CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC132-2016
Radicación n.° 11001-31-03-011-2007-00436-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil quince)
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil dieciséis (2016)
Decide la Corte el recurso de reposición formulado contra la providencia dictada el 27 de octubre de 2014, mediante la cual se inadmitió la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación.
I. ANTECEDENTES
Edelmira, José del Carmen Guerrero Páez y Olivero Prieto Alvarado en el escrito mediante el cual sustentaron el recurso extraordinario invocaron un único cargo, el cual se sustentó en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de la comisión de errores fácticos, por indebida apreciación de unas pruebas, yerro que –según su opinión- condujo a que se ordenara la restitución del inmueble, a pesar de que se configuró la excepción de «prescripción extintiva de la acción liberatoria».
Por su parte, José Vicente Guerrero Torres formuló tres cargos, en el primero atribuyó a la sentencia la violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de la comisión de errores de hecho, por la errada apreciación de unos testimonios y la infracción de los artículos 75 numeral 10, 92 numeral 4, 174, 175, 177, 178, 179-1, 183-1, 185, 187, 213, 219, 220, 226, 227, 228, 251, 253, 254, 264, 304, 305 y 407 numeral 10 del estatuto procesal civil, por no valorar en conjunto las pruebas.
En el segundo cargo se acusó el fallo por quebrantar de manera indirecta las normas sustanciales, como consecuencia de la comisión de errores de derecho, porque no se valoraron en conjunto las pruebas, como tampoco los testimonios de José Olivo Torres y Alejandro Bejarano y la inspección judicial.
La última acusación se fundó en el numeral 5 del artículo 368 de la normatividad adjetiva, con base en que se configuró la causal de nulidad establecida en el numeral 9 del artículo 140 ibídem, al no haber sido citadas al juicio todas las personas indeterminadas.
Como fundamento de esa decisión se consideró frente a la demanda formulada por Edelmira, José del Carmen Guerrero Páez y Oliverio Prieto Alvarado, que no se demostró la equivocación enrostrada al fallador, ni su trascendencia en la decisión, pues la censura se limitó a enunciar y transcribir las pruebas, sin confrontar lo que ellas revelaban con la apreciación que de esos elementos persuasivos hizo el sentenciador; tampoco se acreditó la existencia jurídica de los medios persuasivos, cuyo análisis se dijo omitió el sentenciador.
El primer cargo de la segunda demanda se inadmitió porque se propuso un error fáctico, con base en argumentos jurídicos y de hecho, motivo por el cual la acusación no era clara y precisa; además, no fueron discutidos todos los argumentos del fallo, ni los soportes probatorios en los que se fundamentó.
La segunda acusación se inadmitió porque si bien se denunció el fallo por incurrir en errores jurídicos, se adujeron razonamientos que dan origen a desatinos fácticos; además, se alegó que se configuró la nulidad contemplada en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual era evidente que se habían mezclado aspectos propios de la vía indirecta con asuntos atinentes a la causal quinta de casación; la acusación no fue completa, porque no se reprocharon la totalidad de las pruebas en la que se sustentó el fallo, como tampoco se demostraron los yerros en la valoración de los elementos persuasivos.
Por último, el tercer cargo se inadmitió porque aún de haberse configurado la nulidad establecida en el numeral 9 del artículo 140 de la normatividad adjetiva, ese vicio procesal debió ser alegado por quien tuviera interés para proponerlo, según lo previene el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil.
Se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque no se cumplió con las formas propias de cada juicio, pues el inciso cuarto del canon 373 de la normatividad adjetiva establece en relación con el trámite del recurso de casación que «presentada en tiempo la demanda, se examinará si reúne los requisitos formales, sin calificar el mérito de los cargos»1, motivo por el cual la inadmisión sólo procede cuando no se cumplen los requisitos establecidos en el canon 374 de la misma codificación, sin que sea viable la calificación del mérito de los cargos, como ocurrió en este caso, «al punto de consistir en una verdadera sentencia».
Esa decisión es ilegal e inconstitucional, porque se descalificó el cargo tercero, fundado en la causal quinta de casación y se adujo que se configuró la nulidad contemplada en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, al «no haberse notificado en legal forma a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, en razón de no haber sido demandados todos los poseedores»2, argumento que fue descalificado, con base en que el demandante no estaba legitimado para proponer esa irregularidad, decisión que se funda en el mérito del cargo, lo cual le estaba prohibido a la Corte.
