AC3049-2017

Radicación n° 41001-31-03-004-2014-00110-01


Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017).


       

Se procede a resolver lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 11 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, dentro del proceso promovido por María de Jesús Bermúdez, Daniel Felipe Botello Cruz, Wilmar Andrés Botello Ramírez, y David Santiago Botello Garzón, contra Fredy Enrique Correa Sánchez y la sociedad Cantillo Álvarez y Cía. S. en C.


ANTECEDENTES


1.        Los demandantes solicitaron que se declarara civilmente responsables a los convocados, por el fallecimiento, en accidente de tránsito, de Wilman Eduardo Botello Bermúdez, y se condenara al resarcimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos en razón de este suceso (folios 97-109 del cuaderno 1).

2.        Fredy Enrique Correa Sánchez se opuso a la indemnización deprecada y formuló las excepciones de caso fortuito y culpa exclusiva de la víctima (folios 125-129 ibidem). La sociedad Cantillo Álvarez y Cía. S. en C. excepcionó culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, y la genérica  (folios 148-151 ibidem).


3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva negó las súplicas del líbelo genitor, por no haberse acreditado que la causa de la muerte fuera imputable a los demandados (folios 287-298 ibidem).


4.        El Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el 11 de enero de 2017, desató el remedio vertical y confirmó la providencia de primer grado, ante la ausencia de demostración de nexo causal entre el fallecimiento y la actuación del conductor (folios 37-48 del cuaderno 4).


5.        El apoderado de Wilmar Andrés Botello Ramírez, David Santiago Botello Garzón y María de Jesús Bermúdez,  interpuso recurso de casación, que fue concedido el 6 de marzo de 2017 (folios 52-54 ibidem).


CONSIDERACIONES


1.        La decisión que aquí se adopta se hará con sujeción al Código General del Proceso, por ser la norma vigente para el momento en que se formuló la impugnación que ahora se estudia, esto es, el 26 de enero de 2017 (folio 50 ibidem), en aplicación del artículo 40 de la ley 153 de 1887.


2. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, según el artículo 333 del citado estatuto procesal.


Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido requisitos rigurosos para su admisión, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo que la misma ley lo permite.


La decisión de admisión, en este contexto, entraña una cuidadosa labor de verificación, sin que la Corte pueda obviar el análisis de alguno de tales requisitos, aunque el juzgador de instancia haya emitido una decisión previa, en tanto debe constatarse que, al concederse el remedio extraordinario, no se haya desconocido el ordenamiento jurídico y, de haberlo hecho, deberá advertir la situación al funcionario competente, para que éste examine su decisión, devolviendo el expediente con la indicación de la concesión prematura de la impugnación (AC, 4 jul. 2013, rad. n° 2010-00109-01).


3. En punto al interés para recurrir, el artículo 338 ibidem dispone que podrá acudirse en casación cuando «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)…», lo cual deberá ser revisado por el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el actor anexe un dictamen pericial si lo considera conveniente.


Como novedad, el inciso final del artículo 342 ibidem prescribe que «[l]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», estableciendo así una restricción a la actividad del máximo órgano de la jurisdicción civil.


Esta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia del quantum de la afectación a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevaría a vaciar de contenido y finalidad del acto de admisión, así como la exigencia de un interés para recurrir, que simplemente se vería soslayado en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación del principio de la legalidad.


Nada obsta, por ejemplo, para que el juzgador desacierte al aplicar una norma y conceda el recurso por fuera de los cánones legales, evento en el que debe contarse con herramientas suficientes para corregir la situación, pues de mantenerla se generaría una flagrante desigualdad frente a los administrados que se vieron sometidos a un estándar regulatorio diferente, y significaría que el orden jurídico quede subordinado a la actuación de los jueces, situaciones ambas inadmisibles.


Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre la que no, en concreto, la de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, con la indicación de las razones que soportan el pedimento (cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.° 2011-00248-01; AC5405, 23 ag. 2016, rad. n° 2008-00324-01; AC6105, 13 sep. 2016, rad. n° 2006-00397-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. n° 2012-00116-01).


4. El interés para recurrir atañe a la afectación económica producida por la sentencia recurrida, a la fecha de su emisión, y según las circunstancias concretas del caso, tales como «la calidad de la parte, los reclamos del libelo, las defensas propuestas por los contradictores, las actuaciones adicionales que delimiten el alcance del pleito y las decisiones de fondo» (AC, 8 mar. 2013, rad. n° 2003-00110-01).


