AC2923-2017

Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-00405-00


Bogotá D. C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017).


Decídese el recurso de queja interpuesto por la parte demandada frente al auto de 12 de diciembre de 2016, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, mediante el cual se denegó el recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia proferida de 17 de noviembre anterior, en el proceso ordinario de Vanessa Sánchez Duque contra Fundación Valle de Lili y Fernando Manuel Mejía López.


ANTECEDENTES


1.        La demandante pidió que, previa declaración de responsabilidad civil por el servicio médico que se le prestó a raíz de la fractura en el brazo izquierdo, se condenara a los demandados a pagarle los perjuicios así: $20'000.000 por concepto de daños materiales, el equivalente a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales por los perjuicios morales, más la corrección monetaria y las costas.


Los hechos de la demanda se resumen en que a raíz de un accidente, la demandante, entonces menor de edad, sufrió una fractura en la citada extremidad superior, por lo cual se le dispensaron varios tratamientos médicos por los demandados, que se detallaron en dicho escrito. En posteriores controles y atención de la menor, por parte de otros profesionales, se detectó que hubo desaciertos en la asistencia inicial por los demandados, y que a causa de eso le quedó sin movilidad el miembro superior citado, con una deformidad física permanente, que le genera limitaciones y frustraciones en su vida personal, familiar y social.


2.        Cumplida la primera instancia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali denegó las pretensiones de la demanda, en fallo que, por recurso de apelación del actor, fue revocado por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad.


Este último, tras declarar la responsabilidad de los demandados, los condenó a pagar: $16'831.403 por lucro cesante pasado y futuro, $10'000.000 por perjuicios morales y $15'000.000 por concepto de daño a la vida de relación;  aunque la llamada en garantía -Agrícola de Seguros S.A., hoy Compañía de Seguros Generales Suramericana S.A.-, sólo hasta el monto cubierto por la respectiva póliza. Denegó las demás pretensiones e impuso condena parcial de costas.


3.        Formulado el recurso de casación por la actora, fue denegado por el Tribunal en el auto aquí controvertido, por carencia del interés económico para recurrir.


A tal efecto expuso que de acuerdo con la jurisprudencia, para averiguar el monto del interés necesario para recurrir, conlleva a revisar el menoscabo del recurrente en sus aspiraciones, con independencia de que estas tengan asidero jurídico, «claro está, siempre y cuando su determinación no esté deferida al arbitrium judicis», pues en estos casos deben atenderse las circunstancias concretas y los topes que ha fijado la jurisprudencia en la valoración de perjuicios extra patrimoniales.


Seguidamente, luego de referirse a lo reclamado por daños materiales y lo acogido, anotó el juez de segundo grado que, como en perjuicios morales debe acudirse a los citados límites jurisprudenciales, «se concluye que el valor de la resolución desfavorable a la recurrente no excede los 1.000 salarios mínimos...».


4.        Impugnó la demandante con reposición y en subsidio copias para que se surta la queja (folios 60 y ss. de esta actuación), con escrito en que expuso, en resumen, que como el monto para recurrir se determina por el valor de las concretas pretensiones denegadas en la sentencia, según la jurisprudencia, aquí debe tenerse en cuenta toda la indemnización pedida, que comprende los perjuicios materiales por veinte millones de pesos, los morales por mil salarios mínimos legales mensuales, más la corrección monetaria.


Resaltó que como actora pidió daños morales por suma equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales, los que deben tenerse en cuenta para satisfacer el requisito de cuantía del recurso, según auto de 20 de septiembre de 1999 (Exp. 7800). Así, la pretensión actualizada llega a $738'418.463, que al restársele «la minúscula» condena impuesta, queda en $696'587.060.


La parte demandada solicitó al magistrado de segunda instancia mantener la negativa del recurso, con apoyo en varias razones atinentes a la falta del monto mínimo para acceder a ese medio de impugnación (folios 66 y ss.).


5.        Para mantener la denegación del recurso y ordenar la expedición de copias para el recurso de queja, el Tribunal reiteró que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, en la fijación de los perjuicios extra patrimoniales, no pueden atenderse sin más las peticiones de las partes, sino que deben señalarse por el juez conforme a su prudente arbitrio, de donde resulta improcedente establecer el monto del interés para casación por la solicitud de mil salarios mínimos legales mensuales, como daños morales.


6.        En escrito posterior, en que la parte demandante dijo apoyar el recurso de queja, que ya se había sustentado (art. 353 del CGP), reitera que debe concederse el remedio extraordinario, por necesidad de unificar la jurisprudencia sobre el punto, porque la decisión en que la Corte consideró que debían tenerse presentes los topes de la jurisprudencia sobre el monto de perjuicios morales, para fines de cuantificar el interés económico, era para ciertas hipótesis, pero la jurisprudencia fue mal entendida.  Además de que el juez puede apartarse de los precedentes, con la carga de argumentar, por cambios normativos, por precedentes encontrados o para adaptar las decisiones judiciales a las nuevas valoraciones sociales.  Debe mantenerse la tesis de proceder este remedio fundado en la petición de perjuicios morales, porque estos forman parte de las pretensiones (folios 83 y ss.).


