Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
Hallándose el presente asunto al Despacho para resolver sobre la admisión de la demanda de casación incoada por el demandado frente a la sentencia de 10 de noviembre de 2015 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de ordinario promovido por Yeimy Carvajal Patiño contra Andrés Avelino Quirós Romero, se advierte que se incurrió en la causal de nulidad de falta de competencia por el factor funcional, la cual impide continuar con el trámite de la impugnación extraordinaria.
ANTECEDENTES
1. En la providencia recurrida se confirmó la decisión de primera instancia que dispuso desestimar las excepciones de mérito, acceder a las pretensiones de la actora, en cuanto a declarar la existencia de la unión marital de hecho formada con el demandado, reconocer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, al igual que decretar su disolución y liquidación.
2. El accionado interpuso el recurso de casación, sin solicitar la suspensión del cumplimiento de la sentencia, mediante el ofrecimiento de prestar caución.
3. El tribunal concedió el citado recurso extraordinario, habiendo previamente establecido la cuantía del interés económico del recurrente, sin que se hubiere pronunciado sobre la expedición de copias para la ejecución de su fallo.
4. Este despacho dispuso admitir el recurso de casación, sin advertir la omisión del citado requisito para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
CONSIDERACIONES
1. Se precisa que de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, modificatorio del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, en la presente decisión se tomarán en cuenta las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, en razón hallarse vigentes para cuando se formuló la impugnación extraordinaria.
2. Para entonces, el inciso 1º del artículo 371 del citado ordenamiento procesal establecía, que «[l]a concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla», salvo entre otros eventos, «cuando verse exclusivamente sobre el estado civil de las personas; cuando se trate de sentencia meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes».
Así mismo, conforme al inciso 4º de la disposición legal en mención, «(…) en el término para interponer el recurso podrá el recurrente solicitar que se suspenda el cumplimiento de la sentencia, ofreciendo caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquélla».
3. Para el caso, a pesar de que la declaración de la unión marital de hecho es un asunto que corresponde al estado civil, y por consiguiente, no es susceptible de ejecución, esa situación no es predicable del reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, aspecto que en reiteradas oportunidades esta Corporación ha señalado que podrá ser materia de cumplimiento, de tal manera que habrá de garantizársele a la parte favorecida con la decisión tal prerrogativa procesal.
4. La Corte Suprema sobre ese particular, en auto CSJ AC1327-2015, rad. n° 2011-00475-01, memoró:
(…) El juzgador de segundo grado pasó por alto que la sentencia estimatoria de las pretensiones declaró la unión marital conjuntamente con la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes, disponiendo respecto de ésta, su disolución y liquidación.
Desatendió así que cuando a las reclamaciones vinculadas al ‘estado civil’ se acumulan otras con alcances pecuniarios, como acontece en este caso, tal situación les resta el carácter de estar ceñidas sólo a ese aspecto, por los alcances económicos asociados, que conducen a un estudio minucioso sobre la ejecutabilidad o no de las decisiones tomadas en las instancias.
Igualmente, en providencia CSJ AC5663-2014, rad. n° 2012-00274-01, sostuvo:
(…) si bien la unión marital de hecho atañe a un estado civil, cual así lo dejó sentado la Corte1, esto mismo no puede predicarse de la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
Si la decisión, por lo tanto, no versaba ‘exclusivamente’ sobre el estado civil, ni era ‘meramente’ declarativa, en los términos del citado artículo 371, esto denota la posibilidad de ejecución, precisamente, frente a la existencia de acciones judiciales o notariales encaminadas, según se ordenó, a liquidar la universidad jurídica.
5. Ante las referidas circunstancias, el juzgador colegiado debió haber procedido conforme al inciso 3º del aludido artículo 371, según el cual «[e]n el auto que conceda el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso. (…).
6. Como no procedió de esa manera el tribunal, el impugnante extraordinario tenía la carga de pedir se expidieran las copias en cuestión, dado que se requerían o eran indispensables para los fines indicados, así lo exigía el inciso 4º de la referida disposición legal, al disponer, que «[s]i el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable».
7. La Sala en múltiples pronunciamientos ha analizado aquella problemática, y en providencia CSJ AC, 8 mar. 2011, rad. n° 2008-00685-01, sostuvo:
(…) aunque el tribunal omitió ordenar al recurrente que atendiera el costo de las copias para que se procediera al cumplimiento de la sentencia recurrida en casación, tal silencio no lo eximía de solicitar pronunciamiento expreso en ese sentido, pues la norma adjetiva también lo dota de interés para suplir el vacío dejado por el ad-quem, más aún si la sentencia es susceptible de ser ejecutada.
Igualmente, en proveído CSJ AC, 31 mar. 2009, rad. 1996-09203-01, expuso:
Sienta el artículo 371 del código de procedimiento civil la regla de que la concesión del recurso de casación ‘no impedirá que la sentencia se cumpla’, salvedad hecha de aquellas que versan exclusivamente sobre el estado civil, de las sentencias meramente declarativas y de las que han sido recurridas por ambas partes. Entraña la dicha preceptiva, la consagración positiva de ese postulado de tan singular importancia en el ámbito de la casación, cual es el de que la concesión del recurso extraordinario no obsta la ejecución de la sentencia.
