Sentencia T-399/18

 

 

Referencia: Expediente T-6.769.013

 

Acci�n de tutela instaurada por H�ctor Garc�a Ram�rez contra la Unidad Nacional de Protecci�n y otros.

 

Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira.

 

Asunto: Derecho a la seguridad y los criterios para evaluar su amenaza; la protecci�n constitucional a defensores de derechos humanos; el debido proceso administrativo y procedimiento de calificaci�n de riesgo de la UNP.

 

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

 

Bogot�, D.C., veintis�is (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).

 

 

La Sala Sexta de Revisi�n de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Jos� Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el tr�mite de revisi�n del fallo de segunda instancia proferido el 24 de enero de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, que confirm� la providencia emitida el 22 de noviembre de 2017 por el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, a trav�s de la cual se declar� improcedente el amparo constitucional solicitado por el accionante.

 

El asunto lleg� a la Corte Constitucional en cumplimiento de lo dispuesto en el art�culo 32 del Decreto 2591 de 1991, por remisi�n que efectu� el Secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira el 1� de marzo de 2018[1]. El 31 de mayo de 2018 la Sala de Selecci�n de Tutelas n�mero Cinco[2] escogi� el presente caso para su revisi�n.

 

I.      ANTECEDENTES

 

El se�or H�ctor Garc�a Ram�rez interpuso acci�n de tutela contra la Unidad Nacional de Protecci�n porque presuntamente vulner� sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad f�sica y a la seguridad personal, con la expedici�n de la Resoluci�n N� 5343 de 2017, que orden� la disminuci�n de las medidas de protecci�n a su favor.

 

A. Hechos y pretensiones

 

1. El peticionario expreso que es un dirigente sindical que ocupa los cargos de Secretario de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Sindicato de los Trabajadores y Empleados de los Servicios P�blicos e Institutos Aut�nomos Descentralizados de Colombia (en adelante SINTRAEMDES) y, al mismo tiempo es Segundo Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Risaralda (en adelante CUT)[3]. As� mismo, es miembro de distintos comit�s y subcomisiones del Ministerio del Trabajo en ese departamento.

 

2. El 3 de enero de 2010, el demandante fue v�ctima de actos intimidatorios en su casa, debido a que personas indeterminadas dispararon dos veces a las ventanas de su residencia[4]. As� mismo, recibi� amenazas en las que se afirmaba que �l y otro sindicalista ser�an asesinados por su trabajo[5]. Por lo anterior, expres� que el 5 de enero del mismo a�o, la Fiscal�a Segunda con Funciones de Polic�a Judicial de Risaralda le solicit� a la Polic�a Metropolitana de ese departamento que adoptara medidas para garantizar la seguridad personal y familiar del demandante[6].

 

3. El 13 de enero de 2010, el comando de Polic�a Metropolitana de Risaralda emiti� un oficio en el que adopt� medidas estrat�gicas de seguridad a favor del accionante[7], entre las que se encontraban patrullajes constantes al sitio de trabajo y de residencia de este, as� como una invitaci�n a participar o liderar un frente de seguridad en su cuadra, entre otras.

 

4. El 28 de septiembre de 2015, el accionante volvi� a recibir una amenaza en la que se indicaba que ser�a asesinado si continuaba con su actividad sindical[8]. Por lo anterior, realiz� las denuncias correspondientes ante la Fiscal�a General de la Naci�n, la Defensor�a del Pueblo, la Procuradur�a General de la Naci�n y la Unidad Nacional de Protecci�n (en adelante UNP). El 23 de octubre de 2015, la UNP respondi� la denuncia del demandante y le inform� que llevar�a a cabo una evaluaci�n personal de riesgo.

 

5. El 30 de diciembre de 2015, el Comit� de Evaluaci�n de Riesgo y Recomendaci�n de Medidas (en adelante CERREM) emiti� un concepto sobre el nivel de riesgo del peticionario. Este determin� que teniendo en cuenta sus condiciones particulares hab�a sido calificado con riesgo extraordinario, de manera que recomendaron las siguientes medidas: �implementar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado, implementar apoyo de transporte en cuant�a de dos (2) SMMLV, el cual tendr� una vigencia de tres (3) meses, a partir de la fecha de implementaci�n.�[9]

 

6. En enero de 2016, el accionante se comunic� telef�nicamente con la UNP para manifestarle su inconformidad con las medidas sugeridas por el CERREM. As� mismo, el 15 de marzo de 2016 reiter� lo manifestado telef�nicamente a trav�s de una carta.

 

7. El 4 de abril de 2016, la UNP dio respuesta a la comunicaci�n enviada por el demandante. En esta le inform� que el CERREM es un �rgano interinstitucional independiente, encargado de analizar el nivel de riesgo de las personas que sean presentadas por el programa nacional de protecci�n, con el objetivo de recomendar al director de unidad las medidas de seguridad que considere necesarias. En ese sentido, sostuvo que la entidad no tuvo ninguna injerencia en las medidas sugeridas por el comit�.

 

8. El 16 de junio de 2016, el accionante afirm� haber sido amenazado por una persona desconocida mientras caminaba por su barrio. En su relato se�al� que un sujeto armado se le acerc� a la salida de su casa se identific� como miembro de las ��guilas Negras� y le afirm� que lo secuestrar�a. Sin embargo, asever� que debido a la presencia de un guardia de seguridad en la zona esta persona se retir� del lugar.

 

9. El 20 de junio de 2017, el peticionario recibi� un correo electr�nico atribuido a las �Autodefensas Unidas de Colombia� en el que lo amenazaban de muerte y declaraban objetivo militar a todas las organizaciones de Derechos Humanos y sindicales[10]. Por lo anterior, envi� comunicaci�n a la UNP en la que inform� este hecho.

 

10. El 22 de agosto de 2017, el CERREM emiti� un nuevo concepto sobre el nivel de riesgo del peticionario, en el cual determin� que seg�n las condiciones particulares del accionante, este fue calificado con un nivel de riesgo ordinario, por lo que recomend�: �finalizar un (1) hombre de protecci�n, y ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado por un t�rmino de tres meses.�[11] En consecuencia, ese mismo d�a la UNP expidi� la Resoluci�n N� 5343 de 2017, a trav�s de la cual acogi� las recomendaciones del mencionado comit� y otorg� las medidas aconsejadas.

 

11. El 18 de septiembre de 2017, el demandante interpuso recurso de reposici�n contra la Resoluci�n N� 5343 de 2017 de la UNP, con fundamento en que su nivel de riesgo exige la protecci�n de un guardia personal. As� mismo, se�al� que un medio de comunicaci�n y un chaleco blindado eran medidas ineficaces para salvaguardar su seguridad y su vida.

 

12. El 13 de octubre de 2017, la UNP expidi� la Resoluci�n N� 6709 de 2017, a trav�s de la cual confirm� su decisi�n anterior, con fundamento en que la evaluaci�n del nivel de riesgo del peticionario no mostraba elementos objetivos que implicaran una situaci�n de amenaza mayor en el ejercicio de sus funciones.

 

13. El 8 de noviembre de 2017, el demandante interpuso acci�n de tutela contra la UNP ya que consider� vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad f�sica y a la seguridad personal. Lo anterior, debido a que sostuvo que las medidas de seguridad tomadas por la Resoluci�n N� 5343 de 2017, confirmada por la Resoluci�n N� 6709 de 2017, son ineficaces y ponen en riesgo su vida. As� mismo, para justificar el amparo incluy� como elementos probatorios varios art�culos noticiosos que se refieren a muertes de l�deres sociales cuyas medidas de protecci�n eran un chaleco antibalas y un celular. En consecuencia, solicit� al juez de tutela como medida provisional que se ordene a la UNP suspender los efectos de la Resoluci�n N� 5343 de 2017, con el fin de que el peticionario contin�e con el esquema de seguridad con el que contaba previamente. Adem�s, pidi� que se tomaran las medidas apropiadas para salvaguardar su vida.

 

B. Actuaciones en sede de tutela

 

Por medio de auto del 9 de noviembre de 2017[12], el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad admiti� la acci�n de tutela y corri� traslado a la UNP y al Ministerio del Interior como accionadas. As� mismo, neg� la medida provisional solicitada debido a que consider� que el CERREM hizo una valoraci�n adecuada de la situaci�n de riesgo y no lo encontr� dentro de un nivel extraordinario.

 

Ministerio del Interior

 

A trav�s de oficio del 10 de noviembre de 2017[13], el Ministerio del Interior solicit� ser desvinculado de la acci�n por falta de legitimaci�n por pasiva. En efecto, argument� que su labor solo se refiere a recomendar las medidas de protecci�n que podr�an ser tomadas respecto a los casos presentados ante la UNP, debido a que esa entidad es la encargada de definir los esquemas de protecci�n que deben ser implementados.

 

Unidad Nacional de Protecci�n

 

Mediante escrito del 14 de noviembre de 2017[14], la UNP inform� que la evaluaci�n de riesgo del accionante se hab�a llevado a cabo de conformidad con el Decreto 1066 de 2015, de manera que esa unidad se limit� a adoptar las recomendaciones dadas por el CERREM, ya que este comit� es el encargado de determinar el riesgo de los evaluados.

 

C. Decisiones objeto de revisi�n

 

Fallo de primera instancia

 

Mediante sentencia del 22 de noviembre de 2017[15], el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad declar� improcedente la acci�n de tutela, tras considerar que no exist�a vulneraci�n de los derechos fundamentales del peticionario, pues el procedimiento realizado por la UNP se adecu� a los requisitos establecidos por el Decreto 1066 de 2015.

 

Impugnaci�n

 

El 29 de noviembre de 2017[16], el demandante argument� que se encuentra en una situaci�n de urgencia, debido a que las amenazas en su contra hab�an continuado y porque en el pa�s se han presentado asesinatos sistem�ticos de l�deres sociales. En ese sentido, solicit� al juez de tutela que amparara sus derechos fundamentales.

 

Fallo de segunda instancia

 

A trav�s de sentencia del 24 de enero de 2017[17], la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira confirm� la providencia de primera instancia. A su juicio, la solicitud de amparo no cumpli� el requisito de subsidiariedad, debido a que la UNP sigui� los lineamientos del Decreto 1066 de 2015 a la hora de evaluar el riesgo del peticionario.