4.1. En punto a la calidad de los sujetos procesales, procede valorar si son unipersonales o plurales, pues de existir un litisconsorcio, la naturaleza de éste incidirá en la forma en que debe establecerse el interés recurrible.


Así, tratándose de uno necesario, por referirse a una relación cuyos efectos se extienden al unísono sobre todos los integrantes de la parte, se tiene que la sentencia recurrida los afecta por igual y, por tanto, el interés se calcula como unidad. No sucede lo mismo frente a uno facultativo, pues en este caso hay pluralidad de relaciones jurídicas, por lo que la providencia atacada tendrá consecuencias disímiles respecto a cada uno de los sujetos, imponiéndose que el interés para acudir en casación sea determinado de forma individual.


Esta Corte tiene dicho que:


(…) en el evento en que la parte demandante sea plural, resulta preciso examinar si la impugnación la formulan todos o algunos de los miembros que lo integran, y la condición en que actúan, comoquiera que eso tiene incidencia directa en el interés para acudir a este remedio extraordinario, dado que si se trata de un litisconsorcio necesario el requisito objetivo se verifica con un solo valor para toda la parte, mientras que si es un litisconsorcio facultativo, el interés se tasa de forma individual para cada litigante, ya que cada cual es titular de su propio derecho, y puede postular sus aspiraciones en forma independiente. (AC4355, 8 jul 2016, rad. n° 2013-00041-01; reitera el precedente AC, 25 ene. 2013, rad. n° 2009-00676-01. En el mismo sentido AC5735, 1 de sep. 2016, rad. n° 2007-00177-01; AC7203, 21 oct. 2016, rad. n° 2012-00108-01; AC7733, 11 nov. 2016, rad. n° 2016-01712-00).


Luego, no es suficiente establecer el monto de súplicas despachadas desfavorablemente, para determinar la afectación que provocó la sentencia, sino que previamente debe especificarse la calidad con la que actúan los sujetos procesales, diferenciando su tipología y consecuencias.


4.2. Sobre las reclamaciones extrapatrimoniales, se tiene que la afectación irrogada por la sentencia no se confunde con el quantum manifestado en el líbelo genitor, por cuanto corresponde al juzgador hacer un análisis de su valor, atendiendo a lo pedido, las circunstancias del caso y los precedentes jurisprudenciales vigentes sobre la materia, en orden a establecer un monto razonable.


Total que, este daño, por su difícil concreción material, se resarce con base en el arbitrio iudicis, pauta que debe guiar, no sólo la imposición de condenas, sino también la determinación del agravio para impugnar en casación.


Y es que, el «valor actual de la resolución desfavorable», es equivalente al monto por el cual se habría condenado a la contraparte de haberse obtenido providencia favorable;  que, en tratándose de daños morales, corresponde a lo que por prudente arbitrio impondría el juzgador.


De allí que el ad quem, al momento de conceder el recurso de casación, tenga la carga de ponderar el quantum reclamado a título de afectación extrapatrimonial, de cara a lo que usualmente se admite para casos equivalentes, dentro de los máximos reconocidos en la jurisprudencia.


Sobre el particular, la Sala tiene dicho:


[S]e observa que el Tribunal no tuvo en cuenta las pretensiones planteadas en la demanda a efectos de cuantificar el interés para recurrir, y en esa medida resulta pertinente recordar que en lo que hace a la ponderación de los daños morales y a la vida de relación pedidos, esta se encuentra deferida ‘al arbitrium judicis, es decir, al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación’ , en cuanto ‘se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables’ . Por lo tanto, a efectos de determinar la cuantía para la procedencia del recurso de casación, no es viable atender, sin más miramientos el monto de los perjuicios extrapatrimoniales señalados en el libelo genitor para cada demandante, toda vez que ‘no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido’ (AC, 18 dic. 2013, rad. n° 2010-00216-011).


5. Realizadas estas precisiones se observa que, en el caso bajo estudio, el Tribunal actuó de manera apresurada al conceder el instrumento excepcional, por cuanto estableció el valor de la afectación a través de la sumatoria de las pretensiones negadas, sin reparar que los accionantes eran litisconsortes facultativos, y sin contrastar el monto del reclamo extrapatrimonial con los límites jurisprudencialmente admitidos.


