AC4185-2017
Radicación n° 11001-02-03-000-2017-00518-00
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio dos mil diecisiete (2017)
Decide la Corte el recurso de queja formulado por la parte demandante frente al auto de 12 de diciembre de 2016 proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante el cual se negó la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 6 de octubre de la citada anualidad, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil que promovió Aura del Socorro Orozco de Mejía, Marta Cecilia, María Eugenia, Jorge Humberto, Carlos Augusto, Diana María, Luz Nelly Mejía Orozco, Erica Yuley Araque Valladales, Nayra Mejía Araque y Héctor Mario Bolívar Orozco contra Banco Davivienda S.A., Cadec Limitada y Seguros Comerciales Bolívar S.A.
1. Los actores solicitaron declarar a las convocadas Banco Davivienda S.A. y Cadec Limitada, civilmente responsables de la muerte en accidente de tránsito de Diego Fernando y Juan Camilo Mejía Orozco. En consecuencia, condenarlas a pagarle a los actores, los perjuicios morales y patrimoniales que les causaron, de acuerdo con la fijación que presentaron y a Seguros Comerciales Bolívar S.A., a cancelarles el equivalente a 700 smlmv, según lo estipulado en la póliza de seguro de automóviles por ella expedida.
Al fallecido Diego Fernando Mejía Orozco, le sobrevivieron su señora madre Aura del Socorro Orozco de Mejía y sus hermanos María Eugenia, Jorge Humberto, Carlos Augusto, María Cecilia y Luz Nelly, reclamándose para ellos el equivalente a un mil (1000) smlmv, de los cuales quinientos (500) para la progenitora y 71.42 para cada uno de sus hermanos.
En cuanto a los parientes del difunto Juan Camilo Mejía Orozco, se mencionó a su progenitora Marta Cecilia Mejía Orozco, su hija Mayra Mejía Araque, representada por su madre Erika Yuley Araque Villadales, pidiendo para las dos un mil (1000) smlmv, divididos en igual proporción.
Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de la niña Nayra Mejía Araque, se solicitó reconocerle el 30% del smlmv, por el tiempo faltante para cumplir ella los 25 años de edad.
Así mismo se pidió reconocer a los accionantes, la cantidad de setecientos (700) smlmv, de acuerdo con lo estipulado en la póliza de seguro de automóviles.
El juzgador de segundo grado, al resolver la apelación interpuesta por la parte vencida, en la sentencia de 6 de octubre de 2016, confirmó la decisión impugnada, salvo el numeral primero de la resolutiva, que acogió las excepciones de mérito, el cual revocó.
Frente al anterior pronunciamiento, los actores interpusieron recurso de casación, cuya concesión fue negada en auto de 12 de diciembre de 2016, al estimarla improcedente por cuanto no se cumplía el requisito de la cuantía del interés para recurrir, ya que «el reclamo indemnizatorio de los litigantes, quienes conforman un litisconsorcio facultativo, no alcanza el tope mínimo exigido por el prenombrado 388 del C.G.P., para la procedencia del recurso extraordinario formulado».
4. Se propuso reposición y en subsidio queja frente a aquella determinación, manteniéndose la decisión y se ordenó la expedición de las copias pertinentes, cuyo pago se verificó en tiempo y remitidas a esta Corporación, se otorgó el respectivo traslado, sin que la parte contraria se pronunciara.
La Corte es competente para resolver el presente asunto, según la atribución conferida en el numeral 3º artículo 30 del Código General del Proceso y lo hace a través del Magistrado Sustanciador, de acuerdo con la facultad concedida en el inciso 1º artículo 35 ibídem, en virtud de no hallarse asignado expresamente a la Sala.
Las disposiciones que se tomarán en cuenta para la respectiva decisión, corresponden a las del Código General del Proceso, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el precepto 624, en armonía con la regla del numeral 5º artículo 625 ibídem, en virtud de que tanto la impugnación extraordinaria como el recurso de queja, se formularon cuando el nuevo Estatuto ya había entrado a regir.