 

II. ACTUACIONES EN SEDE DE REVISI�N

 

El 24 de julio de 2018, la Magistrada sustanciadora expidi� auto de pruebas con el fin de contar con mayores elementos de juicio[18]. En este le orden� al actor que le informara cu�l era su situaci�n de seguridad en la actualidad y a la UNP que le indicara c�mo fue el proceso de calificaci�n de riesgo del demandante. As� mismo, vincul� a la Fiscal�a General de la Naci�n y a la Defensor�a del Pueblo (Nivel Central y Regional Risaralda) para que informaran cu�l es el nivel de seguridad de la zona en donde el accionante vive y ejerce sus funciones y adicionaran lo que estimen conveniente sobre el caso.

 

Una vez vencido el t�rmino legal otorgado, la Secretar�a de esta Corporaci�n inform� que se obtuvieron las siguientes respuestas:

 

H�ctor Garc�a Ram�rez

 

El 2 de agosto de 2018, el accionante radic� su respuesta en la Secretar�a de esta Corporaci�n[19]. En primer lugar, se�al� que desde la presentaci�n de la acci�n de tutela su situaci�n de seguridad ha sido cr�tica. En ese sentido, afirm� que debido a su actividad sindical y por la falta de medidas efectivas, personas desconocidas lo han seguido en la calle y le han tomado fotograf�as.

 

En segundo lugar, relat� que los avances institucionales en relaci�n con su protecci�n han sido nulos, ya que las denuncias presentadas ante la Fiscal�a con motivo de las amenazas de las que ha sido v�ctima fueron archivadas porque no es posible determinar el autor de la conducta. Por �ltimo, denunci� que el 12 de julio de 2018 encontr� una amenaza bajo su puerta.[20]

 

Unidad Nacional de Protecci�n

 

La UNP alleg� su respuesta mediante correo electr�nico el 2 de agosto de 2018[21]. En primer lugar, afirm� que el numeral 3� del art�culo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015 prev� de manera diferencial y especial los mecanismos de protecci�n para dirigentes sindicales. De este modo, inform� que para evaluar el riesgo de este grupo poblacional se convoca a un CERREM especial, ya que se invita a la Comisi�n de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (la cual est� conformada por representantes de las directivas sindicales de las centrales obreras del pa�s, entre otros) para garantizar el debido proceso en la evaluaci�n de los sindicalistas.

 

En segundo lugar, la UNP indic� que en la actualidad el accionante no es beneficiario de medidas de protecci�n, debido a que su riesgo fue ponderado como ordinario en el a�o 2017. As� mismo, afirm� que el actor no ha enviado ninguna solicitud de protecci�n a lo largo del a�o ni ha realizado el tr�mite especial de emergencia para medidas transitorias.

 

En tercer lugar, se�al� que Pereira (Risaralda) es una zona de bajo riesgo seg�n la evaluaci�n de nivel de amenaza registrado por el Grupo de An�lisis Estrat�gico Poblacional � GAEP. Adem�s, resalt� que seg�n la unidad enlace de la Polic�a Nacional, las estructuras que ejercen presi�n sobre los sindicatos en Risaralda se encuentran en los municipios de Mistrat� y Pueblo Rico, de manera que no hay peligro significativo en los lugares en donde el accionante desempe�a su labor sindical. 

 

En cuarto lugar, resalt� que seg�n las estad�sticas del GAEP, en el 2017 y en lo que va del 2018 han sido asesinados 10 l�deres sociales, los cuales est�n distribuidos de la siguiente manera[22]:

 

Evaluaci�n de nivel de Riesgo Pereira, Risaralda
Ponderaci�n	Categor�a	A�o		Total general
		2017	2018
Extraordinario	2.9 Dirigente y/o representante Organizaciones Comunales.	2	1	3
	9.4 Dirigente, representante y l�der de poblaci�n desplazada	2	1	3
Ordinario	9.4 Dirigente, representante y l�der de poblaci�n desplazada	4	0	4
Total general		8	2	10

 

Por �ltimo, hizo un recuento del proceso de evaluaci�n del demandante. Inform� que en el 2012 realiz� el primer estudio de nivel de riesgo del peticionario, y que mediante la Resoluci�n N� 052 del 15 de agosto de ese a�o, valid� la recomendaci�n del CERREM de ponderar el riesgo como ordinario, ya que ten�a una matriz de 46.66%. De este modo, narr� que en esa ocasi�n no tom� ninguna medida de protecci�n a su favor.

 

Relat� que en el 2015, el demandante volvi� a ser evaluado, por lo que mediante la Resoluci�n N� 0330 del 28 de diciembre orden� �implementar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado, implementar apoyo de transporte en cuant�a de dos (2) SMMLV, el cual tendr� una vigencia de tres (3) meses, a partir de la fecha de implementaci�n.�[23]

 

Adem�s, se�al� que el actor nunca fue beneficiario directo de una medida de protecci�n consistente en un (1) veh�culo y tres (3) hombres de protecci�n como consecuencia de una evaluaci�n de riesgo, sino que esa protecci�n se deriv� de lo ordenado por un juez de tutela, a trav�s de una acci�n anterior, con fundamento en lo siguiente:

 

�Es importante que el Honorable Despacho tenga en cuenta que, el esquema de protecci�n colectivo conformado por un veh�culo convencional y tres hombres de protecci�n asignado a [�] (Secretario Derechos Humanos Pereira), [�] (Integrante de la junta Directiva Nacional del Sindicato) [�] (Secretario General Pereira), continu� siendo utilizado inadecuadamente por personas que no eran beneficiarios el esquema de protecci�n (SIC), para el caso el se�or H�CTOR GARC�A RAM�REZ.

 

Por lo que frente a la irregularidad presentada la Unidad Nacional de Protecci�n, finaliz� el esquema de protecci�n toda vez que se evidenci� que las personas a las cuales se les hab�a asignado en su momento las medidas de protecci�n colectivas ya no eran beneficiarias de las mismas.

 

As� las cosas, ante la inconformidad, por la finalizaci�n de las medidas de protecci�n de las cuales el se�or H�CTOR GARC�A RAM�REZ nunca fue beneficiario y del se�or JUAN CARLOS VALENCIA, quien ya no era parte del esquema colectivo por tener riesgo ordinario, interpusieron acci�n de tutela considerando que la Unidad Nacional de Protecci�n vulner� sus derechos a la vida e integridad personal.

 

Por lo que la acci�n de tutela por reparto le correspondi� dirimir al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Funci�n de Conocimiento de Pereira- Risaralda.

 

El precitado juez constitucional, mediante sentencia de fecha 21 de abril de 2016 [�] dispuso implementar un (1) veh�culo convencional y tres (3) hombres de protecci�n, medidas de protecci�n que se sujetaron hasta que se adelantara un estudio del nivel de riesgo a favor del accionante es decir del se�or H�CTOR GARC�A RAM�REZ.�[24]

 

Siendo as�, el 16 de agosto de 2016, la UNP llev� a cabo una reevaluaci�n del riesgo del peticionario, en la que determin� que ten�a una matriz de riesgo del 51.11%, por lo que decidi� �ajustar las medidas de protecci�n de la siguiente manera: finalizar dos (2) hombres de protecci�n y un (1) veh�culo convencional aprobados por jur�dica. (Los cuales fueron implementados por orden judicial, conforme a lo anteriormente manifestado), ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado y un (1) hombre de protecci�n.�[25]

 

El 22 de agosto de 2017, el CERREM emiti� un nuevo concepto sobre el nivel de riesgo del peticionario, debido a que dichas medidas son temporales de acuerdo al art�culo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015. En este calific� al accionante con un nivel de riesgo ordinario, por lo que recomend�: �finalizar un (1) hombre de protecci�n, y ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado por un t�rmino de tres meses.�[26] En consecuencia, ese mismo d�a la UNP expidi� la Resoluci�n N� 5343 de 2017, a trav�s de la cual acogi� las recomendaciones del mencionado comit� y otorg� las medidas.

 

Sobre este estudio, la UNP precis� que despu�s de llevar a cabo el procedimiento establecido en el art�culo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, el resultado de la matriz de riesgo fue de 40.00%. Los soportes t�cnicos de esta evaluaci�n de riesgo fueron adjuntados a esta Sala de Revisi�n en un cuaderno aparte, el cual tiene reserva legal seg�n el art�culo 24 de la Ley 1766 de 2015. En esa medida, estos documentos ser�n evaluados por la Sala de Revisi�n y tendr�n incidencia en la decisi�n, pero su resumen o contenido no har� parte del cuerpo de esta sentencia, por la ya referida reserva legal.

 

Defensor�a del Pueblo-Nivel Central

 

La Defensor�a del Pueblo radic� su respuesta el 2 de agosto de 2018. En primer lugar, se�al� que de acuerdo con la informaci�n entregada por la Defensor�a Regional de Risaralda, en el mencionado departamento persiste �un escenario de riesgo para quienes realizan labores de liderazgo y defensa de derechos humanos.�[27] M�s precisamente, relat� que en Pereira las �Autodefensas Gaitanistas de Colombia�, en coordinaci�n con el Grupo Armado Ilegal �La Cordillera�, se caracterizan por ser la estructura armada ilegal predominante en esa zona. Estos realizan �amenazas y ataques contra poblaci�n civil en el marco de la autodenominada �limpieza social� que recae sobre poblaciones vulnerables (trabajadoras sexuales, consumidores de estupefacientes, habitantes de calle, entre otros).�[28]

 

As� mismo, se�al� que efectivamente el se�or H�ctor Garc�a Ram�rez interpuso dos quejas por amenazas en su contra. La primera en el a�o 2015 y la segunda en el 2017. La Defensor�a manifest� que dio tr�mite a estas de manera oportuna, por lo que requiri� a la UNP, a la Direcci�n de Derechos Humanos de la Polic�a Nacional y la Fiscal�a General de la Naci�n para que implementaran las medidas id�neas de protecci�n.