Es evidente que no se aplicaron reformas introducidas por el Decreto 2651 de 1991, en el que se limitaron los motivos para inadmitir la demanda de casación y se excluyó la posibilidad de calificar el mérito de los cargos, con el único propósito de que la casación cumpla su objetivo de unificar la jurisprudencia nacional y proveer a la realización del derecho objetivo.
II. CONSIDERACIONES
En ese sentido, se ha explicado que «…relativamente a tales requisitos, el artículo 374 del C. de P. C. establece que la demanda que recoja la acusación debe contener por separado la formulación de los cargos contra la sentencia recurrida; además, explicitar los fundamentos de cada acusación, proceder que corresponde asumir en forma clara y precisa» (CSJ AC, Auto 12 May. 2009, Rad. 2001-00922-01).
La claridad consiste en que sea fácilmente inteligible; en tanto que la precisión implica que sus expresiones puedan entenderse en un solo sentido, es decir que no sean equívocas, de ahí que un cargo en sede de casación solo alcanzará exactitud si guarda relación con el supuesto error al que alude, por eso se dice que la precisión apareja una plena correspondencia entre la censura y las razones en las que se soportó el fallo acusado.
Sobre lo anterior, conviene memorar lo sostenido por la doctrina jurisprudencial de esta Corporación conforme a la cual la carga procesal atribuida al recurrente «reclama que su crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia» (CSJ SC, 19 Dic. 2005, Rad. 7864; CSJ SC, 9 Abr. 2008, Rad. 2000-00435; CSJ AC, 29 Jul. 2010, Rad. 2005-00366).
La precisión o exactitud de una explicación, por lo tanto, está estrechamente relacionada con su atinencia frente a lo que constituye el objeto del enunciado, así como con su completitud, esto es con su cualidad para erigirse en condición suficiente para minar las bases de la providencia impugnada.
2. Las anteriores aclaraciones resultan necesarias para desvirtuar la afirmación de la recurrente, según la cual no incurrió en los defectos técnicos señalados por la Corte, sino que los cargos fueron calificados de mérito, cuando lo cierto es que se presentaron insalvables deficiencias que tornaron imprecisa la acusación, lo que de suyo, constituye obstáculo para adentrarse en el examen de fondo de la censura.
En efecto, en la providencia impugnada no se analizaron de mérito los cargos, por el contrario, las falencias de la demanda que se dejaron al descubierto corresponden únicamente a los requisitos exigidos en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
«La demanda de casación deberá contener:
(…)
3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas.
Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción. (las negrillas no son del texto).
2.1. Con relación al primer cargo formulado bajo el amparo de la causal primera de casación, se denunció al ad quem por la comisión de supuestos yerros fácticos, como consecuencia de la errada apreciación de unos testimonios y por no valorar en conjunto los medios probatorios; acusación que se inadmitió porque no se discutieron la totalidad de los argumentos, ni de los medios persuasivos en los que se fundó el fallo de segundo grado.
Sobre el requisito de técnica de la completitud del cargo, la Corte tiene definido que:
«(…) el recurso de casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado». [se subraya].
Y más adelante, se añadió:
…para cumplir con la exigencia de suficiente sustentación de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. (CSJ AC, 29 Oct 2013, Rad. 11001-31-03-015-2007-00418-01
Sin embargo, tras contrastar los argumentos y elementos probatorios en los que se sustentó la sentencia impugnada, con los reproches expuestos en el primer cargo, se advirtió, con facilidad, que el recurrente no los controvirtió en su integridad, omisión impidió su admisión.
En efecto, como se indicó en la providencia censurada, el casacionista no enfrentó el razonamiento del Tribunal consistente en que Epimenia Torres y Wladino Cicua, ingresaron al terreno en condición de tenedores y que no se acreditó la interversión de ese título al de poseedores, ni los elementos probatorios en los que se sustentó esa conclusión, específicamente los testimonios de Juan de Jesús Cicua, Jaime Cicua y María Ana Elsa Cicua; así como los interrogatorios de Edelmira, José del Carmen Guerrero Páez y Vicente Enrique Matallana.
