Sentencia T-353/18

 

Referencia: Expedientes acumulados             (i) T-6.367.365 y (ii) T-6.372.321.

 

Acciones de tutela formuladas por:                  (i) Esnedy Rosalba Morales D�az, agente oficiosa de Wilson German Morales D�az, contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Batall�n de Infanter�a No. 9 de Pasto (Nari�o) y otros; y                              (ii) Donaldo C�rdoba Andrade, actuando en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional, el Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.

 

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS R�OS

 

 

Bogot�, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

 

La Sala Novena de Revisi�n de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas R�os, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales[1], profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

En el proceso de revisi�n de los fallos de tutela que se indican a continuaci�n:

 

1.- Expediente T-6.367.365: El 19 de mayo de 2017, en �nica instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nari�o) neg� la acci�n de tutela formulada por Esnedy Rosalba Morales D�az, agente oficiosa de Wilson German Morales D�az, contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Batall�n de Infanter�a No. 9 de Pasto (Nari�o) y otros.

 

2.- Expediente T-6.372.321: El 23 de junio de 2017, en �nica instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia- neg� la acci�n de tutela formulada por Donaldo C�rdoba Andrade, actuando en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo                             -Regional Risaralda- y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional, el Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.

 

Los procesos de la referencia fueron escogidos y acumulados por la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Nueve, mediante Auto proferido el 26 de septiembre de 2017[2].

 

I. ANTECEDENTES

 

En los expedientes acumulados que enseguida pasan a resumirse se presentan los casos de dos j�venes que, a trav�s de agente oficioso, pretenden la protecci�n de su derecho a ejercer la objeci�n de conciencia frente al servicio militar obligatorio. Se trata de dos situaciones similares que permiten abordar su an�lisis de manera conjunta y conforme a la jurisprudencia pac�fica y reiterada de la Corte Constitucional sobre este asunto.  

 

A continuaci�n, se hace referencia a los antecedentes de cada uno de los expedientes.

 

1. Expediente T-6.367.365

 

1.1.- El ciudadano Wilson German Morales D�az, de veintitr�s a�os de edad, pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el municipio de la Llanada, Nari�o, donde desarrolla actividades como �vocal del ministerio de j�venes de esa congregaci�n�[3].    

 

1.2. El 27 de abril de 2017 se present� en el Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� de la ciudad de Pasto con la finalidad de definir su situaci�n militar, oportunidad en la que fue reclutado e incorporado al Ej�rcito Nacional pese a haber manifestado objeci�n de conciencia frente a la prestaci�n del servicio militar obligatorio, en raz�n a su formaci�n teol�gica, fundamentada en sus principios cristianos, convicciones que le impiden portar armas de fuego.

 

1.3. Adicionalmente, sufre severos dolores de cabeza[4] y, justamente, al d�a siguiente a su reclutamiento, ten�a un control de seguimiento con la Neurocirujana Eli Gonz�lez Hern�ndez y una �tomograf�a axial computada de cr�neo simple� para evaluar su estado de salud[5].

 

1.4. Con base en los hechos rese�ados, la ciudadana Esnedy Rosalba Morales D�az, hermana del accionante, formul� acci�n de tutela en calidad de agente oficiosa, solicitando la protecci�n de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la libertad de cultos y objeci�n de conciencia, al considerar que su incorporaci�n al servicio militar en el Batall�n de Infanter�a No. 9 (Pasto, Nari�o) desconoci� que sus convicciones religiosas le impiden portar un arma de fuego y pertenecer al Ej�rcito Nacional.                       

 

En consecuencia, solicit� �ordenar al comandante del Batall�n de Infanter�a No 9 �Batalla de Boyac�, que en un t�rmino no mayor a cuarenta y ocho (48) horas ordene el desacuartelamiento (�) y entregue la respectiva libreta militar al se�or German Morales D�az�[6].

 

1.5. Finalmente, expres� que su hermano es quien se encarga del sostenimiento de sus padres, �personas adultas mayores quienes se encuentran en delicado estado de salud, y por su avanzada edad, necesitan de �l para que los ayude�[7].

 

1.6. De la acci�n referida conoci�, en �nica instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nari�o), quien corri� traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo y dispuso la vinculaci�n del Batall�n de Ingenieros No. 23 �Gr. Agust�n Ni�o� de esa misma ciudad[8].

 

1.7. El Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac�, mediante escrito del 11 de mayo de 2017, manifest� que la definici�n de la situaci�n militar de los ciudadanos y su incorporaci�n a las filas de las Fuerzas Militares no se encuentra dentro del �mbito de competencia funcional de las unidades t�cnicas de los batallones sino de la Direcci�n de Reclutamiento y Control de Reservas que, en la ciudad de Pasto, corresponde al Distrito Militar No. 23, a donde (de forma interna) remitieron la presente acci�n de tutela.

 

Adicionalmente, el Batall�n informa que �el d�a 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadi� de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserci�n, raz�n por la cual con la acci�n constitucional pretende justificar su conducta� [9].

 

1.8. El Ministerio de Defensa envi� copia de dos correos electr�nicos (con fecha del 10 de mayo de 2017) mediante los cuales inform� que remiti� la presente acci�n a la Direcci�n de Reclutamiento y Control de Reservas, as� como a la oficina jur�dica del Ej�rcito Nacional para que ejercieran sus derechos de contradicci�n y defensa.

 

A lo anterior, a�adi� que, de acuerdo con el art�culo 17 del Decreto 2048 de 1993, �los circunscriptos declarados APTOS para incorporaci�n [a las Fuerzas Militares] quedar�n bajo el control y la vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes Unidades Militares o de Polic�a�. Por lo que la Direcci�n de Reclutamiento pierde competencia para pronunciarse o realizar actuaciones en cuanto a lo que decida el juez constitucional, como quiera que la competencia la tiene directamente la Unidad Militar donde se encuentra el accionante y que para el caso corresponde al Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac�[10].

 

Finalmente, aclar� que la Direcci�n de Reclutamiento y Control de Reservas es una dependencia del Ej�rcito Nacional con funciones administrativas tendientes a lograr la definici�n de la situaci�n militar de los colombianos (Ley 48 de 1993) y dentro de dichas funciones est� �entregar la tarjeta militar como reservista de primera o segunda clase�.

 

1.9. Los dem�s interesados guardaron silencio.

               

1.10. Mediante sentencia de 19 de mayo de 2017[11], el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nari�o) resolvi� negar la acci�n de tutela promovida por Esnedy Rosalba Morales D�az. Sustent� su decisi�n se�alando que el caso de la referencia �carece de todo material probatorio que demuestre el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales para la acreditaci�n de la objeci�n de conciencia frente a la prestaci�n del servicio militar obligatorio�.

 

1.11. En el expediente se encuentran las siguientes pruebas:

 

-         Copia de la c�dula de ciudadan�a de la se�ora Esnedy Rosalba Morales D�az[12].

 

-         Copia de la c�dula de ciudadan�a de Wilson German Morales D�az[13].

 

-         Certificaci�n de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrita por el Pastor Gerardo Edmundo Mora Romo, en la cual se indica:

 

 �El se�or WILSON GERMAN MORALEZ D�AZ, identificado con CC N� 1.087.027.611 de Samaniego (S), es miembro de la Congregaci�n ubicada en la Calle 9 # 7-24 b/ Gigante, del municipio La Llanada, en su permanencia all� ha gozado de buen testimonio, demostrando fidelidad al Se�or y seriedad en sus compromisos con la Iglesia, permanece en servicio activo como vocal del ministerio de j�venes de esta Congregaci�n. Por tanto ruego a quien interese, que sea tratado como es digno de un hijo de Dios�[14]

 

-         Certificado del Ministerio del Interior, en el cual se acredita la personer�a jur�dica especial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia[15].

 

-         Copia de la historia cl�nica de Wilson German Morales D�az[16].

 

-         Copia de la c�dula de ciudadan�a de la madre del accionante, la se�ora Tulia Celica D�az D�az[17].

 

-         Certificado de las condiciones de salud de la se�ora Tulia Celica D�az D�az, suscrito por el m�dico cirujano Jes�s Delgado del Hospital �Lorencita Villegas de Santos� E.S.E.[18]

 

-         Copia de la c�dula de ciudadan�a del padre del accionante, el se�or Carlos Marcial Morales Calder�n[19].

 

-         Certificado de las condiciones de salud del se�or Carlos Marcial Morales Calder�n, suscrito por el m�dico cirujano Jes�s Delgado del Hospital �Lorencita Villegas de Santos� E.S.E. [20]

 

 

2. Expediente T-6.372.321                                

 

2.1. El ciudadano John Davier Tamayo Carmona, de dieciocho a�os de edad, es miembro activo y ministro de alabanza de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede �Las Violetas�, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Es, a su vez, estudiante del ciclo IV (8� grado), en la modalidad de �ciclos especiales integrados� del Instituto Educativo Humanista[21]. 

 

2.2. El 16 de mayo de 2017 se present� en el Distrito Militar No. 22 del Batall�n de Artiller�a No. 8 �Batalla de San Mateo� de Saravena (Arauca) para cumplir una citaci�n previamente convenida para resolver su situaci�n militar. Desde ese mismo d�a se le incorpor� al servicio militar obligatorio, pese a que manifest� objeci�n de conciencia por sus creencias religiosas y su formaci�n cristiana pentecostal, convicciones que le impiden portar armas de fuego.

 

Ante estos hechos, la madre del ciudadano John Davier Tamayo Carmona, acudi� a la Defensor�a del Pueblo -Regional Risaralda-, solicitando su intervenci�n para solucionar la situaci�n de su hijo, ya que su incorporaci�n forzada al servicio militar en el Batall�n de Saravena (Arauca) no tuvo en cuenta que sus convicciones morales y religiosas le impiden portar un arma de fuego y pertenecer al Ej�rcito Nacional.

 

En consecuencia, se�al� que esta actuaci�n de las Fuerzas Militares vulner� los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, la libertad de religi�n y, concretamente, su derecho a objetar por razones de conciencia la prestaci�n del servicio militar obligatorio. 

 

2.3. En atenci�n a lo anterior, Donaldo C�rdoba Andrade, actuando en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- present� acci�n de tutela en calidad de agente oficioso, solicitando �que se tutele al se�or John Davier Tamayo Carmona el derecho fundamental a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, objeci�n de conciencia. Que se ordene a la Jefatura de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional y el Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro�, para que conjuntamente y de acuerdo a sus competencias, ordenen al desacuartelamiento del se�or John Davier Tamayo Carmona, y disponiendo lo necesario para regresarlo hasta su ciudad de origen.     Que la orden del se�or juez sea de inmediato cumplimiento�[22].

 

2.4. De la acci�n referida, conoci�, en �nica instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia-. Admitida la acci�n, se corri� traslado a las partes para que se pronunciaran sobre los hechos que motivaron la solicitud de amparo.

