AC4852-2017

Radicación n° 15001-31-10-002-2014-00082-01


Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil diecisiete (2017).


2015).

Decídese sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por Heraclio Cépeda Villate, frente a la sentencia de 30 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el proceso que en su contra instauró Yenny García Rodríguez (hoy Yenny Cépeda Rodríguez), al cual fueron vinculados como demandados Hercilia Granados, Segundo Elías García Rosas y los herederos indeterminados de Campo Elías Cépeda Villate.


ANTECEDENTES


1. Se promovió causa para que se declarara que Yenny García Rodríguez no era descendiente «del señor SEGUNDO ELÍAS GARCÍA ROSAS», sino que era «hija extramatrimonial» de Campo Elías Cépeda Villate, asunto que fue conocido por el Juzgado Primero de Familia de Tunja y concluyó con fallo de 23 de mayo de 2016, en el cual se accedió a las súplicas de la demanda (folios 126 a 137).


2. Se interpuso recurso de apelación por Heraclio Cépeda Villate, que se desató mediante providencia del 30 de mayo de 2017, en la cual se confirmó la sentencia recurrida (folios 22 a 35, cuaderno 2), decisión que impugnó vía casación, el 8 de junio de 2017.


3. Por proveído de 16 de junio siguiente, se concedió el mecanismo extraordinario, sin referir el tema del carácter ejecutable de la decisión o la expedición de copias (folios 38 y 39 ibidem).


CONSIDERACIONES


1. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucional, la eficacia de los tratados internacionales, el control de legalidad de los fallos, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia atacada, en los términos del artículo 333 del Código General del Proceso.


Por esta naturaleza, la normatividad ha establecido requisitos rigurosos para su interposición, concesión y admisión, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo en los casos permitidos por la misma ley.


2. En punto a la admisibilidad de la impugnación, el artículo 342 ibidem establece que deben verificarse, entre otros requerimientos, que se hayan cancelado las reproducciones de la foliatura, en los eventos que la decisión judicial contenga resoluciones ejecutables, en orden a permitir su cumplimiento.


Tal exigencia tiene como objetivo evitar que, mientras se despacha el recurso, el proveído cuestionado quede en suspenso y no pueda ser obedecido, bajo la consideración que el debate de instancia se cerró en el segundo grado. De hecho, Mario Cappeletti considera que una vez se profiere el fallo de alzada, el mismo hace tránsito a cosa juzgada, sin perjuicio de las resultas de los instrumentos excepcionales1.


Claro está, la ejecución puede ser suspendida a petición del recurrente, para lo cual, al interponerse el recurso, deberá ofrecer constituir una caución que ampare a su contraparte por los perjuicios que puedan derivarse de tal solicitud (artículo 341 idem).


Ahora bien, para que pueda obedecerse lo decidido por el ad quem, es menester que se reproduzca los apartes necesarios del expediente, a costa del impugnante, de suerte que el órgano judicial competente tome las medidas necesarias para la ejecución, mientras el caso es objeto de conocimiento por la Corte.


Así lo prescribe el referido artículo 341 del Código General del Proceso, a saber:


La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes (…) En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso (…) (negrilla fuera de texto).


De acuerdo con la norma transcrita, los juzgadores de instancia tienen el deber de advertir sobre la presencia de decisiones que pueden cumplirse, con la orden de expedir las copias, lo cual deberá hacerse en la providencia de concesión del medio de defensa.


Nótese que el nuevo estatuto eliminó la carga consagrada en el derogado Código de Procedimiento Civil, según la cual «[s]i el tribunal no ordenó las copias y el recurrente las considera necesarias. Este deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable…» (artículo 371), la cual había dado lugar a una sólida línea jurisprudencial que imponía a la parte interesada el deber de pedir, a mutuo propio, los duplicados, so pena de entenderse desierta la impugnación2. Las solicitudes posteriores al 1 de enero de 2016 deben analizarse a la luz de una regla diferente, precisamente en razón del cambio regulatorio, más aún si se tiene en cuenta que el deber de pagar las copias y las consecuencias de su omisión están condicionadas a la manifestación expresa del fallador de segundo grado.


La Corte, en vigencia del nuevo código, manifestó:


Así las cosas, en caso de que el fallador guarde silencio sobre ‘los mandatos ejecutables’ de la providencia, dicha inadvertencia en manera alguna puede derivar una consecuencia adversa para el recurrente, pues, la ley solo le traslada la obligación de sufragar el costo de las reproducciones cuando ellas son ordenadas, previa constatación del Tribunal respecto del linaje del fallo opugnado (AC3763, 17 jun. 2016, rad. n° 2014-00111-01, reiterado en providencias AC324, 26 en. 2017, rad. n° 1998-07501-01; AC6559, 29 sept. 2016, rad. n° 2014-00299-01).


3. Con base en las premisas expuestas y de cara al caso en análisis, se observa que el fallo impugnado es uno de aquellos que contiene mandatos ejecutables, sin que el Tribunal advirtiera sobre ello y ordenase la expedición de copias, actuación que deberá realizarse en este momento en aplicación del principio de economía procesal.


En efecto, la sentencia de 30 de mayo de 2017 confirmó la decisión de primera instancia, la cual, después de reconocer que el padre de la reclamante era Campo Elías Cépeda Villate, declaró que «[Yenny García Rodríguez] tiene derechos hereditarios en la sucesión del causante [Campo Elías Cépeda Villate]…».


