CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego
Radicación No 25200
Acta No 84
Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil cuatro (2004).
Decide la Corte el conflicto de competencia negativo surgido entre la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga y la del Tribunal Superior del distrito judicial de Pereira dentro del proceso ordinario laboral promovido por VERÓNICA ARROYO GAMBOA al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN.
ANTECEDENTES
Dentro del proceso ordinario referenciado, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Buenaventura profirió sentencia absolutoria el 16 de octubre de 2003, disponiendo su consulta en caso de ausencia de apelación ( Fls. 68 al 75 del cdno principal).
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga avocó el conocimiento el 24 de noviembre de 2003, a efectos de surtir dicho grado jurisdiccional (Fl. 79).
Empero, mediante auto No 1727 de 26 de noviembre de 2003, el Magistrado Sustanciador, con fundamento en el Acuerdo No. 1795 de 14 de mayo de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dispuso remitir el proceso a la Sala Laboral “ de los Tribunales de Descongestión a que hace alusión el Acuerdo citado, a fin de que se surta la segunda instancia”, ( Fl. 80 cuaderno principal ), siendo distribuido al Tribunal Superior de Pereira - Sala Laboral - .
Allí, el Magistrado Ponente, por auto de 22 de julio de 2004, dispuso devolver el plenario a la Sala Laboral del Tribunal de origen, la que, a la vez, a través de su presidente, insistió en la competencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira (Fls 7 y 8 cdno 2), la cual lo devolvió nuevamente y, finalmente, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga (auto de 21 de septiembre de 2004, Fls. 10 al 12 ib), acudió al mecanismo legalmente previsto para este tipo de conflictos, ( art. 18 Ley 270 de 1996 ), llegando los autos a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para dirimir el conflicto.
Se CONSIDERA
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el 14 de mayo de 2003, expidió el Acuerdo 1795, “ Por el cual se redefinen las medidas de descongestión adoptadas mediante el Acuerdo 1738 de 2003”.
Dicho Acuerdo entró en vigencia al ser publicado el 16 de mayo de 2003 en la Gaceta Extraordinaria de la Judicatura N° 19.
En su artículo primero se dispone :
“ Los procesos que se adelantan contra la Empresa Puertos de Colombia “COLPUERTOS”, o contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia “FONCOLPUERTOS”, provenientes de los juzgados laborales de los distritos judiciales de Barranquilla, Bogotá, Buga, Cartagena y Santa Marta, que al momento de entrar en vigencia el presente Acuerdo deban ser remitidos para efectos de surtir el recurso de apelación o el grado jurisdiccional de consulta, serán redistribuidos por los presidentes de los Tribunales Superiores de los distritos judiciales a los cuales pertenecen los juzgados laborales de conocimiento de los mencionados procesos, entre las salas laborales y mixtas de los Tribunales Superiores que en seguida se señalan, de conformidad con las siguientes reglas generales:
1). 1.696 procesos correspondientes a los juzgados laborales de Buga y Buenaventura, serán redistribuidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, así:
....
Al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira: 384
.....”
( Negrillas al transcribir )
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira estimó que los procesos susceptibles de ser redistribuidos por su homóloga del Tribunal Superior de Buga eran aquellos que al entrar en vigencia el Acuerdo 1795 se encontraran para surtir apelación o consulta; considera que para determinar el número de procesos a descongestionar ( sic ) seguramente se habían tenido en cuenta por el Consejo Superior de la Judicatura las estadísticas que para entonces remitieron los juzgados de origen y el Tribunal Superior de Buga, y que el fin de la descongestión es lograr evacuar asuntos ya resueltos y no los que en un futuro incierto fueran a serlo. Arguyó también que se redistribuyen procesos para descongestionar a presente y no a futuro, y concluyó su argumentación, expresando que como en el ordinario laboral generador del conflicto se había dictado sentencia de primera instancia el día 16 de octubre de 2003, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 1795, entonces tal proceso no era susceptible de redistribución sino que debía ser conocido por su Tribunal natural, ( Buga ).
