Sentencia T-390/18

 

 

Referencia: Expediente T-6.562.773 (AC)

Acci�n de tutela interpuesta por el Personero Municipal de Barbosa (Antioquia), en representaci�n de Marta Elena R�a �lvarez y otros contra Alcald�a Municipal de Barbosa (Antioquia) y otro.

Acci�n de tutela interpuesta por Personero Municipal de Dosquebradas (Risaralda) en representaci�n de Luz Mery Hincapi� Ayala y otro contra la Corporaci�n Aut�noma de Risaralda y otros (exp.: T-6.568.695).

 

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

 

Bogot� D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

 

 

La Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio Jos� Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

 

SENTENCIA

 

I.             ANTECEDENTES

 

A.              LAS DEMANDAS DE TUTELA

 

Expediente T-6.562.773

 

1. El cuatro (04) de julio de 2017, Marta Elena R�a �lvarez, Luis Enrique Serna Osorio, Luz Amantina Buitrago de Agudelo y sus familias, a trav�s del Personero Municipal de Barbosa (Antioquia) interpusieron acci�n de tutela contra dicho Municipio y la Empresa de Vivienda Antioquia�VIVA por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, seguridad personal, integridad f�sica, vivienda digna, m�nimo vital e igualdad por cuanto, seg�n los accionantes, la urbanizaci�n donde habitan �se encuentra en alto riesgo por el deterioro evidente en los cimientos de la estructura, lo que perturba la tranquilidad de ellos y del vecindario pues est�n en peligro inminente�[1]. Por lo anterior, solicitaron ordenar a los accionados gestionar su reubicaci�n y la de su n�cleo familiar, a trav�s de un subsidio de arrendamiento, mientras se realiza el reforzamiento estructural �o la obra pertinente� y hasta que se puedan entregar las casas ubicadas en la Urbanizaci�n Los Abuelos etapa 1 (en adelante, la Urbanizaci�n).

 

Expediente T-6.568.695

 

2. El quince (15) de mayo de 2017, Luz Mary Hincapi� Ayala y Hans Echeverri Aguirre y sus familias, a trav�s del Personero Municipal de Dosquebradas - Risaralda[2], interpusieron acci�n de tutela como mecanismo transitorio contra la Corporaci�n Aut�noma Regional de Risaralda (en adelante, CARDER) y el Consorcio Pereira-Dosquebradas[3] (en adelante, el Consorcio) por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, calidad de vida, vivienda digna, dignidad humana e integridad personal, pues seg�n los accionantes, se encuentran en riesgo por el deslizamiento de tierras dada la cercan�a de sus viviendas� ubicadas en el Barrio� a la quebrada �La V�bora� en el municipio de Dosquebradas (en adelante, Dosquebradas). Por lo anterior, solicitaron que se ordene disponer lo necesario para priorizar la ejecuci�n de la obra que busca mitigar dicho riesgo prevista en el contrato de obra 541 de 2016 suscrito entre el Consorcio y la CARDER y, que la misma se ejecute de manera inmediata.

 

3. En el mismo orden expuesto, a continuaci�n, se expondr�n respecto de cada uno de los expedientes (i) los hechos relevantes, (ii) la respuesta de las entidades accionadas, (iii) las pruebas recaudadas por esta Corte en sede de revisi�n y (iv) las decisiones judiciales objeto de revisi�n correspondientes a cada expediente objeto de revisi�n.  

 

(i) Expediente T-6.562.773

 

B.               HECHOS RELEVANTES

 

4. La Urbanizaci�n se construy� teniendo en cuenta las obligaciones previstas en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciaci�n 2007-VIVA-CF-152 de 2007, suscrito entre la Empresa de Vivienda Antioquia�Viva y Barbosa, cuyo objeto fue la construcci�n de veinte (20) Viviendas de Inter�s Prioritario en la zona urbana del mencionado municipio[4].

 

5. En el a�o 2009,  Barbosa reubic� a los accionantes en la Urbanizaci�n pues estos se encontraban habitando zonas que hab�an sido calificadas de �alto riesgo�[5].

 

6. El quince (15) de febrero de 2017, Barbosa contrat� la realizaci�n de estudios y dise�os de los elementos estructurales de la Urbanizaci�n, a trav�s de la suscripci�n del Contrato Interadministrativo de Mandato No. 06 entre dicho municipio y Municipios Asociados del Oriente Antioque�o (en adelante, MASORA)[6].

 

7. Como resultado de la ejecuci�n de dicho Contrato Interadministrativo, el veintiocho (28) de febrero de 2017, MASORA concluy� que la estructura actual de la Urbanizaci�n no tiene la capacidad suficiente para atender de manera segura las cargas s�smicas, ni tampoco las cargas de uso y ocupaci�n por lo que recomend� �[t]omar medidas inmediatas y urgentes para evitar una tragedia y reubicar a los habitantes del complejo habitacional�[7].

 

8. Al tiempo de la interposici�n de la acci�n de tutela[8] la se�ora Marta Elena, con setenta y cinco (75) a�os de edad, se�al� que el �nico ingreso que tiene corresponde a su c�nyuge, quien guada�a prados y vive con ella. Por su parte, el se�or Luis Enrique, con sesenta y seis (66) a�os de edad, afirm� que vive solo, que recibe ayuda econ�mica de un familiar, pues se encuentra desempleado y que atraviesa dificultades de salud. Finalmente, la se�ora Luz Amantina, con setenta y un (71) a�os de edad, asever� que el �nico ingreso que tiene proviene del aporte econ�mico de su hija quien vive con ella y trabaja en la venta de productos por tel�fono.

 

9. Seg�n la acci�n de tutela, el doce (12) de junio de 2017 la Personer�a evidenci� �(�) el mal estado en que se encuentran los cimientos met�licos de la edificaci�n avizor�ndose el peligro en que se encuentran�[9]. Seg�n los accionantes, �(�) las administraciones del municipio no han desarrollado acciones efectivas que conlleven a resolver el problema de ra�z (�) la respuesta siempre es que se har� un reforzamiento y los trabajos adecuados, lo cual tiene en zozobra a los que habitan tanto la susodicha edificaci�n, como a sus vecinos dicho sector (sic) ante el peligro inminente que se vislumbra por el deterioro notorio de la estructura en su cimientos, debido a que las columnas met�licas est�n podridas desde hace mucho tiempo�[10].

 

C.              RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

 

La Alcald�a Municipal de Barbosa

 

10. Seg�n consta en el respectivo expediente, Barbosa no se pronunci� ni emiti� respuesta alguna en el tr�mite de tutela.

 

La Empresa de Vivienda Antioquia� VIVA

 

11. El Director Jur�dico de la Empresa de Vivienda Antioquia� VIVA, a trav�s de escrito dirigido al Juzgado Civil del Circuito de Girardota (Antioquia), solicit� �negar la acci�n de tutela respecto a (sic) la Empresa de Vivienda Antioquia- Viva, teniendo en cuenta que la misma no cumple con el requisito de procedibilidad de la acci�n, esto es la subsidiariedad�[11]. Adem�s, indic� que la Empresa no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y que, por lo contrario, ha realizado todas las acciones a las que se hab�a comprometido seg�n el convenio interadministrativo de cofinanciaci�n suscrito en 2007[12].

 

D.              DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISI�N

 

Decisi�n de primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota (Antioquia), el diecisiete (17) de julio de 2017

 

12. El Juzgado de primera instancia neg� la acci�n de tutela por improcedente. Advirti� que los accionantes no acreditaron reclamaci�n alguna ante Barbosa y, por ende �(�) tampoco [pusieron] en conocimiento del Municipio de Barbosa la problem�tica que all� se presenta ni elev� petici�n alguna encaminada a corregir o solucionar el problema que presenta en dichas viviendas�. Asimismo, �(�) tampoco indic� el actor la fecha desde la cual se presentan los deterioros de los cimientos de la estructura ni las gestiones tendientes a buscar soluciones ante el organismo competente� y, tampoco �acredit� el demandante la existencia de un perjuicio irremediable�.

 

Impugnaci�n

 

13. El Personero Municipal de Barbosa, impugn� el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota solicitando su revocaci�n y la protecci�n de los derechos fundamentales de sus representados. Para dichos efectos, bas� su escrito en que a partir del fallo a favor de los derechos del se�or Hern�n Jim�nez (quien habitaba en la Urbanizaci�n), el municipio pudo conocer el estado de la estructura de las viviendas y que, adem�s, existen constancias que demuestran que hab�a sido enterado de la situaci�n. Destac� las condiciones de los accionantes, en t�rminos de edad, condiciones socio- culturales y f�sicas vulnerables. Asimismo, resalt� el silencio del ente municipal en el tr�mite de tutela y que, precisamente, fue por su conocimiento de la situaci�n, que contrat� los estudios con MASORA a comienzos de 2017; sin embargo, no ha habido ninguna soluci�n o respuesta efectiva por parte del mismo.

 

Decisi�n de segunda instancia: Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell�n, Sala Tercera de Decisi�n Civil, el veintiuno (21) de septiembre de 2017

 

14. El Tribunal de instancia resolvi� confirmar la decisi�n adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota. En tal sentido, se�al� que �(�) que la parte actora pretende la injerencia del Juez Constitucional en un asunto de competencia del ejecutivo municipal, concretamente de la administraci�n municipal de Barbosa y respecto del cual existen circunstancias especiales que con mayor �mpetu impiden en esa oportunidad adoptar decisiones por parte del juez de tutela, pues se puede advertir que ya el municipio de Barbosa suscribi� un convenio (sic) interadministrativo, adem�s porque ya existe una orden que en el caso Hern�n Jim�nez Betancur que conlleva a la necesidad de intervenir los inmuebles ubicados en la urbanizaci�n�.

 

E.  ACTUACIONES ADELANTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISI�N

 

15. Mediante Auto de fecha diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado sustanciador, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, resolvi� oficiar, en relaci�n con el expediente T- 6.562.773, a la Alcald�a Municipal de Barbosa (Antioquia) y, en relaci�n con el expediente T- 6.568.695, a la Alcald�a Municipal de Dosquebradas, Secretar�a de Planeaci�n Municipal, Secretar�as de Obras P�blicas y de Gobierno del municipio, Direcci�n de Gesti�n del Riesgo (DIGER), CARDER y al CONSORCIO PEREIRA-DOSQUEBRADAS; para que remitieran informaci�n relevante para el an�lisis de los casos[13].

 

16. La Secretaria General de la Corte Constitucional, inform� y remiti� al Magistrado sustanciador los oficios recibidos, en respuesta a las pruebas solicitadas mediante oficios OPTB-964, OPTB-965, OPTB-965A, OPTB-966 al OPTB-969 de 2018, as�:

 

17. Seg�n consta en oficio del veinticinco (25) de abril de 2018 emitido por Secretar�a General de esta Corporaci�n, respecto del oficio OPTB-969/18, remitido a la Alcald�a municipal de Barbosa, no se recibi� comunicaci�n alguna.

 

18. En vista de la renuencia de la administraci�n municipal a pronunciarse sobre los asuntos que se le plantearon, el dos (02) de mayo de 2018 se expidi� un nuevo auto mediante el cual se requiri� a Barbosa para remitir a esta Corte informaci�n necesaria y relevante, que fue comunicado mediante oficio OPTB-1234/18 de cuatro (04) de mayo. Pese a ello, seg�n certificaci�n secretarial del ocho (08) de mayo de 2018, �no se recibi� comunicaci�n alguna� por parte de la autoridad requerida[14].

 

19. El nueve (09) de mayo de 2018 la Secretar�a General recibi� correo electr�nico cuyo remitente no acredit� calidad ni facultad alguna para representar legalmente a la Alcald�a de Barbosa. Sin embargo, con ocasi�n de dicho correo, la Corte Constitucional obtuvo informaci�n relacionada con los siguientes aspectos, la cual se puso a disposici�n de las partes o terceros con inter�s mediante auto del treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018). A continuaci�n, se relaciona dicha informaci�n:

 

�                   Copia de oficio dirigido al Secretario de Planeaci�n municipal el veintiocho (28) de febrero de 2017, por medio del cual MASORA entreg� el informe final del contrato 06[15].  MASORA concluy� en dicho oficio lo siguiente: (a) �[e]s necesario y urgente intervenir la estructura para ajustarla de acuerdo a lo expuesto en el decreto Ley NSR-10 (�)�; (b) �[l]a estructura actual no es segura para los habitantes, ni para los vecinos o personas que circundan en sus alrededores y es urgente buscar una soluci�n habitacional a las familias mientras se interviene estructuralmente la edificaci�n�[16].

 

�                   Copia de los informes de la Unidad de Gesti�n del Riesgo del diecisiete (17) de febrero de 2016 que recomiendan de manera �(�) urgente atender con medidas de prevenci�n y reducci�n del riesgo, con obras de refuerzo estructural� y, del 17 de noviembre de 2017 donde esta Unidad recomend� tener en cuenta las recomendaciones emitidas como resultado del Contrato 06 reiterando que �[l]a estructura actual no es segura para los habitantes, ni para los vecinos o personas que circular (sic) en sus alrededores y es urgente buscar una soluci�n habitacional para estas familias, mientras se interviene estructuralmente la edificaci�n�; �[e]s necesario y urgente intervenir la estructura para ajustarla de acuerdo a lo expuesto en el decreto ley NSR-10 (�)�. Asimismo, recomend� �(�) tomar medidas urgentes con el objetivo de brindar seguridad e integridad a la vida de las familias que habitan all�; por lo que se hace necesario, una evacuaci�n temporal de viviendas como medida preventiva atendiendo al principio de precauci�n hasta tanto se realicen las intervenciones f�sicas para mitigar y reducir el riesgo en la edificaci�n�. Finalmente, sugiri� �[e]studiar la viabilidad legal, financiera y notificar para incluir las familias en el programa de subsidios de arriendo temporal a familias afectadas por desastres o en condici�n de riesgo�[17].

 

�                   Copia de oficios 011008, 011009, 011007 del veintitr�s (23) de noviembre de 2017, suscritos por el director administrativo de planeaci�n del municipio de Barbosa, donde se inform� a las se�oras R�a �lvarez, Buitrago y al se�or Serna, respectivamente, que �[s]e lleg� a la conclusi�n que se incluir� en el programa de Subsidio de Arrendamiento para Familias en Condici�n de riesgo y atenci�n de emergencia, para el cual le solicitamos buscar una vivienda en arrendamiento por un monto m�ximo de $320.000 mensuales[18], en condiciones seguras y acercarse a la unidad de gesti�n del riesgo para iniciar el tr�mite para iniciar el tr�mite para otorgar el subsidio de arriendo temporal�[19].

 

�                   Comunicaci�n del veintiocho (28) de abril de 2017 mediante la cual la se�ora Luz Amantina solicit� al municipio �(�) informe si la estructura se va a reparar o a demoler y me aconseje si hago o no las reparaciones�, aduciendo que tiene contemplado �enchapar el piso, cambiar puestas (sic) pintar y reordenar las redes de acueducto y alcantarillado�[20].

