Sentencia T-016/19

Referencia: Expediente T- 6.696.098

Acci�n de tutela interpuesta por Henry William Torres Escalante contra la Sala �nica de Decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal.

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogot� D.C., veintid�s (22) de enero dos mil diecinueve (2019).

La Sala S�ptima de Revisi�n de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jos� Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas R�os y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, espec�ficamente las previstas en los art�culos 86 y 241 numeral 9� de la Constituci�n Pol�tica, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

En el proceso de revisi�n del fallo del seis (06) de marzo de dos mil dieciocho (2018), proferido por la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia, el cual confirm� la sentencia de primera instancia emitida el veinticinco (25) de enero del mismo a�o por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg� por improcedente la acci�n de tutela interpuesta por el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante contra la Sala �nica de Decisi�n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal. El expediente fue seleccionado para revisi�n por la Sala de Selecci�n de Tutelas N�mero Cuatro, mediante Auto del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018).[1]

I. ANTECEDENTES

El 15 de enero de 2018, por intermedio de apoderado judicial, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante present� acci�n de tutela contra la Sala �nica de Decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, por considerar que �sta con la providencia que dict� el 15 de diciembre de 2017, mediante la cual revoc� la sustituci�n de la medida de aseguramiento que le fue concedida al actor por el Juez Primero Penal del Circuito de Yopal en Auto del 3 de agosto de 2017, dentro del radicado No. 2016-00006 que corresponde a la investigaci�n oficiosa que se le adelanta por el presunto delito de homicidio en las personas protegidas de Daniel Torres Arciniegas y el adolescente Roque Julio Torres Torres, desconoci� sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual, en tanto incurri� en los defectos sustantivo y de violaci�n directa de la Constituci�n. Solicita dejar sin efectos el Auto del 15 de diciembre de 2017 proferido por el Tribunal accionado y que, en su lugar, se le conceda la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad o, de manera subsidiaria, se ordene lo pertinente �para que la propia Corte o de ser el caso el Tribunal de Yopal ordene suspender la orden de captura librada en contra de mi procurado�.^[2]  A continuaci�n, se exponen los hechos en que se funda la acci�n de tutela y la solicitud planteada.

1. Hechos y solicitud

1.1. Hechos que motivaron el proceso penal identificado con el radicado No. 2016-00006

1.1.1. Seg�n narra el accionante, el 10 de octubre de 2005, tropas del Batall�n de Infanter�a Ram�n Nonato P�rez reportaron la baja en combate de Hugo Edgar Araque Rodr�guez. Cuenta que 4 d�as despu�s la se�ora Blanca Marina Rodr�guez, madre del fallecido Araque Rodr�guez, present� denuncia afirmando que su hijo no era subversivo y que el menor Roque Julio Torres Torres era testigo de la forma c�mo hab�a ocurrido la muerte.

1.1.2. Por haber sido mencionados como testigos respecto de la muerte de Hugo Edgar Araque Rodr�guez, el 11 de agosto de 2006, Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres Torres declararon ante el Juzgado 45 Penal Militar en el sentido de que la muerte de Araque Rodr�guez no tuvo lugar en un combate, sino que se trat� de un homicidio. Algunos meses despu�s, el 16 de noviembre de 2006, Daniel Torres Arciniegas denunci� haber sido objeto de malos tratos por parte de tropas adscritas a la Brigada XVI del Ej�rcito Nacional, la cual era Comandada desde el 10 de diciembre de 2005 por el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, actual accionante.

1.1.3. Se�ala el actor que el 8 de marzo de 2007, el DAS dirigi� a la Brigada XVI del Ej�rcito Nacional, un registro de informaci�n �de que en la finca de propiedad de Daniel y Roque Julio Torres estaban haciendo presencia miembros del ELN bajo las �rdenes de Alias Pacho�. Con base en lo anterior, �el 15 de marzo de 2017 a las 12 m, el Subteniente Marco Fabi�n Garc�a C�spedes dio la orden al Cabo Chavarro de alistar el personal del Grupo Delta 6 para salir a cumplir �rdenes emitidas por el Comandante de la Brigada 16�. La primera actividad fue un ret�n en la carretera que conduce de Aguazul a Cupiagua, y al d�a siguiente se realiz� una �operaci�n� en la Vereda El Triunfo �porque seg�n informaci�n de la brigada, all� se encontraban miembros del ELN�.  

1.1.4. El 16 de marzo de 2007, los miembros del grupo Delta 6, junto al soldado profesional Socha, que los gu�o a la vereda El Triunfo, llegaron a una casa del lugar y, seg�n narra el actor, �luego de unos pocos minutos el Teniente Garc�a C�spedes sac� a un se�or de la casa y el soldado Arteaga a un menor, los llevaron a 12 metros aproximadamente de la casa y luego de discutir los mataron con tiros de fusil. El Teniente Garc�a C�spedes coloc� armas a los occisos y las hizo disparar. El Teniente Garc�a tambi�n orden� disparar una ametralladora M y un lanzagranadas MGL hac�a la parte alta de la escena para simular un combate�. El Teniente Garc�a C�spedes inform� a la Brigada XVI haber dado de baja dos personas en combate, ante lo cual la brigada manifest� que mandar�a apoyo a�reo para sacar del �rea los dos cad�veres.  

1.1.5. A las 7:30 am de ese mismo d�a, se registr� la felicitaci�n por parte del Comandante de la Brigada XVI a los miembros del Batall�n de Contraguerrila 65 �por dar de baja a dos guerrilleros�.

1.1.6. Dos d�as despu�s, seg�n indica el actor, es decir el 18 de marzo de 2007, el Teniente Garc�a C�spedes reuni� a quienes participaron en la supuesta operaci�n y �les indic� qu� deb�an decir ante el Juez Penal Militar�.

1.2.         Antecedentes procesales relevantes

1.2.1. Previa vinculaci�n formal, la Fiscal�a Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, mediante resoluci�n del 28 de marzo de 2016, resolvi� la situaci�n jur�dica al indagado Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, imponi�ndole medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detenci�n preventiva en establecimiento carcelario como presunto autor responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, siendo v�ctimas Daniel Torres Arciniegas y su menor hijo Roque Julio Torres Torres, librando la correspondiente orden de captura. Ese mismo d�a, el accionante compareci� voluntariamente y se someti� a la detenci�n, siendo efectivizada la orden de captura en centro de reclusi�n militar.  

1.2.2. El 10 de agosto de 2016, surtida la etapa instructiva en aplicaci�n de la Ley 600 de 2000, la Fiscal�a profiri� resoluci�n de acusaci�n en contra del accionante por �concurso homog�neo sucesivo de delitos de homicidio en persona protegida�  y deneg� la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al mismo. La resoluci�n calificatoria del sumario fue recurrida por el abogado defensor, alzada que fue resuelta por el Vicefiscal General de la Naci�n el 6 de septiembre de 2016, confirmando la decisi�n. Ejecutoriada la aludida determinaci�n, se dispuso el env�o del proceso para la correspondiente etapa de juzgamiento.

1.2.3. El 14 de septiembre de 2016, el Juzgado 1� Penal del Circuito de Yopal asumi� conocimiento y luego de llevar a cabo audiencia preparatoria y de resolver diversos recursos, fij� el d�a 1� de febrero de 2018 para llevar a cabo la audiencia p�blica de juzgamiento, la cual fue aplazada.

1.2.4. El 22 de junio de 2017, el abogado defensor del accionante dirigi� al Fiscal del caso, escrito manifestando la intenci�n del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante de someterse a la Jurisdicci�n Especial para la Paz �en adelante, JEP-. Seg�n explica en la tutela, �en consecuencia, de conformidad con el art�culo 52 de la Ley 1820 de 2016 y el art�culo 7� del Decreto Ley 706 de 2017, solicit� trasladar tal manifestaci�n y petici�n al juez que conoc�a del juzgamiento para que �ste a su vez concediera la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento de que tratan las normas referidas�, entre otras solicitudes. El fiscal procedi� al traslado del escrito, el cual fue recibido por el Juzgado 1� Penal del Circuito de Yopal el 14 de julio de 2017, y el 19 de julio de 2017 se alleg� por la defensa del accionante el original del acta suscrita por el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, manifestando su compromiso de sometimiento voluntario a la JEP.

1.2.5. El 3 de agosto de 2017, el Juez 1� Penal del Circuito de Yopal neg� por improcedentes tanto la petici�n de suspensi�n del proceso hasta tanto entrara a operar la JEP, como la de revocatoria de la medida de aseguramiento, al considerar que ni la Ley 1820 de 2016, ni el Decreto 706 de 2017 modificaron las exigencias legales de las medidas de aseguramiento, por lo cual la revocatoria de las mismas solo resultan procedentes cuando, posterior a su imposici�n, sobreviene prueba que las desvirt�e o que permita inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos para su imposici�n. Para tal efecto, el juez penal cit� el Auto 3947 de 2017 proferido por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia.

1.2.6. A pesar de lo anterior, en esa misma providencia judicial del 3 de agosto de 2017, el juez estim� que lo que s� proced�a era la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le hab�a sido impuesta al Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, por las no privativas de la libertad consagradas en el art�culo 307 literal b) de la Ley 906 de 2004, en aplicaci�n de la ley m�s favorable, pese a que el proceso seguido en su contra se tramitaba por la Ley 600 de 2000. Ello en atenci�n a lo dispuesto en el art�culo 7^[3] del Decreto Ley 706 de 2017 �Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza P�blica en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y se dictan otras disposiciones� que consagra prerrogativas, beneficios y un trato judicial diferenciado a la justicia ordinaria.

En esencia, el juez adujo que la nueva normatividad de la JEP implicaba que en caso de que se llegar� a imponer una pena, la misma no ser�a tan gravosa para el procesado como la medida de aseguramiento que hasta entonces hab�a soportado, es decir, la privaci�n de la libertad en lugar de reclusi�n.

Por consiguiente, estim� que al Mayor General (R) Henry William Torres Escalante le eran aplicables las prerrogativas y beneficios diferenciados en su calidad de militar y porque el delito por el que se le juzga fue cometido en el marco del conflicto armado, y de contera, resolvi� sustituir la medida privativa de la libertad por las no privativas que corresponden a (i) la obligaci�n de presentarse peri�dicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que �l designe; (ii) la obligaci�n de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificaci�n de la misma y su relaci�n con el hecho; (iii) la prohibici�n de salir del pa�s, del lugar en el cual reside o del �mbito territorial que fije el juez; (iv) la prohibici�n de comunicarse con determinadas personas o con las v�ctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa; y, (v) la prestaci�n de una cauci�n real adecuada. No obstante, el juez penal advirti� que el Mayor General deb�a suscribir el acta de compromiso seg�n lo dispuesto en el par�grafo 1� del art�culo 52 de la Ley 1820 de 2016. As� las cosas, el accionante qued� en libertad.