Desarrollo del aludido principio es lo dispuesto en el inciso 3o. del artículo 371 del citado código, conforme al cual ‘[e]n el auto que concede el recurso se ordenará que el recurrente suministre, en el término de tres días a partir de su ejecutoria, lo necesario para que se expidan las copias que el tribunal determine y que deban enviarse al juez de primera instancia para que proceda al cumplimiento de la sentencia, so pena de que el tribunal declare desierto el recurso’.
Mas como puede ocurrir que el juzgador, por cualquier razón, omita ordenar la expedición de dichas copias, entonces la ley, previsiva en el punto, traslada la carga al impugnante, disponiendo que ‘si el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias, éste deberá solicitar su expedición, para lo cual suministrará lo indispensable’, precepto entonces que impone al impugnador, so pena de que el recurso sea declarado desierto, el deber de solicitar las copias con el fin de dar el cumplimento al fallo (cuando tal cosa procede)’.
8. En razón de la omisión del tribunal y del recurrente de haberse sustraído de satisfacer dicha carga, no podía la Corte válidamente admitir el recurso de casación, toda vez que al tenor del inciso 1º artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, entre otros motivos, será inadmisible «cuando no se hayan expedido las copias en el término a que se refiere el artículo 371».
9. Lo anterior implica, que no concurrían los requisitos legales para que esta Corporación pudiera asumir el conocimiento de la impugnación extraordinaria, y como no se advirtió en su momento, se procedió a la admisión de la misma, incurriendo en la causal de nulidad del numeral 2º artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia por el factor funcional, la cual al tenor del inciso final artículo 144 ibídem, tiene el carácter de insubsanable, por lo que de acuerdo con el precepto 145 ídem, se deberá declarar de oficio.
10. La Corte acerca de la comentada situación, tuvo la oportunidad de pronunciarse en auto CSJ AC, 24 abr. 2012, rad. n° 2003-00163-01 y al respecto sostuvo:
(…) Una irregularidad de tales proporciones genera la nulidad de lo actuado desde el inicio en esta Corporación, al no tener competencia funcional para su conocimiento, como contempla la causal del numeral 2 del artículo 140, la cual es insaneable a la luz del inciso final del artículo 144, ejusdem.
Sobre situaciones como la que aquí se expone se ha pronunciado la Sala en los siguientes términos ‘…en auto N° 145 de 6 de julio de 1999, expediente 6942, al resolver una situación que guarda similitud con el tema aquí examinado en cuanto a la declaratoria de nulidad de lo íntegramente tramitado por haberse admitido un recurso de casación no obstante haber arribado en estado de deserción, dijo lo siguiente: (…) ‘como la Corte admitió a trámite el recurso de casación, no obstante la existencia de ese vicio procesal, debe decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 20 de enero de 1998, inclusive, porque toda la actuación surtida con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia resulta inválida, pues la Corte no pudo adquirir de manera concreta la competencia funcional que le permitiera enmendar los errores de actividad o de juzgamiento en que se dice incurrió el Tribunal, dado el fenómeno de deserción del recurso que con antelación a la asunción del conocimiento por parte de la Corte, hubo de producirse, según lo explicado antes. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 144, in fine, del Código de Procedimiento Civil, la causa de nulidad derivada de la falta de competencia funcional no admite saneamiento’’ (auto del 17 de abril de 2008 expediente 2003-00393).
Posición que se mantuvo en auto de 8 de agosto del mismo año, que desató la súplica en su contra, en el entendido que ‘[e]n lo concerniente con el mecanismo optado para sanear el trámite impreso, esto es, la nulidad de lo actuado en esta Corporación, es indiscutido que la asunción del conocimiento por parte de un funcionario judicial de un asunto en particular, deviene o surge de la propia ley. Es la norma, cuando ella involucra asuntos de competencia, en este caso de carácter funcional, la que entrega a sus agentes la potestad de conocer una litis concreta, por tanto, si no existe la correspondiente disposición no puede avocarse el conocimiento de dicho asunto. Y, en tratándose del recurso extraordinario de casación, al no haberse expedido las copias mentadas, la censura debió ser inadmitida, lo que, de contera, le impedía a la Corte asumir competencia, hipótesis que trasgredida, como así aconteció en el caso bajo estudio, comportó una nulidad insaneable (art. 140 C. de P. C.), que por ello mismo, de oficio, debía corregirse tal cual aconteció’.
11. Así las cosas, se invalidará la actuación adelantada por esta Corporación, y dado que no es procedente reponerla, se inadmitirá el recurso extraordinario en mención, por haber quedado desierto en virtud de la omisión en la expedición de las copias para la ejecución en lo pertinente de la sentencia de segundo grado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
Primero: Decretar la nulidad de todo lo actuado en esta Corporación, incluido el auto de 28 de junio de 2016, con el cual se admitió la impugnación extraordinaria frente al fallo de segunda instancia.
Segundo: Declarar inadmisible, y en consecuencia desierto, el recurso de casación formulado por el demandado frente a la sentencia de 10 de noviembre de 2015 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por Yeimy Carvajal Patiño contra Andrés Avelino Quirós Romero.
Tercero: Devolver el expediente al tribunal de origen.
1 CSJ. Civil. Auto 125 de 18 de junio de 2008, expediente 2004-00205-01.