualmente, se encuentra en una casa de paso llamada Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza, donde se pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitaci�n �donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental (sic), esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran $1.500.000�[107].

 

El se�or Agobardo C�rdoba prest� sus servicios a la Empresa Ingenio Riopaila S.A., y el 21 de mayo de 1986 el Instituto de Seguros Sociales le reconoci� la pensi�n de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla.  El 30 de marzo de 2014 el se�or Agobardo C�rdoba falleci�, raz�n por la cual su hijo, Agobardo C�rdoba Aragon�s, solicit� tanto a Colpensiones como a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo C�rdoba, el reconocimiento de la sustituci�n pensional. Esta prestaci�n fue reconocida por Colpensiones a favor de Pedro Pablo en calidad de hijo en condici�n de invalidez con una p�rdida de capacidad laboral del 70.25%, mientras que la sociedad Riopaila Castilla S.A., neg� la solicitud al considerar que una vez revisada la documentaci�n, la realizaci�n de dos visitas domiciliarias y la pr�ctica de otras pruebas, �el se�or Pedro Pablo C�rdoba (registrado como Pablo Aragon�s) realmente es sobrino pol�tico del se�or Agobardo, hijo de una hermana de quien fuera su esposa, la se�ora Rubiela Aragon�s y no hijo del mencionado se�or�[108].

 

En virtud de lo anterior, el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s instaur� acci�n de tutela en calidad de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al m�nimo vital, a una vida digna y a la igualdad. Solicit� que se le ordenara a la empresa accionada reconocer la sustituci�n pensional, incluyendo la liquidaci�n y el pago retroactivo desde la fecha en la que se consolid� su derecho, esto es, el 31 de marzo de 2014.

 

63.  La sociedad Riopaila Castilla S.A., resalt� que desde un principio la petici�n formulada por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s era hijo natural de Agobardo C�rdoba, y no hijo de crianza como se evidenci� posteriormente. Puso de presente que el actor tambi�n se present� como hermano natural del se�or Pedro Pablo C�rdoba ante el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali, que conoci� el proceso de interdicci�n judicial, y ante Colpensiones, toda vez que la resoluci�n mediante la cual se reconoce la pensi�n de sobrevivientes en ning�n aparte considera la condici�n de hijo de crianza del causante, sino de hijo natural.

 

Destac� que en el Registro Civil de Nacimiento original se registr� como nombre �Pedro Pablo Aragon�s�, pero solo hasta 2011, esto es, tres a�os antes de la muerte de Agobardo C�rdoba, se modific� dicho registro incluyendo el apellido de este �ltimo. Adicionalmente, expuso que durante la ejecuci�n del contrato de trabajo, el se�or Agobardo C�rdoba nunca inscribi� a Pedro Pablo C�rdoba como hijo natural ni como hijo de crianza.

 

64.  El Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali declar� improcedente el amparo invocado, al considerar que se trata de un asunto que debe ser valorado ante la jurisdicci�n ordinaria laboral, por lo que no se acredit� el requisito de subsidiariedad. Advirti� que tampoco se cumpli� con el requisito de inmediatez, por cuanto las circunstancias f�cticas que originaron la solicitud de amparo constitucional ocurrieron el 30 de marzo de 2014 cuando falleci� el causante y solo hasta el 25 de septiembre de 2017 fue interpuesta la acci�n de tutela, es decir, m�s de tres a�os despu�s. Por �ltimo, en relaci�n con la afectaci�n al m�nimo vital encontr� que Colpensiones reconoci� y orden� el pago de la pensi�n solicitada con una mesada de $737.717 y un retroactivo de $25.421.304, suma que consider� suficiente para satisfacer las necesidades enunciadas en sede de tutela, referentes al tratamiento que requiere el se�or Pedro Pablo C�rdoba para su problema de drogadicci�n.

 

65.  Esta decisi�n fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali. Aclar� que el a quo err� en la interpretaci�n sobre el requisito de inmediatez, pues la causa que origin� la acci�n obedeci� a la negativa de la empresa accionada de reconocer la sustituci�n pensional, lo cual ocurri� tan solo dos meses antes de la interposici�n del amparo. Sin embargo, estim� que no se demostr� de manera contundente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera viable la intervenci�n del juez de tutela, pues el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial.

