LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
AC7533-2017
(Aprobado en sesión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
La Corte procede a decidir sobre la admisión de la demanda de casación formulada por la parte actora, frente a la sentencia proferida el 19 de octubre de 2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario promovido por Distribuciones y Representaciones HR & Cía. S. en C. contra Héctor Iván Rodríguez Martínez, Héctor Rodríguez y Edgar Tróchez.
1.1. La demandante, en esencia y de manera principal, solicitó declarar la nulidad absoluta de los contratos de compraventa con pacto de retroventa recogidos en las escrituras públicas Nos. 2023 de 6 de mayo de 1997 y 1978 de 30 de abril del mismo año, mediante las cuales la empresa convocante transfirió a Héctor Iván Rodríguez Martínez el inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 370-398064, y a Héctor Rodríguez, el distinguido con la Nº 370-419683.
Como pretensiones consecuenciales de las anteriores, impetra la cancelación de los citados instrumentos públicos y de los derivados de ellos en los protocolos y registros, junto con el reintegro de los inmuebles a la demandante, debidamente purificados.
Igualmente requiere declarar que entre dichas personas no fue celebrado ningún contrato, ordenar tanto la cancelación en el protocolo, como el registro de dicha escritura, e igualmente, disponer el reintegro del bien a la demandante, previa la purificación correspondiente.
2.1. La accionante en sustento de sus pretensiones manifiesta que todas estas tienen relación con los contratos de compraventa con pacto de retroventa contenidos en las escrituras públicas 2023 de 6 de mayo de 1997 y 1978 de 30 de abril del mismo año, otorgadas en la Notaría 3ª del círculo de Cali, mediante las cuales, en el primer instrumento, la sociedad Distribuciones y Representaciones H.R. y Cía. S. en C. aparece transfiriéndole a Héctor Iván Rodríguez Martínez la casa Nº 10 del Conjunto Residencial El Jardín de La María, con matrícula inmobiliaria Nº 370-398064 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali -en adelante, «la casa»- y, en el segundo, vendiéndole a Héctor Rodríguez el lote ubicado en Jamundí, distinguido con el folio de M.I. Nº 370-419683, -con posterioridad, «el lote»-, cuando tales negocios tienen como causa común, el préstamo de dinero que los citados convocados le efectuaron a la demandante.
Adicionalmente carece de objeto y causa lícita, si se tiene en cuenta que el artículo 2422, concordante con el 1203 ibídem, prohíben el pacto comisorio o toda estipulación con la cual el acreedor se apropie de la garantía, por medios distintos a su intervención como licitante victorioso en el remate o en la adjudicación que se le haga, si la almoneda es declarada desierta.
2.3. En este asunto, comenta, los referidos demandados, frente a la solicitud de un mutuo dinerario, le propusieron prestarle a la demandante la suma de $100.000.000 con la condición de que ella suscribiera un contrato de compraventa con pacto de retroventa, disfrazando así el crédito otorgado y apropiándose directamente, en contra de lo dispuesto por la ley, del señalado bien raíz, el cual figura enajenado por Héctor Iván Rodríguez Martínez a Edgar Tróchez.
2.4. La suma de $100.000.000 que en la cláusula cuarta de la escritura 2023 se hizo constar como precio pagado por la casa, realmente corresponde al capital prestado a la accionante, quien se obligó a cancelarlo el 31 de diciembre de 1998.
2.5. En dicho convenio, Héctor Iván Rodríguez Martínez figuró como mandatario aparente de su padre Héctor Rodríguez, quien realmente efectuó el préstamo a la sociedad Distribuciones y Representaciones H.R. y Cía. S. en C.
2.6. Héctor Rodríguez, mediante Escritura 1978 de 30 de abril de 1997, igualmente celebró con la compañía antes mencionada, una segunda convención de mutuo comercial, también disfrazada como «contrato de compraventa con pacto de retroventa», sobre el lote, préstamo por el cual está cobrando intereses de mora sobre los de plazo, por valor de $42.269.985, liquidados entre el 9 de agosto de 1997 y 9 de mayo de 1999.
2.7. El pacto recogido en la escritura 2023 de 6 de mayo de 1997, anota, es relativamente simulado, toda vez que el verdaderamente celebrado fue el de mutuo comercial por $100.000.000, en donde actuó como mandatario aparente de Héctor Rodríguez, su hijo Héctor Iván Rodríguez Martínez, pues quien realmente prestó el dinero, fue aquél. Este, además, a través de la escritura Nº 3602 de 10 de septiembre de 1999, efectuó un aparente contrato de compraventa con Edgar Tróchez, persona cercana a Héctor Rodríguez.
2.10. En este caso, Héctor Rodríguez le propuso a la demandante prestarle $35.000.000 a condición de que suscribiera un contrato de compraventa con pacto de retro venta, lo cual acaeció, circunstancia que le permitió a aquel apropiarse del inmueble, no obstante que la real convención fue la de mutuo por aquella suma, que la demandante se comprometió a pagar el 31 de diciembre de 1998.
2.11. La cantidad de $20.000.000 que se hizo constar en la cláusula tercera del aparente contrato de compraventa con pacto de retroventa, contenido en la escritura 1978 de 30 de abril de 1997, como precio pagado, en la realidad corresponde a una parte de los $35.000.000 prestados.
2.12. El mutuante se encuentra cobrando intereses de mora sobre los réditos de plazo, por cuantía de $14.397.077 liquidados entre el 4 de septiembre de 1997 y el 4 de mayo de 1999.
