MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
AC8255-2017
(Aprobado en sesión de veinticuatro de mayo dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
Procede la Corte a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación formulada por Ligia Patiño Cárdenas, frente a la sentencia de 9 de febrero del 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Casanare, dentro del proceso ordinario que promovieron los señores Martin Patiño Rodríguez, Rosa Stella Patiño Cárdenas, Martín Patiño Cárdenas, Nerida Patiño Cárdenas, Yolanda Patiño Cárdenas, Jerzan Patiño Cárdenas, Nelson Patiño Cárdenas, Omaira Patiño Cárdenas, Oscar Patiño Cárdenas, Constanza Patiño Cárdenas, Ana Judith Patiño Cárdenas, Consuelo Patiño Cárdenas y la recurrente Ligia Patiño Cárdenas en contra de los menores Carolina Patiño Rojas y Adolfo Patiño Rojas representados por su progenitora María Adalia Rojas Ortiz, previos los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. Los promotores de la litis deprecaron que se declarara la nulidad absoluta del negocio jurídico o contrato de donación realizado entre el señor Martín Patiño Rodríguez en calidad de donante y los menores Carolina Patiño Rojas y Adolfo Patiño Rojas en calidad de donatarios, quienes en dicho negocio jurídico están representados legalmente por su madre, la señora María Adalia Rojas Ortiz, contenido en la Escritura Pública N° 1698 del 11 de julio de 2009, otorgada en la Notaría Tercera del Circuito de Sogamoso- Boyacá, y registrada el 10 de septiembre del mismo año, en el folio de matrícula inmobiliaria 475-16534 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo (f. 80 Cd 1); en consecuencia, declarar el restablecimiento de las cosas al estado anterior a la escritura de donación y, por ende, la restitución del bien objeto de dicho negocio a favor del señor Martín Patiño Rodríguez y la cancelación del registro de la escritura pública ya referida.
2. Para fundamentar sus pedimentos los actores refirieron, en síntesis, que el señor Martín Patiño Rodríguez contrajo matrimonio con la señora Elena de Jesús Cárdenas de Patiño, quien falleció el 18 de julio de 1994, y de acuerdo con la escritura N° 512 del 21 de mayo de 2008, de la Notaría Única de Paz de Ariporo contentiva de la división material y adjudicación en sucesión, en la cual se realizó el desenglobe del predio denominado Florencia, ubicado en el paraje Altamira del Municipio de Pore- Casanare.
Del referido predio se sacaron cinco lotes, adjudicándosele al señor Martín Patiño Rodríguez el lote 1, relacionado en la partida de inventarios, a título de gananciales; predio que tiene una extensión superficiaria de 79 Hectáreas 3864 m2, cuyas medidas y linderos se detallan en la demanda, de las cuales éste posteriormente vendió 28 hectáreas al señor Octavio Vargas Fernández, “tal como consta en el Contrato de Promesa de Compraventa de un Lote de fecha de suscripción y firma 9 de julio del año 2008, con la debida autenticación por las partes, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pore-Casanare”.
Mediante escritura pública N° 1698 de fecha 11 de julio de 2009, realizada por la Notaría Tercera del Círculo de Sogamoso –Boyacá y registrada el 1º de septiembre de 2009, el señor Martín Patiño Rodríguez le donó a sus menores hijos extramatrimoniales de nombre Carolina Patiño Rojas y Adolfo Patiño Rojas la parte restante del predio rural denominado Florencia con un área de 53 hectáreas.
Al realizar y/o otorgar la mentada escritura se omitieron los requisitos que exige la ley para esta clase de donación entre vivos, como fue la insinuación, por cuanto el valor de la donación fue estipulado mediante avalúo en la suma de $53.410.000,00 y los donatarios Carolina Patiño Rojas y Adolfo Patiño Rojas son menores de edad, por lo que son incapaces y, a pesar de estar legalmente representados por su madre María Adalia Rojas Ortiz, la insinuación ha debido adelantarse mediante proceso de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado Promiscuo de Familia, lo que genera la nulidad absoluta del acto.