Significa que el proveído no circunscribió su análisis a la filiación de la demandante, sino que estimó que éste tenía un derecho hereditario connatural a su calidad, el cual debía ser ejercido en el proceso sucesoral correspondiente.


De allí que, si bien el fallo no impuso condenas u ordenó la cancelación de adjudicaciones realizadas, de ello no se sigue que tenga una naturaleza meramente declarativa; por el contrario, en la sentencia se reconoció una nueva situación jurídica, como es la relativa a la vocación hereditaria de la actora, por lo que tiene un efecto constitutivo que es susceptible de ejecutarse dentro de la causa respectiva.


Tal es la posición de esta Sala: 


La sentencia susceptible de cumplimiento no necesariamente es la que impone una condena o establece deberes de prestación, sino también, al decir de la Sala, la que ha ‘creado situaciones jurídicas concretas nuevas’… Eso es lo que ocurre en el sub-judice, porque además de declararse que los actores eran hijos del causante, se les reconoció vocación a sucederlo, según la parte motiva de la sentencia recurrida… (AC, 6 mar. 2013, rad. n° 2005-00240-01; reiterada en providencia AC1405, 7 mar. 2017, rad. n° 2012-00228-01).


Ante lo expuesto, de acuerdo con el artículo 341 ibidem, el juzgador de instancia, al conceder la casación el 16 de junio de 2017, debió declarar su ejecutabilidad y, a costa del recurrente Heraclio Cépeda Villate, pedir el pago de las copias necesarias del expediente, manifestaciones que descuellan por su ausencia. Esta omisión no fue objeto de impugnación o solicitud de complementación por ninguna de las partes, quienes simplemente fueron silentes frente a ella.


Ahora bien, dado que el trámite de la casación sólo puede llevarse a cabo previo agotamiento del anterior procedimiento, el cual debe satisfacerse antes del estudio de su admisibilidad, se hace necesario promoverlo directamente por esta Corporación, en aplicación del artículo 12 de la nueva codificación procesal.


Y es que, ante la ausencia de reglas para solventar el yerro anotado, tal anomia deberá superarse «…con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal…» (idem), uno de los cuales es precisamente la economía procesal, que impone «…realizar los fines del proceso con el mínimo de actos…»3. En la presente controversia, en lugar de devolver el proceso al Tribunal y aguardar al trámite, lo que supondría un mayor número de actuaciones, es posible ordenar su realización en esta etapa, por tratarse de un asunto de naturaleza secretarial.


       Esta Sala tiene dicho que «[l]a solución a la omisión del ad-quem, apelando a una interpretación pro-recurso y a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, será la de señalar el carácter «ejecutable» del fallo y brindar la oportunidad respectiva para pagar las copias, so pena de la sanción procesal respectiva» (AC3763, 17 jun. 2016, rad. n.° 2014-00111-01).


4.        Con fundamento en lo expuesto y como no existe ofrecimiento de prestar caución para impedir el cumplimiento de lo resuelto por el fallador de segundo grado, se declarará que la sentencia es susceptible de ser cumplida y se ordenará el pago de las expensas para las copias necesarias a dicho propósito (entre ellas, del libelo, las contestaciones, los poderes otorgados por los contendientes a sus mandatarios judiciales y los fallos de ambas instancia) y su envío al funcionario de primer grado.


5.        Para no afectar al recurrente con una decisión que debió ser tomada por el Tribunal, la cual puede derivar en la declaratoria de deserción de la impugnación concedida, se dispondrá que el presente auto se notifique mediante anotación en estado y, además, se comunique a Heraclio Cépeda Villate y a su apoderado por el medio más expedito y eficaz.


6. También se ordenará que por Secretaría se informe al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, lo aquí determinado, remitiendo un ejemplar de la misma, para lo que estime pertinente.


DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:


       Primero. Declarar que la sentencia de 30 de mayo de 2017, proferida dentro del proceso de la referencia, contiene mandatos ejecutables.


Segundo. Disponer que el recurrente, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, so pena de que se declare desierto el recurso de casación, suministre las expensas para tomar copia auténtica de la demanda, las contestaciones, los poderes otorgados por los contendientes a sus mandatarios judiciales, así como de las sentencias de primera y segunda instancia.


       Tercero. Comunicar al Tribunal de origen este proveído.


Cuarto. Ordenar que por Secretaría:


(i) Se computen los términos de rigor;


(ii) Se remitan las reproducciones, en el caso que sean pagadas a tiempo, al juzgado de primera instancia competente, para hacerse efectivo el cumplimiento de la sentencia;


(iii) Se deje la constancia en caso que no sean satisfechas las erogaciones aquí dispuestas;


(iv) Informar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, de esta determinación y remitirle copia de la misma; y


(v) Comunicar esta providencia al impugnante y a su apoderado por el medio más expedito y eficaz.


Notifíquese.





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado



1 La Oralidad y las Pruebas en el proceso Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aíres, 1972, p. 382.

2 CSJ AC2965 17 may. 2016, radicación n° 73001-31-03-006-2010-00529-01, entre muchos otros.

3 Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial B de F, Buenos Aires, 2007, p. 184.