AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC4532-2017
Radicación n° 54498-31-03-002-2015-00114-01
(Aprobado en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil diecisiete (2017).
Decídase sobre la admisión del escrito que sustenta el recurso de casación interpuesto por Catalina de la Torcoroma Arévalo Perdomo, frente a la sentencia de 8 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que promovió en contra de la sociedad Arias y Casadiego Ingeniería Limitada (AC Ingeniería Ltda.).
ANTECEDENTES
1. Al tenor de la demanda, la promotora solicitó que se declarara la prescripción adquisitiva del derecho de dominio sobre el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 270-7159, con la consecuente inscripción en la oficina de instrumentos públicos (folios 2-5 del cuaderno 1).
2. En compendio, la accionante sustentó sus pretensiones en que es poseedora del inmueble desde su compra en común y proindiviso con sus hermanos, el 13 de febrero de 1990, condición que ha mantenido por más de 25 años.
Aseveró que ha ejercido actos de señora y dueña, como se infiere de la explotación de un establecimiento de comercio, realización de mejoras, arriendo del bien, pago de impuestos y servicios públicos.
3. La demandada no formuló excepciones, pero se opuso a las súplicas (folios 48-55 ibidem), bajo el argumento que la accionante ha reconocido, en múltiples ocasiones, la existencia de condóminos, quienes han ejercicio su derecho.
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña dictó sentencia el 10 de mayo de 2016, en la que negó las pretensiones del líbelo genitor, al no haberse demostrado la posesión exclusiva de la promotora (folios 288-289 y 292-294 del cuaderno 2).
5. Apelada esta decisión, el ad quem la confirmó, con base en los siguientes razonamientos (folios 18-19 del cuaderno Tribunal. CD Rad. 0137/16):
Después de señalar los requisitos de la usucapión entre comuneros, echó de menos que se probara el ánimo exclusivo de señor y dueño, por cuanto las pruebas incorporadas a la foliatura dan cuenta de la situación contraria, esto es, del reconocimiento de dominio ajeno.
Tal inferencia se realizó a partir de las acciones de tutela promovidas en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña, y de la solicitud de reorganización empresarial, documentos que den cuenta de que la actora reconoció a sus hermanos y madre como propietarios, en rechazo de la exclusividad exigida para usucapir.
Estas manifestaciones, según el juzgador, constituyeron una confesión, sin que la prueba testimonial desvirtúe su valor suasorio, ya que los deponentes ignoraban si existían otros propietarios.
6. Interpuesto el recurso de casación por la convocada, se sustentó el 27 de febrero de 2017 (folios 8-15 del cuaderno Corte), el cual contiene un (1) ataque que deberá ser inadmitido, como se explica en lo sucesivo.
CARGO ÚNICO
Acusó la sentencia de violar los artículos 762, 2518, 2532 del Código Civil, y 407 (numeral 3) del Código de Procedimiento Civil, por errores de hecho en la apreciación de la demanda, contestación, folio de matrícula inmobiliaria, escritos de tutela, y solicitud de reorganización empresarial.
Sostuvo que se erró al considerar que la acción se promovió en calidad de comunera «y contra los comuneros madre y hermanos, lo cual no era posible pues dicha comunidad ya no existía, para [la] época de la presentación de la demanda» (folio 13 ibidem).
Cuestionó que no se valorara la falta de derecho de la convocada para alegar que los familiares de la demandante eran copropietarios, pues para esto debió llamarlos en garantía.
Precisó que, al momento de adquirirse la alícuota del derecho de dominio, la accionada sabía que su enajenante no era reconocida como comunera. En todo caso, por obtener su derecho después de extinguida la comunidad, debió haber auscultado quién detentaba la posesión y el reconocimiento de su derecho.
Desestimó que la existencia de una hipoteca interrumpiera la posesión, más aún, cuando su cancelación fue anterior al acto de adquisición.
Frente a los escritos de tutela, arguyó que únicamente se reconoció la comunidad, lo «que tampoco interrumpe la posesión de la demandante, ni tampoco puede afirmar la demandada que adquirió las cuotas partes del inmueble, porque el hecho de haberse presentado esas tutelas le garantizaba las cuotas partes adquiridas» (idem).
Por último, señaló que la solicitud de reorganización empresarial demuestra la explotación del inmueble con un establecimiento de comercio, lo cual fue erróneamente comprendido por el ad quem, «como si con la misma la demandante estaba reconociendo derecho ajeno porque la propiedad inscrita se encontraba a nombres (sic) de varias personas» (folio 15).
CONSIDERACIONES
1. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, según el artículo 333 del Código General del Proceso.
Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido un riguroso trámite para su adelantamiento, con requisitos de imperativa observancia, sin que su desatención pueda ser consentida, salvo que la misma ley lo permita.
En punto a la demanda de casación, los artículos 344, 346 y 347 ibidem establecen un listado de requerimientos, so pena de la deserción de la impugnación o la inadmisión del escrito de sustentación. Sobre el particular, tiene dicho esta Corporación:
(…) para que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P.C.) (AC, 28 nov. 2012, rad. n° 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 may. 2010, rad. n° 2004-00623-01).
En concreto, el interesado deberá formular sus reproches a través de cargos separados, «con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa» (el numeral 2 del artículo 344). Para lo cual, deberá indicar la causal esgrimida y, de argüirse la violación de normas de derecho sustancial, identificar la vía (directa o indirecta) y el error (de hecho o error de derecho).
Estas reglas, lejos de ser meras formalidades, tienen por finalidad facilitar la comprensión de los argumentos que se esgrimen para controvertir los soportes del fallo atacado, y evitar que la discusión se torne en una tercera instancia, pues, como lo advertía Mario Cappeletti, una vez se profiere el fallo de alzada el mismo hace tránsito a cosa juzgada1.
