LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC4371-2017

Radicación: 47001-31-03-005-2010-00625-01

Aprobado en Sala de siete de junio de dos mil diecisiete


Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016).


Se decide sobre la admisión de la demanda de Camilo Andrés Rueda Romano, dirigida a sustentar el recurso de casación contra la sentencia de 20 de octubre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil-Familia, en el proceso promovido por el recurrente contra Eladia María Rueda Navarro, con la citación de Leandro Emérito y Lorena Antonia Rueda Herrera, Cristian José y Norexy Rueda Blanco, José del Carmen Rueda y Ciro Antonio Hernández Navarro, y de los herederos de Emérito Rueda y Emilce Rueda Blanco.


1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. El demandante solicitó se declarara la simulación absoluta de unos contratos de compraventa y la relativa de otro, y como consecuencia, la de los negocios jurídicos subsiguientes; en subsidio, la nulidad absoluta.


1.2. La causa petendi. Emérito Rueda, fallecido, padre del pretensor Camilo Andrés Rueda Romano, enajenó a Eladia María Rueda Navarro, progenitora de aquel y abuela de éste, quien era ama de casa y sin recursos económicos, las fincas “Villa Bonita” y “San Roque”, identificadas por su ubicación y linderos; por cuestiones personales y para evitar la persecución de sus acreedores.


El mismo Emérito Rueda, hizo figurar a Eladia María Rueda Navarro, como compradora de un inmueble urbano, también singularizado, pese a pagar su precio con dineros propios al vendedor Ciro Antonio Hernández Navarro.


Este último predio, a su vez, fue transferido por la adquirente, mediante un precio irrisorio, a Leandro Emérito y Lorena Antonia Rueda Herrera, hijos de Emérito Rueda, y a  Cristian José y Norexy Rueda Blanco, vástagos de su otro hijo José del Carmen Rueda; nietos a quienes igualmente les donó el 50% de la finca “Villa Eladia”.


1.2. Los escritos de réplica. Entre otros, Eladia María Rueda Navarro, se opuso a las pretensiones, aduciendo que de acuerdo con los certificados de tradición, las fincas eran de su propiedad en proindiviso con José del Carmen Rueda, solo que transfirió el 50% de su derecho a Emérito Rueda, para facilitar la obtención de un crédito bancario con garantía hipotecaria, cual así ocurrió.

En adición, por cuanto luego de adjudicado a José del Carmen Rueda, el 50% de los fundos, en la liquidación de la sociedad conyugal con Emilce Blanco Abril, procedió a adquirir su parte, en tanto Emérito Rueda, a su vez, le devolvió el otro 50%, quedando dueña de los mismos.


Con relación al bien urbano, amén de antecedentes del dominio en cabeza de Eladia María Rueda Navarro, la aseveración del actor no era objetiva, dado que la decisión de readquirir de Ciro Antonio Hernández Navarro, fue voluntaria y sin injerencia de su hijo Emérito Rueda.


1.3. La sentencia de segundo grado. Confirma el fallo absolutorio del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, adiado el 29 de febrero de 2016, por cuanto:


1.3.1. No existía interés actual ni legitimación de  Camilo Andrés Rueda Romano para impugnar las transferencias efectuadas por su abuela Eladia María Rueda Navarro a los otros nietos Leandro Emérito y Lorena Antonia Rueda Herrera, Cristian José y Norexy Rueda Blanco, dado que respecto de aquella, cuando falleciera, “solo tenía una mera expectativa de herederla por derecho de representación de su progenitor premuerto”.


1.3.2. Con relación a la simulación de los demás contratos de compraventa, porque no se había acreditado.


El indicio del parentesco entre Eladia María Rueda Navarro y Emérito Rueda, madre e hijo, no aparecía respaldado con la prueba de la causa simulandi, esto es, los inconvenientes personales y posibles embargos. Si bien los respectivos supuestos no fueron señalados, pudo establecerse que se trataba de procesos de filiación.