1.2.7. El Auto del 3 de agosto de 2017 fue objeto de apelaci�n por la Fiscal�a y de la parte civil.

1.3. Providencia judicial que se cuestiona por v�a de la tutela

1.3.1. En Auto del 15 de diciembre de 2017, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal � Sala �nica de Decisi�n, revoc� el Auto de fecha 3 de agosto de 2017 y libr� nuevamente orden de captura en contra del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante para que continuara recluido de forma preventiva, en atenci�n a la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta por la Fiscal�a el 28 de marzo de 2016.

1.3.2. Para fundamentar lo anterior, el Tribunal explic� que (i) el juez a pesar de indicar en su providencia que no era aplicable el art�culo 7� del Decreto Ley 706 de 2017, se vali� de esa norma para estudiar y conceder la sustituci�n de la medida de aseguramiento, lo cual �a todas luces resulta contradictorio� porque rompe el principio de simetr�a que rige la JEP en tanto las FARC-EP tienen derecho a solicitar la libertad condicionada; (ii) el proceso penal se est� adelantando por la Ley 600 de 2000 que no contempla medidas sustitutivas de la libertad, no obstante, el juez aplic� la Ley 906 de 2004 por ser m�s favorable, pero no analiz� si se daban los requisitos para conceder las medidas no privativas de la libertad, en especial los art�culos 308 y 315 del actual CPP; as�, estim� que  el juez al aplicar la norma m�s beneficiosa para el procesado, debi� aplicarla en su integridad �toda vez que la ley tercia esta proscrita, es decir, se debe aplicar la norma en su totalidad y no solo algunos apartes� con miras a evaluar si se cumpl�an todas las exigencias de la Ley 906 de 2004.

1.3.3. Seguidamente, (iii) al revisar el contenido del art�culo 315 de la Ley 906 de 2004, el Tribunal indic� que los requisitos que se deben verificar para imponer una o varias de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad son: (a) que se trata de un delito cuya pena principal no sea privativa de la libertad, presupuesto que no encontr� satisfecho por el procesado est� siendo juzgado por el delito de homicidio en persona protegida que tiene una sanci�n principal de privaci�n de la libertad; (b) que se trata de delitos querellables, frente a lo cual explic� que el presente caso �no se trata de un punible querellable y por ende desistible, por lo cual est� exigencia tampoco se actualiza�; (c) el m�nimo de la pena se�alado en la Ley sea inferior a 4 a�os, lo cual adujo tampoco se cumpl�a en el asunto porque la pena consagrada es de 40 a 50 a�os de prisi�n. Con base en ello dedujo que �si bien era factible acudir a la Ley 906 de 2004 para sustituir la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, ello deb�a efectuarse con la observancia plena de los dem�s presupuestos que la citada codificaci�n consagra, lo cual no fue atendido por el a quo, quien se limit� a enlistar aquellas medidas y a otorgar la sustituci�n solicitada, omitiendo que la misma normatividad que estaba aplicando se lo imped�a�.

1.3.4. Adem�s de lo anterior, el Tribunal esgrimi� que (iv) lo procedente era analizar el beneficio de la libertad transitoria que contempla el art�culo 52 de la Ley 1820 de 2016, petici�n que no fue elevada por la defensa y que no puede ser estudiada porque no se ha cumplido con el tr�mite administrativo previo a cargo del Secretario de la JEP, indispensable para acreditar la concesi�n de ese beneficio. Finalmente, el Tribunal precis� que (v) no hab�a lugar a aplicar la suspensi�n de la orden de captura con base en el art�culo 6� del Decreto Ley 706 de 2017, porque esa norma s�lo opera respecto quienes est�n en libertad pero se encuentran pr�fugos de la justicia por estar siendo requeridos en una o varias actuaciones penales.

1.3.5. A partir de esos lineamientos, el Tribunal coligi� la no viabilidad de la sustituci�n de la medida de aseguramiento intramural por una no privativa de la libertad, ante la improcedencia por no acreditarse los requisitos que la Ley 906 de 2004 estipula para tal fin y porque no se ha cumplido el procedimiento previo para el estudio de la libertad condicional para miembros de la Fuerza P�blica.

1.4. Fundamentos de la acci�n de tutela

1.4.1. El accionante considera que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal � Sala �nica de Decisi�n, con la expedici�n del Auto del 15 de diciembre de 2017 le vulner� los derechos fundamentales al debido proceso penal y a la libertad individual, por cuanto incurri� en varios defectos que habilitan el amparo constitucional.

1.4.2. En relaci�n con los requisitos generales de procedibilidad de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, el accionante se�al� que (i) el asunto goza de relevancia constitucional en tanto guarda relaci�n con el principio de favorabilidad como integrante del debido proceso, el derecho a la libertad del procesado como regla general en el proceso penal y el trato equitativo, equilibrado, simult�neo y sim�trico consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2017 respecto de agentes del Estado; (ii) al haberse revocado en segunda instancia el Auto que sustituy� la medida de aseguramiento por varias no privativas de la libertad, carece �de cualquier recurso ordinario id�neo para defender los derechos fundamentales�; (iii) se cumple el requisito de inmediatez porque la providencia que se cuestiona es del 15 de diciembre de 2017 y la tutela se present� transcurrido un mes, siendo razonable el plazo de interposici�n del amparo constitucional; (iv) las irregularidades sustantivas y de violaci�n a la Constituci�n que se indican inciden en la decisi�n judicial y, adem�s, afectan derechos fundamentales; y, (v) se identifican  debidamente los hechos, las violaciones a derechos fundamentales y el fallo que se cuestiona no es una sentencia de tutela.

1.4.3. Respecto a las causales espec�ficas de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, el accionante identific� las siguientes: (i) defecto sustantivo; y, (ii) defecto por violaci�n directa de la Constituci�n.

Concretamente, en cuanto al defecto sustantivo el accionante se�ala que el Tribunal en la providencia que se cuestiona �supuso la existencia de una norma legal inexistente que proscribe la lex tertia�, con lo cual era viable, seg�n aquel, dar aplicaci�n a la Ley 906 de 2004 por principio de favorabilidad, as� como al Decreto 706 de 2017 cuyos beneficios solicitaba[4]. Adem�s, esgrime que el Tribunal dej� de aplicar la Ley 1760 de 2015 que releva al juez de cualquier consideraci�n sobre el quantum punitivo para decidir si procede la imposici�n de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Lo anterior, seg�n plantea el actor, configura a la vez un defecto por violaci�n directa de la Constituci�n en lo que guarda relaci�n con el principio de favorabilidad como integrante del debido proceso penal, lo cual implica que desde los postulados de la presunci�n de inocencia, la interpretaci�n pro homine y la excepcionalidad de las medidas de aseguramiento, eran procedentes los beneficios del art�culo 7� del Decreto 706 de 2017 y del art�culo 307 de la Ley 906 de 2004. De ah� que �estimemos que el razonamiento del Juez del Circuito de Yopal, seg�n el cual la pena (en caso de imponerse) a la que acudir�a la JEP ser�a menos gravosa y dr�stica de lo que est� siendo la medida de aseguramiento� est� llamado a prosperar. 

Finalmente, precisa que si el juez de tutela estima que no proceden los beneficios del art�culo 7� del Decreto 706 de 2017, se analice la posibilidad de suspender la ejecuci�n de la orden de captura hasta que el accionante se somete a la JEP (art. 6 ib�dem), �que es su juez natural�.

1.4.3. Con base en los anteriores argumentos, el accionante solicita sean tutelados los derechos fundamentales al debido proceso penal y a la libertad individual, y que en consecuencia, se deje sin efectos el Auto del 15 de diciembre de 2017 proferido por el Tribunal Superior de Yopal � Sala �nica de Decisi�n, dentro del radicado penal No. 2016-00006. En su lugar, se le conceda la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad o, de manera subsidiaria, se suspenda la orden de captura librada en contra del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante.

2.        Contestaci�n de la tutela[5]

2.1. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal � Sala �nica de Decisi�n

Mediante oficio No. 1442 del 19 de enero de 2018, remitido al correo electr�nico del Tribunal de Yopal y al despacho de la Magistrada Ponente del Auto que se censura, fue notificada la admisi�n de la tutela a la autoridad judicial accionada. A pesar de ello, el Tribunal se abstuvo de emitir pronunciamiento.[6] 

2.2.         Fiscal�a General de la Naci�n

El Fiscal 88 Anticorrupci�n contest� la tutela solicitando negar las pretensiones por improcedentes, en tanto el actor tiene a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales �en el entendido de que la solicitud de suspensi�n de la orden de captura dictada contra miembros de la fuerza p�blica, NO debe ser solicitada a trav�s de la acci�n de tutela�[7] por cuanto el proceso penal ordinario se encuentra en curso.

Adicionalmente, plante� que el actor no tiene raz�n en su planteamiento de fondo porque respecto de los beneficios de libertad transitoria, suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura y revocatoria de la medida de aseguramiento o sustituci�n de la misma, los dos �ltimos solo aplican a miembros de la fuerza p�blica que se encuentren en libertad pero en condici�n de pr�fugos de la justicia, situaci�n que no corresponde con la del accionante toda vez que �ste se encontraba recluido por virtud de una medida de aseguramiento vigente que pesaba en su contra y luego adquiri� la libertad porque en su momento el juez a quo le concedi� la sustituci�n de la misma por una medida no privativa de la libertad, decisi�n que fue revocada por el Tribunal y que actualmente se cuestiona.  

Por �ltimo, el Fiscal pone en evidencia que el d�a 23 de enero de 2018 nuevamente se hizo efectiva la orden de captura en contra del accionante, dando cumplimiento a la decisi�n impartida por el Tribunal accionado.

2.3.         Dem�s intervinientes en el proceso penal

Aunque los dem�s intervinientes en el proceso penal fueron debidamente notificados de la admisi�n de la tutela, durante el t�rmino de traslado guardaron silencio frente a las pretensiones del amparo constitucional.

3.        Decisiones que se revisan

3.1.          Decisi�n de primera instancia

En sentencia del 25 de enero de 2018, la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg� el amparo constitucional al considerar que la actuaci�n procesal a la cual se refiere el accionante se encuentra en tr�mite, en la fase de juzgamiento, motivo suficiente para la improcedencia de la tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad, puesto que dentro de dicho proceso penal cuenta con los medios id�neos para reclamar las garant�as que estima conculcadas y agotar, por esa v�a, los recursos pertinentes. Adem�s, estim� que en la decisi�n definitiva es donde le ser� resuelta su aspiraci�n con los distintos mecanismos sustitutivos de la pena, en caso de ser procedentes.

