Sentencia C-046A/19
 

Referencia: Expediente D-12.355

Demanda de inconstitucionalidad contra numeral 3 (parcial) del art�culo 127 del C�digo Civil.   

Actores: Juan Vicente Fl�rez Rinc�n y Sergio Alfonso Est�vez Jaimes.

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogot�, D.C.,  seis (6) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y tr�mites establecidos, en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I.    ANTECEDENTES

En ejercicio de la acci�n p�blica de inconstitucionalidad, los ciudadanos Juan Vicente Fl�rez Rinc�n y Sergio Alfonso Est�vez Jaimes demandaron el numeral 3� (parcial) del art�culo 127 del C�digo Civil, por considerar que la palabra �demencia� desconoce lo establecido en los art�culos 1�, 2�, 5� y 13 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez el lenguaje utilizado por el legislador es discriminatorio, contrario al principio de la dignidad humana, y por tanto, desconoce los fines del Estado.

Mediante Auto del veintis�is (26) de octubre de dos mil dieciocho (2018), esta Corporaci�n procedi� a: (i) admitir la demanda; (ii) disponer su fijaci�n en lista; (iii) comunicar sobre la iniciaci�n del proceso a la Presidencia de la Rep�blica, al Congreso de la Rep�blica, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Salud y Protecci�n Social; (iv) invitar a la Defensor�a del Pueblo, a PAIIS � Programa de Acci�n por la Igualdad y la Inclusi�n Social, al Instituto Caro y Cuervo, a la Academia Colombiana de la Lengua, a la Corporaci�n Excelencia en la Justicia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Asociaci�n Colombiana de Psiquiatr�a, al Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, a las Facultades de Medicina de las Universidades de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y el Rosario; a las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Libre, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario �Grupo de Acciones P�blicas-, la Icesi de Cali �Grupo de Acciones P�blicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca; (v) correr traslado de la demanda al se�or Procurador General de la Naci�n para que rindiera el concepto de su cargo en los t�rminos que le concede la ley y (iv) suspender los t�rminos del proceso, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de esta Corporaci�n mediante Auto 305 de 2017.

Adicionalmente, en el mismo auto admisorio de la demanda se orden� la pr�ctica de las siguientes pruebas:

�SEXTO. SOLICITAR al Instituto Caro y Cuervo y a la Academia Colombiana de la Lengua,responder a los siguientes cuestionamientos:

1.           Explicar los or�genes ling��sticos de la palabra �demencia�.

2.           Si la palabra �demencia� puede ser considerada como una expresi�n peyorativa o despectiva en el lenguaje castellano.

3.           Precisar las acepciones de la palabra �demencia� y si pueden estar enmarcadas en el lenguaje de la medicina.

S�PTIMO. SOLICITAR a las Facultades de Medicina de las Universidades de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana y Rosario, a la Asociaci�n Colombiana de Psiquiatr�a, responder a los siguientes cuestionamientos:

1.           Explicar si la palabra �demencia� hace referencia a una enfermedad mental en t�rminos de la medicina actual.

2.           Aclarar si la �demencia� puede ser considerada como una situaci�n de discapacidad cognitiva o mental, y en caso de no serlo, precisar sus diferencias.�

Una vez cumplidos los tr�mites previstos en el art�culo 242 de la Constituci�n Pol�tica y en el Decreto 2067 de 1991, adem�s de levantarse el t�rmino de suspensi�n conforme al Auto 305 de 2017,[1]  la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II.NORMAS DEMANDADAS

A continuaci�n se transcribe el texto de las normas demandadas y se subrayan las expresiones que se consideran contrarias a la Constituci�n:

C�DIGO CIVIL

TITULO IV.

DEL MATRIMONIO

�ART�CULO 127. <TESTIGOS INH�BILES>. No podr�n ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio:

 

(�)

 

3o) Los que se hallaren en interdicci�n por causa de demencia.�

 

III.           LA DEMANDA

 

1.     Los actores afirman que la disposici�n demandada es contraria a los derechos consagrados en los art�culos 1�, 2�, 5� y 13 de la Constituci�n Pol�tica, porque el lenguaje utilizado por el legislador es discriminatorio, contrario al principio de la dignidad humana, y por tanto, desconoce los fines del Estado.

 

2.     El escrito de la demanda aclara que el cargo formulado se circunscribe al uso del lenguaje y no tiene relaci�n alguna con el fondo de la causal de inhabilidad. Afirman que la palabra �demencia� es discriminatoria y contraria a la dignidad humana en los tiempos actuales, pues �bien pudo haber tenido vigencia en �pocas pret�ritas en las que desde luego exist�a menosprecio por los discapacitados mentales, que es el t�rmino correcto; pero l�gicamente no en la actualidad, en la que humillaciones de tipo social y econ�mico son incongruentes con los valores de la Carta Pol�tica del 91�.^[2]

 

3.     Con base en ello, hacen menci�n de varias sentencias de la Corte Constitucional en las que se han eliminado del ordenamiento jur�dico expresiones tales como �mentecatos�, �furiosos locos�, �imbecilidad�, �idiotismo�, entre otras, para referirse a personas en condiciones de discapacidad mental o cognitiva, por considerarse que son discriminatorias y contrarias a la dignidad humana. Los demandantes resaltan que el an�lisis de las palabras utilizadas por el legislador debe trascender del netamente ling��stico y debe considerar elementos hist�ricos, sociol�gicos, entre otros, que atiendan a los valores del ordenamiento jur�dico actual. Afirman que la palabra �demencia� no puede considerarse como id�nea para dirigirse a una persona que tiene una discapacidad mental, toda vez que refuerza los imaginarios peyorativos que existen contra esta poblaci�n. Por tanto, el ordenamiento constitucional debe corregir este uso del lenguaje con el fin de garantizar la dignidad de personas que hacen parte de poblaciones tradicionalmente marginadas.

 

4.     De tal manera, solicitan que la expresi�n �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, sea declarada exequible condicionadamente bajo el entendido de �que la misma deber� en adelante ser sustituida por la locuci�n �discapacitado mental�, sin que a su vez el cambio de palabras implique afectar la finalidad de la norma propiamente dicha�.^[3]

 

IV.           INTERVENCIONES  

 

Vencido el t�rmino de fijaci�n en lista el d�a diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), y en cumplimiento de lo ordenado en virtud del Auto del veintis�is (26) de octubre de dos mil dieciocho (2018), se recibieron a trav�s de la Secretar�a General de esta Corporaci�n, las siguientes intervenciones.

 

1.       Academia Colombiana de la Lengua

 

Manifest� que la palabra �demencia� proviene del lat�n �dementia�, demencia, locura, insensatez. Inform� que la palabra tiene dos significados en el diccionario acad�mico actual: �1. Locura, trastorno de la raz�n. || 2. Med. Deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta. Demencia senil.�[4]Precis� que �el sustantivo demencia no comporta ninguna connotaci�n peyorativa, pues designa una enfermedad. No obstante, demente s� puede tener un matiz peyorativo�.[5]

 

2.       Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes

 

La Facultad interviniente present� respuesta a cada uno de los interrogantes formulados por la magistrada sustanciadora en el auto admisorio.

 

(a)  Explicar si la palabra �demencia� hace referencia a una enfermedad mental en t�rminos de la medicina actual.

 

Manifest� que la demencia es uno de los trastornos neurocognitivos mayores y leves reconocidos por la Asociaci�n Americana de Psiquiatr�a en el �Manual Diagn�stico y Estad�stico�. Con base en ello aclar� que �la demencia es una entidad cl�nica que se caracteriza por declive cognitivo significativo en uno o m�s dominios (atenci�n, funci�n ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognici�n social). Las causas de demencia pueden ser m�ltiples, entre otras: enfermedad de alzheimer, degeneraci�n del l�bulo frontotemporal, enfermedad por cuerpos de lewy, enfermedad vascular, traumatismo cerebral, consumo de sustancias o medicamentos, (�)�.[6]

 

(b) Aclarar si la �demencia� puede ser considerada como una situaci�n de discapacidad cognitiva o mental, y en caso de no serlo, precisar sus diferencias.�

 

Afirm� al respecto que �la demencia conlleva a diferentes grados de discapacidad cognitiva o mental de acuerdo al grado de afectaci�n leve, moderado o grave�.[7]

 

3.       Academia Colombiana de Jurisprudencia

 

Esta instituci�n solicit� a la Corte Constitucional declararse inhibida para fallar porque la expresi�n atacada fue expresamente derogada por el legislador mediante la Ley 1306 de 2009.

 

Previamente record� que la sentencia C-478 de 2003 declar� inexequibles las palabras �imbecilidad o idiotismo� y �locura furiosa� por encontrarlas contrarias a la dignidad humana y que por esa raz�n es un precedente relevante para el an�lisis de la demanda que se analiza. Advirti�, que posteriormente fue el mismo legislador mediante Ley 1306 de 2009 el que estableci� en su art�culo 2� que �El t�rmino �demente� que aparece actualmente en las dem�s leyes, se entender� sustituido por �persona con discapacidad mental� y en la valoraci�n de sus actos se aplicar� lo dispuesto por la presente ley en lo pertinente�. Igualmente el art�culo 119 de la misma Ley consagra que todas las normas contrarias quedan derogadas. Con base en estas disposiciones, los intervinientes concluyeron que si la �persona con discapacidad mental� como sujeto, es la que padece de limitaciones ps�quicas o de comportamiento, que no le permiten comprender el alcance de sus actos o que la llevan a asumir riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio, -como dice la ley-, el an�lisis es tambi�n aplicable a la expresi�n demencia.

 

4.       Facultad de Derecho y Ciencias Pol�ticas de la Universidad de Antioquia

 

El Centro de Atenci�n Familiar del Departamento de Pr�cticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Pol�ticas de la Universidad de Antioquia advirti� que el legislador por medio de la Ley 1306 de 2009 derog� la palabra �demente�, y por tanto, solicit� a la Corte declararse inhibida. Sin embargo, afirm� que el razonamiento de los demandantes tambi�n tiene razonabilidad, en la medida en que el modelo social de discapacidad acogido por la jurisprudencia constitucional y la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige retirar de los ordenamientos jur�dicos palabras peyorativas o discriminatorias contra las personas en situaci�n de discapacidad. A pesar de ello, teniendo en cuenta el contenido de la norma acusada, se�al� que reemplazar la palabra demencia por �discapacitado mental� puede ser un retroceso desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad, pues impedir�a a todas las personas con alg�n tipo de discapacidad cognitiva ser testigos del matrimonio.