 

Al respecto, seg�n respuesta del ocho (8) de mayo, el municipio manifest� que �(�)[la administraci�n municipal] viene realizando la debida gesti�n que permitir� mitigar el riesgo que viene presentando estas viviendas� y, que a partir del contrato interadministrativo de mandato No. 06 �(�) la administraci�n municipal viene gestionando la consecuci�n de los recursos, que permitir�n solucionar de manera definitiva el problema actual, a trav�s de un reforzamiento estructural tal y como lo recomiendan los estudios ya mencionados�[21].

 

�                   Copia de las solicitudes formuladas por separado por los se�ores Luz Amantina, Marta Elena y Luis Enrique, dirigidos al municipio. En estos escritos solicitaron �(�) que gocemos de las mismas prerrogativas y derechos que tiene el se�or Hern�n Jim�nez, quien fue amparado mediante el fallo de tutela, (�) para que una vez se evalu� (sic), me incluyan como persona afectada de la urbanizaci�n los abuelos y me paguen el subsidio de vivienda, mientras reparan, reformen (sic), seg�n estudios t�cnicos o en su defecto me reubiquen�[22].

 

�                   Copia de las solicitudes dirigidas al alcalde de Barbosa, con radicado 8082 del cinco (5) de diciembre 2017, donde los accionantes conjuntamente solicitaron �(...) revaluar el valor de los subsidios de arrendamiento� mencionados en los oficios 011008, 011009, 011007, indicando que los precios de arrendamiento en el municipio est�n m�s altos por lo que solicitaron el valor de $360.000[23].

 

20. En vista de la informaci�n aportada, mediante Auto del siete (07) de junio de 2018 y de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, se requiri� informaci�n acerca de la condici�n de los accionantes, se ofici� a la Oficina de Registro e Instrumentos P�blicos y solicit� a la Superintendencia de Notariado y Registro para efectos de conocer la calidad de jur�dica de los accionantes frente a las viviendas donde habitan; asimismo solicit� nueva informaci�n a la Alcald�a de Barbosa .

 

21. La Secretaria General de la Corte Constitucional, inform� y remiti� al Magistrado sustanciador los oficios recibidos, en respuesta a las pruebas solicitadas mediante oficios OPTB-1607 al OPTB-1615 de 2018, as�:

 

Oficio PMBA2018-109 suscrito por Luis Alberto Cardona S�nchez, Personero Municipal de Barbosa, recibido el trece (13) de junio de 2018

 

22.  El Personero Municipal de Barbosa inform� la siguiente situaci�n frente a cada uno de los accionantes, previa entrevista con los mismos:

 

Frente a la se�ora R�a �lvarez. Informa que actualmente reside en la Urbanizaci�n Los Abuelos; que es �poseedora� de la vivienda n�mero 202-adjunta copia recibo del impuesto predial y de servicios p�blicos- y que tiene un ingreso bimensual que corresponde al subsidio del Programa Colombia Mayor con lo que paga servicios p�blicos. Aclara que esta fue entregada sin ninguna escritura p�blica y que, en 2008 �al ser reubicada ella y su c�nyuge� la Alcald�a no ofreci� ninguna otra opci�n de vivienda. Asimismo, se�ala que no tiene ninguna propiedad y que su c�nyuge presta servicio de guada�a por d�as. Finalmente, indica que la Alcald�a realiz� un ofrecimiento de subsidio de arrendamiento; sin embargo, manifiesta que, al no tener certeza acerca del tiempo del mismo, no lo aceptaron. Advierte que personas que habitan la urbanizaci�n han realizado intervenciones sobre la estructura, �[l]o que no saben es si quedaron bien, pero tiene claridad que el riesgo contin�a�.

 

Frente a la se�ora Buitrago. Informa que actualmente reside en la Urbanizaci�n Los Abuelos; que es �poseedora� de la vivienda n�mero 102 -adjunta copia recibo del impuesto predial y de servicios p�blicos- y que solo tiene un ingreso bimensual que corresponde al subsidio del Programa Colombia Mayor con lo que paga servicios p�blicos. Aclara que esta fue entregada sin ninguna escritura p�blica y que, en 2008 -al ser reubicada ella y su hija- la Alcald�a no ofreci� ninguna otra opci�n de vivienda. Asimismo, informa que no tienen ninguna propiedad. Finalmente, manifiesta que la Alcald�a realiz� un ofrecimiento de subsidio de arrendamiento; sin embargo, se�ala que, al no tener certeza acerca del tiempo del mismo, no lo aceptaron.

 

Frente al se�or Serna Osorio. Informa que actualmente reside en la Urbanizaci�n Los Abuelos; que es �poseedor� de la vivienda n�mero 201-adjunta copia recibo del impuesto predial y de servicios p�blicos-. Aclara que la vivienda fue entregada sin escritura p�blica y que en 2008 cuando fue reubicado, la Alcald�a no ofreci� ninguna otra opci�n de vivienda. Igualmente, informa que no tienen ninguna propiedad, que vive solo y sus ingresos, que provienen del trabajo de carpinter�a, son escasos e inciertos. Remite historia m�dica donde se evidencian serios problemas de salud.

 

Asimismo, la personer�a municipal, remiti� como documentos anexos al mencionado oficio, los siguientes:

 

�                   Oficio del veintitr�s (23) de octubre de 2013 dirigido al secretario de planeaci�n municipal, en el cual el se�or Serna Osorio, la se�ora Luz Buitrago, entre otros, manifiestan la preocupaci�n �(�) por la poca atenci�n a las anomal�as que se presentan en dicho proyecto�. Asimismo, advierten que en �[e]l bloque 1 las familias que lo habitamos, nos encontramos en constante zozobra debido a que la estructura met�lica d�a a d�a se deteriora m�s; sobre todo es las bases debido a que no ha sido reforzada antes de construir los apartamentos, ni despu�s, causando apertura de grietas en paredes sobre todo en los apartamentos del primer piso lo que pone en peligro nuestras vidas�; y �[l]a red de alcantarillados domiciliarios de los 2 bloques fue hecho sin las m�s m�nimas normas t�cnicas ni ordenamiento algunos, las cajas unas destapadas, otras sin ajustes en las mismas causan malos olores, plagas y tapamientos en las tuber�as pues no tienen suficiente capacidad�.

 

�                   Oficio 01715 del nueve (09) de abril de 2014 mediante el cual la Secretar�a de Planeaci�n Municipal inform� que el veintiuno (21) de febrero de 2014 se realizaron visitas t�cnicas de reconocimiento para verificar el estado de las viviendas, gener�ndose un informe t�cnico con fecha cinco (05) de marzo de 2014 a partir del cual se concluy� que �(l)a estructura presenta da�os de consideraci�n tanto en elemento estructurales (vigas, columnas, losas), como en elementos no estructurales (muros, pisos, ventanas y tuber�as), estos da�os han causado un deterioro de la estructura que puede llevar al colapso de la misma si no se atienden oportunamente y de manera apropiada�.

 

�                   Oficio del veintiocho (28) de diciembre de 2015 dirigido al Departamento Administrativo de Gesti�n del Riesgo de Desastres, mediante el cual el Se�or Serna Osorio describi� la situaci�n estructural de las viviendas, la cual �representa peligro tanto para las personas que habitamos como para los vecinos�. Manifest� que en varias ocasiones[24] hab�a escrito al se�or Alcalde acerca de la situaci�n y que las respuestas �han sido que se va a realizar un estudio de repotenciaci�n, el cual nunca hicieron�[25].

 

�                   Acta de visita No. 199 del seis (06) de marzo de 2018, en el cual el municipio de Barbosa expres� que �[s]e hace visita de inspecci�n t�cnica a la edificaci�n con estructura met�lica en la que se observa que la misma comunidad est� realizando las obras de reforzamiento estructural consistente en el revestimiento y refuerzo de las vigas y columnas (�)�.

 

�                   Oficio n�mero 003829 del siete (07) de junio de 2018 de la Secretar�a de Planeaci�n Municipal, dirigido a la Personer�a municipal, quien inform� que �(l)os estudios y dise�os realizado (sic) de los elementos estructurales de la edificaci�n Urbanizaci�n Los Abuelos determinaron que la estructura existente no tiene capacidad suficiente para atender de manera segura las cargas s�smicas, las cargas de uso y de ocupaci�n (�)�. Igualmente, indic� que �[e]ntre las soluciones se encuentra la construcci�n de nuevas viviendas para la reubicaci�n de los afectados, la gesti�n de la Administraci�n Municipal (�) se ha dirigido en la consecuci�n de recursos para dar inicio al proyecto en el menor tiempo posible; se aprobaron recursos en el Consejo Municipal por medio del acuerdo 013 del (sic) 2017 en el programa 2.2.2. Vivienda nueva rural y urbanas hasta por un valor de $1.410.000.000 (�) de los cuales $230.000.000 ser�n destinados para la construcci�n de las viviendas�. Finalmente, expres� que �[e]n cuanto a las personas afectadas la Unidad de Gesti�n del Riesgo de Desastres realiz� acompa�amiento a las personas afectadas y las convoc� a (sic) encontraran una vivienda que pudieran arrendar, pero algunas familias hicieron caso omiso de la iniciativa y decidieron retornar a sus viviendas afectadas, desatendiendo a las indicaciones dadas por parte de la unidad (�)�.

 

Oficio 0122018EE00595 del dieciocho (18) de junio de 2018 suscrito por la registradora (e) de Instrumentos P�blicos, Seccional Girardota

 

23. Indic� que -revisado el �ndice de propietarios por nombre y n�mero de identificaci�n-  no se encontr� que los accionantes figuraran como propietarios de bienes inmuebles en su c�rculo registral.

 

Oficio 003904 del trece (13) de junio de 2018 suscrito por el alcalde de Barbosa, Edison Garc�a Restrepo

 

24. Inform� el nombre de quien en 2008 construy� las viviendas ubicadas en la Urbanizaci�n Los Abuelos[26]. Manifest� que las viviendas fueron entregadas por la Administraci�n Municipal bajo la modalidad de subsidio de Vivienda de Inter�s Prioritario (VIP), con el fin de atender la afectaci�n ocasionada por la ola invernal de 2007 y que se encuentra pendiente la titulaci�n de las mismas. Finalmente, puntualiz� que en la actualidad los accionantes �NO tienen asignado subsidio de arrendamiento, pero la Unidad de Gesti�n del Riesgo de Desastres realiz� el acompa�amiento a las personas afectadas y las notific� acerca de la inclusi�n en el programa de arrendamiento, para lo cual deb�a buscar una vivienda en arriendo, pero algunas familias hicieron caso omiso a la iniciativa y decidieron quedarse en las viviendas afectadas, desatendiendo a las indicaciones dadas por parte de la unidad�. Asimismo, remiti� (i) copia del Decreto municipal 059 del cinco (05) de junio 2018[27]; (ii) informes t�cnicos de visita de la Unidad de Gesti�n del Riesgo del 17 de febrero de 2016 y 17 de noviembre de 2017; (iii) oficios 011008, 011007 y 011009 del 23 de noviembre de 2017[28]; (iv) Acuerdo 013 del 8 de agosto de2017[29] y (v) copia del informe final del convenio 06 remitido por MASORA.

 

Oficio E 201820002448 del quince (15) de junio de 2018 suscrito por Uriel G�mez Grisales, apoderado Judicial de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA

 

25. Se pronunci� para indicar que no ha vulnerado derechos constitucionales fundamentales, que cumpli� todas las obligaciones previstas en el convenio interadministrativo de cofinanciaci�n 2007-VIVA-CF-152 y, que no tiene competencia para seleccionar beneficiarios, ni otorgar subsidios.

 

Oficio 0202018EE00980 del veinte (20) de junio de 2018 suscrito por Claudia Dinelly Castrillon Gonz�les, registradora Seccional de Rionegro

 

26. Inform� que el se�or Serna Osorio y la se�ora R�a �lvarez, no se encuentran inscritos como propietarios dentro del c�rculo registral de Antioquia. En cuanto a la se�ora Luz Amantina Buitrago de Agudelo, inform� que se encontr� �adquiriendo un derecho de cuota por adjudicaci�n en sucesi�n�. El predio rural (descrito como �lote de terreno�) hizo parte de otro de mayor extensi�n[30].

 

(ii)             Expediente T-6.568.695

 

B.               HECHOS RELEVANTES

 

27. Los accionantes, sus familias (dentro las cuales se encuentran dos (2) menores de edad)  y dem�s habitantes del barrio Quintas del Campestre (en adelante, el Barrio) viven en proximidad a la quebrada �La V�bora� en Dosquebradas; quienes �[d]esde hace varios a�os[31], (�) se han expuesto a m�ltiples desprendimientos en el margen izquierdo aguas debajo� de dicha quebrada[32].

 

28. En el a�o 2015, la CARDER present� un proyecto al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para la realizaci�n de nueve (9) obras de control y mitigaci�n de riesgos dentro de las cuales se incluy� la �[c]onstrucci�n de obras para la recuperaci�n del talud de entrada del barrio Quintas del Campestre, quebrada la V�bora, margen izquierdo aguas abajo, del municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda�, lo cual gener� la suscripci�n del convenio interadministrativo 312 de 2015, entre la CARDER y el DPS[33].

 

29. En dicho marco, la CARDER dio apertura a la Licitaci�n P�blica No. 028 de 2016 cuyo objeto fue �(�) la construcci�n de obras de protecci�n, control de erosi�n, estabilizaci�n de taludes y obras de control de cauce en varios sectores de los municipios de Pereira y Dosquebradas en el departamento de Risaralda�, que result� en la adjudicaci�n del contrato de obra 541 suscrito con el Consorcio el 18 de noviembre de 2016[34].

 

30. El acta de inicio de la etapa de pre-construcci�n se suscribi� el diecisiete (17) de marzo de 2017, suspendi�ndose la ejecuci�n de dicha etapa el 10 de mayo de 2017 pues se precisaba del tr�mite de una adici�n y pr�rroga por parte de la CARDER.

 

31. Por su parte, el dos (2) de mayo 2017, mediante informe DA-DIGER-200-039, la Direcci�n de Gesti�n del Riesgo (en adelante, DIGER) indic� la realizaci�n de varias intervenciones en el �rea, mientras se ejecutaban las obras contratadas por la CARDER y, especific� que �(�) las viviendas del sector no se han visto afectadas estructuralmente por el desplazamiento, NO se observan grietas en las paredes ni vigas, y no presenta grietas o separaciones en sus elementos no estructurales (�)�[35].

 

32. El siete (7) de mayo de 2017, los accionantes informaron a la Personer�a que, debido al invierno, a los desplazamientos de tierra en la zona y a que no se hab�an iniciado obras en el sector de su residencia, la estabilidad de las viviendas se encontraba en inminente riesgo; por lo que el once (11) de mayo dicha Personer�a requiri�, entre otras medidas, realizar la intervenci�n civil del socav�n del talud pues, seg�n el Personero �(�) existe una amenaza inminente para la vivienda de mis agenciados, as� como de las viviendas que se encuentran cercanas al margen izquierda (sic) aguas debajo de la quebrada La V�bora�[36].

 

33. El doce (12) de mayo de 2017, la Personer�a constat� �(�) que existe una socavaci�n de gran magnitud generada en el margen izquierdo de aguas debajo de la quebrada La V�bora a su paso por el sector de Quintas del Campestre, el cual ha dejado la corona del talud que sufri� el desplazamiento a escasos 4 metros de las viviendas�.Y se�al� que �(�) dicha problem�tica se extiende por todo el per�metro del Barrio Quintas del Campestre por cuanto se evidenci� agrietamiento de los suelos del margen izquierdo aguas debajo de la quebrada La V�bora, los cuales han avanzado por las lluvias constantes y genera un inminente riesgo sobre el barrio (�)�[37].

