LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
Aprobado en Sala de trece de septiembre de dos mil diecisiete
Bogotá, D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Se decide sobre la admisión de la demanda de Nimia del Rosario Ariza Díaz y Bairo José Rodríguez de la Cruz, Cindy Jhoana, Jenifer María y Bairo José Rodríguez Ariza, dirigida a sustentar el recurso de casación contra la sentencia de 28 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario incoado por los recurrentes contra EPS Saludcoop, ARL La Equidad Seguros de Vida y Hugo José Zuleta Angulo.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. Los demandantes solicitaron declarar a los convocados responsables de los perjuicios irrogados por el “mal procedimiento quirúrgico” realizado a Nimia del Rosario Ariza Díaz, el cual le dejó como secuela una “radiculopatía L5 bilateral”.
1.2. La causa petendi. Por causa de sufrir un accidente, Nimia del Rosario Ariza Díaz fue diagnosticada con “anterolistesis grado II, L5 sobre S1”, conllevando a realizarle una cirugía lumbar de “reducción de listesis más instrumentación con tornillos transpendiculares y barra”.
No obstante, la evolución “post-operatoria” de la citada señora no fue satisfactoria, por cuanto padeció una disminución de la sensibilidad de la pierna izquierda con “déficit motor”, situación que según concepto de varios expertos, tuvo lugar por una mala praxis en la operación, recomendando para tal efecto otra intervención quirúrgica; la cual, después de practicada, no corrigió la dolencia, al punto de que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, le determinó un grado de pérdida de la capacidad laboral del 52.9%.
1.3. Los escritos de réplica. Hugo José Zuleta Angulo, resistió las pretensiones, aduciendo la ausencia de culpa y cumplimiento de las obligaciones médico-paciente; EPS Saludcoop, alegó inexistencia de causalidad y riesgos inherentes, destacando que el acto médico reprochado “es de medio y no de resultado”; y la ARL La Equidad Seguros de Vida, invocó en su defensa buena fe y “límite de las prestaciones a cargo de la ARP”.
1.4. El fallo de primer grado. Proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, el 31 de julio de 2015, negó la existencia de responsabilidad, por no acreditarse la mala práctica del galeno Hugo José Zuleta Angulo en la intervención realizada a Nimia del Rosario Ariza Díaz; destacando, además, como adecuada y oportuna la atención en salud brindada a la paciente, por ajustarse a los protocolos científicos respectivos.
1.5. La sentencia de segunda instancia. Confirmó la decisión apelada. En lo pertinente, señaló el Tribunal:
1.5.1. No se probó la culpa del neurocirujano demandado, por cuanto, Nimia del Rosario Ariza Díaz omitió relatar en su primer ingreso hospitalario que “la fractura de sus tres vértebras, la espondilosis y espondilolístesis L5 grado II”, se causaron por caer “sentada” en el piso de un bus que “frenó bruscamente”. El citado galeno, apenas supo de tal hecho, “con el aval” de la EPS Saludcoop, le practicó una “instrumentación lumbar” para recuperar su capacidad motora.
No obstante, añadió, ante la gravedad de la lesión, y por constituir tal acto médico una obligación de medio, no era garantizable su resultado.
1.5.2. Si bien el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal refirió que pudo existir una relación causa efecto entre “la hipoestessia y la cirugía” al producirse una lesión lumbar “comprensiva” por el implante de “tornillos transpendiculares y barras”, cierto es, determinó que dicha complicación era propia de ese procedimiento, descartando una mala praxis profesional.
1.5.3. Igualmente, del concepto del especialista en ortopedia y traumatología, y del resumen clínico, rendidos por los expertos Luis Padilla Drago y Salvador Mattar Díaz, respectivamente, se extraía que la “radiculopatía L5 bilateral” presentada después de la operación, no se derivó de ésta, sino “posiblemente del accidente”.
1.6. La demanda de casación. Tres cargos fueron formulados por el extremo demandante.
1.6.1. En el primero, denuncia la violación de la ley sustancial, como consecuencia de haber incurrido el Tribunal en errores de hecho al apreciar las siguientes pruebas:
El informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y lo consignado en la historia clínica de Nimia del Rosario Ariza Díaz; en esta última, lo atinente al concepto del especialista Juan M. Griego, sugiriendo “el retiro de tornillos transpendiculares isq (sic) a nivel de L.5.S.1. [por ser] la génesis del problema”.
La valoración psicológica elaborada por Jhoana María Álvarez Gaviria, quien precisó sobre el deplorable estado físico y mental de la actora por causa de su “minusvalía” dorsal.