 

Finalmente, aclar� que la palabra demencia es un t�rmino m�dico vigente usado por la clasificaci�n internacional de enfermedades de la Organizaci�n Mundial de la Salud entre otros documentos especializados.

 

5.       Asociaci�n Colombiana de Psiquiatr�a ACP

 

Inform� que es una entidad netamente cient�fico gremial que no cuenta con m�dicos psiquiatras de planta a su disposici�n, y por tanto, no pueden emitir un concepto sobre las cuestiones formuladas por la Corte.

 

6.       Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana

 

La Facultad interviniente present� respuesta a cada uno de los interrogantes formulados por la magistrada sustanciadora en el auto admisorio.

 

(a)  Explicar si la palabra �demencia� hace referencia a una enfermedad mental en t�rminos de la medicina actual.

 

Afirm� que esta palabra hace referencia �a un trastorno mental neuro-psiqui�trico que actualmente se conceptualiza en los manuales diagn�sticos de psiquiatr�a actual (ej. DSM) como trastorno neurocognitivo mayor y evidencia de un declive cognitivo sustancial desde un nivel previo de mayor desempe�o en uno o m�s de los dominios cognitivos (�)�.[8]

 

(b) Aclarar si la �demencia� puede ser considerada como una situaci�n de discapacidad cognitiva o mental, y en caso de no serlo, precisar sus diferencias.�

 

Al respecto se�al� que �la demencia o trastorno neurocognicitivo mayor hace referencia a una condici�n que de facto, supone una discapacidad cognitiva y funcional. Esto �ltimo hace referencia a la imposibilidad del paciente para realizar actividades b�sicas e instrumentales � avanzadas de la vida diaria�.[9]  

 

7.       Grupo de Acciones P�blicas de la Universidad Icesi �Gapi-.

 

Los miembros del Grupo de Acciones P�blicas manifestaron que conforme al par�grafo 2� de la Ley 1306 de 2009, el t�rmino �demente� se entiende sustituido por la expresi�n �persona con discapacidad mental�, y en consecuencia, concluyeron que la palabra �demencia� del art�culo 127 del C�digo Civil se debe entender �excluida del ordenamiento jur�dico y reemplazada por el t�rmino �en situaci�n de discapacidad mental�.[10]

 

Aseguraron que la interdicci�n solo es aplicable para las personas con discapacidad mental absoluta, tal como se desprende de los art�culos 25 y 35 de la Ley 1306 de 2009. En esa medida, adujeron que el numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil no es acorde con la figura de la interdicci�n judicial, toda vez que la demencia no define qu� grado de discapacidad mental tiene una persona, y por tanto, �esta norma lo que debe establecer es lo siguiente: los que se hallaren en interdicci�n por causa de estar en situaci�n de discapacidad mental absoluta�.[11]

 

Afirmaron que en efecto el t�rmino �demencia� es un t�rmino m�dico reconocido por la Organizaci�n Mundial de la Salud. En consecuencia, reconocieron que la causal de inhabilidad para ser testigo de un matrimonio por sufrir de demencia se encuentra justificada en razones constitucionalmente v�lidas. No obstante lo anterior, manifestaron que la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los Estados que la han ratificado derogar o eliminar aquellas leyes y pr�cticas que son discriminatorias o reproducen exclusiones de la poblaci�n en situaci�n de discapacidad.

 

En relaci�n concreta a los cargos presentados en la demanda, los intervinientes se�alaron que la norma que se ataca fue expedida en un contexto hist�rico muy diferente al actual. Recordaron que la Corte Constitucional cuenta con sentencias que han reconocido el poder del lenguaje para crear realidades y han considerado que �el uso emotivo de estas palabras puede interferir en la violaci�n de derechos fundamentales de las personas (�).�[12]Argumentaron que la palabra atacada por el actor debe analizarse a la luz de lo que se entiende por persona en condici�n de discapacidad mental absoluta, con el fin de que tenga una relaci�n con la figura de la interdicci�n judicial y no sea discriminatoria con la poblaci�n en situaci�n de discapacidad. En palabras de los intervinientes:

 

�(�) tenemos que la palabra �demencia�, por m�s que sea un t�rmino m�dico, no tiene un lugar en el ordenamiento jur�dico en atenci�n a que el entramado normativo lo excluye de la manera taxativa (v�ase par�grafo 2� de la Ley 1306 de 2009), por lo cual, para lograr el objetivo de proteger a esta poblaci�n, la misma Ley ya ha designado el t�rmino �persona en situaci�n de discapacidad mental absoluta� para referirse a quienes pueden ser beneficiarios en un proceso de interdicci�n judicial, el cual est� consagrado tambi�n como una media de restablecimiento de derechos. || As� las cosas, en tercer lugar, tenemos que el objetivo imperioso que se busca con el numeral 3 del art�culo 127 del C�digo Civil no se ver�a afectado con una adaptaci�n de la terminolog�a de la disposici�n al entramado normativo actual, toda vez que la ley estar�a cumpliendo su finalidad de establecer la claridad de que una persona en una situaci�n de discapacidad mental absoluta, como causal �nica para hallarse en un proceso de interdicci�n judicial, no pueda estar habilitado para la responsabilidad que implica ser testigo de un matrimonio civil a fin de poder, eventualmente, dar cuenta ante una autoridad p�blica de los sucedido en la ceremonia�.[13]

 

Con fundamento en las anteriores razones, los intervinientes solicitaron a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil y modificarla por �discapacidad mental absoluta�, atendiendo a un an�lisis sistem�tico de la figura de la interdicci�n establecida en la Ley 1306 de 2009. De manera subsidiaria, solicitaron que se declare la exequibilidad condicionada de la palabra �demencia� �y se entienda esta exclusivamente como una condici�n m�dica, s�lo diagnosticada de manera objetiva por un profesional de la salud, en el marco de un proceso de interdicci�n judicial que conlleve a la declaratoria por parte de un juez de familia de la discapacidad mental absoluta�.[14]

 

8.  Ministerio de Justicia y del Derecho

 

La entidad interviniente solicit� a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de la palabra �demencia�contenida en el art�culo 127 del C�digo Civil, toda vez que el concepto hace referencia a una definici�n m�dico cient�fica que no tiene connotaci�n peyorativa o discriminatoria.

 

Para sustentar su posici�n, el Ministerio de Justicia aclar� que la demencia es �reflejo de una situaci�n o estado de enfermedad mental que consiste en un deterioro progresivo e irreversible de las facultades mentales que genera afecciones en la conducta de la persona que la padece. Tiene unos s�ntomas determinados como trastornos en el lenguaje y en la memoria, la carencia de un comportamiento emocional coherente, la presencia de una distorsi�n del entorno, una afecci�n de las habilidades cognitivas como el c�lculo, el pensamiento abstracto y el discernimiento�. Aclar� las tipolog�as de demencia que estudia la ciencia m�dica y estableci� que el an�lisis del lenguaje legislativo debe realizarse a la luz de aquellas precisiones. Al respecto, hizo referencia a apartes de la jurisprudencia constitucional (sentencias C-804 de 2006, C-078 de 2007 y C-147 de 2017) y concluy� que la alusi�n a la  �demencia� no desconoce preceptos constitucionales, al no resultar un concepto denigrante y contrario de la dignidad humana. Finalmente, con base en la Convenci�n sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, adujo que �es claro que en este caso el prop�sito del art�culo 127 del C�digo Civil, cuando se refiere a la inhabilidad de quienes padecen demencia para presenciar y autorizar un matrimonio, no es el de discriminar a ninguna persona, sino el de garantizar la fe p�blica en orden a proteger la instituci�n matrimonial�.

 

9.       Ministerio de Salud

 

Solicit� declarar la inexequibilidad de la palabra �demencia� del art�culo 127 del C�digo Civil, y en consecuencia, reemplazarla por �discapacidad mental y/o discapacidad intelectual�. Se�al� que seg�n la �Clasificaci�n Estad�stica Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, D�cima Revisi�n (CIE-10)� de la Organizaci�n Mundial de la Salud, la demencia est� incluida dentro de los llamados �trastornos mentales y del comportamiento�, y dentro de estos, se trata de un �trastorno mental org�nico, incluido sintom�tico�. La entidad cit� la definici�n m�dica dentro de este manual y las categor�as existentes. Con base en ello, concluy� que la palabra demencia �hace alusi�n a una entidad nosol�gica (patolog�a cl�nica, una enfermedad), que desde el siglo XIX se reconoce como tal, por los primeros psiquiatras y neur�logos de dicha �poca y cuya definici�n ha venido perfeccion�ndose hasta nuestros tiempos y no constituye en ning�n caso un t�rmino peyorativo o que vulnere los derechos humanos de los individuos que padecen dicha condici�n�. Aclar� que, aparte de la demencia, existen varios trastornos mentales que pueden generar discapacidad mental, tales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el retraso mental, entre otros.

 

Agreg� que aparte de esta conceptualizaci�n m�dica, conforme a la Convenci�n de Derechos de las Personas con Discapacidad las personas en situaci�n de discapacidad deben gozar de autonom�a e independencia individual, �de manera que la definici�n de discapacidad mental o discapacidad intelectual se ajusta m�s a lo que se quiere expresar en el art�culo 127 de la Ley 57 de 1887 en relaci�n con los testigos inh�biles�.

 

10.   Defensor�a del Pueblo � Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales

 

Solicit� a la Sala Plena de la Corte Constitucional declararse inhibida porque  consider� que los actores no presentaron la argumentaci�n suficiente en relaci�n con cada uno de los cargos formulados. De forma subsidiaria, sugiri� declarar la inexequibilidad de la expresi�n atacada, en la medida en que establece un sistema de interdicci�n que es contrario al modelo social de discapacidad. En su lugar, solicit� reemplazar la palabra �demencia� por el vocablo �personas con discapacidad cognitiva�. Adicionalmente, se�al� la necesidad de exhortar al Congreso de la Rep�blica para que �adelante las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones adquiridas por Colombia en materia de reconocimiento de la capacidad jur�dica de las personas con discapacidad�.

 

Luego de hacer referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el estudio del lenguaje utilizado por el legislador en asuntos que regulan el ejercicio de los derechos de la poblaci�n en condiciones de discapacidad, manifest� que es necesario avanzar en la adopci�n de normas que materialicen la dignidad humana, y en ese sentido, brinden un mayor nivel de autonom�a a los sujetos de especial protecci�n constitucional. Por otra parte, la Defensor�a hizo alusi�n a la obligaci�n que tiene el Estado colombiano de �eliminar los procesos de interdicci�n�. Al respecto, resalt� que conforme al art�culo 12 de la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observaci�n General No. 1 del Comit� de aquella Convenci�n, debe presumirse la capacidad legal de las personas con discapacidad. En ese orden de ideas, adujo que los procesos de interdicci�n deben ser reemplazados por �sistemas de apoyo para la adopci�n de decisiones�, con el objeto de garantizar el ejercicio de pleno  de su autonom�a.