3.2.          Impugnaci�n de la decisi�n de primera instancia 

El apoderado judicial del accionante impugn� la anterior decisi�n bas�ndose en argumentos similares a los planteados en su escrito tutelar. Adicion� que no es cierto que el actor cuente con medios id�neos de defensa judicial para reclamar el amparo de las garant�as lesionadas, en tanto la providencia que cuestiona es una de segunda instancia que resuelve la sustituci�n de una medida de aseguramiento. De ah� que, adujo, contra la misma no proceda recurso alguno y, por ello, se�al� que la defensa carece de cualquier mecanismo que le permita solucionar la vulneraci�n de sus derechos fundamentales.

Explic� que el amparo constitucional cuestiona (i) el trato violatorio a la igualdad, al debido proceso y a la libertad del actor, al se�alar el Auto que se cuestiona que la suspensi�n de la orden de captura solo benficia a pr�fugos; (ii) someter a una persona a medida de aseguramiento y negar su sustituci�n al considerar, en detrimento del principio de favorabilidad, que la lex tertia es una instituci�n proscrita; (iii) dejar de aplicar la ley 1760 de 2015 e inaplicar la normatividad especial relativa a agentes estatales en la Jurisdicci�n Especial para la Paz. Puntualiz� que �nada de esto se est� debatiendo dentro del proceso penal y una vez resueltos estos asuntos en segunda instancia, no existe mecanismo judicial id�neo para reclamar la protecci�n�[8].    

3.3.          Decisi�n de segunda instancia

La Corte Suprema de Justicia � Sala de Casaci�n Civil, en sentencia del 6 de marzo de 2018, confirm� la denegatoria de amparo al estimar que en el presente caso la acci�n de tutela es improcedente porque el actor tiene a su alcance medios judiciales id�neos para el pleno ejercicio de su derecho al debido proceso, �pues es claro que al encontrarse en curso la investigaci�n penal que se cuestiona, concretamente en fase de juzgamiento, el accionante, cuenta con la posibilidad de impugnar la sentencia que se emita, en caso de resultar adversa a sus intereses, a trav�s de los recursos de apelaci�n y el extraordinario de casaci�n�. As�, advirti� que dentro de la actuaci�n procesal es que se debe dirimir la controversia, dado que la jurisdicci�n constitucional no est� facultada para ello al incumplir el requisito de subsidiariedad. 

4. Pruebas que obran en el expediente de tutela

�          Copia del Auto de fecha 3 de agosto de 2017, proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, dentro del radicado penal No. 2016-00006.

�          Copia del Auto de fecha 15 de diciembre de 2017, expedido por el Tribunal acusado, en el cual revoca el Auto del 6 de agosto de 2017 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal y libra orden de captura en contra del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, �para que contin�e recluido de manera preventiva, en atenci�n a la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta por la Fiscal�a el 28 de marzo de 2016�[9].

5. Actuaciones adelantadas en sede de revisi�n

5.1. En Auto del 31 de julio de 2018, los integrantes de la Sala de S�ptima de Revisi�n pusieron en evidencia que el d�a 9 de julio de 2018, a trav�s de la p�gina oficial de la JEP, se emiti� un comunicado por parte de la Presidenta de esa Corporaci�n, en el cual se indic� que esa jurisdicci�n �asumi� el estudio de sometimiento del Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, y lo cit� para que comparezca ante la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas (SDSJ), reconozca el acta que formaliza la apertura del tr�mite para aplicar los beneficios de la Justicia Transicional e inicie su sometimiento� [10]. Tambi�n se informaron los objetivos de la citaci�n en aquel comunicado, a saber:

�1.- El compareciente reconocer� el acta de sometimiento que fue suscrita en su momento ante la Secretar�a Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz. Este sometimiento no implica que se accede al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci�n y No Repetici�n.

2.- El compareciente o su defensor informar�n a la Sala sobre los procesos que se han adelantado o adelantan en su contra.

3.- El compareciente presentar� a la Sala, de manera preliminar, las formas de contribuci�n al esclarecimiento de la verdad a favor de las v�ctimas y la sociedad�.

As� mismo, los Magistrados de la Sala S�ptima de Revisi�n advirtieron que, de acuerdo con la resoluci�n No. 668 de 2018 expedida por la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante fue citado a audiencia el 10 de julio de 2018, en compa��a de su abogado defensor. Ese d�a, seg�n fue informado por diversos medios de comunicaci�n, se hizo presente ante la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP el referido Mayor General, quien manifest� reconocer y someterse a la JEP como juez natural, adem�s de solicitar la concesi�n de beneficios a su favor.

En vista de dicha informaci�n y con fundamento en el art�culo 64 del Reglamento Interno de esta Corporaci�n, los integrantes de la Sala S�ptima de Revisi�n decretaron pruebas a trav�s del Auto de 31 de julio de 2018, solicitando a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP que informara lo siguiente:    

(i)                     �El actual estado del tr�mite de sometimiento a esa jurisdicci�n del Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, explicando cada una de las etapas surtidas hasta el momento de remitir el informe.

(ii)                 Si esa jurisdicci�n ha emitido alguna decisi�n asumiendo competencia en cuanto a la situaci�n jur�dico-procesal del Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante. En caso de ser positiva la respuesta, remitir fotocopia de dichas decisiones.

(iii)               Si la defensa del compareciente inform� a la Sala sobre el proceso penal, en fase de juzgamiento, que se le adelanta en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal bajo el radicado No. 2016-00006, por el presunto delito de homicidio en las personas protegidas de Daniel Torres Arciniegas y el adolescente Roque Julio Torres Torres.

(iv)                Si la defensa del Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, hasta la fecha del informe ha elevado petici�n solicitando la aplicaci�n de los beneficios propios del SIVJRNR. En caso de ser afirmativa la respuesta, indicar si esa solicitud fue objeto de decisi�n por parte de la JEP y remitir la documentaci�n que lo sustente. 

Adem�s de ello, se solicita a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP que remita fotocopia de los siguientes documentos: (i) acta de sometimiento suscrita por el Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, ante el Secretario Ejecutivo de la JEP, con su correspondiente reconocimiento; (ii) resoluci�n No. 668 de 2018 expedida por esa Sala; y, (iii) acta de la audiencia llevada a cabo el 10 de julio de 2018 y/o grabaci�n de la misma, en la cual particip� el Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, y su abogado defensor�.[11]

En aquella oportunidad se dispuso que una vez fuesen recibidas tales pruebas, se dejaran a disposici�n de las partes o terceros con inter�s por el t�rmino de tres d�as para que se pronunciaran sobre las mismas, si lo estimaban pertinente. As� mismo, se dispuso suspender los t�rminos para resolver el presente asunto por tres meses, los cuales una vez cumplidos levantan la suspensi�n procesal y habilitan el t�rmino ordinario faltante para proveer de fondo por parte de la Sala.  

5.2. Una vez fue comunicado por la Secretar�a General de esta Corporaci�n el Auto de decreto de pruebas de fecha 31 de julio de 2018, el 10 de agosto del a�o en curso se recibi� respuesta por parte de la Magistrada Claudia Roc�o Sada�a Montoya, integrante de la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP, quien inform� -entre otros- lo siguiente[12]:

(i) El 28 de junio de 2018 la petici�n de sometimiento a la JEP elevada por el Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, fue repartida a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas, quien asumi� su estudio mediante resoluci�n de tr�mite No. 668 del 29 de junio del a�o que avanza.

(ii) Mediante resoluci�n No. 674 del 3 de julio de 2018, �en aras de obtener elementos de juicio para adoptar la decisi�n de fondo que en derecho corresponda, esta colegiatura ofici� (�) al Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal (�) [para que] se informen los procesos que se adelantan en contra del compareciente y su estado actual, as� como a la Direcci�n del Establecimiento de Reclusi�n Especial � Escuela de Infanter�a, para la certificaci�n del tiempo de privaci�n efectiva de la libertad del mismo�.

(iii) El 10 de julio de 2018 se llev� a cabo la audiencia de manifestaci�n voluntaria de sometimiento a la JEP del Mayor General del Ej�rcito, Henry William Torres Escalante, de suscripci�n de acta No. 303230, explicaci�n de las obligaciones contra�das, consecuencias en caso de incumplimiento y comunicaci�n de apertura de tr�mite. En dicha audiencia el abogado defensor indic� los procesos de car�cter penal que conoce se tramitan contra el accionante, report�ndose entre ellos el radicado No. 2016-00006 que se le adelanta por los delitos de homicidio en las personas protegidas de Daniel Torres Arciniegas y su menor hijo Roque Julio Torres Torres.

(iv) A trav�s de resoluciones No. 887 y 888 del 23 de julio de 2018, se ofici� a varias Fiscal�as Especializadas para que informaran si est�n adelantando procesos contra el Mayor General Henry Torres Escalante.

A partir de lo anterior, la Magistrada de la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP inform� que �el estado actual de la actuaci�n se circunscribe a la recepci�n de la informaci�n requerida a las diferentes entidades del orden judicial, administrativo y militar. (�) Una vez se allegue la informaci�n solicitada y se cuente con los elementos de juicio que permitan adoptar la decisi�n que en derecho corresponda, la Sala se pronunciar� de fondo frente a la competencia de la JEP con relaci�n a la situaci�n jur�dico-procesal del se�or Mayor General de la Reserva Activa Henry William Torres Escalante�. 

Adicionalmente, se�al� que el 1� de agosto de 2018 fue radicada en la Secretar�a Judicial de la Sala, solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que actualmente se surte contra el accionante, la cual fue registrada el 10 de julio de 2018 en la oficina de correspondencia de la JEP por parte de su abogado defensor.

Por �ltimo, remiti� las siguientes pruebas documentales que obran en el expediente de la referencia:  

�     Acta de sometimiento voluntario a la Jurisdicci�n Especial para la Paz No. 303230 del 10 de julio de 2018, suscrita por el Mayor General Henry William Torres Escalante ante la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas.

�     Acta de sometimiento a la Jurisdicci�n Especial para la Paz No. 302377 del 21 de julio de 2017, suscrita por el Mayor General Henry William Torres Escalante ante la Secretar�a Ejecutiva de la JEP, la cual se inform� que �carece de firma del entonces secretario�.

�     Resoluci�n No. 668 del 29 de junio de 2018 proferida por la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas.

5.3. Las anteriores pruebas fueron puestas a disposici�n de las partes e interesados, recibi�ndose dentro del t�rmino de traslado pronunciamiento por parte del Fiscal 88 de la Direcci�n Especializada contra la Corrupci�n de la Fiscal�a General de la Naci�n y del abogado que apodera a las v�ctimas dentro de la causa penal No. 2016-0006, seg�n obra en el informe secretarial del 22 de agosto de 2018[13]. 