 

2.5. La oficina jur�dica de la Direcci�n de Personal del Ej�rcito Nacional, mediante escrito de 16 de junio de 2017[23], despu�s de realizar un recuento de la normatividad aplicable al servicio militar obligatorio y de citar la Sentencia C-728 de 2009, manifest� que �todo objetor de conciencia tendr� la m�nima obligaci�n de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias�.

 

De forma complementaria, indic� que �el amparo constitucional a trav�s de la acci�n de tutela de las convicciones y creencias, bien sean de car�cter religioso, �tico, moral o filos�fico, que impidan prestar el servicio militar obligatorio mediante la figura de la objeci�n de conciencia deben cumplir con los siguientes requisitos: tienen que definir y condicionar la conducta del objetor mediante manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; igualmente deben ser profundas, fijas y sinceras�.

 

Respecto al caso en concreto, se�al� que la solicitud de objeci�n de conciencia �se encuentra realizada por la progenitora del joven John Tamayo Carmona y no por �l mismo, por lo que no se demuestra una objeci�n de conciencia profunda, fija, sincera toda vez que la creencia no siempre es la misma de la progenitora que la del objetor�.

 

2.6. El Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena (Arauca), a trav�s de escrito del 21 de junio de 2017[24], realiz� un recuento de la normatividad que ampara la prestaci�n del servicio militar obligatorio y refiri� algunas providencias de la Corte Constitucional sobre el presente asunto, adicionalmente manifest� que �debido a la situaci�n sociopol�tica y legal del pa�s actualmente, el se�or John Tamayo Carmona deber� permanecer prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad t�ctica�.

 

En el mismo sentido, agreg� que la funci�n del grupo de soldados regulares del cual hace parte el actor est� enfocada en vigilar un oleoducto y evitar atentados directos contra �ste, por lo que est� dirigido por personal entrenado y cualificado por el Ej�rcito Nacional

 

Tambi�n se�al� que en caso de que el accionante se encuentre �en alguna de las exenciones que plantea la misma ley (Ley 133 de 1994 y Decretos 1319 de 1998, 782 de 1995 y 505 de 2003), se hace necesario que se acredite con los documentos o soportes pertinentes, los cuales sean conducentes para respaldar lo aludido en su petici�n -que pertenece a una comunidad cristiana-�.       

    

2.7. Los dem�s interesados guardaron silencio.

 

2.8. Mediante sentencia de 23 de junio de 2017[25], el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia- resolvi� negar la acci�n de tutela formulada por Donaldo C�rdoba Andrade, agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional, el Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.

 

En su decisi�n, argument� que no contaba con los elementos probatorios necesarios, exigidos por la Ley y la jurisprudencia constitucional (en particular las Sentencias C-728 de 2009 y SU-108 de 2016) para definir la solicitud de desacuartelamiento del accionante.

 

2.9. Mediante escrito del 30 de junio de 2017[26] la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- present� escrito de impugnaci�n, en el cual solicit� que se revocara dicha decisi�n pues el se�or John Davier Tamayo Carmona �se encuentra en una de las excepciones planteadas en la ley para ser exento de prestar el servicio militar obligatorio�[27].

 

Pese a que el t�rmino de ejecutoria de la decisi�n de primera instancia transcurri� del 28 al 30 de junio de 2017 y el escrito de impugnaci�n fue presentado el 30 de junio del mismo a�o, el Tribunal Superior del Distrito Judicial-Sala Civil Familia- no adelant� el tr�mite de la impugnaci�n y procedi� a remitir el expediente de tutela a esta Corporaci�n el 4 de julio de 2017.

 

2.10. Las pruebas obrantes en el expediente son las siguientes:

                                        

-         Certificado del nivel de Sisben del n�cleo familiar de John Davier Tamayo Carmona[28].

 

-         Certificado de estudios del se�or John Davier Tamayo Carmona, expedido por el Instituto Educativo Humanista de Pereira[29].

 

-         Solicitud de desacuartelamiento del accionante, realizada por la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- al Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveis Pizarro� de Saravena, Arauca[30].

 

-         Certificado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, suscrita por el Pastor Jhon Jaiber Toro Jim�nez, en el cual indica:

 

�El joven JOHN DAVIER TAMAYO CARMONA, identificado con c�dula n�mero 1.088.037.392 de Dos Quebradas, Risaralda, es miembro activo y ministro de alabanza prestando su servicio en las reuniones que realizamos en esta sede, desde hace seis a�os, presentando buena conducta y disposici�n en la labor asignada. Igualmente, me permito manifestar que el joven por sus principios y convicciones religiosas no puede portar un arma o hacer uso de ella en contra de un semejante�[31].

 

-         Respuesta del Teniente Coronel Javier David P�rez Dur�n, en calidad de Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveis Pizarro� de Saravena, Arauca, a la solicitud realizada por la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda-[32].

 

-         Constancia del auxiliar judicial del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil- Familia, en la cual refiere lo siguiente:

 

�me comuniqu� con el accionante John Davier Tamayo Carmona, quien presta servicio militar en esas unidad castrense, para que me informara si hab�a solicitado a las autoridades militares su exenci�n de la prestaci�n del servicio en virtud de la objeci�n de conciencia por motivos religiosos, de conformidad con el requerimiento efectuado por esta Sala mediante auto de 20 de los cursantes. Su respuesta fue afirmativa y explic� que para poder elevar la respectiva petici�n de desacuartelamiento por la citada raz�n, le solicit� colaboraci�n a su progenitora, quien procedi� a ello. �[33]

 

-         Memorial de la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- con destino al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el cual anexa varias fotograf�as y grabaciones del accionante mientras se encuentra realizando actividades propias de su iglesia[34].

 

                               

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

Esta Sala de Revisi�n de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 86, inciso 3�, y 241, numeral 9�, de la Constituci�n Pol�tica, en concordancia con los art�culos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2. Planteamiento del caso y problema jur�dico a resolver

 

Los agentes oficiosos de los procesos que se estudian (T-6.367.365 y T-6.372.321), formularon acciones de tutela contra varias Unidades Militares del Ej�rcito Nacional por la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, la libertad de religi�n y, concretamente, el derecho a objetar por razones de conciencia la prestaci�n del servicio militar obligatorio de los j�venes Morales D�az y Tamayo Carmona, miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 

 

Se�alaron que las entidades accionadas negaron sus peticiones de desacuartelamiento porque, en su concepto, no probaron tener unas convicciones religiosas profundas, fijas y sinceras, adem�s de ser externas y comprobables.

 

Con el fin de analizar si efectivamente las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, la Sala proceder� a estudiar el siguiente problema jur�dico:

 

�Vulneran las autoridades militares los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y cultos cuando: (i) niegan la aplicaci�n de la objeci�n de conciencia como causal constitucional eximente de la prestaci�n del servicio militar obligatorio; y (ii) el objetor ha sostenido que tal servicio implicar�a actuar contra sus creencias profundas, fijas y sinceras?

 

Para efecto de resolver este cuestionamiento, la Sala abordar� el estudio de los siguientes aspectos: (i)cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de las acciones de tutela; (ii) la posible carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado (expediente T-6.367.365); (iii) el principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acci�n de tutela, ante la pretermisi�n del tr�mite de segunda instancia (expediente T-6.372.321); (iv) el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos en relaci�n con la objeci�n de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio; y (vi) finalmente, resolver� los casos concretos.

 

3. Cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de las acciones de tutela

 

3.1. Legitimaci�n en la causa por activa (agencia oficiosa)

 

La legitimaci�n por activa se refiere a la capacidad de los sujetos procesales para formular acciones de tutela en defensa de los derechos fundamentales que presuntamente han sido vulnerados o se encuentran bajo amenaza.

 

El art�culo 10 del Decreto 2591 de 1991 �por el cual se reglamenta la acci�n de tutela consagrada en el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica�, dispone que el amparo puede ser ejercido en todo momento y lugar por cualquier persona que estime vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, quien a su vez podr� actuar por s� misma o por intermedio de representante.

 

Espec�ficamente, el segundo inciso de dicho art�culo dispone lo siguiente: �tambi�n se pueden agenciar derechosajenos cuando el titular de los mismos no est� en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber� manifestarse en la solicitud�[35].

 

El fundamento de esta instituci�n procesal es la �imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se act�a�[36] y, adem�s, evitar que se siga perpetrando un acto violatorio de un derecho fundamental con base en criterios meramente formales. As� las cosas, la Sentencia T-044 de 1996 dispone:

 

�Se trata una vez m�s de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima de formalidades externas, en una manifestaci�n de la prevalencia del Derecho sustancial, de conformidad con lo previsto en el art�culo 228 de la Carta. En tal sentido, la agencia oficiosa -que tiene expresi�n tambi�n en los procesos ordinarios pero que adquiere mayor valor e importancia en la medida en que contribuye a la concreci�n de los derechos fundamentales- se concibe como un instituto de Derecho Procesal que busca el acceso a la administraci�n de justicia para quien se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo.� [37]

 

En ese sentido, esta Corporaci�n ha se�alado que los requisitos de la agencia oficiosa son los siguientes: (i) la manifestaci�n del agente de actuar como tal; y (ii) la imposibilidad del titular del derecho fundamental para promover su propia defensa[38].

 

Tambi�n se han agregado los siguientes supuestos interpretativos: (i) la informalidad de la agencia implica que no debe existir necesariamente una relaci�n formal entre agente y agenciado; y (ii) la ratificaci�n de lo actuado dentro del proceso por parte del titular, con el fin de evitar que el agente act�e en beneficio propio o, incluso, en contrav�a de los intereses del agenciado[39].

 

Sobre estos criterios, la Corte ha explicado:

 

�Como puede verse, los dos primeros elementos (manifestaci�n del agente oficioso, e imposibilidad del interesado para actuar) son constitutivos de la agencia oficiosa, en tanto que el tercero y el cuarto son accesorios.              As�, sobre los dos primeros puede decirse que, individualmente considerados, son condiciones necesarias, pero no suficientes para la configuraci�n de la agencia oficiosa, en tanto que su conjunci�n es suficiente para legitimar la actuaci�n del agente. El tercer elemento es de car�cter interpretativo, y el cuarto (ratificaci�n), se refiere a la posibilidad excepcional de suplir el primero, si se presentan ciertos actos positivos e inequ�vocos del interesado durante el tr�mite de la acci�n.�[40]

 

En relaci�n con el an�lisis de esta figura en casos de desacuartelamiento del servicio militar, la Sentencia T-289 de 2016 destac� que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que �el hecho de estar prestando el servicio militarimposibilita materialmente al afectado para que por s� mismo, ejerza la defensa de sus derechos fundamentales�.

 

Respecto a los casos objeto de estudio, en el expediente T-6.367.365, la Sala encuentra que la ciudadana Esnedy Rosalba Morales D�az manifest� expresamente que formulaba el amparo �en calidad de AGENTE OFIOSO�[41] de su hermano, Wilson Germ�n Morales D�az. Adem�s, agreg�: �act�o en calidad de agente oficioso, pues mi hermano no tiene permiso para salir a realizar el respectivo tr�mite judicial para la autenticaci�n de poder�[42].