3.1. Dado que la demanda fue dirigida contra Héctor Iván Rodríguez Martínez, Héctor Rodríguez y Edgar Tróchez, así fue admitida con auto de 22 de marzo de 2000, proferido por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali, (f. 93 c. 1.).
3.2. Mediante providencia de 2 de abril de 2001, se ingresó al estadio probatorio (f. 245), luego de lo cual, con escrito presentado el 23 de noviembre de 2005 (f. 338), el apoderado de la parte demandante solicitó «citar a los señores María del Pilar Restrepo Bustamante y Carlos Andrés Mejía Saldarriaga (…) como litisconsortes del demandado Edgar Tróchez».
3.3. Con decisión de 30 de noviembre de 2005, fueron citadas dichas personas «como litisconsorcio necesario (sic)» (f. 341).
3.4. Contra el anterior proveído fue interpuesto recurso de reposición y subsidiariamente de apelación (f. 354), pretendiéndose su abrogación, bajo el argumento de que esos terceros vinculados no son causahabientes del demandado. Negada aquella impugnación, se concedió ésta, y mediante determinación de 28 de febrero de 2007, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, lo revocó.
En sentir del ad quem, «en tratándose de la acción de simulación, la demanda debe dirigirse contra todas las personas que fueron parte en el negocio que se pretende simulado y si en la demanda se omitió la citación de alguna de ellas, debe el juez citarlas como litis consorcio necesario»; no obstante, agregó, en este caso la citación efectuada a los antes mencionados no era viable por cuanto «no son parte del negocio cuya simulación se pretende y por lo tanto mal puede llamárselos al proceso como litis consorcios necesarios».
Para la Corporación de segundo grado, «la integración ha debido hacerse en la demanda, si a ello había lugar, no pudiendo hacerse ni en forma oficiosa, ni a través de una simple petición en cualquier etapa del proceso, como aquí ocurrió, de allí que la petición que hace la parte demandante debe negarse y por lo tanto revocarse el auto protestado (…)» (f. 63 C. de. Tribunal).
3.5. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia de 14 de mayo de 2015, el a quo negó las pretensiones de la demanda, al no hallar estructurados los requisitos para declarar la nulidad absoluta, ni la simulación pretendida.
4.1. Al desatar la apelación propuesta por la parte actora, la Sala Civil del Tribunal Superior de la capital del Valle del Cauca, a través de la sentencia recurrida en casación, revocó la de primer grado, para en su lugar, declarar relativamente simuladas las compraventas contenidas en las escrituras públicas Nos. 1978 de 30 de abril de 1997 y 2023 de 6 de mayo de 1997, al considerar que lo realmente celebrado entre las partes, fueron unos contratos de mutuo con garantía, en cuantía de $35.000.000 y $100.000.000.
Como consecuencia de ello, declaró la nulidad absoluta, por objeto ilícito, y por ende de la tradición, de la garantía constituida en dichos instrumentos públicos, dispuso tomar nota al margen de éstos, advirtiendo que el relacionado con la casa, no producía efectos contra María del Pilar Bustamante Restrepo, dispuso las respectivas restituciones mutuas y condenó en costas a los demandados.
4.2. En respaldo de su determinación, el ad quem descartó la existencia de la nulidad absoluta al considerar que el pacto de retroventa se encuentra permitido por la ley en el artículo 1939 del Código Civil; no obstante, agrega, mediante dicho negocio, las partes, en lugar de la transferencia del dominio de los inmuebles, quisieron celebrar un contrato de mutuo con garantía, por $100.000.000 y $35.000.000.
4.3. A partir de evaluar las pruebas recaudadas, especialmente las indiciarias, el sentenciador concluyó la presencia de una simulación relativa para lo cual analizó cada uno de los instrumentos contentivos de esos negocios.
4.3.1. Así, en cuanto atañe al «contrato contenido en la Escritura Pública No. 1978 de 30 de abril de 1997 de la Notaría Tercera del Circuito de Cali», señaló que habría de tomarse nota al margen de ella y oficiarse a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali para realizar las anotaciones pertinentes en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 370-419683, sin advertirse la necesidad de ordenar su restitución a la demandante al no existir prueba indicativa de haber sido entregado por ésta al demandado o a un tercero, circunstancia que relevaba a esa Corporación, de adoptar determinación respecto de frutos y mejoras.
4.3.2. Y en cuanto al contrato recogido en el instrumento público Nº 2023 de 6 de mayo de 1997, mediante el cual se dice enajenar a favor de Héctor Iván Rodríguez Martínez, la casa Nº 10, el sentenciador hizo ver que luego de la celebración del acto simulado, dicho comprador vendió ese bien a Edgar Tróchez, igualmente demandado, y éste, a su vez, mediante Escritura Pública Nº 4590 del 31 de octubre de 2003, se la enajenó a María del Pilar Restrepo Bustamante, quien dijo tener sociedad conyugal vigente con Carlos Andrés Mejía Saldarriaga, «personas estas que optaron por no realizar pronunciamiento alguno en el proceso».
4.4. A partir de ello, se dispuso analizar los efectos de la simulación frente a terceros adquirentes, señalando, con base en criterios jurisprudenciales y doctrinarios trascritos, que la ley los protege, pues «contra dichos terceros no pueden oponerse los pactos privados de las partes».