 

66.  En sede de revisi�n, la sociedad Rioapaila Castilla S.A., inform� que la �ltima mesada pensional que recibi� el se�or Agobardo C�rdoba en el a�o 2014 fue por un valor de $616.000[109]. Por su parte, el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, a trav�s de apoderado judicial, anex� varios documentos a trav�s de los cuales inform� sobre los ingresos y egresos de �l y de los familiares que tienen a su cargo el sostenimiento de Pedro Pablo C�rdoba. Colpensiones indic� que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A., est� acreditada la falta de legitimaci�n por pasiva de esa entidad. Aclar� que esa administradora reconoci� la sustituci�n pensional luego de que el beneficiario acreditara con los documentos pertinentes ser dependiente del causante y estar en situaci�n de discapacidad. La Nueva EPS inform� que el se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s: i) estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el documento de identificaci�n del cotizante corresponde al del se�or Agobardo C�rdoba; ii) Pedro Pablo C�rdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS desde el 1� de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante.

 

Legitimaci�n en la causa por activa

 

67.  En primer lugar, es preciso hacer menci�n a la calidad por medio de la cual act�a el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s, pues interpuso la acci�n de tutela como curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s.

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del art�culo 62 del C�digo Civil las personas incapaces de celebrar negocios ser�n representadas por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de 18 a�os no sometidos a patria potestad y sobre las personas en condici�n de discapacidad mental, disipadores y sordomudos que no pudieren darse a entender.

 

En el caso que ahora estudia el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s manifiesta de manera expresa en el escrito de tutela que act�a �en calidad de curador leg�timo del se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, designado mediante sentencia de interdicci�n No. 260 proferida el 31 de octubre de 2016, por el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad, mediante la cual decreta la interdicci�n judicial definitiva por discapacidad mental absoluta�[110].

 

De otra parte, es preciso se�alar que la persona en cuya representaci�n se act�a no se encuentra en condiciones f�sicas ni mentales de promover su defensa, pues lo se�alado por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s est� debidamente acreditado en el expediente, con los siguientes documentos:

 

(i) Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicci�n judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo C�rdoba Aragon�s, de la cual se extrae lo siguiente[111]: �PRIMERO. DECLARAR EN INTERDICCI�N JUDICIAL DEFINITIVA por discapacidad mental absoluta a Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s (�) TERCERO. DESIGNAR a AGOBARDO C�RDOBA ARAGON�S, (�) en su condici�n de hermano como curador leg�timo de PEDRO PABLO C�RDOBA ARAGON�S (�)�.

 

(ii) Copia del acta de la diligencia de posesi�n  de Agobardo C�rdoba Aragon�s en el cargo de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali[112].

 

(iii) Copia del dictamen de p�rdida de capacidad laboral del se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, emitido por el Grupo M�dico Laboral de Colpensiones, donde se dictamina una PCL del 70.25% por enfermedad de origen com�n y con fecha de estructuraci�n del 8 de febrero de 2012[113].

 

68.  Bajo los anteriores t�rminos, se encuentra acreditado que el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s est� legitimado para actuar en representaci�n del se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s.

 

Legitimaci�n en la causa por pasiva

 

69.  De conformidad con lo dispuesto en los art�culos 13[114] y 42[115] del Decreto 2591 de 1991, se puede invocar la acci�n de tutela contra una autoridad p�blica o un particular que haya vulnerado o amenazado alg�n derecho de rango constitucional fundamental. Al respecto, esta Corporaci�n ha se�alado que la legitimaci�n pasiva en la acci�n de tutela hace referencia a la �aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acci�n, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneraci�n o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal que exige que la persona contra quien se incoa la tutela sea la autoridad o el particular que efectivamente vulner� o amenaza vulnerar el derecho fundamental�[116].

 

70.  En el caso que se revisa, la acci�n de tutela fue interpuesta contra la sociedad Riopaila Castilla S.A., y durante el tr�mite de la acci�n de tutela el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali, que conoci� el asunto en primera instancia, vincul� a Colpensiones y la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza.

 

La Corte encuentra acreditada la legitimaci�n en la causa por pasiva respecto de la sociedad Riopaila Castilla S.A., pues es la empresa llamada a responder por la vulneraci�n alegada en esta oportunidad. En efecto, de hallarse demostrada la violaci�n de los derechos fundamentales, deber� ser dicha sociedad la que asuma lo concerniente al reconocimiento del derecho pensional, en tanto era la que ten�a a cargo el pago de la pensi�n que en vida le fue concedida al causante Agobardo C�rdoba.