5.3.1. El Fiscal 88 de la Direcci�n Especializada contra la Corrupci�n de la Fiscal�a General de la Naci�n, mediante escrito fechado el 21 de agosto de 2018, insisti� que la acci�n de tutela promovida por el Mayor General Henry William Torres Escalante es improcedente, ya que existen otros recursos judiciales para lograr su pretensi�n. Puntualmente se�al� que en forma adicional a la libertad transitoria, los beneficios de suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura y la revocatoria o sustituci�n de la medida de aseguramiento fueron concebidos para los miembros de la Fuerza P�blica que se encuentren en libertad, pero en condici�n de pr�fugos de la justicia, que no es el caso del actor porque se encontraba cumpliendo una medida restrictiva de la libertad y la orden de captura tiene como finalidad mantener la ejecuci�n de la misma, sumado a que no ha estado ni se encuentra en la clandestinidad.

5.3.2. Por su parte, el apoderado judicial de las v�ctimas dentro de la causa penal No. 2016-0006 solicita a la Corte declarar improcedente la presente tutela, por cuanto el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal remiti� el proceso penal a la JEP alegando carecer de competencia, y en la jurisdicci�n especial se est�n adelantando los tr�mites pertinentes toda vez que hasta la fecha existe solo un pronunciamiento que corresponde a la Resoluci�n que avoc� conocimiento, encontr�ndose pendiente la decisi�n de fondo frente a la competencia de la JEP con relaci�n a la situaci�n jur�dico-procesal del actor, as� como el pronunciamiento frente a la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que elev� el Mayor General Henry William Torres Escalante.

De esa forma, advirti� que actualmente es la JEP la encargada de �determinar la procedencia o no del reconocimiento de la totalidad de beneficios que reconoce el Sistema de Verdad, Justicia y Reparaci�n Integral�. Por consiguiente, adujo que en tanto el actor dispone de otros medios de defensa judicial y no logr� demostrar la existencia de un perjuicio irremediable causado con la providencia judicial que cuestiona, pide a la Corte negar el amparo por improcedente.

5.4. Posteriormente, en Auto del 10 de septiembre de 2018, la Magistrada Sustanciadora dispuso oficiar a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP, concretamente a la Magistrada Claudia Roc�o Salda�a Montoya, para que ampliara la informaci�n explicando qu� tr�mite se le ha dado a la solicitud de revocatoria directa de la medida de aseguramiento que radic� el abogado defensor del Mayor General del Ej�rcito Henry William Torres Escalante ante la Secretar�a Judicial de esa Sala, e indicara si a la fecha de su nueva respuesta se hab�a emitido decisi�n frente a esa petici�n.

As� mismo, se le pidi� informar si se hab�a emitido pronunciamiento de fondo frente a la competencia de la JEP con relaci�n a la situaci�n particular del se�or Mayor General del Ej�rcito Henry William Torres Escalante.

5.5. Mediante escrito del 19 de septiembre de 2018, la referida Magistrada inform� lo siguiente:

(i) La solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que radic� el abogado defensor del Mayor General del Ej�rcito Henry William Torres Escalante �se encuentra al despacho bajo estudio desde el 1� de agosto de 2018, junto con el expediente remitido por el Juzgado 1� Penal del Circuito de Yopal � Casanare, el cual consta en 56 cuadernos y 147 audios. // El proceso en menci�n fue entregado para su revisi�n el 3 de septiembre de los corrientes, por la Secretar�a Judicial de la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas�[14].

(ii) Respecto al pronunciamiento de fondo sobre la competencia de la JEP en el caso penal del accionante, se�al� que �a la fecha la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas no se ha pronunciado al respecto atendiendo las razones expuestas en el numeral anterior y en desarrollo de lo establecido en el inciso 5� del art�culo 48 de la Ley 1922 de 2018�.

5.6. Una vez fue puesta en conocimiento de las partes la anterior prueba, el asunto ingres� al despacho el 3 de octubre de 2018. De forma posterior, el apoderado del accionante elev� solicitud para autorizar la revisi�n del proceso por un estudiante de derecho, con el fin de obtener copias del expediente. Lo anterior fue atendido en Auto del 18 de octubre de 2018 y despu�s el asunto ingreso al despacho para proferir la respectiva sentencia en sede de revisi�n. 

II. CONSIDERACIONES

1.       Competencia

Esta Sala de Revisi�n es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los tr�mites de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 86 inciso 3� y 241 numeral 9� de la Constituci�n Pol�tica, en concordancia con los art�culos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema Jur�dico

De acuerdo con los hechos expuestos, en este caso se plantean los siguientes problemas jur�dicos a resolver:

En primer lugar, la Sala deber� determinar si la acci�n de tutela es el mecanismo procedente para cuestionar una decisi�n judicial ordinaria penal, aun cuando el actor voluntariamente se someti� a la Jurisdicci�n Especial para la Paz.

Si la respuesta al anterior problema jur�dico es afirmativa habilitando la procedencia general de la acci�n tutela contra providencia judicial, en segundo lugar la Sala deber� establecer materialmente si el Tribunal accionado desconoci� los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual del accionante, por haber revocado la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue concedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal en Auto del 3 de agosto de 2017.

Para tal fin, deber� examinar concretamente si el Tribunal accionado en su providencia judicial del 15 de diciembre de 2017 incurri� en (i) defecto sustantivo, porque supuso la existencia de una norma procesal legal inexistente que proscribe la lex tertia, con lo cual dej� de aplicar el principio de favorabilidad penal respecto de los beneficios penales que invoca el actor; y, (ii) defecto por violaci�n directa de la Constituci�n, en tanto viol� el debido proceso al estimar que no era procedente conceder los beneficios establecidos en el art�culo 7� del Decreto Ley 706 de 2017 y en el art�culo 307 de la Ley 906 de 2004.

Para resolver las cuestiones planteadas, estima la Sala la necesidad de ocuparse de los siguientes temas: (i) requisitos generales y espec�ficos de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales. Especial �nfasis en los defectos sustantivo y de violaci�n directa de la Constituci�n; (ii) el requisito de subsidiariedad, centrando el an�lisis en la improcedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales cuando el proceso se encuentra a�n en tr�mite y no se han agotado todos los medios de defensa judicial por parte del accionante; y con base en los anteriores lineamientos, se abordar� (iii) el estudio del caso concreto.

3. Requisitos generales y espec�ficos de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales. Especial �nfasis en los defectos sustantivo y de violaci�n directa de la Constituci�n. Reiteraci�n de jurisprudencia

3.1. Esta Corporaci�n, actuando como guardiana de la integridad y supremac�a del texto constitucional, ha determinado unas reglas claras sobre la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra providencias judiciales. Esta l�nea se basa en la b�squeda de una ponderaci�n adecuada entre dos elementos fundamentales del orden constitucional: la primac�a de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de autonom�a e independencia judicial^[15].

Precisamente, en desarrollo del principio de supremac�a de la Constituci�n, todos los servidores p�blicos que ejercen funciones jurisdiccionales deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en los diferentes procesos ordinarios. Por consiguiente, las normas de la Carta Pol�tica y, en especial, aquellas que prev�n tales derechos, constituyen par�metros ineludibles para la decisi�n judicial.

La jurisprudencia de esta Corte ha establecido dos presupuestos b�sicos para determinar si una actuaci�n judicial goza de legitimidad desde el punto de vista constitucional, a saber: (i) que el procedimiento surtido para adoptar una decisi�n haya preservado las garant�as propias del debido proceso, de las que son titulares los sujetos procesales; y, (ii) que la decisi�n judicial sea compatible con el conjunto de valores, principios y derechos previstos por la Constituci�n. Si se acredita con suficiencia que la decisi�n judicial cuestionada incumple estos presupuestos de legitimidad, surge la necesidad de restituir y de preservar la eficacia de los preceptos constitucionales en el caso concreto, mediante la intervenci�n excepcional del juez tutelar.

De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, la acci�n de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisi�n del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisi�n incompatible con la Constituci�n. En este sentido, la acci�n de tutela contra providencias judiciales es concebida como un �juicio de validez� y no como un �juicio de correcci�n� del fallo cuestionado^[16], lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusi�n de los asuntos de �ndole probatoria o de interpretaci�n del derecho legislado, que dieron origen a la controversia, m�s a�n cuando las partes cuentan con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Pol�tica. Empero, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial; en esos casos especiales es que se habilita el amparo constitucional.

3.2. En desarrollo de esas premisas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005^[17], estableci� de forma un�nime un conjunto sistematizado de requisitos estrictos, de naturaleza sustancial y procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como presupuestos ineludibles para la protecci�n de los derechos fundamentales afectados por una providencia judicial.

Ellos se dividen en dos grupos: (i) los requisitos generales, que est�n relacionados con condiciones f�cticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jur�dica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonom�a del juez, al igual que la distribuci�n jer�rquica de competencias al interior de la rama jurisdiccional; y, (ii) los requisitos espec�ficos, que se refieren a la descripci�n de los defectos en que puede incurrir una decisi�n judicial y que la hacen incompatible con la Constituci�n.

3.3. As�, los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales son los siguientes, siguiendo lo definido por esta Corte en la mencionada sentencia C-590 de 2005:

3.3.1. Que la cuesti�n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

3.3.2. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-, de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci�n de un perjuicio iusfundamental irremediable. 

3.3.3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t�rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin� la vulneraci�n. 

3.3.4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

3.3.5. Que la accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci�n como los derechos conculcados y que hubiere alegado tal vulneraci�n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acci�n de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, s� es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectaci�n de derechos en la decisi�n judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que d� cuenta de todo ello al momento de pretender la protecci�n constitucional de sus derechos.   

3.3.6. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la protecci�n de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida. Adem�s de ello, la Corte ha se�alado la imposibilidad de atacar mediante acci�n de tutela los fallos dictados por las Salas de Revisi�n y la Sala Plena de esta Corte en sede de tutela, as� como las sentencias proferidas en control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. 

3.4. Como se dijo anteriormente, los requisitos espec�ficos que habilitan la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra providencias judiciales aluden a la configuraci�n de defectos que, por su gravedad, tornan insostenible el fallo cuestionado al ser incompatible con los preceptos constitucionales. Estos defectos son los siguientes[18]:

3.4.1. Defecto org�nico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri� la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

3.4.2. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu� completamente al margen del procedimiento establecido.

3.4.3. Defecto f�ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci�n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi�n.

3.4.4. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci�n entre los fundamentos y la decisi�n.

3.4.5. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v�ctima de un enga�o por parte de terceros y ese enga�o lo condujo a la toma de una decisi�n que afecta derechos fundamentales.

3.4.6. Decisi�n sin motivaci�n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f�cticos y jur�dicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci�n reposa la legitimidad de su �rbita funcional. As�, este defecto se configura ante la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido.