De manera que como la acusación fue incompleta, a pesar de que los cargos “han de ser claros, expresos, precisos y comprender, de manera integral, los argumentos basilares de la sentencia confutada”, lo que significa que el recurrente debe cuidarse en “reprochar, plenamente, los aspectos básicos y esenciales sobre los cuales está erigida la decisión final”.3, no era procedente su admisión, sin que por ello, se pueda concluir que se analizó de fondo la censura.
Además, en la acusación se confundió el yerro fáctico con el de iure, circunstancia que resulta improcedente de acuerdo con las reglas técnicas que rigen la sustentación del recurso y deja al descubierto la carencia de precisión y claridad en la formulación de los reproches.
En efecto, en la fundamentación del cargo se acusó la sentencia por la comisión de errores fácticos en la «apreciación de los testimonios de Alejandro Bejarano Acosta y Olivo Torres Hernández» y a la vez se adujó que «el ad quem no solamente dejó de valorar la prueba testimonial en forma debida, sino que omite concederle a la misma la trascendencia que tiene y de no apreciarlas en conjunto, en contravía de lo ordenado en el artículo 187 del C.P.C».
2.2. El segundo cargo se inadmitió porque no se explicó cómo se configuraron los errores de derecho endilgados al fallador, pues se le acusó de omitir el examen de la inspección judicial y de prescindir de algunas de las manifestaciones de los testigos José Olivo Torres y Alejandro Bejarano, pero «no se abordó la labor de señalar los apartes pertinentes de la sentencia con los que se dejara en evidencia que el Tribunal omitió su análisis en conjunto» y su reproche se limitó a sostener que no se integraron todos los elementos persuasivos practicados y que su análisis fue parcial.
En ese sentido, el último inciso del canon 374 del estatuto procesal civil dispone que «si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción», por lo cual la labor del recurrente debió dirigirse a exponer la manera en la que se produjo la trasgresión del artículo 187 de la normatividad adjetiva, para cuyo propósito tenía que analizar lo que arroja cada una de las pruebas que a juicio del censor fueron aisladas y la manera como debían ser integradas con las que sustentan el fallo.
De otro lado, los argumentos en los que se fundó la censura, no estuvieron acordes con la causal de casación invocada, pues a pesar de que se acusó el fallo por incurrir en yerros de derecho, se adujo también que se configuró el vicio procesal establecido en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se vulneró el principio de autonomía de las causales de casación, el cual supone que cada una de ellas es independiente, atendiendo a sus particularidades, por lo que los argumentos en los que se sustenta la censura deben estar acordes con el motivo que se invoca.
2.3. Por último, frente al motivo quinto de casación, en el que se invocó como causal de nulidad la contemplada en el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, se inadmitió, porque de acuerdo con el inciso tercero del canon 143 ibídem «la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada», de ahí que no podía ser aducida por el demandado José Vicente Guerrero Torres.
En ese sentido la Corte precisó que
(…) respecto al tema de las nulidades, el artículo 143 de la codificación citada, establece que “[n]o podrá alegar la nulidad (…) quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo”, además que “[l]a nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada” y más adelante expresa que “[t]ampoco podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5º a 9º del artículo 140, quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla”, previendo a su vez el artículo 144 del mismo estatuto que “[l]a nulidad se considera saneada (…) [c]uando la parte que podía alegarla no lo hizo” (…) Así y al confrontar lo relatado con una de “las hipótesis” señaladas por la Corte para declarar inadmisible el recurso, según la cual “(…) los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados (…)” (auto de 12 de mayo de 2009), surge sin ambages la ineptitud del cargo contenido en la demanda en estudio para ser admitido a trámite. (CSJ AC, Rad. 2005-00017-01, 26 Feb. 2010).
3. Las razones expuestas son suficientes para concluir que el proveído objeto de reposición debe mantenerse inmodificable.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
NO REPONER el proveído dictado el 27 de octubre de 2014 dentro del presente asunto.
Notifíquese.
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
1 Folio 112, c. Corte
2 Folio 114, c. Corte
3 Providencia de 4 de noviembre de 2009, exp. 2000-00488-01.