Prevé en lo pertinente el artículo 352 del Código General del Proceso, que el recurso de queja procede cuando no se concede el recurso de apelación y también cuando se deniegue el de casación.
En lo relacionado con la referida impugnación extraordinaria, se precisa, que el fin primordial de la queja se concreta a establecer la legalidad de la decisión denegatoria del mismo, de tal manera que la competencia funcional de la Corte en esa materia se circunscribe a examinar si concurren los condicionamientos legales para concederla, en especial los que no halló acreditados el juzgador de segunda instancia.
A partir de lo estatuido en los preceptos 334, 337 y 338 del Código General del Proceso, se deduce que los requisitos exigidos para la procedencia del «recurso de casación», se concretan a los siguientes: (i) que lo haya propuesto la parte a quien la decisión de segundo grado le causó agravio; (ii) debe recaer sobre una sentencia dictada en proceso declarativo, en acciones de grupo, o en asuntos atinentes a la liquidación de una condena en concreto, así mismo sobre fallos de impugnación o reclamación de estado civil y la declaración de uniones maritales de hecho; (iii) presentación oportuna y (iv) cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, que la «cuantía del interés para recurrir» alcance el tope determinado en la ley.
Se evidencia así, que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración, ya a la naturaleza del asunto debatido, ora a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante.
Acerca de dicho elemento, el precepto 338 del Código General del Proceso, establece, que «[c]uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares [y de grupo]1, y las que versen sobre el estado civil».
Se infiere de la citada disposición legal, de manera general, que la «cuantía del interés para recurrir en casación», debe fijarse a partir de las pretensiones de índole económica reclamadas en el litigio que se le hayan denegado a la demandante o de la condena de carácter económico impuesta a la accionada; lo que significa, que tal elemento está representado por el menoscabo, desventaja o mengua patrimonial irrogada con el fallo de segundo grado al recurrente para la fecha de cuando haya sido dictado.
Respecto del señalado elemento, la Corte Suprema de manera inalterada, entre muchos otros, en providencia CSJ AC6011-2015, rad. n° 2015-01045-00, reiteró lo expuesto en auto CSJ AC, 5 sep. 2013, rad. n° 2013-00288-00, en el que en lo pertinente se sostuvo:
«[…] está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe hacerse para el día del fallo; aunque, cuando la ‘sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma’.
Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su interés para recurrir en casación estará definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella sólo acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido interés estará dada por la desventaja que le deriva la decisión».
No obstante lo indicado se precisa, que cuando en el proceso ha comparecido de manera voluntaria una pluralidad de sujetos a integrar cualquiera de los extremos de la relación jurídica procesal, evento que corresponde a la existencia de «litisconsortes facultativos», el agravio económico se establece frente a cada uno de ellos en particular, dado que la ley los considera independientes en el desarrollo de la relación jurídica procesal.
5.1. Para el caso se requiere analizar de manera puntual el requisito de la «cuantía del interés para recurrir», porque la denegatoria de conceder el «recurso de casación» se basó en que el mismo no se cumplía por ser inferior el monto de las reclamaciones económicas desestimadas a los actores considerados de forma individual, al tope mínimo legalmente establecido.
Por su lado, los impugnantes apoyan la queja en que sus pretensiones indemnizatorias exceden los un mil (1000) smlmv y que no procede la interpretación restrictiva de tomar en cuenta para establecer dicho condicionamiento, la afectación económica generada a cada litigante de manera individual, sino a todos ellos; además exponen, que corresponde armonizar la disposición legal que contempla el requisito en cuestión, con la norma jurídica reguladora de la cuantía de las súplicas para efectos de determinar la competencia, que ordena tomar en cuenta la sumatoria total de las mismas.
Entonces, al tener los actores la condición de «litisconsortes facultativos», para los efectos procesales a que haya lugar en materia del recurso extraordinario por ellos presentado, ha de tenerse en cuenta el artículo 60 del Código General del Proceso, según el cual, «[s]alvo disposición en contrario, […], serán considerados en sus relaciones con la contraparte, como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso».