3.4.7. Desconocimiento del precedente, hip�tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur�dica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

3.4.8. Violaci�n directa de la Constituci�n, que se presenta cuando el operador judicial desconoce un postulado de la Carta Pol�tica de 1991, es decir, el valor normativo de los preceptos constitucionales.

En este orden de ideas, los criterios esbozados constituyen un cat�logo a partir del cual es posible comprender y justificar a la luz de la Constituci�n y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra providencias judiciales.

3.5. Ahora bien, en alusi�n espec�fica a los defectos sustantivo y de violaci�n directa de la Constituci�n que ocupan la atenci�n de la presente decisi�n, la jurisprudencia constitucional los ha caracterizado de la siguiente manera, a saber:

3.5.1. Defecto sustantivo o material se presenta cuando �la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretaci�n que contrar�e los postulados m�nimos de la razonabilidad jur�dica�^[19]. De esta manera, la Corte en diversas decisiones ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden configurar este defecto, los cuales fueron recogidos sint�ticamente en la sentencia SU-649 de 2017^[20], la cual se transcribe en lo pertinente:

�Esta irregularidad en la que incurren los operadores jur�dicos se genera, entre otras razones: (i) cuando la decisi�n judicial se basa en una norma que no es aplicable, porque: (a) no es pertinente^[21], (b) ha sido derogada y por tanto perdi� vigencia^[22], (c) es inexistente^[23], (d) ha sido declarada contraria a la Constituci�n^[24], (e) a pesar de que la norma cuestionada est� vigente y es constitucional, no se adec�a a la situaci�n f�ctica a la cual se aplic�, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los se�alados expresamente por el legislador^[25]; (ii) a pesar de la autonom�a judicial, la interpretaci�n o aplicaci�n de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretaci�n razonable^[26] o  �la aplicaci�n final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretaci�n contraevidente (interpretaci�n contra legem) o claramente perjudicial para los intereses leg�timos de una de las partes�^[27] o se aplica una norma jur�dica de forma manifiestamente errada, sacando de los par�metros de la juridicidad y de la interpretaci�n jur�dica aceptable la decisi�n judicial; (iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes^[28], (iv) la disposici�n aplicada se torna injustificadamente regresiva^[29] o contraria a la Constituci�n^[30]; (v) un poder concedido al juez por el ordenamiento jur�dico se utiliza �para un fin no previsto en la disposici�n�^[31]; (vi) cuando la decisi�n se funda en una hermen�utica no sist�mica de la norma, con omisi�n del an�lisis de otras disposiciones que regulan el caso^[32] o (vii) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto^[33]�.

Y es que, la independencia y la autonom�a de los jueces para aplicar e interpretar una norma jur�dica en la soluci�n del caso sometido a su estudio, no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del par�metro de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci�n que pueden afectarse con la indebida interpretaci�n de una norma, con su inaplicaci�n y con la aplicaci�n de un precepto inexistente. Es decir, que dicha actividad debe ce�irse al car�cter normativo de la Constituci�n (art�culo 4� de la CP), la obligaci�n de dar eficacia a los derechos fundamentales (art�culo 2� Superior), de la primac�a de los derechos humanos (art�culo 5� de la Constituci�n), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (art�culo 29 de la CP), y la garant�a al acceso a la administraci�n de justicia (art�culo 228 Superior)[34].

Ahora bien, por ser relevante para el caso que nos ocupa, el defecto sustantivo por aplicaci�n de una norma inexistente se configura cuando el operador judicial da soluci�n a un asunto basado en una aparente disposici�n que carece de todo soporte constitucional y legal[35].

A su vez, el defecto sustantivo por dejar de aplicar una norma legal relevante para la soluci�n del asunto, se estructura cuando la autoridad judicial omite pronunciarse en relaci�n con normas que resultan aplicables al caso que debe decidir, m�xime cuando las mismas tienen un alcance favorable.

Un primer paso en esta direcci�n se encuentra en la sentencia T-573 de 1997[36], en la cual la Corte decidi� la tutela interpuesta contra una sentencia en la que un juez penal se abstuvo de aplicar la rebaja de penas consagrada en el art�culo 374 del C�digo Penal de la �poca, sin justificar los motivos de la inaplicaci�n, pese a que el actor cumpl�a con los requisitos para su otorgamiento. En esta ocasi�n se�al� que: �(e)n este caso, la v�a de hecho la constituy� la omisi�n en que incurri� el juez  acusado al no hacer consideraci�n alguna sobre la procedencia o improcedencia del art�culo 374  el C�digo Penal. M�s a�n, cuando no se requer�a solicitud expresa de la parte procesada para su reconocimiento�.

Este pronunciamiento inicial se consolid� luego en una serie de sentencias, en las que se decanta la doctrina del defecto sustantivo por inaplicaci�n de una norma claramente aplicable o una m�s favorable. Por ejemplo, en la sentencia T-966 de 2006[37], al examinar un conjunto de decisiones judiciales en las que se neg� a varias personas condenadas por sentencia anticipada la aplicaci�n de una norma posterior que consagraba una rebaja de penas mayor por aceptaci�n de cargos a la establecida en las normas vigentes al tiempo de ser condenados, la Corte consider� que tales providencias judiciales incurr�an en un defecto sustantivo por inaplicaci�n de la norma penal m�s favorable. 

M�s adelante, en la sentencia T-686 de 2007[38], esta Corporaci�n se ocup� del estudio de un caso en el cual el juez accionado declar� extempor�nea la presentaci�n de las excepciones por parte del demandado en un proceso judicial, por cuanto el conteo de los t�rminos lo realiz� con base en la informaci�n errada que fue reportada en el sistema de control de procesos del despacho y no a partir de la notificaci�n personal al demandado que obraba en el expediente. En esa oportunidad, la Corte concluy� que el Auto censurado adolec�a de un defecto sustantivo porque no aplic� ni justific� la inaplicaci�n de normas relevantes para decidir el caso, en concreto, omiti� tener en cuenta las normas establecidas en el art�culo 95 de la Ley 270 de 1996, en la Ley 527 de 1999 e interpretadas en la sentencia C-831 de 2001, que precisan las condiciones bajo las cuales los mensajes de datos utilizados para dar a conocer las actuaciones judiciales pueden ser tenidos como un equivalente funcional de los escritos. En tal sentido, encontr� procedente la solicitud de amparo constitucional ante la existencia de un defecto sustantivo. 

Posteriormente, en la sentencia T-393 de 2008[39], la Corte examin� el caso de una persona que se acogi� a sentencia penal anticipada y fue condenada a 64 meses de prisi�n. Ante el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad, el condenado solicit� la rebaja del 50% de la pena conforme al art�culo 351 de la Ley 906 de 2004, petici�n que fue acogida en primera instancia por el a quo otorg�ndole el beneficio de la libertad condicional, pero que fue revocada por el Tribunal en cuanto a la dosificaci�n de la pena y el beneficio de la libertad condicional. En ese momento, el actor plante� en tutela un defecto sustantivo por inaplicar el principio de favorabilidad penal, en tanto existen similitudes entre las figuras de la sentencia anticipada y la aceptaci�n unilateral de cargos. Esta Corporaci�n, luego de resaltar la importancia del principio de favorabilidad penal, se�al� que la aplicaci�n del beneficio contenido en el art�culo 351 de la Ley 906 de 2004 no es incompatible con la rebaja de pena aplicada en raz�n de la sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de 2000. De all�, dedujo la configuraci�n de un defecto sustantivo porque el operador judicial acusado no aplic� la norma legal que permit�a acceder a la redosificaci�n punitiva y, en consecuencia, al beneficio de la libertad condicional.  

De forma m�s reciente, en la sentencia T-019 de 2017[40], la Corte se ocup� del estudio de una acci�n de tutela que present� una persona que fue condenada a 30 a�os de prisi�n por el delito de secuestro extorsivo agravado y otros. En la fase de vigilancia de la sanci�n, le fue acumulada otra pena principal por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, con lo cual se report� una sanci�n penal de 32 a�os. El actor solicit� la libertad condicional, la cual le fue negada mediante providencia judicial proferida por el juez de ejecuci�n de penas y medidas de seguridad a cargo, bajo el argumento de que ese beneficio se encontraba prohibido concederlo para el delito de secuestro extorsivo agravado a la luz del art�culo 11 de la Ley 733 de 2002, decisi�n que fue confirmada por el Tribunal. Debido a lo anterior, el accionante present� tutela alegando la configuraci�n de un defecto sustantivo porque, acorde con lo previsto en el art�culo 5� de la Ley 890 de 2004, que derog� el art�culo 1� de la Ley 733 de 2002, y la Ley 906 de 2004, estim� que si ten�a derecho a ser favorecido con el subrogado penal y que deb�a aplicarse el principio de favorabilidad penal. En esa oportunidad, esta Corporaci�n encontr� estructurado un defecto sustantivo porque los jueces �desconocieron las normas consagradas en la Constituci�n Pol�tica, en el C�digo Penal y de Procedimiento Penal que consagran que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicar� sin excepci�n, de preferencia a la restrictiva o desfavorable, lo cual rige tambi�n para los condenados. El estudio de dicho principio debe consultar las circunstancias y particularidades de cada caso concreto�. As�, precis� que deb�a aplicarse la Ley 890 de 2004, a efectos de estudiar la petici�n de libertad condicional, en virtud del principio de favorabilidad y realizando una previa valoraci�n de la gravedad de la conducta, �an�lisis que habr� de recaer sobre el contenido de la sentencia condenatoria, y que puede llevar a que el juez conceda o niegue el subrogado�. Tambi�n se�al� que se deb�a tener en cuenta el art�culo 64 del C�digo Penal, modificado por el art�culo 30 de la ley 1709 de 2014.

Del anterior recuento jurisprudencial se desprende que, pese a la autonom�a de los jueces para elegir las normas jur�dicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicaci�n, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jur�dico, no le es dable en esa labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la Constituci�n o la ley, ni tampoco realizar su actividad a partir de postulados legales inexistentes, pues de darse una u otra cosa, se constituye un defecto sustantivo que habilita la procedencia excepcional de la acci�n de tutela contra providencias judiciales.

3.5.2. El defecto por incurrir en violaci�n directa de la Constituci�n, parte del enunciado dispuesto en el art�culo 4� superior que expresamente se�ala: �La Constituci�n es Norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci�n y la ley u otra norma jur�dica, se aplicar�n las disposiciones constitucionales�. As� las cosas, la Carta Pol�tica es la de mayor rango en el ordenamiento jur�dico y, de acuerdo con ella, se establece la eficacia de las dem�s disposiciones que componen la estructura legal del pa�s. En ese orden, el sistema jur�dico actual reconoce valor normativo a las disposiciones fundamentales contenidas en la Constituci�n, de manera que su aplicaci�n se traduce en una obligaci�n directa que le asiste a todas las autoridades judiciales de velar y materializar el principio de supremac�a constitucional, de tal forma que en caso de incompatibilidad entre la Constituci�n y la ley u otra norma jur�dica, se apliquen las disposiciones constitucionales.