 

Acorde con lo anterior, la Defensor�a afirm� que �si bien el asunto desarrollado en este apartado no fue mencionado por el demandante, s� es necesario recordar que el Estado colombiano al haber ratificado la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, est� obligado al cumplimiento de un conjunto de obligaciones, que � en el caso concreto � se refieren a la derogaci�n de aquellas disposiciones del ordenamiento que resulten discriminatorias contra las personas con discapacidad o que restrinjan total o parcialmente su capacidad, reemplaz�ndolas por unas basadas en sistemas de apoyo para la adopci�n de decisiones�.

 

Finalmente, expres� que la palabra �demencia� vulnera el derecho a la dignidad humana de las personas en condici�n de discapacidad. Afirm� que el r�gimen legal de interdicci�n establecido en la norma atacada no responde a los est�ndares internacionales contenidos en la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. As� concluy� que �el enfoque contenido en la norma acusada de inhabilitar como testigos del matrimonio a aquellas personas con discapacidad cognitiva, contradice el modelo social de discapacidad (�)�.

 

11.            Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario

 

La Facultad interviniente present� respuesta a cada uno de los interrogantes formulados por la magistrada sustanciadora en el auto admisorio.

 

(a)  Explicar si la palabra �demencia� hace referencia a una enfermedad mental en t�rminos de la medicina actual.

 

Hizo referencia a la versi�n m�s reciente de la Clasificaci�n Internacional de Enfermedades, la cual establece que demencia es �un s�ndrome de origen cerebral. Es de naturaleza cr�nica y progresiva, generando d�ficits en funciones corticales superiores como la memoria, el pensamiento, la orientaci�n, la comprensi�n, el c�lculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio�. Adicionalmente, hizo alusi�n al �Manual Diagn�stico y Estad�stico de los Trastornos Mentales�.

 

(b) Aclarar si la �demencia� puede ser considerada como una situaci�n de discapacidad cognitiva o mental, y en caso de no serlo, precisar sus diferencias.�

 

Se�al� que �el deterioro cognitivo en la demencia, interfiere de forma significativa en la independencia en las actividades de la vida cotidiana de la persona que la padece. Para el DSM-5, en el trastorno neurocognitivo existe un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento. Los d�ficits cognitivos interfieren con la autonom�a del individuo en las actividades cotidianas. El trastorno se clasifica en Leve, Moderado o Grave, seg�n la gravedad del cuadro, de acuerdo con el grado de afectaci�n de las actividades instrumentales cotidianas, de las actividades b�sicas cotidianas o si es totalmente dependiente�.

 

12.            Programa de Acci�n por la Igualdad y la Inclusi�n Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes

 

El interviniente apoy� los cargos formulados en la demanda. En ese sentido, solicit� a la Corte declarar la inexequibilidad de la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, por ser peyorativo y generar discriminaci�n contra las personas con discapacidad psicosocial. No obstante lo anterior, tambi�n requiri� declarar la inexequibilidad de todo el numeral 3� del art�culo 127, toda vez que inhabilita a las personas con discapacidad psicosocial para obrar como testigos en un matrimonio, restricci�n que, seg�n el interviniente, es contrario al derecho a la igualdad de la poblaci�n con discapacidad y desconoce el art�culo 12 de la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Con el fin de fundamentar su posici�n, afirm� que el Estado colombiano se acogi� al modelo social de discapacidad dispuesto en la Convenci�n, de manera que tiene la obligaci�n internacional de modificar y derogar todas aquellas normas que sean discriminatorias o peyorativas contra la poblaci�n con discapacidad. Conforme a ello, se�al� que �el t�rmino �demencia� empleado en el numeral 3 del art�culo 127 del C�digo Civil es una expresi�n reduccionista que radica la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad, lo cual es contrario al modelo social (�). Adicionalmente, se trata de una terminolog�a que genera discriminaci�n (art. 13, C.N.) porque margina sutil y silenciosamente a las personas con discapacidad psicosocial, quienes hist�ricamente han sido etiquetadas como �dementes� con base en el estigma, el miedo y la ignorancia (�)�. Resalt� que el t�rmino correcto es �discapacidad psicosocial�, pues la palabra �demencia� reproduce prejuicios sociales negativos y viola el derecho a la igualdad y no discriminaci�n.

 

Adujo, que acorde con el �test o juicio de exequibilidad en materia de lenguaje jur�dico� establecido en la sentencia C-042 de 2017, (i) la expresi�n �demencia� no tiene una funci�n neutral u objetiva, y en cambio, reproduce prejuicios y temores sociales, (ii) la expresi�n demandada se encuentra aislada de la regulaci�n propia de las personas con discapacidad psicosocial, la cual se consagr� en la Ley 1306 de 2009 y responde a la categor�a de �persona con discapacidad mental absoluta�. Precis� que se trata de una acepci�n utilizada por el legislador del siglo XIX �para referirse a un grupo poblacional, bajo una opci�n que no es sensible al enfoque m�s respetuosos de la dignidad humana y de la igualdad�. Finalmente manifest� que (iii) el objetivo perseguido por la norma �es el de determinar qu� personas pueden ser testigos del contrato de matrimonio (�) tiene una finalidad de excluir a las personas con interdicci�n de la posibilidad de ser testigos, bajo la idea de que la ley les debe una protecci�n (�)�. Agreg� que la palaba �demencia� lo que hace es radicar la discapacidad en el sujeto y no en la sociedad, contrariando abiertamente el modelo social.

 

Ahora bien, en relaci�n con lo que llama el interviniente como �el efecto material de la norma demandada�, adujo que el numeral 3 del art�culo 127 del C�digo Civil, al impedir que las personas con discapacidad psicosocial sean testigos para presenciar y autorizar un matrimonio, vulnera el derecho a la igualdad establecido en el art�culo 13 de la Constituci�n, as� como lo dispuesto en el art�culo 12 de la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Advirti� que la restricci�n que impone la norma atacada se fundamenta en un rasgo personal y permanente, y por tanto, se trata de un criterio sospechoso de discriminaci�n. En sus palabras afirm�: �la limitaci�n de [las personas con discapacidad psicosocial] de participar como testigos en la celebraci�n del negocio jur�dico del matrimonio se fundamenta en: (i) sus formas de procesar las experiencias y la percepci�n del mundo, un rasgo externo determinado por la sociedad que no se ha adaptado a su diversidad funcional; (ii) los prejuicios y estereotipos negativos sobre la discapacidad psicosocial, fundados en el miedo y el estigma; y (iii) la desconfianza hacia la forma en que estas personas se desenvuelven en el mundo jur�dico.�

 

Se�al� que el Estado colombiano tiene la obligaci�n internacional de garantizar a la poblaci�n con discapacidad el acceso en igualdad de condiciones en los tr�mites jur�dicos donde ejercen sus derechos. En ese sentido, expuso que las personas con discapacidad deben tener plena participaci�n en todos los aspectos de la vida jur�dica, lo que exige presenciar tr�mites notariales, registrales, en la celebraci�n de contratos, entre otros. As�, estableci� que la restricci�n que se impone en el numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, aparte de sustentarse en un prejuicio social, niega la capacidad jur�dica de las personas con discapacidad psicosocial e impide su participaci�n en procesos judiciales relevantes para la sociedad. Al respecto, precis� que el concepto de capacidad jur�dica no puede ser confundido con el concepto de capacidad mental, �pues una se refiere a la capacidad del titular de derechos y obligaciones y otra a la aptitud de una persona para adoptar decisiones, lo que puede variar en todas las personas y responde a distintos factores que componen la diversidad humana�. Para finalizar la organizaci�n interviniente realiz� un juicio integrado de igualdad frente a la norma y concluy� que no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional.

 

13.   Ministerio del Interior

 

Solicit� a la Corte emitir una sentencia �interpretativa o condicionada� de la palabra �demencia�, pues �la utilizaci�n del t�rmino demente hace parte de un contexto normativo hist�ricamente diferente y anacr�nico, pues se insiste, a partir de la promulgaci�n de la Ley 1306 de 2009, este t�rmino debe entenderse sustituido por el t�rmino persona con discapacidad mental�. Sobre el particular, hizo referencia a la Convenci�n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la jurisprudencia constitucional sobre el uso del lenguaje por parte del legislador.

 

14.  Grupo de Acciones P�blicas de la Universidad del Rosario �GAP-

 

Solicit� a la Corte declararse inhibida para fallar, toda vez que la palabra �demencia� se encuentra derogada por expresa voluntad del legislador por la expedici�n de la Ley 1306 de 2009. Refiri� que la Sala Plena est� ante el fen�meno de �sustracci�n de materia�, toda vez que �en aplicaci�n del r�gimen jur�dico en materia de personas con discapacidad mental, se debe atender a la intenci�n del legislador por erradicar expresiones que atenten la dignidad de este grupo de personas, y que en ese sentido estableci� el mandato de valorar sus actos conforme a lo dispuesto por la Ley 1306. (�) la expresi�n �demencia�, como estado cl�nico hist�ricamente empleado para identificar a las personas con discapacidad mental, con el pronunciamiento del legislador en materia de protecci�n a la dignidad de este grupo de personas, se entiende tambi�n extra�do de la legislaci�n colombiana (�)�.

 

Al final de la intervenci�n se hizo referencia a sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha ordenado modificar la palabra �demente� por la expresi�n �persona con discapacidad mental o cognitiva�.

 

15.  Instituto Caro y Cuervo[15]

 

El Instituto present� respuesta a cada uno de los interrogantes formulados por la magistrada sustanciadora en el auto admisorio.