 

Sobre la exigencia de ratificaci�n de la agencia, se destaca que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto, mediante Auto del 8 de mayo de 2017, dispuso:

 

�ESCUCHAR en declaraci�n juramentada al se�or Wilson Germ�n Morales D�az, con el fin de ampliar los supuestos f�cticos expuestos en el libelo introductorio. Para efectos de lo anterior, c�teselo para el d�a 15 de mayo de 2017, a partir de las 2:30 pm. Of�ciese por conducto de secretar�a al comandante del BATALL�N DE INFANTERIA No. 9 �BATALLA DE B�YACA� DE PASTO, a fin de que permita la comparecencia del accionante a este Despacho Judicial, para el d�a y a la hora que ser� citado�^[43].

 

Tambi�n obra en el expediente que el Juzgado cit� al accionante para que rindiera su declaraci�n el 15 de mayo de 2017, por lo cual remiti� el oficio correspondiente al Batall�n de Infanter�a No. 9, sin embargo, el Mayor Javier Arturo Quintero Poveda inform� que el joven Morales D�az �desde el 7 de mayo de 2017 se evadi� de la Unidad Militar�[44].

 

As� las cosas y en atenci�n a las subreglas explicadas previamente, la Sala destaca que en este asunto fue materialmente imposible que el accionante ratificara la agencia oficiosa en su favor o que, inclusive, llegara a enterarse del oficio que lo citaba a las instalaciones del Juzgado[45]. Adem�s, resulta evidente con su fuga que no deseaba seguir vinculado al Ej�rcito Nacional, por lo que mal podr�a afirmarse que su hermana formul� el amparo en contra de sus intereses.

 

En consecuencia, la Corte encuentra acreditada la legitimaci�n por activa de Esnedy Rosalba Morales D�az para promover la defensa de los derechos fundamentales de su hermano.

 

En relaci�n con el expediente T-6.372.321, se evidencia que quien acudi� a la figura de la agencia oficiosa fue la Defensor�a Regional del Pueblo                       -Regional Risaralda- en pro de los derechos fundamentales de John Davier Tamayo Carmona. El amparo indica expresamente la calidad en la que se act�a, as� como las normas que sustentan la competencia de la Defensor�a del Pueblo[46] para formular acciones de tutela �cuando exista una ostensible violaci�n de derechos fundamentales de personas que no pueden promover su propia defensa�[47].

 

Se destaca lo dispuesto en el art�culo 46 del Decreto 2591 de 1991, el cual reza de la siguiente manera:

 

�Art�culo 46. Legitimaci�n. El Defensor del Pueblo podr� sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acci�n de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que est� en situaci�n de desamparo e indefensi�n.�

 

Por otra parte, la autoridad judicial que conoci� del proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Unitaria Civil-Familia, decret� como prueba de oficio requerir a John Davier Tamayo Carmona para que informara si hab�asolicitado a las autoridades militares su exenci�n de la prestaci�n del servicio en virtud de motivos religiosos[48].

 

Al respecto, obra constancia secretarial del 22 de junio de 2017, en la cual se indica que fue posible comunicarse telef�nicamente con el accionante, quien contesto de manera afirmativa dicho cuestionamiento y, adem�s, agreg� que se vio en la obligaci�n de solicitarle a su progenitora que requiriera su desacuartelamiento[49].

 

Adicionalmente, la Defensor�a Regional remiti� diferentes grabaciones en las cuales el joven Tamayo Carmona informa que las autoridades militares han hecho caso omiso a sus peticiones y tambi�n refiere �las dificultades por las que est� pasando en el Ej�rcito por haber manifestado la objeci�n de conciencia�[50].

 

Con lo cual, la Corte concluye que Donaldo C�rdoba Andrade,                               en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda-, tiene plena legitimaci�n en la causa por activa para solicitar la protecci�n de los derechos fundamentales de John Davier Tamayo Carmona, quien incluso ratific� lo aducido en la respectiva acci�n constitucional.

 

3.2 Legitimaci�n en la causa por pasiva

 

En el an�lisis sobre este requisito de procedencia, se debe precisar si las entidades y/o personas accionadas poseen legitimaci�n procesal, o inter�s para actuar en la controversia judicial, debido a su presunta responsabilidad en la vulneraci�n de los derechos fundamentales de los accionantes. 

 

De conformidad con la Constituci�n y el Decreto 2591 de 1991, pueden ser objeto de la acci�n tutela: (i) las autoridades p�blicas (art. 1� del Decreto 2591 de 1991), en raz�n de sus amplios poderes y competencias; y (ii) los particulares, en los t�rminos trazados por la ley (art. 42 del Decreto 2591 de 1991), debido al car�cter vinculante de la Constituci�n para todos los asociados (art. 6� Superior).

 

Respecto de los casos objeto de estudio, en el expediente T-6.367.365, la Sala encuentra acreditada la legitimaci�n del Ministerio de Defensa Nacional, el Batall�n de Infanter�a No. 9 de Pasto (Nari�o) y el Batall�n de Ingenieros No. 23 �Gr. Agust�n Ni�o�, ante su presunta responsabilidad en el desconocimiento de los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos del ciudadano Wilson German Morales D�az.

 

De igual forma ocurre con el expediente T-6.372.321, en el cual se formul� acci�n de tutela contra el Jefe de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional y el comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca), quienes estuvieron a cargo de efectuar el reclutamiento del ciudadano John Davier Tamayo Carmona.

 

3.3 Inmediatez

 

Ahora bien, en relaci�n con el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad, se exige que la acci�n de tutela sea interpuesta en un tiempo razonable en relaci�n con el acto que gener� la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales. Cuando el juez advierte que entre el momento de presentaci�n de la acci�n y la ocurrencia de los actos que conculcaron los derechos alegados, transcurri� un lapso considerable, debe analizar los motivos por los cuales se present� la inactividad del demandante, en tanto es inconstitucional otorgarle un t�rmino de caducidad a la acci�n, o rechazarla �nicamente con fundamento en el paso del tiempo^[51].

 

En este sentido, en la Sentencia T-1028 de 2010 la Corte se�al� que �la razonabilidad del plazo no puede determinarse a priori, lo que se traducir�a en la imposici�n de un t�rmino de caducidad o prescripci�n prohibido por el art�culo 86 de la Constituci�n, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es por ello que �en algunos casos, seis (6) meses podr�an resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un t�rmino de 2 a�os se podr�a considerar razonable para ejercer la acci�n de tutela, ya que todo depender� de las particularidades del caso�^[52].

 

Este requisito, pese a no estar expresamente contenido en el art�culo 86 de la Constituci�n, se fundamenta en la tensi�n existente entre el derecho de toda persona de acudir en cualquier momento a la acci�n de tutela para buscar la protecci�n de sus derechos fundamentales y el deber de respetar la configuraci�n de la acci�n como un medio de protecci�n inmediata de tales derechos.

 

Descendiendo a los asuntos sub examine, la Sala considera que las acciones objeto de an�lisis cumplen con el requisito de inmediatez pues transcurri� menos de un (1) mes desde la presentaci�n de las respectivas acciones de tutela y la fecha en que fueron incorporados los j�venes Morales D�az y Tamayo Carmona a las filas del Ej�rcito Nacional.

 

En esta medida, la Sala Novena de Revisi�n considera que en esta oportunidad se cumpli� con el presupuesto de inmediatez como requisito de procedibilidad, en tanto el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho vulnerador y la presentaci�n de las acciones de tutela no es desproporcionado.

 

3.4 Subsidiariedad

 

El art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica establece que la acci�n de tutela �s�lo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aqu�lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela est� supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial o que �ste no sea id�neo o eficaz para la defensa de los derechos cuyo amparo se pretende[53].

 

Tambi�n resulta procedente el amparo cuando se busca evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se conceder�a de manera transitoria, mientras se resuelve el respectivo asunto por la v�a judicial ordinaria.

 

Ahora bien, para establecer la idoneidad y eficacia de los mecanismos judiciales, el juez debe valorar los supuestos f�cticos de cada caso concreto, analizando aspectos tales como: (i) si la utilizaci�n del medio de defensa judicial tiene la virtualidad de ofrecer la misma protecci�n que se lograr�a a trav�s de la acci�n de tutela^[54]; (ii) el tiempo que tarda en resolverse la controversia ante el juez natural; (iii) la continuaci�n del menoscabo de los derechos fundamentales durante el tr�mite^[55]; (iv) las  circunstancias que impidieron que el accionante hubiese promovido los mecanismos judiciales ordinarios^[56]; (v) la condici�n de sujeto de especial protecci�n constitucional del peticionario, entre otras.

 

En torno a los casos bajo an�lisis, para la Sala Novena de Revisi�n las acciones de tutela de la referencia son procedentes en tanto los peticionarios: (i) son  personas que al momento de la interposici�n de las acciones de tutela se encontraban incorporados a las filas del Ej�rcito; (ii) debido a la prestaci�n del servicio militar y la especial relaci�n de sujeci�n que ello implica, no disponen del tiempo necesario para que su situaci�n de reclutamiento sea decidida por los mecanismos ordinarios, corriendo el riesgo que una vez el juez natural se pronuncie sobre sus pretensiones, ya hayan cesado los hechos que motivaron la presentaci�n de la acci�n y, por ende, se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los petentes.

 

Lo anterior torna la acci�n de tutela en el medio eficaz e id�neo para solicitar la protecci�n de los derechos fundamentales de los accionantes, pues el tiempo que tardar�a en resolverse la controversia ante el juez natural conllevar�a un perjuicio irremediable y la consecuente transgresi�n de sus garant�as constitucionales.

                           

4. Posible carencia actual de objeto (Expediente T-6.367.365)

 

Como se vio en los antecedentes del asunto sub examine (numeral 1.7), dentro del tr�mite de instancia, el Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� inform� que �el d�a 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadi� de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserci�n�.

 

Ante este panorama, la Corte tiene conocimiento de dos eventos: (i) que el accionante huy� de la Unidad Militar en la que se encontraba apostado, y (ii) que como consecuencia de lo anterior, podr�a iniciarse una actuaci�n penal en su contra por el delito de deserci�n, el cual conforme a lo dispuesto en el art�culo 109 del C�digo Penal Militar es sancionable con pena de ocho meses a dos a�os de prisi�n.

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que a�n no ha sido definida la situaci�n militar del accionante y, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporaci�n[57], no existe un hecho superado o un da�o consumado que pudiera dar lugar a la declaratoria de carencia actual de objeto, ya que, si bien es cierto que el actor actualmente no se encuentra reclutado, tambi�n lo es que a�n permanece incorporado formalmente al servicio militar y, adem�s, podr�a ser sancionado por el delito de deserci�n. Tampoco hay un da�o consumado, en la medida que el accionante no alcanz� a cumplir el tiempo de servicio estipulado en la Ley 1861 de 2017[58].

 

En virtud de lo anterior, encuentra la Sala que no se ha configurado el fen�meno de la carencia actual de objeto en tanto a�n no se ha definido la situaci�n militar del se�or Morales D�az, por lo que corresponde a la Corte continuar con el estudio general de los siguientes t�picos: (i) el principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acci�n de tutela, ante la pretermisi�n del tr�mite de segunda instancia; y (ii) el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos, en relaci�n con la objeci�n de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio.