 

34. A la fecha de interposici�n de la acci�n de tutela, esto es, quince (15) de mayo de 2017 �no se ha (sic) iniciado las obras correspondientes en ninguno de los sectores donde se deb[�an] realizar obras de mitigaci�n del riesgo en el municipio de Dosquebradas seg�n el contrato adjudicado al Consorcio Pereira-Dosquebradas y ni siquiera se ha[b�a] suscrito el acta de inicio�[38]. Seg�n los accionantes, la �CARDER a pesar de conocer la amenaza que se presenta y que ya se suscribi� un contrato de obra civil con el Consorcio Pereira Dosquebradas, no ha iniciado ning�n tipo de obra con el fin de mitigar el riesgo inminente que se cierne sobre las viviendas de mis agenciados y sus n�cleos familiares, la seguridad f�sica de estas personas se encuentra en riesgo por otro eventual deslizamiento de talud, riesgo que aumenta con el pasar de los d�as sin que se realice intervenci�n alguna en la zona�.

 

35. El dieciocho (18) de mayo de 2017, la DIGER remiti� a la Secretaria de Obras P�blicas de Dosquebradas las recomendaciones t�cnicas con el fin de reducir la erosi�n del terreno, producida por la escorrent�a, mientras comenzaba la ejecuci�n definitiva de las obras contratadas.

 

C.              RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

 

La Corporaci�n Aut�noma Regional de Risaralda �CARDER

 

36. Isa�as Moreno Aricapa, en representaci�n de la CARDER[39], mediante escrito del diecinueve (19) de mayo de 2017, solicit� su desvinculaci�n, argumentando, entre otros aspectos que (i) las obras de intervenci�n contratadas se encuentran en fase de adecuaci�n de dise�os pues se hab�a presentado un cambio en el cauce de la quebrada; (ii) el entonces constructor de las viviendas no hab�a acatado el margen de distancia que debe existir entre el cauce de la quebrada y las viviendas[40], afirmando que la vulneraci�n no fue consecuencia directa de la actuaci�n de la CARDER, sino que �(�) el riesgo presentado obedece a procesos erosivos e instabilidad del talud en la Quebrada �La V�bora� dado que la urbanizaci�n Quintas del Campestre se construy� sin contar con permisos ambientales�[41]; y que (iii) Dosquebradas es quien tienen la competencia para realizar acciones de control tendientes a eliminar el riesgo de los asentamientos localizados en la zona de afectaci�n se�alada por los accionantes, as� como en materia de prevenci�n y mitigaci�n del riesgo de desastres.

 

El Consorcio Pereira-Dosquebradas

 

37. German Villanueva Calder�n, a trav�s de escrito del veintid�s (22) de mayo de 2017, solicit� desvincular al Consorcio. Argument� que las condiciones del terreno donde se proyectaba realizar la intervenci�n hab�an variado sustancialmente (lo cual no le es imputable) y, por tal raz�n, mientras se suscrib�a una pr�rroga y adici�n a dicho contrato, hab�a sido necesario suspender la ejecuci�n del contrato 541 de 2016.

 

 La Alcald�a Municipal de Dosquebradas[42]

 

38. Jhon Franklin Montes, director operativo de la DIGER, a trav�s de escrito del diecinueve (19) de mayo de 2017, inform� los resultados de una visita t�cnica al lugar de los hechos[43], en virtud de la cual advirti� que �(�) [e]l terreno se caracteriza por tener pendientes altas y suelos de baja cohesi�n por tratarse de llenos antr�picos mal conformados seguido de dep�sitos fluvio-volc�nicos�[44].

 

39. Alfredo Casta�eda Rodas, Secretario de Gobierno de la Alcald�a Municipal, a trav�s de escrito del veinticuatro (24) de mayo de 2017[45], expres� que al no ser parte en la relaci�n contractual entre CARDER y el Consorcio, Dosquebradas no est� en capacidad para exigir celeridad a dicho contratista. Por ello, solicit� desvincular al municipio y, en particular, a la Secretar�a de Gobierno por no haber vulnerado ning�n derecho fundamental. Adjunt� acta de visita del 23 de mayo de 2017, donde advierte que �[e]l �rea con posible riesgo de derrumbe se encuentra cubierta con pl�sticos para disminuir la infiltraci�n de aguas lluvias que aumentan la saturaci�n del suelo�[46].

 

D.              DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISI�N

 

Decisi�n de primera instancia: Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisi�n, del veintiuno (21) de julio de 2017[47]

 

40. El Tribunal de instancia se�al� que �(�) resulta claro que la acci�n de tutela por regla general se torna improcedente cuando el interesado dispone de otros mecanismos de defensa judicial, no obstante, la misma es viable excepcionalmente como mecanismo transitorio cuando el accionante demuestre la inminencia de un perjuicio irremediable que amenace o afecte alg�n derecho fundamental�[48]. A partir de ello, indic� que los accionantes se encontraban frente a un perjuicio irremediable y record� los requisitos para su configuraci�n.

 

41. Establecida la procedencia de la acci�n de tutela y teniendo en cuenta la actuaci�n desplegada por las diferentes autoridades, el Tribunal concluy� la configuraci�n de carencia actual de objeto por hecho superado con fundamento en el informe aportado por la DIGER el 2 de mayo 2017, donde inform� la realizaci�n de varias intervenciones en el �rea aleda�a a la quebrada para mitigar el fen�meno erosivo que se ven�a presentando, las cuales �(�) aunque no son definitivas permiten dar espera a la ejecuci�n de las obras civiles concluyentes por parte del Departamento para la Prosperidad Social�[49]. Por ello, el Tribunal evidenci� �(�) una actuaci�n de garant�a de los derechos invocados (�) de tal manera que el peligro inminente (�) ha quedado controlado, lo que traduce en la carencia actual de objeto�[50].

 

Impugnaci�n

 

42. Los accionantes, representados por el Personero Municipal, solicitaron revocar la decisi�n que hab�a declarado la configuraci�n del hecho superado. En su lugar, solicitaron amparar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar la realizaci�n de las obras civiles de estabilizaci�n por parte de las entidades accionadas y vinculadas. Alegaron que las intervenciones realizadas por el municipio no hab�an sido suficientes como para afirmar que la amenaza a los derechos fundamentales hab�a cesado y mucho menos que el riesgo hab�a sido controlado. Asimismo, pidieron ordenar a la CARDER conjuntamente con Dosquebradas realizar aportes econ�micos para la realizaci�n de las obras civiles de estabilizaci�n y, fijar un t�rmino perentorio para la realizaci�n de las obras contratadas por parte del Consorcio. Finalmente, se�alaron que �(�) se trata de brindar una soluci�n efectiva a la problem�tica que perjudica gravemente a mis representados (�) perturbados por la ausencia de obras que mitiguen el riesgo causado por la inestabilidad del terreno (�)�[51].

 

43. Asimismo, el veintisiete (27) de julio de 2017[52], la Personer�a Municipal realiz� un recorrido de verificaci�n al Barrio, a partir de lo cual recomend� la intervenci�n civil de la socavaci�n y deslizamiento del talud de la quebrada, encausar las aguas de escorrent�a con zanja en la corona para evitar posibles deslizamientos, as� como la realizaci�n de monitoreo constante en caso de generarse cambios importantes.

 

Decisi�n de segunda instancia: Consejo de Estado, Secci�n Segunda- Subsecci�n B, del veintisiete (27) de septiembre de 2017

 

44. El Consejo de Estado puntualiz� que la acci�n de tutela se hab�a interpuesto para obtener amparo de los derechos fundamentales aparentemente vulnerados por las entidades accionadas, al parecer, por no ejecutar las obras encaminadas a la mitigaci�n del riesgo producido por la erosi�n y desviamiento del cauce de la quebrada �La V�bora�. Entendi� que los accionantes se encontraban en una situaci�n de riesgo causada por el deslizamiento que se ven�a presentando, lo que hac�a urgente la ejecuci�n de obras civiles para su mitigaci�n.

 

45. En este orden de ideas, el tribunal de segunda instancia concluy� que �(�) contrario a lo afirmado por la parte actora, la afectaci�n de los derechos fundamentales invocados no proviene directamente de la demora en la ejecuci�n del contrato de obra para dar soluci�n definitiva a la erosi�n del terreno donde residen sino del riesgo que generaba la inestabilidad del terreno propiamente dicha, situaci�n que se encuentra superada debido a las obras que ven�a realizando la DIGER�. A partir de ello, decidi� confirmar la sentencia del veintiuno (21) de julio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que declar� la carencia actual de objeto por hecho superado pues si bien para el momento en que se present� la acci�n de tutela el riesgo por deslizamiento era latente, actualmente, Dosquebradas ya hab�a realizado lo pertinente para solucionar la situaci�n, por lo menos hasta que se ejecute la obra contratada.

 

46. Con posterioridad a dicha decisi�n, la Personer�a Municipal por medio de informe del veintisiete (27) de noviembre de 2017, inform� sobre la continuidad de los deslizamientos y erosi�n del talud y, que a la fecha no se hab�an realizado las obras tendientes a controlar el problema, permaneciendo as� el riesgo de vulneraci�n a los derechos de sus representados[53].

 

E.               ACTUACIONES ADELANTADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISI�N

 

Oficio AJD-385-202 suscrito por Jhony Alejandro Obando Cardona, Asesor jur�dico de la Alcald�a municipal de Dosquebradas, recibido el d�a 18 de abril de 2018

 

47. En el oficio se se�al� lo siguiente: �(�)  se remite respuesta a los interrogantes formulados, conforme a la respuesta emitida por cada una de las dependencias de la Administraci�n Municipal con competencia sobre cada materia�[54]. En este sentido, a trav�s de este oficio, la Alcald�a municipal de Dosquebradas adjunt� el pronunciamiento de la (i) DIGER[55], (ii) Secretar�a de Planeaci�n municipal[56], (iii) Secretar�a de Gobierno[57] y (iv) Secretar�a de Obras P�blicas e infraestructura[58], los cuales se resumen a continuaci�n:

 

�                   DIGER. Mediante oficio D.A. DIGER 200-223 del diecisiete (17) de abril de 2018, la DIGER manifest� que �(�) ha estado al tanto de las actividades realizadas en el sector Quintas del Campestre desde que se presentaron los primeros reportes en el a�o 2013 fecha en la cual se realiz� trabajo mancomunado con la CARDER elaborando los proyectos con los cuales se gestionaron los recursos a nivel nacional, proyectos que facilitaron la obtenci�n de la financiaci�n a trav�s del DPS en el a�o 2016�. Afirm� que desde la DIGER no se ha contemplado reubicar a los habitantes de las viviendas aleda�as al margen izquierdo de la quebrada La V�bora por cuanto �(�) las viviendas no amenazaron colapso inminente o alguna anomal�a relacionada con la quebrada que ameritara que se declararan en riesgo� (Resaltado fuera del texto). Indic� adem�s que �si bien es cierto en el sector se presentaron fen�menos de remoci�n en masa estos estuvieron relacionados principalmente con llenos depositados sobre el margen de la quebrada La V�bora realizados por el constructor y los efectos de socavaci�n que la quebrada ejerci� sobre estos llenos�. Inform� que las recomendaciones relacionadas con el manejo de aguas lluvia para evitar la saturaci�n de suelos, factor detonante en los fen�menos de remoci�n en masa y de cerramiento del lugar, fueron ejecutadas por el ente municipal y que, en 2017, este realiz� obras de manejo de aguas de la quebrada �La V�bora� que eliminaron los procesos de socavaci�n lateral brindando estabilidad al talud. Adicionalmente, desde el mes de diciembre de dicha anualidad, est�n en ejecuci�n las obras de mitigaci�n en el sector de Quintas del Campestre, manzanas 5 y 6.

 

Resalt� que �(�) los movimientos en masa no afectaron las v�as o viviendas del barrio motivo por el cual el barrio no est� catalogado como zona de riesgo y el punto que presentaba movimientos relacionados con movimientos en masa en la actualidad se encuentra en ejecuci�n las obras de mitigaci�n�. Dichos movimientos en masa relacionados con los efectos de socavaci�n lateral y profundizaci�n de la quebrada �La V�bora� �(�) ha[n] generado afectaciones en taludes conformados por antiguos movimientos de tierra realizados irregularmente por el constructor del proyecto y que a la fecha NO generado (sic) afectaci�n en las v�as o viviendas ubicadas en la corona del talud� (Resaltado fuera del texto)[59]. Finalmente puntualiz� que �[c]on relaci�n a las viviendas de la manzana 5� y como consta en los conceptos t�cnicos elaborados en el sector las mismas fueron objeto de ampliaci�n y modificaciones que se realizaron en su mayor�a sin adelantar licencias de construcci�n tal como lo establece la Ley 400 y la NSR-10 violando la ley, ya que se realizaron construcciones que presentan problemas en su fase de dise�os y construcci�n, modificaciones que hacen que las construcciones sean m�s vulnerables�. En punto a los suelos adyacentes a las viviendas �(�) los mismos no presentan problemas con grietas o subsidencias que indique el avance del fen�meno amenazante (�)�.

 

�                   Secretar�a de Planeaci�n Municipal. En oficio SPMD-090- 280 AJD-373-202-SPMD 0776 del diecis�is (16) de abril de 2018, esta dependencia manifiesta que �(�) para las viviendas 7 y 8 ubicadas en la manzana 5 A del Barrio Quintas del Campestre, a la fecha no se ha tramitado licencia de construcci�n en ninguna de las Curadur�as urbanas del municipio de Dosquebradas, ni se encuentra en tr�mite de radicaci�n alguna solicitud de licencia de construcci�n para los predios antes mencionados�. Manifest� que �(�) en consulta realizada a las dos curadur�as del municipio se no (sic) inform� que para las viviendas 7 y 8 ubicadas en la manzana 5 A como las edificaciones se desarrollaron sin licencia, es as� que se considera que se desarrollaron cometiendo una infracci�n urban�stica(�)�[60].

 

�                   Secretar�a de Gobierno Municipal. En oficio del diecisiete (17) de abril de 2018, reiter� las acciones realizadas en conjunto con la Secretar�a de obras P�blicas, en el mes de junio de 2017, en cumplimiento de la medida provisional decretada por el juzgado 4� Civil del Circuito de Pereira tendientes a establecer mecanismos para garantizar la estabilizaci�n del terreno[61]. Afirm� que la CARDER es la encargada de disponer la priorizaci�n de obras contratadas, as� como su ejecuci�n inmediata y, que desconoc�a el estado de las obras contratadas, al tiempo que las acciones tomadas por la CARDER o por la Secretar�a de Obras P�blicas del municipio.

 

�                   Secretar�a de Obras P�blicas e Infraestructura Municipal. Mediante oficio SOPD-240-369 esta dependencia afirm� que �[d]esde el momento en que se realiz� (sic) las labores en el mes de junio (sic) de 2017, la Secretaria (sic) de Obras P�blicas e Infraestructura manera (sic) mensual realiza seguimiento a las labores all� realizadas�. De esta manera �[h]asta el momento las labores adicionales que se han realizado ha sido mantenimiento constante en las zanjas de conducci�n de aguas lluvias y manejo en el talud para evitar la saturaci�n del mismo�.

