AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC6897-2017
(Aprobado en sesión de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
Decídese sobre la admisión del escrito que sustenta el recurso de casación interpuesto por Héctor Manuel Camelo Hernández, frente a la sentencia de 23 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que promovió contra Mariela Guerrero y Marco Fidel Hernández Nieto, al cual se vinculó a Luz Marina Arango Orozco como litisconsorte.
1. Al tenor de la demanda, el promotor solicitó se ordenara el registro del título a su nombre del predio identificado con matrícula inmobiliaria 050N-0674151, así como condenar a los demandados a su restitución y apercibirlos para que no realicen actos de perturbación o despojo.
2. En compendio (folios 25 a 28 del cuaderno 1), el accionante sustentó sus pretensiones en que es poseedor ininterrumpido del fundo por más de treinta (30) años, con actos tales como la instalación de cercas, entrada de vehículos automotores y construcción de una caseta de vigilancia.
Aseveró que los demandados promovieron una querella para recuperar la posesión, la cual no fue concedida por la autoridad de policía, quien decretó la preservación del status quo sobre el inmueble, por lo que en los últimos ocho (8) meses no se han adelantado trabajos de ninguna clase; empero, aquéllos rompieron los cerramientos, destruyeron la edificación y retiraron el automotor, lo que constituye una perturbación de la posesión.
3. Luz Marina Arango Orozco, en su calidad de compradora del terreno, intervino como litisconsorte de los convocados, oponiéndose a las súplicas y formulando la excepción denominada «abuso de derecho» (folios 222 a 224 ibidem).
4. El Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, el 20 de septiembre de 2016 (folios 281-296 ejusdem), denegó las pretensiones, al encontrar que no se promovió una acción de pertenencia que condujera al reconocimiento del derecho de dominio a favor del promotor, y que, al no demostrarse la posesión por un lapso superior a un año en el período previo a la presentación de la demanda, se excluía el amparo deprecado.
5.1. Después de definir la posesión, sus elementos y las características de las acciones para su protección, así como sintetizar los motivos de inconformidad, sostuvo que no se probó la suma de posesiones entre el reclamante y Constantino Camelo López, ya que faltó acreditar los actos de detentación, la causahabiencia y el carácter sucesivo de las posesiones.
5.2. Aclaró que los hechos acaecidos hasta el año 2003 no podían tenerse en cuenta, en aplicación del artículo 70 del decreto 1250 de 1970, por cuanto el 20 de febrero de dicha anualidad se desató la causa por la cual se declaró la prescripción adquisitiva a favor de Marco Fidel y Mariela.
5.3. Manifestó que, para el éxito de la acción posesoria, debió demostrarse la tenencia con ánimo de señorío con mínimo un año de antelación, sin que la prueba testimonial sirviera para estos fines, pues los deponentes relataron hechos no invocados en la demanda, como la cría de ganado y chivos, así como el funcionamiento de un establecimiento de comercio; además, hicieron aseveraciones generales, no dieron razón de su dicho, y omitieron referirse a la extensión o características del predio, o sobre las condiciones en que principió la tenencia con señorío.
Respecto a las providencias emanadas del Consejo de Justicia de Bogotá, encontró que la página 8 no se allegó y que la 11 está repetida. En todo caso, advirtió que su contenido no da cuenta de la posesión tranquila e ininterrumpida del demandante, pues la autoridad de policía únicamente analizó si los querellantes tenían esta calidad, la cual no encontró acreditada.
Explicó que la orden de conservar el estatus quo no exoneraba al promotor de probar sus actuaciones como señor y dueño del inmueble.
5.4. Estimó que no había identidad, entre el dictamen pericial, la querella y la demanda, respecto al área del terreno pretendido, sin que el juzgador pudiera constatarla por la imposibilidad de practicar la inspección judicial, a pesar de haberse programado en varias ocasiones.