 

5. El principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acci�n de tutela, ante la pretermisi�n del tr�mite de segunda instancia

 

El art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica consagra el principio de la doble instancia[59], del cual subyacen los derechos de impugnaci�n y de contradicci�n, ambos integrantes de la garant�a fundamental del debido proceso.

 

Este principio consiste en la posibilidad de solicitar la revisi�n de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales, siguiendo lo dicho por esta Corporaci�n en el Auto 114 de 2008, �dicha garant�a constituye un elemento fundamental del debido proceso, dirigido a garantizar la recta administraci�n de justicia y el ejercicio del derecho de contradicci�n; de all� que la Constituci�n Pol�tica establezca que el principio de la doble instancia debe aplicarse en todos los tr�mites que se sigan ante las autoridades judiciales y administrativas, salvo las excepciones que consagre la ley�.

 

En materia de acci�n de tutela, la Corte ha indicado que: �la impugnaci�n de las providencias de tutela constituye un derecho de raigambre constitucional, a trav�s del cual se pretende que el superior jer�rquico de la autoridad judicial que emiti� el pronunciamiento, eval�e nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisi�n definitiva, ya sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia�^[60].

              

Al respecto, los art�culos 31[61] y 32[62] del Decreto 2591 de 1991 consagran la posibilidad de impugnar la sentencia proferida por el juez de primera instancia, dentro de los tres d�as siguientes a la notificaci�n del fallo. Por lo que es deber del juez de tutela verificar si la impugnaci�n fue presentada en el t�rmino de ejecutoria para darle el tr�mite correspondiente, el cual consiste en remitir el expediente al superior jer�rquico dentro de los dos d�as siguientes de la presentaci�n de la impugnaci�n.

 

Este t�rmino de tres d�as �debe contabilizarse a partir del d�a siguiente a aqu�l en que las partes tienen conocimiento real del fallo de primera instancia y no desde el d�a en que se efect�a el envi� del telegrama por la autoridad judicial�[63]. A partir de lo anterior, las diferentes Salas de Revisi�n han concluido que el �nico requisito de procedibilidad del recurso de alzada se refiere a su presentaci�n oportuna.

 

En virtud de lo anterior, para la Sala Novena de Revisi�n el derecho y tr�mite de impugnaci�n se rige por normas imperativas que tienen un rango constitucional. De ah� que �el procedimiento de alzada sea obligatorio para el juez, pues con ello garantiza el derecho al debido proceso y el principio de la doble instancia. En caso de que el funcionario jurisdiccional no surta la apelaci�n quebrantar� normas superiores, al punto que el proceso acarrear� con una nulidad insaneable, seg�n advierte el par�grafo del art�culo 136 del C�digo General del Proceso^[64]. En concreto, el yerro procesal suceder� cuando: i) no se tramit� el recurso de alzada^[65]; ii) no se notific� el fallo de primera instancia^[66]; y iii) se neg� o rechaz� la impugnaci�n�.

 

La Corte Constitucional de forma reiterada ha precisado que la posibilidad de impugnar una decisi�n judicial es un derecho fundamental de todas las partes en el proceso, de modo que cuando se pretermite la segunda instancia, por ejemplo, al no tramitar la impugnaci�n, negarla o rechazarla, se configurar�a una nulidad insaneable[67].

 

Frente a este punto, merece especial atenci�n la Sentencia T-661 de 2014[68], en la cual se destac� que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot� D.C., hab�a pretermitido la segunda instancia en el tr�mite de la acci�n de tutela formulada por la ciudadana Diana Isabel M�ndez Ni�o contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

 

En dicho asunto, la tutelante requer�a la protecci�n urgente de sus derechos fundamentales ante la interrupci�n del subsidio escolar que le hab�a concedido el programa �M�s Familias en Acci�n� para cursar sus estudios de secundaria.

 

En este caso, la Corte asegur� que la actuaci�n del Juzgado exigir�a declarar la nulidad del proceso, sin embargo, consider� que la anulaci�n de lo actuado implicar�a consentir la vulneraci�n definitiva de los derechos de la accionante y la futura configuraci�n de un da�o consumado, toda vez que el subsidio en cuesti�n s�lo se otorgaba a quienes cursaban bachillerato, etapa escolar que la accionante estaba pr�xima a terminar. 

 

Por ello, resultaba necesario revisar la acci�n de tutela objeto de estudio y amparar las garant�as constitucionales de la actora sin dar lugar a m�s retardos, toda vez que una decisi�n diferente terminar�a perjudicando a la misma accionante, quien instaur� la impugnaci�n con el prop�sito de obtener el amparo efectivo de sus derechos ius fundamentales.

 

En tal sentido, la Sentencia T-661 de 2014 afirma:

 

�La Sala resalta que en el asunto analizado se deber�a declarar la nulidad del proceso, en raz�n de que se pretermiti� la segunda instancia del tr�mite de la referencia, al rechazar el recurso de apelaci�n propuesto por la actora con sustento en una causa diferente a la extemporaneidad de la alzada o la falta de legitimidad del recurrente, decisi�n que vulnera los derechos al debido proceso, a la segunda instancia y a la impugnaci�n.

 

Sin embargo de adoptar esa decisi�n, la Corte estar�a eliminando o suprimiendo los derechos de la actora, toda vez que no revisar la sentencia del juez de instancia implicar�a consentir la configuraci�n de un da�o consumado. Ello, porque la joven Diana Isabel M�ndez cumplir� 21 a�os y culminar� el bachillerato en el presente a�o, situaci�n que la excluye de ser beneficiaria del programa M�s Familias en Acci�n y dificulta la creaci�n del capital humano suficiente que permitan a la actora as� como a su familia salir de la pobreza.

 

Esta Corporaci�n reconoce que el tr�mite de la revisi�n eventual no reemplaza la instancia de apelaci�n, dado que son dos instituciones procesales que tienen fines distintos para la satisfacci�n derechos fundamentales, verbigracia el debido proceso y la defensa.

 

No obstante, los jueces constitucionales no pueden ser indolentes frente a los d�ficits de justicia material, m�xime cuando esa indiferencia significa permitir que la eventual sentencia quede en el vac�o, pues no habr� nada que hacer con relaci�n a los derechos de la petente, cuando se culmine el presente a�o. Declarar la nulidad del caso lleva a que la joven M�ndez Ni�o quede sin derechos, es decir, en un estado m�s all� de una desprotecci�n de sus garant�as esenciales.

 

En tal virtud, para que la decisi�n no sufra m�s retardos, la Corte analizar� el caso bajo estudio con el fin de evitar la configuraci�n de un da�o consumado a los derechos de la actora que termine en una situaci�n en que la decisi�n de amparo caiga en el vac�o. La Sala estima que esa determinaci�n es excepcional, en la medida que debe adoptarse una sentencia de fondo con el objeto de que impida la eliminaci�n de los derechos fundamentales de la peticionaria.�[69]

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que al pretermitirse la segunda instancia de un proceso de tutela, el juez constitucional debe, en principio, declarar la nulidad de todo lo actuado con el fin de que se surta tal etapa procesal; sin embargo, dicha determinaci�n no resulta viable si su efecto pr�ctico es permitir la vulneraci�n definitiva de los derechos fundamentales del accionante y, con ello, desconocer la prevalencia del derecho sustancial[70].

 

 

6. El alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos, en relaci�n con la objeci�n de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio. Reiteraci�n de jurisprudencia[71]

 

a. Algunas reflexiones sobre la libertad de conciencia

 

Como se se�al� en la Sentencia T-430 de 2013, la protecci�n de la libertad de conciencia tiene funciones y prop�sitos estructurales en un Estado Social de Derecho. En este sentido, la libertad de conciencia, en tanto derecho fundamental, se protege ante todo como una facultad individual y aut�noma, propia de cada persona, independientemente de sus creencias, principios, valores, credos, cosmovisiones u otra clase de consideraciones filos�ficas o metaf�sicas[72]. En este sentido, podr�a decirse que la conciencia es un elemento que merece protecci�n en s� mismo.

 

Las fundamentaciones de este derecho -como se puede advertir- son bastante variadas y provienen desde diferentes escuelas de pensamiento (ya sean filos�ficas o religiosas) o de diversas visiones pol�ticas (si se quiere liberales o conservadoras), a partir de las cuales se han construido importantes argumentos en favor de garantizar a toda persona su libertad de conciencia.

 

Bien sea desde perspectivas humanistas, respetuosas de las facultades que determinan el accionar de toda persona, o desde perspectivas religiosas, respetuosas del libre albedrio concedido a todo ser humano, se ha apoyado la defensa de la libertad bajo estudio[73].

 

La conciencia determina el actuar de las personas, les permite definir el sentido de su vida, establecer cu�l es la forma correcta y c�mo se ha de obrar, es por esto que la dimensi�n de la libertad de conciencia es un derecho fundamental que cumple funciones estructurales en un Estado Social de Derecho.

 

Actuar seg�n los dictados de la conciencia, en libertad, es un presupuesto de la construcci�n de una sociedad democr�tica, respetuosa de la dignidad humana. Por eso, se trata de una facultad esencial de toda persona, que necesita el espacio suficiente para desarrollarse. En tal medida, se ha de conceder el derecho de objeci�n de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado imponer a una persona actuar contra sus creencias profundas y sinceras, sean o no de car�cter religioso[74].

 

Ahora bien, es preciso indicar que la libertad de conciencia al ser una expresi�n de las convicciones m�s �ntimas de la persona -as� como de su autonom�a-, debe interpretarse mucho m�s all� del simple �mbito de las valoraciones religiosas o de las creencias. Es m�s: debe partir de cualquier consideraci�n que la persona estime v�lida y leg�tima dentro de su sistema de principios y valores.

 

Pi�nsese en el caso del ciudadano que se opone a portar armas porque considera que esto va en contra de sus convicciones m�s �ntimas sobre la no violencia o el pacifismo; imag�nese el caso de una persona que desee servir a su pa�s pero sin empu�ar un arma o realizar una acci�n b�lica[75]; o el caso de un ciudadano que quiera prestar un servicio alternativo al militar, por ejemplo, con labores sociales; o simplemente no prestar ninguna clase de servicio obligatorio al Estado porque as� lo indican sus convicciones.

 

Seg�n lo anterior, resultar�a v�lido oponerse a prestar el servicio militar obligatorio por razones de convicciones �ntimas, filos�ficas, humanistas, art�sticas, pol�ticas, sociol�gicas e incluso antropol�gicas; y no s�lo por razones religiosas, de creencias o socioecon�micas. Por supuesto, todo dentro de los l�mites de lo demostrable y de lo real: una convicci�n �ntima y profunda se construye con el tiempo, es un proceso en s� mismo; por lo tanto, no puede ser el resultado de una moda, una argucia, un capricho o una profesi�n espont�nea de fe. En este balance entre libertades y l�mites constatables consiste justamente el ejercicio de la libertad de conciencia. 

