Sentencia T-421/18

Referencia: Expediente T-6.723.455

Acci�n de tutela presentada por Alfonso Vargas Romero contra la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot�, con vinculaci�n oficiosa del Consejo Superior de la Judicatura y otros.

Asunto: El deber de coordinaci�n entre las autoridades nacionales y locales para lograr el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz

Procedencia: Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogot�, D. C.,  diecis�is (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

La Sala Sexta de Revisi�n de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado Jos� Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere la siguiente

SENTENCIA

En el proceso de revisi�n de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, que confirm� la decisi�n adoptada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogot�, dentro de la acci�n de tutela promovida por Alfonso Vargas Romero contra la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot�, con vinculaci�n oficiosa del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�, la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, la Direcci�n Seccional de Administraci�n Judicial de Bogot� y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El asunto lleg� a esta Corporaci�n por remisi�n que hizo el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, en virtud de lo ordenado por el art�culo 32 del Decreto 2591 de 1991. El 21 de mayo de 2018, la Sala n�mero cinco de Selecci�n de Tutelas de esta Corporaci�n lo escogi� para revisi�n.

I. ANTECEDENTES

El 11 de diciembre de 2017, Alfonso Vargas Romero interpuso acci�n de tutela contra la Alcald�a Mayor de Bogot�, las Secretar�as Distritales de Gobierno y de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot�, dado que consider� vulnerado su derecho de acceso a la administraci�n de justicia, pues dichas entidades le impidieron ejercer su labor como Juez de Paz en la Casa de Justicia de la Localidad de San Crist�bal, al despojarlo de la oficina y los equipos de c�mputo que ten�a asignados. Todo lo anterior, con fundamento en los siguientes:

A. Hechos

1. Relat� el accionante que fue elegido Juez de Paz de la Localidad de San Crist�bal para el per�odo comprendido entre los a�os 2015 y 2020[1]. Se�al� que los Jueces de Paz de dicha localidad desempe�an una importante labor para la soluci�n pac�fica de conflictos de la poblaci�n vulnerable y han realizado m�s de 120.000 conciliaciones al a�o para descongestionar el aparato de justicia. Incluso, mencion� que en diciembre de 2016, la Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia le otorg� a la Localidad de San Crist�bal un diploma de reconocimiento por ser el sector que mayor n�mero de acuerdos logr� durante la jornada de �Conciliat�n Nacional�.[2]

2. Indic� que la administraci�n del ex alcalde Gustavo Petro, para atender a la comunidad, le asign� a los jueces de paz y conciliadores en equidad de San Crist�bal, medios de transporte y diez oficinas en la Casa de Justicia de dicha localidad, equipadas con computadores, impresoras, fotocopiadoras, escritorios, archivadores y papeler�a.

3. Mencion� que por �exigir sus derechos� como Juez de Paz y no acceder a las pretensiones de los funcionarios de la Casa de Justicia de San Crist�bal[3], la actual Administraci�n Distrital cerr� los puntos de atenci�n comunitaria y orden� instalar una reja met�lica en la entrada principal de la Casa de Justicia, con la finalidad de prohibir los servicios de administrar justicia alternativa al interior de la misma.

Adem�s, sostuvo que en octubre de 2017 fue despojado de los equipos de c�mputo e impresoras que ten�a asignados. En consecuencia, en la actualidad se ha visto obligado a atender a la comunidad para ayudarles a resolver sus conflictos en panader�as, parques y calles aleda�as a la Casa de Justicia[4]. Todo lo anterior, seg�n afirma el accionante, se ha convertido en un obst�culo para ejercer su labor de administrar justicia e impide que la comunidad de San Crist�bal solucione sus conflictos a trav�s de mecanismos alternativos[5]. 

4. De conformidad con lo expuesto, el se�or Alfonso Vargas Romero formul� acci�n de tutela contra la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para solicitar la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administraci�n de justicia.

En particular, pidi� al juez de tutela que le ordene a dicha Secretar�a y al Alcalde Mayor de Bogot�: (i) garantizarle el espacio que ya ten�a asignado en la Casa de Justicia de San Crist�bal y que le sean devueltos los equipos de c�mputo, impresoras, fotocopiadoras, archivadores y papeler�a, (ii) dictar un decreto que otorgue incentivos a los jueces de paz por su gran labor comunitaria y (iii) brindar capacitaci�n permanente a nivel local, nacional e internacional sobre justicia alternativa comunitaria para los jueces de paz.[6]

II. ACTUACI�N PROCESAL

Mediante auto del 12 de diciembre de 2017, el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogot� admiti� la presente acci�n de tutela y orden� notificar a la Alcald�a Mayor de Bogot�, a la Secretar�a Distrital de Gobierno y a la Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot� para que se pronunciaran sobre la cuesti�n objeto de debate[7].

A. Respuesta de las entidades

La Secretar�a Distrital de Gobierno de Bogot�[8] solicit� su desvinculaci�n de la acci�n de tutela, puesto que no incurri� en vulneraci�n o amenaza de los derechos fundamentales del accionante. Precis� que de conformidad con los hechos narrados por �l, la entidad con injerencia directa en el asunto es la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

La Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[9] dio respuesta a la acci�n de tutela, mediante escrito en el que expres� su disentimiento respecto de la pretensi�n de la acci�n de tutela, pues en ning�n momento se adjudic� al Juez de Paz, Alfonso Vargas Romero, una oficina espec�fica en la Casa de Justicia de San Crist�bal, dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de los dem�s Jueces de Paz que se adhieran a la L�nea de Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria. En ese sentido, la Secretar�a accionada se�al� que el Juez Vargas Romero no fue desalojado de las instalaciones de la Casa de Justicia de San Crist�bal.

Adem�s, precis� que de conformidad con el Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se reglamenta la Jurisdicci�n de Paz, las entidades competentes de la consecuci�n de espacios f�sicos adecuados y del suministro de apoyo tecnol�gico para el ejercicio de las funciones a cargo de los Jueces de Paz, corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot� y a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial^[10].

B. Sentencia de primera instancia[11]

Mediante fallo emitido el 23 de enero de 2018, el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogot� neg� el amparo al considerar que el accionante deb�a acudir ante el Consejo Superior de la Judicatura para obtener la adecuaci�n de un espacio f�sico que le permitiera ejercer su labor como Juez de Paz.

C. Impugnaci�n[12]

Inconforme con la decisi�n adoptada, el accionante impugn� la respectiva sentencia. Reiter� que requiere de garant�as m�nimas para ejercer su labor como juez de paz, mediante las cuales se proteja su derecho fundamental de acceso al ejercicio de administrar justicia.

D. Sentencia de segunda instancia[13]

El Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot� mediante sentencia del 28 de febrero de 2018, confirm� el fallo recurrido. El ad quem sustent� su determinaci�n en que, a su juicio, la acci�n de tutela de la referencia no cumpli� el requisito de subsidiariedad, pues el accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante el Consejo Superior de la Judicatura en procura de obtener una soluci�n a sus necesidades.

E. Actuaciones en sede de revisi�n

1. Mediante Auto proferido el 12 de julio de 2018[14], la Magistrada sustanciadora  vincul� al presente proceso al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�  y a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial -General y Seccional Bogot�-, con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos de la tutela. Lo anterior, conforme al Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, seg�n el cual, estas son las autoridades p�blicas encargadas de atender las necesidades de la Jurisdicci�n de Paz^[15].

Adem�s, vincul� al Ministerio de Justicia y del Derecho, dado que es la autoridad p�blica encargada de fijar los lineamientos generales del Programa Nacional de Casas de Justicia^[16]. Asimismo, ofici� a la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot� y al se�or Alfonso Vargas Romero, para que aportaran informaci�n adicional relacionada con los hechos de la acci�n de tutela.

2. A trav�s de oficio del 27 de julio de 2018[17], la Secretar�a General de esta Corporaci�n remiti� al despacho de la Magistrada sustanciadora los informes recibidos, entre los cuales se destacan los siguientes:

3. El Consejo Superior de la Judicatura �nicamente intervino para solicitar su desvinculaci�n de la acci�n de tutela, al estimar que la consecuci�n de espacios f�sicos y equipos tecnol�gicos para los Jueces de Paz corresponde a los Consejos Seccionales de la Judicatura y a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial[18].

4. De igual manera, la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial solicit� su desvinculaci�n de la acci�n de tutela, al considerar que lo solicitado por el accionante, corresponde a las funciones propias de la Direcci�n Ejecutiva Seccional de Administraci�n Judicial de Bogot�[19].

5. La Direcci�n Ejecutiva Seccional de Administraci�n Judicial de Bogot�, indic� que en la actualidad no cuenta con la infraestructura que permita la ubicaci�n de los Jueces de Paz en las diferentes localidades, pero resalt� que dicha tarea puede realizarse con el apoyo de la Alcald�a Mayor de Bogot�, pues �sta cuenta con diferentes entidades en todas las localidades que pueden prestar colaboraci�n para tal fin[20].

6. La Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot� reiter� que de conformidad con el Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008, la administraci�n y la consecuci�n de espacios f�sicos y apoyo tecnol�gico para los Jueces de Paz, es competencia de los respectivos Consejos Seccionales de la Judicatura, as� como de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administraci�n Judicial. No obstante lo anterior, precis� que dicha Secretar�a ha coadyuvado con insumos t�cnicos, jur�dicos y log�sticos para mejorar la labor de los Actores de Justicia Comunitaria[21].

6.1. Explic� que desde el 1� de octubre de 2016, la actual Administraci�n Distrital puso en funcionamiento la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot�, cuya creaci�n fue aprobada por el Acuerdo Distrital 637 de 2016[22]. Se�al� que, seg�n el art�culo 2� del referido Acuerdo, el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia tiene la misi�n de liderar, planear y orientar la formulaci�n, adopci�n, ejecuci�n, evaluaci�n y seguimiento de las pol�ticas p�blicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden p�blico, prevenci�n del delito, entre otros.

6.2. Sostuvo que dentro de la estructura org�nica de la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentran la Subsecretar�a de Acceso a la Justicia y la Direcci�n de Acceso a la Justicia; dependencias que tienen a su cargo impulsar y desarrollar los lineamientos y pol�ticas que se relacionan con el acceso a la justicia.

Precis� que la Direcci�n de Acceso a la Justicia ejerce la coordinaci�n de los actores de justicia formal, no formal y comunitaria, dentro de los que se encuentran los Jueces de Paz. Lo anterior, de conformidad con las competencias establecidas en el art�culo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016[23], que dispone  lo siguiente:  

�Art�culo 18�.- Direcci�n de Acceso a la Justicia. Son funciones de la Direcci�n de Acceso a la Justicia:

a. Gestionar la articulaci�n con organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia y la prevenci�n de conflictos en el Distrito Capital.

 b. Dise�ar e implementar pol�ticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de Justicia y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria.

c. Implementar las pol�ticas y desarrollar acciones concretas para el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos en el marco de la justicia formal, no formal y comunitaria.

d. Coordinar la implementaci�n y mantenimiento de modelos de justicia comunitaria para el fortalecimiento del acceso a la justicia.

e. Asistir t�cnicamente a las Alcald�as Locales en la formulaci�n y adopci�n de planes, programas y proyectos de acceso a la justicia, promoci�n de la convivencia y prevenci�n de conflictos.

f. Dise�ar e implementar acciones sectoriales relacionadas con el acceso a la justicia y la resoluci�n pac�fica de conflictos.

g. Identificar las adecuaciones necesarias, as� como la construcci�n de nuevos equipamientos de Justicia, de acuerdo con las necesidades, conflictividades, cobertura y fines del Sistema Distrital de Justicia, orientando a la Direcci�n T�cnica de la Subsecretar�a de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas en el proceso de adquisici�n y/o adecuaci�n de los equipamientos.

h. Estudiar los proyectos presentados por las autoridades de justicia en los que se identifiquen las necesidades para la adquisici�n de bienes, servicios y contrataci�n de obras para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar concepto t�cnico favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de Desarrollo Distrital y las pol�ticas relacionadas.�

Con base en la transcripci�n literal del art�culo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016, la Secretar�a accionada destac� que su relaci�n con los Jueces de Paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y promotores de Convivencia del Distrito Capital, en calidad de Actores de Justicia Comunitaria de Bogot�, es de acompa�amiento y articulaci�n para el fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de su labor, a trav�s del dise�o e implementaci�n de pol�ticas y modelo de gesti�n. En esa medida, aclar� que los Jueces de Paz no tienen v�nculo laboral ni contractual con dicha Secretar�a.