 

En segundo lugar, se�al� que durante el periodo comprendido entre el 1� de enero de 2015 y el 31 de julio de 2018, la violencia contra l�deres sociales se distribuy� de la siguiente manera en el departamento:

 

Grupo	Conductas vulneratorias	N� Violaciones
Defensores de derechos humanos	Amenazas de muerte	9
L�deres sociales	Amenazas de muerte	13
Sindicalistas	Amenazas de muerte	6
Total		28

 

Adem�s, relat� que la Defensor�a del Pueblo Regional Risaralda inform� que �ha sistematizado treinta y seis (36) casos de l�deres y lideresas que han sido v�ctimas de homicidio en persona protegida y dos (2) casos de v�ctimas de amenazas, hostigamientos y otros m�todos para generar terror en la poblaci�n civil.�[29] Sin embargo, no especific� las fechas de estos hechos.

 

Fiscal�a General de la Naci�n

 

El 16 de agosto de 2018, la Fiscal�a General de la Naci�n radic� su respuesta a la solicitud de la magistrada sustanciadora en la Secretar�a de esta Corporaci�n[30]. En primer lugar, precis� que el departamento de Risaralda no es una zona de alto riesgo para el ejercicio de las funciones de l�deres sindicales.

 

En segundo lugar, se�al� que seg�n su base de datos en el 2016, 2017 y hasta el 31 de julio de 2018, se han presentado 190 asesinatos de l�deres sociales y de derechos humanos. Espec�ficamente, indic� que en ese periodo en el departamento de Risaralda se han presentado 10 homicidios y 83 amenazas en contra de esta poblaci�n.

 

Por �ltimo, relat� que los casos estad�sticos de la Fiscal�a General de la Naci�n son los reportados por la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

 

Fiscal�a General de la Naci�n-Direcci�n Seccional de Risaralda

 

El Director Seccional de la Fiscal�a General de la Naci�n en Risaralda radic� su respuesta el 27 de agosto de 2017. En esta afirm� que no era la entidad competente para emitir un concepto sobre el nivel de riesgo de un sector. As� mismo, afirm� que desde enero de 2016 el accionante ha presentado 2 denuncias por amenazas. No obstante, solo una de ellas est� activa, ya que la otra fue archivada por �a imposibilidad de determinar al presunto sujeto activo del delito.

 

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

1.  Corresponde a esta Sala de Revisi�n de la Corte Constitucional analizar las sentencias proferidas dentro de la acci�n de tutela de la referencia, con fundamento en los art�culos 86 y 241-9 de la Constituci�n y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Examen de procedencia de la acci�n de tutela

 

2. La Sala considera que antes de la formulaci�n del problema jur�dico de fondo debe determinar si la acci�n de tutela es procedente. En tal sentido, verificar� si cumple los requisitos de procedibilidad establecidos en la Constituci�n: i) legitimaci�n en la causa por activa; ii) legitimaci�n en la causa por pasiva; iii) subsidiariedad; e, iv) inmediatez.

 

Legitimaci�n en la causa por activa

 

3. El art�culo 86 de la Constituci�n establece que cualquier persona podr� presentar acci�n de tutela ante los jueces para procurar la protecci�n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la labor u omisi�n de cualquier autoridad p�blica o particular.

 

El art�culo 10� del Decreto 2591 de 1991 regula la legitimaci�n para el ejercicio de la acci�n de tutela, de manera que puede ser presentada: i) a nombre propio; ii) a trav�s de representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; iv) mediante agente oficioso cuando el interesado est� imposibilitado para promover su defensa; o v) por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

 

4. En el presente caso el se�or H�ctor Garc�a Ram�rez est� legitimado en la causa por activa, debido a que es una persona mayor de edad que act�a a trav�s de apoderado judicial con el objetivo de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad f�sica y a la seguridad personal.

 

Legitimaci�n en la causa por pasiva

 

5. La legitimaci�n en la causa por pasiva dentro del tr�mite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acci�n de tutela para ser demandado, ya que est� llamado a responder por la vulneraci�n o amenaza del derecho fundamental invocado una vez se acredite la misma en el proceso^[31]. Los art�culos 86 de la Constituci�n y 5� del Decreto 2591 de 1991 establecen que esta procede contra toda acci�n u omisi�n de una autoridad que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. 

 

6. En este caso se encuentra acreditado el requisito de legitimaci�n en la causa por pasiva, debido a que la Unidad Nacional de Protecci�n es una autoridad p�blica a la que se le atribuye la vulneraci�n de derechos fundamentales.

 

Subsidiariedad[32]

 

7. El inciso 4� del art�culo 86 de la Constituci�n establece el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la acci�n de tutela as�:

 

�[E]sta acci�n s�lo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable�. (Negrilla fuera del texto original).

 

De la norma transcrita se evidencia que si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten id�neos y eficaces para solicitar la protecci�n de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a ellos de manera prevalente. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha se�alado que cuando las personas acuden a la acci�n de tutela no pueden desconocer las v�as judiciales previstas en el ordenamiento jur�dico, ni pretender que el juez constitucional emita decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer el asunto en el marco de las competencias ordinarias.^[33]

 

No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los art�culos 86 Superior y 6� del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protecci�n de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita que: i) no es id�neo ni eficaz, o ii) a pesar de su aptitud general, resulta inminente la configuraci�n de un perjuicio irremediable.^[34]

 

8. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto, con base en sus caracter�sticas procesales y el derecho fundamental involucrado. Por lo tanto, la existencia de un mecanismo judicial que salvaguarde de manera eficaz las prerrogativas superiores invocadas torna improcedente la tutela.^[35]

 

9. En relaci�n con las acciones judiciales para controvertir actos administrativos (como las Resoluciones de la UNP), esta Corporaci�n ha determinado que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo id�neo de protecci�n de los derechos fundamentales vulnerados por actos administrativos, pero que en ciertas circunstancias es necesaria la intervenci�n urgente del juez constitucional. En ese sentido, es imperativo que en cada caso concreto se valore el objeto del instrumento procesal, la naturaleza del debate que permite plantear, espec�ficamente si es posible un an�lisis ius fundamental y el resultado previsible.

 

En esa medida, si el juez considera que en el caso concreto el ese medio trae como resultado el restablecimiento pleno y oportuno de los derechos fundamentales vulnerados, la tutela es improcedente. En contraste, ser� procedente si advierte que el mecanismo de defensa judicial aparentemente prevalente no permite la protecci�n eficaz reclamada.

 

Adem�s del objeto del medio ordinario y el tipo de an�lisis que se realiza en el mismo, la tutela puede desplazar a la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho, por la incidencia del tiempo sobre los derechos fundamentales, pues mientras que el juez administrativo se pronuncia sobre la validez de los actos supuestamente transgresores de las garant�as fundamentales del accionante, la falta de protecci�n efectiva y oportuna podr�a conllevar la afectaci�n de los derechos. La incidencia del tiempo en la idoneidad del mecanismo se manifiesta por alguna de las siguientes circunstancias:

 

�a) Porque la prolongaci�n del procedimiento contencioso afectar�a desproporcionadamente el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o,

b) Porque para el momento en que el juez contencioso adopte una decisi�n, el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede restablecerse, y esta situaci�n s�lo puede ser resarcida econ�micamente.�[36]

 

10. En el caso concreto se estableci� que el accionante es: i) un dirigente sindical que ocupa los cargos de Secretario de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Sindicato SINTRAEMDES[37], y de Segundo Vicepresidente de CUT en Risaralda[38]; y ii) ha sufrido actos intimidatorios y amenazas verbales y escritas por parte de personas que afirman pertenecer a grupos al margen de la ley como las �Autodefensas Unidas de Colombia� desde el a�o 2010 hasta la actualidad.

 

Debido a lo anterior, se tiene que el accionante se encuentra dentro un grupo social que hist�ricamente ha sido perseguido de manera violenta, y que seg�n denunci� ha sido v�ctima de amenazas y actuaciones intimidatorias que se intensifican y repiten en el tiempo. Estas condiciones, seg�n la jurisprudencia constitucional, imponen a este Tribunal que en materia de procedibilidad tenga una especial consideraci�n con los l�deres sindicales, lo cual debe aplicarse al caso particular, pues la protecci�n que busca el accionante en esta ocasi�n tiene el car�cter de urgente.En ese sentido, se encuentra que el peticionario est� en una situaci�n inminente y grave que puede afectar dos derechos de m�xima relevancia como son la seguridad personal y la vida, de manera que requiere de atenci�n urgente.

 

En efecto, como lo ha se�alado esta Corporaci�n en su jurisprudencia, los l�deres sindicales son personas que por su labor est�n expuestos a un nivel de amenaza mayor que el resto de los ciudadanos. Lo que obliga a las autoridades competentes a �identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protecci�n espec�ficos, adecuados y suficientes para evitar la consumaci�n de un da�o.�[39]

 

As�, se advierte que exigirle al peticionario que acuda a la jurisdicci�n contenciosa administrativa para controvertir la actuaci�n de la UNP podr�a resultar desproporcionado, en tanto la ausencia de protecci�n de sus derechos fundamentales eventualmente lo podr�a llevar a una situaci�n m�s gravosa. Adem�s, las amenazas contra su vida exigen una intervenci�n urgente del juez constitucional como garante de sus derechos, por lo que en este caso particular la acci�n de tutela resulta procedente como mecanismo definitivo.

 

Inmediatez[40]

 

11. Esta Corporaci�n ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acci�n de tutela es la inmediatez. De este modo, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene t�rmino de caducidad[41], su interposici�n debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[42], bajo el entendido de que su raz�n de ser es la protecci�n inmediata y urgente de los derechos fundamentales vulnerados.

 

En atenci�n a lo expuesto, la Sala advierte que el presupuesto de inmediatez est� acreditado en este caso, ya que transcurri� aproximadamente un mes desde el momento en que la UNP resolvi� el recurso de reposici�n interpuesto contra la Resoluci�n N� 5343 de 2017 (13 de octubre de 2017)[43], y la presentaci�n de la acci�n de tutela de la referencia ocurrida el 8 de noviembre del mismo a�o. Este espacio de tiempo se muestra razonable y proporcionado en el caso particular.

 

12. Por lo anterior, la Sala encontr� acreditados en el presente asunto todos los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela y, en consecuencia, pasar� a formular el problema jur�dico de fondo que subyace a la situaci�n alegada por el accionante.