Por tanto, consideró «que contra la señora María del Pilar Restrepo Bustamante -actual adquirente del bien- no puede producir ningún efecto la simulación que aquí se declara, máxime cuando -partiendo de que la buena fe se presume- no se demostró -ni siquiera se mencionó- por parte del demandante que ésta hubiere obrado de mala fe, además de que la adquisición del inmueble si bien la realizó en el transcurso de este proceso, ello tuvo lugar antes de que fuera inscrita la presente demanda».
Lo mismo, agrega, puede concluirse respecto de Edgar Tróchez, pues aunque la parte actora le atribuye conocer la simulación de la E.P. 2023 de 6 de mayo de 1997, tal cognición no se desprende de su interrogatorio de parte, pues allí sólo se limitó a manifestar que le había comprado el inmueble a Héctor Iván Rodríguez quien le expresó que esa casa era de una sociedad administrada por Harold Holguín y si bien indicó que los demandados habían referido como fundamento de la firma del E.P. 2023, un préstamo realizado a la demandante, «también dijo no saber si la suma de $100.000.000,oo que se hicieron constar como precio del inmueble en realidad correspondían al préstamo otorgado por el señor Harold Rodríguez a la sociedad actora».
Para el juzgador, cuando en el negocio de compraventa con pacto de retroventa se devela un contrato de mutuo con garantía, se infringen los artículos 2422 y 2448 del Código Civil, pues según jurisprudencia de esta Corte que cita, «el acreedor prendario no puede disponer de la cosa prendada, como también (…) le está vedado apropiársela por medios distintos de los autorizados por la ley», con lo cual se pretende proteger al deudor.
A pesar de la derogatoria de la citada prohibición establecida en aquella norma, agrega, debido a que la misma se hallaba vigente al momento de la celebración y ejecución del contrato, e inclusive, cuando se presentó la demanda, es dable su aplicación, lo cual permite analizar la nulidad absoluta invocada por la actora.
Al respecto, expone, como en ambas escrituras se estipuló el pacto de retroventa, cuando en realidad ellos contienen unos contratos de mutuo con garantía, consistente en la transferencia provisional y luego definitiva del lote y casa referidos en las escrituras públicas 1978 de 30 de abril de 1997 y 2023 de 6 de mayo de 1997, entonces, la cláusula, según la cual, el «acreedor adquiere definitivamente la propiedad de los bienes si el deudor no paga los valores acordados: capital e intereses», al infringir las precitadas normas, se configura la nulidad absoluta por objeto ilícito, pero sólo «de la garantía así estipulada» y no de la totalidad del convenio.
Esa invalidez, anota el Tribunal, «[no puede] irradia[r] los mismos efectos a la escritura pública No. 3602 de 10 de septiembre de 1999, aclarada mediante E.P. 3707 de 17 de septiembre de 1999, la cual contiene la compraventa celebrada sobre el mismo bien entre Héctor Iván Rodríguez Martínez y Edgar Tróchez, pues (…) la sentencia declarativa de nulidad de un acto jurídico no trae como efecto propio de ella la invalidez de los negocios jurídicos celebrados con terceros adquirentes (…)».
No obstante, añade el fallador, como el adquirente Edgar Tróchez fue demandado y vinculado al proceso en debida forma, entonces, contrario a lo sucedido con la simulación, la declaración de nulidad absoluta aquí dispuesta, sí da derecho a reivindicar contra él.
Sin embargo, aclaró, no puede predicarse lo mismo, «respecto de la señora María del Pilar Restrepo Bustamante, última adquirente del bien, pues ésta no fue demandada en el presente asunto y si bien se buscó su vinculación como litisconsorte necesaria, finalmente (aunque alcanzó a ser notificada) dicha decisión fue revocada por es[a] Corporación en providencia de 28 de febrero de 2007, en la cual se expuso que ‘[su] integración (…) ha debido hacerse en la demanda, si a ello había lugar, no pudiendo hacerse ni en forma oficiosa, ni a través de una simple petición en cualquier etapa del proceso, como aquí ocurrió (…)’».
4.5 Analizó luego, si era o no viable deducir la sanción prevista en el artículo 72 de la ley 45 de 1990, por cuanto según la parte demandante, los accionados cobraron intereses en exceso, concluyendo que no, por falta de acreditación de esa circunstancia.
4.6. Luego de descartar la nulidad absoluta, el Tribunal emprendió el estudio de la simulación absoluta y al respecto señaló, que de acuerdo con la doctrina, frente a terceros, se considera legalmente válido el acto simulado, pues «la base de la protección de los terceros descansa en la consideración de que éstos han obrado sin tener conocimiento adecuado del vicio que afectaba al título de su causante en el negocio que se tacha de simulado, y que en razón de tal ignorancia, procedieron bajo la persuasión de que no iban a perjudicar el legítimo derecho del propietario».
A pesar de lo anterior, agregó, resulta inviable la invocación de esa protección legal cuando ese tercero conocía la simulación del título de su antecesor, y sin embargo celebró con éste el contrato encaminado a adquirir los derechos sobre la cosa materia de simulación, pues en tal caso, se destruye la buena fe y hace al tercero cómplice del acto fraudulento.
Bajo ese mismo sustento doctrinario, expone que la ley ha establecido en favor de los terceros, la presunción de la buena fe, la cual subsiste mientras nadie la discuta «o no se demuestre la mala fe con que ha obrado el tercero, caso en el cual caerá la presunción -que es simplemente legal- y con ella el amparo que le otorga la ley».