2. La precisión a que se refiere el citado artículo 344, significa que los embistes deben estar orientados hacia los fundamentos reales de la decisión atacada, sin separarse de ellos, so pena que la recriminación no puede ser admitida. En otras palabras, los reproches deben dirigirse con acierto hacia el centro de la argumentación de la providencia cuya anulación se pretende.
Si el interesado acusa cuestiones externas al proveído, aunque relacionadas con el caso, está por fuera del ámbito de conocimiento del recurso de casación, pues este instrumento no está diseñado para servir de instancia adicional, que permita la revisión integral de la controversia, sino que su objeto se circunscribe al análisis de la sentencia recurrida, con base en las causales taxativamente consagradas por el legislador.
Sobre este tema, en consideraciones que conservan vigencia, esta Corporación planteó:
Pasó por alto la recurrente que ‘la precisión que se exige del recurrente en casación reviste capital importancia, no solamente en el entorno patrio sino en otras latitudes, pues el ataque, indefectiblemente, debe dirigirse a la esencia misma de los fundamentos del juzgador, a la propia médula de los anclajes de la decisión, para que la autoridad casacional pueda distinguir ‘una cosa de otra’.
De igual forma, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, el fenómeno del desatino de la acusación ocurre ‘cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos disímiles’, por lo que las razones del casacionista ‘carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisión, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura.’ (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638) (AC, 30 ag. 2010, Rad. n° 1999-02099-01).
El ataque realizado a espaldas de este requisito está condenado al fracaso, por cuanto carecería de la vocación de invalidar el proveído cuestionado, pues aún de admitirse el defecto, la decisión se mantendrá incólume al estar soportada en otras premisas. Recuérdese que el objeto de la casación «no es el proceso, en sí mismo considerado, como thema decidendum, sino la sentencia combatida, cual thema decisum, entre otras cosas, por obedecer a precisas causales legales y en las respectivas hipótesis normativas» (AC4251, 29 jul. 2015, rad. nº 2012-00234-01, reiterada en AC022, 13 en. 2017, rad. n° 2016-03156-00).
3. Esta deficiencia se advierte en el cargo bajo estudio, pues el casacionista atacó que el Tribunal concluyera que la demanda se dirigió contra los familiares de la demandante, y que se interrumpió el término de prescripción, sin tener en cuenta que el fallo fue ajeno a estas temáticas.
A buen recaudo, el ad quem confirmó la decisión de primera instancia, por cuanto no se cumplió el primero de los elementos exigido para la prosperidad de la usucapión entre comuneros, como es la posesión exclusiva del demandante, encontrando que el mismo «no fue probado por quien tenía el deber de hacerlo, esto es, por la actora», porque «no solamente no probó su posesión exclusiva, sino que la desvirtuó a través de muchos de los documentos obrantes en autos, al reconocer dominio ajeno sobre el predio a prescribir, toda vez que en estos expresamente señala… que el mentado bien… les pertenece en común y proindiviso a ella, a Mario y Rodrigo Arévalo Perdomo y a la señora Diva Perdomo de Arévalo» (minuto 09:39 de la audiencia).
Además, fue enfático en señalar que «conforme a tales documentos, bajo ningún punto de vista puede entenderse que la demandante desconocía la calidad de propietario que, junto con ella, tenían sus hermanos y su madre sobre el bien que pretende prescribir, por el contrario, aceptaba la comunidad de manera clara y expresa como quedo reseñado, lo que hace inviable la declaratoria de prescripción del bien a su favor» (minutos 12:34 de la audiencia)
Sin embargo, el censor lejos de cuestionar estos razonamientos, criticó aspectos relativos a la legitimación en la causa por pasiva y al tiempo de prescripción, para refutar que se pudiera concluir «que la demanda iba dirigida contra los comuneros y que la demandada estaba legitimada para alegarlo» (folio 15 del cuaderno Corte).
Su reproche, entonces, buscó derruir unos argumentos que ni siquiera fueron planteados, sin adentrarse en el núcleo del proveído.
Itérese, el juzgador nada dijo sobre una acción contra los familiares de la demandante, o sobre los efectos del otorgamiento de una escritura pública o acción de tutela respecto al término de prescripción, por lo que mal podría existir un yerro suasorio que condujera a estas conclusiones erradas. Su fundamentación siempre giró en torno a la ausencia de acreditación de los actos de señora y dueña, que con exclusión de los demás comuneros, fueron realizados por la demandante.
La Corte, al analizar una situación equiparable a la presente, manifestó:
[E]l ataque formulado debe dirigirse, de manera frontal, en contra de los pilares de la sentencia. En otros términos, entre la acusación expuesta y los aspectos que son objeto de ella, sin falta, tiene que existir una conexión y relación simétrica; no puede, por tanto, focalizarse la censura en temas o aspectos que no fueron fundamentales al momento de resolver. Los motivos trascendentales de la decisión cuestionada serán los destinatarios del embate formalizado; allí debe focalizarse la censura. Así lo ha puntualizado esta Corporación:
(…) en materia casacional la demanda ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (…) – las líneas no son originales- (CSJ AC 17 Jul. 2012, Rad. 00055, reiterado en providencia CSJ AC 18 Dic. 2012, Rad. 00262 01). (AC5495, 15 sept. 2014, rad. n° 2011-00250-01).
4. El embate, entonces, escapa a la precisión que se requiere, por lo que deberá desestimarse su estudio por desenfocado y declararse la inadmisibilidad del escrito de sustentación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casación presentada por la demandante dentro del proceso de la referencia.
Por Secretaría se devolverá la foliatura al Tribunal de origen.
Notifíquese.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 La Oralidad y las Pruebas en el proceso Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aíres, 1972, p. 382.