COMPETENCIA/ DEBIDO PROCESO






Tesis:

No se puede desconocer la competencia a un funcionario  al  que la ley se la ha otorgado -arts. 663, 354, 677 C. P. M.-, como en el presente caso al Oficial que presidió el consejo de guerra por designación que le hiciera el para entonces juez de primera instancia y que después profirió la sentencia de ese grado jurisdiccional, por razones que, como bien lo puntualiza la Procuraduría, no responden a previsión legal alguna, sino que cuestionan desde el punto de vista del censor únicamente la idoneidad moral del dicho funcionario.   Aceptarlo, sería, por una parte, crear pautas legislativas por fuera del ordenamiento imperante, cuando no es  labor que compete a la Corte como autoridad judicial y, por la otra, vulnerar la garantía del debido proceso, estableciéndose un círculo vicioso en que un supuesto error de procedimiento se subsane con otro de igual o mayor entidad.


Que un mismo funcionario hubiese actuado como juez en este proceso penal y en el disciplinario en que se investigó la misma conducta, no conculca ninguno de los derechos o garantías del acusado.



PROCESO                : 9389




       CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

       SALA DE CASACION PENAL




                                 Magistrado Ponente:

                                 Dr.DIDIMO PAEZ VELANDIA

                                 Aprobado Acta No.123




                                 Santafé de Bogotá, D.C., veintidos de agosto de mil novecientos noventa y seis.



                       Conoce  la  Corte  del  recurso  de casación interpuesto contra  la  sentencia  emitida  el 13 de septiembre de 1993  por el  Tribunal  Superior  Militar,  en  la  que, con  modificación de  la  de  primera  instancia,  se  condena  al ex-agente de la Policía Nacional  MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARMONA a la pena principal  de  dieciséis  años  y  cuatro  meses  de  prisión  y a  las  accesorias  de  separación absoluta de la Policía Nacional e  interdicción  de  derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad, como autor responsable  de  los  delitos de homicidio agravado  del  también  agente  de  la  Institución  José  Luis Racines  y  abandono  del  puesto,  cometidos  en  concurso  de hechos  punibles.




                       HECHOS Y ACTUACION PROCESAL





                       Reseña el fallador de segunda instancia, con apego a la evidencia procesal, los hechos materia de la sentencia así:


       " ... tuvieron desarrollo los acontecimientos, en horas de la noche del primero (1o) de febrero del año que transcurre -se refiere a 1993- en instalaciones de la Subestación de Policía de San  Luis  de  Palenque  (Casanare)  cuando el agente enjuiciado  -MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARMONA, aclara la Corte-,  quien cumplía servicios como Centinela en la parte posterior del Cuartel, se desplazó de su lugar de facción para encaminarse a la parte frontal, donde halló al también agente Jose Luis Racines Linero  y luego de cierto enfrentamiento de palabras, que había  tenido iniciación el día anterior, decidió hacer uso del fusil de dotación que portaba en su contra por cinco oportunidades, causándole su deceso.".  (fls. 277-278 cd. ppl.).


                       Al proceso, iniciado por el Juzgado 137 I. P. M. (fl.2)  se vinculó con indagatoria al sindicado, para cuyo juzgamiento el Juez de primera instancia convocó en febrero 16 de 1993 Consejo Verbal de guerra con intervención de vocales  -que fue presidido por el Mayor José Domingo Barinas (fls. 88, 159, 160, 176), por el concurso de hechos punibles previstos en el  C. P. M.  de abandono del puesto de facción  y  homicidio agravado (fls.99-100).   Por los mismos fue condenado en primera instancia (fls. 221-222), y apelada que fue la sentencia, el Tribunal Superior Militar la confirmó, el 13 de septiembre de 1993 mediante  la  que  ha  sido  recurrida en  casación por la defensa, pero modificándola  en  el  sentido  de reducir en dos meses la pena principal y consiguientemente la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas. (fls. 277-285).




                       LA DEMANDA




                       Tres cargos al fallo de segundo grado se formulan, todos con apoyo legal en la causal 3a. del artículo 442 del C. de J.P.M. .


                       Primero.-  Se dictó en proceso viciado de nulidad  porque, según precisa el profesional demandante, el 0ficial de la Policía que presidió el Consejo de guerra y profirió el fallo de la primera instancia, esto es, el Mayor José Domingo Barinas," no era la persona indicada"  para ejercer dicha presidencia.


                       Explica que el mencionado Oficial desempeñaba para la víspera de los hechos objeto de juzgamiento el cargo de Comandante encargado del Departamento de Policía de Casanare, jurisdicción a la que pertenece la Subestación de San Luis de Palenque, en donde sucedieron y,  que en tal calidad fue informado telefónicamente por el Comandante de esa Dependencia del altercado que se  había suscitado entre el acusado y el occiso la noche anterior al homicidio, en el que se lesionaron recíprocamente  -el occiso, dice,  hizo uso de su arma contra el procesado-  y profirió  amenazas contra su vida, y pese a la gravedad de la situación el mencionado Oficial se limitó a responderle al Cabo que estaban recién trasladados y procurara solucionar el problema él mismo y que lo mantuviera informado; no proveyó el Oficial el traslado que la situación ameritaba sino que la dejó idéntica siendo  la que ayudó "en gran parte a que sucedieran estos hechos lamentables".


                       Luego de algunos comentarios sobre lo acaecido y de preguntarse el actor si:




               "Este Oficial era el encargado de emitir el fallo?  que a todas luces se veía  no  imparcial y se encontraba influenciado y determinado porque cuando tuvo que decidir le faltó criterio, carácter, disciplinaria (sic) militar ..." (fl. 325 cd. Tr.),


considera que el 0ficial mencionado -que dos días después de los hechos de este proceso inició investigación disciplinaria contra el acusado Martínez-   carecía de competencia  para presidir  el  Consejo  Verbal  de  guerra porque no tenía la suficiente "capacidad subjetiva"  por haber tenido "conocimiento anterior de  unos  hechos  que  con  una sola orden hubiera evitado la muerte del Agente ...". Para finalizar esta censura, el actor atribuye al mencionado funcionario responsabilidad en los hechos que son objeto de la sentencia impugnada.        


                       Segundo.-  El fallo se dictó en juicio viciado de nulidad porque el Juez de la primera instancia en la fase investigativa, el T. C.  Miguel Angel Mesa, así como el Oficial referido en el cargo precedente, actuó también en la investigación disciplinaria que se adelantó contra el acusado Martínez, violándose así la garantía del debido proceso y con ello perdió "su imparcialidad por lo que debió abstenerse" de intervenir en el proceso.


                       Termina lo que considera la motivación de la censura afirmando:



                "El fallo de Primera Instancia dentro del Consejo verbal de Guerra debe ser totalmente nulo y convocarse a otro con todas las garantías propias de la ley y especiales para este caso".



                       Tercero.-   El fallo se dictó en proceso viciado de nulidad por conculcamiento de las garantías previstas en el artículo 29 de la Carta.  A manera de sustentación consigna:



               "Norma violada por los oficiales que intervinieron en el consejo Verbal de Guerra, impedidos subjetivamente para conocer de esta investigación eminentemente de carácter penal, lo que manipuló la sentencia, sintiendome (sic) el día del Consejo ... que como defensor no fui tenido en cuenta, el Presidente tenía ya su decisión en mente, arrepentido talvez por su falta de Responsabilidad y de Carácter que en un momento dado debió tener, su negligencia ocasiona la muerte a José Luis Racines Lineros siendo responsable directo de ella".(fl. 327).



                       Finalmente solicita la infirmación de la sentencia acusada, para que en sede de casación se declare la nulidad de todo lo actuado a partir e inclusive del auto de cierre de la investigación y se ordene la libertad provisional de su procurado.