Empero, el testimonio de Ana Cecilia Romano Ascanio, madre del actor, no ofrecía credibilidad al favorecer a su hijo. En gracia de discusión, el temor de las cautelas se descartaba, ante la ausencia de inmediatez entre los años de las ventas ficticias, 1992, y el nacimiento del demandante, el 25 de junio de 1986; además, desde 1984, la deponente tenía conocimiento que Eladia María Rueda Navarro, figuraba como dueña de los bienes.


Lo relatado por Yamile Trillos, quien inició proceso de investigación de paternidad contra Emérito Rueda, contenía inconsistencias e incoherencias. La causa de la simulación la sabía por información de su abogado y aceptó que se equivocó sobre la época de citación de su presunto padre a Bienestar Familiar para el reconocimiento.


En el punto, tampoco aportaba Yaneth Trillos, porque simplemente se enteró que su progenitor era Emérito Rueda contra quien se había promovido el proceso para establecer la filiación, agregando que éste tenía una sociedad con el hermano José del Carmen Rueda.


El dicho de Manuel José Páez Álvarez, también quedaba descalificado. Para empezar, si la finca “Villa Eladia” nunca figuró a nombre de Emérito Rueda, no podía sostenerse que lo traspasó a su progenitora. De otra parte, impensable resultaba que la reclamación de paternidad del demandante, en 1994, fuera la causa de la simulación de unos negocios jurídicos celebrados en 1992.     


La solvencia económica de Eladia María Rueda Navarro, había quedado demostrada con las declaraciones de renta entre 1990 y 2009, en unos casos con activos fijos superiores a $600’000.000 y negocios de ganadería; y con la acreditada compra de inmuebles en 1980, 1981 y 1982. Esto acompasaba con las versiones de Ángel Rizo Cabrales y Francisco Ricaurte Herrera Fuentes, quienes inclusive manifestaron que antes de nacer los hijos de la citada, ella tenía en su haber bienes adquiridos con dineros heredados.  


La permanencia del vendedor en los fundos no desvirtuaba la realidad de los contratos, pues quien más indicado para administrar los bienes de la anciana compradora que sus hijos, lo cual no se oponía a que éstos la mantuvieran. Aunado, el patrimonio de Emérito Rueda, conformado por semovientes, era inferior al de su madre.


El interrogatorio de Ciro Antonio Hernández Navarro, sobre la venta a su favor del predio urbano por parte de María Eladia Rueda Navarro, en 1985, tampoco servía al propósito investigado, toda vez que el contrato controvertido, por cuya virtud aquél lo devolvió a ésta, había sido celebrado en 1992. En particular, porque no se demostró que Emérito Rueda haya pagado el precio en el evento de que así hubiere ocurrido.

La confesión ficta de María Eladia Rueda Navarro, no se estructuraba, porque la incomparecencia a responder el interrogatorio se encontraba justificada.


Por último, la escritura contentiva de la liquidación de la sociedad conyugal de José del Carmen Rueda y Emilce Blanco Abril, era impertinente, puesto que los bienes adjudicados eran ajenos al patrimonio de Emérito Rueda.  


1.3.3. En suma, para el Tribunal, el parentesco, la permanencia de la enajenante en los inmuebles y los procesos de paternidad, eran indicios insuficientes para acceder a lo impetrado, menos cuando el extremo pasivo “(…) demostró la no concurrencia de otros hechos indicadores de la simulación y varios contraindicios que debilitan la prueba aportada por el demandante, tales como la suficiencia económica de la demandada y que entre los contratantes era costumbre la transferencia de bienes (…), observándose que existía una especie de sociedad entre hijos y madre, como lo afirmó el A quo”.


1.4. La demanda de casación. En los dos cargos formulados, el recurrente acusa al ad-quem de violar indirectamente la ley sustancial.


