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Corte Suprema de Justicia
Sala de Casacón Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
AC011-2016
Radicación: 11001-31-03-040-2009-00284-01
(Aprobado en Sala de siete de octubre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., doce (12) de enero de dos mil dieciséis (2016).
Se decide sobre la admisión de la demanda presentada por Bernardo de Jesús Palencia Araque, dirigida a sustentar el recurso de casación contra la sentencia de 30 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario incoado por el recurrente y otros contra Saludcoop E.P.S. y la Corporación I.P.S. Boyacá.
1. ANTECEDENTES RELEVANTES
1.1. La causa petendi. Según se narra en el escrito genitor, el demandante, después de la biopsia ordenada y practicada, fue diagnosticado de cáncer prostático y sometido a una prostatectomía radical, el 4 de agosto de 2007, sin habérsele sugerido ningún otro tipo de procedimiento; no obstante, los estudios de patología de los tejidos blandos extraídos en la cirugía, arrojaron como resultado ausencia de la afección.
El médico tratante, por lo tanto, actuó con negligencia al dejar de corroborar las conclusiones de la biopsia mediante un segundo examen. Fuera de esto, la intervención quirúrgica acarreó al actor graves consecuencias para su salud y vida conyugal y familiar, como una trombosis en la pierna derecha, disfunción eréctil total e incontinencia urinaria permanente.
1.2. El petitum. El pretensor, su esposa e hijos, solicitaron se declarara la responsabilidad civil de las entidades demandadas, en calidad de prestadoras de los servicios de salud cuestionados, y se les condenara a pagar los perjuicios irrogados, en la forma como se determina.
1.3. La sentencia de segunda instancia. Revoca el fallo estimatorio del Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, adiado el 11 de septiembre de 2014, por ausencia de la culpa endilgada y del nexo causal.
1.3.1. Con relación a la disfunción eréctil, porque en la historia clínica aparecía diagnosticada el 11 de agosto de 2000, mucho antes de haberse practicado la cirugía, “(…) aunque en menor grado, si se tiene en cuenta que la pérdida de capacidad sexual hoy es del 100% (…)”.
1.3.2. Tocante con el error de diagnóstico, si bien diferían los resultados de la biopsia y de la patología, la conclusión del galeno correspondía objetivamente a lo mostrado en aquella, “(…) sumado a los exámenes de laboratorio que reflejaban el aumento del antígeno prostático, signo de la presencia de cáncer pese a no ser exclusivo (…)”, y en el proceso no existía ningún otro medio ilustrativo de la necesidad de realizar exámenes complementarios.
La discrepancia, en fin, no era atípica, aunque “poco usual”, al decir del Instituto Nacional de Cancerología y de la sociedad Colombiana de Urología, pues como la biopsia bien pudo extraer todo el tejido tumoral, conforme a la literatura médica, muchas series reportan “(…) hasta un 30% de discordancia exacta entre las dos (…)”.
1.3.3. La falta de indicaciones en el postquirúrgico, carecía de asidero, toda vez que la historia clínica reportaba salida el 6 de agosto de 2007, dada la “buena evolución”; y en la atención del 31, siguiente, por “(…) flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores “(…)”, se ordenó el egreso con recomendaciones y medicación.
En todo caso, la “(…) agravación del estado de salud del paciente se presentó fuera de las instalaciones de la clínica demandada, es decir, cuando el cuidado de aquél no estaba a su cargo (…)”.
1.3.4. La práctica de la “citoscopia”, en septiembre de 2007, cuando tomaba anticoagulantes, era de bajo y no de alto riesgo, según la Sociedad Colombiana de Urología.
1.3.5. Los efectos adversos de la operación, disfunción eréctil e incontinencia permanente, de acuerdo con la Sociedad Colombiana de Urología, fueron secundarios y connaturales al procedimiento, y se habrían presentado, conforme al Instituto Nacional de Cancerología, inclusive en el caso de la posibilidad de otras alternativas como la “radioterapia y branquiterapia”.
Por lo demás, los riesgos, amén de explicados, fueron aceptados y asumidos por el paciente cuando otorgó el consentimiento informado. Ello aconteció según la historia clínica, el 22 de junio de 2007, con la debida antelación, cuando el galeno informó las posibilidades terapéuticas, entendiendo comprendido lo relacionado con la intervención sugerida.
1.4. La demanda de casación. Contra lo decidido, dos cargos fueron formulados por el recurrente, al amparo del artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, ambos por la comisión de errores de hecho probatorios.