Sumado a ello el señor Martín Patiño Rodríguez es una persona de tercera edad, que padece varias enfermedades, ha tenido varias operaciones y tiene atrofia cerebral, como consta en los documentos médicos y otros que se anexan a la demanda.
3. Con escrito del 13 de julio de 2011 el señor Martín Patiño Rodríguez presentó desistimiento de las pretensiones de la demanda (fl. 109-11 Cd. 1), el cual fue aceptado por el juzgado cognoscente por auto del 24 de agosto de la misma calenda (fl. 113 Cd. 1).
4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo Casanare, el 16 de junio de 2014, profirió sentencia en la que denegó las pretensiones incoadas (fls. 167 a 178 Cd.1).
5. Dicho pronunciamiento, en virtud del recurso de apelación planteado, fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal – Sala Única, el 9 de febrero de 2015 (fls. 10 a 16 Cd. Trib).
6. El fallador de segundo grado, al acometer el estudio del caso, consideró que el a quo acertó “al no referirse a las pruebas allegadas al proceso como de la confesión ficta o presunta de la demandada cuando no se presentó a absolver el interrogatorio de parte, pues… el estudio debe centrarse en la legitimación de la parte que propone la nulidad absoluta; entrar a estudiar las pruebas sería someterse a un desgaste innecesario, pues de entrada se debe estudiar si los demandantes se encuentran legitimados para adelantar el proceso, ya que de no estarlo, sus pretensiones no estarían llamadas a prosperar, como ha ocurrido en el presente caso a estudio”.
Seguidamente el sentenciador censurado arguyó, que “los actores del presente asunto en su condición de hijos del señor MARTIN PATIÑO RODRÍGUEZ, al no hacer parte del negocio jurídico por el solo hecho de ser descendientes, no tienen el derecho para proponer la NULIDAD ABSOLUTA, del negocio jurídico de la DONACION, realizado entre su padre y la señora MARIA ADALIA ROJAS ORTIZ, en su calidad de madre y representante legal de los menores CAROLIINA y ADOLFO PATIÑO ROJAS”, y agregó, que “si bien los actores son herederos del señor PATIÑO RODRÍGUEZ, este derecho en el momento de presentar la demanda, es una mera expectativa, la cual por sí sola no les otorga el derecho, el cual nacerá a la vida jurídica al momento de su muerte” (fl. 10, Cd. 2 instancia).
Para sustentar sus conclusiones trajo a cuento el contenido del artículo 1443 del C.C., que define la donación, sus características y presupuestos; en relación con la nulidad absoluta, con apoyo in extenso de decisiones de esta Corporación, que refieren a la legitimación de terceros para impugnar negocios jurídicos, particularmente los herederos de los contratantes, refiere que en este particular caso los demandantes “se limitaron a señalar unos aspectos que deben regir las donaciones entre vivos, situación que por sí sola no lleva al juez de conocimiento a declarar la nulidad del contrato de donación, por cuanto y como lo ha señalado la jurisprudencia, quien pretenda reclamar de la autoridad judicial la declaratoria de NULIDAD ABSOLUTA de un contrato deben tener un interés legítimo, y si no se ha demostrado no le es permitido reclamar tal invalidación, ni siquiera bajo la excusa de que se está defendiendo el orden jurídico, la moral o las buenas costumbres, dado que en eventos particulares, esa misión le ha sido conferida al Juez y de manera general al Ministerio Público”; y adicionó, que si no se presentan determinadas circunstancias el Juez se encuentra impedido para declarar de oficio la NULIDAD ABSOLUTA de un contrato, pues “ese poder excepcional que al fin de cuentas comporta un control de legalidad en torno a la actividad negocial, está sujeto o limitado por los condicionamientos que la propia norma consagra…”” (fl. 15 ejusdem).
Por lo anterior, concluyó que no se acreditó “ninguna de las condiciones exigidas para la declaratoria de NULIDAD ABSOLUTA”.