 

Asunto objeto de revisi�n y problema jur�dico

 

13. El se�or H�ctor Garc�a Ram�rez interpuso acci�n de tutela contra la UNP porque presuntamente le vulner� sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal, a la igualdad y al debido proceso. Lo anterior, debido a que el 13 de octubre de 2017, esa entidad emiti� la Resoluci�n N� 6709, a trav�s de la cual confirm� la Resoluci�n N� 5343 del 22 de agosto de 2017, que tom� las siguientes medidas de seguridad sobre el peticionario: �finalizar un (1) hombre de protecci�n, y ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado por un t�rmino de tres meses.�[44]

 

14.  Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Revisi�n de la Corte Constitucional deber� resolver el siguiente problema jur�dico:

 

�La Unidad Nacional de Protecci�n vulner� los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad personal, a la igualdad y al debido proceso del accionante al reevaluar, con base en un concepto del Comit� de Evaluaci�n de Riesgo y Recomendaci�n de Medidas, el nivel de riesgo del mismo como ordinario, y en consecuencia, retirar un hombre de protecci�n personal para el se�or H�ctor Garc�a Ram�rez?

 

Para resolver la cuesti�n planteada es necesario examinar los siguientes temas: i) el derecho a la seguridad de las personas cuando se encuentra en riesgo la vida y los criterios para evaluar su amenaza o vulneraci�n; ii) el deber de protecci�n del Estado en relaci�n con la vida y con la seguridad personal de los defensores de derechos humanos, l�deres sociales y l�deres sindicales; iii) el debido proceso administrativo y el procedimiento de calificaci�n de riesgo de la UNP; y iv) el an�lisis del caso concreto.

 

El derecho a la seguridad personal y los criterios para evaluar su amenaza o vulneraci�n

 

15. El art�culo 2� de la Constituci�n Pol�tica establece como principios fundamentales del Estado �asegurar la convivencia pac�fica� y �proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida�. De este modo, todos los poderes y �rganos del Estado tienen el deber de proteger la vida de todas las personas y de preservar las condiciones para que estas lleven una existencia tranquila, libre de amenazas y de zozobras exorbitantes. Por lo tanto, cuando un individuo se encuentra en una situaci�n predecible que pone en entredicho su vida o integridad personal, el Estado tiene la obligaci�n de adoptar las medidas tendientes para evitar que el riesgo que recae sobre ella se materialice.

 

De esta manera, el derecho a la seguridad personal est� �ntimamente ligado con el derecho a la vida establecido en el art�culo 11 de la Carta, ya que este es de car�cter fundamental e �inviolable�. As�, salvaguardar la vida de las personas que se encuentran bajo amenaza es una responsabilidad inalienable del Estado.

 

16. Colombia ha ratificado diferentes tratados internacionales de derechos humanos que buscan proteger la seguridad personal y la vida. Por ejemplo, el art�culo 3� de la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos establece que �todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona�. As� mismo, la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos dispone en su art�culo 7� que �[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales�.

 

As� las cosas, se ve que la existencia de compromisos internacionales para el Estado en materia del derecho a la seguridad personal se desprende de la Constituci�n y del orden internacional de los derechos humanos. Adem�s, cobra especial importancia en el caso de ciertos sujetos que dada su condici�n o contexto, son acreedores de atenci�n especial en virtud de la Constituci�n y el derecho internacional vinculante.

 

17. Esta Corporaci�n ha se�alado en m�ltiples ocasiones que la seguridad es un principio rector de la Carta Pol�tica, de manera que ha desarrollado una l�nea jurisprudencial relacionada con sus conceptos. De esta forma, en la sentencia T-981 de 2001[45], la Sala Tercera de Revisi�n conoci� el caso de una auxiliar de enfermer�a a la que se le neg� un traslado laboral, a pesar de que el motivo de este consist�a en que era v�ctima de amenazas. En esa ocasi�n este Tribunal se�al� que el Estado debe responder �a las demandas de atenci�n de manera cierta y efectiva� cuando tenga conocimiento de amenazas �sobre la [vida] y tranquilidad de individuos o grupos que habitan zonas de confrontaci�n o que desarrollan actividades de riesgo en los t�rminos del conflicto�. Se�al� adem�s que es inexcusable que el Estado pretenda cumplir con sus deberes limit�ndose a se�alar su imposibilidad para prestar la ayuda requerida.

 

18. As� mismo, en la sentencia T-719 de 2003[46], la Sala Tercera de Revisi�n decidi� el caso de una mujer desplazada por la violencia cuyo compa�ero permanente fue asesinado debido a que no se le prestaron oportunamente las medidas de protecci�n que hab�a solicitado. Esta Corporaci�n observ� que la seguridad tiene tres dimensiones en la Constituci�n. La primera como valor, pues es un fin del Estado que permea la totalidad del texto constitucional, la segunda como un derecho colectivo, y la tercera como un derecho individual derivado de las garant�as previstas en la Carta contra los riesgos extraordinarios a los que se ven enfrentadas las personas.

 

Respecto a la seguridad como derecho individual, esta providencia determin� que esta dimensi�n permite que las personas reciban una protecci�n adecuada por las autoridades cuando est�n expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jur�dico de soportar. As� mismo, se�al� que para determinar cu�les son los riesgos que pueden calificarse dentro de dichos niveles, debe confluir un an�lisis de las caracter�sticas de especial vulnerabilidad del sujeto que solicita la protecci�n, puesto que hay grupos que hist�ricamente han sufrido amenazas a su seguridad personal, tales como los defensores de derechos humanos, los desplazados y los sindicalistas, entre otros.

 

Esta sentencia tambi�n estableci� que el Estado debe cumplir con las siguientes obligaciones para garantizar el derecho a la seguridad personal:

 

�La obligaci�n de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o un grupo de personas, as� como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los afectados. Por eso, no siempre es necesario que la protecci�n sea solicitada por el interesado.

 

La obligaci�n de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situaci�n individual, la existencia, las caracter�sticas (especificidad, car�cter individualizable, concreci�n, etc.) y el origen o fuente del riesgo que se ha identificado.

 

La obligaci�n de definir oportunamente las medidas y medios de protecci�n espec�ficos, adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice.

 

La obligaci�n de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, tambi�n de manera oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protecci�n sea eficaz.

 

La obligaci�n de evaluar peri�dicamente la evoluci�n del riesgo extraordinario, y de tomar las decisiones correspondientes para responder a dicha evoluci�n.

 

La obligaci�n de dar una respuesta efectiva ante signos de concreci�n o realizaci�n del riesgo extraordinario, y de adoptar acciones espec�ficas para mitigarlo o paliar sus efectos.

 

La prohibici�n de que la Administraci�n adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para las personas en raz�n de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los afectados.�

 

De este modo, el Estado tiene la obligaci�n de identificar, valorar y definir la situaci�n de seguridad de las personas que se encuentren sometidas a riesgos o amenazas. Adem�s, debe adoptar las medidas id�neas para mitigarlas y evaluar su eficacia y necesidad de manera peri�dica. En ese sentido, si las autoridades no cumplen con alguna de estas obligaciones el derecho a la seguridad personal se ve vulnerado.

 

19. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha determinado diferentes escalas de riesgos con el fin de identificar objetivamente cu�ndo una persona puede solicitar protecci�n especial por parte del Estado. En ese sentido, en la sentencia T-339 de 2010[47], la Sala Tercera de Revisi�n analiz� el caso de un beneficiario del Programa de Protecci�n del entonces Ministerio del Interior y de Justicia al cual no se le hab�an prestado las medidas reconocidas por esa entidad. All� se precis� la diferencia entre las nociones de �riesgo� y �amenaza� con el fin de determinar el �mbito en que la administraci�n puede otorgar medidas de protecci�n especial:

 

�El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de se�ales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravaci�n del da�o. Por este motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una amenaza�.

 

As�, esta providencia determin� que la escala de riesgos y amenazas que debe aplicarse en situaciones en las que se solicita protecci�n especial es la siguiente (por su pertinencia se cita in extenso):

 

� 1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el da�o a la vida o a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categor�as: a) riesgo m�nimo: categor�a hipot�tica en la que la persona s�lo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad.

 

Cuando una persona pertenece a este nivel, no est� facultada para exigir del Estado medidas de protecci�n especial, pues su derecho a la seguridad personal no est� siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de da�o no es una lesi�n pero s�, en el mejor de los casos, un riesgo de lesi�n. 

 

2)    Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por s�, implican la alteraci�n del uso pac�fico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de da�o conlleva el inicio de la alteraci�n y la merma del goce pac�fico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucci�n definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categor�as:

 

a)     amenaza ordinaria: Para saber cuando se est� en presencia de esta categor�a, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoraci�n de la situaci�n concreta y determinar si �sta presenta las siguientes caracter�sticas:

 

i.      existencia de un peligro espec�fico e individualizable. Es decir, preciso, determinado y sin vaguedades;

ii.      existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe una probabilidad razonable de que el inicio de la lesi�n del derecho se convierta en destrucci�n definitiva del mismo. De all� que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual.;   

iii.      tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jur�dicos valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;

iv.      tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad de las personas y. finalmente,

v.      deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situaci�n por la cual se genera el riesgo.

 

Cuando concurran todas estas caracter�sticas, el sujeto podr� invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir protecci�n por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesi�n del derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, adem�s, puede o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado intervenga para hacer cesar las causas de la alteraci�n del goce pac�fico del derecho o, al menos, para evitar que el inicio de la lesi�n se vuelva violaci�n definitiva del derecho.

 

b)    amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando est� sometida a una amenaza que cumple con todas las caracter�sticas se�aladas anteriormente y adem�s, el derecho que est� en peligro es el de la vida o la integridad personal. De all� que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protecci�n directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendr� que invocar el derecho a la seguridad como t�tulo jur�dico para exigir protecci�n por parte de las autoridades.