 

b.- La objeci�n de conciencia frente a la prestaci�n del servicio militar obligatorio

 

De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 10 de la Ley 48 de 1993, todo var�n colombiano est� obligado a definir su situaci�n militar a partir de la fecha en que cumpla la mayor�a de edad. Esto, a excepci�n de los estudiantes de bachillerato, quienes deben definir su situaci�n a partir del momento en que obtengan su t�tulo de bachiller.

 

Adicionalmente, el legislador determin� en la precitada ley que en algunos casos los ciudadanos no est�n obligados a prestar servicio militar, por ello, en sus art�culos 27 y 28, se�al� las causales que eximen la prestaci�n del servicio militar obligatorio en �todo tiempo� y �en tiempo de paz�:

 

�ARTICULO 27. Exenciones en todo tiempo. Est�n exentos de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensaci�n militar: a) Los limitados f�sicos y sensoriales permanentes; b) Los ind�genas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y econ�mica.

 

ARTICULO 28. Exenci�n en tiempo de paz. Est�n exentos del servicio militar en tiempo de paz, con la obligaci�n de inscribirse y pagar cuota de compensaci�n militar: a) Los cl�rigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatarios vigentes. As� mismo los similares jer�rquicos de otras religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto; b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la p�rdida de los derechos pol�ticos mientras no obtengan su rehabilitaci�n; c) El hijo �nico hombre o mujer; d) El hu�rfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 a�os, cuando �stos carezcan de renta, pensi�n o medios de subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos; f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestaci�n del servicio militar obligatorio, a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo; g) Los casados que hagan vida conyugal;h) Los inh�biles relativos y permanentes; i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza P�blica que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo�.

 

En la Sentencia C-728 de 2009 la Corte Constitucional determin� que el legislador no hab�a incurrido en una omisi�n legislativa relativa al excluir la objeci�n de conciencia como causal de exenci�n de la prestaci�n del servicio militar obligatorio, puesto que su aplicaci�n no requiere de desarrollo legislativo, sino que se desprende directamente de la fuerza normativa de la Constituci�n (art�culo 4� Superior), para lo cual s�lo basta invocar los derechos fundamentales a la libertad de conciencia (art�culo 18 Superior) y a la libertad de religi�n y de cultos (art�culo 19 Superior) para su efectivo ejercicio[76].

 

En el referido fallo, la Corte precis� las condiciones que debe cumplir el objetor de conciencia para exonerarse del servicio militar obligatorio, a saber:

 

�En primer lugar, cabe resaltar que las convicciones o las creencias que son objeto de protecci�n constitucional, tienen que definir y condicionar la actuaci�n de las personas. Esto es, su obrar, su comportamiento externo. No puede tratarse de convicciones o de creencias que tan s�lo est�n en el fuero interno y vivan all�, que no transciendan a la acci�n. En tal sentido, si una convicci�n o una creencia han permanecido en el fuero interno durante alg�n tiempo, al llegar el momento de prestar el servicio militar obligatorio, tal convicci�n o creencia puede seguir limitada a ese �mbito interno. No existe en tal caso, en principio, un deber constitucional de garantizar el derecho a no ser obligado a actuar en contra de su conciencia.

 

En tal sentido, todo objetor de conciencia tendr� la m�nima obligaci�n de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias. Es su deber, probar que su conciencia ha condicionado y determinado su actuar de tal forma, que prestar el servicio militar obligatorio implicar�a actuar en contra de ella.

 

Ahora bien, las convicciones o creencias que se invoquen, adem�s de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, fijas y sinceras.

 

Que sean profundas implica que no son una convicci�n o una creencia personal superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, as� como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida y que condicionen su actuar de manera integral.

 

 Que sean fijas, implica que no son m�viles, que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas f�cil o r�pidamente. Creencias o convicciones que tan s�lo hace poco tiempo se alega tener.

 

Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son falsas, acomodaticias o estrat�gicas. En tal caso, por ejemplo, el comportamiento violento de un joven en ri�as escolares puede ser una forma leg�tima de desvirtuar la supuesta sinceridad, si �sta realmente no existe�[77].

 

De manera semejante, la Sentencia T-018 de 2012 estableci� que:                            �las convicciones y creencias, bien sean de car�cter religioso, �tico, moral o filos�fico, que impidan prestar el servicio militar obligatorio mediante la figura de la objeci�n de conciencia deben cumplir con los siguientes requisitos: (i) tienen que definir y condicionar la conducta del objetor mediante manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; igualmente, deben ser (ii) profundas; (iii) fijas; y (iv) sinceras�.

 

Bajo estos supuestos el objetor de conciencia al servicio militar obligatorio es aquella persona cuyas convicciones religiosas, filos�ficas, �ticas, morales m�s profundas entran en conflicto con la obligaci�n de formar parte de un cuerpo regido por la disciplina militar y que se caracteriza por el uso de la fuerza[78]. Este derecho emana de la dignidad propia de la persona y en tal sentido es, ante todo, un derecho fundamental reconocido tanto en la Constituci�n como en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos[79], norma que se incorpora al ordenamiento interno por v�a remisoria del bloque de constitucionalidad.  

 

La cuesti�n central entonces, se resume en determinar c�mo debe abordarse el conflicto entre conciencia y obligaci�n. Esta aparente colisi�n debe resolverse en favor de la persona, pues es indiscutible que en una sociedad pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, es inaceptable que se obligue a una persona a actuar en contra de las convicciones m�s profundas de su conciencia. Se trata de un espacio vedado o inmune a la coacci�n, inherente a la persona por su condici�n racional e implica que ning�n pensamiento o acci�n pueda ser impuesto a personas con cosmovisiones diversas que definan su personalidad, a tal punto que las torne incompatibles con lo que la ley prescribe, en particular en cuanto a la disciplina militar en la que el uso de la fuerza es un elemento de la esencia[80].

 

Posteriormente, en la Sentencia T-430 de 2013, esta Corporaci�n reconoci� que la objeci�n de conciencia al servicio militar obligatorio es un derecho fundamental de aplicaci�n inmediata. Sobre este punto, se afirm�:

 

�La protecci�n de la libertad de conciencia tiene funciones y prop�sitos estructurales en un Estado social y democr�tico de derecho. Aunque no le corresponde a la Corte Constitucional establecer una definici�n completa y definitiva de lo que se ha de entender por �libertad de conciencia� y menos a�n por �conciencia�, si se ha referido a algunas de las maneras de usar el concepto en el campo de los derechos fundamentales.

 

La jurisprudencia constitucional se ha referido al ejercicio de la libertad de conciencia en diferentes contextos y �mbitos humanos. La libertad de conciencia, en tanto derecho fundamental, se protege ante todo como una facultad individual, propia de cada persona, sin perjuicio de las protecciones propias de comunidades �tnicas y tradicionales de la naci�n.

 

Desconocer la libertad de conciencia de una persona, oblig�ndola a revelar sus creencias o a actuar en contra de ellas, es una de las maneras m�s graves e impactantes de violentar un ser humano. La conciencia requiere que el estado, la sociedad y las instituciones en general, den el espacio que todo ser humano necesita para poder reflexionar, atender su conciencia y actuar seg�n ella. Este espacio amplio de libertad busca, como dijo la jurisprudencia, asegurar la posibilidad de realizar �aquellas acciones que la conciencia ordena sin estorbo o impedimento�[81].

 

En la Sentencia T-455 de 2014, la Corte analiz� dos casos con relaci�n a la objeci�n de conciencia frente al servicio militar. En esta decisi�n, consider� que entre el deber de prestar dicho servicio y la libertad de conciencia opera una tensi�n que debe ser resuelta por medio de una ponderaci�n entre derechos y deberes que, a su vez, logre garantizar la efectiva protecci�n de los derechos involucrados.

 

En este fallo, se ratific� que, por la estabilidad y permanencia de las convicciones constitutivas de objeci�n de conciencia, estas pueden expresarse en cualquier momento, por tratarse de un derecho fundamental con car�cter permanente. Bien puede entonces invocarse al momento en que se incorpora al servicio o cuando ya est� en curso su prestaci�n, lo que puede llevar a poner de manifiesto la incompatibilidad entre las convicciones personales y el ejercicio de actividades militares.

 

En la Sentencia T-185 de 2015, la Sala Cuarta de Revisi�n concedi� el amparo de los derechos a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos, en consecuencia, orden� al Ej�rcito Nacional el desacuartelamiento del accionante con la consecuente expedici�n de su libreta militar, por cuanto argument� que, debido a razones religiosas, �no venera los s�mbolos patrios, solo a Nuestro Se�or Jesucristo�.

 

Al respecto, la Sala consider�:

 

�el accionante es miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, desde el 28 de diciembre de 2005; es decir, desde que ten�a 9 a�os de edad, lo que permite suponer que tiene una creencia de car�cter religioso que estructura su existencia. No se trata por tanto, de creencias superficiales, que establecen dictados m�s o menos fuertes en la persona. Por el contrario, se trata de una visi�n omnicomprensiva de la existencia y de la realidad con una visi�n de car�cter religioso, que afecta y est� presente en las consideraciones que este haga sobre cualquier aspecto de su vida�.

 

A nivel internacional se han adoptado reglas similares ante la creciente diversidad de las sociedades contempor�neas. En la Sentencia T-314 de 2014, se rese�aron algunos casos emblem�ticos; por ejemplo, en Estados Unidos, se destaca el caso Clay v. United States[82] (28 de junio de 1971) en el cual la Corte Suprema revoc� una decisi�n del Quinto Circuito de Apelaciones que le hab�a negado el derecho a la objeci�n de conciencia al boxeador Casius Clay (m�s conocido como �Muhamed Ali�, tras su conversi�n al Islam), quien se opuso al reclutamiento militar con base en su creencias religiosas, por lo que fue condenado a cinco a�os de prisi�n al no acatar los requerimientos realizados por el Ej�rcito y ser considerado �desertor�. Tras la decisi�n de la Corte Suprema, se dej� sin efectos esta decisi�n y se reconoci� su derecho a la objeci�n de conciencia, gracias a lo cual no fue enviado a combatir en la guerra de Vietnam.

 

En Europa es un referente la decisi�n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[83] del 7 de julio de 2011, por medio de la cual fue condenada la Rep�blica de Armenia por la violaci�n del derecho fundamental a la libertad de conciencia del ciudadano Vahan Bayatyan, quien fue condenado y encarcelado por ser objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio de su pa�s, con base en su creencia en la doctrina religiosa de los Testigos de Jehov�. El Tribunal de Estrasburgo reconoci� por primera vez a nivel europeo, que el Art�culo 9^� del Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ampara de manera directa el derecho a la objeci�n de conciencia frente al servicio militar obligatorio[84].

 

Asimismo, en la esfera del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Resoluci�n 1995/83 de la Comisi�n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas defini� la objeci�n de conciencia al servicio militar como: �ejercicio leg�timo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religi�n enunciado en el art�culo 18 de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos y en el art�culo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos�[85].

 

7. An�lisis de los casos concretos

 

Disponiendo de los elementos constitucionales, legales, jurisprudenciales y f�cticos a los que se ha hecho referencia en los ac�pites anteriores, esta Sala pasa a analizar cada caso en su individualidad para tomar la decisi�n que en derecho corresponda.