7. El demandante interpuso impugnación excepcional, la cual fue concedida por el ad quem y la Corte admitió el recurso por auto de 23 de noviembre de 2016 (fl. 5 Cd. Corte).
8. El recurrente, en tiempo, concurrió a sustentar la casación con soporte en dos cargos: el primero, por la causal primera de las señaladas en el artículo 368 del C.P.C., “por considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley sustancial concretamente cuando no se da aplicación a los artículos 1458 y 1502 del Código de Procedimiento Civil” y por “error de hecho manifiesto en la apreciación de determinada prueba”; y el segundo, por la causal segunda del citado artículo porque “en la parte pertinente a que el juzgador de segunda instancia se pronuncia en la sentencia sobre excepciones que no han sido propuestas por el demandado y que a toda luz se incurre en falta de congruencia entre los hechos, pretensiones y excepciones contenidas en la demanda” (sic), embates que, por fuerza de las consideraciones que siguen, han de ser inadmitidos.
CARGO PRIMERO
En este se acusa la sentencia por la causal primera de casación por violación de normas sustanciales, sustentado en error de hecho por inaplicación de los artículos 1458 y 1502 del C.C., por indebida interpretación de la demanda, al desatender su contenido, pues en ella se manifestó que el contrato de donación no reunía los requisitos para su perfeccionamiento, pues incumplió con la insinuación que le era necesaria, debido a la cuantía del negocio que supera los 50 salarios mínimos, de acuerdo con lo indicado por el artículo 1458 del C.C. y la jurisprudencia de esta Corporación, “lo que conllevó al Tribunal a que se emitiera una sentencia desconociendo dicho artículo del Código Civil”.
Sostuvo que también desde la demanda “se hizo referencia a la falta de capacidad requisito sine qua non para el perfeccionamiento de todo acto o contrato”, contenido en el art. 1502 del Código Civil y “si bien es cierto en la sentencia del honorable tribunal en ningún momento de los acápites se pronuncia sobre el artículo 1502 y en síntesis porque considera capaz al donante, obvia la sentencia judicial obrante a folio 142 a 153 y en particular los folios 148 y 149, que específicamente contienen la prueba pericial cuya consecuencia es el diagnostico de demencia del señor Martín Patiño, concluyéndose que “no está en capacidad para administrar sus bienes y disponer de ellos”, en ese sentido se encuentra plenamente probado la falta de aplicación de la norma de derecho sustancial”.
Igualmente, alegó error de hecho en la apreciación de las pruebas, porque el juzgador no valoró con detenimiento las allegadas al proceso, sacrificando por un vano formulismo el derecho sustancial y desconociendo las legítimas expectativas que los demandantes tienen sobre el patrimonio del donante por causa de su condición.
Apuntó que el Tribunal estimó que “a los hijos del señor Martín Patiño Rodríguez no les concernía el negocio de la donación, ya que no son parte del contrato”, como consecuencia del desistimiento por parte de éste de las pretensiones de la demanda, escrito que señaló la recurrente, fue “obtenido por la demandada María Adalia Rojas mediante maniobras manipulación sobre el señor Patiño Rodríguez, persona de la tercera edad que no sabe leer y quien accedió a firmar los documentos en los que desiste de la demanda y revoca poder para actuar al abogado”. Situación que éste puso en conocimiento del juez en la audiencia celebrada el 2 de diciembre de 2011, quien le manifestó que por estar el desistimiento ajustado a la legalidad y aceptado ya no hacia parte del proceso y debía retirarse del recinto.
Sostuvo, que no se tuvo en cuenta la situación personal y de salud del señor Martín Patiño Rodríguez, que fue puesta en conocimiento del juez desde la presentación de la demanda, y acreditada con los documentos anexos, así como también la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, en la que se declara a éste judicialmente interdicto, la cual se allegó en el curso del proceso que demuestra que su padre no está en capacidad de celebrar ese tipo de negocio jurídico.
Tampoco se hizo pronunciamiento, en relación con la confesión ficta de que trata el art. 210 del C.P.C., en razón de la no comparecencia de la demandada María Adalia Rojas a la diligencia de interrogatorio de parte.