 

(a)    Explicar los or�genes ling��sticos de la palabra �demencia�

 

�Seg�n el Diccionario de la Real Academia Espa�ola, �demencia� proviene del lat�n �dementia�. Esta palabra est� compuesta por el prefijo �de� que denota privaci�n o inversi�n del significado simple, y del sustantivo �mens, -tis�, que significa mente o esp�ritu. �Demencia�, en espa�ol, tiene dos acepciones: �Locura, trastorno de la raz�n�, la cual proviene directamente del lat�n; y la segunda, marcada en el diccionario como una acepci�n claramente dentro del registro m�dico, �deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta. Demencia senil�. La primera acepci�n de �demencia�, seg�n el Corpus Diacr�nico del Espa�ol (CORDE), aparece en registro escrito entre los a�os 1430 y 1460 en el �Cancionero castellano de Par�s� (varios autores) (�) Esta palabra, con esta misma acepci�n, apareci� en el primer diccionario de la Real Academia Espa�ola de 1780, (s.f. Locura, falta de juicio. Dementia), y habr�a de continuar as� en posteriores ediciones (1817, 1884, 1925, 1992 y 2001) (�) vale la pena decir que, de acuerdo al texto citado antes, se evidencia que �demencia� est� siendo usada en un �mbito ling��stico culto o autorizado (la voz suplica al Se�or y sabios varones) y no est� siendo usada por la voz con un sentido peyorativo. En la edici�n de 1992 del DRAE aparece por primera vez la segunda acepci�n, claramente marcada como propia de un registro m�dico (�) En la edici�n del 2001, se a�ade la marca profesional de psicolog�a (�)�.

 

(b)    Si la palabra �demencia� puede ser considerada como una expresi�n peyorativa o despectiva en el lenguaje castellano.

 

�En los diccionarios indexados por el sistema �Enclave� de la Real Academia de la Lengua (�) ninguna de las acepciones que aparecen para definir �demencia� o �demente� aparecen marcadas con intenci�n peyorativa. Sin embargo, a trav�s del Corpus del Nuevo Diccionario Hist�rico del Espa�ol (�), encontramos que en 1562 Jer�nimo Zurita, en la primera edici�n de Los anales de la Corona de Arag�n, escribe lo siguiente: ��diciendo muy a menudo, as� �l como los suyos, que el rey era falsario, perjuro, demente y leproso � que en aquellos tiempos era injur�a y afrenta grande y caso de menos valer-�� Por ello podemos afirmar que al menos desde el siglo XVI ha existido desde el uso de �demente� con intenci�n peyorativa. Esto es consecuente con la poca confianza que hist�ricamente se ha tenido en las personas con des�rdenes mentales. (�) Por ello podemos se�alar que, si bien no se encuentran entradas con intenci�n peyorativa de la palabra �demencia�, s� se encuentran ejemplos de esta intenci�n en la palabra �demente�. Como se puede ver, esta ha tenido un uso peyorativo desde mediados del siglo XVI. Sin embargo, esto es una excepci�n, pues como lo demuestra el CDH, de los 718 casos encontrados en 405 documentos, es una minor�a los casos que tienen claramente intenci�n peyorativa; la mayor�a de los casos revelan que se est� hablando, sin �nimo de agredir, sobre falta de raz�n de una persona�.

 

(c)    Precisar las acepciones de la palabra �demencia� y si pueden estar enmarcadas en el lenguaje de la medicina.

 

El Instituto reiter� la respuesta emitida en la primera pregunta. A�adi� una serie de resultados hallados en el �Corpus Iberia� sobre el uso de la palabra �demencia� como acepci�n cient�fica. Resalt� que el �rea de conocimiento que m�s utiliza esta expresi�n es el de las ciencias m�dicas.

 

V.CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI�N

 

El Procurador General de la Naci�n solicit� a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse de fondo por cuanto la expresi�n demandada no se encuentra vigente. Se�al� que debe entenderse que la �ltima voluntad de los representantes del pueblo, manifestada a trav�s de los procedimientos democr�ticos contemplados en la Carta Pol�tica, prevalece sobre las voluntades democr�ticas encarnadas en leyes previas. Lo anterior es la aplicaci�n del principio �lex posterior derogat anteriori�. Conforme a ello, el Ministerio P�blico record� que el par�grafo �nico del art�culo 2� de la Ley 1306 de 2009 �Por la cual se dictan normas para la protecci�n  de personas con discapacidad mental y establece el r�gimen de la representaci�n legal de incapaces emancipados�, dispuso que el t�rmino �demente� debe ser sustituido por persona con discapacidad mental. Concluy� que �la expresi�n demandada al ser sustituida desapareci� del ordenamiento jur�dico y, por tanto, no est� produciendo ni puede producir efectos. Por ende, al no existir norma o proposici�n legal que se pueda cotejar con la Carta Pol�tica, la Corte Constitucional carece de competencia para efectuar un pronunciamiento de fondo�.

 

VI.           CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

1. Competencia

 

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del numeral 4� del art�culo 241 de la Carta Pol�tica.

 

2. Problemas jur�dicos y metodolog�a de la decisi�n

 

2.1.         De acuerdo con los antecedentes expuestos, los demandantes afirman que la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil desconoce los art�culos 1�, 2�, 5� y 13 de la Constituci�n Pol�tica, toda vez el lenguaje utilizado por el legislador es peyorativo y discriminatorio con las personas en condiciones de discapacidad mental, y por tanto, contrario al principio de la dignidad humana y los fines del Estado. Los demandantes argumentan que la palabra �demencia� refuerza los imaginarios hist�ricos que mantienen marginada a la poblaci�n en situaci�n de discapacidad cognitiva o mental. En consecuencia solicitan que la expresi�n �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, sea declarada exequible condicionadamente bajo el entendido de �que la misma deber� en adelante ser sustituida por la locuci�n �discapacitado mental�, sin que a su vez el cambio de palabras implique afectar la finalidad de la norma propiamente dicha�.^[16]

 

2.2.         En concepto del Ministerio P�blico y de algunas intervenciones ciudadanas, la Corte debe declararse inhibida dado que existe una derogatoria expresa del legislador de la palabra �demencia� en la Ley 1306 de 2009, en la cual se consagr� que �El t�rmino "demente" que aparece actualmente en las dem�s leyes se entender� sustituido por "persona con discapacidad mental" y en la valoraci�n de sus actos se aplicar� lo dispuesto por la presente Ley, en lo pertinente�.[17]

 

2.3.         Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional debe resolver si en el presente caso ha operado el fen�meno de la derogatoria t�cita o expresa del aparte demandado.

 

2.4.         Una vez se determine la vigencia del enunciado demandado, la Sala proceder� a realizar el estudio de los cargos formulados contra la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, para lo cual se reiterar� la jurisprudencia constitucional relativa a los usos del lenguaje por parte del legislador al momento de regular asuntos de personas en condiciones de discapacidad, y con base en estas subreglas, se resolver� si existe una violaci�n a las disposiciones de la Constituci�n Pol�tica.

 

3.  Cuesti�n preliminar: Vigencia del enunciado demandado.

 

3.1.          El art�culo 241 de la Constituci�n consagra la competencia de la Corte Constitucional para conocer demandas de inconstitucionalidad contra leyes. Esta funci�n supone realizar un juicio de validez entre una norma de inferior jerarqu�a y una norma constitucional, que puede llevar a la expulsi�n de la norma legal del ordenamiento jur�dico por desconocer los mandatos constitucionales. En esa medida, es imprescindible que el precepto demandado se encuentre vigente y siga produciendo efectos jur�dicos, pues la Corte no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas que ya no existen. 

 

3.2.          El Congreso de la Rep�blica, acorde con los art�culos 1� (principio democr�tico), 3� (soberan�a popular) y 150.12 (cl�usula general de competencia), tiene la competencia para derogar normas anteriores. Como lo ha establecido este Tribunal, debe entenderse que la �ltima voluntad manifestada por los representantes del pueblo es la prevalente sobre las voluntades expresadas en leyes previas. Conforme a los art�culos 71 y 72 del C�digo Civil la derogaci�n de una ley puede ser expresa o t�cita. Es expresa cuando la nueva ley se�ala de manera un�voca que deroga a la antigua. Es t�cita cuando �la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior�. Adem�s cuando la derogatoria es t�cita, dice el art�culo 72, �deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley�.

 

Posteriormente, la Ley 153 de 1887 adicion� la derogatoria org�nica en su art�culo 3�, el cual establece: �Est�mase insubsistente una disposici�n legal por declaraci�n expresa del legislador, � por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, � por existir una ley nueva que regula �ntegramente la materia � que la anterior disposici�n se refer�a�.

 

3.3.          La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha interpretado estas disposiciones y ha establecido su alcance en el marco del control abstracto de constitucionalidad.[18] Al respecto, ha precisado en sus t�rminos lo siguiente:

 

�(�) la derogatoria es aquel efecto de una ley, determinante de la p�rdida de vigencia de otra ley anterior, la cual puede ser expresa o t�cita. Este �ltimo evento tiene lugar al menos en dos hip�tesis: (i) cuando una norma jur�dica posterior resulta incompatible con una anterior, o (ii) cuando se produce una nueva regulaci�n integral de la materia. As� lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporaci�n al se�alar que la derogatoria de una ley puede ser �expresa, t�cita o por reglamentaci�n integral (org�nica)  de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y espec�ficamente la anterior; la segunda cuando la nueva ley contiene disposiciones incompatibles o contrarias a la de la antigua, y la tercera cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de �stas y las de la nueva ley��.[19]

 

3.4.         Acorde con ello, cuando se trata de una derogatoria expresa, �no cabe duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposici�n contin�e proyectando sus efectos en el tiempo�.[20] Sin embargo, trat�ndose de una derogatoria t�cita, seg�n la cual la vigencia de una ley se torna dudosa, �la Corte debe pronunciarse sobre la conformidad o inconformidad con la Constituci�n, pues ella podr�a estar produciendo efectos�.[21] En efecto, seg�n la jurisprudencia constitucional m�s reciente, la derogatoria t�cita �obedece a un cambio de legislaci�n, a la existencia de una incompatibilidad entre la anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretaci�n de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la derogaci�n es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender la aplicaci�n y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue amparado por una presunci�n de validez respecto de las situaciones ocurridas durante su vigencia�.[22]

 

3.5.          De tal forma, �para que la Corte descarte la posibilidad de emitir una decisi�n de fondo debe existir certeza en la configuraci�n de la p�rdida de vigor de la disposici�n derogada, dado que s�lo en ese caso dicha determinaci�n no ser�a considerada una denegaci�n de justicia. Contrario sensu, en el evento que exista duda sobre la derogatoria de la norma, la Corte debe emitir un fallo de fondo�.[23]

 

3.6.    Igualmente, la Corte ha aclarado que la acci�n de inconstitucionalidad no es el mecanismo adecuado para que la Corte declare formalmente que una norma ha sido t�citamente derogada. En ese orden de ideas, no puede un ciudadano interponer una acci�n de inconstitucionalidad ante la Corte, sin m�s cargos espec�ficos, para solicitar que se declare que la norma ya no est� vigente. La raz�n de lo anterior, ha dicho la Corte, se sustenta en que �la acci�n p�blica de inconstitucionalidad exige de esta Corporaci�n un juicio de validez y un an�lisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jur�dicas. Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada est� vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El an�lisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control, vgr., cu�les son las normas vigentes o que, a pesar de haber sido derogadas, pueden seguir produciendo efectos jur�dicos, respecto de las cuales debe hacerse un juicio de inconstitucionalidad.�[24]

 

3.7.    En suma, en el marco del control abstracto de constitucionalidad, la Corte debe establecer el objeto de control de la demanda. Esto implica revisar si la disposici�n demandada como inconstitucional est� o no vigente y sigue produciendo efectos jur�dicos. Si la norma ha sido derogada expresamente, la Corte deber� declararse inhibida para fallar por configurarse una carencia actual de objeto. De lo contrario, si existen dudas sobre la vigencia de la norma demandada (derogatoria t�cita) y �sta sigue produciendo efectos jur�dicos en el tiempo, en desarrollo de su funci�n de garante de la supremac�a de la Constituci�n, la Corte debe estudiar su validez dentro el ordenamiento jur�dico a la luz de los principios constitucionales.