En consecuencia se determina, que aunque la desestimación de las pretensiones indemnizatorias afectó a todos los demandantes, la cuantía del interés para recurrir debe fijarse a partir de la afectación o agravio irrogado con la sentencia impugnada a cada uno de ellos de forma individual, sin que sea factible la sumatoria de lo reclamado por cada litisconsorte, en virtud de ser considerados independientes entre sí para todos los efectos legales.
Acerca de la temática en cuestión, la Corte Suprema de Justicia, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, tuvo igual criterio al señalado y en ese sentido en múltiples pronunciamientos, entre otros, en CSJ AC4966-2015, rad. n° 2012-00179-01, memoró:
«[…] la labor de tasación del desmedro económico del impugnante, que está a cargo de quien concede el medio de contradicción, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que su conformación sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme (…) cuando varios interesados acuden al unísono en acumulación de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un análisis individualizado de su interés.»
Igualmente, en providencia CSJ AC, 23 ene. 2012, rad. n° 2011-02749-00, se expuso:
Así mismo ha indicado: ‘(…) como ya tuvo oportunidad la Corte de precisarlo en autos de 10 de septiembre de 1992 y 25 de mayo de 2006 (exp. 00249 01), cuando en la parte actora concurren varias personas, el interés o la cuantía para recurrir varía dependiendo de si son integrantes de un litisconsorcio facultativo, o uno necesario, pues en el primer caso, siendo que se consideran litigantes independientes, los valores reclamados no pueden ser sumados a efectos de estimar la cuantía del menoscabo que la sentencia les causa, ya que cada uno de ellos es titular de su propio interés, a diferencia del litisconsorcio necesario en el que sí representa un solo valor. Y como en este asunto los demandantes concurren integrando un litisconsorcio facultativo, la pérdida que reclaman debe sopesarse de manera individual o separada’ […], (proveído de 28 de febrero de 2007 exp. 2006-01954, transcrito en auto de 30 de mayo de 2011 exp. 00718).
También en providencia de 1º de marzo del año anterior, exp. 2010-01614, se memoró: ‘(…), la legitimación para interponer el aludido medio de impugnación, cuando de un litisconsorcio facultativo se trata, ha de examinarse en punto de las distintas personas que lo conforman y, concretamente, en relación con el menoscabo que el fallo a cada una de ellas les irroga, individualmente consideradas, conforme a la autonomía e independencia que revisten sus pretensiones, habida cuenta que la apuntada especie litisconsorcial acaece cuando ‘quienes integran la parte, por razones de economía procesal y mediando vínculos ya sea sobre el objeto, la causa o los medios de prueba, acuden voluntariamente a formular pretensiones independientes entre sí, que bien podrían formularse en proceso separado’ (auto de 24 de marzo de 1994 exp. 4882). De ahí, que el artículo 50 ejusdem prescriba que los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho ni perjuicio de los otros, sin que por ello se aflija la unidad del proceso’, (auto de 1º de marzo de 2011 exp. 2010-01614)».
A pesar de lo comentado, resulta pertinente precisar, que si respecto de al menos uno de los litigantes que ha impugnado la sentencia, se satisface el requisito de la «cuantía del interés para recurrir», los demás integrantes afectados con la decisión podrán recurrirla, así el monto del agravio patrimonial a ellos irrogado no alcance el tope previsto por el legislador respecto de tal exigencia.
En ese sentido, el inciso final del artículo 338 del Código General del Proceso, estatuye, que «[c]uando respecto de un recurrente se cumplan condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recurrentes se considerarán autónomos».
A tal respecto, cabe indicar que el Tribunal no está sujeto al señalamiento realizado en el escrito introductorio del proceso, sino que para proyectar su monto, tomará en cuenta las circunstancias fácticas acreditadas en el juicio y basado en las reglas de la experiencia, así como en las pautas jurisprudenciales vigentes sobre la materia, proyectará su estimación.