Adujo que en cumplimiento de las funciones encomendadas por el art�culo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016, la Direcci�n de Acceso a la Justicia ha implementado un modelo de acompa�amiento a los Actores de Justicia Comunitaria (Jueces de Paz, Conciliadores en Equidad, Mediadores Comunitarios y Promotores de Convivencia), a trav�s de la L�nea de Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resoluci�n Pac�fica de Conflictos, la cual se expidi� en noviembre de 2017 y surgi� como consecuencia de un diagn�stico distrital sobre la din�mica de justicia comunitaria, que en t�rminos generales encontr�: (i) la ausencia de articulaci�n entre las figuras de justicia comunitaria y otros operadores de justicia, (ii) la deserci�n de los actores de justicia comunitaria, (iii) la debilidad en las estrategias de difusi�n de los mecanismos de justicia comunitaria, y (iv) la ausencia de mecanismos y sistemas eficaces de monitoreo, evaluaci�n y seguimiento a la labor de los actores de justicia comunitaria.

6.3. A continuaci�n se sintetizan los objetivos y avances destacados por la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en relaci�n con la L�nea de Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resoluci�n Pac�fica de Conflictos[24]:

(i)                Objetivo 1: Desarrollar espacios de articulaci�n interinstitucional con las entidades con competencias en la formulaci�n y gesti�n de la pol�tica p�blica asociada a la Justicia Comunitaria.

-Dise�o e implementaci�n de la metodolog�a para la elecci�n de representantes de conciliadores en equidad y Jueces de Paz de cada localidad, para su participaci�n en los espacios de articulaci�n liderados por la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

-Promoci�n de la firma del Acuerdo por la Justicia Comunitaria, por parte de las entidades competentes a nivel distrital y nacional para el buen funcionamiento de los Actores de Justicia. Este acuerdo fue firmado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura y la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el foro de justicia comunitaria �Di�logos y Debates sobre la Justicia Comunitaria en el Distrito�, realizado el 8 de marzo de 2018.  En el Acuerdo por la Justicia Comunitaria se asumieron los siguientes compromisos:

La Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia como entidad distrital encargada de liderar y orientar la pol�tica p�blica de acceso a la justicia en Bogot�, se comprometi� a generar espacios de construcci�n participativa para fortalecer la labor de los Actores de Justicia Comunitaria.

El Ministerio de Justicia y del Derecho se comprometi� a coordinar con la Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia y los Actores de Justicia Comunitaria, la implementaci�n de lineamientos y espacios para el aprovechamiento de los recursos t�cnicos, jur�dicos y comunitarios, con el fin de fortalecer la conciliaci�n en equidad, la mediaci�n y la promoci�n de los mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos en las localidades del Distrito Capital. Asimismo, se comprometi� a apoyar al Distrito Capital en la promoci�n de la labor de los conciliadores en equidad para garantizar que la comunidad reconozca su legitimidad.

El Consejo Superior de la Judicatura se comprometi� a capacitar a los Jueces de Paz, a trav�s de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

(ii) Objetivo 2: Fortalecer a los actores de justicia comunitaria en temas jur�dicos, log�sticos metodol�gicos y herramientas de intervenci�n de conflictos, que cualifiquen su prestaci�n de servicios.

-Creaci�n de una Mesa T�cnica, Jur�dica y Psicosocial en noviembre de 2017 con el fin de promover la articulaci�n de la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con los Actores de Justicia Comunitaria para propender por su fortalecimiento, a trav�s de acompa�amiento t�cnico, log�stico y metodol�gico que cualifique la prestaci�n de sus servicios.

-Capacitaci�n dirigida a los actores de justicia comunitaria en el Distrito. Realizaci�n del seminario �Gesti�n Territorial de la Justicia. Herramientas de Justicia para el Sistema Distrital�

-En el segundo semestre de 2017 se suscribi� un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional, con el objetivo de desarrollar e implementar un proceso de capacitaci�n para el fortalecimiento de las habilidades de actores y colaboradores del Sistema de Justicia del Distrito Capital. En la capacitaci�n participaron y se certificaron 73 actores de justicia comunitaria.

-Dise�o de modelo de acompa�amiento psicosocial, emocional y proyectivo para los actores de justicia comunitaria.

-Apertura de nuevos puntos de atenci�n comunitaria en las localidades de Fontib�n, Chapinero, Ciudad Bol�var, Bosa, Usaqu�n, Suba, entre otras. Los puntos de atenci�n comunitaria son espacios gestionados por los Actores de Justicia Comunitaria, con el acompa�amiento de los profesionales del equipo territorial de la Secretar�a Distrital de Seguridad y apoyados por diferentes instituciones. Se encuentran ubicados en las localidades para garantizar su proximidad con la comunidad y as� brindar atenci�n de forma gratuita a personas que se encuentran en situaci�n de conflicto.

-Entrega de elementos de papeler�a y otros insumos log�sticos para los Actores de Justicia Comunitaria en las diferentes localidades, que en el caso de quienes se encuentran en San Crist�bal, se realiz� el 19 de julio de 2018.

(iii) Objetivo 3: Posicionar e incentivar el trabajo de los Actores de Justicia Comunitaria entre los actores de justicia formal, no formal y con la comunidad.

-Realizaci�n del Foro Distrital de Justicia Comunitaria �Di�logos y debates sobre la justicia comunitaria en el Distrito�, con la participaci�n de los Actores de Justicia Comunitaria de todas las localidades (8 de marzo de 2018).

-Proyecci�n de video de reconocimiento a la gesti�n y trayectoria de los Actores de Justicia Comunitaria en las localidades (publicado en redes sociales).

-Realizaci�n de campa�a de reconocimiento y difusi�n de la justicia comunitaria en el sistema de transporte masivo Transmilenio.

-Publicaci�n de mensajes promocionales de reconocimiento a la figura en las redes sociales.

-Dise�o de imagen y producci�n de elementos promocionales para la Justicia Comunitaria.

(iv) Objetivo 4: Desarrollar mecanismos y sistemas eficaces de monitoreo, evaluaci�n y seguimiento para los Actores de Justicia Comunitaria

-De los 168 Actores de Justicia Comunitaria adheridos a la l�nea de fortalecimiento, 140 han aportado los soportes de que se encuentran activos trabajando por la ciudadan�a. Para el caso de los Jueces de Paz y de reconsideraci�n en Bogot�, 24 han firmado el documento y 12 han entregado  los soportes que ponen en evidencia su rol activo en la comunidad. En particular, en la Localidad de San Crist�bal se han adherido cuatro Jueces de Paz.

-Georreferenciaci�n de la oferta de justicia comunitaria en las localidades: existen 62 Puntos de Atenci�n Comunitaria en Bogot�, de los cuales 10 se encuentran en la Localidad de San Crist�bal.

-Desarrollo del Sistema de Informaci�n de Justicia Comunitaria SIJUSCO, el cual facilitar� la toma de decisiones de pol�tica p�blica para el fortalecimiento de la justicia comunitaria. (Entrar� en funcionamiento en agosto de 2018).

6.4. Por otra parte, la Secretar�a accionada se�al� que en relaci�n con la gesti�n de espacios para los Actores de Justicia Comunitaria dentro de la L�nea de Fortalecimiento, se establecieron los siguientes compromisos:

-         Compromisos de la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia: Se considera ideal que los conciliadores en equidad, Jueces de Paz, mediadores comunitarios y promotores de convivencia realicen sus actividades en los respectivos puntos de atenci�n comunitaria �PAC-, con el fin de mantener su v�nculo con las comunidades locales. De �estar dentro de las capacidades de la Secretar�a se gestionar� para los Jueces de Paz y conciliadores en equidad, la consecuci�n de espacios f�sicos adecuados para el ejercicio de su actividad, como en las casas de justicia, seg�n la capacidad y disponibilidad de cada una. Para este caso, la Direcci�n de Acceso a la Justicia, a trav�s de quien �sta delegue, establecer� los turnos de conformidad con la disponibilidad de tiempo de los conciliadores en equidad y Jueces de Paz, seg�n la agenda que se presente mensualmente, entendiendo que los actores de justicia comunitaria no realizan su actividad de voluntariado de manera permanente. Los Actores de Justicia Comunitaria que tengan un espacio en casas de justicia podr�n usar las fotocopiadoras y esc�neres de este equipamiento, para documentos asociados al ejercicio de su actividad.�[25]

-         Compromisos de los Conciliadores en Equidad y Jueces de Paz: �Los conciliadores en equidad y Jueces de Paz ubicados en las casas de justicia deber�n cumplir con la atenci�n puntual, seg�n lo agendado con la persona designada. Si alguno de los actores de justicia comunitaria que se encuentra ubicado en la casa de justicia no puede asistir a la audiencia de conciliaci�n programada, deber� informar con anticipaci�n, m�nimo tres d�as h�biles al profesional universitario de la unidad de mediaci�n y conciliaci�n quien ser� el encargado de realizar la respectiva reprogramaci�n o coordinar con otro actor de justicia. Tres ausencias sin justificaci�n y previo aviso dar�n lugar a que se ceda el espacio a otro actor voluntario que lo requiera. Igualmente, los Conciliadores en Equidad, Jueces de Paz y mediadores comunitarios que atiendan en los PAC deber�n cumplir con la programaci�n agendada, con la ausencia en los puntos de atenci�n sin justificaci�n y previo aviso al equipo de la unidad de mediaci�n y conciliaci�n durante tres programaciones, la Secretar�a podr� citar al respectivo actor para que se acuerden acciones de acompa�amiento y de mejora en la atenci�n.�

6.5. Con fundamento en los anteriores compromisos, la Secretar�a accionada indic� que, un aspecto que privilegia el modelo de articulaci�n de los actores de justicia comunitaria, entre ellos los Jueces de Paz, es que puedan desarrollar su actividad ubicados en el punto m�s cercano a la comunidad, lo cual no necesariamente se logra al interior de una casa de justicia. En consecuencia, explic� que un criterio b�sico para brindarles un espacio de atenci�n en las casas de justicia, es que no tengan la posibilidad de desarrollar su actividad en un Punto de Atenci�n Comunitaria. Asimismo, sostuvo que en las Casas de Justicia no se asignan oficinas exclusivas durante todo el d�a para un solo conciliador o juez de paz. No obstante, precis� que s� existe privacidad para atender a los usuarios en el horario que los Actores de Justicia Comunitaria lo soliciten.

6.6. Destac� que en la localidad de San Crist�bal seg�n el acta de posesi�n para el periodo 2015-2020, desarrollan su actividad los siguientes Jueces de Paz: Luis Alejandro Motta, Jos� Luis Roncancio Rodr�guez, Gessy Mustaf� Rodr�guez y Alfonso Vargas Romero (accionante). Aclar� que dichas personas no ostentan la calidad de funcionarios p�blicos y ejercen su actividad de manera gratuita.