Concluyó expresando que el Tribunal no se pronunció sobre las pruebas, por cuanto estimó de nuevo que los demandantes carecían de legitimación, situación que afecta directamente el proceso y, por consiguiente, existe un error de hecho en la apreciación de las mismas, al omitir realizar un análisis serio, fundado, razonable de todos los segmentos de la demanda “investigando en concreto cuando opera la legitimación en la causa por activa y cuando no para que logre realizar un raciocinio lógico e integral y lograr pronunciarse de fondo bajo los parámetros de una sensata resolución de conflicto para la cual está creada la justicia y no incurrir en estudios infundados que afectan directamente los intereses de los particulares”.
CARGO SEGUNDO
Con fundamento en la causal segunda de casación, se acusa la sentencia de no estar en consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Ello por cuanto hubo pronunciamiento en la sentencia sobre excepciones que no fueron propuestas por la parte demandada desbordando el Tribunal los límites de su potestad.
En su desarrollo, expuso que existe “contraposición entre la declaratoria de excepciones de oficio y el carácter rogado de la justicia, el que el (sic) de acción de los jueces y magistrados debe suscribirse en las situaciones fácticas y probatorias que ante el mismo se descubren, lo que no ocurre en el caso concreto”, pues el Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda “ante una aparente falta de legitimación en causa por activa, excepción declarada de oficio, sobre la cual es limitada la Litis”. Teniendo en cuenta que la demandada sólo alegó como excepción previa la de “incapacidad o indebida representación del demandante o demandado”, a la que no se le dio trámite por no cumplir las exigencias del artículo 98 del C.P.C.
Concluyó diciendo, que dicha excepción previa “en nada incurre dentro del proceso y a sabiendas de esta circunstancia aun cuando el (sic) manifiesta no darle trámite produce efectos contrarios para el demandante cuando oficiosamente da como probada la excepción de falta de legitimación en la causa, lo cual al ser convalidado por el Tribunal Superior atenta flagrantemente con la consonancia entre las excepciones propuestas por el demandado y la sentencia dentro del respectivo proceso” (fl. 51, Cd. de la Corte).
II. CONSIDERACIONES
1. Atendiendo la fecha en que se formuló el recurso cuyo estudio ocupa a la Corte (2015), las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil son las llamadas a gobernar el caso, tal cual se desprende de los preceptos 624 y 625 del Código General del Proceso.
2. El recurso de casación, atendiendo su naturaleza extraordinaria, y de acuerdo con las reglas del ordenamiento procesal civil deviene como un medio impugnativo formalista y dispositivo. Lo anterior significa que en su formulación y sustentación, quien propugne por sus efectos, debe observar el cumplimiento de un mínimo de exigencias de orden técnico. Estas ordenaciones derivan de lo previsto en los artículos 374 del Código de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, así como de la multitud de providencias proferidas, en ese sentido, por esta Corporación, que ratifican esa condición. No acometer, de manera rigurosa, esos postulados, condena la censura a su deserción.
3. El numeral 3º, del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, establece como requisito de la demanda de casación, la presentación “de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.
Esa precisión y claridad impone al censor sustentar cada acusación, no de cualquier manera “y, menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino explicando y demostrando las específicas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo controvertido, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule, puesto que “…‘el recurrente, como acusador que es de la sentencia, está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los límites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada, por impedírselo el carácter eminentemente dispositivo de la casación (G.J. t. CXLVIII, pág. 221) (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004)”. (AC3769-2014 de 9 jul 2014, Exp.2008-00530-01).
4. De igual manera habrá de tenerse presente que por la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deberá desplegar su carga argumentativa en la demostración de la infracción, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir también si de violación indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracción normativa.
En este orden, la exposición de la demanda de casación no podría quedar limitada a un escueto discurso retorico, especulativo o de confrontación de criterios con los expuestos en la decisión censurada, cual si fuera un alegato de instancia, amen que, ante su carácter excepcional, la perentoriedad y taxatividad de las causales que lo habilitan, la misma tiene el duro laborío de enervar la presunción de legalidad y acierto que, en principio, cobija la sentencia impugnada.