Recientemente, esta Corporaci�n en la sentencia SU-024 de 2018[41] record� que en principio esta causal se concibi� como un defecto sustantivo, pero que a partir de la sentencia T-949 de 2013[42] se determin� como un defecto espec�fico aut�nomo e independiente de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, interpretaci�n que en efecto se consolid� en la sentencia C-590 de 2005 estableciendo que �(�) la violaci�n directa de la Constituci�n opera en dos circunstancias: uno (i) cuando se deja de aplicar una disposici�n ius fundamental a un caso concreto, dos (ii) al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constituci�n�[43]. Es m�s, la sentencia SU-336 de 2017 precis� que la violaci�n directa a la Constituci�n �encuentra cimiento en el actual modelo de ordenamiento constitucional que reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicaci�n directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Es por esa raz�n que resulta factible que una decisi�n judicial pueda cuestionarse a trav�s de la acci�n de tutela cuando desconoce o aplica indebida o irrazonablemente tales postulados�[44].  

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este defecto o causal se estructura en las siguientes hip�tesis. En primer lugar, porque no se aplica una norma ius fundamental al caso en estudio, por ejemplo, cuando�(a) en la soluci�n del caso se dej� de interpretar y aplicar una disposici�n legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho fundamental de aplicaci�n inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulner� derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretaci�n conforme con la Constituci�n�[45]. Y en segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constituci�n, concretamente, �el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con base en el art�culo 4� de la C.P. la Constituci�n es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constituci�n, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepci�n de inconstitucionalidad�[46]. Significa lo anterior que, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicaci�n de la norma para el caso particular.

En este orden de ideas, el defecto espec�fico de procedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales denominado violaci�n directa de la Constituci�n, se genera a partir del desconocimiento de los jueces de su obligaci�n de aplicar el texto superior, conforme con el mandato consagrado en el art�culo 4� de la Carta Pol�tica que antepone de manera preferente la aplicaci�n de sus postulados, en procura de materializar la supremac�a constitucional y de garantizar la eficacia directa de las disposiciones superiores.

3.6. A partir de lo expuesto anteriormente, se reitera que la acci�n de tutela contra providencias judiciales debe cumplir con los requisitos generales de procedencia excepcional y sumado a ello se debe invocar aunque sea una de las causales espec�ficas que se identifican como defectos de la decisi�n judicial. A continuaci�n la Sala profundizar� en el requisito de subsidiariedad.

4. El requisito de subsidiariedad. Improcedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales cuando el proceso se encuentra a�n en tr�mite y no se han agotado todos los medios de defensa judicial

4.1. Seg�n lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, la acci�n de tutela constituye un mecanismo preferente y sumario de defensa judicial al cual puede acudir cualquier persona para asegurar la protecci�n inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica o de los particulares en los casos que defina la ley.

4.2. Atendiendo al dise�o constitucional previsto en el art�culo 86 Superior, la acci�n de tutela tiene un car�cter residual y subsidiario, lo que significa que su procedencia se encuentra condicionada a que �el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial�^[47]. En ese sentido, en principio, le corresponde al interesado agotar todos los medios judiciales ordinarios y extraordinarios que tenga al alcance para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, como requisito previo para acudir al mecanismo de amparo constitucional.

No obstante, el mismo mandato constitucional, en concordancia con lo previsto en el art�culo sexto, numeral 1�, del Decreto 2591 de 1991, establece excepciones a dicha regla, en el sentido de considerar que la acci�n de tutela ser� procedente aunque el afectado cuente con otro medio de defensa (i) cuando la misma se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o, (ii) cuando, en correspondencia con la situaci�n f�ctica bajo an�lisis, se pueda establecer que los recursos judiciales no son id�neos ni eficaces para superar la amenaza o vulneraci�n de los derechos fundamentales invocados.[48]

4.3. En ese contexto, trat�ndose de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, le corresponde al juez constitucional verificar de forma exhaustiva que la parte accionante agot� �(�) todos los medios �ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance (�)�^[49], de manera que, solo es posible erigir la tutela como mecanismo principal, cuando el actor acredite la consumaci�n de un perjuicio irremediable o se verifique la falta de idoneidad o eficacia de los recursos ordinarios de defensa, circunstancias que adquieren cierto grado de flexibilidad frente a sujetos de especial protecci�n constitucional.

De hecho, el car�cter subsidiario de la acci�n de tutela contra providencias judiciales ha sido se�alado por la Corte desde sus primeros pronunciamientos. As�, en la sentencia C-543 de 1992 se sostuvo que �tan s�lo resulta procedente instaurar la acci�n en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (�) Luego no es propio de la acci�n de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijaci�n de los diversos �mbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el prop�sito espec�fico de su consagraci�n, expresamente definido en el art�culo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protecci�n efectiva, actual y supletoria en orden a la garant�a de sus derechos constitucionales fundamentales (�) trat�ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci�n de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso (�)�[50].

Esa decisi�n fue reiterada en la sentencia SU-622 de 2001 y posteriormente en la sentencia C-590 de 2005, en la cual esta Corporaci�n precis� que, en virtud del requisito de subsidiariedad, es �deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jur�dico le otorga para la defensa de sus derechos�, pues, �[d]e no ser as�, esto es, de asumirse la acci�n de tutela como un mecanismo de protecci�n alternativo, se correr�a el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicci�n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta �ltima�.

Al respecto, la misma jurisprudencia constitucional insisti� que �(�) cuando una persona acude a la administraci�n de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jur�dico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer, dentro del marco estructural de la administraci�n de justicia (�)�^[51]. Y es que el car�cter subsidiario y residual de la tutela surge del deber de �colaboraci�n con el buen funcionamiento de la administraci�n de justicia� (art. 95-7 superior), y hace parte de la obligaci�n de preservar la institucionalidad como medio para asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Pol�tica.

4.4. Ahora bien, para efectos del asunto que ocupa la atenci�n de la Sala, es preciso recordar que en el escenario de la tutela contra providencias judiciales, este Tribunal ha sido claro en se�alar que las reglas generales de procedencia de la acci�n de amparo deben seguirse con especial rigor^[52]. Lo anterior, so pena de desconocer no solo el principio la autonom�a judicial, sino tambi�n, los principios de legalidad y del juez natural como elementos fundamentales de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci�n de justicia.

A partir de ello, esta Corporaci�n ha identificado tres causales que conllevan a la improcedencia de la acci�n de tutela contra providencias judiciales, a saber: que (i) el asunto est� en tr�mite; (ii) no se hayan agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y, (iii) el amparo constitucional se utilice para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jur�dico.[53] En esta oportunidad se har� especial referencia a los puntos (i) y (ii).

Particularmente, en cuanto a la primera causal en comento, la intervenci�n del juez constitucional est� vedada porque la acci�n de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur�dicos que deben ser analizados al interior del tr�mite procesal respectivo. De hecho, las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso judicial son por excelencia los espacios en que se debe solicitar la protecci�n a los derechos fundamentales, m�xime cuando a�n no existe una decisi�n definitiva por parte de la autoridad judicial que conoce la causa. En ese sentido, la sentencia SU-695 de 2015[54] destac� que �la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido enf�tica y reiterativa en se�alar que la acci�n de tutela no procede de manera directa cuando el asunto est� en tr�mite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamientos�. Por consiguiente, los conflictos jur�dicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las v�as ordinarias y solo en caso excepcionales a trav�s de la acci�n de tutela.

En trat�ndose de la segunda causal de improcedencia indicada, se debe se�alar que el agotamiento de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible que el juez de tutela debe verificar como satisfecho para habilitar el amparo tutelar, salvo que por razones excepcionales compruebe que los otros medios de defensa no son eficaces para la protecci�n de los derechos invocados. Justamente, los ciudadanos est�n obligados a acudir preferentemente a tales mecanismos y a esperar de la administraci�n de justicia su decisi�n con el fin de hacer uso de los recursos procesales que la ley dispone. Lo  anterior pretende asegurar que la acci�n de tutela no sea considerada una instancia adicional en el tr�mite procesal, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos dise�ados por el legislador.

En este orden de ideas, la subsidiariedad y la excepcionalidad de la acci�n de tutela permiten reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protecci�n judicial como mecanismos leg�timos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir esos mecanismos, se debe acudir a ellos preferentemente, raz�n por la cual quien invoca la protecci�n de sus derechos a trav�s del amparo tutelar debe agotar los medios de defensa que establece la legislaci�n para tal efecto.

4.6. En este punto, importa se�alar que si bien por regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el tr�mite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la consumaci�n de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son id�neos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acci�n de tutela, realizando el juez constitucional una evaluaci�n f�ctica del asunto puesto a su consideraci�n.

De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acci�n de tutela como mecanismo transitorio y con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, precisando en todo caso que el accionante tiene la carga de probar, aunque sea sumariamente, la existencia de un perjuicio que �(i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopci�n de medidas urgentes para conjurarlo^[55]; (iii) amenace gravemente un bien jur�dico que sea importante en el ordenamiento jur�dico^[56] y; (iv) dada su urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el restablecimiento del orden social justo en toda su integridad^[57], pues, de lo contrario, la acci�n se torna improcedente. S�lo excepcionalmente, empero, esta Corte ha considerado que, el juez de tutela puede no exigir la demostraci�n del perjuicio irremediable cuando el tipo de reclamo que se formula permite razonablemente presumir que existe afectaci�n gravosa de derechos fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad demandada desvirtuar la referida presunci�n�^[58]. De all� que, el actor deba explicar los elementos que llevar�an a configurar un perjuicio irremediable y el juez de tutela debe hacer un ejercicio de an�lisis que consulte las particularidades del caso o los supuestos f�cticos del mismo, as� como las circunstancias personales de quien depreca la protecci�n de sus derechos fundamentales.

Lo propio acontece cuando el accionante esgrime que los mecanismos procesales con los que cuenta carecen de la idoneidad y eficacia para garantizar o restablecer de forma expedita los derechos presuntamente afectados. En tal situaci�n, debe explicar por qu� el medio judicial ordinario o extraordinario de defensa no tiene la aptitud ni el vigor necesario para prodigar la protecci�n de sus derechos y que, por esa raz�n, es indispensable la intervenci�n excepcional del juez constitucional.