 

Oficio 5917 suscrito por Mart�n Alonso Restrepo Osorio, Jefe Oficina Asesora Jur�dica de la Corporaci�n Aut�noma Regional de Risaralda (CARDER), recibido el 19 de abril de 2018

 

48. Frente al convenio suscrito con el DPS, indic� que este busca la realizaci�n de obras de control y mitigaci�n, entre otros, en el municipio de Dosquebradas. En este marco, seg�n la CARDER, dentro de tal alcance se busca �[m]ejorar la calidad y minimizar el riesgo de la poblaci�n mediante obras de estabilizaci�n y control a ser ejecutadas (�)� Adem�s, se contempla, la realizaci�n de �(�) difusiones del proyecto a las comunidades asentadas a lo largo del mismo, creando las veedur�as que por ley para la ejecuci�n de este tipo de proyectos�.

 

49. En particular, sobre el estado de ejecuci�n del contrato No. 541 del dieciocho (18) de noviembre de 2016 suscrito con el Consorcio cuyo objeto es �la construcci�n de obras de protecci�n, control de erosi�n, estabilizaci�n de taludes y obras de control de cauce en sectores varios de los municipios de Pereira y Dosquebradas del departamento de Risaralda�[62], la CARDER afirm� que �(�) actualmente, este contrato se encuentra en la etapa de ejecuci�n de obra�[63] y reconoci� que: �(�) [p]ese a los retrasos ya evidentes en este contrato, a la fecha, sigue activo y no se ha tramitado por parte del contratista ni de la interventor�a ninguna pr�rroga en tiempo; por lo tanto, el tiempo estimado para la culminaci�n y entrega de las obras a ejecutar contin�a siendo el 22 de octubre de 2018�[64].

 

50. Aclar� que en el a�o 2015 la Alcald�a municipal de Dosquebradas, en cabeza del alcalde present� -ante la CARDER- los estudios, planos y presupuestos para la formulaci�n, estructuraci�n y presentaci�n del proyecto de los puntos a intervenir, motivo por el cual la priorizaci�n fue responsabilidad de la administraci�n municipal.

 

51. Finalmente, inform� que se han realizado acercamientos y espacios de participaci�n con la comunidad para socializar el proyecto, los cuales han tenido lugar los d�as once (11) de junio de 2015, veintiocho (28) de septiembre de 2017, seis (6) de octubre de 2017[65] y catorce (14) de marzo de 2018[66]. Expres� que �al verificar los controles de asistencia de las reuniones que se han realizado en el sector tanto de CARDER como el DPS, esas personas [los accionantes] no han sido part�cipes�[67]. Sin embargo, en formato �Registro de asistencia- acompa�amiento social� del DPS, se identifica la participaci�n de la Luz Mery Hincapi�[68]. En esta l�nea, aport� el acta de constituci�n de veedur�a ciudadana para la obra, suscrita el catorce (14) de marzo de 2018, mecanismo de participaci�n designado �(�) hasta el recibo a satisfacci�n de la obra por parte de la entidad territorial�[69]. Sus funciones se encuentran relacionadas con la denuncia oportuna de irregularidades en el proyecto, el seguimiento al desarrollo y operaci�n de la obra, el mantenimiento de un flujo de informaci�n con la comunidad. Por otro lado, indic� que tambi�n existe un canal de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) correspondiente a la obra para atender requerimientos de la comunidad.

 

Escrito suscrito por Germ�n Villanueva Calder�n, representante del Consorcio Pereira-Dosquebradas, recibido el 18 de abril de 2018

 

52. El representante del consorcio, manifest� que, a la fecha de remisi�n del escrito, �(�) no se han tenido suspensiones de la etapa de construcci�n� y resalt� que actualmente el Barrio est� siendo intervenido[70].

 

53. Asimismo, puntualiz� que �(l)a fecha estimada y seg�n el contrato de obra espec�fica para la finalizaci�n del proyecto es del 22 de octubre de 2018, puntualmente en el sector del Quintas del Campestre se tiene previsto terminar obras el d�a 23 de mayo de 2018�[71].

 

54. En relaci�n con las priorizaciones de las intervenciones, aclar� que �[c]omo equipo contratistas (sic) se propone la priorizaci�n en (sic) base al riesgo que representa cada obra sustentado en estudios t�cnicos, (�) proyectamos un cronograma el cual se propuso iniciar (�) primordialmente Quintas del Campestre, avalado tanto por la entidad contratante como por la interventor�a aval� la programaci�n de priorizaci�n de inicio de obras�. Finalmente, reiter� lo informado por la CARDER en punto a la socializaci�n de la obra, la veedur�a y el canal de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) del Consorcio para atender requerimientos de la comunidad, relacionados con la obra.

 

55. La informaci�n aportada, se puso a disposici�n de las partes y posibles interesados, para lo cual se realizaron las respectivas comunicaciones mediante los oficios OPTB-1106/18 al OPTB-1115/18 del 23 de abril de 2018, sin que estos se hubiesen acercado a Secretaria General.

 

II. CONSIDERACIONES

 

A.              COMPETENCIA

 

56. Esta Corte es competente para conocer de las sentencias de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los art�culos 86 y 241 numeral 9 de la Constituci�n Pol�tica, en los art�culos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, as� como en virtud del Auto de fecha diecis�is (16) de febrero de dos mil dieciocho (2018)[72], expedido por la Sala de Selecci�n de Tutela N�mero Dos de esta Corte, que decidi� someter a revisi�n las decisiones adoptadas por los correspondientes jueces de instancia.

 

B.               PROCEDIBILIDAD DE LA ACCI�N DE TUTELA

 

La legitimaci�n por activa en tutela - Personeros municipales. Reiteraci�n de jurisprudencia.

 

57. Respecto de la legitimaci�n por activa de los personeros municipales para el ejercicio de la acci�n de tutela, el art�culo 10 del Decreto 2591 de 1991 determina, en su inciso final, que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden ejercerla directamente[73]. En este sentido, dichos funcionarios no necesitan exhibir un poder conferido por la persona afectada pues su funci�n no es la de representar intereses particulares, sino la de buscar, en nombre de la sociedad, la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales de las personas[74].

 

58. Este Tribunal ha aceptado, en consecuencia, la posibilidad de que la actuaci�n del personero se legitime a partir de una solicitud verbal de protecci�n por parte del accionante, por lo que �(�) con el solo hecho de haberse efectuado la solicitud de manera verbal y allegar los elementos probatorios para sustentar la petici�n de amparo, se habilita al Ministerio P�blico para reclamar la protecci�n de los derechos de las personas que lo necesiten�.

 

59. Por otra parte, la Corte ha establecido que la formulaci�n de la acci�n de tutela por parte del personero municipal exige (i) la identificaci�n e individualizaci�n de la persona afectada y (ii) la argumentaci�n a partir de las circunstancias de hecho, en torno a la forma en que los derechos est�n comprometidos. El incumplimiento de dichas exigencias, conlleva a la improcedencia de la acci�n de tutela[75].

 

60. Esta Sala observa que la legitimaci�n por activa se encuentra satisfecha en los casos bajo revisi�n, as� como la individualizaci�n de las personas y la correspondiente argumentaci�n de las circunstancias de hecho a partir de las cuales se entienden comprometidos los derechos de las mismas. As�, tanto en el expediente T-6.562.773 como en el expediente T-6.568.695, se constata el cumplimiento de tales requisitos al apreciar elementos inequ�vocos que permiten comprender la existencia de una solicitud de protecci�n por parte de los accionantes.

 

Legitimaci�n por pasiva.

 

61. El art�culo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece la procedencia de la acci�n de tutela, en t�rminos de legitimaci�n por pasiva, as�: �Art�culo 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA: La acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el art�culo 2o. de esta ley. (�)� (Resaltado fuera del texto).

 

62. Sobre el particular, esta Sala advierte que existe legitimaci�n por pasiva de las entidades accionadas[76] en los expedientes bajo revisi�n, con excepci�n del Consorcio Pereira-Dosquebradas (expediente T-6.568.695) y la Empresa de Vivienda Antioquia-VIVA -, como a continuaci�n se indica:

 

63. Frente a la legitimaci�n por pasiva de la Empresa de Vivienda Antioquia- VIVA, si bien se trata de una Empresa Industrial y Comercial del Estado de conformidad con el Acuerdo 001 del 22 de enero de 2002 adoptado por su junta directiva, esta Sala evidencia que su intervenci�n, de acuerdo con el Convenio Interadministrativo de Cofinanciaci�n 2007-VIVA-CF-152 de 2007 -liquidado sin observaciones el once (11) de diciembre de 2015-, es ajena a la situaci�n iusfundamental que plantea la acci�n de tutela ya que dicha Empresa se limit� a cofinanciar la construcci�n de las viviendas, correspondiendo la ejecuci�n -directa o indirecta- de estas obras al Municipio de Barbosa. En adici�n a ello, no se encuentra comprendido en sus estatutos el otorgamiento de subsidios de arrendamiento. En consecuencia, la Sala declara que no existe legitimaci�n por pasiva de la Empresa de Vivienda Antioquia- VIVA en la presente causa.

 

64. En relaci�n con la legitimaci�n por pasiva del Consorcio Pereira-Dosquebradas, esta Sala reitera la procedencia de la acci�n de tutela contra particulares establecida en el art�culo 42 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que, en el presente caso, no se encuentra la configuraci�n de los supuestos que establece dicho art�culo para que el mencionado Consorcio tenga la legitimaci�n por pasiva en el marco del expediente T-6.568.695, m�xime al considerar que el cabal cumplimiento y ejecuci�n del contrato 541 -que adem�s se suscribi� para ejecutar obras de protecci�n, control de erosi�n, estabilizaci�n de taludes, etc�tera- no corresponde analizarlo a esta Corte y, no se encuentra relaci�n alguna de los accionantes con el Consorcio.  En tal sentido, la Sala declara que no existe legitimaci�n por pasiva del Consorcio Pereira-Dosquebradas.

 

Inmediatez.

 

65. Es com�n a ambos expedientes -T-6.562.773 y T-6.568.695-, de acuerdo con la situaci�n f�ctica que los rodea, que los hechos que se presentan como vulneratorios o amenazantes han sucedido meses e incluso a�os antes de que las acciones de tutela fueran presentadas.

 

66. El art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica establece que la acci�n de tutela puede interponerse �en todo momento y lugar�. A partir de ello, la jurisprudencia constitucional ha entendido la imposibilidad de establecer un t�rmino de caducidad en la acci�n de tutela. Sin embargo, la misma jurisprudencia ha entendido que la tutela debe presentarse en un t�rmino razonable atendiendo a la finalidad de �protecci�n inmediata� de los derechos alegados[77], as� como su car�cter subsidiario, urgente y expedito.

 

67. Lo anterior implica, seg�n la SU-391 de 2016, que la tutela no pueda ser rechazada con fundamento en el paso del tiempo, sino que se impone al juez de tutela estudiar las circunstancias concretas con el fin de analizar la razonabilidad del t�rmino para imponerla. Esta providencia enumera los siguientes criterios para evaluar, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez:

 

�(i)                La situaci�n personal del peticionario: debe analizarse la situaci�n personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acci�n de tutela en un t�rmino breve. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha se�alado que tal exigencia podr�a ser desproporcionada cuando el peticionario se encuentre en �estado de indefensi�n, interdicci�n, abandono, minor�a de edad [o] incapacidad f�sica�.

(ii)             El momento en el que se produce la vulneraci�n: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el t�rmino desde el momento en el que la vulneraci�n o amenaza inici� hasta la fecha de presentaci�n de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolong�.

(iii)           La naturaleza de la vulneraci�n: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acci�n de tutela y la vulneraci�n de los derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentaci�n de la tutela guarda relaci�n con la situaci�n de vulneraci�n de derechos fundamentales que alega el peticionario.

(iv)           La actuaci�n contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha se�alado que el an�lisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuaci�n que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Espec�ficamente, ha se�alado que este an�lisis debe ser m�s estricto trat�ndose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que �el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificaci�n de su cumplimiento debe ser a�n m�s estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente�.

(v)             Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, a�n si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposici�n de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendr�a en los derechos de terceros si se declarara procedente, pues tales terceros tienen una expectativa leg�tima a que se proteja su seguridad jur�dica�[78].

 

68. En el caso del expediente T-6.562.773, la Sala observa que, pese a que los accionantes fueron reubicados en la Urbanizaci�n en 2009, lo cierto es que el grado de deterioro y afectaci�n actual de las viviendas donde habitan perturba su tranquilidad[79], por lo que la situaci�n desfavorable de los actores, derivada del estado de sus viviendas, es permanente, continua y actual. En efecto, el veintiocho (28) de febrero de 2017, el informe t�cnico emitido por MASORA �contratista del Municipio en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato No. 06� concluy� que el estado actual de la estructura de las viviendas de la Urbanizaci�n no tiene capacidad para atender las cargas de uso y ocupaci�n; lo cual tambi�n corrobor� la Unidad de Gesti�n del Riesgo el diecisiete (17) de noviembre del mismo a�o[80].

 

69. En relaci�n con el expediente T-6.568.695 si bien el Barrio se ha visto expuesto a m�ltiples desprendimientos de tierra en el margen izquierdo aguas debajo de la quebrada La V�bora, lo cierto es que debido al invierno y principalmente a que en el a�o 2017 no se han iniciado las obras contratadas por la CARDER, los accionantes alegan el riesgo actual en que se encuentran sus viviendas.

 

70. En ambos expedientes, la Sala encuentra que, de conformidad con los hechos narrados en los escritos de tutela, las situaciones desfavorables perviven en el tiempo y son actuales. Particularmente, en el expediente T-6.562.773, la acci�n de tutela fue interpuesta el cuatro (04) de julio de 2017, cinco (5) meses despu�s del informe t�cnico y recomendaciones emitidos por MASORA relacionadas con la adopci�n de medidas inmediatas y urgentes, sin apreciarse actuaci�n alguna. En el expediente T-6.568.695, la acci�n de tutela fue interpuesta el quince (15) de mayo de 2017, el mismo mes en que, seg�n los accionantes, los riesgos sobre la estabilidad de sus viviendas se presentaron, considerando el invierno y, en particular, las demoras en la ejecuci�n del contrato celebrado por la CARDER. Bajo estas consideraciones, esta Sala estima que en los casos bajo revisi�n se acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez por haberse interpuesto las acciones de tutela en un t�rmino razonable.

 

Subsidiariedad.

 

71. El requisito de subsidiariedad, implica que la acci�n de tutela solo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad y eficacia para proteger de forma adecuada e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la consumaci�n de un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situaci�n que amenaza o lesi�n a sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acci�n de tutela como v�a preferente o instancia judicial adicional o complementaria de protecci�n.

 

72. Sobre la procedencia de la acci�n de tutela, frente al requisito de subsidiariedad, esta Sala estima relevante recordar lo dispuesto en el art�culo 6� del Decreto 2591 de 1991 que puntualiza su improcedencia cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales. As�, la improcedencia se predica cuando existen mecanismos judiciales (ordinarios y extraordinarios) y no administrativos para dar soluci�n al conflicto planteado.