1.4.1. El primero, por cuanto las mismas pruebas valoradas por el Tribunal daban cuenta que al demandante no se le informó de la existencia de otros tratamientos, de tal manera que pudiera escoger libre y autónomamente. En efecto, como la historia clínica alude genéricamente a riesgos y beneficios, no era dable “inferir (…) implícita la información y explicación (…)”.
De las anotaciones del médico Rafael Gamboa, se extraían las inconformidades expresadas por el paciente, en cuanto “(…) ‘nadie le advirtió acerca de los riesgos de la tromboflebitis’ y no le indicaron medidas para prevenirla”.
“Al ser la trombosis venosa profunda una posible complicación posterior de una prostactetomía, se convierte en un riesgo previsto o evento adverso previsible y evitable, que debió ser informado por el médico al paciente y por lo tanto prevenido, con la indicación de las medidas necesarias”.
El consentimiento informado para aplicar tratamientos médicos y quirúrgicos, y explicar anticipadamente las consecuencias, debió ser concreto. Se equivoca, por lo tanto, el Tribunal al entenderlo con la enunciación genérica en la historia clínica de los riesgos y secuelas de la intervención y de los posibles tratamientos alternativos; o constituido con un simple formato firmado por el paciente, en la mayoría de los espacios, respecto de los datos del galeno, en blanco; además, sin la rúbrica del médico, ni con la indicación específica de complicaciones y secuelas de la operación, menos de las medidas para evitarlas.
1.4.2. El segundo, porque el juzgador de segundo grado, al descartar el error de diagnóstico y considerar adecuado el procedimiento elegido, incurrió en desacierto.
Si la biopsia “(…) arrojó solo un 40% de cáncer (…)” y en la historia clínica, luego de practicada, no aparecía ordenado otro examen similar para confirmar la afección y demás, mientras el estudio de patología descartó la existencia de cáncer prostático, de haberse “(…) actuado conforme a la lex artis (…)”, disponiendo otro análisis, se habría permitido el manejo y la cura de la enfermedad con la aplicación de otras alternativas menos riesgosas.
En el formato impreso del consentimiento informado, “(…) no se especifican, establecen y dan a conocer las secuelas, complicaciones ni peligros del procedimiento ni los cuidados posoperatorios para evitarlas (…)”.
De otra parte, el ad-quem no tuvo en cuenta las anotaciones efectuadas por el médico Rafael Gamboa, sobre la inconformidad mostrada por el paciente, en cuanto que “(…) ‘nadie le advirtió acerca de los riesgos de la tromboflebitis’ y no le indicaron medidas para prevenirla”.
Igualmente, las respuestas al derecho de petición, emitidas el 25 de enero y 15 de marzo de 2008, donde se puede constatar que las demandadas en ningún momento informaron al actor la existencia de tratamientos diferentes a la operación, como la radioterapia externa, la branquiterapia y la crioterapia, ni le explicaron las secuelas.
Del mismo modo, el oficio de 14 de julio de 2011, proveniente del Instituto Nacional de Cancerología, con el cual se acredita la inexistencia del cáncer para la fecha de la intervención. Si bien se indica como poco usuales resultados excluyentes entre la biopsia y la patología, lo “(…) inusual en materia probatoria no puede favorecer a los demandados (…)”. La duda del Tribunal para descartar el error de diagnóstico, “(…) pudo haber sido resuelta ordenando de oficio la revisión de la patología (…)”.
Por último, acerca de las secuelas inherentes al procedimiento médico aplicado, informadas por la Sociedad Colombiana de Urología, el juzgador no tuvo en cuenta, cual se indicó, que tal institución no era autoridad científica en la materia y que el concepto se remitió a generalidades y no al caso concreto. Con todo, según la doctrina médica, las consecuencias de la radioterapia o la branquiterapia, eran menores a las dejadas por la cirugía.
En suma, para el censor, el ad-quem cometió graves errores. De un lado, al concluir que el demandante asumió y consintió los padecimientos sufridos; y de otro, al señalar que el diagnóstico médico fue acertado.
1.5. En ese contexto, se procede a examinar si los cargos se avienen a los requisitos formales.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Suficientemente es conocido, el recurso de casación tiene por objeto la presunción de legalidad y acierto de la sentencia recurrida, como thema decissum, y no el proceso, como thema decidendum, por cuanto al ser excepcional obedece a estrictas causales legales y se estructura en las precisas hipótesis normativas.
Por esto, el escrito dirigido a sustentar ese medio de impugnación extraordinario, debe sujetarse a ciertos requisitos, pues en últimas, fuera de habilitar el respectivo estudio de fondo, en principio, se erige en el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad para establecer si se incurrió en errores de juicio o de procedimiento.