CONSIDERACIONES


1.        Punto sin discusión es que, como el recurso de casación fue instado en vigencia del Código General del Proceso, visto que se formuló en noviembre de 2016, su procedibilidad por vía del recurso de queja, debe resolverse con en ese nuevo estatuto procesal, según la regla de efecto general inmediato de la entrada en vigor de la leyes, acogidas en las pautas de transición traídas en los artículos 624 -que modificó el 40 de la ley 153 de 1887, y 625, numeral 5º, de aquel estatuto.


Ese nuevo ordenamiento entró en vigor el 1º de enero de 2016 (artículo 1º del acuerdo PSAA15-10392 de 2015), y los recursos se gobiernan por las reglas en uso cuando se presentan, acorde con las antedichas normas.


2.        Sentada esa premisa y conocido que el recurso de queja es viable para reclamar contra la negativa de los de apelación o de casación (art. 352 del CGP), en este asunto carece de sostén el primero, examinado que el sentenciador ad quem denegó el recurso extraordinario por ausencia del interés económico para esos efectos, conforme al mandato 339 del Código General del Proceso, fundado en los elementos de convicción presentes en la actuación, desde luego que no pueden aceptarse las alegaciones del quejoso en cuanto a que, contrario a lo sostenido por aquel, deben incluirse los perjuicios morales solicitados en la demanda, como pasa a explicarse.


3.        Recuérdase que el nuevo estatuto procesal previó en el artículo 338 que si las pretensiones debatidas son «esencialmente económicas», el recurso de casación es viable «cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes...».


A su turno, el precepto 339 cambió el método para determinar el justiprecio del interés para acudir a ese medio de impugnación1, comoquiera que desechó las reglas sobre decreto de un dictamen cuando no estuviese determinado, que consagraba el artículo 370 del anterior Código de Procedimiento Civil, y en su lugar fijó unas pautas más expeditas y simples tendientes a una determinación pronta, al establecer que cuando para la procedencia del recurso «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión».


4.        En el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, el funcionario de segunda instancia denegó el recurso de casación con argumentos que no pueden derruirse, puesto que del examen de los elementos de juicio del expediente, junto con las reglas legales y de la jurisprudencia, halló la carencia de la exigencia de procedibilidad contemplada en el citado artículo 338 del estatuto procesal, por cuanto el valor actual de la resolución desfavorable a la parte quejosa no supera el límite de mil salarios mínimos legales mensuales.


Sobre el particular, en la demanda se pidió, previa declaración de responsabilidad civil de los demandados, que se indemnizaran los perjuicios materiales por $20'000.000 y los morales por el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, así como la corrección monetaria, de donde emana que el eje de la controversia en el recurso de queja, radica en la admisibilidad de esa petición de perjuicios morales para determinar el interés económico que exige el recurso de casación.


4.1.        Para comenzar, tiene dicho la jurisprudencia de esta Corte, en reiteradas decisiones, que en tratándose de daños extrapatrimoniales, la determinación del interés para el extraordinario recurso está sujeta a los topes o límites que por ese concepto se fijan periódicamente, y no está atada de modo inexorable a las pretensiones formuladas en el líbelo genitor. A diferencia de las reclamaciones de linaje patrimonial, que sí cuentan para esa cuantificación, con independencia de sus soportes jurídicos o fácticos.


Es que, cabe reiterar, para los primeros el juzgador debe hacer un estudio ponderado de su valor, acorde con las circunstancias de cada caso y la jurisprudencia sobre la materia, en aras de determinar en forma razonable, a su prudente arbitrio (arbitrium iudicis), una suma o prestación económica que compense la afectación que pudo haber sufrido la persona que reclama el resarcimiento, por el detrimento correspondiente. 


Criterio de la Corte que descansa en la concepción jurídica del daño moral, que no tiene una valoración pecuniaria, en sentido estricto, pues al pertenecer a la siquis de cada persona es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital, justamente porque los sentimientos carecen de apreciación monetaria, frente a lo cual lo único que puede hacerse es otorgar al afectado una prestación de valor económico, tan sólo para compensarle el dolor -pasado, presente o futuro-, es decir, que pueda mitigarle en cierta medida el sufrimiento. 


De ahí que sea razonable estimar, por un lado, que en cada caso el juez realice una valoración concreta de la congoja del afectado, con la debida objetividad, y le otorgue una prestación económica equitativa, y por otro lado, que no parece apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, ya que eso iría en contravía de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario.  Por esas razones, esta Corporación ha considerado que labor semejante compete al juez, aunque dentro de unos topes o límites, cuando cabe la condena por ese aspecto.


4.2.        Pautas que sirven para la imposición de las condenas por perjuicios morales en los procesos, de ser procedentes, pero que también permiten guiar la concreción del desmedro económico que es requerido para acudir al recurso de casación, cuando la suma fijada por el juez para esos deterioros, o que eventualmente debió fijar, son motivo de discusión, pues debe atenderse que el «valor actual de la resolución desfavorable» (art. 338 del CGP), es equivalente al monto por el cual se condenó, o debió condenarse, y que en uno u otro evento genera desmejora al recurrente, según su respectiva postura sustancial.


