CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION LABORAL
Radicación 3629
Acta 2
Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)
Magistrado ponente: RAFAEL MENDEZ ARANGO
Se resuelve la consulta de la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 18 de diciembre del año pasado.
ANTECEDENTES
Mediante la providencia objeto de consulta el Tribunal declaró que la persona jurídica Mecanizados y Motores S.A. había incurrido en desacato a la sentencia de tutela dictada dentro de la acción ejercitada por Edgar Ruíz Díaz contra dicha sociedad, por lo que dispuso “sancionar a la sociedad Mecanizados y Motores S.A., representada legalmente por el doctor Fernand Boura con tres (3) días de arresto y multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales vigentes” (folio 104); pero ordenó la detención de esta última persona natural “a efecto de que se cumpla la sanción de arresto” (ibídem), conforme está textualmente dicho en la providencia.
En el mismo proveído ordenó consultar la decisión en efecto devolutivo ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia; y encontrándose al despacho la decisión del grado de jurisdicción, Fernand Boura, aduciendo su condición de representante legal de Mecanizados y Motores S.A., presentó un memorial en el que pide revocar la providencia del Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, y en el cual, además de negar que a los sueldos de los trabajadores se les haya descontado realmente suma alguna por concepto de aportes para el Seguro Social, refiriéndose concretamente a la tutela ejercitada por Edgar Ruíz Díaz, asevera que el 27 de octubre de 1998 le solicitó a la junta directiva de la compañía “acciones concretas precisas y reales para solucionar las deudas con el ISS” (folio 9, C. de la Corte), sin haber obtenido respuesta. También afirma que por tratarse de una obligación económica que debía pagarse al Instituto de Seguros Sociales de carácter postconcordatario, “carecía de facultad y autonomía para hacer este pago impuesto en la tutela” (ibídem) y “materialmente era imposible cumplir esta obligación porque la empresa carecía totalmente de recursos económicos” (folio 10, ibídem).
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Por cuanto la consulta establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 está instituida como un medio de protección de los derechos de la persona a la que se sanciona, el asunto debe ser examinado con esta perspectiva.
Revisada la actuación lo primero que se observa es la circunstancia de que tanto en el procedimiento de tutela como en el trámite incidental para imponer la sanción por desacato, la orden fue dada a la persona jurídica y no a la persona natural a la que ahora se ordena detener “a efecto de que se cumpla la sanción de arresto”.
En efecto, conforme resulta de la copia del fallo de 27 de agosto de 1998, obrante a los folios 8 a 15 del cuaderno que contiene el trámite incidental, la orden allí dada se impartió a Mecanizados y Motores S.A., persona jurídica a la que se le dijo debía efectuar los pagos de las cuotas obrero-patronales que adeudaba al Instituto de Seguros Sociales y las que se causaran en el futuro, a fin de que se restablecieran los servicios por parte de dicha entidad de previsión social para Edgar Ruíz Díaz y su familia. Esta orden así proferida fue mantenida al confirmarse la sentencia por esta Sala de la Corte el 24 de septiembre de ese mismo año.
Es por ello que si la acción de tutela se adelantó contra una persona jurídica y la orden no fue dada expresamente a la persona natural a la que se decreta su detención, no obstante que la providencia que resuelve el incidente declara que fue la sociedad anónima Mecanizados y Motores la que incurrió en desacato y que es ella la sancionada, no hay duda entonces de que se viola el derecho al debido proceso de Fernand Boura al ordenar detenerlo para que cumpla una sanción de arresto que a él personalmente no le fue impuesta, haciéndole sufrir arbitrariamente las consecuencias de un supuesto desacato a una orden judicial dirigida contra alguien diferente, como lo es la sociedad respecto de la cual él obra como representante.
Es apenas elemental que para imponer la sanción por desacato a un fallo de tutela, se requiere que la orden haya sido dada a la persona a la que se sanciona por su incumplimiento.