 

Sin embargo, a juicio de la Sala, Colpensiones y la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza no est�n llamadas a responder en este caso, por cuanto el asunto se circunscribe a determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s al negarle el reconocimiento de la sustituci�n pensional del se�or Agobardo C�rdoba, de quien se alega ser su hijo de crianza. Por una parte, la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza es el lugar de paso donde actualmente se encuentra internado el representado, pero respecto de la cual no se alega ning�n tipo de vulneraci�n. Por otra, seg�n se desprende del material probatorio que obra en el expediente, Colpensiones reconoci� la sustituci�n pensional en la parte que le corresponde, por lo que no puede endilgarse alg�n tipo de responsabilidad respecto de esta entidad.

 

71.  Bajo ese entendido, la Sala dispondr� la desvinculaci�n de Colpensiones y la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza, del tr�mite de esta tutela.

 

An�lisis de los requisitos de procedencia de la acci�n de tutela

 

72.  En cuanto al requisito de subsidiariedad, sea lo primero se�alar que el C�digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el numeral 4�  del art�culo 2�, establece que es competencia de la jurisdicci�n ordinaria conocer de �[l]as controversias relativas a la prestaci�n de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad m�dica y los relacionados con contratos.�. De ah� que, la existencia de dicho medio, en principio, permite al se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s acudir ante esa jurisdicci�n para aportar los elementos probatorios y jur�dicos para obtener la sustituci�n pensional en favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s.

 

Seg�n se expuso en ac�pites precedentes, aun cuando el derecho a la seguridad social ostenta un car�cter fundamental, tal particularidad no puede ser confundida con la posibilidad de hacerlo efectivo, en todos los casos, por medio de la acci�n de tutela. Sin embargo, este mecanismo constitucional procede de manera excepcional para reclamar el reconocimiento de la sustituci�n pensional, a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario id�neo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, el cual se configura, en estos casos, cuando se viola o amenaza el derecho al m�nimo vital del peticionario y/o de su familia por la ausencia de la referida prestaci�n.

 

Esta Corporaci�n ha se�alado que frente a la presunci�n de afectaci�n al m�nimo vital, pese a la informalidad de la acci�n de tutela, el accionante debe acompa�ar a su afirmaci�n de que le asiste el derecho alguna prueba siquiera sumaria o esta debe ser decretada por el juez de tutela, de oficio[117]. Por otro lado, ha establecido que el estudio de la procedencia de la acci�n de tutela en esta clase de asuntos deben responder a un �criterio amplio� cuando quien la presente tenga el car�cter de sujeto de especial protecci�n constitucional, lo que significa que el an�lisis debe efectuarse con una �ptica, �si bien no menos rigurosa, s� menos estricta, para as� materializar, en el campo de la acci�n de tutela, la particular atenci�n y protecci�n que el Constituyente otorg� a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad� ^[118].

  

Finalmente, es necesario recordar que el excepcional reconocimiento del derecho a la sustituci�n pensional por v�a de tutela se encuentra sometido, adem�s, a una �ltima condici�n de tipo probatorio, consistente en: i) que el accionante haya agotado alg�n tr�mite administrativo o judicial tendiente a obtener el reconocimiento de tal prestaci�n; y ii) que en el expediente est� acreditada la procedencia del derecho impetrado[119].

 

En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que la persona en favor de quien se presenta la acci�n de tutela es un sujeto de especial protecci�n constitucional en raz�n a su condici�n de discapacidad, situaci�n que a su vez le impide proveerse los medios para una subsistencia digna. Aunque las controversias referentes al reconocimiento de la sustituci�n pensional se deben ventilar ante la justicia laboral, dicho medio carece de eficacia para proteger los derechos fundamentales al m�nimo vital y la vida en condiciones dignas del representado.

 

Si bien a Pedro Pablo C�rdoba le fue reconocida la sustituci�n pensional por parte de Colpensiones en un valor de $737.717, el curador leg�timo puso de presente que dicha suma es insuficiente para solventar las necesidades b�sicas del representado, las cuales se suplen con los aportes que, en la medida de lo posible, realizan quienes asumieron su cuidado. Lo anterior, se sustenta en las declaraciones extra juicio allegadas en sede de revisi�n y de las cuales se deriva que los ingresos y los gastos asumidos por Agobardo C�rdoba Aragon�s, Nohoralba Aragon�s, Mar�a Felinda C�rdoba Aragon�s y Sigifredo C�rdoba Aragon�s no son suficientes para cubrir de lo que en vida era sufragado por Agobardo C�rdoba.

 

-         Si bien el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s percibe aproximadamente $1.200.000 mensuales, le quedan libres $192.000, con lo que sufraga los gastos de vestido y recreaci�n, y ayuda a su hermano de crianza Pedro Pablo C�rdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordo�ez.

 

-         Mar�a Felinda C�rdoba Aragon�s recibi� una indemnizaci�n sustitutiva, trabaja como auxiliar de servicios dom�sticos �y en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos env�a gallinas y frutos del campo�.