 

72.1. En el marco del expediente T-6.562.773, los jueces de instancia resolvieron declarar la improcedencia de la acci�n de tutela y, por ende, abstenerse de evaluar la eficacia e idoneidad del posible medio de defensa�, resaltando que los accionantes no hab�an acreditado reclamaci�n alguna ante Barbosa[81]. A diferencia de lo considerado en instancia, esta Sala considera que proced�a, al menos en principio, un estudio de la acci�n de tutela y del medio de defensa disponible m�s all� de limitarse a declarar su improcedencia por no acreditar reclamaciones ante el ente municipal pues, a partir de las pruebas que obran en el expediente, se desprende prima facie (i) una situaci�n particular en las condiciones de los accionantes[82] y, (ii) el conocimiento que la autoridad municipal pod�a -o deb�a tener en funci�n de sus competencias en la materia- acerca de la situaci�n y posible amenaza a los derechos de los accionantes, como m�nimo, a partir del quince (15) de febrero de 2017 cuando suscribi� el contrato con MASORA[83] o, antes cuando la Unidad de Gesti�n del Riesgo, el (17) de febrero de 2016 recomend� de manera �(�) urgente atender con medidas de prevenci�n y reducci�n del riesgo, con obras de refuerzo estructural�.

 

72.2.    En el expediente T-6.568.695 los jueces de instancia, una vez superado el examen de procedencia de la acci�n de tutela en lo que se refiere al requisito de subsidiariedad -al se�alar que los tutelantes se encontraban ante un perjuicio irremediable pues el riesgo por deslizamiento era latente-, declararon la configuraci�n de la carencia actual de objeto por hecho superado en virtud de las acciones de mitigaci�n que hab�a informado la DIGER, las cuales solucionar�an la situaci�n presentada en el Barrio, por lo menos, hasta que se terminara la obra contratada por la CARDER.

 

73. Con base en lo expuesto, se impone a esta Sala verificar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acci�n de tutela en cada caso, evaluando si exist�a para los accionantes otro medio de defensa judicial y si el mismo resultaba id�neo y eficaz para proteger de forma adecuada sus derechos, cuando de por medio pueden existir derechos colectivos.

 

(i) La procedencia excepcional de la acci�n de tutela para la protecci�n de los derechos colectivos.

 

74. A partir de los hechos narrados en el marco de los expedientes bajo revisi�n, esta Sala ha constatado que, en ambos casos, podr�an encontrarse en juego �derechos colectivos�, cuya protecci�n, en principio, es objeto de la acci�n popular[84]. En efecto, de conformidad con el art�culo 4� de la Ley 472 de 1998 las circunstancias analizadas se encontrar�an vinculadas prima facie con �[e]l derecho a seguridad y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente� y �[l]a realizaci�n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas, de manera ordenadas, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes�.

 

75. Con base en ello, la Corte Constitucional ha sostenido, como regla general[85], que la acci�n de tutela no procede para la protecci�n de derechos colectivos[86] pues para su defensa, la Constituci�n Pol�tica ha dispuesto las acciones populares (art�culo 88 CP; Ley 472 de 1998) como un mecanismo de defensa de la comunidad, �gil y efectivo. No obstante, excepcionalmente, esta ha reconocido tambi�n la procedencia de la acci�n de tutela cuando la afectaci�n a un derecho colectivo, implica una amenaza cierta (real) o una vulneraci�n a un derecho fundamental.

 

76. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala estima adecuado referirse a (i) la naturaleza y alcance de la acci�n popular y (ii) los �criterios materiales de procedibilidad de la acci�n de tutela� cuando existe una relaci�n entre derechos colectivos y fundamentales (en adelante, juicio material de procedencia); as� como a los �criterios para juzgar la eficacia de la acci�n popular� (en adelante, juicio de eficacia)[87].

 

(ii) La naturaleza y alcance de la acci�n popular.

 

77. El art�culo 88 de la Constituci�n Pol�tica, otorg� a las acciones populares estatus constitucional, as�: �Art�culo 88. La ley regular� las acciones populares para la protecci�n de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p�blicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ�mica y otros de similar naturaleza que se definen en ella (�)�. Sobre esta base constitucional, la Ley 472 de 1998 precis� que la finalidad de las acciones populares consiste en �[e]vitar el da�o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci�n o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible� (Resaltado fuera del texto).

 

78. El objeto de la acci�n popular consiste en la protecci�n de derechos colectivos los cuales corresponden �a derechos o bienes indivisibles, o supraindividuales, que se caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda la colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas�[88]. A partir este objeto, se desprenden algunas caracter�sticas de la acci�n popular relacionadas tanto con la amplitud de la legitimaci�n - por activa y pasiva-, la oportunidad para demandar, as� como a las facultades del juez popular.

 

79. Frente a la legitimaci�n por activa en las acciones populares, el m�ximo tribunal de lo Contencioso Administrativo ha expresado que �la titularidad es del colectivo y no de la suma de cada uno de los derechos individuales (�)�[89]. En punto a legitimaci�n por pasiva, la parte accionada puede ser cualquier entidad p�blica o particular en raz�n de acciones u omisiones que hayan violado o amenacen con violar derechos e intereses colectivos. En relaci�n con la oportunidad para demandar, la acci�n popular puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la amenaza o el peligro contra dichos derechos o intereses.

 

80. Asimismo, la acci�n popular ofrece al juez constitucional amplias facultades y posibilidades de actuaci�n (frente al juez de tutela), tales como (i) la posibilidad de decretar de oficio medidas cautelares de diferente naturaleza; (ii) promover el desarrollo de pactos de cumplimiento para lograr un acuerdo sobre la forma de restablecer los derechos e intereses colectivos violados o de su prevenci�n si hay amenaza cierta de un da�o inminente[90]; (iii) adelantar actividades probatorias complejas y aplicando todas las reglas que en materia probatoria trae el C�digo General del Proceso; (iv) considerar los argumentos finales de las partes en marco de los �alegatos de conclusi�n�; (v) conformar un �comit� de verificaci�n de cumplimiento� (art�culo 34, Ley 472 de 1998), en el cual participar�n adem�s del juez, las partes, la entidad p�blica encargada de velar por el derecho o inter�s colectivo, el Ministerio P�blico, entre otros[91].

 

81. La acci�n popular es, en consecuencia, un mecanismo judicial id�neo y eficaz cuando se trata de resolver asuntos relativos a la protecci�n de derechos colectivos. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional no ha establecido reglas absolutas que determinen que la acci�n de tutela sea improcedente para amparar derechos fundamentalesafectados por la perturbaci�n de derechos colectivos; ni tampoco reglas en virtud de las cuales siempre que con la perturbaci�n de un derecho colectivo se vulnere o amenace un derecho fundamental sea procedente la acci�n de tutela.

 

(iii) Acci�n de tutela y acci�n popular: criterios para delimitar su procedencia.

 

82. Desde la sentencia SU-1116 de 2001 esta Corte defini� criterios materiales para la procedencia de la acci�n de tutela y criterios para juzgar la eficacia de la acci�n popular. En relaci�n con los primeros, ha se�alado que para que proceda la acci�n de tutela se requiere prima facie (a) que la afectaci�n iusfundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbaci�n de un derecho colectivo[92] (conexidad); (b) que la persona que presenta la acci�n de tutela acredite �y as� lo valore el juez�que su derecho fundamental (y no otro o el de otros) se encuentra directamente afectado (afectaci�n directa)[93]; (c) que la afectaci�n al derecho fundamental sea cierta y no hipot�tica a la luz de las pruebas aportadas en el expediente[94]; y (d) que las pretensiones de los accionantes tengan por objeto la protecci�n del derecho fundamental y no del derecho colectivo en s� mismo considerado. En otras palabras, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado o hacer cesar su amenaza.

 

83. En punto a los criterios para juzgar la eficacia de la acci�n popular, la sentencia SU-1116 de 2001 expres� que �(�) es adem�s necesario, teniendo en cuenta el car�cter subsidiario y residual de la tutela (CP. Art.86), que en el expediente aparezca claro que la acci�n popular no es id�nea, en concreto, para amparar espec�ficamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo, porque sea necesaria una orden judicial individual en relaci�n con el peticionario�.

 

84.  En tal contexto, en el marco del ejercicio del juicio de eficacia, este Tribunal ha identificado la procedencia de la acci�n de tutela cuando (i) el tr�mite de una acci�n popular en curso ha tomado un tiempo considerable[95]; (ii) no ha sido  cumplida una sentencia adoptada en el curso de una acci�n popular[96]; (iii) a pesar de alegar la violaci�n simult�nea de derechos fundamentales y colectivos, se evidencia una vulneraci�n del derecho fundamental independiente del derecho colectivo[97]; y (iv) exista necesidad de ofrecer una respuesta judicial eficaz por la presencia de sujetos de especial protecci�n constitucional[98]. A su vez ha establecido la improcedencia de la acci�n de tutela cuando la controversia suscita un debate probatorio especialmente complejo pues, en el tr�mite de la acci�n popular es posible adelantarlo, enfrentando, por ejemplo, posibles dudas t�cnicas sobre la afectaci�n a derechos e intereses colectivos[99].

 

85. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido ampliamente �en el curso de acciones populares- la protecci�n del derecho colectivo a la seguridad y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente, indicando que el mismo �impone al Estado la obligaci�n de defender y proteger (�) a todos los residentes en el pa�s frente a posibles o inminentes alteraciones, da�os graves, o significativa desestabilizaci�n de las condiciones normales de vida causadas por fen�menos naturales y efectos catastr�ficos de la acci�n accidental del hombre, que demanden acciones preventivas, restablecedoras, de car�cter humanitario o social, constituy�ndose en un derecho de naturaleza eminentemente preventiva�[100]. Con base en ello, dicha Corporaci�n ha dispuesto la protecci�n de este derecho colectivo cuando se pretende la construcci�n de muros de contenci�n, drenajes y en general, obras necesarias para evitar derrumbes o desplazamiento de terrenos.

 

86. Por ejemplo, dicho Tribunal conoci� el caso de unas viviendas que estaban en riesgo de derrumbe por causa de la erosi�n del suelo. La pretensi�n del actor, acogida por el a quo y posteriormente por el Consejo de Estado, consist�a en que se ordenara al municipio que en un t�rmino perentorio adelantara las obras necesarias para evitar el continuo desplazamiento del terreno producido por el nivel de erosi�n que se estaba presentado en un sector del barrio afectado[101].

 

En otro caso, se cuestionaba la actuaci�n de una Corporaci�n Aut�noma Regional (CAR) que no hab�a terminado las labores de refuerzo del talud de la banca adjunta a la quebrada que pasaba por los predios de una urbanizaci�n -lo cual se sumaba al deterioro del talud que derrumb� parte del terreno de la ladera-, poni�ndose en riesgo la vida de sus habitantes, as� como la estructura de los edificios que compon�an la referida urbanizaci�n. El actor pidi� ordenar a la CAR continuar -de manera urgente- la ejecuci�n de la obra iniciada en el talud continuo a la quebrada. El juez popular declar� la vulneraci�n al derecho colectivo arriba indicado y orden� a la CAR, entre otras cosas, formular y adoptar medidas que le permitieran culminar las obras dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, decisi�n que fue confirmada por el Consejo de Estado[102].

 

Igualmente, en otra ocasi�n, se present� ante el juez popular, un caso de un barrio ubicado sobre la ribera de un ca�o y en zona de reserva forestal. Dicho ca�o se desbord� y produjo da�os en algunas viviendas, lo que motiv� la petici�n para que se ordenara al municipio construir un muro a fin de evitar el riesgo generado por el grave deterioro de las orillas del ca�o. Ello fue concedido por el respectivo Tribunal y confirmado en segunda instancia[103].

 

En suma, a juicio de la Sala se puede afirmar que los debates relacionados con problemas, como los planteados en esta oportunidad, deben ser tramitados �en principio- a trav�s de los cauces procesales de la acci�n popular regulada en la Ley 472 de 1998. Ello se apoya no solo en el hecho de que dicha ley reconoce como objeto de protecci�n de los derechos colectivos situaciones asociadas a la prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente, sino tambi�n en la pr�ctica de la jurisprudencia contencioso administrativa.    

 

87.           As�, con fundamento en los argumentos precedentes, esta Sala procede a analizar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en cada caso concreto, a la luz de los criterios que componen el juicio material de procedencia y el juicio de eficacia de la acci�n popular. En particular, �(�) si se acredita de manera cierta y fehaciente, que la afectaci�n actual o inminente del derecho colectivo tambi�n amenaza y vulnera un derecho fundamental [que fue]individualizado en la persona que interpone la acci�n de tutela (�), cuya protecci�n no resulta efectiva mediante la acci�n popular sino que requiere la intervenci�n urgente e inmediata del juez de tutela�[104] (Resaltado fuera del texto).

 

�                   An�lisis del requisito de subsidiariedad en caso del expediente T-6.562.773  

 

88.           Que la afectaci�n iusfundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbaci�n de un derecho colectivo[105] (conexidad). Observa esta Sala una perturbaci�n al derecho colectivo de la comunidad que habita en la Urbanizaci�n a la seguridad y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente. En efecto, los tutelantes afirman que la urbanizaci�n donde habitan se encuentra en alto riesgo de deterioro, lo que perturba su tranquilidad y la del vecindario.

 

89.           Esta perturbaci�n de un inter�s colectivo, en principio, involucra la afectaci�n directa a los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de las personas individualizadas en la acci�n de tutela, quienes fueron reubicados por Barbosa en las Viviendas de Inter�s Prioritario (VIP), las cuales actualmente habitan y que presentan aparente amenaza de colapso y ruina. As�, la amenaza iusfundamental de los tutelantes, se desprende, en principio, de los hechos que llevaron a interponer la acci�n de tutela �en particular, las conclusiones surgidas a partir del estudio contratado por Barbosa, finalizado el veintiocho (28) de febrero de 2017[106]� as� como de sus particulares circunstancias[107].

 

90.           En este orden, para esta Sala es posible identificar, en principio, una relaci�n causal entre la perturbaci�n del derecho colectivo se�alado y la vida e integridad personal de los tutelantes, m�xime al tratarse de sujetos de especial protecci�n constitucional.

 

91.           Que la persona que presenta la acci�n de tutela acredite -y as� lo valore el juez- que su derecho fundamental (y no otro o el de otros) se encuentra directamente afectado (afectaci�n directa). A partir de las pruebas que obran en el expediente, esta Sala constata que los accionantes y sus familias, habitan actualmente en las viviendas relacionadas en la acci�n de tutela y que fueron ellos, a trav�s de la Personer�a Municipal de Barbosa, quienes interpusieron la acci�n de tutela.

 

92.           Que la afectaci�n al derecho fundamental sea cierta y no hipot�tica a la luz de las pruebas aportadas en el expediente. A partir de este criterio, la amenaza a los derechos fundamentales debe ser real y no hipot�tica, por ende, deben existir pruebas en tal sentido. Sobre el particular, este Tribunal recapitula la siguiente evidencia obrante en el expediente en cuanto al estado de las viviendas y a las condiciones personales de los accionantes:

 

93.           Pruebas en cuanto al estado de las viviendas:

 

�                   Informe t�cnico final de MASORA del veintiocho (28) de febrero de 2017 en el marco del Contrato Interadministrativo 06. Este informe concluy� que la estructura actual de la Urbanizaci�n no tiene la capacidad suficiente para atender de manera segura las cargas s�smicas, ni tampoco tiene la capacidad para atender de manera segura las cargas de uso y ocupaci�n y, recomend� �[t]omar medidas inmediatas y urgentes para evitar una tragedia y reubicar a los habitantes del complejo habitacional�.