 

Expediente T-6.367.365

 

De acuerdo con el problema jur�dico formulado, corresponde a la Sala determinar si la incorporaci�n de Wilson German Morales D�az al Ej�rcito Nacional vulner� sus derechos fundamentales a la libertad de conciencia (art�culo18 Superior) y a la libertad de cultos y de religi�n (art�culo 19 Superior).

 

En este caso debe recordarse que, de acuerdo con lo rese�ado en el ac�pite de antecedentes, el accionante fue incorporado al Ej�rcito Nacional contra su voluntad el d�a 27 de abril de 2017, el mismo d�a que se present� en el Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� de la ciudad de Pasto con la finalidad de definir su situaci�n militar. En aquella oportunidad, el joven Morales D�az declar� ser objetor de conciencia por sus creencias religiosas y su formaci�n teol�gica (convicciones que le impiden portar armas de fuego), hecho que no fue tenido en cuenta por las autoridades militares.

 

De hecho, en el tr�mite de instancia, el Batall�n de Infanter�a No. 9[86]  neg� tener competencia para resolver el asunto relacionado con la solicitud de objeci�n de conciencia del accionante, arguyendo que la competencia para resolver esta clase de controversias reca�a en la Direcci�n de Reclutamiento y Control de Reservas, hecho que fue desmentido por el Ministerio de Defensa[87], quien en su respuesta dentro del mismo tr�mite de instancia, se�al� que de acuerdo con el Decreto 2048 de 1993 (art�culo 17) �los circunscriptos declarados APTOS para incorporaci�n [a las Fuerzas Militares] quedar�n bajo el control y la vigilancia de las autoridades de reclutamiento, hasta su entrega a las diferentes Unidades Militares o de Polic�a�, y a�adi� que por esta raz�n la Direcci�n de Reclutamiento hab�a perdido competencia para pronunciarse o realizar actuaciones en cuanto a lo que decida el juez constitucional, como quiera que la competencia la tiene directamente la Unidad Militar donde se encuentra el accionante y que para el caso correspond�a al Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� y, posteriormente, al Batall�n de Ingenieros No. 23 �Gr. Agust�n Ni�o�.     

 

Adicionalmente, se destaca que el Mayor Javier Arturo Quintero Poveda[88] inform� que �el d�a 7 de mayo de 2017 [el accionante] se evadi� de la Unidad Militar, incurriendo por ese hecho en el delito de deserci�n, raz�n por la cual con la acci�n constitucional pretende justificar su conducta�[89].

 

Teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia constitucional sobre el problema jur�dico planteado, corresponde entonces a la Sala verificar si las convicciones y/o creencias de Wilson German Morales D�az, como objetor de conciencia frente al servicio militar obligatorio, cumplen con los requisitos trazados por esta Corporaci�n, a saber, si: (i) definen y condicionan su conducta mediante manifestaciones externas y comprobables de su comportamiento; (ii) son profundas; (iii) fijas; y (iv) sinceras.

 

Desde ya se puede se�alar que las pruebas que obran en el expediente le permiten a la Sala constatar que el accionante pertenece a la comunidad religiosa Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que profesa su creencia de manera constante en conjunto con su familia. Tambi�n se evidencia que la Direcci�n de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional conoc�a de esa pertenencia religiosa, por las reiteradas manifestaciones que tanto el accionante como su agente oficioso hicieron en ese sentido, pero que, sin embargo, no fueron atendidas.

 

Se destaca la certificaci�n expedida por el Pastor Gerardo Morar Romo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia del municipio de Llanada (Nari�o), en la cual se�ala que el joven Morales D�az �es miembro de la Congregaci�n ubicada en la Calle 9 # 7-24 barrio Gigante, del municipio La Llanada, en su permanencia all� ha gozado de buen testimonio, demostrando fidelidad al Se�or y seriedad en sus compromisos con la Iglesia, permanece en servicio activo como vocal del ministerio de j�venes de esta Congregaci�n. Por tanto ruego a quien interese, que sea tratado como es digno de un hijo de Dios�[90].

 

A lo anterior debe agregarse que la agente oficiosa del joven Morales D�az manifest� en la acci�n de tutela que su formaci�n teol�gica ha sido determinante en la vida de su hermano, pues �ha servido en el trabajo eclesi�stico de forma comprometida y entregada obedeciendo a su convicci�n de fe y principios cristianos pentecostales�[91].  

 

As� las cosas, puede evidenciarse que el accionante antes de ser reclutado, ha tenido una vida dedicada y muy activa al interior de su Iglesia, incluso haciendo parte del Ministerio de J�venes de la congregaci�n a la que pertenece. Esas actividades implican un compromiso, una disciplina y una constancia en su ejercicio.

 

Cuando la jurisprudencia constitucional se ha referido a que las creencias deben ser manifiestas, comprobables, profundas, fijas y sinceras se refiere a esta clase de circunstancias, en las que la persona que es objetora de conciencia no lo hace por un simple capricho sino porque tiene una vida dedicada a convicciones, creencias y profesiones de fe que hacen incompatibles esos principios de vida cristiana con el alistamiento militar y el uso y porte de armas de fuego.

 

Este entendimiento de la vida y de las convicciones �ntimas hace a�n m�s gravoso el hecho de que se le haya impuesto actuar de manera ajena e incompatible con los dictados de su conciencia, a tal punto que el 7 de mayo de 2017 se fug� de la Unidad Militar en la cual se encontraba.

 

Por las razones anteriormente expuestas resulta censurable, desde toda perspectiva, la actitud asumida por las autoridades militares (Ministerio de Defensa, Batall�n de Infanter�a No. 9 y Batall�n de Ingenieros No. 23) y por el juez de instancia (Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto, Nari�o), quienes desconociendo la jurisprudencia constitucional se limitaron a desacreditar, en contra de lo evidente y del principio de buena fe, las peticiones del accionante y de su agente oficiosa, quienes abogaban por el reconocimiento del derecho a la objeci�n de conciencia frente al servicio militar obligatorio.

 

As� las cosas, se destaca que, si bien el accionante no se encuentra actualmente en las instalaciones castrenses, contin�a vinculado formalmente al servicio obligatorio y a�n no se ha solucionado su situaci�n  militar, adem�s, de conformidad con lo aducido por el Mayor Quintero Poveda, es posible que sea juzgado y condenado por el delito de deserci�n (art�culo 109 del C�digo Penal Militar).

 

En consecuencia, se ordenar� a la Direcci�n de Reclutamiento y Control Reservas del Ej�rcito Nacional, al Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� y al Batall�n de Ingenieros No. 23 �Gr. Agust�n Ni�o�, que procedan en el t�rmino de 48 horas siguientes a la notificaci�n de la providencia, a la desincorporaci�n del servicio militar obligatorio de Wilson German Morales D�az y a la expedici�n de la correspondiente libreta militar.

 

 

Expediente T-6.372.321

                

En el caso del ciudadano John Davier Tamayo Carmona, se tiene que el 16 de mayo de 2017 se present� en el Distrito Militar No. 22 del Batall�n de Artiller�a No. 8 �Batalla de San Mateo� de Pereira (Risaralda), para cumplir una citaci�n previamente convenida para resolver su situaci�n militar. Desde ese mismo d�a se le incorpor� al servicio militar obligatorio, pese a que manifest� objeci�n de conciencia por sus creencias religiosas y su formaci�n cristiana pentecostal, convicciones que le impiden portar armas de fuego. Posteriormente fue trasladado al Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena (Arauca), donde actualmente se encuentra el accionante.

                                                                            

                                                                            

 

 

En el tr�mite de instancia, la oficina jur�dica de la Direcci�n de Personal del Ej�rcito Nacional, mediante escrito del 16 de junio de 2017[92], manifest� que �todo objetor de conciencia tendr� la m�nima obligaci�n de demostrar las manifestaciones externas de sus convicciones y de sus creencias�, a lo cual agreg� que la solicitud de objeci�n de conciencia �se encuentra realizada por la progenitora del joven John Tamayo Carmona y no por �l mismo, por lo que no se demuestra una objeci�n de conciencia profunda, fija, sincera toda vez que la creencia no siempre es la misma de la progenitora que la del objetor�.

 

Por su parte, el Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena (Arauca), a trav�s de escrito del 21 de junio de 2017[93], manifest� que �debido a la situaci�n sociopol�tica y legal del pa�s actualmente, el se�or John Tamayo Carmona deber� permanecer prestando el servicio militar obligatorio en esta unidad t�ctica�.

 

En el mismo sentido, agreg� que la funci�n del grupo de soldados regulares de los cuales hace parte el se�or Tamayo Carmona est� enfocada en vigilar un oleoducto y evitar atentados directos contra este, adem�s, que se encuentran dirigidos por personal entrenado y cualificado espec�ficamente para ello.

 

Tambi�n se�al� que en caso de que el accionante se encuentre �en alguna de las exenciones que plantea la misma ley (Ley 133 de 1994 y Decretos 1319 de 1998, 782 de 1995 y 505 de 2003), se hace necesario que se acredite con los documentos o soportes pertinentes, los cuales sean conducentes para respaldar lo aludido en su petici�n -que pertenece a una comunidad cristiana-�.

 

En el expediente tambi�n se vislumbra que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia-, requiri� al accionante para que ratificara los hechos referidos en la acci�n de tutela. Seg�n constancia secretarial del 22 de junio de 2017, el joven Tamayo Carmona ratific� el amparo formulado por la Defensor�a Regional de Risaralda e inform� al Tribunal que hab�a solicitado a las autoridades militares su derecho a la objeci�n de conciencia debido a sus creencias religiosas, sin embargo, estas no accedieron a su petici�n.

 

Adicionalmente, la Defensor�a remiti� un documento se�alando que las creencias del actor eran profundas, fijas y sinceras, adem�s adjunt� fotograf�as que demostraban sus labores en la iglesia y varias grabaciones en las cuales�le expresa a su madre las dificultades por las que est� pasando en el Ej�rcito por haber manifestado la objeci�n de conciencia�[94].

 

Pese a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda                     -Sala Civil Familia- resolvi� negar el amparo invocado, frente a lo cual la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- present� escrito de impugnaci�n el 30 de junio de 2017[95].

 

Sin embargo, la autoridad judicial mencionada no adelant� el tr�mite de impugnaci�n correspondiente, tal como se desprende de la siguiente constancia secretarial: �el t�rmino de ejecutoria de la providencia anterior transcurri� durante los d�as 28, 29 y 30 de junio del a�o en curso. En firme�[96], y de la remisi�n del expediente a la Corte Constitucional mediante oficio del 4 de julio de 2017.

 

En este escenario, la Sala encuentra necesario analizar la validez del proceso de tutela. Para el efecto, se determinar� si el proceso de la referencia adolece de nulidad, como quiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial-Sala Civil Familia- pretermiti� el tr�mite de segunda instancia.