1.4.1. En el primero, como consecuencia de la comisión de errores de hecho al valorar las pruebas.


El testimonio de Manuel José Páez Álvarez, por cuanto la pertenencia o no de la finca “Villa Eladia” en cabeza de Emérito Rueda, era intrascendente, pues ese predio era ajeno al juicio; y al cercenarle la afirmada insuficiencia económica de Eladia María Rueda Navarro y la indicada permanencia interrumpida de Emérito y José del Carmen Rueda, sus hijos, en los inmuebles que le enajenaron.


Los documentos provenientes de la DIAN, porque en contra del estudio de un contador público, supuso allí las declaraciones de renta de Eladia María Rueda Navarro, entre 1990 y 1994, salvo la de 1995, con activos fijos de $402’000.000 e ingresos brutos de $24’000.000 y sin relacionar los inmuebles en contienda; en tanto, quienes sí lo hicieron fueron Emérito y José del Carmen Rueda.


La declaración de Ciro Antonio Hernández Navarro, en cuanto señaló que los bienes disputados eran de Emérito y José del Carmen Rueda y no de la madre de éstos, su tía.


Sobre las investigaciones de paternidad, causa de la simulación, en todo caso antes de 1992, al tergiversar en ese sentido lo relatado por José Manuel Páez Álvarez, Igualmente, al omitir las certificaciones sobre la existencia de los procesos, así como al apreciar indebidamente las declaraciones de Ana Cecilia Romano Ascanio y de Yamile y Yaneth Trillos, corroborándolos.


Las versiones de Gabriel Ángel Rizo Cabrales y Francisco Ricaurte Herrera, porque si bien manifestaron la capacidad económica de Eladia María Rueda Navarro, inclusive antes de nacer Emérito y José del Carmen Rueda, cierto era, el hecho no aparecía acreditado; por el contrario, en el plenario aparecía demostrado que aquélla empezó a figurar dueña de ciertos inmuebles a partir de 1980, cuando Emérito Rueda, tenía dos hijas y otros más para la fecha de los traspasos ficticios.


Los indicios derivados del parentesco, de la retención posesoria y de los procesos de filiación, fueron abandonados sin razón alguna. Y los contraindicios, esto es, la costumbre de transferirse bienes madre e hijos y la solvencia de aquélla, debieron desecharse y sumarse como prueba indiciaria. El primero, puesto que esa práctica no probaba el dominio de los inmuebles en cabeza de la demandada; y el segundo, frente a la existencia de pruebas en contrario.


1.4.2. En el otro cargo, al dar por demostrado, sin estarlo, los contratos de compraventa cuestionados.


Lo anterior, derivado de error de hecho al apreciarse la versión de Ciro Antonio Hernández Navarro, sobrino de la convocada, en cuanto señaló que el predio urbano lo pusieron a su nombre los primos Emérito y José del Carmen Rueda, respecto de quienes, amén de depender económicamente, dijo que eran dueños de los demás bienes.


Así mismo, los documentos remitidos por la DIAN, sobre que Eladia María Rueda Navarro no declaró renta entre 1990 y 1994, y en ninguna época sus nietos, aunque sí, Emérito y José del Carmen Rueda; y las certificaciones acerca de la existencia de los proceso de paternidad.

De otra parte, al omitir la confesión ficta de Eladia María Rueda Navarro, por cuanto si bien en las dos ocasiones citada a absolver el interrogatorio escrito excusó su comparecencia, solamente lo podía hacer por una sola vez (artículo 209 del Código de Procedimiento Civil); y al pasar por alto el indicio grave derivado de su inasistencia a la audiencia del artículo 101, ibídem.


Por último, al preterirse la Escritura Pública 1596 de 25 de octubre de 1991 de la Notaría Única de Ocaña, acerca de la liquidación de la sociedad conyugal José del Carmen Rueda-Emilce Blanco Abril, donde se hizo constar que la hacienda “Villa Eladia” por un “acto de confianza (…) reposa en cabeza” de Eladia María Rueda Navarro.