Por tanto, precisa, «cuando la parte actora demanda a terceras personas que negociaron el bien sobre el cual tiene interés, debe demostrar ante todo la mala fe del adquirente (…) [pues éste] no puede sufrir los efectos de un fallo que declare la simulación de un contrato precedente».
Así mismo, aludió a las excepciones propuestas por los demandados y a los efectos de las declaraciones que debía efectuar, las cuales concretó en la parte resolutiva, como ab initio se indicó.
5.1. La accionante formuló un único cargo, con fundamento en la causal 2ª del artículo 336 del Código General del Proceso, respecto de los numerales 5º, 6º, 9º, 10º y 11º, de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal, la cual acusa parcialmente de violar indirectamente los artículos 1740, 1741, 1746, 1748 y 752 del Código Civil «con infracción adicional del Inc. Tercero del Art. 52 del C.P.C., del Inc. Tercero del Art. 60 del C.P.C., del Art.62 de C.P.C., del Art. 174 del C.P.C., Inc. Primero del Art. 304 del C.P.C., Inc. Cuarto del Art.305 del C.P.C».
Lo anterior, como consecuencia del error de hecho incurrido por dicho sentenciador, al «no ver probado, estándolo, que la señora María del Pilar Restrepo Bustamante, como tercera poseedora y titular de una relación sustancial, derivada del traspaso de la casa No. 10 del Conjunto Residencial El Jardín de la María, distinguida con la M.I. # 370-398064, que le hizo el demandado Edgar Tróchez, durante el transcurso del proceso (iniciado en febrero 1 de 2000), mediante Escritura # 4590 de octubre 31 de 2003 Not. 3ª de Cali, en ejercicio de la facultad prevista en el Inc. Tercero del Art. 60 del C.P.C., sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa y por tal razón y como consecuencia de los efectos de que trata el Art. 1748 del C. Civil, también le alcanzan o se le extienden los efectos jurídicos de la nulidad absoluta por objeto ilícito y por ende de la tradición, de la garantía que constituyeron las partes en la E.P. # 2023 de Mayo 6/97 – Nota. 3ª de Cali, declarada mediante el Num. Cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia de octubre 19 de 2016, quedando cobijada por la cosa juzgada».
5.2. La equivocación del sentenciador, anota, se concretó al expresar que los señores María del Pilar Restrepo y su cónyuge Carlos Andrés Mejía «optaron por no realizar pronunciamiento alguno en el proceso», cuando sí intervinieron, y ese error lo llevó a que en el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo dispusiera «[tomar] nota de esta decisión al margen de las Escrituras Públicas Nos. 1978 de 30 de abril de 1997 y 2023 de 6 de mayo de 1997 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, dejándose en este último instrumento público la advertencia de que ésta no produce efectos contra señora María del Pilar Bustamante Restrepo (…)».
5.3. Refiere como pruebas demostrativas de que esta señora «sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa», las siguientes:
5.3.1. El poder otorgado al abogado Germán Alberto Quintero Rojas, facultándolo para hacerse parte en el proceso y hacer todo lo que en derecho corresponda para defender su titularidad del derecho de dominio y posesión ejercido pacíficamente sobre el aludido inmueble.
5.3.2. El auto de 8 de junio de 2006, mediante el cual el juzgado de conocimiento le reconoció personería al referido profesional, «para actuar en los términos y para los fines que constan en el poder conferido».
5.3.3. La intervención realizada por María del Pilar Restrepo Bustamante, vista a folio 646, generadora del auto de 15 de mayo de 2013, por medio del cual se negó la cancelación del registro de la demanda solicitada para el inmueble inscrito en el folio matrícula 370-398064.
Dicha decisión, agrega, se produjo en respuesta al oficio 3702013EE05542 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, debido a un derecho de petición radicado ante ella por el abogado Germán Alberto Quintero Rojas en representación de María del Pilar Restrepo y otro, quien solicitó a dicha entidad la cancelación del registro de la demanda en el mencionado folio inmobiliario.
5.4. Luego de citar a un doctrinante colombiano quien alude a la intervención del litisconsorcio cuasinecesario, reitera, que como la señora María del Pilar Restrepo Bustamante decidió concurrir e intervenir en este proceso, «también le alcanzan o se le extienden los efectos jurídicos de la nulidad absoluta por objeto ilícito y por ende de la tradición de la garantía que constituyeron las partes en la E.P. # 2023 de mayo 6/97 – Nota. 3ª de Cali, declarada mediante el Num. Cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia (…) quedando cobijada por la cosa juzgada».
5.5. En sentir del casacionista, cuando el Tribunal emitió el auto del 28 de febrero de 2007, por medio del cual revocó la vinculación de la aludida señora, como litisconsorte necesario, se fundó en el criterio del doctrinante citado, reconociendo que respecto de ella, se presentaba un caso de litisconsorcio cuasinecesario, y por ello, dicho juzgador expuso que su «integración ha debido hacerse en la demanda, si a ello hubiere lugar, no pudiendo hacerse ni en forma oficiosa, ni a través de una simple petición en cualquier etapa del proceso, como aquí ocurrió (…)».
No obstante, agrega, ese mismo doctrinante, en una obra de edición posterior, corrigió lo señalado en la anterior, respecto de la referida clase de intervención litisconsorcial, precisando que tal interviniente «entra al proceso de manera voluntaria, no es menester su citación y lo toma en el estado en que lo encuentre, por cuanto no se le da un plazo adicional para solicitar pruebas, como sí se previó para los litisconsortes necesarios».