 

Configuraci�n de la nulidad por pretermitir la instancia de la impugnaci�n, empero inaplicaci�n de sus efectos para evitar la vulneraci�n de los derechos fundamentales del actor

 

Como se indic� en los p�rrafos anteriores, Donaldo C�rdoba Andrade,                en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda-, present� impugnaci�n contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia-. Sin embargo, el juez de instancia no adelant� el tr�mite de la impugnaci�n.

 

Siguiendo lo dicho en las consideraciones de esta providencia, en los procesos de tutela los jueces de primera instancia tienen la obligaci�n de dar tr�mite a la impugnaci�n del fallo, salvo que el mismo sea promovido de forma extempor�nea o ante la falta de legitimaci�n para interponer el recurso.

 

En caso de que los jueces trasgredan esa restricci�n, el tr�mite adolecer� de nulidad insaneable porque pretermitir�a una instancia y vulnerar�a los derechos al debido proceso y a la doble instancia del recurrente, lo cual reviste una mayor gravedad frente a la necesidad urgente de proteger las garant�as constitucionales invocadas en la acci�n de tutela.

 

En esta oportunidad, la Sala Novena de Revisi�n corrobora que Donaldo C�rdoba Andrade, agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona present� escrito de impugnaci�n el 30 de junio de 2017 contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2017[97], esto es, dentro del t�rmino de ejecutoria de la providencia que transcurri� durante los d�as 28, 29 y 30 de junio 2017[98].

 

En consecuencia, el proceso se encuentra viciado de nulidad, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia- pretermiti� la segunda instancia y al hacerlo, vulner� el derecho al debido proceso, el principio de la doble instancia y el de impugnaci�n del se�or Donaldo C�rdoba Andrade, en representaci�n de la Defensor�a del Pueblo -Regional Risaralda-, m�s a�n, gener� que la protecci�n de los derechos fundamentales del joven Tamayo Carmona se viera postergada de manera innecesaria.

 

La Sala Novena de Revisi�n resalta que en el asunto sub examine deber�a declararse la nulidad del proceso, sin embargo, de adoptar esa decisi�n, se permitir�a que la vulneraci�n de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos del accionante contin�e en el tiempo.

 

Este aspecto reviste una especial importancia� ya que postergar a�n m�s el amparo solicitado podr�a dar lugar a la configuraci�n de un da�o consumado, dado que el joven Tamayo Carmona fue incorporado al servicio militar obligatorio el 16 de mayo de 2017 y, por ende, �ste culminar� el pr�ximo 16 de noviembre de 2018[99], situaci�n que pone de presente la urgencia de proteger sus garant�as constitucionales.

 

Sobre el particular, la Sala resalta el precedente adoptado en la Sentencia T-661 de 2014[100], rese�ada con anterioridad, as� como la necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial, de conformidad con los mandatos del art�culo 228 Superior; exigencia en cabeza de toda la Administraci�n de Justicia y m�s a�n de la entidad encargada de salvaguardar la integridad y supremac�a de la Constituci�n[101].

 

As� las cosas, se destaca que las pruebas obrantes en el expediente indican que el accionante es miembro activo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que profesa su creencia de manera constante desde temprana edad en conjunto con su familia, as� mismo se evidencia que la Direcci�n de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional conoc�a de esa pertenencia religiosa, por las reiteradas manifestaciones que tanto el accionante, como su agente oficiosa hicieron en ese sentido, pero que, sin embargo, no fueron atendidas.

 

De tal manera, se acredit� que el ciudadano John Davier Tamayo Carmona es Ministro de Alabanza de la Iglesia Pentecostal Sede �Las Violetas�, ubicada en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Lo anterior, se puede comprobar conforme a la certificaci�n expedida por el Pastor de la referida congregaci�n, John Toro Jim�nez, quien adem�s refiri� que: �John Davier Tamayo Carmona es miembro activo y ministro de alabanza prestando su servicio en las reuniones que realizamos en esta sede, desde hace seis a�os (�). Igualmente, me permito manifestar que el joven por sus principios y convicciones religiosas no puede portar un arma o hacer uso de ella en contra de un semejante� [102].

   

Cuando la jurisprudencia constitucional se ha referido a que las creencias deben ser manifiestas y comprobables, profundas, fijas y sinceras, se refiere a esta clase de circunstancias, en las que la persona que es objetora de conciencia no lo hace por un simple capricho sino porque tiene una vida dedicada a convicciones, creencias y profesiones de fe que hacen incompatibles esos principios de vida cristiana, en los que interpreta varios instrumentos musicales para la adoraci�n y alabanza de Dios.

 

Este entendimiento de la vida y de las convicciones �ntimas hace a�n m�s gravoso el hecho de que se le impuso obrar de manera incompatible con sus creencias, incluso, podr�a afirmarse que se le oblig� a cambiar instrumentos musicales por armas de fuego.

 

En contraste con lo anterior, es censurable que las autoridades militares (Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena, Arauca) y el juez de instancia (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda, Sala Civil Familia), hayan desestimado las pruebas allegadas por el agente oficioso del accionante, que por solicitud de su progenitora realiz� a trav�s del servicio de defensor�a p�blica de la Defensor�a del Pueblo.

 

Dichas pruebas consisten en fotograf�as y grabaciones que fueron allegadas al despacho de instancia sin que �ste las valorara conforme a las normas del debido proceso. En las referidas evidencias, se pueden constatar las actividades del ciudadano Tamayo Carmona al interior de su congregaci�n religiosa como Ministro de Alabanza e interpretando diversos instrumentos musicales durante eventos de su iglesia[103].

 

Por otra parte, respecto al Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena (Arauca) no es de recibo su justificaci�n para negar el desacuartelamiento del accionante, en la medida que ha sido el accionante quien en ejercicio de su autonom�a ha manifestado no querer prestar el servicio militar por sus convicciones religiosas. El hecho que haya transmitido estas preocupaciones a su progenitora para que interpusiera la acci�n sub examine en nada inv�lida la voluntad del actor.

 

Ahora bien, toda labor militar que implique portar un arma y custodiar infraestructura petrol�fera significa un riesgo para la vida e integridad personal de quien realiza esa labor. En particular, en una zona hist�ricamente azotada por la violencia como lo es el municipio de Saravena (Arauca) y el oleoducto Ca�o Lim�n-Cove�as[104].        

 

En consecuencia, se ordenar� a la Direcci�n de Reclutamiento y Control Reservas del Ej�rcito Nacional y al Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena (Arauca), que procedan en el t�rmino de 48 horas siguientes a la notificaci�n de la providencia, a la desincorporaci�n del servicio militar obligatorio de John Davier Tamayo Carmona y a la expedici�n de la correspondiente libreta militar.             

 

Consideraciones finales comunes a los casos estudiados

 

A manera de conclusi�n, resulta claro que, en el caso del servicio militar obligatorio, la jurisprudencia ha tenido en cuenta que se trata de un deber que impone una serie de cargas de gran envergadura para todo joven, ya que supone ingresar a una instituci�n bajo estrictas reglas disciplinarias y de jerarqu�a.

 

Cuando esta obligaci�n se impone a una persona cuyas creencias profundas, fijas y ser�as se ver�an desconocidas, se est� imponiendo una carga irrazonable, inadecuada y desproporcionada. Irrazonable, por cuanto es una medida que desconoce el derecho de toda persona a no ser obligada a actuar contra su conciencia; inadecuada, debido a que quien se ve sometido a obrar desconociendo sus creencias, no prestar�a un adecuado servicio a la patria; y desproporcionada, por cuanto se sacrifican en alt�simo grado los derechos fundamentales del joven objetor, a cambio de una protecci�n m�nima del Estado y la seguridad nacional.

 

Adicionalmente, como en otras decisiones previas, esta Sala debe se�alar que resulta a todas luces inconstitucional obligar a prestar el servicio militar a una persona que se ver�a compelida a actuar contra los mandatos de su conciencia. Por tanto, que se sigan repitiendo violaciones a la libertad de conciencia en los procesos de incorporaci�n del Ej�rcito Nacional es una grave violaci�n a la Constituci�n Pol�tica que debe ser total y completamente erradicada.

 

En este sentido, conviene reiterar, como ya se expres� antes, que la libertad de conciencia es un derecho fundamental que cumple funciones estructurales en un Estado Social de Derecho. Se protege como una facultad humana individual, que no se limita al simple hecho de pensar. En efecto, la conciencia determina el actuar de las personas, les permite definir el sentido de su vida; establecer cu�l es la forma correcta y c�mo se ha de actuar. 

 

Seguir libremente los dictados de la conciencia es un presupuesto de la construcci�n de una sociedad democr�tica y respetuosa de la dignidad humana. Por eso, se trata de una facultad que necesita el espacio suficiente para desarrollarse, en tal medida, se ha de conceder el derecho de objeci�n de conciencia cuando sea irrazonable y desproporcionado imponer el deber legal en cuesti�n a una persona que se vea compelida actuar en contra de sus creencias profundas y sinceras, sean o no de car�cter religioso[105].

 

Finalmente, y dado que las autoridades militares y los jueces de instancia insisten en desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de objeci�n de conciencia frente a servicio militar obligatorio, esta Sala reiterar� -como forma de pedagog�a constitucional- las conclusiones unificadas y establecidas en la Sentencia SU-108 de 2016, de acuerdo con la cual:

 

�4.1. El art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica establece las prerrogativas que nacen del derecho fundamental a la libertad de conciencia, entre las que se encuentran: (i) nadie puede ser objeto ni de acoso ni de persecuci�n en raz�n de sus convicciones o creencias; (ii) se garantiza que ninguna persona estar� compelida a revelar sus convicciones y (iii) nadie ser� obligado a actuar contra su conciencia. Es de esta �ltima garant�a que nace el derecho fundamental a la objeci�n de conciencia.

 

4.2. El derecho a la objeci�n de conciencia es una consecuencia de la concreci�n del postulado de la supremac�a de la Constituci�n y de los derechos fundamentales, como l�mite al poder legislativo y del respeto a las minor�as.

 

4.3. El Estado colombiano corresponde al modelo democr�tico, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana. Es por ello que el reconocimiento de la libertad de conciencia y de la garant�a de objetar el cumplimiento de un deber cuando aquella lo impide, m�s que desconocer el ordenamiento, protege los principios, valores y derechos amparados por la Carta Pol�tica.

 

4.4. Los Tratados de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad garantizan el derecho a actuar de acuerdo con las convicciones morales y a no ser obligado a proceder en forma contraria a ellas. En igual sentido se han pronunciado los organismos internacionales, instando a los Estados a ampliar el reconocimiento del derecho a objetar.

 

4.5. El derecho comparado muestra la tendencia en los Estados democr�ticos de reconocer el derecho de objeci�n de conciencia en virtud de la cual resulta justificado negarse al cumplimiento de un deber por razones de conciencia aut�nticas, fijas y profundas, restringi�ndolo solo en los casos en que se considera que resulta imperativo para una sociedad democr�tica.

 

4.6. La objeci�n de conciencia encuentra l�mites en los derechos de los dem�s y en la existencia de deberes jur�dicos vinculados a aspectos como los requerimientos del orden p�blico, la tranquilidad, la salubridad o la seguridad colectivas.