El estudio de “electromiografía y potenciales evocados” realizado por el Instituto de Rehabilitación Issa Abuchaibe Ltda., en donde se concluye que la mencionada señora “tiene signos (…) que evidencian compromiso de moto neurona periférica compatible con una radiculopatía L.5. bilateral activa (sic)”.
Según la censura, si el ad-quem hubiese valorado o analizado correctamente las referidas piezas probatorias, colegiría “mediante indicios y las reglas de la sana crítica”, la negligencia médica del profesional demandado.
1.6.2. En el segundo, encauzado por la vía directa, acusa al Tribunal de aplicar indebidamente los artículos 1495, 1603, 1604, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 2341, 2342, 2343, 2344, 2347 y 2349 del Código Civil.
Lo anterior, en sentir de los recurrentes, porque no realizó el examen de los elementos de la responsabilidad civil, en concreto, los relativos al “daño y el perjuicio”; y al prescindir estudiar el título de imputación “extracontractual” atribuido en el libelo a la EPS Saludcoop.
1.6.3. En el tercero, también rectamente, denuncia la “afectación (sic)” de los preceptos ejúsdem, y los cánones 164, 165, 167 y 176 del Código General del Proceso.
El Tribunal, sostienen los recurrentes, a pesar de reconocer en el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal la relación “causa efecto” entre la lesión comprensiva y la intervención, infirió como ajeno tal aspecto a una actividad negligente del neurocirujano, cuando en realidad la experiencia enseñaba que su resultado obedecía a una mala práctica médica, sobre todo, cuando estaba probado “que la paciente [antes de] ingres[ar] a cirugía, no tenía [radiculopatía L5 bilateral]”.
1.7. Siendo ese el contenido esencial de los cargos propuestos, se procede a examinar su idoneidad formal.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, por ser el cuerpo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el proceso se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.
2.2. Suficientemente es conocido, el estudio de fondo de la demanda dirigida a sustentar un recurso de casación, debe sujetarse a los requisitos señalados en el artículo 344 del Código General del Proceso, so pena de ser declarada inadmisible, cual lo previene el artículo 346, ibídem.
2.2.1. Entre otros, al tenor del parágrafo 1º, la censura debe señalar, por lo menos, las normas de derecho sustancial infringidas, “sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.
Se trata de un requisito primordial, por cuanto en la hipótesis de errores probatorios, nada se sacaría con verificar la existencia material de los medios de convicción en el proceso o con fijar su real contenido objetivo, o darles el alcance jurídico respectivo, si no se indica en dónde cabe el correspondiente ejercicio de subsunción normativa; o siendo pacífica una u otra cosa, cuál fue el precepto inaplicado, mal aplicado o indebidamente interpretado.
De ahí, su incumplimiento deja en principio incompleta la acusación, al decir de la Sala, en doctrina que mantiene vigencia, “(…) en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación”1.
2.2.2. Igualmente, el numeral 2º del canon 344 ejúsdem, impone al recurrente la carga de formular separados los cargos “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa”, esto es, de manera comprensiva, exacta y envolvente.
El requisito de claridad, en consecuencia, obliga a la censura a presentar argumentos combativos determinados e inteligibles, y no contradictorios, salvo que, sin contrariar la objetividad de la respectiva demanda, mediante una interpretación razonable, las inconsistencias se puedan superar.
Así, por ejemplo, al ser de naturaleza distinta los errores in procedendo e iudicando, y dentro de los mismos estricto sensu los jurídicos y los relacionados con hechos y pruebas, no es permitido entremezclarlos. Por eso, el literal a), ibídem, tratándose de la violación directa de la ley sustancial, prohíbe controvertir cuestiones probatorias.
Las exigencias de precisión y completud de la acusación, una vez superado su entendimiento, se relacionan con el thema decissum de la sentencia impugnada. Aluden a la identificación de las razones nodales de la decisión y a la exposición de los argumentos dirigidos a destruirlos, en cuanto así se facilita verificar, en punto a la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocada la apreciación jurídica o probatoria del juzgador, y por ahí derecho si el ataque es enfocado o totalizador.
En ese orden, abordados temas ajenos a los motivos fundantes de la decisión, o si siéndolos no los comprende todos, no habría lugar a ningún estudio de mérito, pues al soslayarse o dejarse en pie algunos de ellos, éstos, por sí, le seguirán prestando base firme, al seguir amparados por la presunción de legalidad y acierto, de donde, al margen del criterio del juzgador de segundo grado, la falta de precisión o suficiencia de la acusación, impediría avanzar la marcha.
