CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
Magistrada Ponente: ISAURA VARGAS DIAZ
Radicación No. 24001
Acta No. 53
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005).
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del BANCO POPULAR contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de febrero de 2004, en el proceso instaurado contra el recurrente por JOSE SANTIAGO BONZA GARCIA.
JOSE SANTIAGO BONZA GARCIA demandó al BANCO POPULAR para que fuera condenado a, “efectuar la indexación, actualización o reajuste de las mesadas pensionales correspondientes a los meses de Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y diciembre de 1996, igualando cada mesada pensional a DOS PUNTO SETENTA Y OCHO SIETE SEIS TRES (2.78763) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENES, a los que correspondía el 75% del salario promedio devengado, causado y percibido en el último año de servicios, de conformidad con la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS con 16/100 ($242.301,16) consignados como SALARIO BASE DE LA LIQUIDACION FINAL DE CESANTIAS, efectuada por el mismo Banco demandado, mesada pensional INICIAL que en concreto debe ser de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON 91/100 ($396.191,91), dado que el 75% de 4242.301,16( salario base de la liquidación final de cesantías) es igual a $181.725,87 que divididos por $65.190,oo que era el valor del S.M.M.L.V. en 1992 (año en que se retiro el actor) arroja como resultado 2.78763 equivalente a la proporción en S.M.M.L.V., antes referida. A la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 67/100 ($181.725,87) se le debe aplicar o adicionar la devaluación sufrida por el peso colombiano de acuerdo con el incremento de precios al consumidor (I.P.C.) entre la fecha del retiro del actor del Banco demandado (27-07-92) y la fecha en que se produjo la Resolución Pensional del extrabajador (06-05-96), para que actualizado el salario, la mesada pensional INICIAL sea igual o superior a los $396.191,91 antes dichos” (folios 14-15 cuaderno principal), igualmente el reajuste de las mesadas de cada año subsiguiente de conformidad con la ley, y el “pago de la diferencia que resulte a favor del demandante entre la suma de las mesadas pagadas y la suma a que realmente con indexación tiene derecho” (ibídem).
Para los efectos propios del recurso basta decir que fundó las anteriores pretensiones en que prestó sus servicios personales al banco demandado ostentando “la calidad de trabajador oficial” (folio 15) y mediante contrato de trabajo desde el 1o de marzo de 1959 hasta el 27 de julio de 1992, cuando renuncio formalmente, ante la solicitud de la misma se le hizo firmar acta de conciliación; en ella se aceptó reconocerle la pensión de jubilación a los 55 años de edad, pero el banco demandado cumplió parcialmente al pagarle $179.242,99 equivalente sólo a 1.26116 del S.M.M.L.V., en otros términos, el 45.24% de la verdadera mesada pensional, al no haber tenido en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del valor real del salario promedio devengado.
El BANCO POPULAR al contestar, aun cuando aceptó que el actor le prestó los servicios por el período que indicó, (folios 38, 39), se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que no está obligado a reconocerle la pensión indexada, para lo cual trae como apoyo pronunciamiento de la corte fechado el 18 de agosto de 1999 (folios 39, 40 cuaderno principal). Propuso inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, falta de título y de causa en el demandante, pago, prescripción y compensación.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, por fallo de 30 de agosto de 2001, absolvió al BANCO POPULAR “de todas y cada una de las pretensiones de todo orden incoadas en la demanda” e impuso costas al demandante.
La alzada se surtió por apelación del demandante y terminó con la sentencia acusada en casación, mediante la cual el Tribunal revocó la del A quo para, en su lugar, condenar al banco demandado a “reajustar la mesada pensional del demandante a partir del 20 de marzo de 1996 a la suma de $370.118.56 sobre esta base verificarán los reajustes que legalmente correspondan para cada anualidad, cancélandose igualmente las mesadas adicionales de junio y diciembre, deduciendo los valores ya cancelados al demandante en la forma como quedó anotado en los apartes que preceden”. (folio 372 cuaderno principal) y no impuso costas.
Para ello, y en lo que al recurso interesa, es suficiente anotar que el Tribunal, una vez dio por probados los extremos temporales de la relación laboral en la forma como se afirmó en la demanda, “por el período comprendido entre el 1º de marzo de 1959 y el 27 de julio de 1992 (folio 365), y asentó que la pensión del demandante fue la “legal”, reconocida mediante “Resolución número 091 de 6 de mayo de 1996 (…) en desarrollo de los supuestos normativos contenidos entre otros en al Ley 33 de 1985, amén de que mediante Decreto 2143 de diciembre de 1995 ‘se incorporó al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993”, para lo cual resaltó que dada la vigencia de la Ley 100 de 1993, y las condiciones de edad y tiempo de servicio de BONZA GARCIA, quedó inmerso “en el régimen de transición” (folio 368).