6.7. En relaci�n con los lugares donde el Juez de Paz Alfonso Vargas Romero ejerce sus labores, se�al� que en la actualidad tiene tres espacios asignados para la atenci�n de sus casos, entre ellos, la Casa de Justicia de San Crist�bal:

7. El Ministerio de Justicia y del Derecho resalt� que de conformidad con los art�culos 247 de la Constituci�n Pol�tica y 11 de la Ley 270 de 1996, la Justicia de Paz es una jurisdicci�n especial que hace parte de la Rama Judicial y, en tal virtud, el art�culo 20 de la Ley 497 de 1999 le ordena al Consejo Superior de la Judicatura incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para su financiaci�n. De all� que, la operatividad de dicha Jurisdicci�n se encuentre sometida a las disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura.

Asimismo, advirti� que de acuerdo con el art�culo 19 de la Ley 497 de 1999, los Jueces de Paz no tienen remuneraci�n alguna y el desempe�o de sus funciones es compatible con otros cargos p�blicos. Lo anterior, en la medida en que al no ser remunerada la labor del juez de paz, es  necesario que �l obtenga los recursos para su sustento de otras actividades o de su labor como empleado p�blico o privado.

De otra parte, explic� que el Ministerio de Justicia y del Derecho a trav�s del Viceministerio de Promoci�n de la Justicia, orienta mediante el trabajo de la Direcci�n de M�todos Alternativos de Soluci�n de Conflictos, el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, el cual se desarrolla en conjunto con los distritos y municipios, como en el caso de Bogot�, donde operan nueve casas de justicia, entre ellas la ubicada en la Localidad de San Crist�bal.

Agreg� que la funci�n misional de la Direcci�n de M�todos Alternativos de Soluci�n de Conflictos es apoyar y contribuir al desarrollo del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana que busca facilitar el acceso a la justicia y la construcci�n de la convivencia ciudadana en zonas marginales de las grandes ciudades o en zonas rurales, donde se registra un alto �ndice de conflictividad y criminalidad.

Aclar� que pese a que la Direcci�n de M�todos Alternativos de Soluci�n de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho es la responsable de brindar la asesor�a t�cnica en el territorio nacional en la implementaci�n y operaci�n del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, son las respectivas alcald�as  las responsables de la operaci�n de las mismas, como es el caso de la Alcald�a Mayor de Bogot�, a trav�s de la Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Explic� que las Casas de Justicia hacen parte de un Programa Nacional, de car�cter interinstitucional e interdisciplinario, en el que diferentes entidades se articulan misionalmente para contribuir a garantizarles a las comunidades el acceso a la justicia. Sin embargo, advirti� que �no es un derecho cierto de los Jueces de Paz que su voluntariado se deba realizar en las instalaciones de las Casas de Justicia�, pues de conformidad con el Decreto 1069 de 2015 -�nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, las entidades territoriales con observancia de criterios de pertinencia, compromiso y responsabilidades misionales necesarias, tienen la potestad de determinar qu� entidades podr�n ser part�cipes del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana^[26].

8. El se�or Alfonso Vargas Romero mencion� que los Jueces de Paz ejercen sus labores en lamentables condiciones y que las autoridades p�blicas tienden a invisibilizar la falta de apoyo institucional en el que se encuentran. Por otra parte, denunci� que, por su labor como Juez de Paz de la Localidad de San Crist�bal ha recibido amenazas de actores armados desmovilizados. Para probar lo anterior, adjunt� copia de los panfletos amenazantes que recibi�[27].

8.1. Posteriormente, el accionante envi� un nuevo escrito a esta Corporaci�n, mediante el cual resalt� que la Jurisdicci�n de Paz, durante su per�odo de actividad, no ha percibido financiamiento alguno por parte del Consejo Superior de la Judicatura para garantizar su eficaz funcionamiento. En consecuencia, los Jueces de Paz han tenido que sufragar de sus propios recursos los implementos para la prestaci�n de sus servicios.  

Asimismo, se�al� que si bien han recibido programas de capacitaci�n y formaci�n a trav�s de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, estos han sido insuficientes, pues no son permanentes y se han vuelto repetitivos y poco constructivos.

Por otra parte, el accionante resalt� que no existe colaboraci�n arm�nica entre el Consejo Superior de la judicatura y las entidades locales de Bogot� para lograr el adecuado funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz. De igual forma, precis� que en reiteradas ocasiones los Jueces de Paz han elevado peticiones al Consejo Superior de la Judicatura para que cumpla con sus funciones constitucionales y legales, pero no ha obtenido respuesta.  

9. Efectuado el traslado de pruebas de rigor (inciso 1� del art�culo 64 del Acuerdo 02 de 2015[28]), la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot� precis� lo siguiente:

�Las relaciones de esta Secretar�a con los Jueces de Paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y promotores de convivencia del Distrito Capital, en calidad de Actores de Justicia Comunitaria de Bogot�, son de acompa�amiento y articulaci�n para el fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de su labor, a trav�s del dise�o e implementaci�n de pol�ticas, pero no existe una atribuci�n legal que haga responsable a esta entidad de gestionar espacios para el ejercicio de la Jurisdicci�n de Paz, lo cual nos lleva a concluir que esta Secretaria puede apoyar la gesti�n del Consejo Seccional de la Judicatura, en cumplimiento de los principios de coordinaci�n y articulaci�n.�

De conformidad con lo anterior, se�al� que no es acertado concluir que, como la Subsecretar�a de Acceso a la Justicia y la Direcci�n de Acceso a la Justicia tienen funciones relacionadas con el fortalecimiento de la justicia comunitaria en el Distrito Capital, estas se traducen en una obligaci�n de consecuci�n de espacios y equipos tecnol�gicos, porque ello conllevar�a a asumir una competencia de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Adem�s, consider� que en aplicaci�n del principio de legalidad de las competencias, ser�a igualmente err�neo considerar que las mismas atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura en relaci�n con la Jurisdicci�n de Paz, est�n asignadas autom�ticamente a las entidades territoriales, puesto que tales competencias deben ser asumidas en el nivel local por los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Por �ltimo, reiter� que aun cuando no existe la obligaci�n de brindar un espacio f�sico a los Jueces de Paz en la casas de justicia, el accionante desarrolla sus actividades en la Casa de Justicia de San Crist�bal en el horario se�alado y en los Puntos de Atenci�n Comunitaria de dicha localidad[29].

10. Mediante Auto proferido el 3 de agosto de 2018[30], la Magistrada sustanciadora (i) ofici� a las entidades accionadas y vinculadas en el presente asunto para que precisaran aspectos relacionados con el presupuesto existente para financiar la Jurisdicci�n de Paz. Adem�s, (ii) compuls� copias de la denuncia presentada por el se�or Alfonso Vargas Romero con destino a la Direcci�n de Protecci�n y Servicios Especiales de la Polic�a Nacional. Por �ltimo, (iii) de acuerdo con lo preceptuado en el art�culo 64 del Acuerdo 01 de 30 de abril de 2015[31], suspendi� los t�rminos para fallar el presente asunto, mientras se recaudaba y analizaba la informaci�n solicitada.

11. A trav�s de oficio del 21 de agosto de 2018[32], la Secretar�a General de esta Corporaci�n remiti� al despacho de la Magistrada sustanciadora los informes recibidos, entre los cuales se destacan los siguientes:

12. La Direcci�n Ejecutiva Seccional Bogot� de Administraci�n Judicial precis� que los Jueces de Paz son electos por per�odos de cinco a�os y el actual corresponde a los a�os 2015-2020. Se�al� que de conformidad con el Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008, le corresponde adelantar el proceso de cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz en la ciudad de Bogot�. Al respecto, explic� que la cuantificaci�n de dicha partida es realizada con base en la informaci�n aportada por los Jueces de Paz y Reconsideraci�n, quienes deben diligenciar el formato de necesidades b�sicas de bienes y servicios insatisfechos, dise�ado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�[33].

Sin embargo, manifest� que no ha sido posible elaborar la cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz, pues desde la entrada en vigencia del Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008, los Jueces de Paz y Reconsideraci�n no han allegado el formato de necesidades a dicha Direcci�n. Indic� que a la fecha s�lo se han entregado seis formatos de necesidades con los cuales no es posible realizar un estudio que permita la cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz.[34].

13. El Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la informaci�n brindada por la Unidad de Planeaci�n de la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, se�al� que se han incluido recursos para la Jurisdicci�n de Paz, �nicamente en el anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial, de la siguiente forma:

Adicionalmente, adjunt� copia de los anteproyectos de presupuesto de la Rama Judicial y en lo relacionado con la destinaci�n de recursos para la Jurisdicci�n de Paz en las vigencia 2018 se indica lo siguiente: �En lo que respecta a los Jueces de Paz la Ley 497/99, establece que el Consejo Superior de la Judicatura, est� en la obligaci�n de incluir partidas para la financiaci�n de la Justicia de Paz dentro del proyecto de presupuesto de la Rama. Igualmente es responsable de proveer capacitaci�n permanente a los Jueces de Paz a trav�s de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y deber� implementar un Programa de Seguimiento, Mejoramiento y Control de esta misma jurisdicci�n. En tal sentido, se proyectan recursos en adquisici�n de bienes y servicios por la suma de $3.130 millones, para dotaci�n de un kit con computador, impresora, muebles, enseres y papeler�a para los 213 Jueces de Paz reportados al inicio de la Vigencia 2017.�

Asimismo, destac� que se han ejecutado recursos para la capacitaci�n de funcionarios y empleados de rama judicial, Jueces de Paz, autoridades ind�genas que administran justicia y abogados/as litigantes y auxiliares de la justicia de la siguiente manera:

A su vez, adjunt� las p�lizas de vida de las vigencias comprendidas entre 2008 y 2018 para los Jueces de Paz, de conformidad con el art�culo d�cimo quinto del Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008, el cual establece que �todo Juez de Paz y de Reconsideraci�n, una vez posesionado, deber� diligenciar el formulario de designaci�n de beneficiarios que le suministre la Direcci�n Ejecutiva Seccional de Administraci�n Judicial, a efectos de ser incluido en la P�liza de Vida Grupo Ley 16 de 1988 contratada por la Naci�n � Consejo Superior de la Judicatura.�

Por otra parte, reiter� lo manifestado por la Direcci�n Ejecutiva Seccional Bogot� de Administraci�n Judicial, en cuanto a que no ha sido posible realizar un estudio que permita la cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz, porque los Jueces de Paz no han presentado el formato de necesidades b�sicas de bienes y servicios insatisfechos^[35].

14. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot� sostuvo que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 497 de 1999 y los Acuerdos PSAA08-4977 y 5300 de 2008 estableci� el �COMIT� SECCIONAL DE LA JURISDICCI�N ESPECIAL DE PAZ�, para efectos de cumplir con el seguimiento, mejoramiento y control de la labor realizada por los 83 Jueces de Paz que actualmente desarrollan sus actividades en la ciudad de Bogot�.

Resalt� que del Comit� referido han surgido iniciativas para dar capacitaciones a los Jueces de Paz, como por ejemplo, la llevada a cabo el 14 de julio de 2017 denominada �Conversatorio de Control Disciplinario para Jueces de Paz�, la cual pretendi� enfocarse en las reales y actuales problem�ticas de los Jueces de Paz y en contextualizarlos en relaci�n con lo que les es permitido efectuar desde su rol.

Asimismo, indic� que el 9 de marzo del presente a�o se realiz� el Foro Distrital de Justicia Comunitaria �Di�logos y Debates sobre la Justicia Comunitaria en el Distrito�, cuyo objetivo principal fue promover un encuentro entre las entidades vinculadas al funcionamiento de la justicia comunitaria en el Distrito de Bogot�.