 

4.7. En materia de objeci�n de conciencia a la prestaci�n del servicio militar obligatorio, la jurisprudencia constitucional evolucion� a partir de la sentencia C-728 de 2009, al reconocerla como un derecho fundamental de aplicaci�n constitucional inmediata que no requiere desarrollo legislativo para ser ejercido.

 

4.8. No toda manifestaci�n de una reserva de conciencia a la prestaci�n del servicio militar obligatorio puede tenerse como eximente autom�tico del mismo. En cada caso habr� de ponderarse la naturaleza del reparo de conciencia, la seriedad con la que es asumido, la afectaci�n que su desconocimiento produce en el sujeto, los terceros afectados y los dem�s aspectos que en un caso concreto permitan al juez constitucional amparar o negar el derecho.

 

4.9. Las convicciones o creencias que se invoquen, adem�s de tener manifestaciones externas que se puedan probar, deben ser profundas, aut�nticas, fijas y sinceras. La objeci�n de conciencia no s�lo procede por motivos religiosos sino que incluye razones morales, �ticas, humanitarias, pol�ticas, filos�ficas, entre otras.

 

4.10. Al legislador le corresponde un papel protag�nico en la determinaci�n de las condiciones para ejercer la garant�a a objetar el cumplimiento de un deber jur�dico por razones de conciencia, as� como conciliar los derechos de las partes que puedan verse afectadas.

 

4.11. A pesar de este importante rol del legislador, el derecho a la objeci�n de conciencia es un derecho fundamental de aplicaci�n inmediata que puede ser reclamado v�a acci�n de tutela ante los jueces constitucionales�[106].

                                                                                                 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se revocar�n las sentencias de instancia y se amparar�n los derechos fundamentales de los ciudadanos accionantes a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos, concretamente, su derecho a objetar por razones de conciencia la prestaci�n del servicio militar obligatorio.  

 

8. S�ntesis de la decisi�n

 

La Sala Novena de Revisi�n examina los casos de los j�venes Wilson German Morales D�az y John Davier Tamayo Carmona (expedientes                         T-6.367.365 y T-6.372.321), quienes acreditaron ser miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y ser reclutados por el Ej�rcito Nacional para prestar el servicio militar obligatorio.

 

La ciudadana Esnedy Rosalba Morales D�az y la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- formularon acciones de tutela en calidad de agentes oficiosos contra la Direcci�n de Reclutamiento y Control Reservas del Ej�rcito Nacional y varias Unidades Militares por la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos de los j�venes Morales D�az y Tamayo Carmona.

 

En las dos acciones de tutela se indic� que las entidades accionadas negaron las peticiones de desacuartelamiento de los accionantes, aduciendo que no hab�an acreditado tener unas convicciones religiosas profundas, fijas, sinceras y objetivamente demostradas.

 

Para abordar el estudio de los casos concretos, la Corte incluye un an�lisis de las siguientes tem�ticas: (i)cumplimiento de los presupuestos de procedibilidad de las acciones de tutela; (ii) carencia actual de objeto por hecho superado o da�o consumado; (iii) principio de la doble instancia y las nulidades procesales en la acci�n de tutela, ante la pretermisi�n del tr�mite de segunda instancia; (iv) el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos, en relaci�n con la objeci�n de conciencia para prestar el servicio militar obligatorio.

 

Respecto a este �ltimo punto, se reiteran las reglas establecidas por la Sentencia SU-108 de 2016 respecto al alcance de los derechos fundamentales objeto de estudio. Tambi�n se se�ala que la libertad de conciencia es una  dimensi�n de la autonom�a y una expresi�n de las convicciones m�s �ntimas de la persona, por lo que debe interpretarse mucho m�s all� del simple �mbito de las valoraciones religiosas y extenderse a cualquier consideraci�n o creencia que la persona asuma dentro de su sistema de principios y valores.

 

Por supuesto, todo dentro de l�mites objetivos y debidamente demostrados, ya que una convicci�n �ntima y profunda se construye con el tiempo, es un proceso en s� mismo; por lo tanto, no puede ser el resultado de una moda, una argucia, un capricho o una profesi�n moment�nea o interesada de fe. En este balance entre libertades y l�mites constatables consiste justamente el ejercicio de la libertad de conciencia en un Estado Social de Derecho.

 

Adicionalmente, se advierte que resulta a todas luces inconstitucional obligar a una persona a prestar el servicio militar, cuando va a verse compelida a actuar en contra de los mandatos de su conciencia. Por tanto, resulta inaceptable que se sigan repitiendo violaciones a las libertades en los procesos de incorporaci�n del Ej�rcito Nacional.

 

Respecto a los casos concretos, la Sala corrobora que los j�venes Wilson German Morales D�az y John Davier Tamayo Carmona son miembros activos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en las sedes de los municipios de la Llanada (Nari�o) y Dos Quebradas (Risaralda), respectivamente; en dichas congregaciones uno de ellos es Ministro de Alabanza y el otro ejerce como Vocal del Ministerio de J�venes, por lo cual se acreditan los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la objeci�n de conciencia frente al servicio militar obligatorio.

 

En consecuencia, la Corte revoca las sentencias proferidas por los jueces de instancia y ampara los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos de los ciudadanos Wilson German Morales D�az y John Davier Tamayo Carmona.

 

III. DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisi�n, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n Pol�tica,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- En relaci�n con el expediente T-6.367.365, REVOCAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2017, por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto (Nari�o), que neg� el amparo formulado por Esnedy Rosalba Morales D�az, como agente oficiosa de Wilson German Morales D�az. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos del ciudadano Wilson German Morales D�az, por las razones expuestas en esta providencia.

 

Segundo.- ORDENAR a la Direcci�n de Reclutamiento y Control de Reservas del Ej�rcito Nacional, al Batall�n de Infanter�a No. 9 �Batalla de Boyac� (Distrito Militar No. 23 de Pasto) y al Batall�n de Ingenieros No. 23 �Gr. Agust�n Ni�o� que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, proceda a desincorporar del servicio militar obligatorio al ciudadano Wilson German Morales D�az y expida a su favor la correspondiente libreta militar.               

 

Tercero.- En relaci�n con el expediente T-6.372.321, REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda -Sala Civil Familia-, que neg� el amparo formulado por Donaldo C�rdoba Andrade, actuando en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo -Regional Risaralda- y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos del ciudadano John Davier Tamayo Carmona, por las razones expuestas en esta providencia.

 

Cuarto.- ORDENAR a la Direcci�n de Reclutamiento y Control Reservas del Ej�rcito Nacional y al Grupo de Caballer�a Mecanizada No. 18 �General Gabriel Reveiz Pizarro� de Saravena (Arauca) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci�n de esta sentencia, proceda a desincorporar del servicio militar obligatorio al ciudadano John Davier Tamayo Carmona y expida a su favor la correspondiente libreta militar.              

 

Quinto.- PREVENIR al Ej�rcito Nacional para que en el futuro no vuelva a incurrir en actuaciones que desconozcan los derechos fundamentales de los objetores de conciencia, en tanto constituye una grave violaci�n a la Constituci�n Pol�tica.

 

Sexto.- L�BRESE por Secretar�a General la comunicaci�n prevista en el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

 

 

 

ALBERTO ROJAS R�OS

Magistrado

 

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

Salvamento parcial de voto

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

 

MARTHA VICTORIA S�CHICA M�NDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA T-353/18

 

Expedientes acumulados: (i) T-6.367.365 y (ii) T-6.372.321

 

Acciones de tutela interpuestas por (i) Esnedy Rosalba Morales D�az, agente oficiosa de Wilson Germ�n Morales D�az, contra el Batall�n de Infanter�a No. 9 de Pasto (Nari�o) y otros; y (ii) Donaldo C�rdoba Andrade, actuando en representaci�n de la Defensor�a Regional del Pueblo �Regional Risaralda� y como agente oficioso de John Davier Tamayo Carmona, contra el Jefe de Reclutamiento del Ej�rcito Nacional, el Comandante del Grupo de Caballer�a Mecanizado No. 18 de Saravena (Arauca) y otros.

 

Magistrado ponente: Alberto Rojas R�os

 

1.                Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de esta Corte, suscribo este salvamento parcial de voto en relaci�n con la providencia de la referencia. Disiento, en particular, de las �rdenes adoptadas respecto del expediente T-6.367.365.

 

2.                En este caso, la Sala Novena de Revisi�n de Tutelas resolvi�, entre otras, amparar los derechos a la �libertad de conciencia y a la libertad de religi�n y de cultos del ciudadano Wilson Germ�n Morales D�az�. A esta conclusi�n se lleg� luego de que, para la Sala, la objeci�n de conciencia manifestada por el accionante, seg�n relat� su agente oficiosa, s� re�ne las condiciones que la jurisprudencia constitucional ha exigido frente a la prestaci�n del servicio militar obligatorio. Sin embargo, a mi juicio, lejos de lo afirmado en la sentencia, (i) existe un d�ficit probatorio que impide que el juez constitucional pueda llegar, sin m�s, a esa determinaci�n, lo cual, a su vez, (ii)incidi� en el an�lisis del caso concreto.

 

3.                Primero, si bien los art�culos 86 de la Constituci�n y 3 del Decreto 2591 de 1991, en virtud de la informalidad que orienta el ejercicio de la acci�n de tutela, disponen el principio de flexibilidad probatoria, ello no exime al juez constitucional �ya sea en instancias o en sede de revisi�n� hacer uso de sus poderes oficiosos, a fin de �conocer la realidad de la situaci�n litigiosa de manera que no s�lo est� facultado para pedir informes a los accionados respecto de los hechos narrados en el escrito de tutela, sino que est� obligado a decretar pruebas cuando persisten las dudas respecto de los hechos del caso estudiado�[107].

 

4.                En el caso concreto, no puede afirmarse �como lo hace la sentencia� que la deserci�n del accionante tenga como �nica causa y explicaci�n la objeci�n de conciencia manifestada por la agente oficiosa. Esta, a lo sumo, resulta una afirmaci�n circunstancial, que no tiene sustento probatorio. En efecto, m�s all� de lo afirmado por la agente oficiosa, (i) no existe prueba de la existencia de una manifestaci�n personal acerca de la convicci�n �ntima o creencias del se�or Morales D�az, que permita concluir que, en este caso, prestar el servicio militar obligatorio implicar�a que el accionante actuara en contra de su conciencia.

 

5.                Segundo, en atenci�n al d�ficit probatorio, la Sala realiz� un indebido an�lisis del caso concreto. Dada la naturaleza constitucional del deber de prestar el servicio militar, la jurisprudencia constitucional ha precisado que(ii) la pertenencia a un culto o comunidad religiosa no implica per se que esta sea incompatible con dicho deber, sino que debe analizarse en cada caso. En esta medida, la certificaci�n expedida por el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia �aunada a la falta de manifestaci�n personal de la conciencia del accionante� no es suficiente para proceder al amparo de los derechos del accionante. 

 

 

Fecha ut supra,

 

 

 

 

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado