LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC7722-2017

Radicación: 11001-31-03-032-2015-01098-01

Aprobado en Sala de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete


Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).


Se decide sobre la admisión de la demanda de Esperanza Fonseca Rodríguez, dirigida a sustentar el recurso de casación, respecto de la sentencia de 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por la recurrente contra Transportes Montejo S.A.S., Temporales Uno A Bogotá S.A. y La Previsora S.A. Compañía de Seguros.


1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. Se contrae a la declaración de responsabilidad civil de las demandadas, respecto de los perjuicios causados a la actora por la muerte de Óscar Leonardo Cárdenas Fonseca, su hijo, y como consecuencia, la imposición de la condena respectiva. 

1.2. La causa petendi. El referido causante, Ingeniero Electrónico, con estudios especializados, a los 24 años de edad, obtuvo su primer empleo en la empresa Trasportes Montejo Limitada, ahora S.A.S., el 2 de diciembre de 2009.

El 23 de enero de 2010, el empleador asignó al novel trabajador una misión laboral, asociada con el trasporte de un transformador, carga extra pesada y extra dimensional.


En el itinerario, luego de un alto en el camino para vigilar el paso por debajo de un puente, al reanudar la marcha, el conductor del vehículo pesado no se percató que el ingeniero ocupaba un lugar distinto al asignado.


Lo anterior desencadenó en accidente de trabajo, pues el joven profesional “resultó atrapado debajo del tráiler”, sufriendo traumatismos y su posterior deceso el 19 de febrero de 2010.


El tipo de trabajo en misión de trasporte requería capacitar al empleado. Sin embargo, en los documentos respectivos existían inconsistencias y las firmas atribuidas al causante eran de dudosa autenticidad.


1.3. Los escritos de réplica. Las interpeladas se opusieron a las súplicas, alegando, en general, ausencia de responsabilidad, en cuanto el infortunado suceso era atribuible exclusivamente a la víctima, puesto que su labor en ese momento, en calidad de asistente de modulares (equipos hidráulicos para transportar carga especial), se circunscribía a rodear el modular y no a montarse sobre el mismo, como así ocurrió, todo lo cual constituía una maniobra no permitida por razones de seguridad.


En particular, Transportes Montejo S.A.S., por no ser la empleadora del fallecido, ni la propietaria del rodante; Temporales Uno A Bogotá S.A., porque en la relación laboral, las órdenes e instrucciones debía darlas, al trabajador en misión, la propia transportadora o usuaria del servicio; y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, por cuanto su obligación, derivada de una póliza de seguro, se supeditaba a la responsabilidad del dueño del tracto camión, no demandado, Luis Fernando Montejo Riaño. 


1.4. La sentencia del Tribunal. Confirma el fallo absolutorio del Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Oralidad de Bogotá, adiado el 13 de febrero de 2017.


1.4.1. El juzgador precisa, ante todo, que la responsabilidad demandada se hizo derivar de haberse asignado a Óscar Leonardo Cárdenas Fonseca, la ejecución de una labor para la cual no solo carecía de experiencia, sino también de la capacitación suficiente.


Encuadrado el caso, por tanto, en la culpa probada del empleador o patrono, así el fallecimiento del citado haya ocurrido en el ejercicio de una actividad peligrosa, para el fallador, en el plenario no existía prueba alguna demostrativa de la negligencia, impericia o temeridad de encomendar un trabajo a una persona ayuna de las circunstancias dichas, dirigidas a la movilización del transformador.


En sentido contrario, dice, militaba en la actuación los testimonios de Edwin Maldonado, Carlos Casallas y Ramón Flórez, quienes conteste y uniformemente dieron cuenta de la capacitación, todo corroborado con el manual de funciones entregado y la constancia de inducciones, sin que la alegada dudosa autenticidad haya sido acreditada. 


Si bien, Óscar Leonardo Cárdenas Fonseca, no tenía experiencia, la orden laboral no resultaba temeraria, pues en el proceso se acreditó que el resorte de auxiliar de modulares era de señalización, atención y cuidado sobre la operación, nada más. En todo caso, no se probó que esa precisa actividad requería mayor preparación y experiencia.


La culpa de los demandados, agrega, tampoco quedaba demostrada con la escasa visibilidad entre el conductor del vehículo cama baja y la víctima, pues la cuadrilla de participantes en la expedición tenía como propósito vigilar y controlar la faena, avisando de los posibles riesgos y dificultades que llegaren a presentarse.

 

1.4.2. Ahora, según el ad-quem, encarado el estudio desde la óptica de la culpa presunta, a ningún resultado distinto se arribaría, porque conforme a la investigación levantada por Liberty ARL, lo cual también era predicable de la culpa probada, las funciones adscritas a Óscar Leonardo Cárdenas Fonseca, se satisfacían sin subirse al modular, de donde el intento frustrado de abordarlo constituyó la causa exclusiva del lamentado accidente.


1.5. La demanda de casación. En el único cargo formulado se denuncia la violación de ciertas normas, como consecuencia de errores de hecho probatorios.


1.5.1. Según la censura, en el proceso se acreditó que a Óscar Leonardo Cárdenas Fonseca, se le dieron órdenes y funciones como trabajador en misión, respecto de una actividad considera riesgosa, pero sin la capacitación total, ni tener la experiencia suficiente.


Así, el testigo Edwin Maldonado, no recordaba al causante en la instrucción y no sabía sus roles en la movilización; por su parte, Carlos Casallas, declaró una inducción incompleta, con funciones específicas para el ingeniero, inclusive con prácticas en el patio antes del viaje; y Ramón Flórez, desconocía la capacitación.


En adición, no se tuvo en cuenta, conforme al croquis levantado, que el vehículo fue movido. Tampoco el concepto de la empresa SESVI, acerca de la posibilidad del accidente de una manera diferente a la relatada por los testigos, en cuanto que la cercanía de una persona a las llantas y su giro, hacían probable su aprisionamiento.


Si nadie vio cómo sucedieron los hechos, acota, “se crea la duda razonable”, de donde lo expresado en el “dictamen pericial tiene asidero jurídico y legal”.

1.5.2. Frente a lo anterior, relativo al causante Óscar Leonardo Cárdenas Fonseca, a la sazón enviado en misión de trabajo, en el cargo se concluye que la negligencia, imprudencia e imprevisión de las demandados, esto es, el elemento subjetivo de la responsabilidad demandada, echado de menos por el Tribunal, aparecía acreditado.


En particular, con la prueba de la capacitación insuficiente y de “manera exprés”, de la falta de experiencia del empleado en el transporte a realizar y de la asignación de una labor riesgosa, sin el amparo de un seguro de vida.


Del mismo modo, la ausencia de un croquis levantado por las autoridades de tránsito y el movimiento del vehículo después del accidente, aunado al plano y el concepto de la empresa SESVI, implicaba omisión de procedimientos legales, haciendo, por tanto, “prever la responsabilidad”. 


1.5.3. Solicita, en consecuencia la recurrente, casar la sentencia del ad-quem, revocar el fallo del juzgado y acceder a las pretensiones.


1.6. Siendo ese, en lo esencial, el contenido del cargo propuesto, se procede a examinar su idoneidad formal.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor partir el 1º de enero de 2016, por ser el plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el proceso se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.


2.2. Suficientemente es conocido, el estudio de fondo de la demanda dirigida a sustentar un recurso de casación, debe sujetarse a los requisitos señalados en el artículo 344 del Código General del Proceso, so pena de ser declarada inadmisible, cual lo previene el artículo 346, ibídem.


Entre otros, el numeral 2º impone al recurrente la carga de formular separados los cargos “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa”, esto es, inteligible, exacta y envolvente.


La ratio legis estriba en que como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia equivocada la apreciación jurídica o probatoria del juzgador; o en caso positivo, si la respectiva acusación es enfocada o suficiente.


Por esto, en la hipótesis de abordarse temas paralelos, vale decir, ajenos a los argumentos basilares de la decisión, o si siéndolos, no los comprende todos, en cualquier evento no habría lugar a ningún estudio de mérito, pues al seguir en pie los fundamentos nodales soslayados, por sí, le seguirían prestando base firme, de donde, al margen del acierto del Tribunal, desde lo formal, la falta de precisión o suficiencia de la acusación, impediría avanzar la marcha.


2.3. En el caso, como se recuerda, el Tribunal no solo analizó la cuestión debatida desde el punto de vista de la culpa probada, sino también, frente al ejercicio de actividades peligrosas, en la óptica de su presunción.


Si bien, con independencia del acierto, lo primero no lo halló acreditado, cierto es, en uno y otro caso, esto es, también bajo el supuesto de la prueba de ese elemento subjetivo, el juzgador dejó sentado que contra las pretensiones igualmente conspiraba, con incidencia en el nexo causal, un eximente de responsabilidad, consistente en la culpa exclusiva de la víctima.      


Lo anterior, porque conforme al material existente, si la “(…) función de vigilancia que cumplía Óscar se satisfacía sin subirse al modular, el intento frustrado de abordarlo se constituye en la causa generadora exclusiva del accidente, conclusión a la que se llegó en la investigación que sobre accidente laboral realizó Liberty ARL (…)”.


En el cargo, empero, la recurrente se concentró a poner de presente, contrariamente a lo concluido por el sentenciador, que en el proceso se había demostrado la negligencia, imprudencia e imprevisión de las demandadas, pasando por alto confutar la presunción de legalidad y acierto de ese otro argumento basilar, suficiente, por sí, inclusive en la hipótesis de los errores de hecho enrostrados, para seguir sosteniendo la decisión.


Se trata, en consecuencia, de un valladar que relevaría a la Corte de una decisión de mérito. Al fin de cuentas, como tiene explicado, en doctrina que mantiene vigencia, “(…) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”1.


2.4. No se desconoce, al tenor de los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificados por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, esta Corporación se encuentra facultada bien para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o para ejercer un control de legalidad.


2.4.1. Sin embargo, llevado el caso al estadio de dictar sentencia, tampoco se ameritaría un análisis material en los ámbitos de constitucionalidad o de convencionalidad2, al observar la Corte que al interior del proceso la demandante recurrente mantuvo intactas las garantías de defensa y contradicción, al punto de recurrir en casación, sin que las decisiones adversas, por sí, le allanen el camino para la protección nomofiláctica de su eventual derecho subjetivo.


Con mayor razón, cuando en el contexto de lo esbozado se “plantea la duda razonable”, siendo que tanto la declaración de responsabilidad como el recurso de casación incontrastablemente deben fundarse en la certeza. Además, porque así esté probada la “omisión o negligencia”, o se presuma, al no confutarse la conclusión sobre la ausencia del nexo causal, debe entenderse que sobre el particular no se incurrió en ningún defecto superlativo.

2.4.2. En la óptica de la selección positiva, respecto de los fallos objeto de pronunciamiento, todo a efectos de unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer el control de legalidad, tampoco habría lugar a la actuación de la Corte.


En particular, porque de la recensión efectuada no aparecen involucrados temas relacionados directamente con la aplicación o alcance de una norma de derecho sustantivo, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.


2.5. En ese orden, relevado cualquier estudio de mérito, no queda alternativa distinta que procederse acorde con en el artículo 346 del Código General del Proceso.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE



LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de la Sala)


MARGARITA CABELLO BLANCO

(Ausencia justificada)



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.

2 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 1972.