14.1. Por otra parte, precis� que dicha Seccional cuenta con una base de datos de los ciudadanos que ejercen como Jueces de Paz o Reconsideraci�n en la ciudad de Bogot�, la cual ha sido depurada con el apoyo de  la Alcald�a Mayor de Bogot�, la Unidad de Registro Nacional de Abogados, encargada de la carnetizaci�n, el Centro de Documentaci�n Judicial de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria o Comisi�n de Disciplina (Seccional y Superior), encargada de sancionar a los jueces.

14.2. Respecto a la funci�n se�alada en el art�culo 2� del Acuerdo PSAA08-4977 de 2008, relacionada con la consolidaci�n de la informaci�n de los formatos de necesidades que deben llenar los Jueces de Paz para remitirlos al Director Ejecutivo de la seccional Bogot�, mencion� que los Jueces de Paz no encuentran �til diligenciar dichos formularios, pues dicha jurisdicci�n nunca recibe presupuesto y ni siquiera les entregan un kit de inicio con lapiceros, l�pices, grapadoras, resmas de papel, una memoria USB, entre otros elementos. Al respecto, de manera textual la Seccional expuso lo siguiente:

�� al no obtener resultados tangibles, como la entrega de un Kit de Inicio con lapiceros, l�pices, grapadoras, resmas de papel, una memoria USB, etc, los Jueces de Paz y Reconsideraci�n no encuentran �til ni necesario diligenciar, en este caso el formulario de necesidades, pues ha sido costumbre que no exista presupuesto para dicha Especial Jurisdicci�n.�

14.3. Con relaci�n a la funci�n de recibir y consolidar los informes de gesti�n de los Jueces de Paz, tambi�n se�alada en el Acuerdo referido, indic� que mediante circular CSJBT018-2673 del 24 de abril de 2018, esa Seccional dio a conocer a los Jueces de Paz del Distrito Judicial de Bogot�, el enlace de la p�gina web de la Rama Judicial donde pueden descargar el formulario estad�stico para que diligencien la informaci�n y puedan consolidarse los respectivos informes de gesti�n.

14.4. En cuanto a la funci�n de formalizaci�n de los archivos de los Jueces de Paz (actas y sentencias), destac� que en la ciudad de Bogot� se pretende la creaci�n de un cronograma de digitalizaci�n de archivos para tener una mayor cercan�a con los Jueces de Paz y replicar sus experiencias positivas.

14.5. De otro lado, inform� que en el primer semestre del a�o en curso requiri� a la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y de Justicia a fin de que se implementaran espacios en las juntas de acci�n comunal o en las casas de justicia y se pudiese brindar la atenci�n requerida por los usuarios de justicia comunitaria. Destac� que, en respuesta a dicho requerimiento, la Secretar�a inform� que los Jueces de Paz adscritos al Distrito de Bogot� prestan sus servicios en los puntos de atenci�n comunitarios ubicados en las Juntas de Acci�n Comunal, Parroquias, Casas del Deporte y Casas de Justicia, y que se tiene como meta para el a�o 2018 gestionar la apertura de nuevos puntos y hacer acompa�amiento para los actores de justicia comunitaria presentes en dichos equipamientos. En esa medida, resalt� la labor de la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, pues se ha mostrado dispuesta a brindar �los anhelados espacios en casas de justicia para que los mencionados Jueces de Paz presten sus servicios en un ambiente m�s confiable para la comunidad.�

14.6. Para terminar, reconoci� que �las carencias de los Jueces de Paz son muchas� y que es necesario que el Comit� Seccional de la Jurisdicci�n de Paz se convierta en una din�mica de interacci�n con los Jueces de Paz, el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades locales[36].    

15. La Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a trav�s de la Subsecretar�a de Acceso a la Justicia, sostuvo que en el marco del plan de desarrollo 2016-2020 �Bogot� Mejor para Todos�, dicha entidad tiene como meta estrat�gica �la consolidaci�n y puesta en marcha  del Sistema Distrital de Justicia , a trav�s del cual se busca la implementaci�n de rutas y protocolos de acceso efectivo a la justicia, con servicios e infraestructura de calidad que promuevan la garant�a de los derechos de los ciudadanos.�

En esa medida, la Secretar�a reiter� que se est� dise�ando un modelo de acompa�amiento para los actores de justicia comunitaria del orden distrital y local, el cual tiene por objeto establecer la hoja de ruta de la pol�tica p�blica para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria y de resoluci�n pac�fica de conflictos.

Agreg� que, en cumplimiento de la L�nea de Fortalecimiento para la vigencia 2017, se firm� un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo fue desarrollar e implementar un proceso de capacitaci�n para el fortalecimiento de las habilidades de actores y colaboradores del sistema de justicia del Distrito Capital, que cont� con la participaci�n de los Jueces de Paz y tuvo un costo de $112.870.029.

Adicionalmente, adujo que la Secretar�a est� trabajando en el dise�o e implementaci�n de un m�dulo del sistema de informaci�n para justicia comunitaria, denominado SIDIJUSCO, en el cual se invirti� un total de $28.080.000 para la vigencia 2018 y tienen como objetivo: �(i) registrar la atenci�n de conflictos realizada por los actores de justicia comunitaria; (ii) hacer seguimiento a  la agenda de atenci�n de los AJC adscritos a la l�nea, por parte de los profesionales de la unidad de mediaci�n y conciliaci�n; (iii) emitir citaciones para audiencias de mediaci�n comunitaria y justicia en equidad; (iv) generar el reporte de cada conciliaci�n  y mediaci�n comunitaria; (v) permitir administrar la informaci�n de los puntos de atenci�n comunitaria y los actores de justicia comunitaria.�

Para terminar, se�al� que este a�o se pretende contratar un proceso de formaci�n por valor de $230.000.000 para actores de justicia comunitaria, en el que, a partir del an�lisis y el diagn�stico de sus necesidades, se plantearon los siguientes componentes para el refuerzo pedag�gico:

-         Argumentaci�n y l�gica.

-         Aplicaci�n pr�ctica del principio de equidad como fuente de derecho.

-         T�cnicas de redacci�n y diligenciamiento de formatos aplicables en la justicia comunitaria.

-         Herramientas jur�dicas para el abordaje de los conflictos.

-         Programa de atenci�n psicosocial a la justicia comunitaria (manejo del estr�s, pausas activas, ejercicios de promoci�n de convivencia, atenci�n al usuario, t�cnicas de comunicaci�n, liderazgo y autocuidado)[37].

16. La Unidad Nacional de Protecci�n indic� que el caso del accionante ser� llevado ante el Comit� de Evaluaci�n de Riesgo y Recomendaci�n de Medidas -CERREM-, en el cual se validar� el riesgo y se recomendar� al Director General de la UNP, de resultar necesario, la adopci�n de medidas de protecci�n, conforme a la ponderaci�n del nivel de riesgo[38].

17. Mediante oficio del 27 de agosto de 2018, la Secretar�a General de esta Corporaci�n inform� que dentro del t�rmino de traslado, s�lo se acerc� para tener conocimiento de las pruebas puestas a disposici�n la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. No obstante, mediante comunicaci�n del 30 de agosto siguiente, dicha entidad manifest� que no se pronunciar�a respecto de los oficios recibidos durante el traslado[39].

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

1.- Esta Sala de Revisi�n es competente para examinar las sentencias de tutela proferidas en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 86 y 241, numeral 9� de la Constituci�n y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

Asunto objeto de an�lisis

2.- El se�or Alfonso Vargas Romero interpuso acci�n de tutela contra la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot�, porque considera vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administraci�n de justicia, pues dicha entidad le impidi� ejercer su labor como Juez de Paz en la Casa de Justicia de la Localidad de San Crist�bal. 

En consecuencia, pidi� al juez de tutela que le ordene a dicha Secretar�a y al Alcalde Mayor de Bogot� garantizarle el espacio que ya ten�a asignado en la Casa de Justicia de San Crist�bal y que le sean devueltos los equipos de c�mputo, impresoras, fotocopiadoras, archivadores y papeler�a.  

3.- De acuerdo con lo expuesto, y en caso de ser procedente la acci�n de tutela, ser� preciso entrar a analizar el fondo del asunto, el cual plantea las cuestiones que se explican a continuaci�n.

En primer lugar, de los hechos de la tutela la Sala evidencia que la inconformidad del accionante radica principalmente en la vulneraci�n de su derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia, pues la Secretar�a accionada lo despoj� de la oficina y los equipos de c�mputo que ten�a asignados en la Casa de Justicia de la Localidad de San Crist�bal para ejercer su labor como Juez de Paz.

Por su parte, la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia indic� que nunca le ha asignado una oficina exclusiva al accionante en la Casa de Justicia de San Crist�bal, dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de los dem�s Jueces de Paz que se adhieran a la L�nea de Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria. Adem�s, precis� que los Jueces de Paz que ejercen su labor en dicha Casa de Justicia pueden utilizar los implementos tecnol�gicos que all� se encuentran.

Ello conlleva a plantear el siguiente problema: �Existe una afectaci�n del derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia del Juez de Paz Alfonso Vargas Romero, ante la falta de asignaci�n de una oficina exclusiva en la Casa de Justicia de San Crist�bal?

En segundo lugar, las pruebas recaudadas en sede de revisi�n ponen en evidencia fallas estructurales en el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz, que superan el reclamo individual del accionante y llevan a la Sala a considerar dicho asunto en el an�lisis del caso concreto.

4.- Para resolver lo planteado, la Sala adoptar� la siguiente metodolog�a. Primero, har� una breve exposici�n sobre la procedencia de la acci�n de tutela en el caso que se analiza; segundo, se pronunciar� sobre el derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia; tercero, se referir� a las normas constitucionales y legales que reglamentan el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz; cuarto, har� menci�n al Programa Nacional de Casas de Justicia; y quinto, resolver� el caso concreto.

Examen de procedencia general de la tutela

- Legitimaci�n activa

5.-  El art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica establece que la acci�n de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protecci�n inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, el se�or Alfonso Vargas Romero act�a en defensa de sus derechos fundamentales e intereses, raz�n por la cual se encuentra legitimado para intervenir en esta causa.

-Legitimaci�n pasiva

6.- De conformidad con el art�culo 5� del Decreto 2591 de 1991^[40], �la acci�n de tutela procede contra toda acci�n u omisi�n de las autoridades p�blicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el art�culo 2 de esta ley�. En este orden de ideas, las autoridades accionadas y vinculadas oficiosamente est�n legitimadas como parte pasiva en el proceso de tutela, al atribu�rseles en su condici�n de entidades p�blicas, las competencias relacionadas con el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz, de cuya acci�n u omisi�n se deriva la afectaci�n del derecho fundamental que se reclama.  

-Inmediatez

7.- La procedibilidad de la tutela est�, igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. �ste exige que la acci�n sea interpuesta de manera oportuna en relaci�n con el acto que gener� la presunta vulneraci�n de los derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su raz�n de ser en la tensi�n existente entre el derecho constitucional a ejercer este mecanismo �en todo momento� y el deber de respetar la configuraci�n de la acci�n como un medio de protecci�n �inmediata� de las garant�as fundamentales. Es decir, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposici�n oportuna.

Para verificar el cumplimiento del principio de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violaci�n o amenaza y la interposici�n de la tutela, es razonable. En el caso concreto, de acuerdo con el escrito de tutela, la presunta vulneraci�n del derecho se gener� en octubre de 2017, cuando seg�n el accionante, fue despojado de su oficina y de los equipos de c�mputo e impresoras que ten�a asignados, y la acci�n de tutela se interpuso el 11 de diciembre siguiente, es decir, dos meses despu�s, lo que demuestra que en este caso se cumple con el requisito de inmediatez, pues la tutela se present� en un t�rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin� la vulneraci�n alegada.