En efecto, en el auto de 6 de marzo de 2017 el juzgador consideró que la afectación debía establecerse por la agregación de los perjuicios materiales e inmateriales reclamados por María de Jesús Bermúdez, Daniel Felipe Botello Cruz, Wilmar Andrés Botello Ramírez, y David Santiago Botello Garzón, con su respectiva actualización, lo que arrojó un resultado consolidado de $827.682.426, superior al mínimo exigido regulatoriamente para acudir a la casación. Para estos fines, el daño inmaterial fue valuado en $264.892.254, correspondiente a lo reclamado en la demanda, sin ninguna otra consideración.


5.1. Con este proceder se desatendió el tipo de litisconsorcio conformado entre los demandantes, pues fueron tratados como unidad, por lo que la afectación se calculó en bloque, omitiendo su calidad de litisconsortes facultativos, lo que imponía una tasación individualizada.


Y es que, las víctimas de un hecho culposo abstracto, tienen el derecho a reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos según su particular afectación, y por la vía procesal que estimen adecuada, sin que compartan una suerte común, pues el daño es eminentemente individual. De allí que cada interesado deba formular sus súplicas de manera separada, y según la cuantía correspondiente a su afectación.


Más aún, es dable que cada perjudicado impulse un proceso autónomo, o que incluso que renuncien a sus pretensiones, sin que por ello se menoscabe el derecho de los demás, en tanto los vínculos jurídicos originados en la responsabilidad extracontractual son independientes.


Corolario de lo expuesto es que, correspondía al Tribunal, estimar el interés para interponer el recurso de casación de forma unitaria, según la afectación que la sentencia impugnada le irrogó a cada demandante, excluyéndose la agregación de las pretensiones en una cuantía global.


Tal es el precedente de la Corte, en una situación equivalente a la que ahora se evalúa:


[E]n el asunto materia de análisis, incumbe deducir el importe del interés para recurrir partiendo de las pretensiones no concedidas a cada demandante, derivadas del vínculo afectivo y familiar que cada uno de ellos tenía con el de cujus y que claramente fueron segregadas en los perjuicios materiales y morales, bases desde las que se debió definir el interés particular de cada uno de los actores, por tratarse claramente de un litis consorcio facultativo (artículo 50 del Código de Procedimiento Civil) y no de manera conjunta e indiscriminada como lo hizo el ad quem (AC, 28 jun. 2012, rad. n° 2006-00294-01).


Se procedió, entonces, de manera apresurada en la concesión de la casación, haciéndose necesario que el Tribunal revise nuevamente si existe interés para recurrir, para lo cual adoptará la decisión que considere pertinente, considerando la calidad de los intervinientes en la controversia.


5.2. Por otro lado, el ad quem tampoco realizó labor de ponderación alguna para determinar si, el valor reclamado por daño extrapatrimonial, era armónico con el prudente arbitrio que debe aplicarse para la indemnización de este tipo de agravios, según los importes reconocidos en la jurisprudencia para casos semejantes.


Es posición de la Corte que «si el censor pidió una cifra por tales conceptos, solamente en la medida que no supere el rango en que se mueven las decisiones de esta Corporación[,] aquella es admisible para justipreciar el interés, pues, de lo contrario, corresponde atenerse a dichos topes» (AC617, 8 feb. 2017, rad. n° 2007-00251-01).


Al admitirse, sin ninguna reflexión, el valor reclamado por daño extrapatrimonial, se actuó de manera presurosa para calcular el perjuicio originado en el fallo adverso, aspecto que deberá ser evaluado nuevamente por el órgano competente, esto es, el juzgador de segunda instancia.


5.3. Por último, conviene relievar que Daniel Felipe Botello Cruz, representado judicialmente por un abogado diferente al de los demás actores (folio 190 del cuaderno 1), no formuló reparos contra la decisión de segundo grado, pues la foliatura no da cuenta de manifestación alguna en este sentido, aspecto que, de haberse considerado, habría incidido en la resolución adoptada.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil-Familia-Laboral, al conceder el recurso extraordinario dentro del proceso de la referencia.


       Por Secretaría la actuación se devolverá a la oficina de origen, para que proceda como le compete.


Notifíquese.





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 En similar sentido proveídos AC1293, 18 mar. 2014, rad. n° 2000-00160-01; AC1982, 22 ab. 2014, rad. n° 2004-00383-01; AC3067, 6 jun. 2014, rad. n° 2008-00635-01; AC5895, 26 sep. 2014, rad. n° 2010-00056-01.