Pero es más, si se entendiera que tanto la orden impartida en el fallo en que se tuteló el derecho de Edgar Ruíz Díaz a recibir atención por el Instituto de Seguros Sociales, como la providencia de 18 de diciembre de 1998, en la que se sanciona a la persona jurídica Mecanizados y Motores S.A. por incumplir lo ordenado en la sentencia, estuvieron dirigidas realmente contra Fernand Boura, sería de todas maneras necesario establecer que su incumplimiento es injustificado, por cuanto nuestro ordenamiento positivo en materia de sanciones exige la culpabilidad del agente como resultado de una acción u omisión suya ejecutada dolosa o culposamente; y dado que estos principios rectores deben ser tomados en consideración siempre que se trate de privar a alguien de su libertad debido a un arresto, resulta insoslayable determinar si el sancionado en realidad de verdad desacató la orden judicial.
Aquí en este caso dentro del trámite incidental quedó establecido que Fernand Boura ha estado dispuesto a cumplir la orden que se le dio a la compañía en concordato, y, por ello, le solicitó el 2 de octubre de 1998 (folio 51 y 52) a la Superintendencia de Sociedades autorización para pagar lo adeudado a Edgar Ruíz Díaz, afectando los gastos de administración, e igualmente el 9 de ese mes, además de pedir instrucciones a la misma superintendencia, solicitó que se requiriera al Instituto de Seguros Sociales “para efecto de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 222 de 1995” (folio 65), sin que aparezca dentro del cuaderno que recoge los trámites del incidente que la Superintendencia de Sociedades haya autorizado el pago de esta específica deuda, conforme se desprende de las certificaciones dadas el 1º y el 9 de diciembre del año pasado por la coordinadora del grupo de concordatos (folios 87, 88 y 91) y de la copia del auto 410-10406 que el 4 de ese mismo mes dictó el superintendente delegado para los procedimientos mercantiles resolviendo la petición que en tal sentido hiciera Fernand Boura.
Sin entrar a dilucidar si le asiste o no razón a la Superintendencia de Sociedades en cuanto a sus facultades de control de los gastos realizados por una sociedad que se encuentra en un proceso concordatario, en lo que para los efectos de esta decisión interesa, resulta fehacientemente establecido que si no se ha cumplido el fallo de tutela ha sido por razones ajenas a la voluntad de quien se ha ordenado detener para hacerle sufrir los efectos de una sanción de arresto que a él personalmente no le fue impuesta.
Como atrás quedó dicho la orden impartida en el fallo se dirigió contra la persona jurídica Mecanizados y Motores S.A., y no contra la persona natural que legalmente la representa en este momento, y, además, la sanción no fue impuesta a Fernand Boura sino contra dicha compañía anónima, por lo que se cae de su peso que a quien claramente se le estarían violando derechos fundamentales, como lo son el del debido proceso, a la libertad y a no ser privado arbitrariamente de tan preciado bien inherente al ser humano, es a él, puesto que sin haber establecido que el incumplimiento de la orden dada en el fallo de tutela obedece a culpa suya, como resultado de una acción u omisión que le puedan ser imputables, y sin que esté previsto en nuestro ordenamiento legal que una sanción privativa de la libertad dispuesta expresamente contra una persona deba ser cumplida por otra distinta, habiendo el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo sancionado a la persona jurídica Mecanizados y Motores S.A. con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos mensuales vigentes, ordenó su detención, en su condición de representante legal de dicha sociedad, “a efecto de que se cumpla la sanción de arresto”.
Por todo lo anterior, en desarrollo de las facultades de revisión inherentes al grado de jurisdicción de la consulta, se revocará la orden de detener a Fernand Boura para hacer efectiva una sanción de arresto que le fue impuesta a una persona jurídica de la que él únicamente es representante legal.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
R E S U E L V E
1. Revócase la orden de detención dispuesta contra Fernand Boura por el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo en su providencia de 18 de diciembre de 1998.
2. Comuníquese a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
RAFAEL MENDEZ ARANGO
FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA
JORGE IVAN PALACIO PALACIO GERMAN G. VALDES SANCHEZ
FERNANDO VASQUEZ BOTERO RAMON ZUÑIGA VALVERDE
LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ
Secretaria