-Subsidiariedad

8.- De manera reiterada, la Corte ha reconocido que la acci�n de tutela conforme al art�culo 86 de la Carta, es un mecanismo de protecci�n de car�cter residual y subsidiario, que puede ser utilizado ante la vulneraci�n o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio id�neo y eficaz para la protecci�n de los derechos invocados, o cuando al existir otros medios de defensa judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

9.- En el caso objeto de estudio, los jueces de instancia consideraron improcedente la tutela, debido a que el accionante deb�a presentar una solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura para obtener la adecuaci�n de un espacio f�sico que le permitiera ejercer su labor como Juez de Paz. Sobre este particular, la Sala estima que no les asiste la raz�n, toda vez que el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica determina que la tutela ser� improcedente cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial lo cual excluye, en principio, la obligaci�n de agotar tr�mites de car�cter administrativo, como lo es la presentaci�n de una petici�n.

Adem�s, si en gracia de discusi�n, se aceptara que el accionante debi� presentar una solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de obtener apoyo log�stico para el ejercicio de la funci�n de administrar justicia, cabe recordar que �l manifest� que elev� peticiones ante dicha entidad para que cumpliera con sus funciones legales, pero nunca obtuvo respuesta. Esta afirmaci�n no fue controvertida y mucho menos desvirtuada por el Consejo Superior de la Judicatura, aun cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. As�, ser� aplicada la presunci�n de veracidad consagrada en el art�culo 20 del Decreto 2591 de 1991.

10.- Por otra parte, aunque tambi�n podr�a se�alarse que el actor cuenta con la acci�n de cumplimiento para que el Consejo Superior de la Judicatura lleve a cabo la obligaci�n de incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para la financiaci�n de la Justicia de Paz (Art�culo 20 de la Ley 497 de 1999), esta Corporaci�n en Sentencia C-157 de 1998^[41], al estudiar la constitucionalidad del par�grafo del art�culo 9 de la Ley 393 de 1997[42] determin� que:

 �las �rdenes de gasto contenidas en las leyes, por s� mismas, no generan constitucionalmente a cargo del Congreso o de la administraci�n, correlativos deberes de gasto. No puede, en consecuencia, extenderse a este componente de las normas legales, la acci�n de cumplimiento� y concluy� que �en el marco de la acci�n de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en �sta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal dise�ado por el Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan�.

As� pues, en este caso la acci�n de cumplimiento ser�a improcedente, porque la pretensi�n del accionante (espacio e insumos) est� relacionada con la inclusi�n en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial de las partidas necesarias para financiar la justicia de paz.

11.- Verificado el cumplimiento de  los requisitos para la procedencia de la tutela, la Sala pasar� a pronunciarse sobre el derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia.

El derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia

12.- El art�culo 228 de la Constituci�n Pol�tica define la administraci�n de justicia como una funci�n p�blica, e impone a todas las autoridades judiciales la responsabilidad de realizar los prop�sitos que inspiran la Constituci�n en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administraci�n a todos los asociados^[43]. En este orden de ideas, la administraci�n de justicia implica la realizaci�n material de los fines del Estado Social de Derecho, pues a trav�s de esta funci�n p�blica, entre otras, el Estado garantiza un orden pol�tico, econ�mico y social justo, promueve la convivencia pac�fica, vela por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, y asegura la protecci�n de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y dem�s derechos y libertades p�blicas.^[44]

De conformidad con la disposici�n anterior, los art�culos 229 Superior y 2� de la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia^[45] consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la justicia, cuyo contenido ha sido definido por esta Corporaci�n como �la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur�dico y por la debida protecci�n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg�timos, con estricta sujeci�n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant�as sustanciales y procedimentales previstas en las leyes�^[46]

Entonces, aquella prerrogativa de la que gozan las personas de exigir justicia, impone a las autoridades p�blicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio p�blico y derecho sea real y efectivo.

La obligaci�n de respetar implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci�n. De otra parte, la obligaci�n de proteger implica que el Estado debe adoptar medidas para impedir que terceros obstaculicen el acceso a la administraci�n de justicia del titular del derecho. A su vez, la obligaci�n de garantizar involucra el deber del Estado de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo el goce del mismo[47].

Facilitar el derecho a la administraci�n de justicia conlleva la adopci�n de medidas para que todas las personas, sin distinci�n, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso.  Asimismo, ese deber de tomar medidas implica la obligaci�n de remover los obst�culos econ�micos para acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia para toda la poblaci�n[48]. Por su parte, la creaci�n de infraestructura judicial implica la asignaci�n de recursos t�cnicos y la provisi�n de los elementos materiales adecuados en los puestos de trabajo de los operadores de justicia para garantizar un acceso eficiente a la administraci�n de justicia.

13.- Lo anterior, permite concluir que el acceso a la justicia en t�rminos constitucionales es un derecho fundamental en s� mismo y un derecho garant�a. En efecto, la obligaci�n de garant�a respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que tiene el Estado de hacer todo lo que est� a su alcance para el correcto funcionamiento de la administraci�n de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno de la funci�n y la provisi�n de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante labor.  

Entonces, la realizaci�n de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino que se trata de una garant�a que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la eficiente prestaci�n de este servicio p�blico.

14.- Planteada esta faceta de ejercicio del derecho a administrar justicia, pasa la Sala a referirse a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la actividad de los Jueces de Paz.

Marco constitucional y legal de la Jurisdicci�n de Paz

15.- En la Constituci�n Pol�tica de 1991 existen dos importantes instituciones que le dan participaci�n a los particulares en la administraci�n de justicia: la conciliaci�n en equidad y la justicia de paz, previstas en los art�culos 116 y 247 del ordenamiento superior. Se trata de mecanismos que promueven la soluci�n pac�fica de conflictos en el contexto comunitario y que lejos de pretender sustituir a la administraci�n de justicia en manos de las autoridades estatales, son espacios distintos a los despachos judiciales que brindan la posibilidad de que con la participaci�n de particulares se puedan dirimir controversias de manera pac�fica.

16.- Espec�ficamente, el art�culo 247 Superior faculta al Legislador a crear Jueces de Paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios[49]. Esta disposici�n constitucional tard� mucho tiempo en desarrollarse legalmente, pues s�lo fue hasta 1999 con la Ley 497, que el Legislador regul� ampliamente la organizaci�n y funcionamiento de los Jueces de Paz en el pa�s. Previamente, la Ley Estatutaria de Administraci�n de Justicia (Ley 270 de 1996) se refiri� a esta jurisdicci�n, al establecer en su art�culo 11 que los Jueces de Paz forman parte de la rama judicial[50].

17.- Mediante la Ley 497 de 1999 se implementaron los Jueces de Paz y se reglament� su organizaci�n y funcionamiento. En la exposici�n de motivos correspondiente se les visualiz� como constructores de paz y operadores de un mecanismo encaminado a mejorar la administraci�n de justicia en nuestro pa�s^[51]. All� se entendi� que el acceso a la administraci�n de justicia, adem�s de ser un derecho de todos, tambi�n constituye un imperativo pol�tico en cuanto se relaciona con la capacidad de �resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, que abren un horizonte de acciones hacia la realizaci�n de la justicia como clave central de la convivencia ciudadana del nuevo pa�s.� ^[52]

De esta manera, el Legislador entendi� que el papel de los Jueces de Paz no se restringe a ser simples operadores judiciales que apoyan la descongesti�n de los despachos judiciales, sino que se constituyen en facilitadores de procesos de aprendizaje comunitario, donde se construyen de forma participativa ideales de lo justo y se desarrollan habilidades para la resoluci�n pac�fica de conflictos.

18.- En efecto, esta Corporaci�n ha se�alado que la introducci�n de los Jueces de Paz en el ordenamiento constitucional respondi� a la necesidad de descongestionar la rama judicial  y tambi�n al replanteamiento de la relaci�n Estado- Administraci�n de Justicia- Sociedad. En la Sentencia C-103 de 2004[53], sobre el particular se dijo lo siguiente:

�En general, la introducci�n de esta figura al ordenamiento obedeci� no s�lo al imperativo de descongestionar la Rama Judicial para atender con m�s eficacia las necesidades ciudadanas de Administraci�n de Justicia, sino tambi�n a un replanteamiento fundamental de la relaci�n existente entre el Estado -en particular, aunque no exclusivamente, la Administraci�n de Justicia- y la sociedad: tanto desde la perspectiva gen�rica de la consagraci�n del Estado Social de Derecho en tanto f�rmula pol�tica fundamental, como desde el punto de vista espec�fico de la introducci�n de una serie de mecanismos alternativos a la justicia formal para la resoluci�n de los conflictos sociales, fue deseo del constituyente consolidar un modelo nuevo de interacci�n entre la ciudadan�a y el poder p�blico, que �entre otras- fomentara un acercamiento progresivo de los mecanismos formales de promoci�n de la convivencia a las realidades sociales en las que habr�an de operar�. 

19.- Entonces, mediante la figura de los Jueces de Paz, los ciudadanos participan en la funci�n p�blica de administrar justicia a trav�s de la soluci�n pac�fica de conflictos, especialmente de aquellos que si bien pueden aparentar ser de menor entidad, realmente afectan la convivencia cotidiana y pac�fica de toda la comunidad. As� lo ha reconocido esta Corporaci�n, al considerar que �se trata, en �ltimas, de que personas que en principio no cuentan con una formaci�n jur�dica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del derecho. Con todo, valga anotar que se trata de inconvenientes en apariencia peque�os o intranscendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y pac�fica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas luces esencial�^[54].

20.- Incluso, se ha se�alado que la labor de los Jueces de Paz fortalece dos virtudes democr�ticas esenciales para un ciudadano: su autonom�a, pues le ense�a a manejar sus propios problemas, pero tambi�n obliga a la persona a comprender al otro y a expresar consideraci�n por sus intereses y valores, lo cual la vuelve un individuo m�s compasivo, solidario y con capacidad de reconocimiento del valor de las diferencias y del pluralismo[55].

21.- La Ley 497 de 1999 dispone como principal prop�sito de la justicia de paz, la b�squeda de la soluci�n integral y pac�fica de los conflictos comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento por las partes (arts. 1� y 8�), con base en los criterios de justicia propios de la comunidad, de suerte que ser�n decisiones adoptadas en equidad por un miembro de la comunidad en la que se suscit� el conflicto.

Las decisiones son tomadas en equidad, no en derecho, lo cual implica que la soluci�n de un conflicto est� m�s orientada a la recomposici�n de los v�nculos sociales que a la aplicaci�n de una norma jur�dica preexistente. Las decisiones, por ende, deben obedecer a una concepci�n de justicia que sea aceptable en el contexto comunitario espec�fico de que se trate.

Su competencia se restringe a los asuntos que las personas, individualmente consideradas, o la comunidad en su conjunto, sometan a su conocimiento de forma voluntaria y de com�n acuerdo y que versen sobre asuntos susceptibles de transacci�n, conciliaci�n o desistimiento, en cuant�a no superior a los cien salarios m�nimos legales mensuales vigentes (art. 9�). Siempre, a partir de la solicitud que de com�n acuerdo eleven las partes ante el juez de paz, se dar� inicio a una etapa previa de conciliaci�n (autocompositiva) y, en caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes, se suscitar� una etapa posterior que culminar� con la sentencia que adopte el juez de paz (arts. 22 a 29).