Concluyó que se imponía la actualización de la pensión de jubilación de acuerdo “a la aplicación de la nueva normatividad de seguridad social integral, que resume los principios constitucionales que orientan tan importante derecho, la jurisprudencia se exhibe unificada en este aspecto y en punto a la actualización, para eventos como el sub-lite, en que se discute la aplicación de la corrección monetaria a las pensiones legales causadas bajo se égida”. (folio 368). En apoyo de su aserto insertó apartes de pronunciamientos de esta Sala, para luego de realizar las operaciones correspondientes arribar a la suma que en la condena indicó como monto de la primera mesada pensional.
Inconforme con la decisión el BANCO POPULAR pretende en su demanda (folios 10 a 20 cuaderno 3), que fue replicada, que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia proceda a , “CONFIRMAR en su integridad el fallo de primer grado” (folio 14 cuaderno 3).
Para tal efecto, le formula un cargo que será estudiado junto con lo replicado.
Acusa la sentencia de “violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 1º y 19 del Código sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 153 de 1887, 1613 a 1617, 1626, 11627, 1649, 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 1547, 1548, 1549 y 2224 del código Civil, 27 del Decreto 3135 de 1968; 68 y 73 del Decreto 1848 de 1969, 1º, 2º, 9º y 13 de la Ley 33 de 1985; 1º de la Ley 71 de 1988, 5º de la Ley 4ª de 1976, 14, 21, 36, 50, 142 y 143 de la Ley 100 de 1993, 145 del C. de P.L., 90 y 368 del C. de P.C., 228 de la Constitución Nacional” (folios 14 y 15 cuaderno 3).
Para su demostración, luego de aceptar expresamente los hechos del proceso y la valoración probatoria, asevera que el Tribunal en su fallo incurre en la violación de los preceptos denunciados por cuanto no les otorgó su verdadera hermenéutica. En su criterio, no obstante apoyarse en la jurisprudencia de la Corte, específicamente en la sentencia de 6 de julio de 2000 (Radicación 13.336), en la que se acogió la tesis de indexar el salario para la obtención de la primera mesada pensional – cuando la persona cumple la edad después de la Ley 100 de 1993--, tal entendimiento no está acorde con lo expresado igualmente por la Sala en sentencia de agosto 18 de 1999, la cual copia en lo que estima pertinente.
Para el impugnante el Tribunal incurrió en error “iuris in indicando” al otorgarles a las disposiciones un entendimiento diferente al que les corresponde sin cumplir su misión de unificar jurisprudencia. Insiste en que la indexación “sólo procede en obligaciones causadas y no satisfechas oportunamente”, y en el caso objeto de estudio el actor cumplió 55 años de edad en marzo de 1996, fecha desde la cual se ha satisfecho la obligación y al no haberse dado mora no es dable la indexación.
Finalmente anota, que la regulación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 al referirse a indexación, lo es para pensiones de “esta ley” y no de normatividad anterior.
La oposición precisa que no puede haber error de interpretación, por cuanto el Tribunal acogió doctrina uniforme y elaborada por la Corte precisamente en su misión de unificar jurisprudencia.
Teniendo en cuenta el actual criterio mayoritario de la Sala en cuanto a la llamada ‘indexación de la primera mesada pensional’, el Tribunal no incurrió en los dislates jurídicos que le atribuye el recurrente, por cuanto, al haber quedado establecido que JOSE SANTIAGO BONZA GARCIA accedió a la pensión de jubilación prevista en los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 68 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y 2º de la Ley 33 de 1985, por haber servido al demandado por más de 20 años y cumplir los 55 años de edad el 20 de marzo de 1996 --como atrás quedó consignado y que no es menester recordar--, cuando ya se encontraba vigente la Ley 100 de 1993, conforme a ese ordenamiento se imponía al ad quem, como lo hizo, estudiar y definir la reliquidación del valor inicial de la pensión que al actor el demandada debía reconocer.
Como en ocasiones anteriores se ha dicho en procesos que se siguen contra el mismo banco demandado, en donde se discuten situaciones similares a la que ahora ocupa la atención de la Sala, el Tribunal no interpretó erróneamente las normas que el recurrente cita en la proposición jurídica del cargo.
No existiendo ninguna discrepancia en el proceso respecto de la concurrencia de los supuestos de hecho del régimen de transición que contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, referentes a que el tiempo de servicio lo tenía satisfecho el actor para cuando se retiró de la entidad demandada (27 de julio de 1992) y los 55 años de edad los cumplió el 20 de marzo de 1996, resulta procedente la aplicación de la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones, que como la del actor, se encuentran reguladas por dicha norma.