 

-         Sigifredo C�rdoba Aragon�s tampoco es pensionado y �se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ah� ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dej� nuestro padre, ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo�[120].

 

-         Nohoralba Aragon�s, si bien tiene un ingreso de $2.287.422, sus egresos ascienden a la suma de $2.185.000, por lo que �no alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitaci�n donde le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha tenido avance en la recuperaci�n de su salud y en otro lugar nos cuesta $1.500.000�[121].

 

Lo anterior, se corrobora adem�s con los recibos de pago y constancias de cr�ditos bancarios, que fueron anexados en sede de revisi�n.

 

Bajo ese entendido, es clara la premura de  la intervenci�n del juez constitucional para proteger el derecho a la seguridad social y la vida en condiciones dignas de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s.

 

73.  Ahora bien, en cuanto al requisito de inmediatez, la Sala observa que el mismo se encuentra acreditado, una vez revisadas las actuaciones efectuadas por el curador luego del fallecimiento del se�or Agobardo C�rdoba.

 

-         El 20 de agosto de 2014, esto es, 5 meses y 9 d�as despu�s del fallecimiento del causante, solicit� ante Riopaila Castilla S.A., la sustituci�n pensional a favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s[122].

 

-         El 12 de septiembre de 2014 la empresa le inform� que requer�a informaci�n sobre el curador leg�timo del beneficiario y el porcentaje de p�rdida de capacidad laboral[123].

 

-         Ante dicho requerimiento, inici� el proceso de calificaci�n de p�rdida de capacidad laboral, as� como el tr�mite de interdicci�n judicial. El primero, culmin� el 4 de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determin� una p�rdida de capacidad laboral del 70.25%[124]. El segundo, finaliz� con la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado S�ptimo de Familia de Oralidad de Cali design� como curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba al se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s[125].

 

-         El 22 de diciembre de 2016, solicit� nuevamente la sustituci�n pensional ante la empresa, recibiendo la respuesta el 29 de junio de 2017.

 

La tutela fue interpuesta el 25 de septiembre de 2017, esto es, tres meses despu�s de recibir la respuesta que se considera vulneratoria de los derechos fundamentales de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, lo que a juicio de la Sala es un t�rmino razonable para acudir al amparo constitucional.  

 

An�lisis de fondo

 

74.  Superado el an�lisis de procedibilidad de la acci�n de tutela, la Corte debe examinar si se cumplen los presupuestos para la determinaci�n de acceso a la sustituci�n pensional trat�ndose de una familia de crianza, de conformidad con lo se�alado en ac�pites precedentes:

 

(i)  La solidaridad

 

Del escrito tutelar y las declaraciones extra juicio anexadas al expediente, se determin� que las circunstancias por las cuales el se�or Agobardo C�rdoba y su esposa Clementina Aragon�s acogieron a Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s en su hogar, como hijo se crianza, fueron que su madre natural lo abandon� en el Hospital donde naci�, nunca se conoci� qui�n era su padre y desde su nacimiento tuvo m�ltiples problemas de salud, que solo al cuidado de sus padres de crianza, pudo superar.

 

El se�or Agobardo C�rdona Aragon�s indic� en el escrito de la tutela que: i) Agobardo C�rdoba y Clementina Aragon�s se hicieron cargo de Pedro Pablo desde el d�a que naci�, debido a que la madre biol�gica lo abandon�[126]; ii) fue bautizado por el se�or Agobardo C�rdoba como padre, pues no se conoc�a el paradero de su progenitor[127]; iii) Agobardo C�rdoba decidi� darle el apellido el 4 de agosto de 2011 �pues lo amaba mucho, le daba todo lo necesario�[128].

 

El 24 de noviembre de 2011 los se�ores Luis Arnulfo Rayo P�rez y Luzmila Rivera de Victoria declararon que:

 

�Conocemos desde hace m�s de 30 a�os de vista, trato y comunicaci�n al se�or Agobardo C�rdoba, (�) quien es nuestro vecino. (�) Sabemos y nos consta que el se�or Agobardo C�rdoba es quien le suministra todo lo necesario a su hijo discapacitado el se�or Pedro Pablo C�rdoba tales como vestuario, alimentaci�n, vivienda, medicamento, etc, puesto que viven bajo el mismo techo�[129].