5.5. En punto al contrato de arrendamiento arrimado con la demanda, determinó que únicamente se refiere a una porción del predio, según se advierte en la copia del documento que obra en el expediente. En todo caso, echó de menos las pruebas que dieran cuenta de su ejecución en el año 2009.
Advirtió sobre discrepancias entre la mencionada convención, los hechos de la demanda y las demás pruebas, pues en el líbelo introductorio no se relacionó la construcción de una casa e instalación de servicios públicos; de otro lado, los testigos no depusieron sobre el arrendamiento del terreno a terceros, sino que sostuvieron que el demandante lo usó de manera directa.
5.6. Juzgó que la falta de contestación de la demanda era un indicio grave contra los convocados, sin que fuera plena prueba de la posesión por el término de un año, ante la ausencia de otras inferencias convergentes.
En cuanto al interrogatorio, echó de menos que el a quo diera aplicación al artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, en punto al acta en que debían precisarse los hechos que se presumían ciertos por la inasistencia a la absolución, aspecto que no fue cuestionado ni controvertido en el proceso, por lo que descartó su mérito demostrativo.
Por último arguyó que, si bien el juez puede extraer indicios de la conducta procesal de las partes, lo cierto es que en el sub examine no se probó la comisión de una hecho punible de fraude procesal, por lo que la mera aseveración del promotor en tal sentido es insuficiente.
6. Interpuesto el recurso de casación en tiempo, se sustentó el 1 de agosto de 2017 (folios 7-30 del cuaderno Corte), el cual contiene un (1) ataque, que deberá ser inadmitido por inobservar los requisitos de técnica exigidos para este remedio extraordinario.
CARGO ÚNICO
Con base en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se acusó la sentencia por violación indirecta de los artículos 762, 764, 768, 769, 778, 780 y 792 del Código Civil, como consecuencia de error de derecho por infracción de los artículos 174, 176, 187, 194, 248, 249, 250, 252, 255, 258, 264, 279 y 407 de la citada codificación procesal.
Advirtió que la posesión alegada se fundamentó en una anterior ejercida por 50 años, de lo cual dan cuenta los testimonios que, de buena fe y coherentemente, relataron conocer al convocante hace más de 30 anualidades, así como sus actividades de explotación del predio -cría de ganado, cercamiento y renta de una cancha de tejo-.
Criticó que se negara mérito suasorio a las decisiones de primera y segunda instancia de la Inspección 11 A de Policía de Suba y del Consejo de Justicia, respectivamente, por tratarse de copias de copia auténtica, cuando su análisis en conjunto con los indicios graves derivados de la no contestación de la demanda y la confesión por la inasistencia al interrogatorio, probaban la posesión.
Enfatizó que los documentos de la querella por ocupación de hecho debían ser valorados, en virtud de la prevalencia del derecho sustancial, su naturaleza pública y (i) el reconocimiento implícito con el acto de aportación, sin trámites adicionales; (ii) la posibilidad de allegar al proceso copias sin exigencia de autenticidad, según el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil; (iii) el carácter de prueba sumaria del escrito aportado (artículo 279), siendo deber de la parte contraria controvertirlo; y (iv) la inexistencia de una disposición que permita al juez restar eficacia a un documento que se anexa en reproducción simple. En todo caso, aseguró que se trata de escritos provenientes de los demandados, por cuanto fueron emitidos en la querella que promovieron, lo que excluye la aplicación de las normas relativas a documentos emanados de terceros.
Citó los artículos 252 del Código de Procedimiento Civil, 11 de la ley 446 de 1998 y 11 de la ley 1395 de 2010, para relievar que estas normas «apuntan a eliminar de la maraña de procedimentalismos, la tenaza de la autenticación, que desconoce los parámetros del principio de la buena fe» (folio 16), en soporte de lo cual transcribe acápites de varias sentencias y autores locales.
Aseguró que el Tribunal interpretó inadecuadamente el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, al negar mérito probatorio a las piezas escritas allegadas con la demanda, sin advertir que la contraparte era la encargada de tachar su falsedad o exigir la exhibición del original.