   

1.4.3. Como colofón, en ambos cargos la censura sostiene que los errores denunciados llevaron al Tribunal a no dar por probada, estándolo, la simulación absoluta y relativa de los contratos de compraventa impugnados.


1.5. Siendo ese en esencia el contenido de los cargos postulados, se procede a examinar su idoneidad formal.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, por ser el plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”.


2.2. El recurso de casación, en el ámbito legal, es de naturaleza dispositiva y estricta, puesto que obedece a causales expresamente previstas por el legislador y se estructura en las precisas hipótesis normativas.


De ahí, la demanda dirigida a sustentar ese medio impugnativo, constituye, en línea de principio, el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad. Por esto, en orden a habilitar en el aludido campo un estudio de mérito, debe sujetarse a los requisitos señalados en el artículo 344 del Código General del Proceso, so pena de su inadmisión, cual lo previene el artículo 346, ibídem,


Al fin de cuentas, como tiene explicado esta Corporación en doctrina que mantiene vigencia, “(…) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”1.


2.3. Entre otros, el numeral 2º impone a la parte recurrente la carga de formular por separados los cargos “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa”. Requisitos todos los cuales aluden, en general, a la inteligibilidad de la acusación, a la exactitud de la misma y a su plenitud.


2.3.1. La ratio legis de las dos últimos exigencias estriba en que siendo ese medio de defensa un mecanismo para juzgar la sentencia acusada, como thema decissum, y no el proceso, como thema decidendum, la norma demanda del recurrente identificar las razones nodales de la decisión a efectos  de verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia equivocada la apreciación jurídica o probatoria del juzgador, en caso positivo, si la acusación es enfocada o envolvente.


Por esto, en la hipótesis de abordarse temas paralelos, esto es, ajenos a los argumentos basilares de la decisión, o si siéndolos, no los comprende todos, en cualquier evento no habría lugar a ningún estudio de mérito, pues al seguir en pie los fundamentos medulares soslayados, de suyo amparados por la presunción de legalidad y acierto, por sí, le seguirían prestando base firme, de donde, al margen del juicio del Tribunal, desde lo formal, la falta de precisión o suficiencia de la acusación, impediría avanzar la marcha.


Lo mismo ocurre, en palabras de esta misma Corporación, cuando “(…) fustigado debidamente (…)” uno de los fundamentos torales de la sentencia, sin embargo, “(…) el reproche antitécnico del otro argumento basilar, lo deja sin crítica alguna”2, pues en ese caso nada se sacaría frente a una eventual prosperidad parcial, si esas otras razones que no alcanzaron a ingresar en casación para su estudio material, seguirían soportando la decisión.


2.3.2. Lo atinente con la “exposición de los fundamentos de cada acusación”, también tiene su razón de ser, en cuanto así se permite no solo identificar si existen discrepancias entre el juzgador y el recurrente, sino también establecer si los cuestionamientos se asocian con los soportes torales del fallo acusado y si se demuestran.


2.3.2.1. Lo primero, en el sentido de contraponer, refutar, pues al decir de esta Corte, en doctrina aplicable, en línea con el Diccionario de la Real Academia Española, “(…) desde el punto de vista técnico, no podría hablarse de acusación por sustracción de materia, en la medida en que por tal acción, la de acusar, se entiende la exposición de los cargos contra el acusado o contra lo acusado”3.


Esto, porque si en la demanda de casación ninguna controversia se observa entre el sentenciador y la censura, por el contrario, existen son acuerdos totales o parciales, en esos precisos aspectos habría sustracción del objeto del recurso de casación. Lo mismo se predica cuando el disenso alude a cuestiones meramente accidentales, puesto que en ese evento significaría sintonía o consenso en lo fundamental. En cualquier caso, entonces, se echaría de menos una auténtica acusación.