2.2. Entre otros, el artículo 374, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, exige al censor formular los cargos por separado “(…) con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa (…)”.
La formalidad, desde luego, no es de poca monta, pues, de un lado, la preceptiva contiene la carga de identificar las razones basilares de la decisión, para así establecer si el ataque es simétrico y cabal; y de otro, en concordancia con el inciso final de la misma norma, la de demostrar la incidencia de los errores denunciados.
2.2.1. Si el reproche es desenfocado, cualquier análisis de mérito se relevaría, considerando que al seguir en pie el argumento basilar, por sí, le seguiría prestando base firme a la sentencia. Lo mismo, en el evento de ser parcial, pues si la decisión viene apoyada en varias razones, cada una con entidad suficiente para sostenerla, esto impone a la parte recurrente la tarea de combatirlas y de destruirlas todas.
2.2.2. La acreditación de los yerros enrostrados, al decir de la Sala, predicable de “(…) todas las causales señaladas en el artículo 368 del C. de P. C. (…)”1, implica para el impugnador mostrar su incidencia en la decisión adoptada, en una relación necesaria de causa a efecto, de tal manera que si no se hubieren cometido el resultado final habría sido diametralmente distinto.
De ahí, toda acusación o cargo debe trascender de la simple enunciación, al campo de la demostración, haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, o de lanzar dudas o especulaciones, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resolución combatida.
2.3. Aplicadas las anteriores directrices al caso, pronto se advierte, ninguno de los dos cargos propuestos se aviene a los requisitos dichos para impulsarlos.
2.3.1. El primero, (i) en lo relacionado con la “(…) flebitis y tromboflebitis “(…)”, puesto que así el médico Gamboa haya anotado en la historia clínica la inconformidad expresada por el paciente, en “(…) cuanto nadie le advirtió acerca de los riesgos (…) y no le advirtieron medidas para prevenirla”, el yerro apenas se enuncia, dado que no se hace saber a la Sala, cómo, si nadie puede crearse su propia prueba, lo manifestado por el demandante y reproducido por el profesional de la medicina daba lugar a la ruptura de la sentencia impugnada.
En la misma dirección, porque al aludirse en el cargo a la trombosis venosa profunda como “(…) una posible complicación posterior de una prostactetomía (…)” (subrayas ex texto), simplemente se especula. Y en el caso de existir certeza sobre el particular, tampoco se señalaron las pruebas existentes en el proceso que así lo indican.
(ii) En lo demás, por ser asimétrico el embate, pues para la censura el juzgador aseveró que por consentimiento informado se entendía la “(…) simple enunciación del galeno en la historia clínica de que se le advirtió al paciente de los riesgos y secuelas de la cirugía y los posibles tratamientos alternativos (…)”; o constituido con la firma del paciente en un formato con espacios en blanco, respecto de “datos” del médico y de las “(…) posibles complicaciones y secuelas (…) y de las medidas posoperatorias (…)”.
No obstante, según el fallador de segundo grado, los “(…) tratamientos autorizados para el cáncer de próstata, fueron aceptados y asumidos por el propio paciente cuando otorgó su consentimiento libre e informado (…)”, cual fue explicado, incluyendo “(…) riesgos previstos y consecuentes (…), con la debida antelación, pues en la fecha del “(…) diagnóstico de cáncer, el 22 de junio de 2007, se registró en la historia clínica que el galeno suministró la información respecto a las posibilidades terapéuticas (…)”.
Contrastado lo precedente, salta de bulto, el aserto del Tribunal, respecto del consentimiento informado, es distinto de lo discurrido en el cargo. En efecto, el juzgador no lo tuvo sobreentendido o constituido, menos con una descripción genérica; por el contrario, en concreto habló del “(…) cáncer de próstata (…)” y de la notificación anticipada al paciente de la “(…) información respecto a las posibilidades terapéuticas (…)”; igualmente, que los “(…) tratamientos autorizados para el cáncer de próstata, fueron aceptados y asumidos por el propio paciente cuando otorgó su consentimiento libre e informado (…)”.
2.3.2. El cargo segundo, (i) lo relacionado con lo insertado en la historia clínica por el doctor Gamboa, a instancia del interesado, ante la falta de demostración, por lo mismo indicado en el apartado anterior, salta patente inarmónico.
(ii) Respecto al estado de la incontinencia urinaria y al problema de erección, antes de la cirugía; a la práctica de la operación con el resultado de la biopsia, únicamente; y la inexistencia de cáncer en el examen de patología; por cuanto en realidad no se avizora embate alguno, pues no pasa de la simple e incompleta enunciación.