También encontró desatendidos los preceptos sobre indicios, «puesto que está plenamente probado que los demandados NO CONTESTARON LA DEMANDA y debió decretarse LA CONFESIÓN DE LOS MISMOS… con las consecuencia que ello acarrea. En el sub judice, ocurrió todo lo contrario, [porque] se dejaron de tener estos indicios en contra de los demandados, y se favorecieron con una sentencia absolutoria» (folio 17).
Concluyó que se tergiversaron las normas probatorias en una especie de denegación de justicia. «Es que ni siquiera se ve una operación mental de parte del Sentencia de segundo grado frente a la argumentación que se le hizo al sustentar el recurso de alzada, donde se expuso todo el material probatorio que tenía a su alcance, en especial la prueba documental» (folio 19).
CONSIDERACIONES
1. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario, en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, según el artículo 333 del Código General del Proceso.
Por esta naturaleza, los artículos 344, 346 y 347 ibidem establecen un listado de requerimientos para la demanda de casación, so pena de deserción de la impugnación o inadmisión del escrito de sustentación. Sobre el particular, en palabras que conservan vigor, tiene dicho esta Corporación:
[P]ara que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P.C.) (AC, 28 nov. 2012, rad. n° 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 may. 2010, rad. n° 2004-00623-01).
En concreto, el interesado deberá formular sus reproches a través de cargos separados, «con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa» (el numeral 2 del artículo 344). Para lo cual, deberá indicar la causal esgrimida y, de argüirse la violación de normas de derecho sustancial, identificar la vía (directa o indirecta) y el error (de hecho o de derecho).
2. Cuando se alega la vulneración de normas de derecho sustancial, el reproche debe ser simétrico a las premisas del fallo cuestionado1, de suerte que el casacionista las controvierta en su integridad, so pena que el embiste sea incompleto y deba ser inadmitido.
Total que, por la finalidad de la casación, es una carga del promotor derruir todos los fundamentos de la sentencia, de suerte que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte, imponiéndose su anulación. En caso contrario, la resolución se apoyará en las bases no discutidas y conservará su valor jurídico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentación del remedio extraordinario.
La Sala ha manifestado:
[E]l censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la línea argumental contenida en aquel proveído, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que ‘…los cargos operantes en un recurso de casación no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (…) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es así porque en casación se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que éste, a su turno, pueda alegar con éxito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido’ (Subrayado original. AC, 29 oct. 2013, rad. n° 2008-00576-01).
Por ello, el citado artículo 344 del Código General del Proceso exige que los cargos sean completos (numeral 2), en el sentido que no basta con denunciar que el Tribunal incurrió en equivocaciones, sino que debe existir un ataque de todos los argumentos de la sentencia, de suerte que si prospera, ésta se quiebre por la falta de sustentáculo.
Conviene recordar el pensamiento de la Corte:
‘…el recurso de casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado’ (…) En la misma providencia, se añadió que ‘…para cumplir con la exigencia de suficiente sustentación de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa’. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la línea argumental contenida en aquel proveído… (Subrayado original. AC2869, 12 may. 2016, rad. nº 2008-00321-01. Reitera el precedente AC, 29 oct. 2013, rad. nº 2008-00576-01).
3. Empero de lo comentado, en el embiste bajo estudio, el promotor centró sus razonamientos en las pruebas documentales e indicios, como demostrativas de la posesión, sin atacar uno de los soportes esenciales del fallo de segundo grado, como es que el amparo no era procedente por la falta de certidumbre sobre la delimitación del bien pretendido.