“De ahí, además de la identificación de los errores, toda acusación o cargo debe trascender de la simple enunciación, al campo de la demostración, haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resolución combatida.
“El discurrir extraordinario, por lo tanto, implica ir más allá de las solas afirmaciones, cuya sustracción traduce en una simple protesta en grado funcional, parqueada en el pórtico del recurso, sin adentrarse a su quintaesencia” (auto AC10-2016 de 12 de enero de 2016, exp. 1995-00229).
5. A propósito de la causal primera de casación, se ha dicho que la sustentación del medio de impugnación, a riesgo de la inadmisión y su deserción consecuencial, no puede sustraerse de reseñar qué normas de verdadera estirpe sustantiva considera violentadas, destacando, eso sí, que como de vieja data lo tiene definido la Corte, tienen esa naturaleza aquellas que "en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación"1, al tiempo que “constituyen la médula del litigio, en tanto que en ellas aparece consignado el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica que es objeto de debate…”2, de manera que “…no cualquier norma de derecho sustancial… debe denunciarse vulnerada, sino una que sea pertinente a lo decidido, bien con la pretensión o con la oposición (…)”3, habida cuenta que ante dicha omisión no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado” (auto de 7 de diciembre de 2001, radicación No. 0482-01)
6. En cuanto atañe a la causal segunda, es menester precisar, que esta Corporación ha insistido en que la demostración de este vicio in procedendo exige que el impugnante enuncie qué tipo de incongruencia predica del fallo, ya en relación con los hechos, ora con las pretensiones de la demanda, o bien sobre las excepciones formuladas en la contestación o las que debió declarar el juez de oficio, puesto que “la actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, está regulada por cuatro vectores cuya conjugación delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposición legal, debían ser objeto de decisión oficiosa.” (Sent. Cas. Civ. 16 de diciembre de 2010, Exp. 1997 11835 01, reiterado en Sent. Cas. Civ. 14 de julio de 2014, Exp. 2006-00076).
Consecuente con esto, enseña la Corporación que el recurrente: “tendrá que dejar en evidencia esa falta de concordancia mediante un cotejo o comparación entre la parte resolutiva del fallo y los hechos, pretensiones o excepciones cuyo desconocimiento atribuye al juzgador, bien sea por ultra petita, por extra petita, o por mínima petita. Sobre el particular tiene definido la Sala: Los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado trazan en principio los límites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en él (…); de ese modo se podrá establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas”. (Sent. Cas. Civ. de 6 de jul. 2005, Exp. 05214-01)».
Tales directrices están contenidas en los artículos 305 y 306 del C.P.C., según los cuales la decisión debe guardar consonancia con “las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley, pero ello no lo sustrae de la obligación de que cuando “halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia”, por tanto, cuando concurra ésta última situación y se declare alguna exceptiva que lleve a desestimar las pretensiones de la demanda no podrá alegarse el mentado vicio, mucho menos si la que tuvo acogida es de aquellas que constituyen presupuestos de la acción incoada, cuyo escrutinio deviene forzoso.
7. En el presente asunto, el cargo primero se enfila por la causal primera del precepto 368 ibidem, por violación de la ley sustancial (falta de aplicación), artículos 1458 y 1502 del Estatuto Civil, por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda y de las pruebas, soportados en los términos arriba referidos.
Los mentados reproches no satisfacen las exigencias de admisibilidad, dado que el recurrente desdeñó su carga, en la medida que respecto del primer motivo de censura invoca disposiciones que, a más que no tienen el carácter de sustanciales, no gobiernan la decisión censurada.
Obsérvese, que la primera disposición, refiere a la competencia asignada a los Notarios para diligenciar la insinuación de las donaciones entre vivos y la regla de excepción de dicha obligación, cuando quiera que la donación sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales. En tanto que la segunda sólo enuncia las reglas generales para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, lo que no permite calificar aquellas con el carácter de normas sustanciales.