 

Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no s�lo el derecho a la seguridad personal est� siendo violado sino que, adem�s, tambi�n se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesi�n consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De all� que, cuando la persona est� en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protecci�n especializada.� 

 

20. Conforme a lo expuesto, cuando un individuo se encuentra sometido a un nivel de riesgo normal u ordinario, en los t�rminos definidos, no tiene derecho a solicitar medidas de protecci�n por parte del Estado ya que los mismos son los derivados de la vida en sociedad. Por el contrario, cuando est� sometido a amenazas extraordinarias o extremas existe el deber del Estado de brindar protecci�n especial para evitar la vulneraci�n concreta del derecho a la seguridad personal. En estos casos el Estado tiene la obligaci�n de determinar el tipo de amenaza que recae sobre una persona, y adem�s debe definir de manera oportuna los medios de protecci�n espec�ficos, adecuados y suficientes para evitar la consumaci�n del da�o.

 

21. En suma, la seguridad e integridad personal es un derecho fundamental que debe ser garantizado y preservado por el Estado, de manera que cuando una persona se encuentra ante una amenaza extraordinaria o extrema, debe adoptar las medidas de protecci�n necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales. As� mismo, las autoridades tienen una serie de obligaciones relativas a la debida diligencia respecto a la valoraci�n y determinaci�n de las amenazas, ya que su incumplimiento tambi�n conduce a la vulneraci�n de este derecho.

 

La protecci�n constitucional a los defensores de derechos humanos

 

22. Los art�culos 2�, 11 y 22 de la Carta Pol�tica expresan la voluntad de defender y difundir los derechos humanos como el fundamento de la convivencia pac�fica en Colombia. En esa medida, estas disposiciones imponen la obligaci�n de respetar y proteger la vida de sus defensores y de tomar acciones directas para la consecuci�n de la paz y la convivencia pac�fica.

 

En el �mbito internacional los art�culos 1� y 2� de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, establecen que los Estados deben respetar y garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos a todas las personas, por lo que obviamente incluye defensores de derechos humanos.

 

23. En desarrollo de estos art�culos, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) public� recientemente el informe �Hacia una pol�tica integral de protecci�n de personas defensoras de Derechos Humanos�[48], mediante el cual precis� los cuatro componentes que en virtud de la Convenci�n deben ser tenidos en cuenta para proteger a estos defensores.

 

En primer lugar, el informe determina que los Estados tienen la obligaci�n de respetar los derechos de los defensores de derechos humanos de manera en que �sus agentes se abstengan de incurrir o tolerar violaciones a sus derechos.�[49] En ese sentido, la Convenci�n no permite que las autoridades estatales manipulen los �rganos acusatorios y de justicia con el fin de perseguir a los defensores. Adem�s, este componente se�ala que el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones p�blicas pac�ficas debe ser prevenido, del mismo modo en que tampoco se debe �incurrir en injerencias arbitrarias en la esfera de sus derechos, incluyendo el derecho a la libertad de expresi�n y asociaci�n.�[50]

 

En segundo lugar, se�ala que los Estados deben promover y reconocer el trabajo de las personas defensoras como una manera de prevenir la vulneraci�n de sus derechos. En ese sentido, corresponde a estos adoptar un marco legal que permita que estas personas desarrollen su trabajo de manera libre, as� como promover un ambiente seguro en el cual puedan adelantar su trabajo sin represalias. As� mismo, se�ala que los Estados deben mantener estad�sticas veraces relacionadas con la violencia contra defensores de derechos humanos, adem�s de llevar a cabo jornadas de educaci�n y sensibilizaci�n que busquen prevenir la violencia contra estos por parte de agentes gubernamentales.

En tercer lugar, la CIDH establece que los Estados tienen la obligaci�n de proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos cuando se encuentran en situaci�n de riesgo. Esta obligaci�n implica la adopci�n de mecanismos especializados, legislaci�n, pol�ticas y medidas urgentes. Sobre estas medidas precis� que:

 

�deben tener en consideraci�n las causas que estas defensoras y defensores protegen, el contexto en el cual trabajan y su ubicaci�n geogr�fica. Tambi�n deben ser considerados su sexo, g�nero, raza y grupo �tnico al que pertenecen, ya que estos factores pueden incrementar el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.�[51]

 

En ese sentido, se�al� que las personas defensoras de derechos humanos que trabajan a nivel local, a menudo pueden enfrentar riesgos m�s elevados, por lo que requieren atenci�n y enfoque especial.

 

Por �ltimo resalt� que los Estados tienen la obligaci�n de investigar, juzgar y sancionar de manera diligente las violaciones a los derechos humanos de los defensores combatiendo la impunidad. Lo anterior �incluye el establecimiento como primera hip�tesis de la investigaci�n que el delito pueda estar vinculado con las labores de defensa de los derechos humanos, as� como garantizar investigaciones y procesos independientes e imparciales.�[52]  

 

24. La jurisprudencia constitucional tambi�n ha determinado que los defensores de derechos humanos juegan un papel fundamental en la democracia colombiana. En la sentencia T-059 de 2012[53], la Sala Octava de Revisi�n conoci� una acci�n de tutela promovida por dos l�deres de grupos de poblaci�n desplazada afrodescendiente que alegaban que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad f�sica y a la seguridad personal hab�an sido vulnerados por el Ministerio del Interior y de Justicia. El motivo de su reclamo era fueron desvinculados de los programas especiales de protecci�n de los que eran beneficiarios, ya que hab�an sido calificados con riesgo ordinario.

 

Siendo as�, la Corte concluy� que a pesar de que las autoridades p�blicas tengan un cierto grado de discrecionalidad en la adopci�n de medidas de protecci�n, estas �deber�n hacer cuanto est� a su alcance, con especial diligencia, para proveer la seguridad requerida por estos sujetos de especial protecci�n, como manifestaci�n de sus deberes constitucionales m�s b�sicos�.

 

25. As� mismo, en la sentencia T-224 de 2014[54], la Sala Quinta de Revisi�n determin� que la UNP vulner� el derecho a la seguridad personal de un juez de la Rep�blica, ya que revalor� su nivel de riesgo como �ordinario� sin exponer los argumentos que la hab�an llevado a esa conclusi�n, pese a que hab�a evidencias de que hab�a sido v�ctima de amenazas contra su vida. En ese sentido, la mencionada Sala profundiz� en la protecci�n especial que deben tener los grupos sociales que por sus caracter�sticas hist�ricas, culturales, o de otra naturaleza, enfrentan ordinariamente riesgos extraordinarios y, por lo tanto, son acreedores del derecho a atenci�n diferencial:

 

�Este tribunal ha protegido colectivos que se encuentran en especiales circunstancias de riesgo, tales como: (i) los miembros de partidos pol�ticos que por su orientaci�n han sido objeto de acciones violentas; (ii) los testigos de casos de homicidios relacionados con alteraciones al orden p�blico; (iii) los defensores de los derechos humanos; (iv) los reinsertados de grupos al margen de la ley; (v) las Comunidades de Paz; (vi) desplazados por la violencia; y (vii) los funcionarios p�blicos, como el caso de los jueces de la Rep�blica, entre otros.� 

 

26. En esa misma l�nea, en la sentencia T-924 de 2014[55], la Sala Sexta de Revisi�n conoci� el caso de un l�der ind�gena de la Guajira que hab�a solicitado a la UNP que reformara las medidas de seguridad que le hab�a impuesto, ya que estas no cumpl�an con las necesidades de protecci�n que requer�a para que se le protegiera eficientemente sus derechos a la vida y a la seguridad personal.

 

De este modo, esta providencia subray� el deber que tiene el Estado de proteger la vida y la seguridad personal de quienes por sus actividades o funciones pol�ticas, p�blicas, sociales o humanitarias, se exponen a un nivel de riesgo o amenaza mayor. Por lo anterior, se�al� que las autoridades encargadas del estudio y de implementar las medidas de seguridad deben tener en cuenta las condiciones espec�ficas del afectado y adoptar medidas de enfoque diferencial cuando se trate de:

 

�i) l�deres sindicales; ii) l�deres campesinos y comunitarios; ii) l�deres ind�genas y afrodescendientes; iv) operadoras y operadores de justicia; v) mujeres defensoras de derechos humanos; vi) las defensoras y los defensores del derecho al medio ambiente sano; y vii) las y los defensores de las personas LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales). Ello, por la calidad de sujetos de especial protecci�n constitucional que tienen.� 

 

Como consecuencia de lo anterior, la providencia explic� que estas personas gozan de una presunci�n de riesgo que debe ser inmediatamente activada por la autoridad p�blica competente para adoptar medidas. Adem�s, consider� que los mecanismos deben ser elementos de protecci�n eficaces, oportunos e id�neos para amparar la vida, la integridad y la seguridad de estas personas, los cuales solo podr�n desvirtuarse luego de adelantar las correspondientes valoraciones t�cnicas de seguridad.

 

27. En la sentencia T-124 de 2015[56], la Sala Tercera de Revisi�n conoci� los casos de una mujer afrodescendiente cabeza de familia y de un activista comunitario que se dedicaban a defender los derechos de las personas desplazadas por la violencia. Estos acusaron a la UNP de vulnerar sus derechos a la vida y a la seguridad personal, ya que no autoriz� la implementaci�n de medidas de protecci�n oportunas, eficaces, id�neas y con enfoque diferencial para prevenir la materializaci�n de distintas situaciones de riesgo.

 

De esta manera, en este caso la Sala resalt� que las evaluaciones de seguridad deben �ser examinadas en relaci�n con los principios de eficacia, pertinencia, idoneidad, oportunidad y enfoque diferencial�. Sobre este �ltimo, se�al� que consiste en observar las �especificidades y vulnerabilidades por pertenencia �tnica, perfil etario, g�nero, discapacidad, orientaci�n sexual y procedencia urbana o rural de quienes son objeto del programa de protecci�n�, debido a que estos aspectos profundizan el riesgo de sufrir actos de violencia relacionados con el conflicto armado interno.

 

28. Por �ltimo, en la sentencia T-750 de 2011^[57], la Sala Novena de Revisi�n examin� el caso de un l�der sindical v�ctima de amenazas y hostigamientos. Este solicit� en m�ltiples ocasiones a la Polic�a Nacional que le prestara servicios de seguridad, sin embargo, sus peticiones fueron omitidas. En esa ocasi�n la Sala precis� lo siguiente:

 

�para determinar cu�les son [los niveles de riesgo de una persona], debe confluir un an�lisis de las caracter�sticas de especial vulnerabilidad del sujeto que solicita la protecci�n, puesto que hay grupos que hist�ricamente han sufrido amenazas a su seguridad personal, tales como los defensores de derechos humanos, los desplazados y los sindicalistas.�

 

Siendo as�, m�s adelante determin� que las personas que ejercen la funci�n sindical est�n sometidas a un riesgo constante en virtud de su oficio, de manera que cuando existan amenazas sobre su vida, est�s deben ser analizadas de manera preferente por las entidades correspondientes.