En efecto, el citado artículo 36 dispone:
“Artículo 36.- Régimen de Transición...
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco ( 35 ) o más años de edad si son mujeres o cuarenta ( 40 ) o más años de edad si son hombres, o quince ( 15 ) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE(…)”.
En forma concordante y complementaria con lo anterior la Sala expresó en sentencia de 16 de julio de 2000, (Rad. 13336), reiterada en distintas ocasiones, entre otras, las de 25 de octubre de 2004, radicación 21798, 18 y 25 de noviembre de 2004, respectivamente radicaciones 23769 y 22086,lo siguiente:
“Por lo tanto, es a la luz de ese ordenamiento que se debe estudiar y definir lo referente a la cuantía y ‘actualización’ reclamada, pues ella en su artículo 36 dispone:
“‘Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
“‘La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco ( 35 ) o más años de edad si son mujeres o cuarenta ( 40 ) o más años de edad si son hombres, o quince ( 15 ) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
“‘El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez ( 10 ) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Indice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE(…)’
“Ahora bien, con relación al tema que se trata es conveniente anotar que para la Sala, a partir de la fecha en que empezó a regir la ley 100 de 1993, los criterios jurisprudenciales que se exponían con respecto de lo que se denominó la indexación de la primera mesada pensional, que en estricto rigor jurídico lo era de la base salarial para tasar esa mesada, perdieron vigencia en cuanto hace a pensiones legales causadas dentro de la misma. Y esto porque de acuerdo con el artículo 36 antes transcrito, al igual que con el artículo 21 de tal normatividad, ya no hay que acudir a la analogía ni a la equidad para ordenar esa indexación, ni tampoco puede aseverarse, como lo pregona la orientación jurisprudencial a la que se viene acudiendo para resolver esta clase de peticiones, que no existe en materia laboral disposición legal que autorice la aplicación de aquella para el reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez.
“Así se afirma porque los aludidos artículos de la ley 100 ya consagran y ordenan expresamente la indexación cuando mandan que el ingreso base para liquidar las pensiones a que ellos se refieren, será “actualizado anualmente con base en la variación de Indice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. Lo que implica que de no proceder el juzgador así incurre en infracción directa de esos preceptos legales.
“De otro lado, en lo que hace a la aplicación de la ley de seguridad social a asuntos como el que se trata, la Corte se remite y acoge lo que en aclaraciones de voto ha venido exponiendo el Magistrado José Roberto Herrera Vergara para sostener que. ‘(...) las diversas situaciones que emergen de la temática de la corrección monetaria de mesadas pensionales no pueden tratarse bajo el mismo rasero normativo, después de la vigencia de la ley 100 de 1993(...)’, y que ‘(...)desde la entrada en vigor de esa flamante normatividad no existe razón valedera para negar su aplicación a las pensiones legales por ella regulada y con el alcance que la propia ley 100 otorga en su clara normativa(...).’ . Y al respecto expresa:
“‘(...) La Ley 100 de 1993, reguló las pensiones legales que se causaran a partir de su vigencia, instituyó el Sistema General de Pensiones conformado por el régimen solidario de prima media con beneficio definido y el de ahorro individual con solidaridad, y previó para el primero un régimen de transición.
‘Conforme a los artículos 10 y 11 ibídem - salvo para quienes quedaron expresamente exceptuados por el artículo 279 de dicha Ley y los regímenes especiales -, el sistema se aplica a todas las pensiones legales, mediante el reconocimiento de pensiones en la forma y condiciones que se determinan en la citada Ley, respetando, claro está, los derechos adquiridos con arreglo a cualquier fuente normativa anterior y el régimen de transición para los beneficiarios determinados en el artículo 36 de la misma.
‘“Lo anterior implica que en el régimen de prima media con prestación definida, el ingreso de base de liquidación de las pensiones legales de vejez o jubilación causadas a partir de las respectivas vigencias de la Ley 100, según el caso, está gobernado por el artículo 21 de la misma (régimen ordinario) o por el artículo 36 (régimen de transición).
“‘A) En la primera hipótesis se determina según el promedio de los salarios o las rentas sobre los cuales haya cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. No obstante, cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del afiliado, resulte superior a lo dicho, el asegurado podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado un mínimo de 1250 semanas.
“‘B) En la segunda hipótesis (régimen de transición), el ingreso base de liquidación de los afiliados a quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en el índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
“‘De lo dicho emerge con nitidez que aun cuando no es el salario del último año de servicios lo que permite “indexar” la mal denominada “primera mesada” pensional, sí es el promedio de esos años, con corrección monetaria, en la forma como se ha explicado, lo que impone a los obligados a pagar pensiones legales de vejez y jubilación causadas desde la entrada en vigor de la Ley 100, a liquidarla y cancelarla en dicha forma, por tratarse de un mandato imperativo de la nueva preceptiva que expresamente gobierna la materia.