 

�                   Documentos t�cnicos expedidos por MASORA en el marco del Contrato Interadministrativo, denominados �Patolog�a estructural� y �an�lisis de vulnerabilidad s�smica de Los Abuelos etapa 1. En estos documentos se indica: �(�) las condiciones hoy d�a de deterioro se han venido acentuando a tal punto que est� poniendo en riesgo la seguridad e integridad de sus habitantes�; �(�) [l]a estructura est� ubicada en una zona de amenaza s�smica intermedia y se exige por la NSR-10 que debe tener como m�nimo una capacidad moderada de ductibilidad, De acuerdo a las investigaciones realizadas la estructura no tiene capacidad suficiente para atender las cargas a las que pueda estar enfrentada en caso de sismo�.

 

�                   Copia de los informes de la Unidad de Gesti�n del Riesgo de Barbosa del 17 de febrero de 2016 que recomend� de manera �(�) urgente atender con medidas de prevenci�n y reducci�n del riesgo, con obras de refuerzo estructural� y, del 17 de noviembre de 2017 de dicha Unidad, el cual indic� �[l]a estructura actual no es segura para los habitantes, ni para los vecinos o personas que circular (sic) en sus alrededores y es urgente buscar una soluci�n habitacional para estas familias, mientras se interviene estructuralmente la edificaci�n�.

 

�                   Informe t�cnico con fecha cinco (05) de marzo de 2014. En este informe se concluy� �(l)a estructura presenta da�os de consideraci�n tanto en elemento estructurales (vigas, columnas, losas), como en elementos no estructurales (muros, pisos, ventanas y tuber�as), estos da�os han causado un deterioro de la estructura que puede llevar al colapso de la misma si no se atienden oportunamente y de manera apropiada�.

 

�                   Oficio del 23 de octubre de 2013, suscrito por el se�or Serna Osorio, dirigido al Municipio. En dicho escrito se solicitan posibles soluciones al advertir �(�) nos encontramos en constante zozobra debido a que la estructura met�lica d�a a d�a se deteriora m�s; sobre todo en las bases debido a que no ha sido reforzada antes de construir los apartamentos, ni despu�s, causando apertura de grietas en paredes sobre todo en los apartamentos del primer piso lo que pone en peligro nuestras vidas�.

 

94.           Pruebas en cuanto a las condiciones personales concretas y actuales de los accionantes:

 

�                   Marta Elena R�a �lvarez. Copia de la C�dula de Ciudadan�a, que evidencia el a�o de nacimiento de la accionante (1942) y, que al tiempo de interposici�n de la acci�n de tutela ten�a setenta y cinco (75) a�os de edad. Oficio PMBA2018-109 del trece (13) de junio de 2018, remitido por el Personero Municipal, que indica la condici�n de �poseedora�[108] de la vivienda n�mero 202 en la Urbanizaci�n (pues el municipio no ha realizado la titulaci�n de las mismas) y, que sus ingresos dependen del subsidio del programa Colombia Mayor y del trabajo de por d�as de su c�nyuge, con quien convive.

 

�                   Luis Enrique Serna Osorio. Copia de la C�dula de Ciudadan�a, que evidencia el a�o de nacimiento del accionante (1950) y, que al tiempo de interposici�n de la acci�n de tutela ten�a sesenta y seis (66) a�os de edad. Oficio PMBA2018-109 del trece (13) de junio de 2018, remitido por el Personero Municipal, que indica la condici�n de �poseedora� de la vivienda n�mero 201 en la Urbanizaci�n (pues el municipio no ha realizado la titulaci�n de las mismas), que vive solo y, que sus ingresos son escasos e inciertos. Copia de la Historia Cl�nica, donde se detallan las serias dificultades de salud del accionante[109].

 

�                   Luz Amantina Buitrago de Agudelo. Copia de la C�dula de Ciudadan�a, que evidencia el a�o de nacimiento de la accionante (1946) y, que al tiempo de interposici�n de la acci�n de tutela ten�a sesenta y un (71) a�os de edad. Oficio PMBA2018-109 del trece (13) de junio de 2018, remitido por el Personero Municipal, que indica la condici�n de �poseedora� de la vivienda n�mero 102 en la Urbanizaci�n (pues el municipio no ha realizado la titulaci�n de las mismas) y, que sus ingresos dependen del subsidio del programa Colombia Mayor y del aporte que su hija, con quien convive, puede hacer[110].

 

95.           De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala de Revisi�n, encuentra prima facie prueba de una amenaza real e individualizada de los derechos fundamentales de los accionantes considerando (i) las circunstancias de peligro que representa, principalmente, la estructura de las viviendas que integran la Urbanizaci�n Los Abuelos -VIP  (que se acredita a trav�s de diversos e inequ�vocos informes t�cnicos; originados en distinta fuente) y (ii) las dif�ciles condiciones subjetivas (f�sicas y econ�micas) que los mismos acreditan. Asimismo, contrario a las consideraciones del Tribunal Superior de Medell�n, Sala Tercera de decisi�n Civil, el veintiuno (21) de septiembre de 2017, la suscripci�n del contrato interadministrativo con MASORA el 15 de febrero de 2017), no implica -por s� mismo y autom�ticamente- que los derechos fundamentales de los tutelantes no se encuentren actualmente amenazados. 

 

96.           Que las pretensiones de los actores tengan por objeto la protecci�n del derecho fundamental y no del derecho colectivo en s� mismo considerado. A partir de las pretensiones planteadas en la acci�n de tutela, esta Sala entiende que los accionantes buscan obtener una respuesta favorable a sus espec�ficas circunstancias solicitando su reubicaci�n temporal de manera que su vida y seguridad personal no corran peligro. As�, para esta Sala la pretensi�n busca la adopci�n de una medida judicial de car�cter concreto e inmediato que conlleve a cesar la situaci�n planteada en la acci�n de tutela.

 

97.           En este orden de ideas, este Tribunal constata la procedencia de acci�n de tutela en el caso concreto (T-6.562.773), pues a partir de las pruebas que obran en el expediente, identifica prima facie la amenaza de derechos fundamentales de car�cter individual y subjetivo de los accionantes, dada su condici�n de sujetos de especial protecci�n constitucional y la pretensi�n que los mismos persiguen.

 

98.           Asimismo, esta Sala de Revisi�n identifica en el caso concreto y, teniendo en cuenta las pretensiones espec�ficas de los accionantes, una discusi�n relacionada de manera espec�fica con la forma de amparar el derecho a la vida y seguridad personal de los accionantes, dadas sus especiales circunstancias y ante la amenaza de las viviendas donde habitan, lo que conlleva a que otras acciones (v. gr. acci�n popular) no ofrezcan la posibilidad de enfrentar la situaci�n en el tiempo que ello se requiere.

 

99.           En este orden, esta Sala concluye el cumplimiento del requisito de subsidiariedad y, en consecuencia, la procedencia de la acci�n de tutela como un mecanismo definitivo pues, aunque existe un derecho colectivo que podr�a ser protegido mediante la acci�n popular, en el caso concreto se identifica prima facie una amenaza cierta a los derechos fundamentales de los accionantes. Ello se desprende de las condiciones en las que se encuentran, las circunstancias objetivas de los lugares que habitan (amenaza real de colapso de las viviendas), as� como la naturaleza de sus pretensiones. Sin embargo, la Corte advierte desde ahora que en caso de que los accionantes pretendieran la adopci�n de medidas generales para la protecci�n de derechos colectivos o la reparaci�n patrimonial, podr�an acudir a la acci�n popular o a acciones de �ndole resarcitorio o patrimonial, ante la jurisdicci�n ordinaria civil o de lo contencioso administrativo, seg�n sea el caso.

 

�     An�lisis del requisito de subsidiariedad en el caso del expediente T-6.568.695

 

100.      Que la afectaci�n iusfundamental sea una consecuencia inmediata y directa de la perturbaci�n de un derecho colectivo[111] (conexidad). Observa esta Sala prima facie una perturbaci�n a los derechos colectivos de la comunidad que habita el Barrio que colinda con la quebrada La V�bora, al verse expuesta a riesgos de desastre por deslizamiento en dicho Barrio. En efecto, en el expediente se encuentra que �(�) dicha problem�tica se extiende por todo el per�metro del Barrio Quintas del Campestre por cuanto se evidenci� agrietamiento de los suelos del margen izquierdo aguas debajo de la quebrada La V�bora, los cuales han avanzado por las lluvias constantes y genera un inminente riesgo sobre el barrio (�)�[112].

 

101.      As�, de acuerdo con la situaci�n f�ctica descrita en la acci�n de tutela y la informaci�n allegada al expediente, a primera vista esta Sala observa una perturbaci�n a los derechos colectivos de la comunidad del Barrio Quintas del Campestre, los cuales se encontrar�an relacionados con �[e]l derecho a seguridad y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente� y �[l]a realizaci�n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur�dicas, de manera ordenadas, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes�[113].

 

102.      La perturbaci�n colectiva involucra, en principio, una afectaci�n directa a derechos fundamentales a la vida e integridad personal de las personas individualizadas en la acci�n de tutela pues, seg�n lo narrado en los hechos, sus viviendas se encuentran ubicadas en proximidad al margen izquierdo, aguas debajo de la quebrada La V�bora. En consecuencia, esta Sala identifica, a primera vista, una relaci�n causal entre la perturbaci�n de los derechos colectivos y la afectaci�n prima facie de un derecho fundamental, m�xime considerando que los accionantes tienen hijos menores.

 

103.      Que la persona que presenta la acci�n de tutela acredite -y as� lo valore el juez- que su derecho fundamental (y no otro o el de otros) se encuentra directamente afectado (afectaci�n directa). A partir de las pruebas que obran en el expediente, esta Sala constata que los accionantes y sus familias, habitan actualmente en las viviendas relacionadas en la acci�n de tutela y que fueron ellos, a trav�s de la Personer�a Municipal de Dosquebradas, quienes interpusieron la acci�n de tutela.

 

104.      Que la afectaci�n al derecho fundamental sea cierta y no hipot�tica a la luz de las pruebas aportadas en el expediente. A partir de este criterio, la amenaza a los derechos fundamentales debe ser real y no hipot�tica o eventual. Por ende, deben existir pruebas suficientes en dicho sentido. Sobre el particular, este Tribunal se detiene en las siguientes pruebas en cuanto al estado de las viviendas:

 

�                   Oficio D.A. DIGER 200-223 del diecisiete (17) de abril de 2018. Se conceptu� que �(�) las viviendas no amenazaron colapso inminente o alguna anomal�a relacionada con la quebrada que ameritara que se declararan en riesgo, si bien es cierto en el sector se presentaron fen�menos de remoci�n en masa estos estuvieron relacionados principalmente con llenos depositados sobre el margen de la quebrada la V�bora realizados por el constructor y los efectos de socavaci�n que la quebrada ejerci� sobre estos llenos depositados sobre el margen de la quebrada la V�bora realizados por el constructor y los efectos de socavaci�n que la quebrada ejerci� sobre estos llenos�. Los movimientos en masa relacionados con los efectos de socavaci�n lateral y profundizaci�n de la quebrada �La V�bora� �(�) ha[n] generado afectaciones en taludes conformados por antiguos movimientos de tierra realizados irregularmente por el constructor del proyecto y que a la fecha NO generado (sic) afectaci�n en las v�as o viviendas ubicadas en la corona del talud� (Resaltado fuera del texto).

 

�                   Oficio DA-DIGER-200-039 del dos (2) mayo de 2017. Este oficio especific� que �(�) las viviendas del sector no se han visto afectadas estructuralmente por el desplazamiento, NO se observan grietas en las paredes ni vigas, y no presenta grietas o separaciones en sus elementos no estructurales (�)� (Resaltado fuera del texto).

 

105.      Con base en esta informaci�n, aunque se han presentado desprendimientos en el margen izquierdo aguas debajo de la quebrada La V�bora que pueden representar un riesgo sobre el Barrio, no se evidencia prueba que lleve al convencimiento de esta Sala de que dicha situaci�n implique una amenaza real y singular de los derechos fundamentales de los accionantes y sus familias, que justifique el desplazamiento de la acci�n popular.

 

106.      Los accionantes reconocen, asimismo, que la acci�n de tutela fue interpuesta para lograr la ejecuci�n de un contrato estatal que suscribi� la CARDER el cual, a la fecha de la acci�n de tutela, se encontraba suspendido. Para esta Sala, la inconformidad de los accionantes en relaci�n con la gesti�n de dicho contrato, en manera alguna, representa amenaza real a sus derechos subjetivos e individuales de naturaleza fundamental. Con todo, esta Corte tuvo conocimiento que el contrato cuya ejecuci�n fue objeto en la acci�n de tutela, se encuentra actualmente en ejecuci�n pues, el veintitr�s (23) de noviembre de 2017, las partes (CARDER y el Consorcio), suscribieron el acta de inicio de la etapa de construcci�n de la obra prevista en el contrato 541 cuya finalizaci�n se previ� para el veintid�s (22) de octubre de 2018[114].

 

107.      En este orden, esta Sala no advierte elementos de juicio necesarios para concluir un peligro inminente sobre los derechos fundamentales de los accionantes, como concluyeron los jueces de instancia, pues a pesar de que las obras de mitigaci�n contratadas por la CARDER se encontraban suspendidas, lo cierto es que las viviendas del Barrio, seg�n lo probado, no amenazaban riesgo de colapso, ni siquiera aquellas ubicadas en la corona del talud. En esa medida no se desprende la necesidad de intervenci�n del juez de tutela, desplazando otros mecanismos de defensa judicial. Precisamente, ante el riesgo de desastre por inestabilidad del terreno existen las acciones populares y con ellas, la posibilidad de solicitar al juez medidas cautelares.

 

108.      En tal sentido y de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, esta Sala de Revisi�n, no encuentra una amenaza real e individualizada a los derechos fundamentales de los accionantes susceptible de protecci�n v�a tutela, al no evidenciar que las viviendas donde habitan, amenacen de manera cierta colapso o ruina alguna y, por consiguiente, la inminencia de un peligro.

 

109. Que las pretensiones de los actores tengan por objeto la protecci�n del derecho fundamental y no del derecho colectivo en s� mismo considerado. A partir de las pretensiones planteadas en la acci�n de tutela, esta Sala advierte que los accionantes pretend�an la inmediata construcci�n de la obra prevista en el contrato de obra 541. En efecto, esta pretensi�n se reitera en el escrito de impugnaci�n en el que se solicita �(�) la realizaci�n de las obras civiles de estabilizaci�n por parte las entidades accionadas y vinculadas�; as� como la realizaci�n de aportes econ�micos por parte de los accionados, para la realizaci�n de las obras civiles de estabilizaci�n.

 

110. Estas pretensiones se fundamentan en los hechos narrados en la acci�n de tutela al afirmar que, a la fecha de su interposici�n, esto es, quince (15) de mayo de 2017 �no se ha (sic) iniciado las obras correspondientes en ninguno de los sectores donde se deb[�an] realizar obras de mitigaci�n del riesgo en el municipio de Dosquebradas�.