 

El 13 de septiembre de 2017 el se�or Rosenber Cata�o Jaramillo y la se�ora Gloria Josefa Cata�o Jaramillo declararon lo siguiente:

 

�Cuando naci� Pedro Pablo, quien era hijo de Rubiela Aragon�s, persona aue padec�a de retardo mental, quien lo abandon� en el hospital desde el momento en que naci�, a los esposos el se�or Agobardo C�rdoba y Clementina Aragon�s (t�a de Rubiela) en el hospital le entregaron al ni�o que naci� con muchas deficiencias, a tal punto que no ten�a talla normal de un beb� (�) Se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar dado que nunca se conoci� qui�n era el padre biol�gico, le brindaron apoyo econ�mico, emocional y material determinante para su crianza (�) Como el padre ni la madre biol�gica lo reconocieron como hijo fue recogido por los esposos siendo este un reci�n nacido con la intenci�n de asumirlo como propio con todas las obligaciones�[130].

 

De igual forma, el 20 de septiembre de 2017 Nohoralba Aragon�s declar� que:

 

�Soy hermana de crianza de Pedro Pablo C�rdoba, no soy hija de Agobardo C�rdoba, sino de Clementina Aragon�s su esposa, soy la hija mayor. Mi mam� tambi�n fallecida siempre lo que iba hacer (sic) me lo hac�a saber. Cuando Rubiela Aragon�s sobrina de mi mam� fue a dar a luz hizo que llamaran a mi mam�. Ella inmediatamente me llam� aqu� a Cali donde vivo. Desde ese d�a Pedro Pablo qued� al cuidado de mi mam� Clementina y su esposo Agobardo C�rdoba era el que respond�a por todos los gastos de alimentaci�n, educaci�n, ropa, bienestar del hogar conformado por Sigifredo, Agobardo, Mar�a Felinda, Pedro Pablo. Siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento nos dec�a que no le fu�ramos a desamparar a Pedro Pablo. Yo desde ac� de Cali siempre he estado pendiente por todos ellos y ayud�ndoles en todo lo que m�s he podido. Aqu� en Cali siempre llevo a Pedro al siquiatra y lo tengo por ahora en un centro, espero una ayuda m�s para colocarlo en un lugar donde se pueda rehabilitar como debe ser�[131].

 

(ii) Reemplazo de la figura paterna o materna (o ambas):

 

Del an�lisis del expediente se pudo concretar que hubo un reemplazo de ambas figuras, tanto paterna como materna, en la vida de Pedro Pablo C�rdoba, ya que desde su nacimiento las personas que estuvieron a su cuidado fueron Clementina Aragon�s y Agobardo C�rdoba, como sus padres de facto. Aunque es claro que su madre de crianza, era a su vez t�a de su madre natural, este aspecto no es �bice para que se desvirt�e la figura que se estudia.

 

Adem�s de las declaraciones extra juicio citadas y de lo manifestado por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s en el escrito de tutela, en el expediente se encuentran varios documentos que dan cuenta del reemplazo de las figuras paterna y materna.

 

Por ejemplo, est� la nota de urgencias psiqui�tricas emitida por el Hospital Departamental Siqui�trico Universitario del Valle el 15 de mayo de 2003, ante el ingreso de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, donde se registra como padres a Agobardo C�rdoba y a Clementina Aragon�s[132]. As� mismo, en la historia cl�nica de Pedro Pablo emitida por ese mismo hospital, se consigna: �paciente asiste a consulta de control despu�s de 9 a�os, viene en compa��a de su familiar quien manifiesta que �l se crio como su hermano pero en realidad fue acogido en su hogar recogido en un hospital y que su madre biol�gica ten�a problemas mentales (�)�[133]. De igual modo, la certificaci�n expedida por el m�dico siquiatra Juan Pablo Villamar�n, sobre el estado de salud de Pedro Pablo, donde se registra: �paciente con antecedente de retardo psicomotor y esquizofrenia, quien adem�s consume marihuana y basuco (sic) cada vez que �se vuela�, nunca ha trabajado y su cuidado corr�a a cargo de sus padres adoptivos y una vez fallecen a cargo de sus hermanas (�)�[134].

 

(iii) La dependencia econ�mica

 

Seg�n se rese�� previamente, en las declaraciones extra juicio adjuntadas al expediente, tanto los se�ores Luis Arnulfo Rayo P�rez y Luzmila Rivera de Victoria, y Rosenber Cata�o Jaramillo y Josefa Cata�o Jaramillo, como su hermana de crianza, Nohoralba Aragon�s, manifestaron bajo la gravedad de juramento que el se�or Agobardo C�rdoba fue quien vel� por las necesidades b�sicas de Pedro Pablo desde su nacimiento, como lo fue �gastos de alimentaci�n, educaci�n, ropa, bienestar del hogar� por lo que sin esta intervenci�n econ�mica de su padre de crianza, el se�or Pedro Pablo no habr�a tenido un adecuado desarrollo.