4.7. En suma, de la aplicaci�n del requisito de subsidiariedad surgen las siguientes conclusiones: (i) la acci�n de tutela no es un mecanismo judicial dise�ado para reemplazar los medios ordinarios de defensa, ni para desplazar las competencias propias de la autoridad que administra justicia a trav�s de un tr�mite procesal en curso, as� como tampoco sirve para reabrir procesos concluidos, ni revivir t�rminos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada de la parte interesada. Ello, sin perjuicio de que, en cada caso, (ii) se verifique si acudir a los medios ordinarios o recursos comporta una carga desproporcionada para el actor, ya sea, por su falta de eficacia e idoneidad a la luz de las circunstancias particulares, o cuando se evidencie la existencia de un perjuicio irremediable y este haya sido alegado por la parte interesada.

Sobre esas bases, le corresponde al juez constitucional verificar con particular atenci�n el cumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, con el fin de determinar la procedencia de la acci�n de tutela que se interponga contra una decisi�n judicial.

5. An�lisis del caso concreto

5.1. Por conducto de apoderado judicial, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante present� acci�n de tutela contra la Sala �nica de Decisi�n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, solicitando la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual, los cuales estima fueron vulnerados con la providencia judicial del 15 de diciembre de 2017, que revoc� la sustituci�n de la medida de aseguramiento que le fue concedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal en Auto del 3 de agosto de 2017, dentro del radicado No. 2016-00006 que corresponde al proceso penal que se le adelanta por el presunto delito de homicidio en las personas protegidas de Daniel Torres Arciniegas y el adolescente Roque Julio Torres Torres. Dicha sustituci�n se hizo de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, por las no restrictivas de la libertad[59], en aplicaci�n del art�culo 307 literal b) de la Ley 906 de 2004 y del art�culo 7� del Decreto Ley 706 de 2017. Al ser revocada tal sustituci�n por el Tribunal accionado, se libr� nuevamente orden de captura contra el accionante para que continuara recluido en forma preventiva, en atenci�n a la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta por la Fiscal�a el 28 de marzo de 2016.  

De forma concreta, el accionante centra su inconformidad en que la decisi�n judicial que cuestiona incurri� en (i) defecto sustantivo, porque el Tribunal accionado supuso la existencia de una norma procesal legal inexistente que proscribe la lex tertia, con lo cual era viable -en criterio del actor- aplicar por principio de favorabilidad penal la Ley 906 de 2004 y el Decreto Ley 706 de 2017 respecto a los beneficios que solicitaba. Adem�s de ello, el accionante plantea que el Tribunal acusado dej� de aplicar la Ley 1760 de 2015 que releva al juez de cualquier consideraci�n sobre el quantum punitivo para decidir si procede la imposici�n de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad; y, (ii) defecto por violaci�n directa de la Constituci�n, en tanto el Tribunal dej� de aplicar el principio de favorabilidad penal como integrante del derecho fundamental al debido proceso, ya que estima que era procedente conceder los beneficios establecidos en el art�culo 7� del Decreto Ley 706 de 2017 y  en el art�culo 307 de la Ley 906 de 2004. De hecho, del actor pidi� al juez de tutela que si consideraba que no eran procedentes tales beneficios, se analizara la posibilidad de suspender la ejecuci�n de la orden de captura hasta que el accionante se sometiera a la JEP (art. 6� del DL 706/17), la cual adujo que es su juez natural.

Con base en lo anterior, el accionante solicit� el amparo constitucional a los derechos fundamentales invocados y que, en consecuencia, se deje sin efectos la decisi�n judicial que cuestiona y se le conceda la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, o de manera subsidiaria, se suspenda la orden de captura que fue librada en su contra.

Conforme se expuso en la consideraci�n central de esta providencia, la acci�n de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, siempre y cuando exista una vulneraci�n de derechos fundamentales y se cumplan con los requisitos generales y espec�ficos que hagan viable el amparo constitucional. Siendo ello as�, corresponde a la Sala de Revisi�n determinar si el presente caso cumple con tales requisitos, a lo cual procede seguidamente.

5.2. An�lisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acci�n de tutela contra providencia judicial.

5.2.1. Que la cuesti�n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional: El presente caso goza de relevancia constitucional porque presenta un debate sobre la aplicaci�n del principio de favorabilidad penal en la concesi�n de beneficios penales para agentes estatales integrantes de la Fuerza P�blica que presuntamente cometieron delitos que eventualmente se pueden relacionar con el conflicto armado interno, lo cual de suyo implica un asunto novedoso que impone la exigencia de aclarar el contenido y alcance de garant�as fundamentales. Sumado a ello, el caso se relaciona con la posible afectaci�n de los derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad individual, as� como con el presunto desconocimiento del tratamiento equilibrado, equitativo, sim�trico y simult�neo al cual refiere el Acto Legislativo 01 de 2017. En tal sentido, este punto se encuentra satisfecho.

5.2.2. Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada: Para analizar este punto, la Sala adelantar� dos estudios independientes. El primero relacionado con el sometimiento del Mayor General Henry William Torres Escalante a la JEP y, el segundo que hace referencia al proceso penal No. 2016-00006 que cursa actualmente en la jurisdicci�n ordinaria y que se encuentra en la fase de juzgamiento.

En trat�ndose del primer t�pico, la Sala estima importante precisar que durante el tr�mite de la presente acci�n de tutela en sede de revisi�n, la Presidente de la JEP emiti� un comunicado en el cual indic� que esa jurisdicci�n especial hab�a asumido el estudio de sometimiento del Mayor General del Ej�rcito Henry William Torres Escalante, quien fue citado para comparecer a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas y para que reconociera el acta de formalizaci�n de apertura del tr�mite con el fin de aplicar los beneficios de la justicia transicional.

A partir de esa informaci�n, la Sala S�ptima de Revisi�n decret� y recaud� diversas pruebas, las cuales permitieron establecer lo siguiente: (i) el 28 de junio de 2018 el accionante elev� petici�n de sometimiento a la JEP; (ii) mediante resoluci�n No. 668 de 2018 expedida por la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas, el accionante y su abogado defensor fueron citados a audiencia de comparecencia ante esa justicia especial y transitoria; (iii) dicha audiencia se llev� a cabo el 10 de julio de 2018 y en ella el accionante manifest� libre, voluntaria y expresamente su acogimiento a la JEP, es decir, al componente justicia del SIVJRNR, situaci�n que qued� consignada en el acta de sometimiento No. 303230 que suscribi� ese mismo d�a; y, (iv) en aquella audiencia la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas explic� al accionante las obligaciones que implican su sometimiento a la JEP y las consecuencias en caso de incumplimiento, al igual que dispuso la apertura del tr�mite para estudiar en detalle las pretensiones del actor, dentro de las cuales se encuentra que el radicado penal No. 2016-00006 que se le adelanta por el presunto homicidio en las personas protegidas de Daniel Torres Arciniegas y su menor hijo Roque Julio Torres Torres, sea asumido por la JEP como juez natural para investigar y fallar ese caso en el contexto de la justicia transicional.

As� las cosas, la Sala S�ptima de Revisi�n advierte que en la actualidad la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, avoc� conocimiento del caso del accionante y se encuentra pendiente de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la competencia de esa jurisdicci�n especial en cuanto a la situaci�n jur�dico-procesal del Mayor General Henry William Torres Escalante. Es m�s, seg�n inform� la Magistrada de la JEP que tiene a su cargo el asunto del actor, tambi�n se encuentra pendiente de resolver una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que elev� el 10 de julio de 2018 el Mayor General Henry William Torres Escalante y que como beneficio del SIVJRNR corresponde a esa jurisdicci�n especial reconocer su procedencia o rechazo.

De acuerdo con la �ltima informaci�n que fue allegada a esta Corporaci�n por parte de la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de la JEP, la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento se encuentra en estudio desde el 1� de agosto de 2018, junto con el expediente penal No. 2016-00006 que fue remitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal.

Pues bien, teniendo claro el anterior panorama probatorio, vale la pena resaltar que de acuerdo con el art�culo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, la JEP si bien no hace parte de la Rama Judicial, tiene asignada la funci�n constitucional de administrar justicia de manera transitoria y aut�noma, de tal forma que conoce preferentemente sobre todas las dem�s jurisdicciones y con exclusividad de las conductas cometidas con anterioridad al 1� de diciembre de 2016[60], siempre y cuando las mismas hayan sucedido por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno. Es as� que para acceder al tratamiento especial previsto en el SIVJRNR es necesario que quien se someta a la jurisdicci�n especial aporte verdad plena relatando de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisi�n sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad, y adem�s repare a las v�ctimas y otorgue garant�as de no repetici�n.   

De hecho, el mismo Acto Legislativo 01 de 2017 en sus art�culos 17 y 21 consagra que en virtud del car�cter inescindible de la JEP, los miembros de la Fuerza P�blica que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno, tienen derecho a un tratamiento sim�trico frente a algunos aspectos, diferenciado en otros, pero en todo caso regido por los lineamientos de ser equitativo, equilibrado y simult�neo[61]. Y es que por ejemplo, la Ley 1820 de 2016 �[p]or medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnist�a, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones� a pesar de haber sido expedida antes del Acto Legislativo 01 de 2017, tambi�n consagra como uno de sus principios rectores que los agentes estatales que hayan incurrido en las conductas punibles ya indicadas, tienen derecho a recibir un tratamiento penal especial diferenciado, sim�trico, equitativo y simult�neo. 

Como expresi�n de ese tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado, la mencionada Ley 1820 de 2016 estableci� como beneficios propios del sistema integral (i) la libertad transitoria, condicionada y anticipada para agentes estatales que se sometan a la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas con el fin de acogerse a la renuncia de la persecuci�n penal, siempre que cumplan los requisitos y condiciones legales para ello (arts. 51 y 52); y, (ii) especialmente para integrantes de la Fuerza P�blica se fij� el beneficio de la privaci�n de la libertad en unidad militar o policial, para el cual tambi�n se establecieron requisitos espec�ficos (arts. 56 y 57). Adem�s de lo anterior, la aplicaci�n de ese tratamiento penal especial diferenciado a la Fuerza P�blica igualmente se materializ� con la expedici�n del Decreto Ley 706 de 2017[62], el cual indic� que respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la autoridad judicial correspondiente podr� suspender la ejecuci�n de la orden de captura (art. 6), o podr� revocar la medida de aseguramiento impuesta, o la podr� sustituir por una no restrictiva de la libertad, siempre que se den los requisitos legales, en las investigaciones o procesos adelantados contra los miembros de la Fuerza P�blica por conductas punibles cometidas por causa, con ocasi�n o en relaci�n directa o indirecta con el conflicto armado interno[63]. No obstante todos los anteriores beneficios especiales que hacen parte del tratamiento penal especial diferenciado, es necesario suscribir un acta de compromiso en la cual el beneficiario se obliga a atender los requerimientos de la autoridad competente.