Repárese que el Tribunal, después de analizar la improcedencia de la suma de posesiones y de desestimar que estuviera probada la detentación con ánimo de señorío, sostuvo:
Otro aspecto analizado por el a quo y que ciertamente arroja serias dudas e impide conceder las pretensiones del extremo demandante, concierne a la determinación del predio sobre el que alega ejercer posesión. En el dictamen pericial practicado en el proceso, para describir el área del predio, el perito refirió la información contenida en el boletín catastral así: área de terreno 18.724 mts2 y construida 81.47 mts2; de igual forma se destacó el área contenida en el plano del lote: área del terreno 19.263,40 mts2 y área construida 103.50 mts2. Nótese además que, en la providencia emitida por el Consejo de Justicia de Bogotá, se indica que la querella se inició denunciando perturbación de la posesión de los querellantes sólo en una parte del predio objeto de las pretensiones, mientras que en esta actuación el demandante aseguró que es poseedor de todo el inmueble con matrícula inmobiliaria 050N-0674151 y cédula catastral SBR818, circunstancia que no pudo constatarse por el a quo dado que en el sub lite no se practicó inspección judicial pese a que se programó en varias ocasiones (negrilla fuera de texto, minuto 12:06:03 de la audiencia).
Reliévese que, para el órgano colegiado, las súplicas debían negarse porque las pruebas recaudadas no daban certeza sobre la extensión del fundo, frente a lo cual el casacionista fue silente, pues se limitó a insistir en la demostración de la tenencia con ánimo de señor y dueño, sin referirse a la identidad entre el inmueble poseído y el ocupado de hecho.
Este vacío pone en evidencia que el ataque no fue completo, por dejar de lado un razonamiento cardinal del proveído que pretende derribar, motivo suficiente para desestimar el estudio de la demanda de casación.
Y es que, así se diera razón al recurrente en sus reflexiones, la sentencia de 23 de marzo de 2017 se mantendría incólume, pues aún de consentirse que existe prueba de la posesión desde hace treinta (30) años, de ello no se sigue que haya claridad sobre la extensión del predio cuyo amparo se reclama, como lo concluyó el Tribunal, máxime cuando en la querella policiva y en el contrato de arrendamiento se mencionaron fundos de menor extensión que integraban otro de mayor mensura, mientras que en la demanda se pretende el globo total.
Así las cosas, por incompleto, deberá repelerse el estudio del cargo.
4. Para abundar en razones, se tiene que el reproche carece de claridad, pues está huérfano de la justificación necesaria para demostrar cómo se violaron las normas de derecho sustancial, en tanto el promotor se circunscribió a enlistar algunas disposiciones del Código Civil sin precisar la forma en que fueron desatendidas.
Al respecto, tiene por admitido esta Corporación que «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CSJ, AC7705, 11 nov. 2016, rad. n° 2012-00367-012). En concreto, «es indispensable atacar la providencia… por cuanto no se aplicó la regla en la que -se considera- debía subsumirse la controversia… y también en razón de haberse recurrido en forma impertinente a la que se empleó en lugar de la primera» (CSJ, AC, 17 feb. 2014, rad. n° 2008-01311-01, reiterada AC2186, 3 ab. 2017, rad. n° 2006-00316-01).
De no satisfacerse esta carga, el ataque está condenado al fracaso, al existir una desconexión entre los yerros in judicando fustigados al Tribunal y el marco normativo que aplicable al fondo del litigio, que lo hace incomprensible, omisión que mal podría ser superada por esta Corporación, amén del carácter dispositivo del mecanismo extraordinario.
Esta Corte tiene decantado que:
[S]in distinción de la razón invocada, deben plantearse las acusaciones mediante un relato concatenado y claro, de tal manera que de su desprevenida revisión emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando en virtud del principio dispositivo que gobierna el recurso, no puede la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes en este aspecto… Lo anterior porque, no son admisibles apuntaciones abstractas y sin aptitud para afectar los argumentos bastiones del fallo combatido… (AC2194, 30 ab. 2014, rad. n° 2007-00175-01).
Esto fue lo que sucedió en el sub lite, porque el promotor citó como conculcados siete (7) cánones del Código Civil, que en su mayoría, valga acotarlo al margen, carecen de condición de normas de derecho sustancial -artículos 7623, 7644, 7685, 7696-, sin explicar la forma en que fueron desatendidos y su relevancia.