 

Vigencia de la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil en relaci�n con el par�grafo del art�culo 2� de la Ley 1306 de 2009

 

3.8.           El Ministerio P�blico y algunos intervinientes[25] afirman que existe una derogatoria expresa de la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, toda vez que el legislador a trav�s de ley posterior (Ley 1306 de 2009) dispuso que �el t�rmino �demente� que aparece actualmente en las dem�s leyes se entender� sustituido por "persona con discapacidad mental" y en la valoraci�n de sus actos se aplicar� lo dispuesto por la presente Ley, en lo pertinente�. Adicionalmente en el art�culo 119 se advierte que �quedan derogadas (�) las dem�s normas que sean contrarias a esta ley�.

 

3.9.          La Sala Plena considera que no les asiste raz�n al Ministerio P�blico ni a los intervinientes que sugieren que se est� ante una derogatoria expresa o t�cita de la norma demandada. No es una derogatoria expresa por cuanto el legislador no determin� de manera precisa que la norma demandada estaba derogada o que era contraria a la nueva normativa. Es decir, no existe una exclusi�n expl�cita del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil consagrado en la Ley 1306 de 2009.

 

3.10.    Del mismo modo, la Sala estima que no existe tampoco una derogatoria t�cita porque el art�culo 127 del C�digo Civil y la Ley 1306 de 2009 regulan contenidos normativos diferentes y la norma atacada contin�a produciendo efectos jur�dicos, o al menos, existen dudas relevantes que permiten analizar de fondo los cargos formulados. Al respecto, los ciudadanos que presentaron la demanda resaltaron que su inconformidad es el lenguaje utilizado por el legislador en el numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil. Cabe precisar que esta norma establece que las personas que �se hallaren en interdicci�n por causa de demencia� no pueden ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio. Esta norma se encuentra inserta en el T�tulo IV del C�digo Civil (Ley 153 de 1887), el cual regula todo lo ateniente al matrimonio civil.

 

3.11.    Por su parte, la Ley 1306 de 2009 �Por la cual se dictan normas para la protecci�n de personas con discapacidad mental y establece el r�gimen de la representaci�n legal de incapaces emancipados�, dispone en su art�culo 2� que el t�rmino �demente� deber� ser sustituido en las leyes actuales por �persona con discapacidad mental�. Este cuerpo normativo derog� expresamente todo lo concerniente al r�gimen de tutela y curadur�a de personas en condiciones de discapacidad mental o cognitiva que regulaba el C�digo Civil en sus art�culos 428 � 632, entre otros. Esta Ley regula el proceso de interdicci�n de las personas con discapacidad mental absoluta y relativa, el r�gimen de guardadores, curadores y representantes, entre otros.  De manera que una lectura de la norma demandada en esta oportunidad y la Ley 1306 de 2009, permite concluir que son cuerpos normativos diferentes que regulan asuntos diversos.

 

3.12.    Ahora bien, podr�a afirmarse que en la medida en que el numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil alude a la interdicci�n en casos de demencia, es ineludible acudir a la regulaci�n que hace la Ley 1306 de 2009, pues es en esta normativa que se establece el r�gimen de los procedimientos de interdicci�n para personas en condiciones de discapacidad mental absoluta y/o relativa. Sin embargo, aunque puede ser cierto que en la pr�ctica deben interpretarse de manera conjunta ambas normas en cuanto al proceso de interdicci�n, el art�culo 127 del C�digo Civil regula un contrato civil especial y establece las personas que no pueden ser testigos del matrimonio, entre las cuales se�ala a los interdictos con �demencia� y no a los �dementes�. N�tese que no se trata de dos t�rminos exactamente iguales ni de dos normativas coincidentes, pues lo que modific� el legislador fue la denominaci�n del sujeto como �demente�, pero no hizo lo mismo con el t�rmino demencia � como sustantivo-.[26]

 

3.13.    Conforme a lo anterior, la Sala considera que no existe una derogatoria expresa ni t�cita de la norma atacada, y en consecuencia, contin�a vigente. En ese orden de ideas, la Sala proceder� a analizar la inconstitucionalidad de la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil por los cargos formulados.

 

4.     Usos del lenguaje por parte del legislador al momento de regular asuntos de personas en condiciones de discapacidad. Reiteraci�n jurisprudencial.

 

4.1.         El control de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional se concentra en analizar disposiciones jur�dicas a la luz de las disposiciones constitucionales. Se trata de una comparaci�n normativa entre normas de naturaleza legal y normas de naturaleza constitucional. Este juicio de constitucionalidad puede llevar a expulsar del ordenamiento jur�dico una norma que es contraria a la Carta, pero tambi�n puede derivar en la sola expulsi�n de una palabra o uso ling��stico del legislador dentro de la proposici�n jur�dica.^[27] Con base en esto, la jurisprudencia de la Corte ha establecido que el control judicial de esta Corporaci�n �puede hacerse sobre fragmentos de proposiciones e incluso sobre expresiones ling��sticas aisladas, siempre y cuando sean susceptibles de producir efectos jur�dicos�.^[28]

 

4.2.         El estudio de constitucionalidad de expresiones ling��sticas o de palabras aisladas de la disposici�n jur�dica encuentra justificaci�n en que el lenguaje tiene un efecto simb�lico en la estructura social y normativa de una sociedad, y en efecto, la Carta Pol�tica no solo es un compendio de normas, sino un sistema de valores, principios y objetivos constitucionales que pueden verse afectados por los usos del lenguaje del legislador. Esto es lo que la Corte ha denominado como �el lenguaje constitucionalmente admisible�,[29] y se sustenta en que las palabras que son utilizadas en la ley no son neutrales ni imparciales sino que dependen de un contexto y de unas ideas latentes en el momento en el que el legislador las emite. Con fundamento en fil�sofos y ling�istas la Corte ha precisado:  

 

�(�) en primer lugar, que la supuesta neutralidad del lenguaje ha sido cuestionada desde hace muchos a�os; se considera que este puede contener cargas valorativas que perpet�an modelos sociales que, en eventos, pueden redundar en la discriminaci�n de las minor�as. En segundo t�rmino, tambi�n resulta patente que existen, desde los �mbitos acad�micos de distintas disciplinas, voces que cuestionan la legitimidad del empleo de un lenguaje pol�ticamente neutro o correcto. Las razones para ello, en el parecer de la Sala, se asientan principalmente en dos cuestiones: por un lado, la �pureza� o conservaci�n de la lengua -esto es, por motivos de tradici�n; por el otro, en cuestionamientos profundos sobre la verdadera capacidad de transformaci�n que tiene el lenguaje sobre la realidad.�[30]

 

4.3.         Acorde con ello,  este tribunal ha establecido que �el legislador est� en la obligaci�n de hacer uso de un lenguaje legal que no exprese o admita interpretaciones claramente contrarias a los principios, valores y derechos reconocidos por la Constituci�n Pol�tica�,^[31] en especial frente a grupos vulnerables o especialmente protegidos.^[32] As�, el legislador tiene plena libertad de configuraci�n, sin embargo el uso del lenguaje encuentra l�mites cuando �ste se utiliza de forma peyorativa contra grupos poblacionales hist�ricamente discriminados. Por esa raz�n, cuando la Corte ha encontrado expresiones en normas que contrar�an la dignidad humana o generan efectos discriminatorios contra alg�n segmento de la poblaci�n, ha declarado su exequibilidad condicionada o su inexequibilidad teniendo en cuenta  el �potencial transformador del lenguaje jur�dico y de la cultura jur�dica�.^[33] 

 

4.4.         De la misma forma, en sede del control abstracto de constitucionalidad, las palabras demandadas no pueden ser entendidas por fuera de su dimensi�n normativa. El control de constitucionalidad de expresiones o palabras aisladas de la norma jur�dica, debe trascender del texto normativo y debe tener presente factores hist�ricos, sociol�gicos y del uso del idioma para determinar si son contrarias o no a los principios constitucionales. Por esa raz�n es que en la sentencia C-458 de 2015^[34] la Corte hall� que unas expresiones demandadas eran exequibles, al considerarlas acordes con un lenguaje t�cnico jur�dico, y otras en cambio, ten�an una connotaci�n peyorativa que deb�a ser corregida:

 

�La Corte encontr� que, aunque el lenguaje s� puede tener implicaciones inconstitucionales, pues podr�a ser entendido y utilizado con fines discriminatorios, el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje t�cnico jur�dico pretende definir una situaci�n legal y no hacer una descalificaci�n subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias expresiones ser�n declaradas exequibles, por los cargos analizados en esta oportunidad.