                       EL MINISTERIO PUBLICO




                       En la opinión del señor Procurador Tercero Delegado en lo Penal no debe acceder la Corte a la casación impetrada.   Tras considerar que la demanda no se aviene a los lineamientos técnicos del recurso de casación dado que pese a contener un solo cargo su signatario entendiendo presentar tres, se limita a repetir el mismo argumento,  pretendiendo acreditar la falta de competencia del juez que presidió el Consejo de Guerra y del fallador de la primera instancia, pero no por razones objetivas de naturaleza legal, sino por motivos de capacidad intelectual y  moral de esos funcionarios por haber sido uno de ellos, en sentir del censor, incapaz de adoptar una medida disciplinaria que evitase el desenlace de los acontecimientos en la forma conocida y ambos por tomar "algunas determinaciones..." en la investigación administrativa que se adelantó por los mismos hechos contra el procesado.


                       Considera que el demandante "equivocó completamente la vía y la oportunidad de su alegación"  porque lo que debió hacer con lealtad dentro del proceso, fue  recusar a los funcionarios si encontraba razones para ello y porque el reclamo debió ser formulado cuando tales funcionarios "tomaron la primera decisión o cumplieron el primer acto procesal", no en sede de casación, en la que el escrito es "insuficiente para generar siquiera la inquietud de una nulidad, que si existiera, podría declararse oficiosamente".


                       Sin embargo, observando el funcionario que la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas impuesta al procesado es por el mismo lapso de la de prisión, que supera los diez años, sugiere la casación parcial de la sentencia para que se acomode esa pena a las previsiones de ley.   





                       CONSIDERACIONES DE LA CORTE




                       No se remite a duda que asiste la razón al distinguido colaborador del Ministerio Público, no solo en cuanto al desatino del demandante  al  pretender con los argumentos antes reseñados la  invalidación  parcial  del  proceso  mediante  el  recurso extraordinario, sino en lo relacionado con la errada dosificación de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas impuesta al procesado.


                       Aunque el demandante  propone tres cargos contra el fallo, ellos se reducen a dos, si se tiene en cuenta que el tercero es apenas una especie de conclusión de los dos primeros, lo que obviamente pone de manifiesto la inobservancia por parte suya de los supuestos técnicos de la alegación, dado que omitió precisar y demostrar en cada una de las censuras  -como era su deber, aún tomando  como  apoyo  legal la causal 3a. del artículo  442  del C.J.P.M.- qué garantía estimaba vulnerada en detrimento de su cliente y su incidencia en el fallo, pues se dedicó a lanzar en cada una de ellas  conjeturas de imposible  encuadramiento  en  los  motivos  de  nulidad previstos en la ley.


                       Es así como en el primer cargo pregona la carencia de competencia  del Oficial que en ejercicio de la actividad jurisdiccional propia del fuero militar bajo el cual se juzgó al procesado presidió el Consejo de Guerra y  profirió el fallo de la primera instancia, con el argumento de que habiendo sido informado, en calidad de Comandante del Departamento de Policía Casanare al cual pertenece la Subestación de San Luis de Palenque en donde acaecieron los hechos objeto del proceso,  de la pendencia suscitada entre el occiso y el procesado  la víspera del homicidio, no ordenó el traslado  a los protagonistas y al haberlo actuado así se hizo responsable del delito y por consiguiente perdió la competencia para actuar en el proceso, porque su criterio estaba predeterminado por esa situación.  Haber intervenido como lo hizo, implicó, en sentir del actor, vulneración de garantías  -que no precisa-  previstas en el artículo 29 de la C. N. .


                       El motivo aducido como invalidante, según se ve, carece de tipificación  en  el  estatuto por el cual se rigió el proceso, pues  la  falta  de competencia nace en factores legales objetivos -territoriales, funcionales, etc.- y solo de darse alguno o algunos de ellos puede declararse.


                       No se puede desconocer la competencia a un funcionario  al  que la ley se la ha otorgado -arts. 663, 354, 677 C. P. M.-, como en el presente caso al Oficial que presidió el consejo de guerra por designación que le hiciera el para entonces juez de primera instancia y que después profirió la sentencia de ese grado jurisdiccional, por razones que, como bien lo puntualiza la Procuraduría, no responden a previsión legal alguna, sino que cuestionan desde el punto de vista del censor únicamente la idoneidad moral del dicho funcionario.   Aceptarlo, sería, por una parte, crear pautas legislativas por fuera del ordenamiento imperante, cuando no es  labor que compete a la Corte como autoridad judicial y, por la otra, vulnerar la garantía del debido proceso, estableciéndose un círculo vicioso en que un supuesto error de procedimiento se subsane con otro de igual o mayor entidad.