Aceptar que el monto señalado por el actor como daño moral, sea el rasero para cuantificar el interés del recurrente en casación, no sólo atentaría contra la antes explicada naturaleza peculiar de dicho perjuicio, sino que conllevaría a que con cualquier pretensión esbozada en ese sentido, por fuera de las pautas ya mencionadas, por su sola voluntad pueda esa parte acceder al remedio extraordinario, que precisamente el legislador ha instituido con algunas restricciones, entre ellas, la relativa a un monto mínimo del desmedro económico eventualmente emanado de la sentencia que puede ser recurrida.


4.3.        Por demás, si bien en ocasiones anteriores se aceptó un criterio diferente, cual expuso la parte recurrente en uno de sus escritos, lo cierto que luego la Corte ha decantado una reiterada línea con el entendimiento antes anotado, que como precedentes2 deben seguirse, pues expuso en uno de ellos:


...resulta pertinente recordar que en lo que hace a la ponderación de los daños morales y a la vida de relación pedidos, está se encuentra deferida “al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación”3, en cuanto “se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables”4.  Por lo tanto, a efectos de determinar la cuantía para la procedencia del recurso de casación, no es viable atender, sin más miramientos el monto de los perjuicios extrapatrimoniales señalados en el libelo genitor para cada demandante, toda vez que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido”5 (AC, 18 dic. 2013, rad. n° 2010-00216-01).


De ahí que conforme a la posición reiterada de la Corte, «si el censor pidió una cifra por tales conceptos, solamente en la medida que no supere el rango en que se mueven las decisiones de esta Corporación[,] aquella es admisible para justipreciar el interés, pues, de lo contrario, corresponde atenerse a dichos topes» (AC617, 8 feb. 2017, rad. n° 2007-00251-01).


Similar criterio fue expuesto en auto de 17 de marzo de este año (AC1699-2017, Rad. 11001-02-03-000-2017-00520-00), donde se reiteró:


«(…) [S]i se busca la indemnización de los perjuicios morales y a la vida de relación, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse indistintamente el tope que se señale en el libelo, toda vez que para tal efecto el ad quem debe discurrir sobre las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes judiciales sobre la materia.


«Así lo recordó la Sala en AC443-2015, aludiendo al AC de 7 de diciembre de 2011, rad. 2007-00373, en un asunto similar donde el juzgador (..) no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, “al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación” (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, “ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia”” (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) (…) Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que “no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido” (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, Exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, Exp. 00445)»6.


5.        Por cierto que las pautas de la jurisprudencia en torno a la tasación de perjuicios extra-patrimoniales, con fundamento el prudente arbitrio del juez, fueron acogidas expresamente por el artículo 25 del Código General del Proceso, en cuyo inciso final se previó que cuando se reclame indemnización por esos conceptos, «se tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda».


Y aunque tal regla está prevista para la cuantía de los procesos, en general, permite ver que el sistema procesal es reacio a aceptar pretensiones de indemnización inmaterial por montos exagerados, a voluntad de las partes, ya que así se generan distorsiones en las instancias y recursos que razonablemente deben tener los trámites judiciales.


6.        En compendio, es inviable la prosperidad del remedio procesal de queja, si el sentenciador de segundo grado denegó el recurso de casación, por estimar que la determinación del interés para recurrir es inferior al exigido por la ley, y que para esos efectos es muy alta la pretensión de perjuicios morales, solicitados por una suma equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales, acorde con los criterios y límites señalados por la jurisprudencia, reiterada al respecto.  En consecuencia, hay lugar a declarar bien denegado el último de esos medios de impugnación. 


Se condenará en costas al recurrente, a términos del artículo 365, numeral 1, del Código General del Proceso.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


Primero:        Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto dentro de este proceso.


Segundo:        Condenar en costas del recurso de queja a la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho ochocientos mil pesos ($800.000,oo). La liquidación se hará conforme al art. 366 del CGP.


Tercero: En oportunidad devuélvase la actuación al despacho de origen.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado



1 AC623-2017, de 7 de feb. Rad. n.° 11001-02-03-000-2016-02788-00.

2 Entre muchos, AC1293, 18 mar. 2014, rad. n° 2000-00160-01; AC1982, 22 ab. 2014, rad. n° 2004-00383-01; AC3067, 6 jun. 2014, rad. n° 2008-00635-01; AC5895, 26 sep. 2014, rad. n° 2010-00056-01.

3 Auto 240 de 14 de septiembre de 2000, exp. 9033-97; reiterado en proveído de 17 de octubre de 2013, exp. 2009-00056-01.

4 Sentencia de casación civil de 13 de mayo de 2008, exp. 1997-09327-01.

5 Auto 213 de 7 de octubre de 2004, exp. 00353; reiterado en los de 11 de diciembre de 2009, exp. 00455 y 17 de octubre de 2013, exp. 2009-00056-01.

6 CSJ SC. Autos AC-382 de 29 de enero de 2016, Radicación #05001-31-03-008-2010-00279-01, y AC-043 de 17 de enero de 2017, Radicación #11001-31-03-044-2016-02863-00.