Adicionalmente, quienes comparezcan ante la JEP pueden solicitar la revocatoria o la sustituci�n de la medida de aseguramientos a partir de los lineamientos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, es decir, como se advierte por parte de esta Sala, cuentan con diferentes mecanismos de defensa judiciales que resultan ser id�neos y eficaces para la protecci�n de sus derechos fundamentales.

En el presente caso, como se explic� a partir del an�lisis de las pruebas que fueron recaudadas en sede de revisi�n, el accionante quien se someti� voluntariamente a la JEP, se encuentra pendiente que esa jurisdicci�n especial determine si asume o no competencia del proceso penal que se identifica bajo el radicado No. 2016-00006 y, adem�s, que emita decisi�n frente a la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que su abogado defensor present� el 10 de julio de 2018. Lo anterior permite a la Sala estimar que esos procedimientos se encuentran en curso y, por consiguiente, el Mayor General Henry William Torres Escalante no ha agotado todos los mecanismos de defensa judicial que tiene a su alcance para solicitar la protecci�n de los derechos a la libertad individual y al debido proceso que invoca, situaci�n que torna improcedente la acci�n de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad.  

Y es que, en ese sentido vale la pena aclarar que la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, si bien difiere de la sustituci�n de esa misma medida por otras no privativas de la libertad, lo cierto es que aquella se torna en un remedio procesal inmediato y efectivo que logra de mejor manera garantizar sus derechos constitucionales en el marco de la justicia transicional. Por ende, lo procedente es que el accionante espere a que la JEP resuelva esa petici�n especial derivada de su sometimiento al componente de justicia del SIVJRNR, sin que se advierta que dicha espera pueda generar un perjuicio irremediable que lesione garant�as fundamentales del actor, quien en ning�n momento aleg� tal perjuicio en el tr�mite tutelar y menos lo demostr�. De hecho, el actor puede interponer los recursos de reposici�n y de apelaci�n -de ser procedente �ste �ltimo- contra la decisi�n que profiera la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas, en los t�rminos de las Leyes 1820 de 2016 y 1922 de 2018[64], as� como del Decreto Ley 706 de 2017. De tal forma que ello refuerza la improcedencia de la tutela en el asunto sub examine.

Ahora bien, en cuanto al segundo t�pico en que se dividi� el presente estudio de subsidiariedad, esto es, la existencia y el tr�mite del proceso ordinario penal No. 2016-00006, la Sala considera que en caso tal de que la JEP no asuma competencia respecto de ese asunto y con ello se imponga su devoluci�n al Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, el accionante tendr�a a su alcance diferentes mecanismos de defensa judicial en tanto dicho proceso se encuentra en fase de juzgamiento, como por ejemplo, solicitar que la medida de aseguramiento privativa de la libertad sea sustituida por algunas de las medidas no privativas de la libertad que establece el art�culo 307 de la Ley 906 de 2004,  pero demostrando el cumplimiento de los requisitos legales que establecen los art�culos subsiguientes. As� las cosas, la solicitud de sustituci�n de la medida no podr�a realizarse con base en el Decreto Ley 706 de 2017, sino que debe partir de las exigencias propias de la Ley 906 de 2004. Sumado a lo anterior, la decisi�n definitiva que asuma el juez ordinario penal tambi�n es susceptible de los recursos ordinarios procedentes, lo cual es respetuoso de la autonom�a e independencia judicial. Por consiguiente, ante la existencia de medios id�neos y eficaces para garantizar los derechos fundamentales del actor, la presente acci�n de tutela deviene en improcedente.

Finalmente, la Sala considera que adem�s de los dos t�picos analizados, es necesario recordar que el art�culo 30 de la Constituci�n establece la posibilidad de interponer la acci�n constitucional de h�beas corpus cuando quien estuviera privado de la libertad, creyera estarlo de forma ilegal. Por consiguiente, el accionante tambi�n cuenta con ese instrumento que puede ejercer en cualquier tiempo y que debe ser resuelto en un t�rmino �gil de 36 horas, siendo entonces otra garant�a m�s para proteger sus derechos fundamentales.

En este orden de ideas, a t�tulo de conclusi�n, la Sala de Revisi�n considera que la presente acci�n de tutela contra providencia judicial es improcedente por incumplir el requisito de  subsidiariedad, habida cuenta de que el accionante Mayor General Henry William Torres Escalante tiene a su disposici�n diferentes medios de defensa para procurar la garant�a de sus derechos al debido proceso y a la libertad individual. Ante la improcedencia anotada, resulta irrelevante continuar con el an�lisis de los dem�s requisitos generales que habilitan la procedencia de la acci�n de tutela contra providencia judicial,  y, en tal sentido, corresponde modificar las decisiones de instancia que negaron la solicitud de amparo por improcedente, en tanto se debe ajustar la decisi�n a la t�cnica constitucional con el fin de brindar mayor claridad en cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Por consiguiente, se deber� declarar la improcedencia de la acci�n de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  Adem�s de ello, en la parte resolutiva se levantar�n los t�rminos que fueron suspendidos por pr�ctica de pruebas mediante Auto del 31 de julio de 2018.

6. S�ntesis de la decisi�n  

6.1. A trav�s de apoderado judicial, el Mayor General Henry William Torres Escalante present� acci�n de tutela contra la Sala �nica de Decisi�n del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, solicitando la protecci�n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual, los cuales estima que fueron vulnerados con la providencia judicial del 15 de diciembre de 2017, que revoc� la sustituci�n de la medida de aseguramiento que le fue concedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal mediante Auto del 3 de agosto de 2017, dentro del radicado No. 2016-00006 que corresponde al proceso penal que se le adelanta por el presunto delito de homicidio en las personas protegidas de Daniel Torres Arciniegas y el adolescente Roque Julio Torres Torres.

Se�al� que el Tribunal accionado incurri� en (i) defecto sustantivo, porque supuso la existencia de una norma procesal legal inexistente que proscribe la lex tertia, con lo cual era viable aplicar por principio de favorabilidad penal la Ley 906 de 2004 y el Decreto Ley 706 de 2017 respecto a los beneficios que solicitada. Adem�s de ello, el accionante plante� que el Tribunal accionado dej� de aplicar la Ley 1760 de 2015 que releva al juez de cualquier consideraci�n sobre el quantum punitivo para decidir si procede la imposici�n de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad; y, (ii) defecto por violaci�n directa de la Constituci�n, en tanto el Tribunal dej� de aplicar el principio de favorabilidad penal como integrante del derecho fundamental al debido proceso, ya que estima que era procedente conceder los beneficios establecidos en el art�culo 7� del Decreto Ley 706 de 2017 y en el art�culo 307 de la Ley 906 de 2004.

Con base en los anteriores defectos que enrostra al Tribunal acusado, el accionante solicit� el amparo constitucional a los derechos fundamentales invocados y que, en consecuencia, se dejara sin efectos la decisi�n judicial que cuestiona y se le conceda la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, o de manera subsidiaria, se suspenda la orden de captura que fue librada en su contra.

6.2. La Sala S�ptima de Revisi�n plante� los siguientes problemas jur�dicos a resolver: (i) determinar si la acci�n de tutela es procedente para cuestionar una decisi�n judicial ordinaria penal, aun cuando el actor voluntariamente se someti� a la Jurisdicci�n Especial para la Paz; y, (ii) establecer si el Tribunal accionado desconoci� los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual del accionante, por haber revocado la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue concedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal en Auto del 3 de agosto de 2017, incurriendo en los defectos sustantivo y de violaci�n directa a la Constituci�n por desconocer el principio de favorabilidad penal. 

6.3. Al abordar el estudio del primer problema jur�dico planteado, la Sala S�ptima de Revisi�n concluy� que la presente acci�n de tutela contra providencia judicial es improcedente por incumplir el requisito de  subsidiariedad, habida cuenta de que el Mayor General Henry William Torres Escalante tiene a su disposici�n diferentes medios de defensa para procurar la garant�a de sus derechos al debido proceso y a la libertad individual. Lo anterior por cuanto el accionante se someti� voluntariamente a la JEP y con ello habilit� diversos mecanismos de defensa judicial que se encuentran en tr�mite pendientes de resolver por la Sala de Definici�n de Situaciones Jur�dicas de esa jurisdicci�n especial, entre los cuales figuran la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento privativa de la libertad y el que dicha Sala asuma la competencia como juez natural transicional de los hechos que se reportan en el radicado penal No. 2016-00006.

Adem�s de ello, la Sala identific� que en caso tal de que la competencia del asunto penal ordinario regrese al Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, all� el actor tiene a su disposici�n varios mecanismos de defensa judicial para controvertir las diferentes decisiones que se dicten en la fase de juzgamiento tales como solicitar la sustituci�n de la medida de aseguramiento privativa de la libertad por aquellas no privativas demostrando el cumplimiento de todos los requisitos que establece la Ley 906 de 2004, al igual que puede controvertir la sentencia penal mediante los recursos de apelaci�n y de casaci�n, a la vez que puede invocar la acci�n constitucional de h�beas corpus en cualquier momento frente a la detenci�n ilegal y prolongada que afecte su derecho a la libertad.

A partir de lo anterior, la Sala decidi� modificar las decisiones de instancia que negaron la solicitud de amparo por improcedente, en tanto estim� la necesidad de ajustar la decisi�n tutelar a la t�cnica constitucional con el fin de brindar mayor claridad en cuanto al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Por consiguiente, declar� la improcedencia de la acci�n de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  Adem�s de ello, en la parte resolutiva procedi� a levantar los t�rminos que fueron suspendidos por pr�ctica de pruebas mediante Auto del 31 de julio de 2018.

III. DECISI�N

En m�rito de lo expuesto, la Sala S�ptima de Revisi�n de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constituci�n,

RESUELVE:

Primero.- LEVANTAR los t�rminos suspendidos mediante Auto del 31 de julio de 2018, de conformidad con lo previsto en el art�culo 64 del Reglamento Interno de la Corporaci�n.

Segundo.- MODIFICAR la decisi�n adoptada en la sentencia dictada el 6 de marzo de 2018 por la Sala de Casaci�n Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez confirm� la sentencia de primera instancia emitida el 25 de enero de 2018 por la Sala de Casaci�n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg� por improcedente la acci�n de tutela interpuesta por el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante contra la Sala �nica de Decisi�n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en el sentido de DECLARAR la improcedencia de dicha acci�n de tutela por las razones expuestas en la parte motiva de este prove�do. 

Tercero.- COMUNICAR esta providencia para los fines previstos en el art�culo 36 del Decreto 2591 de 1991, tanto a las partes accionante y accionada, as� como a los terceros intervinientes involucrados por los jueces de instancia.

Comun�quese y c�mplase,

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOS� FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS R�OS

Magistrado

MARTHA VICTORIA S�CHICA M�NDEZ

Secretaria General