Asimismo, la Ley dispone expresamente que esta jurisdicci�n especial se ha de regir por principios como la eficiencia (art. 3�) y la gratuidad (art. 6�), fundantes de la administraci�n de justicia formal, al igual que la oralidad (art. 4�), con el fin de dotarla de una mayor agilidad al funcionar mediante actuaciones verbales. Y, de la misma manera, determina que los Jueces de Paz est�n revestidos de la garant�a de autonom�a e independencia con el �nico l�mite de la Constituci�n (art. 5�).

Uno de los aspectos m�s destacables de la justicia de paz es que los jueces, tanto de paz, como de reconsideraci�n, ser�n elegidos mediante votaci�n popular por los ciudadanos de las comunidades ubicadas en la respectiva circunscripci�n electoral (art. 11). �ste, sin lugar a dudas, es un aut�ntico rasgo distintivo de esta jurisdicci�n especial, pues implica una cercan�a particular entre los miembros de la comunidad y la autoridad comunitaria. La disposici�n que establece este mecanismo de elecci�n de los Jueces de Paz tambi�n estipula que �los candidatos ser�n postulados, ante el respectivo Personero Municipal, por organizaciones comunitarias con personer�a jur�dica o grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripci�n electoral que haya se�alado el Concejo Municipal�.

La Ley indica, adem�s, que en la misma fecha en que se adelante la votaci�n para elegir a los Jueces de Paz, se elegir� dos jueces de reconsideraci�n de candidatos postulados espec�ficamente para ese cargo. El per�odo de unos y otros es de cinco a�os y ser�n reelegibles de forma indefinida; y, en tanto se trata de ciudadanos en ejercicio que administrar�n justicia en equidad, de conformidad con los paradigmas de justicia propios de su comunidad, uno de los requisitos que se les impone es el de �haber residido en la comunidad respectiva por lo menos un (1) a�o antes de la elecci�n� (art. 14).

Asimismo, el texto normativo consagra un control disciplinario para los Jueces de Paz y de reconsideraci�n, que ser� ejercido por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuando quiera que estos observen una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo (art. 34); y faculta a los Jueces de Paz a sancionar a quien incumpla lo pactado en el acuerdo conciliatorio o lo ordenado en la sentencia, mediante amonestaci�n p�blica o privada, multas que no pueden exceder el monto de quince salarios m�nimos mensuales legales vigentes y actividades comunitarias no superiores a dos meses (art. 37).

Adicionalmente, la Ley 497 de 1999 le asigna al Consejo Superior de la Judicatura varias funciones relacionadas con los Jueces de Paz. Es as� como a dicha autoridad le corresponde incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial las partidas necesarias para financiar la justicia de paz (art. 20), organizar y ejecutar el Programa General de Formaci�n de Jueces de Paz y de reconsideraci�n con la participaci�n del Ministerio de Justicia y de Educaci�n, de universidades, organizaciones especializadas y de las comunidades en general (art. 21), e implementar el programa de seguimiento, control y mejoramiento de esa Jurisdicci�n (art. 21).

A su vez, se�ala que el Ministerio de Justicia y del Derecho y los Alcaldes dentro de sus respectivas circunscripciones, deber�n promover un programa de pedagog�a para instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre la justicia de paz con la colaboraci�n del Consejo Superior de la Judicatura y de las entidades referidas en el p�rrafo anterior (art. 21 par�grafo).

22.- Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura expidi� el Acuerdo N� PSAA 08-4977 de 2008[56], por medio del cual reglament� la Jurisdicci�n Especial de Paz. El Acuerdo dispone expresamente que la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial cuantificar� la partida presupuestal requerida para atender las necesidades de la Jurisdicci�n Especial de Paz, para que al momento de elaborarse por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el proyecto de presupuesto la misma sea incluida en cumplimiento del art�culo 20 de la Ley 497 de 1999 (art. 1�).

Asimismo, el Acuerdo dispone que para cuantificar dicha partida,  se contar� con la colaboraci�n de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administraci�n Judicial y con la informaci�n que consolide la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura respectivo en relaci�n  con los formatos de necesidades insatisfechas que deben llenar los Jueces de Paz (art. 2).  Luego se�ala que una vez aprobado el presupuesto de la Rama Judicial, el Director Ejecutivo de Administraci�n Judicial deber� coordinar con cada Seccional, bajo las directrices que para tal efecto imparta la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la inclusi�n de las necesidades insatisfechas de los Jueces de Paz y reconsideraci�n en los correspondientes Planes de Adquisiciones (art. 3).

Por otra parte, destaca que las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, donde opere la Justicia de Paz tendr�n las siguientes funciones: a) dise�ar mecanismos de interlocuci�n con los entes de la Administraci�n local que adelanten todo lo relacionado con la elecci�n y posesi�n de los Jueces de Paz de su localidad, b) coordinar con las autoridades locales, la consecuci�n de espacios f�sicos adecuados para los Jueces de Paz, c) llevar un registro actualizado de los Jueces de Paz y de Reconsideraci�n, d) recibir y consolidar los Informes de Gesti�n solicitados a los Jueces de Paz e introducirlos al Sistema de Informaci�n Estad�stica de la Rama Judicial, e) coordinar con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la implementaci�n de los Comit�s Interinstitucionales de la Jurisdicci�n de Paz Regionales y poner en funcionamiento los comit�s municipales, para efectos de cumplir con la labor de seguimiento, mejoramiento y control de la jurisdicci�n (art. 4).

Adem�s, indica que para efectos de contar con el apoyo tecnol�gico necesario, la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, en consonancia con la partida presupuestal aprobada para sufragar los costos de esta jurisdicci�n, a trav�s de sus direcciones seccionales, dotar� gradualmente de los equipos de c�mputo e impresoras, as� como de la tecnolog�a necesaria para el cumplimiento adecuado de la labor de los Jueces de Paz (art. 6).

En relaci�n con la cuesti�n de formaci�n y capacitaci�n de los Jueces de Paz precisa que se llevar� a cabo conforme a los planes educativos establecidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a trav�s de la Escuela Judicial �Rodrigo Lara Bonilla�, la cual programar� las jornadas de capacitaci�n, una vez los Jueces de Paz se encuentren debidamente posesionados (art. 7).

Por �ltimo, advierte que todo Juez de Paz, una vez posesionado, deber� diligenciar el formulario de designaci�n de beneficiarios que le suministre la Direcci�n Ejecutiva Seccional de Administraci�n Judicial, a efectos de ser incluido en la P�liza de Vida Grupo Ley 16 de 1988 contratada por la Naci�n � Consejo Superior de la Judicatura.

23.- Lo anterior permite observar que las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, asignaron competencias de alcance nacional y local para la implementaci�n de la Jurisdicci�n de Paz. En efecto, como se expuso anteriormente, a nivel nacional se atribuyeron responsabilidades a diversas entidades, a saber: al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Educaci�n, a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de la Judicatura[57].

Para destacar, al Ministerio de Justicia y del Derecho le compete promover un programa de pedagog�a para instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre la justicia de paz. A la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponde, entre otras funciones, incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial las partidas necesarias para financiar la Justicia de Paz e implementar un programa de seguimiento, mejoramiento y control de dicha Jurisdicci�n. Por su parte, la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial debe cuantificar la partida presupuestal para atender las necesidades de la Jurisdicci�n de Paz y dotar gradualmente, a trav�s de sus direcciones seccionales, de los equipos de c�mputo e impresoras, as� como de la tecnolog�a necesaria a los Jueces de Paz.  Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura deben consolidar los formatos de las necesidades de suministro de bienes y servicios de los Jueces de Paz que deben tenerse en cuenta dentro del presupuesto y, adem�s, coordinar con las autoridades locales, la consecuci�n de espacios f�sicos adecuados para los Jueces de Paz.

Por otra parte, de conformidad con el marco legal rese�ado, a los Alcaldes municipales les corresponde la promoci�n de un programa de pedagog�a sobre la justicia de paz y la convocatoria a elecciones de Jueces de Paz. Asimismo, deben coordinar con las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura respectivos la consecuci�n de espacios f�sicos adecuados para los Jueces de Paz.

24.- De esta forma, la Sala concluye que existe un mapa de competencias y responsabilidades institucionales, que deben llevarse a cabo de manera conjunta, articulada y coordinada por las entidades nacionales y locales, en aras de fortalecer la Jurisdicci�n de Paz y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de esta herramienta comunitaria de administraci�n de justicia.

25.- Visto lo anterior, pasa la Sala a referirse brevemente a la participaci�n de los Jueces de Paz en el  Programa Nacional de Casas de Justicia.

Programa Nacional de Casas de Justicia

26.- Con la expedici�n del Decreto 1477 de 2000[58], se formaliz� en el pa�s el Programa Nacional Casas de Justicia, cuyo objeto fue �facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos de m�s 2.500 habitantes� (art. 1�).  De conformidad con el mismo Decreto, las casas de justicia son centros multiagenciales de informaci�n, orientaci�n, referencia y prestaci�n de servicios de resoluci�n de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal (art. 2�).

Los objetivos, seg�n la norma referida, son: (i) ampliar el campo de acci�n del servicio de justicia, (ii) incluir a la comunidad para que sea part�cipe de la resoluci�n formal y no formal de los conflictos, (iii) promover la cultura de convivencia ciudadana, (iv) facilitar una participaci�n efectiva de la comunidad para la evaluaci�n de la administraci�n de justicia, (v) crear herramientas para la difusi�n de los m�todos alternativos de soluci�n de conflictos, (vi) ser instrumento para la articulaci�n de las pol�ticas de justicia del Estado con los programas de desarrollo comunitario, (vii) defender los derechos humanos de la comunidad e informar de los deberes que esta tiene, (viii) promover el desarrollo de programas contra la violencia intrafamiliar y protecci�n de derechos humanos, y (iv) ser un espacio donde se pueda analizar y discutir la conflictividad social (art. 3�).

En las casas de justicia participan diversas entidades, tanto nacionales como locales, que prestan servicios de justicia estatal y comunitaria, y que promueven el uso de m�todos alternativos de soluci�n de conflictos. En esa medida, su funcionamiento depende del trabajo coordinado entre el gobierno local, el Ministerio de Justicia y las entidades participantes que tienen presencia en la casa. El gobierno local se encarga de la administraci�n y el mantenimiento de la infraestructura de la casa de justicia y el Ministerio de Justicia, por su parte, coordina el Programa Nacional y se encarga de fijar los lineamientos generales del Programa y vigilar su cumplimiento. De otra parte, las entidades del orden nacional que participan en las casas de justicia, proveen el personal y los servicios respectivos de acuerdo con sus competencias. De esa forma, en las casas de justicia confluyen entidades del orden local y nacional que prestan servicios relacionados con la justicia[59].

Las entidades que pueden participar son: El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, la Fiscal�a General de la Naci�n, la Procuradur�a General de la Naci�n, la Defensor�a del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Superintendencia de Notariado y Registro, las alcald�as distritales o municipales, las Comisar�as de Familia, las Inspecciones de Polic�a las personer�as distritales o municipales, los consultorios jur�dicos de universidades, los centros de conciliaci�n y cualquier otra entidad necesaria para el cumplimiento de los objetivos del programa[60].

Respecto a lo anterior, es relevante destacar que en las casas de justicia no siempre est�n presentes todas las entidades referidas. Si bien todas estas hacen parte del convenio general del Programa, no todas las instituciones participan en los convenios espec�ficos que se celebran para crear cada una de las casas, dado que la participaci�n de las entidades no es obligatoria[61]. No obstante, de conformidad con el Decreto 1477 de 2000, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene entre sus funciones, la de promover la participaci�n de los Jueces de Paz y conciliadores en equidad en el Programa Nacional de Casas de Justicia[62].