El ad-quem reconoció, acorde con el impugnante, que la dificultad reproductiva existía “(…) aunque en menor grado, si se tiene en cuenta que la pérdida de capacidad sexual hoy es del 100% (…)”, y que la incontinencia, ahora permanente, era connatural a la prostactetomía radical. En lo demás, al admitir la disimilitud entre la biopsia y la patología y tener suficiente la primera para el diagnóstico, aunado al aumento del antígeno prostático específico.
Según el cargo, si el médico hubiera actuado conforme a la lex artis, habría ordenado otros exámenes para corroborar o constatar la existencia de la enfermedad, su gravedad y la urgencia de la operación o la aplicación de tratamientos alternativos, los cuales en todo caso no aparecían informados en el formato del consentimiento. Sin embargo, se pasa de largo, respecto de la debida explicación o información, inclusive anticipada, con efectos de desenfoque técnico, que el fallador la tuvo por suministrada con el contenido de la historia clínica.
Ahora, si el error de hecho se imputa por haber omitido el ad-quem observar que el médico actuó en contravía de la lex artis, el ataque surge deficiente, al punto que en el cargo ni siquiera se mencionan los medios indicativos de ese procedimiento, dirigidos a contrarrestar al Tribunal, al decir que “(…) no existe un solo elemento de prueba que soporte tal conclusión y menos aún que ilustre cuáles eran esos otros estudios que debieron realizarse (…)”.
(iii) La supuesta equivocación en la apreciación del concepto de la Sociedad Colombiana de Urología, acerca de las consecuencias seguidas de la prostactetomía radical, similares de otras alternativas terapéuticas, se enarbola, en general, por no haber tenido en cuenta el juzgador que se refería a la teoría y no al caso concreto.
Empero, en lugar de desacuerdos sobre el particular, también se notan coincidencias, por tanto ausentes de ataque, porque dicha institución simplemente “conceptuó”, que no examinó en causa, las “consecuencias que puede traer consigo” esa cirugía. Con todo, en la hipótesis del error, debía mostrarse que la incontinencia permanente y la incapacidad sexual absoluta, no necesariamente se predicaban del procedimiento aplicado, o que las secuelas de otras técnicas, como la branquiterapia o radioterapia, eran de menor grado, importancia, complicación y severidad, nada de lo cual aparece cumplido.
(iv) La ausencia de fundamentación, en cuanto al error de hecho probatorio se refiere, igualmente se constata en lo dicho acerca de la valoración del concepto del Instituto Nacional de Cancerología, pues la afirmación del recurrente sobre lo “poco usual” de encontrar disimilitud entre la biopsia y la patología, “(…) no puede favorecer a los demandados (…)”, traduce una posición subjetiva, al hacerse al margen del contenido objetivo de la prueba.
(v) En el resto del cargo, se acusa al Tribunal de no apreciar las respuestas dadas por las demandadas a unos derechos de petición en cuanto en ningún momento informaron la existencia de tratamientos diferentes a la intervención ni la explicación de las secuelas de la misma.
Como las conclusiones en contrario, derivadas de la historia clínica, no fueron atacadas idóneamente, según quedó explicado, esto releva a la Corte de cualquier consideración formal, inclusive en la eventualidad de recibirse a trámite este apartado de la acusación y de configurarse el error con los requisitos de manifiesto y trascendente, puesto que esa otra base fundamental, por sí, le seguiría prestando base firme a la decisión.
La Sala tiene explicado que cuando la sentencia “(…) se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”2.
Por lo demás, contrario a lo sostenido, en la respuesta de 25 de enero de 2008, se informa que el “(…) 22 de junio de 2007, durante la consulta urológica se explican al paciente las posibilidades terapéuticas y en consulta posterior al paciente firma el consentimiento informado”; y lo mismo, en cuanto a las “consecuencias referidas”.
Y en la de 15 de marzo de 2008, se expone, en lo relativo a la “(…) inquietud relacionada con los posibles riesgos y complicaciones inherentes a la realización de la prostatectomía, se encuentra que Usted firmó el consentimiento informado en el que certificó haber recibido la explicación correspondiente a la naturaleza del procedimiento y a las posibles complicaciones derivadas del mismo”.
2.4. Así las cosas, al constituir los defectos anotados un obstáculo insalvable para cualquier estudio de fondo, suficiente para que “(…) la demanda no sea recibida a trámite”3, corresponde proceder como lo ordena el artículo 373, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación de que se trata. Consecuentemente, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1 Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 1996-8690; reiterado en autos de 18 de noviembre de 2011, expediente 00462, y de 28 de octubre de 2013, expediente 00131.
2 Sentencia 134 de 27 de junio de 2005, reiterando G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199.
3 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.