2.3.2.2. Lo segundo, porque de ser exacta y completa la censura, según se prevé en el literal a), inciso 2º, del mismo precepto, al recurrente le incumbe, tratándose de errores en el campo de los hechos y de las pruebas, demostrarlo e indicar su trascendencia en el sentido de la sentencia; y respecto del yerro de eficacia probatoria, amén de señalar las normas medio trasgredidas, explicar sucintamente la manera en que fueron infringidas.


En esa dirección, por lo tanto, todo cargo debe trascender de la sola enunciación, al terreno de la demostración, haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, al punto de hacer rodar al piso la resolución combatida. El discurrir, en consecuencia, debe ir más allá de simples alegaciones o subjetivismos, de ahí que su sustracción traduciría en una simple protesta de instancia, parqueada en el pórtico de la casación, sin adentrarse a su quintaesencia.


2.4. Pues bien, aplicadas las anteriores directrices al caso, pronto se advierte, ninguno de los cargos reúne a cabalidad los requisitos formales para recibirlos a trámite.


2.4.1. Con relación a los errores de hecho probatorios asociados directa o indirectamente con los negocios jurídicos celebrados entre Eladia María Rueda Navarro y Leandro Emérito y Lorena Antonia Rueda Herrera, Cristian José y Norexy Rueda Blanco, sus nietos, porque al margen de cualquier otro defecto técnico atribuible, también se imponía remover la concluida por el Tribunal falta de legitimación e interés del demandante Camilo Andrés Rueda Romano para demandar alrededor. Luego, como no se hizo, ambos cargos en el punto resultan incompletos.


2.4.2. Lo mismo se predica, con el carácter de abrazador, de la simulación absoluta de los contratos de compraventa ajustados entre Emérito Rueda y Eladia María Rueda Navarro, y la relativa del celebrado entre Ciro Antonio Hernández Navarro y esta última, porque para el Tribunal esas pretensiones no salían avante por dos razones fundamentales. La primera, al no haberse probado sus hechos estructurales; y la segunda, porque lo observado en las pruebas era “(…) una especie de sociedad entre hijos y madre, como lo afirmó la A quo”. En los cargos, sin embargo, se confuta lo primero y se soslaya esto último.


2.4.3. Con todo, si se interpreta con amplitud  una acusación completa, en el entendido que cuestionado el primer argumento, implícitamente se aludía al otro, tampoco desde esa óptica habría lugar a admitir los cargos.


2.4.3.1. En cuanto al testimonio de Manuel José Páez Álvarez, porque en la hipótesis de superarse el lapsus de temporalidad sobre el inicio del proceso para investigar la paternidad del demandante, en 1996, cuando los contratos controvertidos eran de 1992, no obstante, comprenderse que se refería a una data anterior, la otra razón argüida para descalificarlo en su totalidad, se mantendría en pie.

Si para la censura la “pertenencia o no” de la finca “Villa Eladia”, en alguna época, en cabeza de Emérito Rueda, era un hecho “intrascendente”, al no “hace[r] parte del pleito”, el cuestionamiento aparece extraviado, porque la conclusión del ad-quem en ese sentido lo fue para mostrar que el declarante faltaba a la verdad. Ahora, si el juzgador se equivocó al sostener que el testigo mentía, así debió ponerlo de presente, pero no lo hizo.


2.4.3.2. En lo relativo a las investigaciones de paternidad, el ataque también se torna desviado, porque si el juzgador encontró ausencia de inmediatez o falta de relación de causa a efecto entre tales procesos y los contratos impugnados, ese era el argumento a combatirse, nada de lo cual fue cumplido, pues el cargo primero se enfiló a poner de presente la existencia de tales juicios, lo cual resultaba pacífico, y en el segundo a indicar que las certificaciones en ese sentido no fueron valoradas.