Aunado a ello, confrontada la demanda con la decisión controvertida, es claro que el juzgador no soportó la determinación en ninguna de esas dos disposiciones, habida cuenta que el argumento toral de la decisión fue la falta de legitimación que tienen los demandantes para reclamar la declaración de nulidad absoluta de un acto jurídico del que no fueron parte, pues no puede olvidarse que el señor Martin Patiño Rodríguez, donante, desistió de la demanda, continuando la Litis exclusivamente con sus hijos, sin que en parte alguna se procurara poner en evidencia el desatino absoluto de esa consideración.
Y en lo que hace al error de hecho que se imputa en la demanda de casación presentada por el censor, cual si se tratara de un alegato de instancia, únicamente se limita a pregonar su inconformidad con el hecho de que el juzgador no valoró el material probatorio allegado, las condiciones de incapacidad del donante y el desconocimiento de sus legítimos intereses sobre el patrimonio de aquél, por causa de su condición de hijos y, en este orden, herederos del mismo al declarar la falta de legitimación por activa, pero nada dijo respecto de la legalidad o no de ésta decisión, que como se señaló fue el que sirvió de soporte a la decisión.
Estas manifestaciones entonces, al enfilarse a discutir los hechos del proceso y no la legalidad de la decisión, resultan insuficientes para que la Corte asuma el conocimiento del asunto, dado que el opositor ciño su censura a señalar el quebranto de las normas invocadas, que como se dijo no son sustanciales, y a expresar su propio parecer sobre lo concluido de los medios de prueba, según él omitidos y, como quedó visto, tratándose de este medio extraordinario no basta al impugnante exponer una mera alegación que refleje su discrepancia con el fallo interpelado, pues resulta indispensable que se controvierta con suficiencia la argumentación cardinal del Tribunal, dado que tiene la obligación de desvirtuar las presunciones de legalidad y acierto que acompañan aquella decisión, por ende, el cargo carece de idoneidad para su admisión
8. Tal incumplimiento resulta predicable igualmente al cargo segundo, pues ante la esencia misma de la causal que propende por la racionalidad de la función judicial, el censor, más allá de referirse a los principios de consonancia y congruencia que gobiernan las decisiones judiciales, incluida la posibilidad que tiene el juzgador, de declarar probadas de oficio las excepciones que encuentre acreditadas, reprocha que el Tribunal hiciera uso de esa atribución para declarar la falta de legitimación en causa por activa, cuestionado su concurrencia en este proceso.
Con tal proceder desconoció el recurrente que para abrir paso a este reproche tenía necesariamente que argumentar si la falta de legitimación en causa es de aquellas defensas que deben o no ser declaradas de oficio por el juez, de cara al ordenamiento procesal que regula tal materia, en aras de fundamentar el supuesto yerro en que incurrió el tribunal al así decidirlo, pero únicamente para confutar aquella decisión sostiene que “dicha excepción previa en nada incurre dentro del proceso y a sabiendas de esta circunstancia aun cuando el (sic) manifiesta no darle trámite produce efectos contrarios para el demandante cuando oficiosamente da como probada la excepción de falta de legitimación en la causa, lo cual al ser convalidado por el Tribunal Superior atenta flagrantemente con la consonancia entre las excepciones propuestas por el demandado y la sentencia dentro del respectivo proceso”, lo cual constituye una deficiencia técnica que impide que el cargo se admita a trámite.
9. Consecuente con lo indicado, deviene imperativa la inadmisión del libelo objeto de análisis, motivo por el cual así se proveerá, declarando desierto el recurso, según lo establece el inciso 4º del artículo 373 del C.P.C.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible el libelo extraordinario y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por la señora Ligia Patiño Cárdenas.
Segundo: Devolver por conducto de la Secretaría el expediente al lugar de origen.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 1º de abril de 2004. Exp. No. 08758-31-84-001-1999-00915-01
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 22 de noviembre de 2010, Exp. No. 11001-31-03-006-2000-00950-01.
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 13 de marzo de 2008, Exp. No. 11001-3103-034-2000-05547-01.