Destaca que de todas formas, cuando se solicitó la citación de María del Pilar Restrepo y Carlos Andrés Mejía, no se hizo en calidad de litisconsortes necesarios, «sino simplemente como litisconsortes del demandado Edgar Tróchez» y por lo tanto, no era necesaria la revocatoria del auto de 30 de noviembre de 2005, sino su aclaración en tal sentido, de donde entonces, la providencia de 28 de febrero de 2007 dictada por el Tribunal, es ilegal.
Y respecto del lote con matrícula inmobiliaria Nº 370-419683 ubicado en Jamundí, considera, deben revocarse los numerales octavo y noveno, consecuencia de lo cual, igualmente ha de ordenársele a Héctor Rodríguez, que lo restituya a la demandante.
Así mismo, considera el recurrente, los demandados Héctor Iván Rodríguez Martínez, Héctor Rodríguez, Edgar Tróchez, y la tercera interviniente María del Pilar Restrepo Bustamante, deben ser condenados en abstracto y en forma solidaria, a restituir o pagar en favor de la demandante, todos los frutos civiles o arrendamientos de la casa No. 10 antes citada, desde el 10 de mayo de 2001, fecha de su entrega al convocado Edgar Tróchez, hasta el día de su restitución definitiva, cuya liquidación se efectuará conforme al inciso 3º del artículo 283 del C.G.P., pues ha de tenerse en cuenta que los contratos de mutuo con intereses, según la sentencia recurrida, quedaron vigentes.
Todo lo anterior, enfatiza, al haberse demostrado los yerros manifiestos y trascendentes que llevaron al Tribunal «a no ver probado, estándolo, que la señora María del Pilar Restrepo Bustamante (…) sí concurrió e intervino en el proceso que nos ocupa (…)».
5.7. Con base en lo anterior, solicita casar parcialmente la sentencia recurrida, para que en el numeral 5º de su parte resolutiva, se extiendan los efectos de la nulidad absoluta declarada en el numeral 4º, a los terceros adquirentes Edgar Tróchez y María del Pilar Restrepo Bustamante, ordenando tomar nota, no sólo en las referidas escrituras 1978 y 2023, sino en la 3602 de 10 de septiembre de 1999, aclarada mediante la Nº 3707 de 17 del mismo mes y año otorgadas en la Notaría 3ª de Cali, e igualmente en la Nº 4590 del 31 de octubre de 2003 de la Notaría 2ª de la indicada ciudad, por medio de las cuales, respectivamente, el demandado Héctor Iván Rodríguez Martínez, le traspasó a Edgar Tróchez la mencionada casa número 10 y, éste a su vez, a María del Pilar Restrepo Bustamante, quien la afectó a vivienda familiar en favor de su esposo Carlos Andrés Mejía Saldarriaga.
5.9. También solicita revocar los numerales octavo y noveno para en su lugar disponer la restitución de la supracitada casa Nº 10 y del lote, a la demandante, pues respecto de aquel inmueble, recalca, se acreditó que la compradora María del Pilar Restrepo Bustamante «sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa»1.
El recurso de casación, en general, ha sido considerado como un mecanismo de impugnación, no de todas, sino de algunas providencias judiciales y por los motivos expresamente señalados en el derecho positivo, lo cual le confiere su carácter extraordinario, permitiendo evidenciar notoriamente la diferencia entre las competencias ejercidas por las autoridades judiciales de instancia y las de la Corte Suprema, cuando se pronuncia como Tribunal de casación.
En punto de la fundamentación técnica de las causales que viabilizan el recurso extraordinario de casación, conviene señalar de manera genérica y sucinta, que debe estar dirigida a demostrar los errores incurridos por el juzgador de segunda instancia en el proferimiento de su fallo, lesivos de la legalidad de éste, o en otros términos, está orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría aquel en una tercera instancia, no prevista por la ley.
En consecuencia, tal reproche se dirige a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si la decisión combatida extraordinariamente está o no ajustada al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal, sin desconocer, claro está, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonomía para apreciar los medios demostrativos, según los dictados de la sana crítica, esto es, se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlos con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas tanto de la ciencia, como de la experiencia.
La señalada exigencia se impone, en atención a los fines del recurso de casación previstos en el artículo 333 del Código General del Proceso, uno de los cuales se encauza a «controlar la legalidad de los fallos».
Si lo anterior es así, dentro de los objetivos de la señalada impugnación extraordinaria se halla el análisis, tanto de las condiciones jurídicas previstas en las disposiciones legales sustanciales aplicables al caso (causales 1ª y 2ª), como las que involucran los preceptos reguladores de aspectos procesales (motivos 3º, 4º y 5º), atendiendo los límites determinados por el recurrente, sin perjuicio de la excepcional posibilidad de la casación oficiosa.
En punto de la adecuada sustentación de la demanda de casación, el artículo 344 del referido ordenamiento procesal, fija los requisitos para su admisión, los cuales son de estricta observancia.
Así entonces, le compete al recurrente formular por separado los respectivos cargos, especificando, «en forma clara, precisa y completa» los fundamentos de cada acusación.
Cuando se plantea la violación indirecta, contentiva de los supuestos insertos en la causal segunda del precepto 336 ibídem, por errores de hecho y de derecho, debe abstenerse de acudir a aspectos fácticos no debatidos en las instancias.
Cuando se invoca «error de hecho», le incumbe indicar en qué consiste y cuáles son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las cuales recayó el yerro concerniente a la apreciación de su contenido material.