La misma crítica cabe de las declaraciones de Ana Cecilia Romano Ascanio, madre del actor, y de Yamile y Yaneth Trillos, supuestas hijas de Emérito Rueda, porque fueron demeritadas por razones distintas a la incoación de los procesos de filiación. En particular, respecto de las dos últimas, en cuanto hace a la causa de la simulación, porque fuera de ser una de ellas incoherente y contradictoria, eran testigos de oídas, pues la información la recibieron de su madre y abogado; y de la primera, en cuanto había lugar a sospechar de su dicho, y al conocer, desde 1984, la titularidad de los inmuebles en cabeza de Eladia María Rueda Navarro. Ergo, si tales razones eran contraevidentes, así debió enfilarse la censura y eso se echa de menos.


2.4.3.3. Sobre lo narrado por Ciro Antonio Hernández Navarro, para el Tribunal podría pensarse que existió connivencia cuando su tía le vendió el inmueble urbano, en 1985. Empero, esto mismo no podía decirse del negocio ajustado en 1992, época en la cual aquél le devuelve a ésta la casa, porque fundándose la pretensión en que en tal ocasión Emérito Rueda, con sus propios recursos, suministró el precio, nada de ello podía sostenerse, porque “ni los testigos”, “ni las otras probanzas” referían el pago.


La acusación, en su conjunto, para ser coherentes con el Tribunal, debió dirigirse a mostrar que en el proceso si existía la prueba de dicho pago y que por tanto no había lugar a descalificar lo dicho por el citado, según el cual, en general, los bienes eran de los hermanos Emérito y José del Carmen Rueda y que el predio urbano fue puesto por estos a su nombre. No obstante, el ejercicio fue soslayado.


Con todo, en la hipótesis del error, vale decir, de aceptarse en ese sentido el contenido de la prueba, en ninguna parte se demuestra. Si el inmueble en comento fue transferido por Eladia María Rueda Navarro, a la sazón su dueña, a Carlos Antonio Navarro Hernández, y luego éste lo enajena o devuelve a aquélla, no se hizo saber a la Corte cómo de ahí debía seguirse necesariamente que los hermanos Emérito y José del Carmen Rueda, con sus propios recursos, en efecto, lo pusieron a su nombre.

2.4.3.4. En la apreciación de las versiones de Gabriel Ángel Rizo Cabrales y Francisco Ricaurte Herrera, y de ciertas pruebas documentales corroborantes, al no existir acusación, pues entre el Tribunal y el recurrente, en cuanto al contenido objetivo de tales medios, existe consenso sobre la solvencia económica de Eladia María Rueda Navarro.


Según el juzgador, los testigos manifestaron que la citada, inclusive antes de nacer sus hijos Emérito y José del Carmen Rueda, contaba con patrimonio, en tanto, al decir de la censura, “se tiene que ellos declaran tal como viene consignado”. En punto de la prueba documental, para el sentenciador, en el proceso se había demostrado que la demandada a partir de 1980, aparecía dueña de varios inmuebles, y esto mismo lo acepta la censura, al decir que los bienes “estuvieron a su nombre solo a partir de 1980”.

Como se resalta en uno de los cargos, distinto es que “lamentablemente” no se hayan examinado los testimonios y documentos a “profundidad”, con “rigor”, “en su conjunto”. Así, ensayándose por el recurrente la forma como la prueba “debió ser apreciada por el Tribunal”, la cuestión, entonces, sería subjetiva, desde luego, propia de las instancias.


2.4.3.5. Sobre la apreciación de la Escritura Pública 1596 de 25 de octubre de 1991 de la Notaría Única de Ocaña, contentiva de la liquidación de la sociedad conyugal José del Carmen Rueda-Emilce Blanco Abril, el ataque resulta desviado, porque si para el Tribunal era una prueba “impertinente”, pues los bienes eran ajenos al patrimonio de Emérito Rueda, en lugar de acusarse omisión probatoria, la protesta debió dirigirse a mostrar pertinencia por el cauce que correspondiera.