Para finalizar, cada casa de justicia cuenta con coordinaci�n administrativa, que es la encargada de gestionar que se cumplan los objetivos del Programa, velar por la difusi�n de los servicios prestados y entregar informes mensuales al Ministerio de Justicia acerca de su desempe�o. Adem�s, en cada casa existe un centro de c�mputo que es el encargado de sistematizar la informaci�n sobre las consultas y los servicios prestados, con la finalidad de producir informes mensuales al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Alcald�a respectiva, y a las entidades nacionales que participan en el Programa.

27.- Conforme a las consideraciones previamente expuestas, la Corte pasar� a estudiar el caso concreto.

Caso concreto.

28.- El se�or Alfonso Vargas Romero considera que la Secretar�a accionada vulner� su derecho de acceso a la administraci�n de justicia, pues lo despoj� de la oficina y los equipos de c�mputo que ten�a asignados en la Casa de Justicia de la Localidad de San Crist�bal, para ejercer su labor como Juez de Paz. Adem�s, en sede de revisi�n, se�al� que los Jueces de Paz ejercen sus labores en lamentables condiciones y no perciben financiamiento alguno por parte del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, han tenido que sufragar de sus propios recursos los implementos para la prestaci�n de sus servicios. Asimismo, indic� que si bien han recibido programas de capacitaci�n a trav�s de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, estos han sido insuficientes, pues no son permanentes y se han vuelto repetitivos y poco constructivos.

Adicionalmente, resalt� que no existe colaboraci�n arm�nica entre el Consejo Superior de la Judicatura y las entidades locales de Bogot� para lograr el adecuado funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz en dicha ciudad. De igual forma, precis� que en reiteradas ocasiones los Jueces de Paz han elevado peticiones al Consejo Superior de la Judicatura para que cumpla con sus funciones constitucionales y legales, pero no han obtenido respuesta. 

29.- Lo relatado por el accionante llev� a la Sala a requerir informaci�n adicional sobre el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz. En efecto, como se observ� en los antecedentes expuestos en la primera parte de esta providencia, la Sala en diferentes momentos, recibi� amplia informaci�n por parte de entidades p�blicas que tienen competencias relacionadas con la Jurisdicci�n de Paz, la cual, se recapitula y sintetiza a continuaci�n:

-La Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia explic� que de conformidad con el art�culo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016, est� encargada de ejercer a trav�s de la Subsecretar�a de Acceso a la Justicia y la Direcci�n de Acceso a la Justicia, la implementaci�n de pol�ticas concretas para el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de soluci�n de conflictos en el Distrito Capital, dentro de los cuales se encuentran los Jueces de Paz. En esa medida, destac� que su relaci�n con dichos Jueces, en calidad de Actores de Justicia Comunitaria de Bogot�, es de acompa�amiento y articulaci�n para el fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de su labor, a trav�s del dise�o e implementaci�n de pol�ticas.

Adujo que en cumplimiento de las funciones encomendadas por el Decreto referido, la Direcci�n de Acceso a la Justicia implement� un modelo de acompa�amiento a los Actores de Justicia Comunitaria (Jueces de Paz, Conciliadores en Equidad, Mediadores Comunitarios y Promotores de Convivencia), a trav�s de la L�nea de Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resoluci�n Pac�fica de Conflictos, la cual se expidi� en noviembre de 2017 y cuenta con componentes encaminados a: (i) desarrollar espacios de articulaci�n interinstitucional con las entidades competentes en la gesti�n de la pol�tica p�blica asociada a la justicia comunitaria, (ii) fortalecer a los actores de justicia comunitaria en temas jur�dicos, (iii) posicionar e incentivar el trabajo de la justicia comunitaria entre los actores de justicia formal, no formal y la comunidad; y (iv) desarrollar mecanismos eficaces de acompa�amiento, evaluaci�n y seguimiento.

Precis� que de conformidad con el Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las entidades competentes de la consecuci�n de espacios f�sicos adecuados y del apoyo tecnol�gico para el ejercicio de las funciones a cargo de los Jueces de Paz, corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot� y a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial. No obstante, sostuvo que dicha Secretar�a ha coadyuvado con la consecuci�n de espacios e insumos t�cnicos, jur�dicos y log�sticos para mejorar la labor de los Actores de Justicia Comunitaria, dentro de los cuales se encuentran los Jueces de Paz.

Advirti� que no es acertado concluir que, como la Subsecretar�a de Acceso a la Justicia y la Direcci�n de Acceso a la Justicia tienen funciones relacionadas con el fortalecimiento de la justicia comunitaria en el Distrito Capital, entonces tambi�n cuentan con la obligaci�n de consecuci�n de espacios y equipos tecnol�gicos, pues ello conllevar�a a usurpar una competencia exclusiva de los Consejos Seccionales de la Judicatura. En esa medida, precis� que a pesar de que no existe una atribuci�n legal que la responsabilice de gestionar espacios para el ejercicio de la Jurisdicci�n de Paz, s� puede apoyar la gesti�n del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�, en cumplimiento de los principios de coordinaci�n y articulaci�n.

En relaci�n con el caso concreto, la Secretar�a expres� su disentimiento respecto de la pretensi�n de la acci�n de tutela, pues en ning�n momento adjudic� al Juez de Paz Alfonso Vargas Romero una oficina espec�fica en la Casa de Justicia de San Crist�bal, dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de los dem�s Jueces de Paz. En ese sentido, la Secretar�a se�al� que el accionante nunca fue desalojado de las instalaciones de la Casa de Justicia de San Crist�bal. Adem�s, precis� que los Jueces de Paz que ejercen en dicho espacio pueden utilizar los recursos tecnol�gicos que all� se encuentran y que el 19 de julio de 2018, entreg� elementos de papeler�a y otros insumos log�sticos a los actores de justicia comunitaria de la Localidad de San Crist�bal.

Explic� que resulta ideal que los conciliadores en equidad, Jueces de Paz, mediadores comunitarios y promotores de convivencia realicen sus actividades en los respectivos Puntos de Atenci�n Comunitaria -PAC-, los cuales constituyen espacios no institucionales ubicados en las localidades con el fin de mantener proximidad con las comunidades. No obstante, manifest� que los Jueces de Paz tambi�n pueden desempe�ar su labor en las Casas de Justicia de acuerdo con la disponibilidad de cada una, pero en dichas instalaciones no es posible asignar oficinas exclusivas para ellos, pues estas deben rotarse con los dem�s actores de justicia comunitaria. De todas formas, anot� que en las Casas de Justicia existe privacidad para atender a los usuarios en el horario que los actores de justicia comunitaria lo soliciten.

Por �ltimo, reiter� que aun cuando no existe la obligaci�n de brindar un espacio f�sico a los Jueces de Paz en las Casas de Justicia, el accionante desarrolla sus actividades en la Casa de Justicia de San Crist�bal y en los Puntos de Atenci�n Comunitaria de dicha localidad. En particular, inform� que el Juez de Paz Alfonso Vargas Romero tiene tres espacios asignados para la atenci�n de sus casos, entre ellos, la Casa de Justicia de San Crist�bal:

-El Consejo Superior de la Judicatura mencion� que de conformidad con el art�culo 20 de la Ley 497 de 1999,- por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organizaci�n y funcionamiento-, le corresponde incluir dentro del presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para la financiaci�n de la Justicia de Paz.

Al respecto, manifest� que en el anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial se ha incluido recursos para el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz, pero no han quedado reflejados dentro de las partidas anuales del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial. As�, por ejemplo, para la vigencia 2018 se proyectaron recursos en adquisici�n de bienes y servicios para la Jurisdicci�n de Paz por $3.130 millones para dotaci�n de un kit con computador, impresora, muebles, enseres y papeler�a para los 213 Jueces de Paz reportados al inicio de la vigencia 2017.

Por otra parte, indic� que no ha sido posible realizar un estudio que permita la cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz, porque no se han diligenciado los formatos de necesidades b�sicas y servicios insatisfechos.

-La Direcci�n Ejecutiva Seccional Bogot� de Administraci�n Judicial, en relaci�n con la funci�n de adelantar el proceso de cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz en la ciudad de Bogot�, explic� que la cuantificaci�n de dicha partida es realizada con la informaci�n aportada por los Jueces de Paz y Reconsideraci�n, quienes deben presentar el formato de necesidades b�sicas de bienes y servicios insatisfechos, dise�ado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�. Sin embargo, manifest� que no ha sido posible elaborar la cuantificaci�n, pues desde la entrada en vigencia del Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008, pocos Jueces de Paz y Reconsideraci�n han diligenciado el formato de necesidades.

Resalt� que la tarea de dotar de infraestructura f�sica a la Jurisdicci�n de Paz, puede realizarse en conjunto y con el apoyo de la Alcald�a Mayor de Bogot�, pues esta cuenta con diferentes entidades en todas las localidades que pueden prestar apoyo para dicho fin.

-El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�, con respecto a la funci�n se�alada en el art�culo 2� del Acuerdo PSAA08-4977 de 2008, concerniente a la consolidaci�n de la informaci�n de los formatos de necesidades que deben llenar los Jueces de Paz, mencion� que los Jueces de Paz no encuentran �til diligenciar dichos formularios, pues ni siquiera les entregan un kit de inicio con lapiceros, l�pices, grapadoras, resmas de papel, una memoria USB, entre otros elementos.

De otro lado, inform� que en el primer semestre del a�o en curso requiri� a la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y de Justicia, a fin de que se implementaran espacios para brindar la atenci�n requerida por los usuarios de justicia comunitaria. Destac� que, en respuesta a dicho requerimiento, la Secretar�a inform� que los Jueces de Paz adscritos al Distrito de Bogot� prestan sus servicios en los puntos de atenci�n comunitarios ubicados en las Juntas de Acci�n Comunal, Parroquias, Casas del Deporte y Casas de Justicia.

En esa medida, el Consejo Seccional resalt� la labor de la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Para terminar, reconoci� que �las carencias de los Jueces de Paz son muchas� y que es necesario que el Comit� Seccional de la Jurisdicci�n de Paz se convierta en una din�mica de interacci�n con los Jueces de Paz, el Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial y las autoridades locales.   

-El Ministerio de Justicia y del Derecho resalt� que de conformidad con el art�culo 247 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 11 de la Ley 270 de 1996, la Justicia de Paz es una jurisdicci�n especial que hace parte de la Rama Judicial y, en ese orden, el art�culo 20 de la Ley 497 de 1999 le ordena al Consejo Superior de la Judicatura incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias para la financiaci�n de la Justicia de Paz. De all� que, la operatividad de dicha Jurisdicci�n se encuentre sometida a las regulaciones y disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura.

De otra parte, explic� que el Ministerio de Justicia y del Derecho a trav�s del Viceministerio de Promoci�n de la Justicia, orienta mediante el trabajo de la Direcci�n de M�todos Alternativos de Soluci�n de Conflictos, el Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, el cual se desarrolla en conjunto con los distritos y municipios, como en el caso de Bogot�, donde operan nueve (9) casas de justicia, entre ellas la ubicada en la Localidad de San Crist�bal.

Aclar� que, pese a que la Direcci�n de M�todos Alternativos de Soluci�n de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho es la responsable de brindar la asesor�a t�cnica en el territorio nacional en la implementaci�n y operaci�n del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, son las respectivas alcald�as municipales las responsables de la operaci�n de las mismas, como es el caso de la Alcald�a Mayor de Bogot�, a trav�s de la Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Explic� que las Casas de Justicia hacen parte de un Programa Nacional, de car�cter interinstitucional e interdisciplinario, en el que diferentes entidades se articulan misionalmente para contribuir a garantizarles a las comunidades el acceso a la justicia.