Adicionalmente, deberá probar el desacierto fáctico, evidenciando que su ocurrencia devino de pretermisión o suposición total o parcial de la demanda, su contestación o de los medios de prueba, o por alteración de su contenido material, ya por adición o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversación arbitraria o ilógica del respectivo texto.
En el evento de denunciarse la infracción de las normas de derecho sustancial regulatorias del asunto materia del litigio, como consecuencia de errores jurídicos, o yerros fácticos o de derecho, es indispensable incluir la disposición legal que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida, sin que se requiera integrar una proposición jurídica completa.
Además, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por la presunción de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual ha de efectuar una crítica concreta, coherente, simétrica y razonada frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicación de los fundamentos generadores de la infracción a la ley, evidenciar la trascendencia del desatino y referirse a todos los pilares de la decisión, pues si esto último no acaece y alguno de los no atacados le sirven de sustento, la decisión debe permanecer inalterable, lo cual conlleva a que se torne innecesario el estudio de algún otro yerro enrostrado.
La «precisión» exigida por la norma últimamente citada, implica que el impugnante debe orientar su ataque contra los reales fundamentos de la providencia cuestionada, pues de distanciarse de ellos, el reproche no puede ser admitido.
En otras palabras, si el recurrente denuncia aspectos ajenos a los soportantes del proveído, aunque relacionados con la cuestión resuelta, no hay lugar a su admisión, por ubicarse al margen del ámbito de conocimiento del recurso de casación. De ahí entonces, que el reparo debe tener como punto de mira los verdaderos fundamentos del fallo y no otros, pues si esto ocurre, aquél resulta desenfocado y ello trunca su prosperidad.
La acometida efectuada con desconocimiento del señalado requisito, se arruina, al no tener aptitud para invalidar la decisión disputada, pues aún de admitirse el defecto, la decisión se mantendrá incólume al estar soportada en premisas diferentes.
En relación con esta exigencia, la Sala, entre otras determinaciones, en CSJ AC 30 nov. 2012, Rad. 2006-00277-01, recordó:
«‘la acusación del censor debe encerrar una ‘crítica simétrica’ de la sentencia cuestionada, es decir, debe contener un discurso argumentativo que guarde rigurosa coherencia lógica y jurídica con las razones expuestas por el juzgador’ (…), a más que debe revestir tal contundencia que enfrentada la tesis del casacionista con la del Tribunal ‘y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya’ (…).
‘Cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos disímiles, queda claro, que éstos carecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisión, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma razón anotada, le resta todo mérito de prosperidad a la censura’ (…)».
En relación con este último aspecto, dado que la impugnante edifica el error de hecho sobre el supuesto de que el juzgador no vio «que la señora María del Pilar Restrepo Bustamante, (…), sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa», puesto que confirió poder a un apoderado, a quien le fue reconocida personería y elevó petición de levantamiento de una cautela decretada, en realidad, esas actuaciones de índole procesal, en este particular asunto, no pueden catalogarse como medios probatorios, respecto de los cuales se haya afectado su materialidad u objetividad.
Si conforme al numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, constituye causal de casación, entre otros desatinos, «[l]a violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de (…) error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba», entonces la formulación del cargo con fundamento en esas actuaciones rituales, en el actual escenario, al no comprender auténticos elementos probatorios, desborda la vía indirecta escogida y trunca su estudio bajo las hipótesis del yerro fáctico.
En esa medida, como el cuestionamiento del censor alude a un tema de «intervención de terceros» en el juicio y a unos actos procesales que la recurrente denuncia inadvertidos, se reitera, de presentarse el supuesto señalado por ésta, consistente en no haber visto que la mencionada María del Pilar sí compareció e intervino, circunstancia que valga anotar, no fue desconocida por el ad quem, tal reproche no encajaría dentro de los que desde el punto de vista fáctico prevé el apartado 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, aspecto por el cual, la censura propuesta resulta inadmisible.
En este asunto, se recuerda, la sociedad Distribuciones y Representaciones H.R. y Cía S. en C. demandó a los señores Héctor Iván Rodríguez Martínez, Héctor Rodríguez y Edgar Tróchez, pretendiendo, en esencia, la declaratoria de nulidad absoluta de unos negocios de compraventa con pacto de retroventa, o la simulación de ellos, con todos los efectos que la respectiva declaración conlleva, puesto que lo celebrado fueron unos contratos de mutuo comercial por los montos indicados en las escrituras como precio de las enajenaciones, préstamos éstos cuyo reconocimiento igualmente impetra.
En el estadio probatorio se citó como litisconsorte necesario a la última adquirente de la casa Nº 10 y a su cónyuge, pero el Tribunal revocó tal llamado, por no haberse dirigido demanda en su contra y no ser viable una simple citación en cualquier tiempo.
Dicho juzgador, al desatar la apelación propuesta por la demandante contra el fallo de primer grado, entre otras determinaciones, declaró relativamente simulados los negocios de compraventa con pacto de retroventa, al considerar que lo realmente celebrado por las partes, fueron unos contratos de mutuo con garantía sobre los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 370-419683 y 370- 398064. Declaró así mismo la nulidad absoluta de esa garantía y adoptó las respectivas medidas consecuenciales, dentro de ellas, las anotaciones al margen de las correspondientes escrituras públicas, pero con la advertencia de que, en relación con la Nº 2023 de 6 de mayo de 1997, ese reconocimiento judicial «no produce efectos contra la señora María del Pilar Bustamante Restrepo», última adquirente del precitado inmueble.