 

29. En conclusi�n, la jurisprudencia de esta Corte ha determinado que ostentar la calidad de l�der o lideresa defensor de derechos humanos, social o sindical constituye una actividad riesgosa en virtud de la funci�n que cumplen estas personas. En esa medida, ellos gozan de una presunci�n de riesgo que obliga a las autoridades competentes a ejecutar los medios id�neos para su protecci�n, los cuales estar�n vigentes hasta que se lleve a cabo el estudio de seguridad correspondiente. Este �ltimo debe realizarse seg�n los principios de eficacia, pertinencia, idoneidad, oportunidad y enfoque diferencial, en el entendido de que este �ltimo es el que garantiza el compromiso del Estado de proteger los diversos modos de vida que habitan dentro de �l, al proveer especial protecci�n constitucional a los m�s vulnerables.

 

El debido proceso administrativo y el procedimiento de calificaci�n de riesgo de la UNP

 

30. El art�culo 29 de la Constituci�n establece que el debido proceso es un derecho fundamental que debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En ese sentido, constituye una garant�a para todas las personas, ya que le impone al Estado la obligaci�n de resolver las situaciones jur�dicas mediante decisiones razonadas y con la observancia de los procedimientos dispuestos para tal fin, por lo que se convierte en un medio para combatir las posibles arbitrariedades o abusos de autoridad en las que pueda incurrir la entidad que profiere las actuaciones.

 

31. Ahora bien, el art�culo 81 de la Ley 418 de 1997[58] dispuso la creaci�n de un programa de protecci�n para personas que se encuentran en situaci�n de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia pol�tica o ideol�gica, o con el conflicto armado interno, y que pertenezcan a alguna de las siguientes categor�as:  dirigentes o activistas de grupos pol�ticos y especialmente de grupos de oposici�n; de organizaciones sociales, c�vicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos �tnicos; de las organizaciones de derechos humanos y miembros de la Misi�n M�dica, entre otros.

 

Conforme a esta disposici�n, el Cap�tulo 2� del T�tulo I de la Parte 4� del Libro 2� del Decreto 1066 de 2015[59]regula este programa de protecci�n, ya que no solo reglamenta el proceso ordinario para que las personas accedan a este, sino que tambi�n distribuye facultades y responsabilidades a distintas autoridades gubernamentales y administrativas dentro del proceso.

 

32. Ahora bien, el art�culo 2.4.1.2.2 el Decreto 1066 de 2015 establece los principios que rigen los programas de prevenci�n y protecci�n, adem�s de los constitucionales y legales que orientan la funci�n administrativa.

 

Entre estos principios se encuentra el de causalidad, el cual se�ala que �[l]a vinculaci�n al Programa de Prevenci�n y Protecci�n, estar� fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones pol�ticas, p�blicas, sociales o humanitarias.� De esta manera, la posibilidad de que una persona pueda ser beneficiaria del programa de protecci�n siempre debe estar justificada en el nivel de riesgo o del cargo que ocupa. Siendo as�, este impone la necesidad de que se realice un estudio t�cnico previo que determine la causalidad de los hechos.

 

As� mismo, otro principio que rige este tipo de actuaciones es el de idoneidad al se�alar que �[l]as medidas de prevenci�n y protecci�n ser�n adecuadas a la situaci�n de riesgo y procurar�n adaptarse a las condiciones particulares de los protegidos�. As�, la valoraci�n y definici�n de las medidas de seguridad deben corresponder directamente a la situaci�n de riesgo de la persona interesada en el servicio de protecci�n o en su cargo, por lo que los fundamentos de las decisiones siempre deben tener como soporte alg�n estudio t�cnico previo.       

 

De esta manera, los procedimientos de valoraci�n tanto para ingresar al programa de protecci�n en virtud del riesgo como para fijar las medidas de seguridad correspondientes, deben fundamentarse en estudios t�cnicos especializados que justifiquen la necesidad de las medidas. En ese sentido, este procedimiento busca garantizar el debido proceso de las personas cobijadas por estas medidas, ya que la administraci�n tiene el deber de argumentar sus determinaciones con conceptos t�cnicos especializados que motiven la decisi�n de otorgar, modificar o finalizar medidas de seguridad.

 

33. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporaci�n tambi�n ha establecido que para cumplir las obligaciones derivadas del derecho a la seguridad personal, las actuaciones administrativas que lleven a cabo las autoridades competentes deben estar justificadas en estudios t�cnicos individualizados y espec�ficos del nivel de riesgo de la persona interesada. Por ejemplo, en la mencionada sentencia T-224 de 2014[60], la Sala Quinta de Revisi�n estableci� lo siguiente:

 

�En el presente caso existe que la comunicaci�n de validaci�n del estudio adelantado por el Grupo de Valoraci�n Preliminar allegada por la accionada (el 15 de junio de 2013), en el que el CERREM calific� el riesgo del demandante como �ordinario� y por tanto no merecedor de las medidas de protecci�n especial en su favor, ni a favor de su grupo familiar.

 

A pesar de lo expuesto por la demandada, el contenido de la comunicaci�n escrita de esa valoraci�n no ofrece argumentos que fundamenten la decisi�n, ni estos le fueron informados o dados a conocer por otra v�a al peticionario. La comunicaci�n se limita a afirmar que obedeci� a un estudio serio y ponderado de la situaci�n del accionante, en el que se descart� que el riesgo de seguridad fuera �actual, inminente, serio, individualizable, concreto, presente, importante, claro, discernible, excepcional y desproporcionado�, por lo que no era procedente asignarle el esquema de seguridad pretendido. Afirmaciones que no describen circunstancias de tiempo, lugar y modo espec�ficas y propias del actor para descartarlo como sujeto protegido, limit�ndose este documento a mencionar las caracter�sticas propias del riesgo plasmadas en la jurisprudencia constitucional, sin que exista evidencia de su an�lisis y valoraci�n�.

 

En ese sentido, cuando la valoraci�n del nivel de riesgo o de las medidas de protecci�n no est� fundada en un estudio previo e individualizado de la situaci�n de la persona interesada, existe una vulneraci�n a los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad personal.

 

34. Del mismo modo, en la sentencia T-707 de 2015[61], la Sala Primera de Revisi�n conoci� el caso de un l�der de una �colectividad de izquierda democr�tica y en oposici�n�, el cual se�al� que la UNP vulner� sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal, el debido proceso y la participaci�n pol�tica, al reducirle notoriamente su esquema de seguridad en contra de un concepto especializado de uno de sus grupos de valoraci�n sin exponer los argumentos t�cnicos que justificaban la actuaci�n. En ese sentido, consider� que:

 

�la definici�n y asignaci�n de medidas de seguridad deben estar justificadas razonablemente, con base en estudios t�cnicos individualizados del nivel de riesgo de la persona que solicita la protecci�n, los cuales solo pueden desconocerse con base en argumentos suficientes que tambi�n est�n sustentados en conceptos especializados. Esto, para efectos de garantizar el derecho fundamental al debido proceso y desarrollar los principios de causalidad e idoneidad que orientan la prestaci�n del servicio de protecci�n personal.�

 

En tal virtud, las decisiones que asignen medidas de seguridad deben estar debidamente justificadas por estudios t�cnicos que se encarguen de analizar la situaci�n particular del sujeto que requiere la protecci�n.

 

35. En conclusi�n, para garantizar el derecho fundamental al debido proceso y desarrollar los principios de causalidad e idoneidad que orientan la prestaci�n del servicio de protecci�n personal, las actuaciones administrativas que lleven a cabo estudios de valoraci�n y de medidas deben estar justificadas en estudios t�cnicos individualizados y espec�ficos que los fundamenten de manera suficiente y razonable.

 

Caso concreto

 

36. El peticionario interpuso acci�n de tutela contra la UNP porque consider� vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad f�sica y a la seguridad personal, en tanto que consider� que las medidas de seguridad tomadas por la Resoluci�n N� 5343 de 2017, confirmadas por la Resoluci�n N� 6709 de 2017, consistentes en �finalizar un (1) hombre de protecci�n, y ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado por un t�rmino de tres meses�[62] son ineficaces y ponen en riesgo su vida. En ese sentido, solicit� al juez constitucional que reactive el esquema de seguridad con el que contaba anteriormente, de manera que le sea reconocido un medio de transporte blindado y un escolta personal de tres agentes.

 

37. Seg�n los argumentos presentados por el accionante y la UNP, las medidas de seguridad tomadas en la Resoluci�n N� 5343 de 2017, fueron consecuencia de la �ltima valoraci�n de riesgo del peticionario. Esta fue presentada el 8 de agosto de 2017[63], por el Cuerpo T�cnico de Recopilaci�n y An�lisis de Informaci�n de la entidad (en adelante CTRAI) y arroj� como resultado una matriz de riesgo de 40,00%, de manera que el riesgo del demandante fue ponderado como ordinario. En ese sentido, el mencionado informe de riesgo llev� al Grupo Interinstitucional de Valoraci�n Preliminar (en adelante GVP) a que recomendara las medidas de protecci�n que m�s adelante ser�an confirmadas por el Comit� de Evaluaci�n de Riesgo y Recomendaci�n de Medidas (en adelante CERREM) y que son cuestionadas en esta acci�n de tutela.

 

Siendo as�, para esta Sala de Revisi�n es imperioso advertir que su an�lisis recaer� sobre el proceso de evaluaci�n llevado a cabo por la UNP y los dem�s comit�s correspondientes, ya que esta entidad es las que, de conformidad con la ley y la regulaci�n, tiene la pericia y el conocimiento t�cnico para determinar cu�les son las medidas de seguridad apropiadas para el accionante. Es evidente que la Corte no puede hacer la revisi�n constitucional sobre los referidos conocimientos t�cnicos, sino respecto del procedimiento y de la forma en que se sustent� la decisi�n acusada de vulnerar los derechos fundamentales.   