 

De otro lado, la relevancia del an�lisis del lenguaje en sede constitucional, tambi�n debe considerar que �ste responde a un contexto temporal que determina las categor�as socialmente aceptadas. Sin embargo, tales contextos y categor�as admitidas por la sociedad son din�micos y por tanto deben ser actualizados a medida que se presentan cambios. No obstante, es indiscutible la imposibilidad de actualizar �por medio del tr�mite legislativo- un amplio c�mulo normativo en sincron�a perfecta con el cambio social. Por esta y otras razones, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos de actualizaci�n que pretenden preservar los derechos de las personas, en particular de quienes enfrentan una situaci�n de discapacidad o de capacidad excepcional, a fin de evitar el estigma o la descalificaci�n. Uno de estos dispositivos de actualizaci�n es el bloque de constitucionalidad, que al integrar diversos instrumentos internacionales de protecci�n de las personas en discapacidad al ordenamiento colombiano, permite transformar el lenguaje a los est�ndares sociales vigentes, a la vez que preserva los derechos de sujetos que merecen especial protecci�n constitucional. Con base en estas circunstancias, la Corte analiz� varias expresiones que podr�an contener una carga discriminatoria y condicionar� su constitucionalidad a una comprensi�n ligada a la normativa internacional vigente, que no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger�.^[35]

 

4.5.         De manera que, es tarea del juez constitucional determinar qu� expresiones utilizadas por el legislador son peyorativas y denigrantes para un grupo social, y qu� expresiones atienden a un contexto t�cnico jur�dico. Ahora bien, para verificar la constitucionalidad de expresiones demandadas que se alegan violatorias de derechos y principios constitucionales, la Corte ha fijado los siguientes criterios de an�lisis:

 

�Luego de analizar y establecer el objetivo de la ley en que se enmarcan las palabras acusadas, se ha de: (i) analizar la funci�n de la expresi�n dentro del art�culo a fin de determinar si tiene una funci�n agraviante o discriminatoria, o se trata de una funci�n neutral o referencial sin cargas negativas. (ii) Analizar el contexto normativo de la expresi�n, a fin de determinar si se trata de una expresi�n aislada o si interact�a con las normas a fin de contribuir a lograr los objetivos de la disposici�n normativa, de tal forma que el excluirla pueda afectar el sentido y objetivo de la norma. Finalmente (iii) analizar la legitimidad del objetivo perseguido por la disposici�n normativa al cual contribuye la expresi�n acusada.�^[36]

 

4.6.         Esta Corporaci�n ha estudiado demandas contra expresiones o palabras contenidas en las normas que son discriminatorias o contrarias al modelo social de discapacidad.[37] Por mencionar algunas sentencias relevantes para el estudio de la demanda que se analiza en esta oportunidad, cabe recordar la C-478 de 2003[38] en la cual la Corte declar� inexequibles las expresiones �furiosos locos�, �mentecatos�, �imbecilidad�, �idiotismo�, �locura furiosa� y �casa de locos�, contenidas en varios art�culos del C�digo Civil, por ser discriminatorias,  peyorativas y contrarias a la dignidad humana de la poblaci�n con discapacidad cognitiva o mental. La Corte abord� la evoluci�n hist�rica del concepto de discapacidad y precis� que en un comienzo era una categor�a asociada a t�rminos cient�ficos/m�dicos en la ley civil y penal. La doctrina civil de autores cl�sicos del derecho privado (como lo son Planiol y Ripert, Luis Claro Solar y Laurent) criticaba el uso de estas categor�as por parte del legislador, en raz�n a que consideraba que �la calificaci�n de las patolog�as que realiza la ley civil es indiferente por cuanto, adem�s de no definirlas con claridad, un examen de la jurisprudencia muestra que existe una gran variedad de trastornos mentales que han conducido a la declaraci�n judicial de interdicci�n�. La Corte afirm� que luego de la segunda guerra mundial y el auge del derecho internacional de los derechos humanos, el concepto de discapacidad fue reevaluado desde el modelo social, perspectiva que los deslinda del �rea de la medicina.  

 

4.7.         En la sentencia C-1088 de 2004[39] la Corte estudi� una demanda contra las expresiones �si la locura fuere furiosa� y �loco� contenidas en el art�culo 548 del C�digo Civil por ser contrarias a los contenidos de los art�culos 13 y 47 de la Carta Pol�tica. Los actores argumentaron que aquellas palabras eran denigrantes e irrespetuosas con quienes ten�an alguna enfermedad mental severa. De manera que solicitaron que la Corte declarar la inexequibilidad de los t�rminos y disponer que deb�an ser sustituidas por �persona con discapacidad mental severa�. La Sala Plena declar� inexequibles las expresiones demandadas. En sus palabras consider�:

 

�Para la Corte, es factible que el legislador, para efectos de definir una instituci�n, acuda a una terminolog�a que en el momento de la promulgaci�n de la norma sea compatible no s�lo con el estado de la ciencia, sino tambi�n con los fundamentos de la legitimidad del poder p�blico. De igual modo, es posible que, una vez utilizadas esas expresiones, ellas pierdan significaci�n cient�fica, incluso descriptiva.  Y tambi�n es posible que esa terminolog�a quede relegada ante la redefinici�n de los par�metros de racionalidad de las sociedades modernas y que lo sea de tal manera que no solo no se adecue a tales par�metros sino que los contrar�e. || Es lo que ocurre con las expresiones legales que ocupan la atenci�n de la Corte.  Es comprensible que en la configuraci�n del derecho positivo del Estado liberal originario hayan sido leg�timas las referencias a las enfermedades mentales como estados de  �locura furiosa� y que las personas que las padec�an hayan sido aludidas como  �locos�  pues en ese momento no exist�an razones para atribuirles a esas expresiones la carga peyorativa que hoy tienen.  Pero bajo el Estado social de derecho, la lectura de la val�a del ser humano es muy diferente y lo es al punto que su dignidad y sus derechos, de la mano de la democracia pluralista, se convierten en el fundamento del nuevo orden institucional.  En esta nueva visi�n, el ser humano debe ser tratado como tal y no como un esp�cimen m�s de la naturaleza o como una cosa susceptible de definirse con cualquier tipo de lenguaje. 

 

Advirti� que la codificaci�n napole�nica como antecedente pr�ximo de la mayor�a de los C�digo Civiles de los Estados de Am�rica Latina ten�a una terminolog�a para referirse a las personas en condiciones de discapacidad, que para la �poca eran expresiones descriptivas y cient�ficas pero que hoy, a la luz de los est�ndares de la Constituci�n de 1991, adquirieron un sentido discriminatorio y peyorativo, �[d]e all� que al poder pol�tico ya no le est� permitido aludir a los seres humanos, sea cual sea su condici�n, con una terminolog�a que los despoje de su dignidad, que los relegue al derecho de cosas.  Mucho m�s cuando se trata de personas discapacitadas pues a ellas tambi�n les es inherente su dignidad de seres humanos y, dada su condici�n, deben ser objeto de discriminaci�n positiva y de protecci�n e integraci�n social. || No puede perderse de vista que las normas demandadas generan una discriminaci�n cierta contra las personas con discapacidad mental.  En efecto, el contenido expresivo del modo peyorativo de las expresiones �loco� o �locura furiosa� ubica el asunto de la discapacidad mental en un �mbito de divisi�n entre la normalidad y la anormalidad, en el cual se excluye a los discapacitados de su condici�n de personas con iguales condiciones y derechos, situaci�n que es diametralmente opuesta al cumplimiento de los deberes positivos de promoci�n hacia las personas que por su condici�n mental est�n en condiciones de debilidad manifiesta y que son impuestos al Estado por el art�culo 13 Superior�.[40]

 

4.8.         La sentencia C-147 de 2017^[41] recoge la jurisprudencia m�s relevante sobre la importancia constitucional del lenguaje y el alcance del control de constitucionalidad en relaci�n al l�xico utilizado por el legislador en asuntos que regulan los derechos de la poblaci�n en condici�n de discapacidad. Esta providencia reiter� igualmente las sentencias m�s recientes en la tem�tica, C-458 de 2015^[42] y C-042 de 2017.^[43]

 

4.9.         En la sentencia C-147 de 2017,^[44] la Corte declar� la inexequibilidad de la expresi�n �al discapacitado�, contenida en el art�culo 2� de la Ley 1145 de 2007 y la sustituy� por la expresi�n �persona en condici�n de discapacidad�. La Sala Plena de la Corte puntualiz� que (i) el control de constitucionalidad tambi�n se realiza sobre expresiones ling��sticas, toda vez que �stas pueden implicar una contradicci�n o vulneraci�n del contenido axiol�gico de la Constituci�n, (ii) la existencia de un marco normativo constitucional e internacional que proh�be cualquier tratamiento discriminatorio contra las personas en condiciones de discapacidad exige revisar tambi�n el lenguaje utilizado por las disposiciones, pues puede conllevar a desconocer la dignidad humana y (iii) el modelo social de discapacidad es un �referente de interpretaci�n� constitucional que garantiza el respeto a la dignidad humana y la diversidad funcional de las personas. La Sala Plena, luego de reiterar la jurisprudencia sobre el ejercicio del control judicial sobre expresiones ling��sticas utilizadas por las normas, afirm� que en el caso de las personas con discapacidad, se ha producido un enfoque transformador a partir del modelo social de la discapacidad. Lo anterior implica cambiar la perspectiva como se concibe la discapacidad, lo que exige igualmente, el uso del lenguaje. En palabras de la Corte:

 

�En particular, esta Corporaci�n ha sostenido que en materia de protecci�n de los derechos de las personas con discapacidades se ha producido una transformaci�n acelerada a nivel internacional, la cual incluye un cambio de paradigma conceptual frente a esta realidad. Sin embargo, las modificaciones en el uso del lenguaje no se presentan de manera simult�nea. Por el contrario, est� rezagado y se mantienen usos ambivalentes de t�rminos como los de �discapacitado� y �minusv�lido�, al tiempo con otros m�s acordes con el nuevo modelo de comprensi�n como barrera social. En esta medida, el an�lisis de constitucionalidad sobre t�rminos utilizados, tanto en la legislaci�n interna como en los instrumentos internacionales, debe ser especialmente cuidadoso, y estar atento al contexto normativo en el cual se insertan las expresiones utilizadas. El papel del juez constitucional no es el de impulsar el adecuado uso de un nuevo lenguaje, sino evitar que conduzca a situaciones de discriminaci�n, o contrarias a la dignidad humana, o que niegue el deber estatal de crear medidas para que la igualdad sea real�.^[45]

 

Advirti� que existen varias normas en el ordenamiento jur�dico que no utilizan un lenguaje t�cnico especializado frente a situaciones jur�dicas, y en cambio, se contemplan palabras de uso corriente o coloquial. Estas expresiones tienden a evolucionar dentro del contexto social y pol�tico y pueden generar efectos discriminatorios contra sectores de la poblaci�n. Por ejemplo, la Corte record� que en la sentencia C-258 de 2016,^[46] se declar� inexequible la palabra �cretino�, seg�n la cual, a pesar de tener un contenido cient�fico y t�cnico referente a las personas que tienen una deficiencia en la gl�ndula tiroides que conlleva a un retraso en el crecimiento f�sico y mental, tiene en la poblaci�n en general una acepci�n peyorativa y violatoria del derecho a la igualdad.