 

Cabe se�alar adem�s, que a partir del fallecimiento del se�or Agobardo C�rdoba, los hijos de este, se hicieron cargo econ�micamente de su hermano de crianza, a ra�z de su estado de interdicci�n por discapacidad mental absoluta, reconocida judicialmente.

 

La dependencia econ�mica qued� igualmente demostrada con el reconocimiento de la sustituci�n pensional por parte de Colpensiones. Mediante la Resoluci�n GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 esa entidad accedi� a dicha prestaci�n teniendo en cuenta, entre otros documentos, las declaraciones extra juicio rendidas por terceros, allegadas como medio probatorio en la reclamaci�n del derecho pensional, las cuales daban cuenta de la dependencia econ�mica del peticionario del causante. Lo mismo fue afirmado por esa entidad en sede de revisi�n[135].

 

Incluso, el se�or Agobardo C�rdoba lo ten�a afiliado como su beneficiario en el sistema de salud, seg�n qued� demostrado con las pruebas enviadas por la Nueva EPS[136].

 

(iv) V�nculos de afecto, respeto, comprensi�n y protecci�n

 

Han sido los hermanos de crianza de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, los que han manifestado las razones por las cuales se puede constatar que existi� un v�nculo de afecto, respeto, comprensi�n y protecci�n en dicha familia de crianza, para lo cual se debe realizar una mirada retrospectiva a la �poca de nacimiento del representado, en el entendido de que se manifest� en las pruebas anexadas al expediente que �cuando naci� (Pedro Pablo C�rdoba) no ten�a una talla de un reci�n nacido, demasiado peque�o, no com�a pues todo se le devolv�a, (Clementina Aragon�s) lo alimentaba con un gotero hasta que lo operaron��[137], as� mismo, que �siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento nos dec�a que no le fu�ramos a desamparar a Pedro Pablo�[138], evidenci�ndose as�, que desde su nacimiento tuvo la protecci�n de ambos padres de crianza, que permite demostrar adem�s el afecto que ten�an hacia �l, que se fue consolidando con el paso del tiempo.

 

De igual modo se deriva de la declaraci�n de Rosenber Cata�o Jaramillo y Gloria Josefa Cata�o Jaramillo quienes se�alaron que: �Pedro Pablo vivi� con la familia C�rdoba Aragon�s desde el nacimiento hasta la muerte, sustentada en el cari�o, amor, acompa�amiento mutuo y comprensi�n entre ellos. Existiendo al interior del hogar un ambiente de cordialidad, tolerancia y respeto aun cuando existen dificultades. Les llamaba pap� y mam�. La decisi�n del se�or Agobardo fue desinteresada, fue su voluntad darle hogar adecuado y estable, ante el desamparo de la madre biol�gica y el abandono del padre biol�gico�[139].

 

(v) Reconocimiento de la relaci�n padre y/o madre, e hijo

 

El presente requisito se concreta con las actuaciones realizadas por sus hermanos de crianza, tanto Agobardo C�rdoba Aragon�s, quien solicit� ser su curador dentro del proceso de interdicci�n que se adelant�, demostrando as� su reconocimiento como hermano de facto, como Nohoralba Aragon�s, quien en la declaraci�n extrajuicio, reconoci� el v�nculo filial que ten�a Pedro Pablo, con sus padres de crianza. Adem�s de lo anterior se cuenta tambi�n con la declaraci�n de Rosenber Cata�o Jaramillo y Josefa Cata�o Jaramillo, quienes se�alaron bajo la gravedad de juramento, la relaci�n que ostentaba dicha familia de facto, la cual cumpl�a todas las caracter�sticas de una familia tradicional.

 

Incluso, el se�or Agobardo C�rdoba efectu� dicho reconocimiento de manera formal, registrando a Pedro Pablo con su apellido, seg�n consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715[140].

 

(vi) Existencia de un t�rmino razonable de relaci�n afectiva entre padres e hijos

 

Claramente del estudio de las pruebas anexadas a la acci�n de tutela se puede establecer que dicho v�nculo de crianza se dio desde el nacimiento de Pedro Pablo en el a�o 1978, hasta la muerte de su padre de crianza en el a�o 2014 y ha trascendido, pues contin�a vigente con sus hermanos de crianza.