Así, no se dilucidó cómo el ad quem desatendió las reglas sobre suma de posesiones, en concreto, las pruebas que demostraban sus elementos -las posesiones anterior y posterior, la causahabiencia y el carácter ininterrumpido-. Tampoco se explicó la relevancia para el caso de las presunciones consagradas en el artículo 780, tales como que quien «ha empezado a poseer en nombre ajeno, se presume igualmente la continuación en el mismo orden de cosas», o que «si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega». Por último, nada se dijo del canon 792, relativo a la recuperación de la detentación.
En suma, el ataque carece de razonamientos que permitan encadenar los dislates con las normas supuestamente violentadas, con el objeto de derruir los fundamentos de la providencia impugnada y mostrar la trascendencia de las equivocaciones, por lo que se impone su rechazo.
Al margen de los reparos frente a su autenticidad [se refiere a las providencias del Consejo de Justicia de Bogotá], que ciertamente podrían superarse por tratarse de una copia de copia auténtica, en todo caso, el mencionado documento en modo alguno es demostrativo de los elementos de hecho extrañados por el a quo al momento de negar las súplicas de la demanda, esto es, de la posesión tranquila e ininterrumpida por el término de un año ejercida por el actor, al punto que en la misma providencia se expuso ‘no le compete a la inspección de policía ni a esta instancia determinar si el querellado ejercía posesión o tenencia en el inmueble, sino verificar la que el querellante ha de ser tenedor y/o poseedor del bien inmueble, que se le ha impedido el goce de esta relación, y que hay una relación entre los hechos de despojo o perturbación y el querellado’ (esto está a folio 13). Tal argumento es coherente con lo dispuesto en el artículo 125 del decreto 1355 de 1970, vigente a la fecha de trámite de la querella, el cual pregona: ‘la policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia de alguien que tenga sobre el bien y en caso de que haya violado ese derecho para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación’ (Negrilla fuera de texto, minuto 12:04:26 de la audiencia)
Sobre este tema, esta Corporación planteó:
Pasó por alto la recurrente que ‘la precisión que se exige del recurrente en casación reviste capital importancia, no solamente en el entorno patrio sino en otras latitudes, pues el ataque, indefectiblemente, debe dirigirse a la esencia misma de los fundamentos del juzgador, a la propia médula de los anclajes de la decisión, para que la autoridad casacional pueda distinguir ‘una cosa de otra’.
De igual forma, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, el fenómeno del desatino de la acusación ocurre ‘cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos disímiles’, por lo que las razones del casacionista ‘carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisión, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura.’ (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638) (AC, 30 ag. 2010, Rad. n° 1999-02099-01).
No queda ninguna duda que… se violó todo entendimiento de la prueba de indicios, que se consagra en los artículos 187, 248[,] 249 y 250 ibidem, esto es así, puesto que se está plenamente probado que los demandados NO CONTESTARON LA DEMANDA, y que debió decretarse LA CONFESIÓN DE LOS MISMOS, pues así lo establece la ley procesal, con las consecuencias que ello acarrea. En el sub judice, ocurrió todo lo contrario, que se dejaron de tener estos indicios en contra de los demandados, y se favorecieron con una sentencia absolutoria (folio 17 reverso ejusdem).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casación presentada por Héctor Manuel Camelo Hernández dentro del proceso de la referencia.
1 CSJ, AC222, 3 oct. 2006, rad. n° 2001-00127-01.
2 En igual sentido AC7879-2014, rad. n° 2008-00267-01; AC 6828-2014, rad. n° 2009-00051-01; AC3493-2014, rad. n° 2003-00122-01; AC5525-2015, rad. n° 2008-00681-01; entre muchas otras.
3 CSJ, SC039, 30 mar. 2006, exp n° 1994-23434-01.
4 CSJ, SC030, 30 may. 1978.
5 CSJ, SC050, 24 feb. 1998.
6 Idem.