                       El cargo no prospera.



                       De igual manera, el cargo segundo está llamado al fracaso. En éste la objeción se dirige a procurar la anulación de lo actuado desde el auto de cierre investigativo proferido por el Oficial que actuó como juez de primera instancia  en esa ocasión procesal (fl.86), debido a que este funcionario, junto con el cuestionado en el primer cargo, intervino en la investigación disciplinaria que por los mismos hechos de este proceso se adelantó contra el acusado en la Institución Policial.


                       Nuevamente el hecho aducido carece de la connotación invalidante que le atribuye el censor, pues que un mismo funcionario hubiese actuado como juez en este proceso penal y en el disciplinario en que se investigó la misma conducta, no conculca ninguno de los derechos o garantías del acusado; y, no puede, como se ha dicho,  el fallador a su arbitrio crear motivos de nulidad aceptando el descontento de  un  defensor  que habiendo guardado silencio durante el trámite del proceso de todas las incidencias que hoy comenta  -quizás por tener certeza de que no lo afectaban-  procura ahora elevar una objeción de índole a su entender, moral  -que por lo demás, debió formularla con lealtad a los funcionarios de las instancias-,  a  la categoría de causa de nulidad.


                       El cargo, como se advirtió, no prospera.



                       Menos opción de aceptación tiene el llamado cargo tercero de la demanda, pues se trata de una síntesis conclusiva de los dos primeros, en la que se afirma que hubo transgresión de garantías del artículo 29 de la Carta Política, pero sin aludir a situación alguna diferente de las que trata el resto del escrito.


                       Son pues, inatendibles todas las censuras planteadas por la defensa.




                       DE LA CASACION OFICIOSA




                       Conforme al artículo 39 del C. P. M., estatuto regente de esta causa, la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas tiene establecida una duración máxima de diez (10) años, pese a ser de obligatoria imposición cuando la pena principal es  la de prisión, como en el caso presente  -art. 48 id.-, debiendo, por consiguiente, atemperarse a ese término, aún cuando ésta lo supere, para no hacer más gravosa la situación de quien la recibe, como que además de cumplirse de hecho por el tiempo de duración de la principal, su aplicación se extiende por el lapso en que se ha tasado -art. 50 id.-.  Esta observancia preside el principio de legalidad de la pena.


                       Al aquí procesado la pena accesoria que se menciona fue establecida en lapso idéntico al de la de prisión, es decir, dieciséis años y cuatro meses, debiendo pues redosificarse y reducirse a diez (10) años, dada la naturaleza y modalidades de los delitos juzgados.


                       En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 228 y 229-1 del C. P. P., se casará entonces, parcialmente y de oficio la sentencia del Tribunal Superior Militar,  como lo solicita el Procurador Delegado.



                       Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,  acogido el concepto del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,




                       R E S U E L V E




                       1.- DESESTIMAR la demanda presentada.



                       2.- CASAR DE OFICIO PARCIALMENTE  la sentencia recurrida, en el sentido de modificar el término de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas que ha de purgar MANUEL MAURICIO MARTINEZ CARMONA, como autor responsable de los delitos de homicidio agravado y abandono del puesto cometidos en concurso de hechos punibles en las circunstancias de que da cuenta el proceso, reduciéndolo a DIEZ (10) años.  En lo restante, queda sin modificación el fallo impugnado.


                       En firme, DEVUELVASE el proceso a la oficina de origen.


                       COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.                                                                                          


                          FERNANDO E.ARBOLEDA RIPOLL




RICARDO CALVETE RANGEL                        JORGE CORDOBA POVEDA



CARLOS A.GALVEZ ARGOTE                        JORGE A.GOMEZ GALLEGO



CARLOS E.MEJIA ESCOBAR                        DIDIMO PAEZ VELANDIA



NILSON PINILLA PINILLA                        JUAN MANUEL TORRES FRESMEDA

         NO FIRMO



                               PATRICIA SALAZAR CUELLAR

                                         Secretaria