‘“Pero aún si se estimara que ello no está expresamente consagrado en la normativa, no puede olvidarse que de conformidad con el artículo 288 de la misma Ley 100, en armonía con el artículo 53 de la Constitución Política, toda persona con pensión legal causada a partir de la vigencia de la referida Ley, tiene derecho a que le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones del nuevo ordenamiento, lo que desde luego hace más contundente la aplicación de esta novedosa y especial corrección monetaria, o actualización del ingreso de liquidación por costo de vida, a las pensiones legales cuyo derecho haya nacido o surja con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.’ (Radicación No. 13066)
“Planteada la situación así, entonces, como en el caso en que se trata, el derecho a la pensión legal de jubilación del demandante, que ya se precisó debe ser pagada por la demandada, se causó en vigencia de la ley l00 de l993, pues ocurrió el 29 de diciembre de l997, tal prestación social está regida por el régimen de transición previsto por el artículo 36 ya transcrito, y más concretamente por sus incisos segundo y tercero.
“Lo anterior implica, entonces, que la ley 33 de l985 que regulaba la pensión de jubilación del actor, hay que aplicarla en cuanto a la edad, tiempo de servicios y al monto del 75%, no así en lo hace a la base salarial porque la misma es la señalada por el inciso tercero del tantas veces citado artículo 36 en los términos en que ya se trajo a colación.
“En consecuencia, como de conformidad con el artículo 151 de la ley de seguridad social, el Sistema General de Pensiones que ella prevé, empezó a regir el primero de abril de 1994, el ingreso base para liquidar la pensión del demandante será el promedio, actualizado con sujeción a esa ley, de lo por él devengado en los últimos 3 años, 8 meses y 29 días de servicios al Banco demandado, que es el tiempo que le faltaba para que se causara el derecho a tal prestación al entrar en vigencia aquélla, lo que ocurrió el 29 de diciembre de 1997.”
“Igualmente resulta pertinente, sobre el tema en comentario traer a colación las precisiones sobre la misma materia consignadas en el fallo de instancia del 30 de noviembre de 2000, radicación 13336:
“Y para lo anterior, como ya se dijo en la sentencia de casación, hay que tomar como punto de partida que la pensión a que tiene derecho el demandante está reglada por el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y por ello fue que en esa ocasión se expresó: ‘Lo anterior implica, entonces, que la ley 33 de 1985 que regulada la pensión de jubilación del actor, hay que aplicarla en cuanto a la edad, tiempo de servicios y al monto del 75%, no así en lo que hace a la base salarial porque la misma es la señalada por el inciso tercero del tantas veces citado el artículo 36 en los términos en que ya se trajo a colación’.
“El mencionado inciso 3º del artículo 36 de la ley de seguridad social integral dispone: ‘El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expide el Dane’.
“Y fundada en esta última consideración es por lo que estima y precisa la Corte que, en asuntos de las particulares características del presente, en los que no se devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, debe acogerse como salario devengado para ser actualizado, en los términos previstos por el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, el que conforme al artículo 73 del decreto 1848 de 1969 sería al tener en cuenta para conocer la pensión al demandante de no existir precepto que ordenara su actualización, es decir, el ‘promedio de los salarios y primas de toda especie’ que éste haya devengado en el último año de servicios.
“La precitada solución, para la Sala, es la que más se ajusta al objetivo perseguido por el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y a una realidad no prevista por esa norma, como es que quien teniendo derecho a pensión no hubiese devengado suma alguna ni cotizado durante el lapso al que la misma se refiere.”
De lo anterior se sigue que el cargo aparece infundado en este aspecto, pues debió actualizarse el valor del último salario promedio devengado por el demandante para establecer el de la pensión de jubilación, como acertadamente lo ordenó el Tribunal, por lo que en este punto no se infirmará la sentencia acusada en casación.
De otra parte, tampoco no le asiste la razón a la censura al afirmar que la indexación prevista en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 se refiere exclusivamente a “pensiones de esta ley”, y no a pensiones reguladas por normas anteriores, porque al aceptar sin objeción alguna los presupuestos fácticos de tiempo laborado y el cumplimiento de la edad el 20 de marzo de 1996, fecha en la cual estaba ya vigente la referida Ley 100 de 1993, surge necesariamente la regulación prevista en el mismo estatuto legal sobre “régimen de transición”, regulado en el artículo 36 de la misma.
De lo que viene de decirse, se desestima el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de febrero de 2004, en el proceso que JOSE SANTIAGO BONZA GARCIA promovió contra el BANCO POPULAR.
Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.
GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER
EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO
MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA
Secretaria