 

111. A partir de la revisi�n de las pretensiones y, por ende, el objetivo de los accionantes, se puede concluir que estas se encuentran encaminadas a la protecci�n de derechos colectivos (y no a la protecci�n directa de sus derechos fundamentales), que se proyectar�an de manera indivisible y unitaria en toda la comunidad de la que tambi�n son parte[115].

 

112. Por las razones que anteceden, esta Sala concluye que la acci�n popular constituye un mecanismo id�neo y eficaz para resolver de fondo el asunto bajo revisi�n.

 

113. Esta Sala de Revisi�n constata que, para el caso concreto, no se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad por lo que la acci�n de tutela se torna improcedente. En consecuencia, esta Sala deber� revocar las decisiones proferidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisi�n, del veintiuno (21) de julio de 2017 y el Consejo de Estado, Secci�n Segunda- Subsecci�n B, del veintisiete (27) de septiembre de 2017, dentro del expediente T-6.568.695. En todo caso, esta Corte estima del caso advertir al municipio de Dosquebradas y a la CARDER para que, de manera diligente y conjunta, desarrollen todas las actuaciones a su disposici�n a efectos de evitar cualquier afectaci�n de los derechos de los accionantes.

 

C.              PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUR�DICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISI�N

 

114. En relaci�n con el expediente T-6.562.773 y teniendo en cuenta que se cumplieron los requisitos de procedibilidad, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisi�n determinar si la Alcald�a Municipal de Barbosa desconoce los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal de Marta Elena R�a �lvarez, Luis Enrique Serna Osorio, Luz Amantina Buitrago de Agudelo y sus familias al no adoptar medidas espec�ficas de protecci�n teniendo en cuenta sus condiciones especiales.

 

115.      En este contexto, la Sala evaluar� (i) el alcance de los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal y la diferencia entre los conceptos de �amenaza� y �riesgo� (secci�n D), (ii) los deberes y competencias del municipio en materia de prevenci�n y atenci�n de desastres (secci�n E) y, (iii) analizar� caso concreto (Secci�n F).

 

D. EL ALCANCE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA Y SEGURIDAD PERSONAL Y LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONCEPTOS DE �AMENAZA� Y �RIESGO�

 

116.      El art�culo 2� de la Constituci�n Pol�tica dispone que las autoridades de la Rep�blica est�n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem�s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Asimismo, el art�culo 11 Superior, que consagra el derecho fundamental a la vida, impone el mandato a todas las autoridades estatales de actuar con eficiencia y celeridad en su labor de garant�a y protecci�n de esta prerrogativa de orden constitucional[116].

 

117. En tal sentido, la Corte ha puntualizado lo siguiente frente a la garant�a y protecci�n del derecho a la vida: �El derecho a la vida, consagrado en la Constituci�n en beneficio de toda persona, es de aplicaci�n inmediata, y no limita su alcance a la prohibici�n absoluta de la imposici�n de la pena de muerte; tambi�n comprende la garant�a de que la autoridad competente para protegerlo no ignorar� el peligro inminente y grave en el que se encuentre un grupo de habitantes del territorio nacional y, m�s a�n, que existiendo tal riesgo grave e inminente, si las autoridades no pueden eliminarlo, al menos no contribuir�n conscientemente a agravarlo[117]� (Resaltado fuera del texto).

 

118. Ahora bien, el deber de protecci�n del derecho a la vida implica diferenciar entre dos (2) situaciones: el posible riesgo y la amenaza real iusfundamental. Estas situaciones se definen en virtud de los elementos de juicio (pruebas) que presente el caso concreto para establecer el peligro �pues no todas las situaciones en que se encuentran expuestas las personas pueden ser amparadas a trav�s de una acci�n de tutela�. En este sentido, la Corte ha diferenciado los conceptos de riesgo, amenaza y vulneraci�n del derecho fundamental, se�alando que el riesgo alude a una vulneraci�n aleatoria o eventual del derecho, mientras que la amenaza refiere una vulneraci�n inminente y cierta del derecho y, que la vulneraci�n consumada, por su lado, es la lesi�n definitiva del mismo. As�, la diferencia entre riesgo y amenaza �depender� del material probatorio que se sustente en cada caso en particular�[118].

 

119. Los conceptos mencionados son relevantes para el caso bajo revisi�n pues la acci�n de tutela �solo es procedente en los casos de amenaza o peligro cierto de vulneraci�n, pero no en los casos de riesgo�[119]. En este sentido, ha aclarado la Corte que �(�) los riesgos sobre un derecho fundamental, en virtud de su car�cter abstracto, de su falta de certeza, y la ausencia de elementos objetivos que permitan predicar su inminente lesi�n (�) no se puede proteger v�a acci�n de tutela�[120]. As�, dado que la frontera entre el riesgo potencial y una amenaza cierta es muchas veces difusa, la Corte ha resaltado el papel determinante del material probatorio en cada caso[121].

 

120. Espec�ficamente este Tribunal, en ocasiones anteriores, ha reconocido la relevancia del derecho fundamental a la vida respecto de situaciones en las cuales las viviendas amenazan colapso o ruina, considerando que el hecho de que estas no se hayan derrumbado y no hubiere ocurrido un suceso lamentable, no descarta la posibilidad de su ocurrencia. En estos casos, las labores de protecci�n a la vida se encaminan a evitar que ocurran afectaciones siempre y cuando existan elementos de juicio suficientes para suponer que, por ejemplo, un movimiento tel�rico f�cilmente puede producir el colapso de las construcciones[122]. En todo caso, cuando el derecho a la vida se encuentra amenazado y existe prueba suficiente de ello, el juez constitucional tiene la obligaci�n, de decidir con prontitud y contundencia, adoptando las medidas para lograr la protecci�n real de la vida, en el marco de sus competencias.

 

121. Por otro lado, las amenazas a la vida y a la integridad personal han sido caracterizadas como una vulneraci�n al derecho fundamental a la seguridad personal[123]. La seguridad personal, a su vez, ha sido entendida a partir de varias facetas: como valor constitucional, derecho colectivo y derecho fundamental. Dentro de esta �ltima, la seguridad personal comporta tres (3) tipos de obligaciones estatales para permitir su goce efectivo: (i) el deber de respeto o la obligaci�n de abstenci�n en relaci�n con actividades que amenacen o lesionen la integridad de las personas; (ii) la obligaci�n de protecci�n o despliegue de actuaciones para evitar que los derechos de los ciudadanos se vean afectados; y (iii) la obligaci�n de garant�a o adopci�n de medidas a efectos de que el titular tenga los medios para ejercer este derecho efectivamente.

 

122. En este orden de ideas, es preciso resaltar que la labor del juez constitucional, en el marco de su autonom�a interpretativa, no solo se circunscribe a los derechos invocados por el accionante. En efecto, en aquellos casos en los cuales, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, se evidencia una afectaci�n o amenaza directa a otro derecho fundamental, el amparo a este derecho debe ser inmediato.

 

Conforme a ello, una afectaci�n directa a la vida y seguridad personal, en particular cuando se trata de sujetos en especiales condiciones de vulnerabilidad, se puede evidenciar en las deficitarias condiciones de un inmueble. La afectaci�n a tales derechos se configura, en consecuencia, cuando existen evidencia cierta sobre la amenaza de colapso o ruina del lugar de habitaci�n. En efecto, esta Corte ha sostenido que �se deben tener condiciones adecuadas que no pongan en peligro la vida y la integridad f�sica de los ocupantes, pues ella [la vivienda] adem�s de ser un refugio para las inclemencias externas, es el lugar donde se desarrolla gran parte de la vida de las personas que la ocupan, por lo que �adquiere importancia en la realizaci�n de la dignidad del ser humano�[124].

 

123. En s�ntesis, los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal, en particular cuando se trata de sujetos en especiales condiciones de vulnerabilidad, activan la obligaci�n de protecci�n eficiente y oportuna por parte de las autoridades estatales en situaciones en las cuales la amenaza de colapso o ruina de la vivienda se encuentra probada. De ah� que, ante peligros inminentes y graves, les corresponde deberes positivos de acci�n (por ejemplo: adoptar medidas, desplegar actuaciones, etc.).  Sobre esta base, cuando se encuentra probada la amenaza a estos derechos fundamentales, considerando los par�metros indicados en la jurisprudencia, el juez de tutela tiene la obligaci�n de adoptar las medidas que tenga a su alcance para lograr la efectiva protecci�n iusfundamental.

 

E. DEBERES Y COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PREVENCI�N Y ATENCI�N DE DESASTRES. NORMAS ESPECIALES PREVISTAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA

 

124. A partir de las consideraciones expuestas, existe un marco normativo que impone deberes espec�ficos de protecci�n a las autoridades p�blicas, en particular, en el orden territorial, en materia de prevenci�n y atenci�n desastres. Dicho marco parte de considerar la importancia constitucional del municipio como entidad fundamental de la divisi�n pol�tico-administrativa del Estado, a quien le corresponde adem�s del deber de ordenar el desarrollo de su territorio, la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construcci�n y enajenaci�n de inmuebles destinados a vivienda[125].

 

125. Dichos deberes son especialmente relevantes en este caso, pues la construcci�n de vivienda, en particular aquella de inter�s prioritario, �(�) dirigida al sector popular, infortunadamente se ha caracterizado por la falta de infraestructura de servicios, por condiciones precarias de construcci�n y por ilegalidad y extralegalidad. Es por eso que obligaci�n social del Estado impuesta por la Constituci�n Pol�tica, involucra a las autoridades de las ciudades y municipios para que act�en como contrapeso de la libre actividad privada de la construcci�n e impida desafueros y abusos de esta, mediante la reglamentaci�n y control de procesos de urbanizaci�n�[126].

 

126. A partir de esta perspectiva, las competencias de los alcaldes en materia de prevenci�n y atenci�n de desastres, no se limitan a las zonas de alto riesgo, ni se agotan con la reubicaci�n de asentamientos[127]. Por lo contrario, ellas tambi�n est�n asociadas con el constante monitoreo y la planificaci�n del desarrollo en condiciones de seguridad.Frente a esta �ltima, la funci�n p�blica inherente al urbanismo, particularmente trat�ndose de viviendas de inter�s prioritario, representa una forma de materializaci�n del Estado Social de Derecho y, en cierta forma, del principio de solidaridad[128]. La Ley 1523 de 2012 reconoce a los alcaldes, como jefes de la administraci�n local, conductores del desarrollo local y, responsables directos de la implantaci�n de los procesos de gesti�n del riesgo en sus municipios, incluyendo el conocimiento (monitoreo) y la reducci�n del riesgo en el �rea de su jurisdicci�n. 

 

127. Por su parte, la Ley 388 de 1997 establece dentro de sus objetivos �el establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonom�a, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservaci�n y defensa del patrimonio ecol�gico y cultural localizado en su �mbito territorial y la prevenci�n de desastres en asentamientos de alto riesgo, as� como la ejecuci�n de acciones urban�sticas eficientes�. Estas acciones urban�sticas incluyen, entre otros aspectos, la localizaci�n de �reas cr�ticas de control para la prevenci�n de desastres. Adem�s de estos deberes y facultades, cuando una construcci�n se ha desarrollado con violaci�n a las normas urban�sticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o cuando la edificaci�n amenaza ruina, los alcaldes tienen incluso el deber de imponer, como medida correctiva, la demolici�n de la obra, seg�n el C�digo Nacional de Polic�a y Convivencia (Ley 1801 de 2016, arts. 172-174), con el objeto de prevenir, procurar y proteger la convivencia ciudadana.

 

128. De lo expuesto se desprende que frente a situaciones de peligro a la vida de las personas y dado que los municipios tienen competencias en materia de prevenci�n y atenci�n de desastres -por lo que tienen deberes de prevenci�n y mitigaci�n del riesgo frente a la poblaci�n localizada en zonas en donde se pueda presentar los mismos-,  �se proceder� a la evacuaci�n de personas para proteger su vida y adem�s ser� obligaci�n del Estado efectuar actos administrativos indispensables para que los afectados encuentren otro lugar donde vivir (�)�[129].En la misma l�nea, la sentencia T-601 de 2007 concluy� que �(�) una persona tiene derecho a que la entidad responsable �por acci�n u omisi�n� de afectar �total o parcialmente� su vivienda, hasta el punto de poner en riesgo su vida e integridad personal, tome las medidas adecuadas para evitar que el riesgo persista. Esta protecci�n es prioritaria cuando en la vivienda se encuentran sujetos de especial protecci�n constitucional�.

 

129. En el caso del municipio de Barbosa, la adopci�n de este tipo de medidas se encuentra regulada actualmente en el Decreto municipal 059 del 5 de junio de 2018 �Por medio del cual se implementa el programa para la asignaci�n de asistencia humanitaria brindada a personas damnificadas por eventos naturales o antr�picos no intencionales en el municipio de Barbosa y se establece su reglamentaci�n par�metros y procedimientos�, que establece una regulaci�n destinada a toda la poblaci�n de dicho municipio que se encuentre en alg�n evento de emergencia (o desastre) de origen antr�pico (o natural), para efectos de ser beneficiarios del programa de asistencia humanitaria.

 

130. Dicho programa, seg�n el Decreto municipal, es un mecanismo de mitigaci�n a las carencias de orden b�sico y esencial, sufrido por un grupo familiar en condiciones de vulnerabilidad, a trav�s de una medida que puede consistir en la figura de �alojamiento temporal�. Dicha figura, tambi�n denominada �reubicaci�n temporal�, es contemplada por esa norma como �una estrategia encaminada a solucionar el problema de alojamiento de las familias damnificadas, en raz�n a que sus hogares no pueden ser habitados�. Dentro de esta figura, se contemplan dos (2) mecanismos. Por un lado, el subsidio de arriendo temporal y por otro, el albergue temporal.

 

131. Frente al primero, el Decreto dispone un apoyo econ�mico que, por regla general, corresponder� a m�ximomedio Salario M�nimo Legal Mensual Vigente pero que, puede ser por m�ximo un (1) Salario M�nimo Legal MensualVigente siempre que se considere la existencia de un factor social adicional a la situaci�n de alto riesgo que gener� la reubicaci�n temporal y, ser� para cubrir �nicamente la necesidad de alojamiento de las personas cuya vivienda fue destruida �o se encuentra en condiciones de inhabitabilidad por ubicarse en la zona afectada y/o se encuentra en alto riesgo y la concreci�n del riesgo es inminente�; el t�rmino del subsidio ser� por el t�rmino m�ximo de tres (3) meses - prorrogables, teniendo en cuenta condiciones de vulnerabilidad-. Frente al segundo, esto es, el albergue temporal, se trata de construcciones que cuentan con los servicios b�sicos esenciales para la permanencia temporal de personas hasta que puedan reubicarse en otro lugar. Los beneficiarios de estos mecanismos son todas las personas que residan en el inmueble objeto de ocurrencia de los hechos.

 

132. El subsidio de arriendo temporal se encuentra regulado en el Decreto, previendo, por ejemplo, dentro de las responsabilidades del damnificado, las de elegir el inmueble a arrendar y verificar que el mismo cumpla con condiciones de habitabilidad m�nima; as� mismo, como causales de terminaci�n del beneficio, dispone el acceso a una soluci�n de vivienda definitiva por los beneficiarios, la terminaci�n del tiempo estipulado del subsidio de arriendo temporal, entre otras.