 

4.10.    Teni�ndose en cuenta estas reglas de la jurisprudencia, la Corte analiz� si la palabra �al discapacitado� era inconstitucional. La Corporaci�n estableci� que �esta expresi�n hace parte de subsistemas normativos que buscan la protecci�n de las personas en condici�n de discapacidad, sin embargo, el lenguaje utilizado atenta contra la dignidad humana y la igualdad, pues no responden a criterios t�cnicos jur�dicos o cient�ficos, sino que fueron utilizadas para referirse a ciertos grupos o situaciones que desconocen los enfoques m�s respetuosos de la dignidad humana�.^[47] Para la Corte la expresi�n �discapacitado� es un l�xico legal que genera mayor adversidad para la poblaci�n con discapacidad. Concluy� que la palabra �(�) genera un escenario nocivo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en condici�n de discapacidad, pues traza directrices inconstitucionales para la implementaci�n y ejecuci�n de las pol�ticas p�blicas en la materia, debido a la configuraci�n de criterios interpretativos que identifican a los beneficiarios de las mismas a partir de visiones reduccionistas y de marginaci�n por su especial situaci�n, y que adem�s distorsiona el concepto de diversidad funcional, propia del sistema social de discapacidad�.^[48] As�, estableci� que la expresi�n no ten�a un contenido t�cnico jur�dico y desconoc�a el deber de neutralidad del legislador, por lo que declar� inexequible la expresi�n �discapacitado� y orden� sustituirla por la expresi�n �persona en condici�n de discapacidad�.

 

4.11.    En suma, la jurisprudencia ha establecido que el control judicial de constitucionalidad puede ejercerse igualmente en palabras o usos ling��sticos dispuestos en una normativa. Esto se realiza con el objeto de verificar �si el uso de la expresi�n que se deriva del contexto normativo, implica un acto discriminatorio� y es de tal magnitud que despoja de dignidad al sujeto que regula.^[49] En el caso de las normas que regulan asuntos de las personas con discapacidad debe tenerse presente el modelo social como un criterio hermen�utico del ordenamiento interno, de la jurisprudencia constitucional y de los instrumentos internacionales sobre la materia. En ese sentido, a pesar de que pueden existir expresiones que otorgan beneficios a la poblaci�n con discapacidad por encontrarse en un subsistema normativo que as� lo reconoce, puede producirse una vulneraci�n a los principios de la Constituci�n cuando se genera una exclusi�n de la poblaci�n con discapacidad sin ninguna justificaci�n o porque se atenta contra la neutralidad de la ley.

 

5.  An�lisis de la expresi�n �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil (Ley 57 de 1887)

 

5.1.    La Sala considera necesario hacer algunas anotaciones sobre el t�rmino �demencia� a nivel hist�rico, con el objeto de revisar c�mo se entend�a en el contexto del C�digo Civil este concepto. Posteriormente establecer si la palabra acusada es o no constitucional.

 

El concepto de demencia y el contexto de la norma en la que se inserta

 

5.2.         Desde una perspectiva ling��stica, la demencia es un sustantivo que tiene dos acepciones seg�n la Real Academia Espa�ola (RAE); (i) �la locura, trastorno de la raz�n� y (ii) �Med. Deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta. Demencia Senil�. La Academia Colombiana de la Lengua y el Instituto Caro y Cuervo, intervinientes en este proceso, reiteraron estas concepciones del t�rmino. Adem�s la Academia asegur� que �no comporta ninguna connotaci�n peyorativa, pues designa una enfermedad�.

 

5.3.         Por su parte, el Instituto Caro y Cuervo con fundamento en los registros de las diferentes ediciones del diccionario de la Real Academia Espa�ola dijo que la primera acepci�n del t�rmino �demencia� se asoci� a la locura o falta de juicio (desde 1780), y posteriormente, se encuentra su asociaci�n al registro m�dico (1992):

 

�La primera acepci�n de �demencia�, seg�n el Corpus Diacr�nico del Espa�ol (CORDE), aparece en registro escrito entre los a�os 1430 y 1460 en el �Cancionero castellano de Par�s� (varios autores)^[50](�) Esta palabra, con esta misma acepci�n, apareci� en el primer diccionario de la Real Academia Espa�ola de 1780, (s.f. Locura, falta de juicio. Dementia), y habr�a de continuar as� en posteriores ediciones (1817, 1884, 1925, 1992 y 2001) (�) vale la pena decir que, de acuerdo al texto citado antes, se evidencia que �demencia� est� siendo usada en un �mbito ling��stico culto o autorizado (la voz suplica al Se�or y sabios varones) y no est� siendo usada por la voz con un sentido peyorativo. En la edici�n de 1992 del DRAE aparece por primera vez la segunda acepci�n, claramente marcada como propia de un registro m�dico (�) En la edici�n del 2001, se a�ade la marca profesional de psicolog�a (�)�.

 

5.4.         Asimismo resalt� que desde mediados del siglo XVI ha existido el uso de la palabra �demente� con intenci�n peyorativa pero no ocurre lo mismo con la �demencia�. A�adi� que �un caso particular, pero bastante m�s popular, de la intenci�n peyorativa de �demente� es el de equiparar la demencia con el amor. La primera aparici�n de este uso, data de 1784 �cuando Le�n de Arroyal escribe Los epigramas: en uno de ellos se�ala: �Entre el demente y amante solo hay esta diferencia, que el un furor siempre dura, y el otro en logrando cesa��. El Instituto tambi�n resalt� que la palabra demencia es utilizada principalmente en los textos de las ciencias m�dicas y en el espa�ol cient�fico.

 

5.5.         Desde una perspectiva hist�rica puede afirmarse que la demencia fue por primera vez descrita por el psiquiatra Philippe Pinel (1745-1826) en el a�o 1797.^[51] Existe evidencia de que el t�rmino demencia apareci� en la �Encyclop�die Fran�aise� y en el derecho franc�s entre los a�os 1794 y 1799 en relaci�n con el caso de una mujer que fingi� locura para evadir un juicio en su contra. Este t�rmino durante varios a�os fue utilizado como sin�nimo de alienaci�n, idiotismo, estupidez, insensatez, imbecilidad, entre otros. Posteriormente se ha asociado como un trastorno com�n generado por la edad avanzada. Sus causas fueron relacionadas por condiciones de pobreza, desamor, dolores fuertes, exceso de dietas, alcoholismo, miedos o fobias, des�rdenes menstruales, entre otros (Esquirol).^[52] El t�rmino �demencia� fue incluido en el Manual Diagn�stico y Estad�stico de des�rdenes mentales solo hasta el a�o 1980 y definido como �una p�rdida de habilidades intelectuales con suficiente severidad para interferir en el funcionamiento social y ocupacional�.[53] Antes de que fuera incluido el concepto, desde 1840 sus s�ntomas se asociaban a un trastorno/desorden mental irreversible, a la senilidad, a la idiotez y a la locura.^[54]

 

5.6.         Desde una perspectiva m�dica, la demencia actualmente est� reconocida como un �trastorno mental neuro-psiqui�trico� en el �Manual diagn�stico y estad�stico de los trastornos mentales: DSM-5� de la Asociaci�n Americana de Psiquiatr�a y en la Clasificaci�n Internacional de Enfermedades (CIE).^[55] Este diagn�stico supone una discapacidad cognitiva y funcional, en la medida en que existe la imposibilidad del paciente para realizar actividades b�sicas e instrumentales de la vida diaria.^[56] El Ministerio de Salud conceptu� que la demencia es �una enfermedad cr�nica, progresiva, que hasta hace pocos a�os se consideraba como consecuencia del envejecimiento; actualmente la evidencia muestra que tiene un origen multicausal y que puede afectar a personas adultas en edades tempranas. La enfermedad afecta al individuo y su familia, en relaci�n con la discapacidad y dependencia que genera; hay aspectos de su origen que no est�n claros para la comunidad cient�fica y esto hace que de alguna manera la comprensi�n que las personas tienen de la enfermedad sea menor. Al igual que otros trastornos mentales, suele generar estigmatizaci�n y esto incide negativamente en la decisi�n del paciente y su familia para consultar de manera oportuna a los servicios de salud�.

 

5.7.         La Organizaci�n Mundial de la Salud define la demencia como �un s�ndrome causado por una enfermedad del cerebro -usualmente de naturaleza cr�nica o progresiva- en la cual hay una alteraci�n de m�ltiples funciones corticales superiores, incluyendo la memoria, el pensamiento, la orientaci�n, la comprensi�n, el lenguaje, la capacidad de aprender y de realizar c�lculos, y la toma de decisiones. El conocimiento no se nubla. Las deficiencias de las habilidades cognitivas est�n com�nmente acompa�adas, y ocasionalmente precedidas, por un deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivaci�n. Este s�ndrome se produce en un gran n�mero de condiciones que afectan primaria o secundariamente al cerebro�.^[57] Del mismo modo, se aclara que se trata de un trastorno que tiene diferentes fases de deterioro y que requiere de cuidados distintos seg�n el caso.

 

5.8.         Con base en lo anterior, espec�ficamente en los datos hist�ricos, puede afirmarse que la palabra �demencia� en los tiempos del C�digo Civil  (1887), se asociaba a un trastorno mental y de comportamiento irreversible con s�ntomas similares a los derivados de la locura, idiotismo e imbecilidad. El C�digo Civil utiliza el concepto de demencia en los art�culos 127 (testigos inh�biles para presenciar y autorizar un matrimonio), 251 (la obligaci�n del hijo emancipado de cuidar a sus padres en estado de demencia), 310 (suspensi�n de la patria potestad por demencia), 1025 (indignidad sucesoral), 1061 (inhabilidades testamentarias), 1068 (inhabilidad para ser testigo de testamento solemne), 1266 (causales de desheredamiento -por no haberlo socorrido en el estado demencia-) y 1644 (inhabilidad sobreviniente de la persona diputada para el pago). Como se observa, las disposiciones que utilizan el concepto lo hacen con el objeto de proteger a la persona, pero tambi�n, como causal para impedir que una persona participe de ciertos actos jur�dicos debido a �sufrir de demencia�.

 

La demencia en el numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil atiende a un concepto m�dico/cient�fico actual que no es peyorativo con las personas en condici�n de discapacidad mental o cognitiva  

 

5.9.         Como fue descrito en las consideraciones de esta providencia, la Corte Constitucional ha analizado la constitucionalidad de expresiones utilizadas en el C�digo Civil que a pesar de hacer referencia a conceptos t�cnicos, han perdido su vigencia cient�fica en el tiempo. Adicionalmente la Corte ha precisado que bajo la Constituci�n de 1991 y el paradigma social de la discapacidad, el lenguaje del legislador debe ser respetuoso de la dignidad humana y de la persona como sujeto de derechos. De tal forma, ha retirado del ordenamiento jur�dico todo el lenguaje que asocia o reduce a las personas en situaci�n de discapacidad a un estado m�dico o enfermedad. Ejemplos claros de esto son las sentencias C-478 de 2003[58] y C-1088 de 2004[59]. En las dos providencias se analizaron cargos contra t�rminos como �imbecilidad, �idiotismo�, �locura furiosa�, �casa de locos� y �si la locura fuere furiosa�, los cuales no se refieren a un sujeto (como s� lo hacen las palabras �demente�, �loco� �mentecato� o �loco furiosos�), sino a un sustantivo que determina un padecimiento enfermedad que hace incapaz al individuo.