Para el Tribunal, esa determinación se soportaba en que la aludida señora «no fue demandada en el presente asunto (…) [pues] si bien se buscó su vinculación como litisconsorte necesaria, finalmente (aunque alcanzó a ser notificada) dicha decisión fue revocada por es[a] Corporación en providencia de 28 de febrero de 2007, en la cual se expuso que ‘[su] integración (…) ha debido hacerse en la demanda, si a ello había lugar, no pudiendo hacerse ni en forma oficiosa, ni a través de una simple petición en cualquier etapa del proceso, como aquí ocurrió (…)’ (…), con lo cual, claro está, quedó descartada su comparecencia a este proceso».
Adicionalmente señaló, que María del Pilar Restrepo Bustamante y su esposo Carlos Andrés Mejía Saldarriaga, «optaron por no realizar pronunciamiento alguno en el proceso».
Así mismo, reflexionó que en tratándose de negocios simulados «contra (…) [lo]s terceros no pueden oponerse los pactos privados de las partes», por virtud de la presunción de buena fe que los asiste.»
Se soportó, así mismo en jurisprudencia que citó, según la cual, «la base de la protección a los terceros descansa en la consideración de que éstos han obrado sin tener conocimiento adecuado del vicio que afectaba al título de su causante en el negocio que se tacha de simulado, y que en razón de tal ignorancia, procedieron bajo la persuasión de que no iban a perjudicar el legítimo derecho del propietario».
Y en concreto, respecto de la última titular del derecho de dominio de la casa consideró: «contra la señora María del Pilar Restrepo Bustamante -actual adquirente del bien- no puede producir ningún efecto la simulación que aquí se declara, máxime cuando -partiendo de que la buena fe se presume- no se demostró -ni siquiera se mencionó- por parte del demandante que ésta hubiere obrado de mala fe, además de que la adquisición del inmueble si bien la realizó en el transcurso de este proceso, ello tuvo lugar antes de que fuera inscrita la presente demanda».
La impugnante reprocha parcialmente el fallo del ad quem, por estimar que vulneró indirectamente la ley sustancial debido al error de hecho incurrido, por «no ver probado, estándolo, que la señora María del Pilar Restrepo Bustamante, como tercera poseedora y titular de una relación sustancial (…), sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa y por tal razón y como consecuencia de los efectos de que trata el Art. 1748 del C. Civil, también le alcanzan o se le extienden los efectos jurídicos de la nulidad absoluta (…) quedando cobijada por la cosa juzgada»2.
Como puede percibirse, el impugnante lejos de cuestionar los verdaderos razonamientos del sentenciador, emprendió su ataque contra uno distinto, tendiente a hacer ver, se repite, «que la señora María del Pilar Restrepo Bustamante, (…), sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa», cuando aquel, nunca sostuvo esa falta de concurrencia e intervención; más bien, aceptó «su vinculación como litisconsorte necesaria», solo que al no haber sido demandada, esa Corporación revocó la determinación del a quo que la había citado.
En tales condiciones, si el Tribunal estimó que no era viable extenderle los efectos de la simulación a la mencionada señora porque no había sido demandada, se trataba de una tercera de buena fe, la parte demandante no había demostrado, ni siquiera insinuado «que ésta hubiere obrado de mala fe», y había adquirido el inmueble «antes de que fuera inscrita la presente demanda», y el casacionista le enrostra error fáctico a aquél por «no ver probado, estándolo, que la señora María del Pilar Restrepo Bustamante, como tercera poseedora y titular de una relación sustancial (…), sí concurrió e intervino dentro del proceso que nos ocupa», es evidente el desenfoque de la acusación y su consecuente ineptitud para admitirla.
En efecto, dejó indemne el razonamiento del Tribunal, según el cual no era viable extenderle a señora María del Pilar Restrepo Bustamante los efectos de la simulación relativa y de la nulidad absoluta de la garantía por él declaradas, porque no había sido demandada, era una tercera adquirente que estaba protegida por la ley, pues «contra dichos terceros no pueden oponerse los pactos privados de las partes».
Tampoco enfrentó cabalmente la consideración atinente a que debía presumirse la buena fe de la mencionada compradora, «máxime cuando (…) no se demostró -ni siquiera se mencionó- por parte del demandante que ésta hubiere obrado de mala fe».
Así mismo quedó a salvo la motivación, según la cual las consecuencias de la simulación no podían cobijarla debido a «que la adquisición del inmueble, si bien la realizó en el transcurso de este proceso, ello tuvo lugar antes de que fuera inscrita la presente demanda».
En tales condiciones, si como ha quedo visto, el censor omitió refutar la totalidad de los argumentos esgrimidos por el sentenciador para decidir en la forma como lo hizo y los no removidos le sirven de apoyo al fallo combatido, es claro entonces, que esa deficiencia técnica impide la admisión del cargo.
En cuanto a la completitud del reproche, la Sala ha reiterado la necesidad de acatar esta exigencia, so pena de tornarlo inidóneo. Así se aprecia entre otros, en fallo CSJ SC, 11 abr. 2014, rad. 2005-00685-01, en donde reprodujo lo siguiente:
«(…) ‘[P]or vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya predicado repetidamente [la Corte] que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (…)’».