Acerca del tema en cuestión, esta Corporación, entre muchas otras, en providencias CSJ AC043-2017, rad. n° 2016-02863-00, memoró:
«[…] si se busca la indemnización de los perjuicios morales y a la vida de relación, cuya cuantificación se encuentra asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, no puede tomarse indistintamente el tope que se señale en el libelo, toda vez que para tal efecto el ad quem debe discurrir sobre las circunstancias particulares que rodean la litis, pudiéndose apoyar en los precedentes judiciales sobre la materia.
Así lo recordó la Sala en AC443-2015, aludiendo al AC de 7 de diciembre de 2011, rad. 2007-00373, en un asunto similar donde el juzgador […] no se percató que el perjuicio moral se encuentra librado exclusivamente al arbitrium judicis, es decir, en sentir de la Corte, ‘al recto criterio del fallador, sistema que por consecuencia viene a ser el adecuado para su tasación’ (Auto 240 del 14 de septiembre del 2001, Exp. 9033-97), porque como allí mismo se reiteró, ‘ningún otro método podría cumplir de una mejor manera una tarea que, por desempeñarse en el absoluto campo de la subjetividad, no deja de presentar ciertos visos de evanescencia’ (G.J. T. CLXXXVIII, pág. 19) […] Por lo mismo, para establecer la procedencia de dicho recurso, desde el punto de vista de la cuantía, no puede acogerse de manera incondicional el perjuicio moral solicitado en la demanda. Así lo tiene explicado la Sala, al decir que ‘no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido’ (Auto 213 del 7 de octubre del 2004, Exp. 00353, reiterado en auto del 11 de diciembre del 2009, Exp. 00445)».
En ese contexto, la tasación realizada por esta Sala en algunos eventos en los que se ha reclamado indemnización del perjuicio moral para los padres, hijos y esposa, de la persona fallecida, se determinó su cuantía en la cantidad de $60’000.0002, lo cual implica que en principio sería esa la mayor suma a reconocer por dicho concepto.
Como respecto de la hija de uno de los fallecidos, es la única para quien además del mencionado perjuicio extrapatrimonial, se solicitó el reconocimiento de lucro cesante, de acuerdo con el porcentaje del salario mínimo señalado en la demanda (30%), aplicando para su cálculo las fórmulas matemáticas relativas al «lucro cesante pasado» y al «lucro cesante futuro», sobre la base del smlmv para 2016, cuando se dictó el fallo impugnado en casación, la afectación económica tampoco alcanzaría los un mil (1000) smlmv, previsto como el tope mínimo de la cuantía del interés para recurrir.
Así las cosas se concluye, que el requisito echado de menos por el juzgador de segundo grado, relativo a la «cuantía del interés para recurrir», no se satisface respecto de ninguno de los accionantes y dado que al tener ellos la condición de litisconsortes facultativos, no procede sumar los valores representativos del agravio generado con el fallo que confirmó la desestimación de las pretensiones.
La decisión objeto de queja se encuentra ajustada a derecho, lo cual conduce a declarar bien denegada la impugnación extraordinaria.
Aunque de conformidad con el numeral 1° artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable del presente recurso comporta supuesto de imposición de condena en costas, no se procederá en tal sentido en obedecimiento a la regla del numeral 8° del referido canon, en armonía con el inciso 2º de la preceptiva 361 ibídem, en tanto las mismas no aparecen causadas.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto por la parte actora frente a la sentencia proferida el 6 de octubre de 2016, dentro del proceso declarativo reseñado en el encabezamiento de esta providencia.
SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas al promotor de este trámite.
Notifíquese y devuélvase,
Magistrado
1 Con relación al artículo 6º del Decreto 1736 de 2012, que había corregido esta parte de la norma [populares y], se suspendieron provisionalmente sus efectos mediante auto de 19 de diciembre de 2016 de la Sección 1ª de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado.
2 CSJ SC15996-2016, rad. n° 2005-00488-01 y CSJ SC1395-2016, rad. n° 2005-00174-01.