 

5.10.    Sobre estos t�rminos la Corte concluy� que a pesar de que se trataba de la menci�n de enfermedades mentales que para la �poca eran aceptadas por las ciencias m�dicas, actualmente se trataba de expresiones arcaicas que conten�an una carga peyorativa y discriminatoria clara contra las personas en condiciones de discapacidad mental. Por ello, el problema jur�dico que plante� la Corte en la sentencia C-478 de 2003 consisti� �en determinar si la permanencia en la legislaci�n civil de expresiones que si bien en su momento correspondieron a los t�rminos t�cnicos empleados por los estudiosos de las ciencias de la salud, en la actualidad puede ser considerados como peyorativos u ofensivos, y por ende, contrarios al principio de dignidad humana, y en consecuencia, deber�an ser expulsados del ordenamiento jur�dico colombiano, siempre y cuando la disposici�n respectiva no pierda sentido, y se preserven otros principios constitucionales, en especial la igualdad, para no caer en un estado de desprotecci�n legal de los incapaces, igualmente contrario a la Constituci�n. En efecto, si la norma legal emplea t�rminos cient�ficos revaluados, pero �stos hacen parte de una instituci�n civil encaminada a asegurar una igualdad de trato a los incapaces, el juez constitucional debe acudir al principio constitucional de conservaci�n del derecho, examinando la posibilidad de expulsi�n de los t�rminos que resulten discriminatorios sin afectar el derecho a la igualdad o el sentido de la disposici�n correspondiente�.

 

5.11.    En el caso de la sentencia C-1088 de 2004, la Corte constat� que los t�rminos  �imbecilidad�,  �idiotismo�  y  �locura furiosa�  utilizados en el art�culo 545 del C�digo Civil para referirse a la privaci�n de la administraci�n de los bienes por raz�n de discapacidad mental, a pesar de la leg�tima finalidad de la norma de la que hacen parte, eran despectivos, contrarios a la dignidad humana y discriminatorios. En sus palabras se�al�:

 

�En este marco, es evidente la ilegitimidad de una norma jur�dica que se refiera a la discapacidad mental como  �locura furiosa�  y a quien la padece como  �loco�, que lo haga a�n en un momento de la historia en que tales expresiones han perdido toda significaci�n cl�nica y en el que se han dotado de una carga emotiva que instrumentaliza y discrimina a las personas con discapacidad mental.  Es decir, expresiones de esa �ndole, susceptibles de un uso emotivo que resulta jur�dicamente degradante y discriminatorio, no son compatibles con los fundamentos de una democracia constitucional y deben ser retiradas del ordenamiento jur�dico�.[60]

 

5.12.    A diferencia de lo que ocurre en el asunto de la presente providencia, en el caso de la sentencia C-1088 de 2004, la ciencia y los manuales m�dicos que clasifican estos trastornos descartaron por completo los t�rminos antes referidos (por ejemplo �idiotismo� o �locura furiosa�). En cambio, la �demencia� es un t�rmino m�dico/cient�fico vigente vinculado al alzheimer, demencia senil, demencia vascular, entre otros.[61] Acorde con estas consideraciones, a diferencia de los t�rminos antes se�alados, la palabra �demencia� actualmente tiene un significado m�dico cient�fico relevante y aparentemente neutral, el cual permite afirmar, en principio, que no es contrario a la Constituci�n y a la dignidad humana, en la medida en que hace referencia a un diagn�stico m�dico que puede representar una condici�n de discapacidad mental, cognitiva o psicosocial espec�fica. De igual forma, la causal prevista en el numeral 3� del art�culo 127, tiene por objeto asegurar que los requisitos legales que se exigen para la celebraci�n del matrimonio sean cumplidos. A la vez, al mencionar la figura de la interdicci�n, como lo ha reconocido la Corte, se est� en presencia de una instituci�n que ha sido dise�ada por el derecho romano y retomada por los contenidos del C�digo Civil con el objeto de propender por la protecci�n del patrimonio de las personas que no pueden hacerlo por s� mismas, y por tanto, se pretende la igualdad de trato entre desiguales.[62]

 

5.13.    Ahora bien, debe recordarse que es necesario siempre interpretar la normativa del C�digo Civil a la luz de los est�ndares actuales sobre la discapacidad. Esto implica necesariamente acudir a una interpretaci�n arm�nica de la norma demandada en esta oportunidad con relaci�n a cuerpos normativos posteriores en los que se ha incorporado la nueva visi�n de la Constituci�n de 1991. La Ley 1306 de 2009 �Por la cual se dictan normas para la protecci�n de personas con discapacidad mental y se establece el r�gimen de la representaci�n legal de incapaces emancipados�, refleja la voluntad democr�tica del tratamiento legal que debe darse a las personas en situaci�n de discapacidad mental o cognitiva. Esta Ley tiene por objeto la protecci�n e inclusi�n social de toda persona con discapacidad mental. Derog� todo el r�gimen de guardas e interdicci�n del C�digo Civil con el objeto de adecuar esta normativa al modelo social de discapacidad. En efecto, en los antecedentes de esta ley se encuentra:

 

�el proyecto est� concebido para responder a las necesidades personales y sociales de las personas con discapacidad mental, brind�ndoles el espacio para su actuaci�n correlativo a su capacidad intelectual, sin poner en riesgo sus intereses y los de la sociedad, para lo cual se establecen aquellas medidas imprescindibles para conseguir esos prop�sitos. Las prescripciones sobre el tratamiento especializado y las relativas a la administraci�n de los elementos econ�micos se dejan a expertos en las respectivas ciencias, en todo caso bajo la supervisi�n y control (directo y permanente) del Estado�.[63]

 

5.14.    Conforme a este prop�sito, el art�culo 2� de la Ley 1306 dispuso una definici�n de los sujetos con discapacidad mental y precis� en su par�grafo segundo, �[e]l t�rmino �demente� que aparece actualmente en las dem�s leyes, se entender� sustituido por �persona con discapacidad mental� y en la valoraci�n de sus actos se aplicar� lo dispuesto por la presente ley en lo pertinente�.[64] De la lectura de la exposici�n de motivos de esta Ley se puede ver claramente la voluntad del legislador de eliminar toda expresi�n referente al �demente� por considerarla peyorativa y discriminatoria. En efecto, aquella palabra es ofensiva y reduce a la persona a una condici�n. Con ello se videncia que la tendencia del legislador es la de eliminar las palabras que sugieren la descripci�n de un sujeto a partir de sus deficiencias.

 

5.15.    En contraste, la palabra �demencia� �en la norma que se estudia en esta ocasi�n-, es parte del lenguaje t�cnico jur�dico que pretende definir una situaci�n legal y no hacer una descalificaci�n subjetiva de ciertos individuos.[65] En efecto, del estudio que realiz� la Sala sobre el origen hist�rico de la �demencia� encontr� que ni antes ni ahora fu o es peyorativo, pues se trata de un concepto m�dico cient�fico neutral. Por tanto, la Corte debe mantener el lenguaje m�s neutral posible para evitar que a partir de este tratamiento legal se generen escenarios de discriminaci�n contra esta poblaci�n.[66]

 

5.16.    Llegado este punto, es preciso aclarar que no es posible sustituir de forma simple el t�rmino �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil por el de �persona con discapacidad mental� como lo hizo el legislador para el t�rmino �demente� en la Ley 1306 de 2009, toda vez que se estar�a ampliando el espectro de aplicaci�n de la norma atacada, pues esta se refiere a una hip�tesis clara de interdicci�n (tener �demencia�) y no una situaci�n de discapacidad mental o cognitiva cualquiera. En efecto, como lo refirieron varios de los intervinientes,^[67] la �demencia� es solo una clase o tipo de discapacidad intelectual o mental, pues existen otros trastornos m�dicos que pueden dar lugar a este tipo de discapacidad, como lo son la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el s�ndrome de down, entre otros. De igual manera, la �demencia� tiene varias tipolog�as dentro de la ciencia m�dica, como lo son el alzheimer, la demencia senil, entre otros, y tambi�n varios niveles de afectaci�n (leve, moderada o grave). Por ello, debe entenderse que la �demencia� es una especie dentro del g�nero amplio del concepto de discapacidad mental o intelectual. Por tanto, no es posible hacer esta sustituci�n simple del contenido normativo, pues podr�a configurarse una restricci�n al ejercicio de los derechos fundamentales de la poblaci�n con discapacidad.

 

En consecuencia, la Sala declarar� exequible la palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil.

 

VII. DECISI�N

 

La palabra �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil no fue derogada por la Ley 1306 de 2009, toda vez que ha mantenido sus efectos jur�dicos en el tiempo y es una norma que surte efectos en la celebraci�n del contrato solemne del matrimonio, asunto distinto del que regula principalmente la Ley mencionada.  La Corte reitera que es inadmisible constitucionalmente la utilizaci�n de palabras que son contrarias a la dignidad humana y que tienen como efecto un trato discriminatorio contra la poblaci�n en condiciones de discapacidad. En el caso del t�rmino �demencia� del numeral 3� del art�culo 127 del C�digo Civil, la Sala concluy� que se trata de un concepto vigente dentro de las ciencias m�dicas, y en ese orden, hace parte del lenguaje t�cnico jur�dico que define una situaci�n personal y no hace una descalificaci�n subjetiva.

 

En m�rito de lo expuesto la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci�n,

 

RESUELVE

 

 

Primero. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la palabra �demencia� del numeral 3 (parcial) del art�culo 127 del C�digo Civil por los cargos analizados.

 

 

C�piese, notif�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c�mplase y arch�vese el expediente.

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Presidente

 

 

 

            CARLOS BERNAL PULIDO                                      DIANA FAJARDO RIVERA

       Magistrado                                                                         Magistrada

 

 

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO P�REZ        ANTONIO JOS� LIZARAZO OCAMPO

                  Magistrado                                                              Magistrado

 

 

 

 

    GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO                   CRISTINA PARDO SCHLESINGER                                 

                    Magistrada                                                                 Magistrada

 

 

 

JOS� FERNANDO REYES CUARTAS                                 ALBERTO ROJAS R�OS                        

                        Magistrado                                                                         Magistrado

 

 

 

MARTHA S�CHICA M�NDEZ

Secretaria General