 

Si bien el reconocimiento formal se dio hasta el 4 de agosto de 2011, seg�n consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715, lo cierto es que dicho medio probatorio no puede ser analizado de forma aislada, y como se se�al� previamente, del conjunto de medios probatorios es posible determinar que la relaci�n afectiva entre padre e hijo se dio desde el momento del nacimiento del representado.

 

(vii) Afectaci�n del principio de igualdad

 

Finalmente, se debe decir que el hecho de que el se�or Agobardo C�rdoba le haya dado su apellido al se�or Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, como consta en su actual registro civil de nacimiento, adem�s de que en todo el transcurso de su v�nculo afectivo le dio el mismo trato que a sus dem�s hermanos de crianza, prueba la necesidad de reconocimiento como familia que quer�a establecer su padre de crianza, tanto para cumplir con los mismos deberes familiares, como para poder acceder a los mismos derechos con los que cuentan las dem�s familias conformadas por v�nculos naturales o jur�dicos. A pesar de ello, la empresa Riopaila Castilla S.A., neg� el reconocimiento de la sustituci�n pensional aduciendo que:

 

�Despu�s de revisada la documentaci�n incluida en su solicitud, la realizaci�n de dos visitas domiciliarias y la pr�ctica de otras pruebas por parte de Riopaila Castilla S.A., la empresa considera que el se�or Pedro Pablo C�rdoba (registrado como Pedro Aragon�s) realmente es sobrino pol�tico del se�or Agobardo C�rdoba, hijo de una hermana de quien fuera su esposa la se�ora la se�ora Rubiela Aragon�s y no hijo del mencionado se�or.

 

Motivo por el cual, al no darse los presupuestos legales para la sustituci�n solicitada Riopaila Castilla S.A., considera que no se ajusta a derecho y se niega�[141].

 

Esta determinaci�n gener� una inmediata discriminaci�n, pues la empresa accionada neg� la prestaci�n solicitada bajo el �nico argumento de no ser Pedro Pablo hijo natural del causante.

 

Ahora bien, en la contestaci�n de la acci�n de tutela, la empresa resalt� que desde un principio la petici�n formulada por el se�or Agobardo C�rdoba Aragon�s ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s era hijo natural de Agobardo C�rdoba, y no hijo de crianza como se evidenci� posteriormente. Al respecto, indic� que no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o afirmaci�n en ese sentido �lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional cualquier determinaci�n que pretenda reconocer sustituci�n a esa condici�n�[142]. De igual modo, sostuvo que las declaraciones que anex� el curador nunca fueron presentadas ante la empresa.

 

Al respecto, es preciso indicar que si bien no existe prueba de que la empresa tuviera conocimiento de las declaraciones extra juicio antes del proceso de tutela, lo cierto es que s� pudo acceder a las mismas durante este tr�mite, al punto que tuvo la oportunidad de controvertirlas; a pesar de ello, no lo hizo. De igual forma sucede con las pruebas o afirmaciones sobre la existencia de la familia de crianza, pues todos los documentos que sobre el particular obran en el l�belo, fueron puestos a su disposici�n para que se pronunciara sobre los mismos.

 

Por otro lado, destac� que en el Registro Civil de Nacimiento original se registr� como nombre �Pedro Pablo Aragon�s�, pero solo hasta 2011, esto es, tres a�os antes de la muerte de Agobardo C�rdoba, se modific� dicho registro incluyendo el apellido de este �ltimo, documento en el cual se dej� una inscripci�n para la toma de la huella y la firma a ruego, siendo que el se�or C�rdoba sab�a leer y escribir.

 

En primer lugar, como se expuso anteriormente, si bien el reconocimiento formal se dio hasta el 4 de agosto de 2011, seg�n consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715, ese medio probatorio no puede ser analizado de forma aislada, pues del conjunto probatorio se logr� establecer el v�nculo afectivo desde el momento del nacimiento de Pedro Pablo. Ese documento lo �nico que permite evidenciar es la reafirmaci�n formal del v�nculo generado materialmente a lo largo de la vida del representado. En segundo lugar, en cuanto a la toma de la huella y la firma a ruego cuando el se�or C�rdoba sab�a leer y escribir, la empresa intenta sugerir una falsedad sobre la firma del documento sin ning�n sustento para hacer una afirmaci�n en ese sentido, y siendo que de la copia de la c�dula de ciudadan�a del se�or Agobardo C�rdoba se desprende una inscripci�n igual de �NO FIRMA�[143].