Con mayor razón, cuando si en ese instrumento se hizo constar que la hacienda “Villa Eladia” por un “acto de confianza (…) reposa en cabeza” de Eladia María Rueda Navarro, en contraste con lo sostenido en otro apartado de la acusación, se trataba de un hecho intrascendente, pues dicho predio no era objeto del litigio.


2.4.4. En punto de los demás errores denunciados, asociados con la apreciación de los contraindicios y los documentos de la DIAN, inclusive con la omisión no sólo de la confesión ficta de Eladia María Rueda Navarro, sino también del indicio en su contra por su inasistencia a la audiencia de conciliación, los cuestionamientos, al margen de su existencia y de cualquier reparo formal, devienen incompletos de manera sobreviniente, por cuanto al no haberse atacado debidamente, como se exige en casación, las otras conclusiones probatorias del Tribunal, enderezadas a confirmar la presunción de legalidad y seriedad de los negocios jurídicos impugnados, esto sería suficiente para seguir sosteniendo la sentencia.


2.5. No se desconoce, la Corte, al tenor de lo previsto en los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, se encuentra facultada para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad.


2.5.1. Sin embargo, en el evento de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad, el simple hecho de haber obtenido el demandante recurrente decisiones en su contra, por sí, no impone a la Corte adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de defectos superlativos.


Desde el punto de vista adjetivo, no se observan, toda vez que como se constata, al interior de la actuación el supuestamente agraviado mantuvo en forma amplia intactas las garantías de defensa y contradicción.


En el terreno de los hechos y de las pruebas, y en el material, tampoco se encuentra allanado el camino para la protección nomofiláctica del eventual derecho subjetivo. Ante todo, frente a lo discurrido para inadmitir los cargos. En adición, porque para la simulación relativa, no resultaba irrazonable exigir la prueba sobre el pago del precio por parte del sedicente comprador, menos si ese era su fundamento fáctico; y porque para acceder a la absoluta, no se mostraba arbitrario predicar como insuficientes, en consideración al escenario familiar de los hechos, los indicios derivados del parentesco, de la permanencia del vendedor en los fundos y de los procesos de filiación.

Con mayor razón, cuando contrario a lo sostenido por el recurrente, la propia DIAN remitió las “Declaraciones de Renta correspondientes a los años gravables de 1990 a 1995” de “Eladia María Rueda Navarro C.C. 26’859.852”, como así se observa en los anexos sobre “Año inicial [1990] Año Final [1995]”. Además, cuando en las actas respectivas aparecía que en las dos ocasiones señaladas para llevar la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, la citada justificó su inasistencia, al punto que no se impuso consecuencia; y cuando, la segunda excusa de la misma demandada por su incomparecencia a absolver el interrogatorio, no aparece que haya sido negada.


Lo dicho, inclusive, sin tener en cuenta, como también aparece fijado en la sentencia cuestionada, precisamente al ser el sustrato de la defensa, que los bienes fueron adquiridos con anterioridad por José del Carmen Rueda, persona que “años más tarde le vendió una parte de esos predios a Eladia Rueda, quien a su vez el 16 de mayo de 1983, los enajenó por el mismo título a Emérito Rueda”.


2.5.2. En la óptica de la selección positiva, respecto de los fallos objeto de pronunciamiento, todo a efectos de unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer el control de legalidad, tampoco habría lugar a la actuación de la Corte. En particular, porque de la recensión efectuada no aparecen involucrados temas relacionados directamente con la aplicación o alcance de una norma de derecho sustantivo, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.


2.6. En ese orden de ideas, respecto de los dos cargos formulados, al relevarse cualquier estudio de mérito, no le queda otra alternativa a la Corte que proceder como se prevé en el artículo 346 del Código General del Proceso.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE




LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de la Sala)




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.

2 Auto de 1º de septiembre de 2008, expediente 2004-00201.

3 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116.