 

En ese sentido, a partir de las pruebas presentadas en las instancias y de las recaudadas en sede de revisi�n, esta Sala analizar� cada uno de los pasos de la valoraci�n de riesgo que fundamentaron las medidas de seguridad mencionadas anteriormente. De esta manera, se busca examinar si se vulneraron los derechos fundamentales del accionante dentro de este procedimiento a partir de comparar las normas y los est�ndares vigentes, con la manera en que se llev� a cabo la evaluaci�n.

 

i) El procedimiento ordinario llevado a cabo por la UNP

 

38. El art�culo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015 establece que el procedimiento ordinario del programa de protecci�n es el siguiente:

 

�1. Recepci�n de la solicitud de protecci�n y diligenciamiento del formato de caracterizaci�n inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protecci�n.

2. An�lisis y verificaci�n de la pertenencia del solicitante a la poblaci�n objeto del programa de protecci�n y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla.

3. Traslado al Cuerpo T�cnico de Recopilaci�n y An�lisis de Informaci�n � Ctrai.

4. Presentaci�n del trabajo de campo del Ctrai al Grupo de Valoraci�n Preliminar.

5. An�lisis de caso en el Grupo de Valoraci�n Preliminar.

6. Valoraci�n del caso por parte del Cerrem.

7. Adopci�n de medidas de prevenci�n y protecci�n por parte del Director de la Unidad Nacional de Protecci�n mediante acto administrativo.

8. El contenido o parte del contenido del acto administrativo de que trata el numeral anterior ser� dado a conocer al protegido mediante comunicaci�n escrita de las medidas de protecci�n aprobadas. En los casos en que el Comit� de Evaluaci�n del Riesgo y Recomendaci�n de Medidas � CERREM no recomiende medidas en raz�n a que el riesgo del peticionario fue ponderado como ordinario, se dar� a conocer tal situaci�n a trav�s de comunicaci�n escrita.

9. Implementaci�n de las medidas de protecci�n, para lo cual se suscribir� un acta en donde conste la entregada de estas al protegido.

10. Seguimiento a la implementaci�n.

11. Reevaluaci�n.�

 

Ahora bien, en sede de revisi�n la UNP precis� de mejor manera y paso a paso c�mo es el proceso de evaluaci�n de riesgo. Estos �tems fueron evaluados por la Sala de Revisi�n, sin embargo, como se indic� ut supra los mismos no ser�n determinados en el cuerpo de esta sentencia, ya que al ser documentos relacionados con protocolos de seguridad tienen reserva legal, seg�n el art�culo 24 de la Ley 1766 de 2015.

 

De esta manera, esta Sala de Revisi�n verificar� que los distintos �rganos administrativos hayan llevado a cabo las etapas se�aladas anteriormente de conformidad con el debido proceso y los dem�s principios que rigen este tipo de actuaciones.

 

ii) El proceso de evaluaci�n de riesgo del se�or H�ctor Garc�a Ram�rez

 

39. En primer lugar, debe se�alarse que el proceso inici� en el marco de una reevaluaci�n del riesgo por temporalidad. Es decir, una vez vencida la vigencia de las medidas de seguridad de las que gozaba el accionante, la UNP cumpli� con las obligaciones legales de reevaluarlas. Las �ltimas medidas adoptadas en el caso del accionante fueron las del 16 de agosto de 2016, cuando la valoraci�n t�cnica arroj� como resultado una matriz del 51.11%, por lo que la UNP decidi� �ajustar las medidas de protecci�n de la siguiente manera: finalizar dos (2) hombres de protecci�n y un (1) veh�culo convencional aprobados por jur�dica. (Los cuales fueron implementados por orden judicial, conforme a lo anteriormente manifestado), Ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado y un (1) hombre de protecci�n.�[64]

 

Ahora bien, como se indic�, la UNP el 25 de mayo de 2017 inici� este proceso de reevaluaci�n de las medidas[65]. En esta etapa, comprob� que el se�or H�ctor Garc�a Ram�rez es un l�der sindical que ha sido v�ctima de distintas amenazas y ataques contra su vida. As� mismo, comprob� que los mencionados hostigamientos fueron llevados a cabo en virtud de su oficio, por lo que evidenci� un nexo de causalidad entre el riesgo y la actividad que desarrolla.

 

Por lo anterior, y de conformidad con los protocolos contact� al accionante mediante una llamada telef�nica[66]para citarlo a una entrevista con un analista de riesgo adscrito al CTRAI [67]. El informe se�ala que el accionante hizo referencia a seis amenazas, de las cuales cuatro ya hab�an sido valoradas en estudios anteriores, debido a que correspond�an a los a�os 2015 y 2016.

 

As� mismo, en esa fecha el analista de riesgo adscrito al CTRAI realiz� otra entrevista a la persona que fue designada para la protecci�n del evaluado en el estudio de riesgo del 2016. El informe realizado indica que �al momento de consultarle si ten�a conocimiento sobre presuntas amenazas contra el protegido, indic� que desconoce amenazas contra el evaluado.�[68]

 

40. El 14 de junio de 2017[69], el CTRAI solicit� a la Personer�a Municipal de Pereira, la Defensor�a del Pueblo, la Polic�a Nacional, la Fiscal�a General de la Naci�n y la DIJIN, informaci�n sobre las denuncias del peticionario y de la seguridad de la regi�n. As� mismo, solicit� a la Direcci�n de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT que hiciera llegar toda la informaci�n del caso que estimara conveniente. De igual manera, pidi� a la Subdirecci�n de Evaluaci�n del Riesgo de la UNP que analizara las amenazas recibidas por el accionante.

 

Las respuestas que recibi� fueron las siguientes:

 

a)     La Subdirecci�n de Evaluaci�n del Riesgo de la UNP emiti� un concepto el 17 de junio de 2017, en el que manifest� que las amenazas sufridas por el demandante no tienen las caracter�sticas empleadas por el grupo ilegal �Autodefensas Gaitanistas de Colombia�. De este modo, argument� que a pesar de que estas no proven�an de ese grupo armado, estas podr�an obedecer a intereses de diversos sectores con intenciones delincuenciales, desinformativos y/o intimidatorias.

 

b)    El 27 de junio de 2017, la Fiscal�a Seccional de Risaralda inform� que el peticionario hab�a interpuesto tres denuncias distintas por el delito de amenaza. No obstante, se�al� que estas ya hab�an sido tenidas en cuenta en los estudios de riesgo anteriores.

 

c)     El 6 de julio de 2017, la Polic�a metropolitana de Pereira comunic� lo siguiente:

 

�NO se tiene antecedente de denuncias instauradas en la polic�a metropolitana de Pereira durante la presente vigencia, as� mismo NO se tiene informaci�n o registro reciente de hechos que pudieran afectar la vida e integridad del l�der sindical, no obstante de manifestar que en a�os anteriores se han presentado acontecimientos en su contra varios acontecimientos de riesgo, los cuales hab�an sido puestos en conocimiento de la Fiscal�a General de la Naci�n.� [70]

 

d)    El 14 de julio de 2017, la Personer�a Delegada en lo Penal y Vigilancia Judicial resalt� que �NO se encontraron evidencias del Sr. H�ctor Garc�a Ram�rez [�] relacionadas con denuncias por amenazas de muerte y situaciones en las que se infiera la probable vulneraci�n a la seguridad, libertad e integridad personal.�[71]

 

e)     Por �ltimo, el 24 de julio de 2017 la Direcci�n de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT, inform� que �NO tiene conocimiento de acciones de denuncia por parte del compa�ero, quien se desempe�a como Segundo vicepresidente de la Subdirectiva CUT Risaralda.�[72]

 

41. Una vez recibida la informaci�n, el CTRAI verific� en las plataformas del grupo de an�lisis poblacional de la UNP el nivel de riesgo territorial en el que se encuentra el demandante. Siendo as�, evidenci� que no existen antecedentes recientes en los que se registren �amenazas y/o agresiones contra dirigentes sindicales en la ciudad de Pereira. As� mismo no se encontraron estad�sticas que hagan referencia a la poblaci�n que ostenta el evaluado.�[73]

 

42. Despu�s de analizar toda la informaci�n recopilada, el 8 de agosto de 2017 el CTRAI present� ante el GVP el siguiente informe de conclusiones:

 

�Teniendo en cuenta la informaci�n recopilada en trabajo de campo, [�] no se logr� encontrar informaci�n y/o evidencias que indicaran que para la fecha existan amenazas en contra del se�or H�ctor Garc�a Ram�rez, que pudieran ver afectados sus derechos fundamentales a la vida y conexos; as� las cosas y con base en lo establecido en la Sentencia T-719 de 2003, se encontr� que el citado ciudadano se est� (sic) inmerso en un riesgo Ordinario, el cual es jur�dicamente soportable por estar impl�cito en la vida cotidiana dentro de cualquier sociedad.

 

Resultado de la Matriz 40.00�[74]

 

El GVP acogi� el informe de seguridad presentado por el CTRAI, de manera que el 10 de agosto de 2017 este present� el caso al CERREM.

 

43. El 22 de agosto de 2017, el CERREM valid� los resultados del nivel de riesgo del se�or H�ctor Garc�a Ram�rez conforme a la ponderaci�n hecha por el GVP. En ese sentido, despu�s de valorar su condici�n de dirigente sindical, la informaci�n suministrada en la entrevista, los informes realizados por las autoridades, los testimonios de terceros, la situaci�n de seguridad de su contexto y el an�lisis de las amenazas, emiti� un nuevo concepto sobre la situaci�n del peticionario y calific� el nivel de riesgo como ordinario. Por lo anterior, recomend� �finalizar un (1) hombre de protecci�n, y ratificar un (1) medio de comunicaci�n y un (1) chaleco blindado por un t�rmino de tres meses.�[75]

 

En consecuencia, ese mismo d�a la UNP expidi� la Resoluci�n N� 5343 de 2017, a trav�s de la cual acogi� las recomendaciones del mencionado comit� y otorg� las medidas sugeridas por esa entidad.