 

75.       Por lo anterior, se puede concluir que Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s cumple con las caracter�sticas propias, previamente desarrolladas, para ser considerado como hijo de crianza de Agobardo C�rdoba, con quien constituy� un v�nculo que trascendi� de la mera cooperaci�n econ�mica y se hizo verificable en t�rminos emocionales y de afecto. Por tal motivo, es sujeto de derecho de todos los beneficios que en materia de seguridad social se desprenden de la muerte del se�or C�rdoba, al ostentar la calidad de hijo de crianza.

 

76.       Con fundamento en lo anterior, la Sala revocar� la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, que confirm� la emitida el 5 de octubre de 2017 por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali, que declar� improcedente el amparo. En su lugar, conceder� la protecci�n de los derechos fundamentales al m�nimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, y ordenar� a la empresa demandada reconocer la sustituci�n pensional del se�or Agobardo C�rdoba en favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, quien act�a a trav�s de curador leg�timo.

 

III. DECISI�N.

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n Pol�tica,

 

RESUELVE

 

 

Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, que confirm� la emitida el 5 de octubre de 2017 por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali, que declar� improcedente el amparo, dentro de la acci�n de tutela instaurada por Agobardo C�rdoba Aragon�s, actuando en calidad de curador leg�timo de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A. En su lugar, CONCEDER la protecci�n de los derechos fundamentales al m�nimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s.

 

Segundo: ORDENAR a la sociedad Riopaila Castilla S.A., que en el t�rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, inicie los tr�mites correspondientes para reconocer y pagar la sustituci�n pensional del se�or Agobardo C�rdoba en favor de Pedro Pablo C�rdoba Aragon�s, reconocimiento que deber� ser efectivo a m�s tardar dentro del mes siguiente a la notificaci�n de la sentencia. La sociedad deber� pagar retroactivamente las mesadas pensionales a que haya lugar por dicho concepto a partir de la notificaci�n de la presente providencia, en cuanto no est�n prescritas, de conformidad con lo establecido en los art�culos 488 y 489 del C�digo Sustantivo del Trabajo.

 

Tercero: DESVINCULAR del presente tr�mite de tutela a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y a la Fundaci�n Gerontol�gica Luz y Esperanza, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

 

Cuarto: L�BRENSE por Secretar�a General las comunicaciones previstas en el art�culo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.

 

C�piese, notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

JOS� FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS R�OS

Magistrado

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

Con salvamento de voto

 

 

 

MARTHA VICTORIA S�CHICA M�NDEZ

Secretaria General

 

 

SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADO

CARLOS BERNAL PULIDO

A LA SENTENCIA T-281/18

 

 

Referencia:           Expediente No. T-6.608.264

 

Magistrado Ponente: Jos� Fernando Reyes

 

 

En atenci�n a la decisi�n adoptada por la Sala Octava de Revisi�n en el Expediente T-6.608.264, me permito presentar Salvamento de Voto.

 

No estoy de acuerdo con el an�lisis realizado al elemento de la subsidiariedad en el caso concreto. En efecto, al tratarse de una pretensi�n que gira entorno a una prestaci�n econ�mica del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones existe otro mecanismo judicial para resolver el conflicto jur�dico, esto es, el proceso ordinario laboral. Ahora bien, no estoy de acuerdo con la flexibilizaci�n que se realiza de dicho requisito de procedibilidad de acuerdo a las siguientes consideraciones:

 

(i) El ser un sujeto de especial protecci�n no es una condici�n suficiente para relevar al accionante de acudir a la jurisdicci�n ordinaria laboral. Lo anterior se sostiene debido a que todas las prestaciones del sistema de pensiones amparan a sujetos de especial protecci�n. Si el accionante no tuviera esta condici�n, no ser�a beneficiario de la pensi�n. En efecto, es su condici�n de discapacidad la que lo hace beneficiario de la pensi�n de sobrevivientes.

 

(ii) Del expediente no se derivan condiciones de riesgo adicionales que permitan realizar una valoraci�n flexible de la subsidiariedad. En efecto, el accionante no es una persona de la tercera edad, no est� en situaci�n de abandono, contrario a esto, se observa una red de apoyo familiar que est� presta a su cuidado.

 

(iii) Tampoco se evidencia un perjuicio irremediable. El accionante recibe actualmente una pensi�n de Colpensiones equivalente al salario m�nimo, recibi� un retroactivo pensional mayor a 25 millones de pesos y su atenci�n en salud est� garantizada mediante el r�gimen contributivo. Por estas razones, considero que no existe una afectaci�n grave e inminente al m�nimo vital.

 

As� las cosas, no se observa que la intervenci�n del juez de tutela sea urgente e impostergable, como para desplazar a la jurisdicci�n ordinaria laboral.

 

Atentamente,

 

 

 

Carlos Bernal Pulido

Magistrado