Sin embargo, advirti� que no es un derecho cierto de los Jueces de Paz que su voluntariado se deba realizar en las instalaciones de las Casas de Justicia, pues de conformidad con el Decreto 1069 de 2015 -�nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, las entidades territoriales tienen la potestad de determinar qu� entidades podr�n ser part�cipes del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana.

Ahora bien, con base en las consideraciones expuestas en esta providencia y en la recapitulaci�n de los anteriores elementos, pasa la Sala a resolver el fondo del asunto objeto de revisi�n.

30.- Al problema jur�dico planteado por la Sala de Revisi�n que consiste en determinar si  existe afectaci�n actual del derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia del accionante, ante la falta de asignaci�n de una oficina exclusiva en la Casa de Justicia de San Crist�bal para ejercer su labor como Juez de Paz, ha de corresponderle una respuesta negativa por las siguientes razones:

En primer lugar, no es posible asignarle un espacio exclusivo, pues las Casas de Justicia hacen parte de un Programa Nacional de car�cter interinstitucional e interdisciplinario, donde participan varias entidades y actores comunitarios y, por ende, las oficinas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los dem�s funcionarios y particulares que prestan sus servicios en ese establecimiento.

En segundo lugar, es preciso destacar que el Juez de Paz Alfonso Vargas Romero en la actualidad ejerce la funci�n p�blica de administrar justicia en la Casa de Justicia de San Crist�bal y en los Puntos de Atenci�n Comunitaria Los Libertadores y La Belleza.  

En tercer lugar, la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia precis� que los Jueces de Paz que ejercen sus funciones en la Casa de Justicia de San Crist�bal pueden utilizar los recursos tecnol�gicos que all� se encuentran y que el 19 de julio de 2018, entreg� elementos de papeler�a y otros insumos log�sticos a los actores de justicia comunitaria de esa Localidad.

31.-En esa medida, se concluye que al Juez de Paz Alfonso Vargas Romero no se le vulner� su derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia, pues la Secretar�a de Seguridad, Convivencia y Justicia, en cumplimiento de su deber de acompa�ar y apoyar a los actores de justicia comunitaria del Distrito Capital de Bogot�, le ha asignado tres espacios cercanos a la comunidad para que ejerza sus funciones.

Adem�s, de conformidad con lo se�alado por dicha Secretar�a cuenta con privacidad para atender a los usuarios y puede utilizar los equipamientos tecnol�gicos de la Casa de Justicia para ejercer las labores asociadas con su actividad.

32.-En consecuencia, la Corte proceder� a confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, que a su vez confirm� la dictada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogot�, que neg� la acci�n de tutela interpuesta por el se�or Alfonso Vargas Romero, pero por las razones expuestas en esta providencia.

33.- No obstante lo anterior, como medida encaminada a fortalecer este espacio de discusi�n p�blica pac�fica, previsto en la Constituci�n y la Ley, se instar� al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en cumplimiento de su funci�n de promover la participaci�n de los Jueces de Paz en el Programa Nacional de Casas de Justicia (art. 7 del Decreto 1477 de 2000 y art. 2.2.4.1.4 del Decreto 1069 de 2015), vigile el cumplimiento de las pol�ticas generales del Programa Nacional de Casas de Justicia en la Casa de Justicia de la Localidad de San Crist�bal de esta ciudad.

34-. Ahora bien, las pruebas recaudadas en sede de revisi�n ponen en evidencia fallas estructurales en el funcionamiento de la Jurisdicci�n de Paz, que superan el reclamo individual del accionante. En particular, observa la Sala que la Jurisdicci�n de Paz no cuenta con el adecuado apoyo presupuestal y que es evidente la falta de coordinaci�n entre los �mbitos nacionales y locales para gestionar los asuntos relacionados con los Jueces de Paz elegidos para la ciudad de Bogot�, deficiencias que incluso tiene la virtualidad de afectar el funcionamiento de esa jurisdicci�n en otros lugares del pa�s. Ello trae consigo la obligaci�n de instar al cumplimiento diligente de las obligaciones legales que pesan sobre las entidades nacionales y locales encargadas del desarrollo de esta figura.

35.-Lo anterior, se hace necesario en la medida en que los Jueces de Paz se constituyen en uno de los principales actores en la construcci�n de la paz en las ciudades y municipios de Colombia, pues su accionar posibilita la reconstrucci�n democr�tica de nuestras sociedades a partir de la valoraci�n positiva de las controversias, donde los conflictos pueden ser tramitados y resueltos pac�ficamente. Adem�s, la labor de los Jueces de Paz en esta �poca de posconflicto es de gran relevancia, dado que ellas y ellos contribuyen a la construcci�n de una cultura de paz en los territorios afectados por el conflicto armado.

Esto implica que, en lo posible, la Jurisdicci�n de Paz debe estar articulada al conjunto de las din�micas nacionales y locales, pues para que brinde sus potencialidades democratizadoras y pacificadoras, las distintas competencias legales que est�n previstas para su desarrollo y fortalecimiento no pueden ser llevadas a cabo de manera aislada.

36.-Si bien, se resalta la labor de acompa�amiento realizada por la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot� a los actores de justicia comunitaria, entre ellos los jueces de paz, a trav�s de la L�nea de Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resoluci�n Pac�fica de Conflictos, es preciso destacar que la falta de coordinaci�n contribuye a generar barreras de car�cter institucional de acceso a la justicia.

37.-En particular, la falta de coordinaci�n entre la Secretar�a Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogot�, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�, la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, la Direcci�n Seccional de Administraci�n Judicial de Bogot� y el Ministerio de Justicia y del Derecho podr�a amenazar el acceso a la administraci�n de justicia no s�lo de los Jueces de Paz en el �mbito de su ejercicio, sino de todas las personas que acuden a dicha jurisdicci�n para resolver en equidad y de manera pac�fica sus conflictos individuales y comunitarios.

38.-Por su parte, la falta de recursos constituye una dificultad para el desarrollo integral de la jurisdicci�n de paz. De acuerdo con las pruebas se encuentra establecido que no ha sido posible elaborar la cuantificaci�n de la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicci�n de Paz, pues desde la entrada en vigencia del Acuerdo N� PSAA08-4977 de 2008 no se han diligenciado ni consolidado los formatos de necesidades de bienes y servicios insatisfechos. Es claro, entonces, que la inclusi�n de la partida presupuestal para la Jurisdicci�n de Paz no se ha logrado por omisi�n de una formalidad administrativa, como lo es la consolidaci�n de los formatos de necesidades y no propiamente por razones presupuestales.

39.-En consecuencia, se instar� a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que, a partir de la notificaci�n del presente fallo de tutela, disponga la implementaci�n de un Comit� de Coordinaci�n Interinstitucional de la Jurisdicci�n de Paz, mediante el cual se desarrollen procesos de articulaci�n con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los representantes de los Jueces de Paz y las autoridades locales, en pro de fortalecer la infraestructura alrededor de la figura de los Jueces de Paz. Adem�s, en el marco de dicho Comit� deber� discutirse con los representantes de los Jueces de Paz la necesidad de remitir los formatos de necesidades y servicios insatisfechos, con el fin de establecer un diagn�stico de gastos �til para la cuantificaci�n de la partida presupuestal.

Asimismo, se le instar� para que en cumplimiento de la funci�n consagrada en el art�culo 20 de la ley 497 de 1999, incluya en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial -vigencia 2019- las partidas necesarias para financiar la Justicia de Paz.

40.-Por su parte, se instar� a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, a la Direcci�n Ejecutiva Seccional de Administraci�n Judicial de Bogot� y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�, para que de conformidad con lo preceptuado en los art�culos 1�, 2� y 3� del Acuerdo N� PSAA 08-4977 de 2008, cuantifiquen la partida presupuestal para la Jurisdicci�n de Paz con observancia de la informaci�n que se consolide de los formatos de necesidades y servicios insatisfechos que deben diligenciar los Jueces de Paz. Para este prop�sito, deber�n adelantar las acciones tendientes a asegurar que los Jueces de Paz remitan dicha informaci�n de manera oportuna y suficiente.

41.- Por �ltimo, se ordenar� a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que remita a esta Sala de Revisi�n un informe detallado de las gestiones realizadas por dicha entidad para llevar a cabo lo se�alado en el p�rrafo 39 de esta providencia. Este informe deber� remitirse en el plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la notificaci�n de esta sentencia.

III.- DECISI�N

En m�rito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

RESUELVE

PRIMERO.- LEVANTAR la suspensi�n de t�rminos decretada en este proceso.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot�, que a su vez confirm� la dictada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogot�, que neg� la acci�n de tutela interpuesta por el se�or Alfonso Vargas Romero, pero por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO.- INSTAR al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en cumplimiento de su funci�n de promover la participaci�n de los Jueces de Paz en el Programa Nacional de Casas de Justicia (art. 7 del Decreto 1477 de 2000 y art. 2.2.4.1.4 del Decreto 1069 de 2015), vigile el cumplimiento de las pol�ticas generales del Programa Nacional de Casas de Justicia en la Casa de Justicia de la Localidad de San Crist�bal de esta ciudad.

CUARTO.- INSTAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que, a partir de la notificaci�n del presente fallo de tutela, disponga la implementaci�n de un Comit� de Coordinaci�n Interinstitucional de la Jurisdicci�n de Paz, mediante el cual se desarrollen procesos de articulaci�n con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los representantes de los Jueces de Paz y las autoridades locales, en pro de fortalecer la infraestructura alrededor de la figura de los Jueces de Paz. Adem�s, en el marco de dicho Comit� deber� discutirse con los representantes de los Jueces de Paz la necesidad de remitir los formatos de necesidades y servicios insatisfechos, con el fin de establecer un diagn�stico de gastos �til para la cuantificaci�n de la partida presupuestal.

QUINTO.- INSTAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que, en cumplimiento de la funci�n consagrada en el art�culo 20 de la ley 497 de 1999, incluya en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial -vigencia 2019- las partidas necesarias para financiar la Justicia de Paz.

SEXTO.- INSTAR a la Direcci�n Ejecutiva de Administraci�n Judicial, a la Direcci�n Ejecutiva Seccional de Administraci�n Judicial de Bogot� y a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot�, para que de conformidad con lo preceptuado en los art�culos 1�, 2� y 3� del Acuerdo N� PSAA 08-4977 de 2008 cuantifiquen la partida presupuestal necesaria para la Jurisdicci�n de Paz con observancia de la informaci�n que se consolide de los formatos de necesidades y servicios insatisfechos que deben diligenciar los Jueces de Paz. Para este prop�sito, deber�n adelantar las acciones tendientes a asegurar que los Jueces de Paz remitan dicha informaci�n de manera oportuna y suficiente.

S�PTIMO.- COMUNICAR la presente decisi�n al Procurador General de la Naci�n y al Defensor del Pueblo, para que, dentro de la �rbita de sus competencias, hagan un seguimiento del cumplimiento de esta providencia.

OCTAVO.- ORDENAR a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que remita a esta Sala de Revisi�n un informe detallado de las gestiones realizadas por dicha entidad para llevar a cabo lo se�alado en los numerales 4� y 5� de esta providencia. Este informe deber� remitirse en el plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la notificaci�n de esta sentencia.

NOVENO.-Por Secretar�a General l�brese las comunicaciones de que trata el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos all� contemplados.

 C�piese, notif�quese, comun�quese y c�mplase.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOS� FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

MARTHA VICTORIA S�CHICA M�NDEZ

Secretaria General