A su turno, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga argumentó que si bien es cierto lo señalado por la del de Pereira en cuanto a la fecha de la sentencia, también lo es que el Acuerdo 1795 previó la redistribución de procesos pero con el cumplimiento de unas metas en cuanto al número de procesos a fallar, y que como al Tribunal Superior de Pereira le habían sido asignados 384 procesos, sin que se hubiera cumplido dicho tope para cuando se promovió el conflicto negativo (21 de septiembre de 2004), entonces no estimaba procedente reasumir su ordinaria competencia en el asunto.
Fundamentó además, su decisión de eximirse del conocimiento de la litis de marras en la respuesta dada mediante oficio por el Consejo Superior de la Judicatura, al absolver una consulta elevada por los mismos hechos.
La Corte estima que el tenor literal del artículo primero del Acuerdo 1795 de 14 de mayo de 2003, ( vigente a partir del 16 de mayo cuando se publicó legalmente ), es suficientemente claro y sirve en consecuencia de respaldo a lo argumentado por el Tribunal Superior de Pereira.
Allí se delinearon nítidamente los presupuestos para permitir, en este caso, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, abstenerse de cumplir su normal atribución y calidad de juez natural de segunda instancia de los juzgados laborales de Buga y Buenaventura para transferirla a otros Tribunales: debería tratarse de procesos en contra de la Empresa Puertos de Colombia “COLPUERTOS” o del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia “FONCOLPUERTOS”; tales procesos deberían estar tramitándose (“...los procesos que se adelantan...”; obsérvese que no se utiliza expresión alusiva a futuro, v.gr. “...que se adelanten...” ) y estar en una etapa procesal concreta para el 16 de mayo de 2003: que para esa fecha tuvieran que ser remitidos al Tribunal para surtirse apelación o consulta, lo cual implicaba que se hubiese ya proferido sentencia.
Lo anterior evita que pueda llegarse por vía de interpretación a extender la eximencia de competencia del Tribunal Superior de Buga a procesos posteriores a dicha fecha, como sucedió en el sub lite.
Los 384 procesos que se adjudicarían al Tribunal de Pereira por parte del de Buga debían entonces existir para la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 1795 de 14 de mayo de 2003. Tal número no era una meta para repartir en un futuro en la medida en que se fueran recibiendo procesos sino que era una carga a evacuar de acuerdo con lo exigido por el artículo 5° ibídem, correspondiéndole al Tribunal de Pereira decidir por lo menos dieciséis por mes, siempre y cuando, obviamente, se le hubieran remitido dentro de los presupuestos fijados por el Acuerdo.
Ahora bien, si, por la causa que fuese, para cuando entró en vigencia el Acuerdo 1795 de 2003 no se disponía realmente de los previstos 384 procesos provenientes de los juzgados laborales de Buga y Buenaventura correspondía entonces redefinir las medidas de descongestión, conforme con lo contemplado por el artículo décimo ibídem, a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante la expedición del respectivo Acuerdo, o norma de igual rango, tal como lo estaba haciendo, precisamente, con el Acuerdo 1795 respecto del 1738 del 2003 según se lee en su encabezado.
En consecuencia, es de concluir que el conocimiento del proceso ordinario laboral generador del conflicto de competencia que aquí se dirime corresponde a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, sin perjuicio de las facultades del Consejo Superior de la Judicatura respecto de la expedición de normas encaminadas a la descongestión de despachos judiciales.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO-. DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de los distritos judiciales de Buga y de Pereira, en el sentido de atribuirle la competencia al Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, en relación con la segunda instancia del proceso ordinario laboral promovido por VERÓNICA ARROYO GAMBOA al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACIÓN, colegiatura a la cual se devolverá el expediente para que continúe el trámite.
SEGUNDO-. Comunicar esta decisión al Tribunal Superior de Pereira - Sala Laboral -.
CAMILO TARQUINO GALLEGO
GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DIAZ
Secretaria