2.3. Frente a las anteriores directrices, en el caso, los cargos no reúnen a cabalidad los requisitos formales para llevarlos al estadio de resolverlos en su materialidad.
2.3.1. El primero, porque los censores, al margen de cualquier otra deficiencia técnica, omitieron en forma absoluta señalar las normas sustanciales infringidas.
2.3.2. El segundo peca de impreciso, pues en el litigio nadie discute que la patología padecida por Nimia del Rosario Ariza Díaz haya sido la fuente de su “déficit motor”.
Como se recuerda, el ad-quem asoció la causa de la referida dolencia al accidente que sufrió la actora cuando cayó sentada en el piso de un bus que frenó bruscamente, y al riesgo normal de la cirugía de implante de “tornillos transpendiculares y barras”.
El cargo, en cambio, relaciona el error iuris in iudicando al “daño y el perjuicio”, y a la culpa in eligendo de la EPS Saludcoop por la actuación del neurocirujano accionado.
Contrastado lo expuesto, claramente se nota el desenfoque del cargo, pues mientras el Tribunal enlaza los hechos con el elemento causal, la parte recurrente se traslada a los otros tópicos de la responsabilidad demandada, esto es, a la “culpa” y al “daño y perjuicio”. Además, dicho juzgador desestimó la “mala praxis” del galeno, razón por la cual no había lugar a estudiar el título de responsabilidad endilgada a la mencionada entidad, de donde la censura debió enfilar la acusación a mostrar antes que todo la culpa del profesional de la medicina y no la falta atribuida a la EPS.
La labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporación, “(…) reclama que su crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque (…)”2.
2.3.3. El tercero, porque encauzado por la vía directa, la parte recurrente abandona la cuestión jurídica, en tanto, se adentra a aspectos probatorios, en cuanto se duele de la distorsión del dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal.
Con todo, interpretando con amplitud el cuestionamiento por la vía indirecta, la Corte tropezaría con otro escollo técnico insalvable, puesto que al pervivir la conclusión, según la cual las consecuencias negativas en la salud de Nimia del Rosario Ariza Díaz, tuvieron su causa en el accidente o caída al interior de un bus y en la ausencia de prueba de la culpa del galeno demandado, esto sería suficiente para seguir sosteniendo la decisión impugnada.
2.4. No se desconoce, al tenor de los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el canon 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, que esta Corporación se encuentra facultada bien para proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público, en cuyos eventos, al momento de proferir sentencia, es dable una decisión oficiosa; ya para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o para ejercer un control de legalidad.
2.4.1. Sin embargo, llevado el caso a la fase de dictar sentencia, tampoco ameritaría un análisis material en los ámbitos de constitucionalidad o de convencionalidad3, al observar esta Sala que al interior del proceso, los demandantes, ahora censores, mantuvieron la oportunidad de ejercitar las garantías de defensa y contradicción, inclusive con la posibilidad del recurso extraordinario de casación, sin que el hecho de haber obtenido decisiones adversas, por sí, allane el camino para la protección nomofiláctica de su eventual derecho subjetivo.
Con mayor razón, cuando establecido que las lesiones de Nimia del Rosario Ariza Díaz se originaron en el accidente al interior de un bus, la intervención quirúrgica era necesaria, en tanto, las complicaciones presentadas, conforme al dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, eran comunes a “cualquier cirugía de columna”. De ahí que, al decir del Tribunal, sin implicar tal conclusión arbitraria, “no se haya podido establecer el elemento culpa, teniendo en cuenta que había una enfermedad congénita previa y que al constituirse en una obligación de medios, no era garantizable que (…) la demandante [recuperara] la capacidad motora que tenía previo al accidente”.
2.4.2. En la óptica de la selección positiva, respecto de los fallos objeto de pronunciamiento, todo a efectos de unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer el control de legalidad, tampoco habría lugar a la actuación de la Corte. En particular, porque ante la desestimación de la responsabilidad deprecada, no aparecen involucrados temas relacionados directamente con la aplicación o alcance de una norma de derecho sustantivo, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.
2.5. En ese orden, relevado cualquier estudio de fondo, no queda alternativa distinta que procederse como se previene en el artículo 346 del Código General del Proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de la Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 CSJ. Civil. Sentencia 145 de 1º de octubre de 2004, expediente 7736.
2 CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicación 7864.
3 Colombia se constituyó como Estado parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973, conforme a la Ley 16 de 1972.