 

44. En suma, la Sala de Revisi�n tiene que en mayo de 2017 la UNP inici� la reevaluaci�n del nivel de riesgo del se�or H�ctor Garc�a Ram�rez para determinar si manten�a o ajustaba su esquema de seguridad. En ese sentido, inici� el procedimiento establecido en el art�culo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, de manera que el CTRAI realiz� las entrevistas, solicitudes de informaci�n y testimonios para posteriormente analizar el conjunto de datos. Siendo as�, despu�s de este an�lisis t�cnico ese cuerpo de recopilaci�n de informaci�n, redact� un informe en el que tuvo en cuenta todas las variables presentadas y concluy� que el riesgo del demandante era ordinario ya que ten�a una matriz del 40,00%.

 

Este concepto posteriormente fue avalado tanto por la GVP y el CERREM, de manera que el 22 de agosto de 2017, el Director General de la UNP acogi� las recomendaciones con la expedici�n de la Resoluci�n N� 5343 de 2017.

 

45. Despu�s de analizar y recapitular las actuaciones realizadas por el CTRAI, esta Sala de Revisi�n concluye que se llev� a cabo de conformidad con los principios y normas aplicables al caso. En ese sentido, se tiene que en la entrevista el peticionario tuvo la oportunidad de narrar los hechos que vulneraban su derecho a la seguridad personal y de presentar las pruebas correspondientes para sustentar sus afirmaciones.

 

As� mismo que con fundamento en lo anterior, el Comit� t�cnico se�al� que la mayor�a de estos hechos ya hab�an sido evaluados de manera previa, por lo cual, si bien no se desconoc�an las amenazas, las mismas ya hab�an sido tenidas en cuenta.

 

Adem�s se pudo determinar por los expertos en el an�lisis de este tipo de amenazas que muy probablemente los hechos nuevos no hab�an sido realizados por el grupo al margen de la ley al que se les atribu�a (seg�n se estableci� a trav�s del informe presentado por la UNP que tienen car�cter reservado), sino que podr�an corresponder a otro tipo de intereses intimidatorios o de delincuencia com�n. Lo que no significa que el riesgo haya desaparecido, sino que, seg�n el informe presentado por la Subdirecci�n de Evaluaci�n del Riesgo de la UNP, el nivel de la amenaza disminuye sustancialmente si obedece a este tipo de actuaciones, por lo que el peligro que representan tiene una extensi�n menor que corresponde a la categor�a de riesgo ordinario.

 

As� mismo, el CTRAI solicit� la informaci�n pertinente a las autoridades correspondientes y a los terceros que podr�an tener datos relevantes sobre el caso, para mejor proveer la investigaci�n sobre el origen de la amenaza. De esta informaci�n se pudo concluir que las autoridades no ten�an conocimiento de hechos nuevos de los que se pudiera deducir un nivel de riesgo mayor al determinado en la matriz definida (40.00%). Aunado a ello, se tiene que el accionante no aport� a la tutela ning�n hecho que no hubiera sido valorado previamente por los �rganos t�cnicos de la UNP, ni tampoco desvirtu� lo consignado en el acto administrativo de manera que se demostrara que con su expedici�n se vulneraron sus derechos fundamentales. Por lo tanto, es claro que en esta oportunidad la UNP valor� todos los hechos denunciados por el accionante, a partir de lo cual determin� un nivel ordinario de riesgo que sustent� debidamente el acto administrativo acusado.     

 

En esa misma l�nea, tanto de la entrevista llevada a cabo con la persona que se encargaba de la escolta personal del actor, como del informe allegado por la Direcci�n de Derechos Humanos y Solidaridad de la CUT, no se deduce la necesidad de elevar la calificaci�n del riesgo del actor de ordinaria a extraordinaria.

 

Adem�s, los estudios de seguridad del territorio comprobaron que el nivel de riesgo para las personas que ejercen la funci�n sindical en Pereira es bajo, como lo muestran los datos estad�sticos presentados por las autoridades. En efecto, este punto se ve reforzado por las pruebas recibidas en Sede de Revisi�n, ya que la Defensor�a Regional de Risaralda inform� que los casos recientes de violencia contra este grupo poblacional han sido registrados en dos municipios alejados del lugar en el que accionante desempe�a sus funciones.

 

46. Debido a lo recapitulado, la Sala encuentra que se evaluaron todos los factores pertinentes en el caso del accionante, se presentaron los estudios t�cnicos individualizados y espec�ficos de los niveles de riesgo del actor y los hechos fueron analizados en congruencia con los principios de causalidad e idoneidad exigidos tanto por la Ley como por la jurisprudencia. De manera tal, que no puede llegar la Corte a la conclusi�n que pretende el actor, pues contrario a lo afirmado por �l mismo, la UNP ha evaluado peri�dicamente sus niveles de riesgo por la actividad sindical que ejerce y otorga las medidas correspondientes a las referidas evaluaciones t�cnicas.

 

No desconoce la Sala la importancia de la labor sindical, ni la presunci�n de riesgo respecto de los l�deres defensores de derechos humanos, pero s� evidencia que en el caso particular la actuaci�n de la UNP respet� los protocolos, las normas y los principios aplicables y procedi� de conformidad con su obligaci�n de proteger al se�or H�ctor Garc�a Ram�rez, lo cual debe continuar. As� mismo, es evidente que debido a las din�micas sociales nacionales, las medidas de protecci�n del accionante pueden reforzarse o disminuirse en el futuro, pero lo anterior depende de la labor t�cnica de verificaci�n de la seguridad de los protegidos.    

 

En ese sentido, se tiene que las medidas sugeridas por el Comit� fueron tomadas de conformidad a los criterios t�cnicos establecidos en la ley. Igualmente, estas se ajustan a los principios de causalidad e idoneidad que rigen este tipo de actuaciones. Lo anterior, debido a que corresponden directamente a la situaci�n de riesgo que evalu� la entidad, ya que se fundamentan en una serie de estudios t�cnicos que examinaron tanto su contexto como su situaci�n particular, de manera que en este caso no es posible afirmar que las medidas sugeridas obedecieron a una actuaci�n arbitraria o contradictoria de la entidad. Por lo tanto, esta Sala de Revisi�n encuentra que en este caso no se desvirtu� la seriedad y credibilidad de los estudios t�cnicos que evaluaron el riego del accionante y, en ese sentido, a pesar de la presunci�n de riesgo que este tiene a su favor, la Sala debe dar credibilidad a lo consignado por las autoridades en dichos estudios.   

 

47. Conforme a lo expuesto, para esta Sala de Revisi�n no se prob� una situaci�n que implique una violaci�n al derecho a la seguridad personal y al debido proceso del actor, ya que el procedimiento se adelant� de conformidad con las reglas constitucionales y legales. En ese sentido, la UNP sustent� debidamente su decisi�n y cumpli� con los principios que orientan el servicio de protecci�n a personas, ya que la Resoluci�n que decidi� las medidas de seguridad fue proferida con base en un estudio t�cnico especializado que respet� las garant�as del debido proceso y otorg� las medidas correspondientes al nivel de riesgo acreditado.

 

Por lo anterior, se revocar� la providencia de segunda instancia de la tutela de la referencia que declar� improcedente la acci�n por subsidiariedad y, en consecuencia, se negar� el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad personal y el debido proceso del accionante por los argumentos expuestos.

 

Conclusiones

 

48. La Sala encontr� acreditada la procedencia general de la acci�n de tutela contra la UNP, la cual se fundament� en la presunta vulneraci�n a los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad personal del accionante.

 

49. Para analizar la afectaci�n denunciada, la Sala reiter� que el derecho a la seguridad es una garant�a fundamental del Estado Social de Derecho. Por lo tanto, consider� que cuando una persona se encuentra ante una amenaza extraordinaria o extrema este debe adoptar las medidas de protecci�n necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales.

 

En segundo lugar, indic� que los defensores de derechos humanos son sujetos de especial protecci�n constitucional. En ese sentido, manifest� que gozan de una presunci�n de riesgo que obliga a las autoridades competentes a ejecutar los medios id�neos para su protecci�n, los cuales estar�n vigentes hasta que se haya adelantado el estudio de seguridad correspondiente.

 

Por �ltimo, resalt� que la definici�n y asignaci�n de medidas de seguridad deben estar fundamentadas en estudios t�cnicos individualizados del nivel de riesgo de la persona que solicita la protecci�n, los cuales solo pueden desconocerse con base en argumentos suficientes que tambi�n est�n sustentados en conceptos especializados. De esta manera, resalt� que estos estudios deben realizarse de conformidad con el debido proceso y los dem�s principios legales que orientan la prestaci�n del servicio de protecci�n personal.

 

50. En el an�lisis del caso concreto, la Sala estableci� que la UNP no vulner� los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad personal del peticionario, porque la decisi�n de reducir su esquema de protecci�n se fundament� en un concepto t�cnico, razonable y cre�ble que evalu� sus condiciones particulares y contextuales. En ese sentido, la entidad cumpli� con la obligaci�n constitucional de tomar sus decisiones a partir de estudios t�cnicos calificados y especializados, en aras de respetar los derechos a la seguridad personal y el debido proceso del solicitante en desarrollo de los principios de causalidad e idoneidad que orientan la prestaci�n del servicio de protecci�n.

 

En m�rito de lo expuesto, esta Sala de Revisi�n revocar� la providencia de segunda instancia de la tutela de la referencia y, en consecuencia, negar� el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad personal y debido proceso del accionante, en los t�rminos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

 

IV. DECISI�N

 

Con fundamento en lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constituci�n Pol�tica,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- REVOCAR la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, mediante la cual confirm� la providencia del 22 de noviembre de 2017 emitida por el Juzgado Tercero de Ejecuci�n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, en la que se declar� improcedente la acci�n de tutela de la referencia.

 

Segundo.- En su lugar, NEGAR el amparo de tutela solicitado por el se�or H�ctor Garc�a Ram�rez, debido a que no se encontr� vulneraci�n de los derechos fundamentales.

 

Tercero.- Por Secretar�a General, LIBRAR las comunicaciones a que alude el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Comun�quese, notif�quese y c�mplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOS� FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Con salvamento de voto

 

 

 

MARTHA VICTORIA S�CHICA M�NDEZ

Secretaria General