Igualmente, en proveído CSJ SC, 17 ene. 2013, rad. 2005-00244-01 recordó:
«[R]ecurrir en casación implica algo más que mostrar desacuerdo con las decisiones; necesarísimo es que el recurrente, en tanto que el blanco de su ataque sea la sentencia, por sobre todo, y antes que ensimismarse en su propio parecer, enristre contra las argumentaciones que el sentenciador tuvo en mira para apuntalar el mérito que finalmente otorgó a las pruebas; porque es evidente que mientras éstas no sean derribadas, habrá que tenerlas por ciertas dada la presunción de legalidad que las ampara’, de manera tal que, si ‘las…motivaciones del Tribunal no son combatidas por el impugnador, el rechazo de la acusación se impone».
Recuérdese que la demostración del error de hecho en la apreciación de los medios de persuasión implica patentizar que el yerro judicial es contraevidente y fácilmente perceptible, debido a su prominencia. En esa medida, solamente una conclusión absurda podrá acarrear el colapso del fallo, siempre y cuando su incidencia en él, sea determinante.
Así lo tiene precisado la Sala, como se evidencia, entre otros, en fallo CSJ SC 26 nov. 2010, rad. 2007-00116-01, cuando, reiteró:
«Es palmario, entonces, que tan solo cuando el yerro del fallador brota con absoluta claridad es posible abrirle paso a la casación, vale decir, únicamente en aquellos casos en que incurra en una equivocación protuberante y trascendente, de donde se desprende que la acusación que no se dirija a enrostrarle vicios de esa envergadura no pasará de ser inane, como lo será igualmente la que se apoya en fundamentos dubitativos, toda vez que al no corresponder ninguno de tales supuestos a las reseñadas exigencias, habrá de otorgarse prevalencia a los razonamientos que el juez de segundo grado haya dejado sentados en el fallo, como quiera que ‘el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, ‘luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (…)».
Así mismo, en punto de la acreditación del yerro, en providencia CSJ AC3241-2017, recordó:
«No basta… la simple enunciación de la acusación o cargo, sino que debe trascenderse al terreno de la demostración, haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, al punto de hacer rodar al piso la resolución combatida. El discurrir extraordinario, en consecuencia, debe ir más allá de meras afirmaciones inopinadas, cuya sustracción traduce en una simple protesta de instancia. (…)».
En este asunto, la Corte tampoco encuentra satisfecha esta exigencia técnica, pues la censura omitió demostrar la insensatez del discurrir judicial concerniente a que no era viable extender los efectos de la decisión a la última adquirente de la casa Nº 10, señora María del Pilar Restrepo Bustamante, por no haber sido demandada, ser una tercera de buena fe y haber adquirido dicho inmueble, antes de inscribirse la demanda.
Lo anterior, en otros términos, implica que no se acreditó la razón por la cual, en este particular asunto, resultaba innecesario que la accionante dirigiera una pretensión concreta contra la última adquirente de la casa, o que fuera vinculada respetándosele las garantías procesales y probatorias legalmente establecidas, tendiente a lograr que con sustento en la causa de esa reclamación o relación jurídica debatida, la cosa juzgada irradiara sus efectos hacia ella.
Téngase presente que la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el impugnante extraordinario sin que resulte admisible en esa dirección, una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones minuciosas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme es reclamado por la ley.
Dicho en otras palabras, no develó cuál era la incidencia de los supuestos medios de persuasión en el fallo proferido, o cómo éste podía ser cambiado si se removiera la consideración del juzgador, según la cual, la misma había optado «por no realizar pronunciamiento alguno en el proceso» y por el contrario, se admitiera, con base en el mandato otorgado para ser representada en esa actuación, en el auto de reconocimiento de personería a su apoderado y en la solicitud de cancelación del registro de la demanda, que sí había concurrido e intervenido.
Lo anterior evidencia que el impugnante se quedó en el umbral del reproche, pues aunque lo enunció, no lo desarrolló, como le correspondía y menos evidenció su trascendencia, de donde entonces, esas falencias comprometen la idoneidad del cargo.
En tales condiciones, como a la Corte le está vedado suplir las deficiencias del ataque, debido al carácter dispositivo que es connatural a esta vía impugnativa, no puede corregir los errores por ella advertidos, así sean protuberantes, so pena de mutar la naturaleza del medio de opugnación extraordinario que se estudia.
Por tanto, como la impugnante se dirigió a exponer su particular apreciación, sin demostrar el error de hecho y su trascendencia, la Corte no puede menos que respetar la valoración del juzgador, pues la sola discordancia entre la opinión del recurrente y el criterio del ad quem no constituye motivo de casación.
De conformidad con lo analizado en precedencia, en virtud de que la acusación planteada no satisface las formalidades técnicas antes señaladas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del artículo 346 del C.G.P., la inadmisión de la demanda de casación, debe ser la consecuencia.
Adicionalmente, no hay lugar a desconocer las deficiencias técnicas advertidas para asumir el estudio de fondo de la demanda, como lo permiten los preceptos 333 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, porque no se vislumbra que en el proceso se haya incurrido en quebranto a la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, o a los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, como tampoco a los derechos constitucionales de los intervinientes en el litigio, ni trasgredido el principio de legalidad regente del juicio.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casación formulada por la sociedad Distribuciones y Representaciones HR & Cía. S. en C., frente a la sentencia de 19 de octubre de 2016, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario por aquella promovido contra Héctor Iván Rodríguez Martínez, Héctor Rodríguez y Edgar Tróchez.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, por conducto de la Secretaría.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Todas las negrillas insertas en este acápite hacen parte del texto original.
2 Negrillas originales.