 

133. Por su parte, las Corporaciones Aut�nomas Regionales (CAR) tienen tambi�n competencias frente a las situaciones de riesgo de conformidad con la Ley 99 de 1993 (art�culo 31, numeral 23) y la Ley 1523 de 2012 (art�culo 31). En efecto, sobre tales organismos y los municipios recae la obligaci�n de ejecutar actividades para prevenir y atender emergencias y desastres. Por ello, las primeras deben colaborar arm�nicamente con el municipio en la ejecuci�n de obras dirigidas a mitigar el riesgo[130] y lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. En otras palabras, la atenci�n y prevenci�n de desastres previsibles t�cnicamente le incumbe tanto a los municipios como a las CAR por lo que deben colaborar arm�nicamente para el cumplimiento de dicho cometido; de ah� que en esta oportunidad la Sala estime procedente llamar la atenci�n a la Alcald�a Municipal de Dosquebradas (Risaralda) y a la Corporaci�n Aut�noma Regional de Risaralda (CARDER) para que, de manera diligente y conjunta, desarrollen todas las actuaciones a su disposici�n a efectos de evitar cualquier afectaci�n a los derechos de los accionantes.

 

F. AN�LISIS DEL CASO CONCRETO

 

134. Seg�n se estableci�, la acci�n de tutela tiene como prop�sito establecer si el Municipio de Barbosa (Antioquia) ha desconocido los derechos fundamentales de los accionantes a la vida y seguridad personal al no adoptar, seg�n lo estiman los accionantes, medidas eficaces, inmediatas y necesarias de cara a la situaci�n que presentan las viviendas donde habitan. En esa direcci�n, los accionantes piden que se ordene su reubicaci�n y la de su n�cleo familiar, a trav�s de un subsidio de arrendamiento, hasta que el problema de las viviendas donde habitan sea resuelto.

 

135. El Municipio de Barbosa no ha sido ajeno a la situaci�n de las viviendas. Desde el a�o 2013 recibi� peticiones por parte del se�or Serna Osorio. Espec�ficamente, en el a�o 2017, con ocasi�n del informe final del contrato 06, dicho ente territorial pudo verificar t�cnicamente el estado de las viviendas, pues su contratista concluy� la urgencia y necesidad de intervenir la estructura, dado que la misma no es segura; lo cual fue tambi�n confirmado por informes de la Unidad de Gesti�n del Riesgo (noviembre de 2017). Asimismo, esta Sala constat�, que pese a la evidencia t�cnica un�voca y reiterada del estado de las viviendas, actualmente los accionantes residen all�.

 

136. A partir de esto y teniendo en cuenta que se trata de una estructura que no es segura, le corresponde al municipio vigilar las actividades relacionadas con la construcci�n en el marco de la funci�n p�blica inherente al urbanismo. Aunado a ello, debe advertirse que en materia de VIP -en las que habitan las personas m�s vulnerables en t�rminos socio-econ�micos y que han sido financiadas con recursos p�blicos-, el Estado tienen la obligaci�n de adoptar diferentes medidas de garant�a y protecci�n que van desde el monitoreo constante hasta ordenar inmediatamente la demolici�n de las edificaciones.

 

137. Espec�ficamente, el municipio cuenta con un marco regulatorio que lo obliga a dar respuesta eficiente y oportunaa la situaci�n de los accionantes. Dicho marco contempla el subsidio de arriendo temporal (el t�rmino y monto depende de las condiciones de vulnerabilidad o la existencia de factores sociales de los potenciales beneficiarios, adicionales a la situaci�n que gener� la medida), y el albergue temporal, como alternativas frente a los problemas de alojamiento en viviendas que no pueden ser habitadas.

 

138. En este orden, aprecia esta Sala que a la fecha y con la informaci�n allegada al expediente, el municipio no ha adoptado de manera eficiente y oportuna, el marco normativo que tienen a disposici�n, para efectos de enfrentar la conocida amenaza a los derechos de los accionantes, agravando a�n m�s su situaci�n.

 

139. As�, aunque se evidenci� la comunicaci�n por parte del municipio en la que se inform� a los accionantes que ser�an incluidos en el programa de subsidio de arrendamiento para familias en condici�n de riesgo y atenci�n de emergencias, esta Sala no encuentra que el mismo se haya materializado, pues los accionantes no han identificado un lugar que cumpla con el monto del subsidio ofrecido por el municipio (monto m�ximo de $320.000 mensuales) y tampoco tienen certeza sobre la duraci�n del subsidio. Asimismo, hall� esta Sala que, aunque el municipio se encuentra gestionando recursos para dar inicio a la construcci�n de nuevas viviendas para la reubicaci�n de los afectados y que el Concejo Municipal aprob� recursos para la construcci�n de viviendas, lo cierto es que actualmente se encuentran habitando viviendas que amenazan un colapso inminente. Igualmente, en punto a la inspecci�n t�cnica del municipio realizada el 06 de marzo de 2018 -donde este encontr� que la comunidad estaba realizando obras de reforzamiento estructural-, desprende este Tribunal que esto no puede entenderse como superaci�n real y cierta de la situaci�n que presentan los tutelantes pues, no conoce esta Sala, el tipo y alcance de tales intervenciones.

 

140. Asimismo, evidenci� esta Sala que los accionantes son adultos mayores en dif�ciles condiciones socio-econ�micas y de salud (para el caso del se�or Serna Osorio) y que los mismos no tienen derecho de propiedad sobre las viviendas que actualmente habitan de forma tal que se les imponga las cargas que la ley exige a los propietarios.  

 

141. En este orden, una vez verificada la amenaza real y cierta a los derechos fundamentales de los accionantes[131], concluye la Sala que el municipio no ha adoptado medidas eficaces y oportunas teniendo en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad y factores sociales adicionales a la situaci�n de amenaza de las viviendas, pues se trata de sujetos de especial protecci�n constitucional, motivo por el cual este Tribunal advierte al Alcalde Municipal de Barbosa (Antioquia) para que, de manera diligente, cumpla todas las obligaciones que le corresponden en materia de prevenci�n y atenci�n de desastres.  En tal sentido, se tutelar�n los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal de Marta Elena R�a �lvarez, Luis Enrique Serna Osorio y Luz Amantina Buitrago de Agudelo y, se ordenar� al municipio de Barbosa �en particular al  Alcalde Municipal-, que (i) adem�s de adoptar medidas espec�ficas con el prop�sito de orientarlos en la b�squeda y obtenci�n de una alternativa de vivienda segura en atenci�n a sus condiciones especiales y (ii) previo agotamiento del procedimiento administrativo correspondiente, en el marco de sus competencias y de acuerdo a las normas vigentes, reconozca y entregue a los accionantes, a t�tulo desubsidio de arrendamiento, el monto de hasta un (1) Salario M�nimo Legal Mensual Vigente[132] o, alternativamente, les otorgue la opci�n de albergue temporal;  cualquiera de estas dos (2) alternativas,  hasta el momento en que estas personas accedan a una soluci�n de vivienda segura y definitiva o regresen a la vivienda en la Urbanizaci�n Los Abuelos, en condiciones de seguridad, lo que suceda primero. Dicha circunstancia deber� certificarse previamente por la dependencia municipal competente. 

 

F.                S�NTESIS DE LA DECISI�N

 

142. Frente al expediente T-6.562.773. Le correspondi� a la Sala Cuarta de Revisi�n determinar si la Alcald�a Municipal de Barbosa desconoci� los derechos fundamentales de los accionantes al no adoptar ciertas medidas de protecci�n, teniendo en cuenta su condici�n de sujetos de especial protecci�n constitucional y la situaci�n que presentan las viviendas donde habitan. Los accionantes solicitaron que se ordenara su reubicaci�n y la de su n�cleo familiar, a trav�s de un subsidio de arrendamiento, hasta que se pudieran entregar las viviendas en condiciones seguras.

 

143. En el marco del examen de procedibilidad de la acci�n de tutela y seg�n las pruebas allegadas al caso, esta Sala encontr� cumplido el requisito de subsidiariedad. En efecto, aunque existe un derecho colectivo que podr�a ser protegido mediante la acci�n popular, constat� este Tribunal una amenaza real y subjetiva a los derechos fundamentales de los accionantes, a partir de la valoraci�n de suficientes elementos de prueba que permiten razonablemente evidenciar el estado de peligro inminente de la estructura de las viviendas donde habitan, as� como las condiciones subjetivas y concretas de los accionantes quienes, de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario, se encuentran en situaci�n de vulnerabilidad (no solo por edad, sino por sus condiciones econ�micas y f�sicas). Conforme a ello, la pretensi�n de los accionantes reflej�, asimismo, la necesidad de adoptar por parte del juez constitucional una medida judicial concreta e inmediata.

 

144. La Sala pudo establecer que el Municipio de Barbosa conoc�a la situaci�n de amenaza de las viviendas (a trav�s de diversos informes t�cnicos y derechos de petici�n) y de los accionantes -quienes son adultos mayores, en dif�ciles condiciones socio-econ�micas y de salud �uno de ellos-, reubicados por el mismo municipio en dichas viviendas-. Asimismo, los diferentes informes t�cnicos evidencian con suficiencia la existencia de una amenaza real y cierta de los derechos fundamentales de los accionantes, dada su condici�n de sujetos de especial protecci�n constitucional y la pretensi�n que los mismos persiguen. En este orden, esta Sala estableci� con suficiencia una amenaza directa a la vida y seguridad personal de los tutelantes dadas las probadas condiciones deficitarias de su lugar de vivienda.

 

145. En efecto, constat� esta Sala que el Municipio de Barbosa no ha adoptado medidas efectivas y oportunas para efectos de hacer cesar la amenaza a los derechos fundamentales de los accionantes, lo que agrava a�n m�s su situaci�n; por lo que advierte al Alcalde Municipal de Barbosa (Antioquia) para que, de manera diligente, cumpla todas las obligaciones que le corresponden en materia de prevenci�n y atenci�n de desastres. Dicho esto, la Sala revocar� las decisiones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota (Antioquia) del diecisiete (17) de julio de 2017 que neg� la acci�n de tutela por improcedente y el Tribunal Superior de Medell�n, Sala Tercera de decisi�n Civil del veintiuno (21) de septiembre de 2017 que la confirm�, por las razones ac� expuestas.

 

146. Frente al expediente T-6.568.695. Le correspondi� a la Sala Cuarta de Revisi�n determinar si los accionados hab�an amenazado o vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes al no ejecutar las obras contratadas, teniendo en cuenta el riesgo generado a partir de los deslizamientos de tierra dada la cercan�a de sus viviendas a la quebrada �La V�bora�. As�, se pretend�a por parte de los tutelantes que se ordenara disponer lo necesario para priorizar y ejecutar el contrato de obra que buscaba mitigar esos riesgos.

 

147. En el marco del examen de procedibilidad de la acci�n de tutela y seg�n las pruebas allegadas al caso, esta Sala no encontr� cumplido el requisito de subsidiariedad. En efecto, constat� que aunque los informes de la Personer�a Municipal, informan sobre desprendimientos en el margen izquierdo aguas debajo de la quebrada La V�bora (que pod�an representar un riesgo sobre el Barrio), esta Sala de Revisi�n no evidenci� prueba de que dicha situaci�n implicara una amenaza real y subjetiva de los derechos fundamentales de los accionantes y sus familias, de forma que justificara el desplazamiento de otros medios de defensa judicial, en particular, la acci�n popular cuando de por medio se encuentran derechos colectivos. Adicionalmente, a partir de la apreciaci�n del acervo probatorio mencionado, esta Sala se hall� a un debate probatorio complejo, cuyo escenario id�neo bien puede ser la mencionada acci�n constitucional.

 

148. En consecuencia, en el caso del expediente T.6.562.773, la Corte Constitucional revocar� las decisiones proferidas por los jueces de instancia, por las razones ac� expuestas y, en su lugar, tutelar� los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal de los accionantes. Frente al expediente T-6.568.695, por las razones ac� expuestas, la Corte Constitucional revocar� las decisiones de instancia y declarar� la improcedencia de la acci�n de tutela dentro del mencionado expediente,

 

III.           DECISI�N

 

En m�rito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisi�n de la Corte Constitucional de la Rep�blica de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- REVOCAR las decisiones adoptadas por el Juzgado Civil del Circuito de Girardota (Antioquia) del diecisiete (17) de julio de 2017 que neg� la acci�n de tutela por improcedente y el Tribunal Superior de Medell�n, Sala Tercera de decisi�n Civil del veintiuno (21) de septiembre de 2017 que la confirm�, conforme a las razones ac� expuestas, dentro del expediente T-6.562.773. En su lugar TUTELAR los derechos a la vida y seguridad personal de Marta Elena R�a �lvarez, Luis Enrique Serna Osorio, Luz Amantina Buitrago de Agudelo, por las razones expuestas en esta providencia.

 

Segundo.- En consecuencia, ORDENAR al Municipio de Barbosa (Antioquia), a trav�s de su Alcalde Municipal, si no lo ha hecho, que de manera inmediata inicie todas las gestiones a efectos de ORIENTAR a los accionantes, de manera completa y adecuada, en la b�squeda y obtenci�n de una alternativa de vivienda segura, en atenci�n a sus especiales condiciones. En adici�n a ello, ORDENAR al Municipio de Barbosa, a trav�s de su Alcalde Municipal, en el marco de sus competencias y previo agotamiento del procedimiento administrativo correspondiente, que en el t�rmino perentorio de diez (10) d�as a partir de la notificaci�n de esta decisi�n, si no lo ha hecho, reconozca y entregue un subsidio de arrendamiento a Marta Elena R�a �lvarez, Luis Enrique Serna Osorio y Luz Amantina Buitrago de Agudelo hasta por un (1) Salario M�nimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) o alternativamente, otorgue a estas personas una soluci�n de albergue temporal. Cualquier mecanismo deber� concederse hasta el momento en que los accionantes accedan a una soluci�n de vivienda segura y definitiva o regresen a la vivienda en la Urbanizaci�n Los Abuelos, en condiciones de seguridad, lo que suceda primero. Dicha circunstancia deber� certificarse previamente por la dependencia competente en el Municipio.   

 

Tercero. - REMITIR copia de la presente sentencia a la Personer�a Municipal de Barbosa (Antioquia) para que, en ejercicio de sus funciones constitucionales, acompa�e el cumplimiento de las �rdenes proferidas en la presente sentencia.

 

Cuarto. - REVOCAR las decisiones proferidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisi�n del veintiuno (21) de julio de 2017 y el Consejo de Estado, Secci�n Segunda- Subsecci�n B, del veintisiete (27) de septiembre de 2017 que declararon y confirmaron, respectivamente, la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a las razones ac� expuestas, dentro del expediente T-6.568.695. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acci�n de tutela por las razones ac� expuestas.

 

Quinto. - LIBRAR por Secretar�a General las comunicaciones de que trata el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all� contemplados.

 

Notif�quese, comun�quese, c�mplase e ins�rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado

ANTONIO JOS� LIZARAZO OCAMPO Magistrado

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada

MARTHA VICTORIA S�CHICA MENDEZ Secretaria General